Conocida la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de abril último, “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”, entrevistamos a E. Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte, quien responde a cuestiones relacionadas  a los deberes que el sistema continental de Derechos Humanos le impone a los Estados miembros y la eficacia de esta declaración y sus alcances. Otro de los puntos de la entrevista es la situación de los presos y un posible sistema organizado de salidas de la población carcelaria que evite una situación sanitaria incontrolable. La probabilidad de que los  Estados posterguen el pago de la deuda y las medidas adoptadas por el gobierno argentino son los temas finales sobre los que Zaffaroni nos brinda su reflexión y opinión.

Por Conrado Yasenza

(para La Tecl@ Eñe)

-CY: Tanto en la declaración que acaban de hacer pública ustedes como jueces de la Corte Interamericana, como en la que hace días formulara la Comisión Interamericana, los dos órganos máximos del sistema continental de Derechos Humanos, les imponen deberes a los Estados miembros. ¿Cuál cree que será el acatamiento o la eficacia de estas declaraciones?

–RZ: Las declaraciones no tienen por sí mismas ningún valor vinculante para los Estados, pero creo que con ellas, tanto nosotros como la Comisión les advertimos los criterios con que resolveremos las cuestiones que se nos planteen en nuestros respectivos ámbitos de competencia.

Dicho más claramente: adelantamos que, de apartarse de las líneas, bastante elementales por cierto, señaladas para la emergencia, incurrirían en violaciones a los Derechos Humanos y, por ende, si fuesen denunciadas a la Comisión, entiendo que ésta está anunciando que en esos casos dispondría medidas cautelares o, más enérgicamente, pediría a la CorteIDH que ordene medidas provisionales y, por nuestra parte entiendo que estamos advirtiendo también que en esos mismos supuestos estaríamos dispuestos a ordenarlas.

En este sentido, creo que los dos organismos estamos anunciando cómo habremos de proceder y resolver.    

-CY: ¿Qué eficacia tendría esto respecto de los Estados miembros?

-RZ: Por lo menos, en lo que respecta a las medidas provisionales de la CorteIDH, son vinculantes para los Estados miembros, carácter que nunca les fue desconocido y hasta el presente se vienen respetando y los Estados les dan cumplimiento. Tenemos en la Corte un procedimiento de supervisión de cumplimiento y el nivel de acatamiento es bastante alto.  

-CY: Ustedes no se han referido a la cuestión de suspensión del pago de las deudas externas, como lo hizo la Comisión. ¿Es porque no comparten el criterio que señala la Comisión?   

-RZ: No puedo responder en nombre de mis colegas de la Corte, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en la necesidad de que se proceda como lo señaló la Comisión en su declaración, sólo que el FMI no está sometido a nuestra competencia, fijada por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo manifestado por la Comisión es a mi juicio correcto, pero como respaldo moral a nuestros Estados, no como algo que pueda tener fuerza jurídica vinculante respecto de un organismo que está fuera del sistema.

En cuanto al señalamiento de que este organismo debiera estar a la altura de las circunstancias, por elementales razones de necesidad en la emergencia, creo que estaríamos todos de acuerdo.

Por mi parte, como opinión meramente personal, entiendo que después de los recortes presupuestarios que este organismo ha impuesto en la región, incluyendo los que hacen a la salud pública y que son precisamente los que hoy ponen en peligro la vida de miles de personas, creo que tiene el deber moral de hacerse cargo de su responsabilidad, pero todo esto es un señalamiento ético, difícil de aceptar por quienes nunca han demostrado ni la más remota fibra de sensibilidad social y respecto de los cuales no tenemos facultades para imponerles nada, esto último es claro.  

-CY: ¿La Comisión o la Corte no podrían ordenar que los Estados posterguen el pago de la deuda?   

-RZ: Es una buena pregunta, de difícil respuesta, por cierto. Si lo que me preguntás es si directamente se podría ordenar una medida cautelar o provisional de “no pago”, tendría que pensarlo y me parece a primera vista dudoso, pero indirectamente estimo que sí.

Con esto quiero decir lo siguiente: para cumplir con la debida observancia de la Convención Americana en esta emergencia conforme a las pautas señaladas en la dos declaraciones, los Estados deberán concentrar sus esfuerzos presupuestarios en salud, alimentación, proveer ingresos de subsistencia a las personas del trabajo informal, a las que se encuentran en situación de calle, otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas para evitar su quiebra y consiguiente pérdida de fuentes de trabajo formales, etc.  

Es bastante obvio que semejante esfuerzo de inversión estatal, que puede llegar a requerir algunas medidas impositivas extraordinarias que se están discutiendo no sólo en nuestros países sino en el mundo todo, sumado a la paralización económica y a la consiguiente caída de la recaudación fiscal corriente, no dejará muchas posibilidades de continuar con el pago de la deuda. Prácticamente, todos los Estados se hallarían en una situación de incapacidad o cesación de pagos o directamente de falencia, siendo obvio que a quien no recauda y, por ende, no tiene dinero, no se le puede reclamar que pague.

-CY: Con respecto a la situación de los presos: ¿Cree usted que los Estados cumplirán las directivas del sistema interamericano?

-RZ: Espero que lo hagan con la urgencia del caso o que, de lo contrario, con la misma urgencia, los afectados o quien sea, nos planteen las diversas situaciones y, espero que, tanto nosotros como la Comisión, estemos en esa eventualidad a la altura de las circunstancias, tal como lo señalamos en nuestras declaraciones.

Las advertencias no son sólo nuestras, es decir, de la Comisión y de la Corte, sino de la OMS, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y hasta del Papa Francisco, que acaba de dedicarle el “Via Crucis” a los presos.

Nadie puede decir que ignora el peligro inminente de infección, pánico, violencia y motines, con resultados altamente letales para presos y personal.

No nos engañemos, aquí se juegan miles de vidas humanas y nadie podrá alegar en el futuro que lo ignora, puesto que todos tenemos plena consciencia de la ilicitud de esas penas en esas condiciones de cumplimiento, y si no se procede a hacer lo correcto, es porque dolosamente se está consintiendo la posibilidad de muerte de miles de personas, más de la mitad de las cuales, en nuestros países, ni siquiera están condenadas.

Estamos ante la inminencia de una hecatombe y los Estados que permitiesen la muerte de miles de personas en sus prisiones superpobladas, serían responsables internacionalmente, sin perjuicio de que sus autoridades resultasen responsables de delitos masivos de abandonos de personas.

-CY: Pero las autoridades de esos Estados saben que esas responsabilidades no se harían efectivas, porque están en el poder, y los presos y carceleros son gente pobre y sin poder.

-RZ: No nos olvidemos que dejar morir a miles de personas, con clara consciencia de que inevitablemente ese sería el resultado de su inacción, omitiendo las medidas urgentes reclamadas por todos los órganos responsables del mundo, sería una conducta típicamente dolosa de abandono masivo de personas, claramente caracterizada como crimen de lesa humanidad. Estos crímenes no prescriben, y creo que cualquier autoridad nacional en su sano juicio sabe que el poder siempre es pasajero y hasta diría que volátil. 

-CY: ¿Cómo sería el proceso de salidas sin que ello implique una sensación de alarma general en la población?

-RZ: Nadie propone salidas tumultuarias, sino justamente lo contrario, es decir, evitar estas decisiones irracionales y proceder racionalmente y con la debida calma. Es necesario que las prisiones queden con su capacidad de ocupación normal o incluso algo menor, llenas en un 70 u 80%. Para eso es necesario proceder rápidamente, pero con cordura y ordenadamente, es decir, que primera salgan con medidas alternativas los especialmente vulnerables a la infección y luego, quienes se hallan próximos a la libertad definitiva o condicional. Por último se debería graduar disponiendo lo mismo respecto de los presos imputados o condenados por delitos menores sin violencia física o sexual, hasta lograr esos porcentajes de ocupación, que permitirían guardar las medidas higiénicas respecto de los presos residuales que se mantengan en privación de libertad.

Justamente, procediendo de esa manera se evitarán las violencias que, por lo general, implican primero víctimas fatales y luego salidas tumultuarias y desordenadas. Pasada la pandemia, se vería quiénes no hubiesen agotado la pena y deberían volver a la prisión.

Las prisiones superpobladas, con escaso personal, con el orden interno manejado por los presos organizados en bandas que imponen servilismo al resto, incluso hasta sexual, con carencias sanitarias y de todo orden, son claramente tortura, como reiteradamente se ha dicho, más que prisiones son campos de concentración, que ningún discurso hipócrita de resocialización puede justificar. Pero en las actuales circunstancias, se convierten directamente en campos de exterminio, o sea que, de instituciones de privación de libertas pasan a ser trampas para ejecución de condenas a muerte.

-CY: Pasando a otro tema. ¿Considera que la prohibición de despidos es una medida constitucional y adecuada? ¿Cree que habría que tomar otras medidas?

-RZ: Entiendo que sí, saldremos de esta emergencia, el mundo será otro, pero deben preservarse las fuentes de trabajo y, en un mundo en el que se concentró riqueza de la forma en que se lo hizo, en que un 1% de la raza humana reúne una riqueza igual a la que necesita el 57% más pobre para subsistir o morirse con paciencia, se necesita que en algún momento los que más riqueza han reunido, ganen un poco menos o dejen de ganar al menos por un tiempo.

Pienso que son necesarias medidas para evitar la especulación, el acaparamiento y otras maniobras de alteración de precios por parte de desvergonzados e inescrupulosos que en la cadena de distribución explotan la situación para obtener ganancias indebidas.

-CY: ¿Cree que las medidas del gobierno argentino son correctas?

-RZ: Creo que hasta el momento el gobierno argentino hace lo correcto; basta mirar las consecuencias en los países que han omitido o retrasado medidas semejantes a las nuestras para reafirmar esta opinión. Ya pasará la emergencia y habrá tiempo de discutir detalles menores, evaluar más reflexivamente lo hecho, extraer las consecuencias que nos permitan acumular más experiencia y programar en miras al futuro, pero ahora no es el momento de detenerse en esto.

Buenos Aires, 15 de abril de 2020

Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos

http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.html