“Cristina narcotraficante” es el nuevo embate de la derecha argentina contra la Vicepresidenta. Carlos Pagni es quien elabora narrativamente el sofisma: CFK y Gerardo Zamora como operadores del tráfico de drogas con base en Santiago del Estero.

Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

“Cristina narcotraficante” es lo único que faltaba para que la derecha argentina descendiera un peldaño más en la escalera que conduce al sótano de las inmundicias con las cuales se ha pretendido y se pretende, en toda nuestra región, empujar a la proscripción a dirigentes así ninguneados de “populistas” y que son, en realidad, competidores electorales a los que no se puede derrotar en las urnas y a los que se procura excluir de tal competencia mediante el uso recurrente de la calumnia. Como razón adicional legitimante de tal felonía, la derecha argentina no pierde de vista el guion conceptual elaborado en las usinas ideológicas transnacionales en el marco de la estrategia de contrainsurgencia preventiva, guion que la Rand Corporation y afines globales han formulado en sus documentos desestabilizadores, con la locución “impedir que el enemigo se forme”. Y en la Argentina, tal “enemigo” -que no es otro que el pueblo empujado a los márgenes como epifenómeno de los “ciclos largos” del capitalismo periférico- siempre puede, en tal alucinada visión de las cosas, estar formándose alrededor de Cristina, o de Lula, o de Arce, o de Pedro Castillo…

Ahora, esa derecha ha apelado a uno de sus sumos sacerdotes para construir una narrativa plena de sugerencias insidiosas, forzadas estulticias y aviesas insinuaciones, todo más cerca, así, del «cuarto poder» que de la profesión de informar.

El periodista Carlos Pagni -que de él se trata- en una columna reciente (https://www.lanacion.com.ar/politica/el-malabarista-de-la-ilegalidad-nid04012023/?utm_source=Email&utm_medium=email&utm_campaign=REG_Pagni), ha apelado al desafortunado recurso de renovar la eficacia de esa gastada calumnia que identifica a líderes insumisos y obstinados en el soberanismo con el tráfico de drogas, que  todo ello, al fin y al cabo, es lo que se escucha como letanía cuando se viaja a Washington.

Y así, no es ya -como antes- la «triple frontera» sino la provincia de Santiago del Estero, la que ha devenido terreno de operaciones de tráfico de drogas organizado y dirigido -así lo dice Pagni- por Cristina Fernández de Kirchner, a dúo y a capela con Gerardo Zamora, el gobernador, más algunos actores de reparto en el desarrollo de una tragedia a la que sólo le faltaría el coro griego para que el dislate fuera completo. Es una lástima, porque cuando el profeta de La Nación decide no atender ningún pedido y regirse por sus propios criterios, sus  trompetas anunciadoras del doomsday suenan más verosímiles.

El Isaías posmoderno se hace eco, en esta nueva etapa dedicada a reverdecer infundios, de los dichos de un tal señor Farah, a quien presenta como experto en detectar redes criminales y de corrupción en todo el mundo menos en el Estado de Delaware o en la Ucrania de Zelensky. Y lo que promueve el delito federal en aquella «provincia kirchnerista» es -según el tal Farah- el hecho de que en Santiago del Estero el poder judicial está sometido al Ejecutivo. Este sometimiento -ha descubierto el señor Farah, que todavía tiene en agenda un viaje para conocer la Argentina- ocurre en Santiago, no en Jujuy, donde Gerardo Morales es un paladín del iluminismo republicano y la división de poderes.

También agita Pagni el esperpento del «Primer Comando de la Capital», aquella célebre construcción de la DEA diseñada, por esta agencia, en formato guerrilla urbana (PCC) en el marco de su política latinoamericana de contrainsurgencia preventiva. Esta caricatura de organización armada urbana, ahora estaría dirigida, -se infiere del relato de Pagni- a través de una línea telefónica directa entre «Marcola» -el fundador- desde el penal de San Pablo donde pasa sus días, y el Instituto Patria en el barrio de Congreso.

Pero el uso del sofisma en ausencia de razones argumentadas por parte del periodista, aflora cuando deja descansar unos minutos al demoníaco kirchnerismo para centrar sus afanes en la colusión obscena entre la Corte Suprema de Rosatti y el gobierno de Larreta en CABA. Se escandaliza el periodista agitando un prejuicio del derecho público occidental que él ni sospecha que pueda ser un prejuicio, sino que le acuerda el estatus de hierático sacramento en el catecismo laico de la iglesia universal del derecho constitucional. Se trata de la inaceptabilidad de las conversaciones privadas para servir como prueba en un expediente penal. Esto, en la pluma del licenciado Pagni, es un logro de la civilización occidental equiparable al culto de hiperdulía de una Virgen devenida Teotokhós (la que da la vida sin pecar) según lo tiene dicho la teología cristiana católica desde el concilio de Trento en el siglo XVI.

Dice Pagni que «… la Constitución no resguarda la privacidad de las comunicaciones, a pesar de que, sino porque en esos intercambios puede haber mensajes impresentables. (Los destacados en itálica son míos). Si todos los chats fueran angelicales, no habría necesidad de protección», agrega el periodista.

Pero esto es, como todo sofisma, un razonamiento capcioso, porque oculta algo. En esos mensajes puede haber delitos, no «mensajes impresentables». Y lo que oculta ese sofisma es que el delito no siempre es condenable, para ciertos sistemas judiciales. No lo es, por ejemplo, cuando sirve a un fin funcional a la reproducción del mismo sistema judicial. Ello así, porque en los sistemas políticos del occidente capitalista (de los cuales, el judicial es un subsistema), el delito es un componente estructural. No puede ser de otra manera, toda vez que las superestructuras políticas son una función de un dispositivo material (Foucault dixit) que funge como base que sustenta todo el edificio superestructural, y que tiene en la exacción legalizada que sufre el trabajo asalariado, una condición de posibilidad, su ethos identitario y la forma de afirmación del ser de esas superestructuras y su voluntad de afirmarse en el ser y de persistir en el tiempo como relación social de expoliación y despojo.

Estas son las razones últimas que explican de dónde proceden unas sedicentes garantías constitucionales que en algún instante histórico emergieron como el non plus ultra del derecho público devenido reserva textual (la expresión es de Luis Gusmán) consagrada como escritura codificada presuntamente en favor de  las libertades ciudadanas. Pero, hay que repetirlo, la conceptualización de que la escucha privada -por ilegal- no puede ser esgrimida como prueba, no es ninguna garantía ciudadana pensada por altruistas del derecho público, sino un ardid tramposo con que la ideología jurídica acude to support una dinámica del sistema político que requiere de cierta anuencia a la ilegalidad para sostenerse, al modo como la industria del entretenimiento hollywoodense cumple la esencial función de dar salida al dinero sobrante de la evasión y los tráficos ilícitos. Es el capitalismo… ¡!no el derecho…!! Y omitimos la interjección injuriante.

Una Constitución no sólo es una «hoja de papel», según la expresión de Lasalle; también es, sobre todo, una función de la reproducción de un orden económico y social. Esto relativiza un poco lo que, de ordinario, circula como interesado  mensaje sacralizador de las «cartas magnas». Pero no enerva la importancia de éstas.

Eso sí. Hay que decir que ningún demócrata genuino debería pensar en términos de principios categóricos y permanentes. La democracia ateniense dio lugar a una escuela filosófica: los sofistas. La democracia argentina, en cambio, cierra escuelas y sustituye la filosofía por el periodismo. Aquellos sofistas griegos, al principio, como Protágoras o Gorgias, era hombres honestos; los sofistas argentinos suelen ser sinvergüenzas profesionales. Esta adjetivación procede de Barrows Dunham cuando se refiere a los enemigos de Sócrates.

Síntesis: el uso como prueba de un dato obtenido en la privacidad podrá ser, de suyo, deplorable, pues no es lo mejor. Pero aquí, hasta hoy, nadie ha pretendido fundar en tales datos prueba alguna; sino que se trata, solamente, de dar inicio a una acción penal cuando las presunciones son numerosas, precisas y concordantes y exhiben a unos actores del sistema político incurriendo en graves delitos contra la Constitución. Gravedad institucional, como dice la derecha cada vez que quiere eliminar de la competencia política a un adversario al que teme enfrentar en las urnas.

Buenos Aires, 16 de enero de 2023.

*Abogado, periodista y escritor.

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