Horacio Rovelli sostiene que el acuerdo con los bonistas fue un éxito porque la diferencia con los vencimientos de pago originales es abismal, pero afirma que la negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil porque fiel a la política externa de los EE.UU, el FMI va a endurecer su posición, ofreciendo dos propuestas: un stand by o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad de un severo plan de ajuste.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte de esa deuda, 66.137 millones, estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos, que van a ser diez títulos de deuda, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimiento que van desde el año 2030 a vencimientos al año 2046, sobre los cuales se pagará solamente el interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024.

Paralelamente, por la cláusula RUFO[1], igual trato se da a los títulos de deuda de jurisdicción nacional y por la ley respectiva, se permite canjear dichos títulos de deuda que ascienden al equivalente a 41.715 millones de dólares. Si bien todos están denominados en dólares, algunos se pagan en dólares y otros en pesos al tipo de cambio oficial (dólar linked). Adicionalmente, los tenedores de títulos elegibles con vencimiento hasta 2024 tienen la opción de canjear sus tenencias por nuevos bonos en pesos ajustables por inflación (BONCER), con vencimiento en 2026 y 2028. La opción de canje por BONCER no tiene quita nominal pero se realiza a un tipo de cambio implícito predeterminado ($70,815 por dólar).

En síntesis, prácticamente 104.000 millones de dólares se canjean por títulos que devengan interés y comienza amortizar capital en el segundo semestre de 2024, por lo que se oxigenan las cuentas de la administración de Alberto Fernández, que finaliza su mandato el 9 de diciembre de 2023.

Quedan afuera del canje de títulos de deuda la serie de los Bonos Par 2038 emitidos en el año 2010, tanto en dólares como en euros, que significa una deuda externa de 600 millones de dólares. Sus titulares podrían iniciar juicio a la Argentina, pero es un porcentaje tan pequeño sobre el total que tampoco se descarta que ingresen al canje (en las mismas condiciones que los demás títulos canjeados, por la cláusula RUFO).

La otra parte es la deuda con el FMI, unos aproximadamente U$s 45.325  millones; otros aproximadamente U$s 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones en esa moneda es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$s 11.200 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero con cláusulas de ajustes propias.

El acuerdo fue un éxito porque la diferencia con los vencimientos originales es abismal. El acumulado a pagar a los bonistas con jurisdicción extranjera al 31 de diciembre de 2024 es de  unos 6.200 millones de dólares (cuando los vencimientos originales de los títulos canjeados hubieran significado de 33.664 millones de dólares para ese lapso). Paralelamente los títulos en jurisdicción local abonaran el equivalente a unos 3.910 millones de dólares, conformando un total de 10.100 millones de dólares en cuatro años, suma que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para todo ese lapso.

LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

 Cumplida la negociación con los tenedores privados de los títulos de deuda argentino, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, resta modificar el compromiso con el FMI que obligaba a pagar en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG[2]), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.325 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina. En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Brasil, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los grandes medios de comunicación siempre funcionales  a los EEUU, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[3], que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

Fiel a la política externa de los EE.UU el FMI va a endurecer su posición, por lo que creemos que las propuestas de ese organismo internacional van a ser básicamente dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, hecho que es imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 el FMI proponía que se privatice el Banco de la Nación Argentina) y hasta volver a intentar que se reimplante el sistema de capitalización previsional.

El Gobierno de Alberto Fernández le escribió a las autoridades del FMI para decirle que no va aceptar un plan de ajuste y que solo va a pagar con crecimiento económico; igual pasó con los acreedores privados encabezados por grandes fondos de inversión como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton entre otros, y aceptaron porque si no, no cobraban. El caso del FMI es distinto porque es un organismo internacional del que somos miembro y no pagar va a ser presentado como una actitud hostil hacia el resto de las naciones que lo componen, pero la verdad es que los EE.UU lo que tratan es de que la Argentina se subordine a sus designios y eso es lo que no puede hacer un país soberano.

Referencias:

[1] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[2] Derechos Especiales de Giro, es una canasta de moneda que emplea el FMI para ajustar el valor del crédito otorgado, al 31 de julio de 2020 la paridad era 1,4076 dólares por DEG.

[3] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.