Frente al griterío desquiciado del gobierno, que encubre negocios para una reducida minoría, debe levantarse otro discurso y otra forma de comunicación popular que ofrezca claridad a las mayorías nacionales.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Estamos en complejas semanas, en las que se juegan una serie de pulseadas en diversos planos, que tienen que ver con el rumbo del país.

Mucho de esas tendencias en ciernes, en lo político y económico, se sintetizan en la votación de la Ley Bases, ahora abreviada pero igualmente siniestra, que se llevará a cabo en el Senado de la Nación.

Estamos frente a un gobierno neocolonial, que trabaja a destajo para los intereses extranjeros, o para grandes intereses locales asociados y convergentes con intereses extranjeros, en forma desembozada.

Sufrimos la agresión de un gobierno que no sólo está atacando a las fuerzas productivas del país, sino que también agrede a las condiciones de vida básicas de la población (salud, educación, vivienda, etc.), que enfrenta y desfinancia a la cultura nacional en todas sus expresiones, que socava las instituciones de la república tendientes a limitar las arbitrariedades del poder -que están siendo pisoteadas por las ilegalidades que comete constantemente el gobierno-, que daña el entramado de relaciones exteriores que la Argentina fue construyendo, no sin contradicciones, a lo largo de décadas. Y que debilita y deteriora al Estado Nacional y a los estados provinciales, que constituyen un elemento indispensable para dar viabilidad a una vida social civilizada.

No hay campo de la vida nacional que no haya sido atacado por este gobierno que representa intereses capitalistas concentrados, completamente desvinculados de cualquier idea de sociedad moderna e integrada, y de país económicamente viable.

A pesar de que esta acción destructiva se verifica sistemáticamente desde hace meses (incluso, antes de asumir el actual presidente intentó desestabilizar la economía, promoviendo una corrida cambiaria y tratando de precipitar una hiperinflación), la oposición a tan descabellada política, desde una perspectiva nacional, parece muy débil en relación con el daño que se le está produciendo al país, y al que se le va a producir a futuro, si este rumbo se consolida.

Un ejemplo de cipayismo: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI es, en ese sentido, una condensación del más brutal neocolonialismo.

Nadie se atrevió –ni siquiera el nefasto ministro de economía José Martínez de Hoz bajo la dictadura cívico-militar-, a establecer condiciones tan beneficiosas para el capital (sobre todo el extranjero) sin ningún tipo de contrapartida positiva para el país.

Siempre los intentos neoliberales, necesariamente extranjerizantes, tenían una dosis de discurso en el que se le vendía a la población la necesidad de atraer capitales e inversiones “para aumentar la producción, las exportaciones y el empleo genuino” en nuestro país.

Se le trataba de vender a la población que algún beneficio traería las grandes inversiones. Sobre todo, en el contexto de la otra mentira difundida e instalada, que era que en nuestro país no había recursos para la inversión, y que por lo tanto nos tenían que venir a “salvar” desde afuera.

Pero en el RIGI, ya se ha dejado de lado todo intento de vincular las grandes inversiones con alguna mejora palpable en el nivel de vida de la población.

Desde una perspectiva desarrollista podría plantearse que se puede aprovechar el ingreso de grandes capitales, que vengan especialmente a explotar recursos naturales, como una especie de locomotora que:

1) compra maquinarias e insumos locales para esa producción, promoviendo la industrialización y generando puestos de trabajo locales.

2) trae del exterior técnicas productivas de última generación y entrenar y capacitar personal local en las formas más novedosas de extracción y producción. Esos nuevos saberes quedarían incorporados al acervo de conocimiento de los trabajadores, técnicos e ingenieros locales.

3) promueve el ingreso de gran cantidad de divisas al mercado doméstico, que mejoran la oferta de divisas, alejan el peligro de saltos cambiarios, ayudan a proveer fluidamente al mercado local de bienes y servicios necesarios sin sobresaltos, y que pueden facilitar también el pago de los compromisos externos sin necesidad de sacrificar la actividad en el mercado interno.

4) genera elevadas ganancias para las empresas inversoras, que se traducen en un fuerte incremento de los ingresos impositivos para el Estado, lo que le permite contar con fondos importantes para realizar obras e impulsar actividades que hoy no están presentes y son necesarias para fortalecer la economía nacional.

5) diversifica las actividades productivas generadoras de exportaciones, lo que reduce el peso y la influencia política y social muy retrógrada de las élites agroexportadoras (“el campo”) en la definición de las políticas públicas y en el sistema político en general.

6) crea efectos expansivos en diversas economías regionales, que pueden ser utilizados para reducir las disparidades económicas y sociales existentes en nuestro país, y crear polos de desarrollo nacional en todas las áreas de nuestro territorio.

Pero lo escandaloso de este régimen “de incentivos” es que crea todos los resquicios necesarios para que ese hipotético impulso que podría traccionar el mercado local no ocurra: ni eslabonamientos con producciones locales, ni ingresos impositivos relevantes, ni divisas abundantes ingresando a las arcas del Banco Central.

Es más: cabe la posibilidad legal de que esas “grandes inversiones” sean para comprar empresas o activos ya existentes –o auto-comprarlos-, con lo que ni siquiera generaría un aumento de las capacidades productivas asentadas en el territorio nacional, pero abriría el acceso a un conjunto de privilegios de todo tipo, de los cuales no gozarían las inversiones “normales”.

El efecto político muy importante, estruendoso, es que genera una situación institucional por la cual nada en ese régimen neocolonial podrá ser modificado a futuro, ya que cualquier intento de hacerlo implicará inmediatamente juicios contra el estado nacional, radicados en tribunales internacionales totalmente desfavorables a la Argentina.

Juicios que serán hechos por corporaciones extranjeras, o locales, o asociaciones entre ambas. Ya tenemos una larga demostración de lo catastróficos que son los fallos en tribunales norteamericanos o europeos contra nuestro país, tengamos razón o no.

Es decir, que los gobiernos que vengan en los próximos 30 años estarán completamente maniatados para reparar, aunque sea en parte, los excesos de entrega que están incluidos en la actual norma cipaya en tratamiento parlamentario.

Por lo tanto, una parte importante en términos cuantitativos de la actividad productiva futura en territorio nacional saldría del control de la sociedad argentina, a través de los gobiernos que sean electos, para pasar a gozar de un régimen avalado y defendido por la “comunidad internacional”, o sea por la trama corporativa transnacional que dicta el orden jurídico de la globalización neoliberal.

Perdemos, de hecho, soberanía sobre un conjunto de actividades productivas muy importantes, y por primera vez no se plantea que “algo” de esa riqueza explotada por grandes corporaciones caiga en bolsillos argentinos, dinamice nuestro mercado interno y sirva para mejorar nuestras condiciones de vida.

Es un negocio, puro y exclusivo, de y para grandes empresas.

Entonces, esas supuestas grandes inversiones, no cambiarán en nada a esta Argentina archi-endeudada y debilitada económica y financieramente, y que requiere soluciones de fondo que el RIGI ayudará precisamente a desperdiciar.

El grave problema de la debilidad nacional

Más allá de esta ley Bases, o del RIGI en particular, es importantísimo entender que son síntomas de un cuadro de postración nacional impresionante. Sería fácil echarle la culpa a Milei, o a su troupe de impresentables, pero esto va mucho más allá. No es cierto que una banda de lúmpenes se encaramó sorpresivamente en el Estado Nacional y desde allí comanda una tarea de destrucción y entrega que le resulta ajena a todo el resto del país. Si así fuera, esta aventura demencial ya habría terminado.

El debilitamiento de una visión nacional de nuestro país abarca a la política, a los actores económicos fundamentales y a la sociedad en general. El arrasamiento de esta perspectiva incluye también al mundo académico y a la intelectualidad argentina en un amplio espectro.

Ya en el menemismo habíamos tenido un primer baño legal de cipayismo, donde en nombre de la “vuelta al mundo” y de las “ideas modernas” y del “pragmatismo” político, se favoreció la extranjerización de un parte importante del aparato productivo nacional y se atacó un rumbo nacional propio, de las manos del partido que suponía representar por excelencia a lo nacional y popular.

El macrismo fue, sin duda, un peldaño partidista para blanquear todo lo que de cipayo habitaba en la derecha, la centro derecha, el radicalismo y el peronismo. Los medios de comunicación acompañaron y promovieron entusiastamente el proceso de vuelco ideológico colectivo por el cual las ideas nacionales fueron atacadas por “aislarnos del mundo”, por ser “caducas” o ser simplemente parte del acervo repudiable del “kirchnerismo” demoníaco. El macrismo fue la expresión de la convergencia entre una dirigencia empresaria vencida con lo que los poderes globales desean que sea la Argentina. Las clases medias, en buena medida, acompañaron esa visión, embargadas en fantasías consumistas.

El extravío comunicacional-político que representó el gobierno del Frente de Todos, con su manifiesta impotencia para regular cuestiones básicas para la economía popular, como los precios de los componentes básicos de la canasta familiar, fue una gran contribución al debilitamiento de la noción de pertenencia a una comunidad que alberga y protege a sus habitantes.

Si esa percepción fundamental desaparece, si no hay un discurso público claro que explique con sencillez los problemas que se enfrentan, se crean las condiciones para el crecimiento del discurso individualista, atomístico y desinteresado del conjunto que representa el mileísmo.

No es que los intereses nacionales hayan desaparecido. Por el contrario, son muy extendidos e importantes. Pero buena parte de la sociedad ha perdido la capacidad de verse a sí misma dentro de ese barco.

Ese debilitamiento de la comprensión nacional en los amplios sectores populares es más importante que lo que ya sabemos sobre buena parte de la élite económica local, que hace rato se desentendió de todo proyecto nacional inclusivo. No existe tal cosa para ella, sino grandes negocios particulares, listados en la ley Bases.

El tema es cómo salir del atontamiento y la falta de comprensión política sobre los intereses comunes que pueden agrupar a buena parte de los argentinos, y que permitirían construir los cimientos de una nueva solidaridad social, inmune a las estupideces del discurso liberal individualista y antinacional.

La degradación política y cultural que cada experimento neoliberal produce debe ser enfrentada desde una política de clarificación de los intereses de cada uno de los actores sociales, expresada en un discurso clarísimo, en blanco sobre negro, sobre quién es quién en nuestro país.

En ese sentido, las ambigüedades son en este momento imperdonables.

No hay grises frente a un proyecto neocolonial de despojo de las riquezas del país y del futuro de su población.

Frente al griterío desquiciado del gobierno, que encubre negocios impresionantes para una reducida minoría, debe levantarse otro discurso, y otra forma de comunicación popular, que ponga claridad en las cabezas de las mayorías nacionales.

Buenos Aires, 23 de mayo de 2024.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.