La represión que Gerardo Morales ordenó sobre el pueblo jujeño produjo la reacción de Organismos Internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. La presidenta del PRO, acompañada en conferencia de prensa por todo el espacio de Juntos por el Cambio, minimizó la intervención del organismo, dejando en claro la importancia que los organismos internacionales de protección a los derechos humanos tendría para un eventual gobierno de JxC.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

La represión de Gerardo Morales sobre el pueblo jujeño ha hecho que muchos recordaran la célebre frase de Karl Marx “la Historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa”, en respuesta a Hegel, que decía que la Historia tendía a repetirse.

Marx deslizó esa frase en su obra el XVIII Brumario de Bonaparte, en la que analiza las circunstancias que rodearon al autogolpe que un sobrino mediocre de Napoleón realizó en 1851, enviando a las tropas a ocupar las imprentas para evitar que salieran los periódicos, a detener a dirigentes de la izquierda y reprimir al proletariado.

El 20 de junio CFK –que no cita a Marx- recordó que Morales fue un alto funcionario del gobierno de la Alianza, cuyo presidente abandonó la casa de gobierno en helicóptero aquel 20 de diciembre de 2001, en medio de un tendal de muertos y heridos provocados por el accionar ilegal policial. Durante esa jornada, las Madres de Plaza de Mayo fueron reprimidas por primera vez de manera salvaje. De eso, los radicales no vuelven más.

Para rematar, CFK habló de una “Argentina circular” en alusión a un 20 de junio, pero de hace cinco años, cuando el FMI otorgó a Mauricio Macri 50.000 millones de dólares.

En noviembre de 2001, un mes antes de dejar el gobierno en medio de la masacre, De la Rúa viajó a EE.UU. para reunirse con George Bush a quien explicó su “plan de austeridad” que implicaba reducción de salarios y jubilaciones. 

En el juicio por los muertos y heridos del 20 de diciembre de 2001, uno de los procesados, Enrique Mathov, secretario de Inseguridad de De la Rúa, sostuvo que la hipótesis que manejaba el gobierno en ese entonces era que el país podía sufrir “atentados” como consecuencia del apoyo dado a las “medidas” adoptadas por Washington para combatir el “terrorismo”.

Para quien quiera conocer o rememorar en detalle cuáles fueron esas medidas no tiene más que leer lo que difundió Wikileaks sobre los crímenes masivos cometidos por EE.UU. con la excusa del combate al “terrorismo”. (Por cierto, por haber difundido esos crímenes, Julian Assange lleva años preso, a la espera de que Gran Bretaña decida si lo extradita a EE.UU. para que lo encierren de por vida). 

El mismo 20 de junio la CIDH emitió un comunicado manifestando su preocupación por la represión a los manifestantes y aludió a que la reforma constitucional se realizó sin pedir opinión de las comunidades indígenas, tal como indica el Convenio 169 de la OIT.

Mientras tanto, se conocía la existencia de ingresos a viviendas sin orden judicial, detenciones masivas con desconocimiento del paradero de las personas, la utilización desproporcionada de la violencia, y detenciones con vehículos particulares, como hizo la dictadura en el ingenio Ledesma para secuestrar a los dirigentes sindicales.

Como los tiempos cambian, no fue necesario evitar que salieran los diarios. Bastó con publicar noticias falsas en canales de TV y en los portales de internet. Por ejemplo, Clarín acusó a la convencional del FIT, Natalia Morales, de amenazar con un golpe institucional, y uno de sus titulares sobresalientes del 21de junio aludía a que el jefe de la Policía jujeña dijo que los disturbios se organizaron en Buenos Aires y, como prueba, mencionó que uno de los detenidos tenía tonada porteña.

La seriedad de Clarín va de la mano con la que ostentaron el día anterior los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio, al decir que las manifestaciones fueron una respuesta a lo ocurrido en el Chaco, cuando los reclamos vienen sucediendo desde mucho antes de la desaparición de Cecilia Stryzowski. Restaron toda importancia a los reclamos de los manifestantes al acusar al gobierno nacional de organizarlos, como si no tuvieran de qué quejarse, tanto por los salarios de miseria, como por el riesgo que corren las tierras en las que habitan las comunidades indígenas, como consecuencia de la avidez empresarial por el litio.

Un paso más dio Patricia Bullrich ante una pregunta de una periodista sobre el comunicado de la CIDH. La presidenta del PRO y precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, dijo que no era la primera vez que la CIDH opinaba sin estar en el lugar –en referencia a la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida durante un operativo de Gendarmería en la Patagonia-, minimizando la intervención del organismo y dejando en claro la importancia que los órganos internacionales de protección a los derechos humanos tendría para un eventual gobierno de JxC.

En la tarde del 21 de junio, el presidente Alberto Fernández dijo que instruiría al ministro de Justicia y DD.HH. a iniciar acciones legales, e instó a Morales, de modo definitivo, a que cesara la represión y buscara canales de diálogo. Aclaró que no era él quien lo pedía, sino el pueblo y los organismos internacionales que defienden los DD.HH. Tal vez un ingenuo viera en la palabra “definitivo” el origen de una pedida intervención federal, que muchos, con razón, creen más lejos que Mercurio.

Al comunicado de la CIDH se agregó el de Amnistía Internacional en similares términos y alertando que, de avanzar con la reforma constitucional, inevitablemente sería impugnada judicialmente y comprometería la responsabilidad del Estado Argentino. Luego se conoció el de la ONU, que mencionó la represión desproporcionada y la existencia de heridos de gravedad por el uso de armas, y el de Human Rights Watch, sosteniendo que la reforma contradice estándares de DD.HH., dado que restringe la protesta social.

De todos esos comunicados, los grandes diarios no dicen una palabra y se limitan a difundir fotos de los detenidos y a hablar de supuestos prontuarios suculentos. No sólo comparten seriedad con JxC; también, intereses y objetivos.

Negar el derecho a la protesta es cercenar las garantías constitucionales y maniatar la democracia, dijo el presidente, que pidió no utilizar a Jujuy como prueba de ensayo para expoliar al pueblo, tal como quieren algunos.

El pueblo jujeño dijo basta y su reclamo se hizo eco en los trabajadores de varias ciudades argentinas. Ahí está la pulseada. Mientras tanto, Bullrich escoge de candidato a vicepresidente a Luis Petri, el autor de una de las leyes más liberticidas, la que prohíbe la libertad condicional para determinados delitos. Con la ley Blumberg vigente, que subió a 50 años la pena máxima, esta gente se asegura cárcel inhumana para rato, y para el sector social al que siempre apunta.  

Buenos Aires, 22 de junio de 2023.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.