Rodolfo Yanzón sostiene en esta nota que a Evo Morales no lo derrocan por un fraude sino porque con sus políticas intentó reducir la desigualdad. Además afirma que la desigualdad es el escollo principal para llegar a una democracia verdadera. 

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El golpe de Estado en Bolivia y la represión desatada contra dirigentes y militantes del MAS y los sectores afines a Evo Morales, impactan de manera directa sobre el sistema político e institucional de los países de la región. En la Argentina algunos medios y el oficialismo instalaron un simulacro de debate que, en verdad, terminó como campeonato nacional del eufemismo, un concurso para esconder la frase “golpe de Estado”. Otros, tanto por derecha como por izquierda, criticando decisiones políticas del gobierno de Evo Morales y aludiendo a denuncias sobre un supuesto fraude, terminaron siendo funcionales a quienes buscan justificaciones para lo injustificable, como la nota de Tomás Linn “Un golpe que derrocó a un déspota” en La Nación. No hay ningún motivo para justificar o comprender (en su segunda acepción) un golpe de Estado; como no lo hay para justificar que la policía mate por la espalda.

Para quienes pretenden ocultar el “golpe de Estado” el asunto se pone peor con el paso de los días. La represión se intensifica, los muertos y heridos se multiplican (en Senkata, la policía y el ejército mató varias personas mediante disparos a la cabeza) y cuenta con el respaldo impúdico de Jeanine Añez, quien pretende otorgar por decreto impunidad a los militares, a la vez que autorizó asignarles unos 5 millones de dólares para equipamiento (porque la represión también es un negocio). A ello se suma el silencio cómplice de los medios y el empeño que pone la dictadura en silenciar y perseguir al periodismo internacional (“no hablen con marxistas” les exigen).

El dirigente ultraderechista y ligado a sectores evangélicos, Luis Camacho, exige llamado a elecciones, mientras quienes se apoderaron del manejo del Estado no encuentran cómo resolver el dilema que les suscita la fuerte presencia del MAS, tanto en lo institucional como en lo político. Ni siquiera quienes denunciaron fraude desconocieron que el MAS era la primera fuerza política boliviana, dato no menor si se observan los intentos para proscribirlo de una eventual elección.

Ningún golpista se autodefine como tal, todos hablan de libertad y de patria, invocan al pueblo y a dios. Muchos han sido los que analizaron la importancia de las palabras a la hora de imponer el nazismo y cómo su repetición fue una de las principales técnicas de manipulación. Pero Jeanine Añez no dice que esa libertad o esa patria fueron mancilladas a partir de un supuesto fraude o de la reelección de Morales. En las imágenes dentro del palacio del quemado se la oye vituperar a Evo Morales. Según ella, la libertad que pregona fue violada desde el mismo instante en que el MAS obtuvo su primera victoria electoral y consagró a Morales como el primer Presidente indígena del continente. La quema de la whipala y la presencia estelar de los ultraderechistas, biblia en mano, fueron claras muestras del odio al indígena que, a la vez, es pobre y campesino. A Morales no lo derrocan por un fraude. Y ni siquiera por ser indígena. Lo derrocan porque con sus políticas intentó reducir la desigualdad. Y, eso, a la derecha latinoamericana, la enfurece.

En la Argentina las denuncias de fraude comenzaron en 2015 con las elecciones de Tucumán. Hablaban de clientelismo, de compra de votos. Hablaban de castigar la pobreza, de quitarles derechos, sobre todo el del voto. Volvieron con las sospechas de fraude en estas últimas elecciones. Y si bien esas manifestaciones quedaron en la nada, debe tenérselas en cuenta, porque se trata del nuevo golpe, disciplinar al gobernante y a gobernados y, de no poder, fomentar la deslegitimación del primero hasta que caiga. Y toda denuncia de fraude que provenga de esos sectores será sostenida por EEUU. Los latinoamericanos debemos estar atentos, porque la derecha desprecia los derechos humanos y la democracia por igual.

Carlos Pagni (en La Nación) dice que la situación boliviana sirve de insumo para reforzar posturas propias, que quienes postulan el golpe de Estado serían las fuerzas políticas de izquierda y/o progresistas, mientras quienes lo ocultan son las de derecha. Si lo que quiere decir Pagni es que la derecha -no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica- poco a poco se va desprendiendo de su disfraz de demócrata, tendría cierto sentido. Pero sus críticas apuntan sobre todo al presidente electo Alberto Fernández, con lo que trata de marcarle la cancha en un terreno sumamente delicado, en el que los EEUU tienen directa responsabilidad, tanto en el golpe como en el rol de la derecha (Bolsonaro, Macri, Piñera, Moreno y Duque), y será, sin duda, un actor privilegiado en las negociaciones con el FMI.

Pagni desliza una equivocación al decir que Morales interrumpió el recuento electoral (que lo hacía una empresa privada) cuando vio que estaba perdiendo. Nadie desconoció que el MAS ganaba la elección. Lo que se discutía era si superaba por 10 puntos a su rival principal, Carlos Mesa. Dice Pagni que eso produjo el levantamiento de sectores contrarios a Morales. No hace mención a la información que sostiene que el golpe se venía preparando desde hacía meses, en el que estaban comprometidos varios sectores, pero sobre todo la Embajada norteamericana que volcó fondos a través de las iglesias electrónicas para reclutar criminales para los levantamientos previstos ante una victoria de Evo Morales y para la instalación de máquinas de conteo rápido de votos (no es importante quien vota, sino quien cuenta los votos).

Si bien Pagni dice que existen motivos para hablar de golpe, insiste en que es imposible separar la responsabilidad de Morales, con lo que reedita para Bolivia la doctrina macrista en el caso Chocobar. Relaciona la situación boliviana con la chilena para decir que se condena según el color político del gobierno, y se pregunta, entonces ¿cuándo es legítima la protesta? ¿y cuándo la represión? Cuando se compara el proceso boliviano con el chileno no debe olvidarse que quienes ocultan el golpe de Estado en Bolivia hablan sobre las denuncias de fraude y critican a Morales, mientras que alaban el modelo chileno, tanto en lo político como en lo económico. El estallido popular en las calles de Santiago desnudó el mito de la derecha, la misma derecha que jamás cuestionó que el Congreso y el Presidente chilenos son elegidos según las leyes que dejó Pinochet. La Constitución es la del dictador, y uno de los principales reclamos de los manifestantes es el llamado a una constituyente que brinde al país una herramienta democrática y respetuosa de los derechos humanos. Esa constitución dejó en manos de la derecha pinochetista al menos la mitad del poder con su sistema binominal, que nadie -hasta ahora- quiso tocar. “Democracia en la medida de las posibilidades” decía el entonces Presidente Patricio Aylwin. Y así fue. Chile es el país más desigual de la región, donde la salud y la educación son privilegios, donde la clase trabajadora es una convidada de piedra y, terrorista, si levanta la cabeza. En esa Constitución, el pinochetismo fijó la quita de derechos políticos para los opositores a la dictadura y por ello, aún hoy, sostiene la persecución. Pero el modelo a seguir, según la derecha latinoamericana, era el chileno. Y tenía razón, porque protegía sus mismos intereses.

Bolivia dejó, al menos, cierta esperanza, no sólo por la oposición al golpe de buena parte de su pueblo, sino por la actitud asumida por el Presidente mexicano Andrés López Obrador, y la del Presidente argentino electo, Alberto Fernández. Por ellos, Morales y Alvaro García Linera salvaron sus vidas. Fernández dijo que la Argentina debía volver a ser el país que recibía a los perseguidos. En estos cuatro años Macri no ha hecho más que colaborar con la persecución, incluso despreciando la Convención Internacional sobre Refugiados. Que estas palabras de Fernández sean uno de los principios esenciales de su gobierno, sobre todo en estas horas en las que la derecha en la región muestra su desinterés absoluto por la democracia y los derechos humanos. Y no puede ser de otra forma, porque si hay algo en común en lo que sucede en Bolivia y Chile (y pueden agregarse a la lista Ecuador, Uruguay, la Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela) es que día a día queda más claro que el capitalismo es incompatible con la democracia; que la democracia no es tal si no se respetan los derechos humanos, y que la desigualdad es el escollo principal para llegar a una democracia verdadera. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019

*Abogado DDHH