E. Raúl Zaffaroni sostiene en este artículo que una verdadera política eficaz de prevención del delito debe ser técnica, y como cualquier otra política especializada, sea sanitaria, vial o educacional, requiere una cuidadosa programación y no estar sujeta a los vaivenes de políticas electoralistas.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

1. En los años noventa, Rudoph Giuliani, alcalde de New York, lanzó una campaña de electoralismo populachero, pretendiendo demostrar que con sus medidas de “tolerancia cero” había logrado bajar los índices de criminalidad de la ciudad. En verdad, lo que hizo fue depurar a la policía y tomar algunas medidas de sentido común y otras más sensacionalistas que eficaces. En esa década, los índices de criminalidad bajaban en todo Estados Unidos, al compás de una relativa bonanza económica. Su “teoría” se basaba en un tal James Wilson –un politólogo conservador metido a “criminólogo”- y cuya “profunda” reflexión era que, si no se repone la ventana rota de un edificio, a poco se rompen todas las demás y la delincuencia se apodera del edificio. Al parecer, creía que Dillinger –el pistolero de los treinta que Hollywood hizo famoso- había comenzado rompiendo ventanas. 

Giuliani pasó por los dos partidos políticos y también se postuló como independiente. Quiso lanzarse a la presidencia, pero la racionalidad de los republicanos norteamericanos le cortó su aspiración. Desde entonces montó una empresa de “asesoramiento” en seguridad y otras actividades. Hace algunos años, empresarios mexicanos le pagaron un millón de dólares para que fuese a decirles algunas obviedades y, además, los humilló, exigiendo ir con su propia custodia por desconfianza a la policía de México.

En los últimos años, este personaje se sumó a Trump, promovió escándalos con mentiras insólitas para ensuciar la figura de Biden, deslegitimó su triunfo electoral y hoy sostiene que hay una conspiración “comunista” mundial. Ahora está siendo investigado judicialmente, la orden de abogados de New York le suspendió la matrícula y la de Washington postuló su cancelación. Su “tolerancia cero” y su curiosa “criminología” de doña Rosa –la de Neustadt- son historias del pasado y su conducta posterior no resulta nada edificante.

2. En el debate presidencial argentino hubo un solo punto en que coincidieron ambos candidatos: su adhesión al grosero electoralismo de este personaje pasado de moda. Fue algo triste, por cierto. Pero admito que hay travesuras políticas electoralistas, que no son demasiado criticables, en la medida en que quienes las utilizan no se crean en serio su discurso circunstancial. Prefiero creer que es solo eso, porque de lo contrario, estamos en serio peligro. Me resisto a pensar que los principales protagonistas de nuestra política no se dan cuenta de que nuestro país se halla frente a serios peligros en materia de seguridad. 

No es verdad que haya un “baño de sangre” en la Argentina. Al contrario, somos una perlita inserta en una región de altísima violencia letal, de la que hasta ahora nos salvamos. Los homicidios se registras en índices anuales por 100.000 habitantes. El nuestro es algo así como de 5 por 100.000 anual. Algunos de nuestros vecinos registran índices casi bélicos: Brasil y Colombia 26, Guatemala 31, Honduras 63, El Salvador 108, y podría seguir[1]. No debemos descuidarnos, debemos bajar más nuestro índice o, al menos, no subirlo. El objetivo soñado –pero no imposible- es llegar a 1 por 100.000 anual, como la mayoría de los países europeos, Nueva Zelanda, Canadá, China y otros; índice cero no existe en el mundo, pues siempre habrá algún homicidio medio patológico difícil de prevenir. Cabe aclarar que hay una tendencia a la baja entre nosotros: en CABA los homicidios bajaron más del 40% en los últimos diez años[2]. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires parece indicar también cierto grado de descenso. 

3. ¿Y Rosario? ¿Qué pasó en Rosario? Pasó lo que no debía pasar y no debe pasar nunca más: se descontroló, desbandó y autonomizó la policía. Cuando esto sucede, un sector policial se integra a la delincuencia organizada y adviene el caos; el otro sector policial teme represalias y trata de mantenerse al margen. En Rosario hay jefes policiales presos, incluso fiscales comprometidos; destruyeron su policía. La política populachera de “hagan lo que quieran”, “mano dura”. “metan bala” y demás exabruptos irresponsables termina en esto: caos, muertos y delincuencia organizada descontrolada. Pero la delincuencia organizada no llega en paracaídas: en ningún lugar del mundo se instala sin la complicidad de alguna agencia estatal. La complicidad estatal es su ingrediente necesario –esencial- y de ningún modo un dato coyuntural, no lo olvidemos. 

A las policías hay que cuidarlas y cuidarlas mucho: ante todo es necesario pagarles buenos salarios, un comisario debería ganar lo mismo que un juez; no es admisible que el estado haga que el salario se complete con “cajas” u otros mecanismos ilícitos. En segundo lugar, a las policías hay que tecnificarlas: nuestra salud la ponemos en manos de médicos, es decir, de técnicos: pues bien, también nuestra libertad y seguridad debe estar en manos de trabajadores policiales técnicos[3]. Y “last but not least”, a las policías hay que escucharlas y para eso hay que darles la palabra: son trabajadores que, salvo la huelga, deben tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, discutir sus condiciones de trabajo, su propia seguridad personal, sus enfermedades profesionales, sus salarios, etc. Los trabajadores/as policiales son quienes están en la trinchera, quienes tienen de primera mano la impresión de lo que sucede. La comisaría, junto a la escuela y al hospital, son la primera fuente de información de la realidad de cualquier ciudad o barrio.

4. Siento miedo por los errores que podrían cometerse. De destruirse policías fomentando su autonomización y su descontrol, todo el país podría convertirse en Rosario. No hablo gratuitamente, sino con la triste experiencia de la región. No puedo dejar de recordar el salto enorme de los homicidios en México, debido a los gravísimos errores cometidos en el sexenio del presidente Calderón. Años después, recuerdo a un funcionario atildado que en un seminario sostenía que la situación había mejorado porque los homicidios habían dejado de subir, se habían “amesetado”. ¡Claro, en 24 por 100.000 anual!

Tampoco puedo dejar de pensar en lo sucedido en Ecuador, que hasta hace unos seis años presentaba un índice del 8 por 100.000 anual y ahora superó los 35. Los gobiernos de Lenin Moreno (acusado de cohecho y hoy prófugo en Paraguay) y de Guillermo Lasso (disolvió el Congreso para evitar su destitución por corrupción) destruyeron su policía. La dolarización de su economía favoreció la explosión del narcotráfico. Sus prisiones están llenas de armas y controladas por las mafias; en ellas son asesinados cientos de “perejiles”. Es desolador escuchar a los deudos de los descuartizados o decapitados en esos campos de exterminio.

Destruir policías es el primer paso para el surgimiento de grupos de autodefensa, “justicieros”, “paras”, delincuencia organizada, es decir, un caos en que todos, al margen del Estado, ejercen por su cuenta poder punitivo y recaudan dinero. En estos casos el Estado pierde el monopolio del poder punitivo y de la recaudación fiscal, y si algún gobierno decide degradar a las Fuerzas Armadas a funciones policiales, como carecen de entrenamiento para esa tarea, a poco andar sus errores las desacreditan ante la población y entra en crisis la propia defensa nacional.  

5. Cuando se habla de seguridad, los políticos tienden a mirar hacia las facultades de derecho, donde de prevención casi nadie sabe de qué se trata, pese a lo cual no faltan quienes asumen el rol de “opinadores”. Por cierto, están tan lejos de la realidad que, si se les encomendase proceder al levantamiento de un cadáver de victimizado se desmayarían y, de presenciar una autopsia, correrían riesgo de infarto.

Es más que obvio que los homicidas deben ser penados con penas largas –como por otra parte siempre lo fueron-, pero pretender hacer prevención con papelitos impresos es por demás absurdo, entre otras cosas porque el derecho penal prevé lo que debe hacerse cuando la víctima ya está muerta. Por el contrario, la prevención consiste en todo lo contrario, es decir, en evitar que haya muertos. Nuestro antepasado cavernícola dibujaba en los muros las figuras de los animales de presa; era pensamiento mágico, teniendo la imagen tenía la presa. Ahora no dibujamos en las paredes de las cavernas, sino que describimos en los boletines oficiales.   

Aumentar las penas para mayor prevención y reformar el código de procedimientos para agilizar la justicia, es creer que la prevención se hace en el boletín oficial. Ante todo, en los últimos años nuestros legisladores han destrozado irresponsablemente el código penal y ya no se pueden aumentar más las penas del homicidio: ¿Acaso se puede ir más allá de la prisión perpetua sin posibilidad de remisión?

“¡Ah! Pero hay impunidad”, dicen los sabios criminólogos de café. Mentira: más del 80% de nuestros homicidios son entre personas conocidas, de modo que está identificado el homicida. Solo aproximadamente un 10% son homicidios en ocasión de robo, es decir, entre desconocidos, y tampoco todos quedan impunes. La impunidad, por ende, no es significativa; además, en algunos casos es inevitable en lo formal –pero no en lo material- como en los homicidios-suicidios, no raros en feminicidios, casos en que funciona la “pena natural”. “Pero los menores que matan son impunes”, alegan los “opinadores” de sobremesa con vino. Otra mentira: la incidencia de adolescentes no punibles (de menos de 16 años) en homicidios es despreciable, en CABA hay años en que no hay ni un solo caso, en otros uno o dos en un universo de más de cien[4].      

Por otra parte, la pretendida prevención por “disuasión” en razón de la gravedad de la amenaza de pena, es posible que opere en algunos delitos muy menores y en los que responden a lógica económica, pero nadie -que no quiera caer en el ridículo- puede creer que el descontrolado criminal que estrangula a su mujer o el degenerado que mata a golpes a un bebé porque llora, un rato antes consultará el código penal a modo de lista de precios, para saber si le corresponderán cinco o diez años más de prisión.  

Y en lo que hace a la celeridad de la justicia, tampoco es una cuestión de códigos, sino de funcionamiento e infraestructura. Hay técnicas para detectar las causas, pero si se preguntase a los “opinadores” qué es un “flujo de casos”, es posible que respondan que es alguna exudación corporal.

6. La política de prevención es la que debe llegar antes: se trata de ahorrar muertos, o sea, de salvar vidas. Hay dos momentos de prevención. Cuando se detecta un aumento de frecuencia, es necesario determinar el marco conflictivo social a que responde: choques culturales, miseria, desempleo, vecindades de muy diferentes niveles de ingresos, etc. La prevención “primaria” debe centrarse en resolver ese marco, lo que no siempre es posible ni sencillo. La prevención “secundaria” es la que ejercemos todos los habitantes y las policías. Como casi nadie comete un homicidio a plena luz del día y a la vista de mucha gente, cada uno de nosotros ejerce sin saberlo una vigilancia informal preventiva. Por supuesto que la prevención secundaria institucional está a cargo del personal policial.

Es obvio que no pueden prevenirse del mismo modo todos los homicidios, es decir, los intrafamiliares, los que tienen lugar por conflictos de vecindad, los que se producen por competencia entre grupos de delincuencia organizada, las venganzas por cualquier motivo, los patológicos, los producidos por robo, etc.[5] En cada caso, la prevención debe ajustarse a las características de los hechos, pues con cámaras no se previenen homicidios intrafamiliares ni con helicópteros los patológicos.

Una verdadera política eficaz de prevención debe ser técnica, como cualquier otra política especializada (sanitaria, vial, educacional, etc.), requiere la concurrencia de varios saberes científicos, no se trata de lo que diga cualquier charlatán ante una cámara buscando “rating” mediante la explotación del interés morboso –si hay componente sexual más aún- o la credulidad del público lego en criminalística, técnicas de organización policial, análisis sociológico, psicología social, etc. Y como cualquier otra política de Estado requiere una cuidadosa programación. En este sentido guarda cierta analogía con la política sanitaria y en especial con la prevención de infecciones: requiere un constante monitoreo.

7. Confieso que tengo mucho miedo de que la política de prevención siga siendo electoralista y no se la asuma técnicamente. Si no sacamos a la política de prevención de la política electoralista y la encaramos técnicamente, estaremos en el gravísimo riesgo de seguir el mismo camino de algunos de nuestros países hermanos. Debemos evitarlo, arrancar de una buena vez la política preventiva de la electoralista y programarla técnica y científicamente. Para eso, como en la infectología, debemos saber en todo momento qué nos está pasando.  

Por un lado, la población tiene el derecho a estar en todo momento informada con seriedad acerca de la situación de violencia letal en el país. No puede dejarse esto a la mera “sensación” de lo que diga cualquier irresponsable charlatán ante una cámara de televisión. Lo debería informar el gobierno oficial y responsablemente.  

Pero, por otra parte, el gobierno necesita saberlo y, por cierto, no lo sabe. Es indispensable –como primer paso- la creación de un organismo nacional de monitoreo constante: si la frecuencia de homicidios aumenta en una ciudad o en un barrio, debe encenderse la luz roja, averiguar qué pasa. Rosario no hubiese llegado a los límites alcanzados, si a tiempo se hubiese alertado la mayor frecuencia homicida. En el país disponemos de datos “cuantitativos”, pero -con excepción de la CABA- carecemos de los “cualitativos”, es decir, que contamos muertos, pero no sabemos cuáles son los riesgos de victimización, qué tipos de homicidios se cometen, cuáles son las características de las víctimas, de los victimarios, a qué hora y dónde se cometen, qué armas se utilizan, qué género tienen las víctimas y los victimarios, qué edades, dónde se domicilian, etc.

Bastaría para eso con confeccionar protocolos con unas treinta preguntas para cada caso, que se actualicen semestralmente. Dado que –por fortuna- el universo a controlar no es demasiado grande, esta tarea es perfectamente factible a bajo costo. Nadie puede programar la prevención de lo que no conoce y, obviamente, los gobiernos tampoco: necesitamos un organismo nacional centralizado de “monitoreo para la vida”, que permita llegar antes de que haya un cadáver y no después para limitarnos a recogerlo.

8. Oficialismos y oposiciones deberían comprometerse en esto, dejar de jugar a la política electoralista en esta materia, que hace a la vida misma de los habitantes y pasar a una política de prevención técnica eficaz. De lo contrario, corremos el serio riesgo de dejar de ser la perlita insertada en una geografía de violencia letal. Siento miedo, porque eso requiere un alto grado de ética política para resistir los seductores cantos de sirena con que el electoralismo atrae a los más débiles en valores. Aquiles debió hacerse atar para no caer atrapado.

Siempre estuve dispuesto –y lo sigo estando- a cooperar para la creación de un organismo de monitoreo constante, en principio de los homicidios, pero que podría irse extendiendo a otras manifestaciones delictivas; no obstante, nadie se mostró interesado. También ofrecí contactos con técnicos y organismos internacionales y extranjeros de primer nivel, pero nadie me escuchó. No tengo por qué ceder en mis convicciones políticas generales, porque lo que propongo es para la vida de todos los habitantes, cualquiera sea su color político. Precisamente, sacar la cuestión del electoralismo coyuntural de una buena vez y para siempre, es una cuestión de interés nacional, como que hace nada menos que a la vida. Sin embargo, hasta ahora, a nadie pareció interesarle. Por eso, temo por la vida de potenciales víctimas que estamos a tiempo de salvar.         

Referencias:

[1] Cfr. Elías Carranza, Delito y prisión en América Latina y el Caribe. ¿Qué hacer? ¿Qué no hay que hacer?. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito, San José, 2023.

[2] V. los informes del equipo del Consejo de la Magistratura.

[3] No me ocupo aquí, pero uno de los candidatos arrimó un poquito el bochín al postular la necesidad de una policía de élite, un FBI argentino, para seguridad exterior del estado. Es indispensable, puesto que nuestro país es muy vulnerable a la criminalidad transnacional, principalmente económica. Debemos tener mucho cuidado con evitar tomar partido por conflictos que nos son ajenos, salvo para postular la paz y lo humanitario, conforme a nuestra mejor tradición. Huelga recordar nuestra experiencia letal dolorosísima hace treinta años. No nos da ninguna seguridad de estado una inteligencia que se ocupe de preparar “carpetazos” o averiguar quiénes son los clientes de hoteles “alojamiento”.    

[4] No lo desarrollamos aquí, pero tampoco es verdad que quedan impunes, pues se los institucionaliza. El sonsonete de bajar la mal llamada “edad de imputabilidad” –cosa que ya hizo la dictadura de 1976 y se vio forzada a dar marcha atrás- es el mejor método para prisionizar adolescentes y deteriorarlos convirtiéndolos en desviados irrecuperables.  

[5] La única prevención para un alto número de homicidios, al menos en nuestro país y dado que un buen porcentaje se comete con armas de fuego, es el control y reducción de estas armas en la sociedad, algo así como las llamadas “campañas de despistolización”. Es sabido –aunque algunos inescrupulosos irresponsables opinen lo contrario- que, a mayor número de armas, invariablemente corresponde un mayor número de homicidios.   

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2023.*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires