El antropólogo Ramiro Segura y el sociólogo Jerónimo Pinedo, ambos profesores de la Universidad Nacional de La Plata, reflexionan en este artículo sobre la implementación de medidas como el aislamiento realizado en Villa Azul, hecho que inaugura, según los autores, la noción política de “ghetto sanitario”.

Por Ramiro Segura y Jerónimo Pinedo*

(para La Tecl@ Eñe)

El 25 de mayo pasado, día feriado por la conmemoración del 210 aniversario de la Revolución de Mayo, hito clave de la historia nacional, el entrelazamiento entre las medidas de distanciamiento social y las reacciones a estas políticas delineaba una particular geografía de la pandemia que reactualiza profundas fronteras urbanas y genera nuevos clivajes. Mientras en el conurbano norte, más precisamente en  Tigre, los residentes de un country protestaban circulando en sus automóviles último modelo contra la cuarentena y, en una excepcionalmente vacía Plaza de Mayo, un grupo reducido y heterogéneo de personas, entre los que se encontraban antivacunas, terraplanistas, juventudes republicanas y antiglobalización que también se manifestaban contra la medida, en una villa del sur del Gran Buenos Aires, ante la detección de más de 80 casos, se inauguraba un “ghetto sanitario”. Los primeros, no respetando las medidas de aislamiento, se manifiestan en el espacio público contra dichas medidas; los segundos, sin cuestionar -al menos públicamente- la medida, son aislados –“encapsulados”, se sostuvo- por medio de un vallado policial en un espacio residencial que presenta severos indicadores de vulnerabilidad social.

Desde los inicios del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sabemos que la “cuarentena” opera sobre un entramado urbano desigual, que velozmente declinó en la distinción entre “quedate en casa” y “quedate en tu barrio”. Estas medidas iniciales fueron exitosas en ralentizar la curva de contagios y conseguir “ganar tiempo” para fortalecer el sistema sanitario. A la vez, la propia propagación de los contagios nos indica las interconexiones y las interdependencias que organizan la dinámica metropolitana y constituye una enseñanza para quienes suponen que la vida urbana se compone de segmentos sociales no conectados. Traído desde Europa o Asia por viajeros de sectores medios y altos (la distribución inicial del virus en la zona norte es elocuente al respecto), incluso con efectivas medidas de aislamiento, el virus “llegó” a las villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La preocupación del Estado respecto de este nuevo escenario es lógica y encomiable. Las respuestas dadas, en cambio, son cuestionables. ¿Por qué encapsular una villa y no los barrios de clases medias y altas en los que residían las primeras personas infectadas? Se dirá -ya se ha dicho- que la propia configuración espacial de estos últimos barrios, a diferencia de las villas que tienen “entradas” y “salidas”, no lo permite, aunque una disposición análoga se puede encontrar en cualquier barrio cerrado, probablemente incluso en aquel en el que viven las personas que protestaron en Tigre rompiendo la cuarentena.

Por supuesto, no estamos proponiendo que las fuerzas de seguridad aíslen estos barrios ni ningún otro, sólo nos proponemos reflexionar sobre los límites de la imaginación política que supone que esto sí puede hacerse en villas y barrios populares, y en los efectos y los costos que a corto y mediano plazo tienen medidas como esta para la vida social y para el proyecto político. Si bien es indudable que toda política pública debe ser situada y, por lo mismo, el lugar importa, nos parece preocupante que se reactualice una “ecología urbana” para la cual cerrar una villa pueda resultar plausible y natural mientras que es, a la vez, impensable para otros lugares y otros ciudadanos. ¿Por qué la política pública reproduce las fronteras sociales y urbanas entre la “ciudad formal” y la “ciudad informal”? ¿Por qué no pensar la pandemia como una instancia excepcional que permita reorientar las políticas de prevención, cuidado y control hacia la disolución de ese límite? ¿Por qué no “redistribuir la ciudad” y que lo que la pandemia pone en evidencia -las profundas desigualdades urbanas que caracterizan a nuestras ciudades y también las densas interconexiones sociales- sea una instancia para comprometernos colectivamente en saldar una deuda histórica con las personas que habitan las barriadas populares?

En medidas como la del “ghetto sanitario” están en juego al menos dos cuestiones relevantes, con horizontes temporales distintos. A corto plazo, además de no quedar claro por qué mantener a las personas encerradas en espacios que son “ideales” para una más rápida propagación del virus, lo que está en juego es cómo entender el distanciamiento social. Presentado oficialmente como el período para establecer un necesario distanciamiento físico que se complementa con una red solidaria de acercamiento social (“todos estamos juntos enfrentando a la pandemia”), medidas como el “encapsulamiento” de Villa Azul lo “invierten” y parecen indicar precisamente lo contrario: encerramos y mantenemos a distancia a quienes constituyen un foco de contagio. La medida, entonces, reactualiza la frontera y refuerza la distancia entre las villas y “la ciudad”. Y por lo mismo, a mediano y largo plazo, se abre el interrogante sobre el modo en que las políticas urbanas “trabajarán” sobre las desigualdades preexistentes. La planificación urbana -contra lo que habitualmente se supone- no necesariamente es una práctica de igualación social, sino que muchas veces reproduce las diferencias y las desigualdades. Son necesarias políticas urbanas “contracíclicas”, que no asuman como propio un orden injusto y desigual, y que intervengan sobre los criterios de producción y distribución urbanos de la riqueza que parecen “naturales”.

El consenso popular, más allá de los cuestionamientos focalizados, en torno al aislamiento y el distanciamiento social encierra una tensión cada vez menos muda que no debe ni puede quedar entrampada en una falsa dicotomía que tiene mucho de introversión cultural e híper representación mediática de un pequeño cuadrante sociourbano. Son numerosas las voces de dirigentes, militantes y organizaciones populares, más acá y más allá del Riachuelo y la General Paz -entre ellos, quienes habitan y militan en Villa Azul-, que están señalando que no es lo mismo para el sufrimiento social de los sectores más pobres reforzar las medidas sanitarias con o sin las organizaciones populares y comunitarias. Esa misma tensión también la viven a diario los funcionarios públicos y aquellos que intentamos sumar nuestra colaboración desde los espacios de extensión universitaria. Es necesario romper la falsa dicotomía que nos sitúa a favor o en contra, para ir más allá e impulsar medidas articuladas con las organizaciones barriales y comunitarias, orientación que incluso ha sido indicada por el propio ministerio de salud nacional y provincial.

Ningún gobierno elige las líneas de fractura social y urbana que generan intensos desacoples y responden a tendencias estructurales de larga data, pero sí puede tomar cursos de acción que los amplifiquen o encontrar formas posibles de minimización. Pensar y actuar las medidas preventivas y las políticas públicas para ralentizar el aumento de los contagios no puede obviar los desacoples propios de las desigualdades urbanas extremas, porque ellas se encargarán de resolver (mal) lo que nosotros no podamos o no sepamos articular a tiempo recurriendo al repertorio de acciones populares y comunitarias disponible.

La Plata, 27 de mayo de 2020

*Ramiro Segura es Antropólogo, Investigador del Conicet.  Jerónimo Pinedo es Sociólogo, Secretario de Extensión FaHCE-UNLP.