Un cruce de miradas documentales y estéticas.

El film de Santiago Mitre “Argentina 1985” reaviva una serie de polémicas sobre la comprensión de lo acontecido en la dictadura cívico militar del ‘76 al ’83: El juicio a las juntas en el ‘85 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la denominada “teoría de los dos demonios” y la discusión acerca de la importancia de dos acontecimientos: Aquellos juicios y el informe de CONADEP o la reapertura de los juicios en el gobierno de Néstor Kirchner previa derogación de las “leyes de impunidad”.

Por Angelina Uzín Olleros

(para La Tecl@ Eñe)

El film de Santiago Mitre “Argentina 1985” sorprende por el éxito de concurrencia a las salas de cine y en cierto modo reaviva una serie de polémicas sobre la comprensión de lo acontecido en la dictadura cívico militar del ‘76 al ‘83, el juicio a las juntas en el ‘85 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la denominada “teoría de los dos demonios” y la discusión acerca de cuál acontecimiento ha sido más relevante e importante: aquellos juicios y el informe de CONADEP o la reapertura de los juicios en el gobierno de Néstor Kirchner previa derogación de las “leyes de impunidad”.

Sobre la necesidad de comprender lo acontecido, en las primeras páginas del libro de Giorgio Agamben Lo que queda de Auschwitz, el filósofo italiano realiza algunas reflexiones:

No sólo falta aquí algo que se asemeje a un intento de comprensión global, sino también el sentido y las razones del comportamiento de los verdugos y de las víctimas; muchas veces, hasta sus mismas palabras siguen apareciendo como un enigma insondable, reforzando la opinión de los que quisieran que Auschwitz permaneciera incomprensible para siempre.

Agamben dice que, por lo general, es más difícil comprender la mente de un hombre común que la de un intelectual, esto nos recuerda al personaje del film “The Reader”, el personaje Hanna Schmitz ante el tribunal no pudo dar cuenta de su desempeño en un campo de exterminio. Los relatos de las víctimas y los verdugos que pasaron por los campos resulta a veces imposible de comprender, tal vez porque toda experiencia humana resulta intransferible, mucho más si se trata de una “situación límite”; sin embargo la dificultad de comprender o interpretar las vivencias en los campos no debe llevar a la conclusión sobre lo inabordable de esos sucesos.

En la historia argentina reciente, lo que queda de los campos es la necesidad de justicia, de recuperar la verdad. Lo que queda de todos los campos y centros clandestinos de detención en Argentina no son las imágenes de cadáveres apilados en fosas comunes como muestran los archivos fotográficos y los films de los campos del nazismo; porque esos cuerpos fueron desaparecidos. Lo que queda, entonces, es la actualidad de esos sucesos, de esas masacres, de esos sufrimientos; de los relatos de los testigos y de los archivos de lo acontecido en la época.

Según el informe de CONADEP (1984:54-55):

Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su ‘desaparición’; allí estaban cuando las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de hábeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión pública nacional e internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos.

Estos denominados “centros de detención” fueron el lugar de las víctimas, hasta ese no-lugar de la desaparición; con la reapertura de causas y a partir de nuevos testimonios se han señalado otros “centros clandestinos de detención”. Las Fuerzas Armadas los clasificaban en dos tipos: “lugares de reunión de detenidos”, con una organización estable, preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos; y “lugares transitorios”, con una infraestructura precaria, destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento.

Actualmente se afirma que en todo el país llegaron a existir 610 centros, pero muchos fueron temporarios o circunstanciales. En 1977 había 60; en 1978, 45; y en 1979 quedaban 7. Sobre el final de la dictadura, la ESMA era el único que seguía funcionando. A pesar de sus diferencias, los centros estaban estructurados de manera similar: contaban con una o más salas de torturas, espacios amplios para alojar a los desaparecidos y un sector de vivienda para los torturadores y los guardias. Los “grupos de tareas” realizaban los secuestros y llevaban los detenidos al “centro clandestino de detención” correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados.

La discusión que se abre en algunos sectores con relación a la película de Mitre debe situarse en la convicción de que la sociedad no es un todo homogéneo, la pertenencia a un conjunto, cualquiera fuera este, tampoco es la pertenencia inclusiva “absoluta” a un conjunto coherente, sin matices, sin fracturas, sin grietas. Admitirlo nos conduce también a plantear la necesidad ética del discernimiento no podemos incluir a todos los particulares a un conjunto cerrado de individuos; tampoco pueden equipararse dos conjuntos diferentes bajo una misma lógica.  Es así que la denominada “Teoría de los dos demonios” hizo esta operación de equiparar dos mundos, dos lógicas que no pueden estar como subconjuntos de un conjunto más amplio que intenta dar cuenta de la violencia ejercida en los ’70.

Ernesto Sábato (1984:7), autor del prólogo del informe de la CONADEP, Nunca Más, admite esta teoría:

Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares.

Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.

Sábato en el prólogo equipara bajo la definición de “terrorismo” a dos violencias que se distinguen por venir de diferentes sectores, pero que en “esencia” son lo mismo: son producto del terror. La comparación con lo ocurrido en Italia pierde de vista la complejidad propia del caso argentino, fundamentalmente porque los que fueron víctimas de la desaparición forzada no provenían -todos o todas- de la extrema izquierda, ni mucho menos pertenecían -todos y todas- a grupos armados guerrilleros o terroristas.

Osvaldo Bayer (2001) sostiene una lúcida crítica a lo sostenido en ese prólogo:

Inventar demonios es mucho más fácil que preguntarse el por qué de las órdenes brutales de la represión. Hablemos de las víctimas. Hoy todavía calificadas por muchos como el otro demonio. ¿Quiénes están habilitados para juzgar? En general, analistas y medios se basan en tres o cuatro figuras dudosas para juzgar el empuje de una generación. Esto sí hace pensar en lo erróneamente trágico que fue, para parte de la juventud, creer en cúpulas cerradas. Lo que sí es reivindicable fue su espíritu de protesta, su protagonismo ante tanto miedo y servilismo de una sociedad que había aprendido a decir que sí a todo y a confundir el ruido de los tanques en la calle como el del tránsito de vehículos de todos los días.

Sábato insiste en pensar a los verdugos como sádicos y perversos, ya Hannah Arendt advertía que no se trataba de monstruos; el discurso que se alimenta de los giros literarios tales como “el infierno”, “los demonios” “la perversión o el sadismo”, desvían el análisis necesario sobre la imputabilidad de lo cometido. Incluso en el último párrafo de este fragmento Sábato se anticipa a los argumentos de la futura, por entonces, Ley de obediencia debida: Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los “excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia”, revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

En el prólogo (1984:8) afirma que:

De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: ‘Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores’.  Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia», revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

Al finalizar el texto, luego de hacer reflexiones y afirmaciones muy válidas sobre la situación de las víctimas y las circunstancias en que ha tenido que investigar la CONADEP los delitos y los crímenes de lesa humanidad, Sábato dice (1984:11):

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

Este párrafo no dice enfáticamente cuál es la “naturaleza” de la desaparición forzada; porque aún cuando sólo hubiese producido muertes, la cuestión era en manos de quién se producían esas muertes. La investigación de los militares y de la policía federal sobre “el accionar subversivo” era precisamente la versión del terror de estado y es fundamental remarcar la diferencia: quién presenta a las víctimas. Sábato (1984:10) hace referencia también al posible número de víctimas y nuevamente sus palabras se orientan hacia lo que denomina “las fuerzas del mal”:

(…) tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.

El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró en la Argentina la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final (23.492) y de Obediencia Debida (23.521), que impedían la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado entre 1975 y 1983. La resolución judicial es el corolario del proceso de lucha contra la impunidad de casi tres décadas encarado por los organismos de derechos humanos. En el año 2006 a 30 años del Golpe se reedita el informe Nunca Más con un nuevo Prólogo, esta circunstancia también ha sido fuente de debates y discusiones, el reemplazo del prólogo de Ernesto Sábato ha reavivado la disputa tal vez más  imaginaria que real, por el patrimonio de los derechos humanos en Argentina.

El nuevo prólogo (2006), mucho más breve que el de Sábato, firmado por un organismo: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se transcribe a continuación:

Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas.

A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales el 10 de diciembre de 1983 hubo grandes hitos como el informe de la CONADEP que hoy vuelve a reeditarse y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de ‘punto final’ y de ‘obediencia debida’ y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia federal.

(…) Es preciso dejar claramente establecido -porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes- que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables.

Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país.

(…) La enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano.

Actualmente tenemos por delante la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social, lo que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de ayer y de hoy con el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales la hicieron posible. Por ello al mismo tiempo nos interpelan los grandes desafíos de continuar haciendo de la Argentina, frente a esas fuertes resistencias, no sólo un país más democrático y menos autoritario, sino también más igualitario y más equitativo.

El NUNCA MÁS del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crímenes del terrorismo de Estado -la desaparición forzada, la apropiación de niños, los asesinatos y la tortura- como a las injusticias sociales que son una afrenta a la dignidad humana.

El NUNCA MÁS es un vasto programa a realizar por el Estado nacional, por las provincias y municipios y por la sociedad argentina en su conjunto, si queremos construir una Nación realmente integrada y un país más justo y más humano para todos.

Pasaron 21 años entre un Prólogo y otro, las diferencias son notables; en el prólogo de 2006 existe una clara referencia a los sucesos sociales y políticos ocurridos en esos años: las leyes de impunidad, los indultos, la política neoliberal de los ’90 que daba continuidad al proyecto de la dictadura en términos económicos, la crisis del 2001… No sin valorar el aporte y la vigencia de este informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas tan cercano al fin de la última dictadura, el prólogo del 2006 remarca las políticas públicas y sociales en los términos de una “ética de la responsabilidad” y los “derechos humanos”. Remarcando también que en el año 2004 la ESMA se transformó en un espacio de memoria, espacio que reemplaza una “pedagogía del terror” por una “pedagogía orientada a la búsqueda de verdad y justicia” a través de la memoria colectiva.

Max Weber fue quien realizó la distinción entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad en su conocida conferencia La política como profesión; para Weber una ética de la convicción (Gesinnungsethik) está animada por la obligación moral y la intransigencia absoluta al resguardo de los principios; la ética de la responsabilidad (Verantwortungsethik) valora las consecuencias de sus actos y confronta los medios con los fines, las consecuencias y las diversas opciones o posibilidades ante una determinada situación. Es una expresión de racionalidad instrumental, en el sentido que no sólo valora los fines sino los instrumentos para alcanzar determinados fines. Esta racionalidad instrumental, de la que ya se hizo referencia, es la que conduce al éxito político luego de una profunda reflexión (no es fruto de la casualidad ni de la suerte). Sería un error de la acción política plantearse exclusivamente una “racionalidad de los valores” para prescindir de lo fundamental: la racionalidad en las herramientas que han de conducir a la realización de estos valores. Hay, pues, en la política una ética implícita que no conocen los partidarios de la pureza, de la ingenuidad religiosa o del doctrinarismo dogmático de cualquier signo.

Weber (1991:47-48) dice puntualmente:

La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Con ello hemos llegado al punto decisivo. Tenemos que tener en claro que toda actividad orientada por la ética puede estar bajo dos principios fundamentalmente diferentes e irresolublemente contrapuestos: la convicción o la responsabilidad; la actividad puede estar orientada, o bien por una “ética de la convicción”, o bien por una “ética de la responsabilidad”. Y no es que la ética de la convicción equivale a irresponsabilidad, como que tampoco la ética de la responsabilidad equivale a una ética sin convicciones. Por supuesto que no se trata de eso. Pero existe una diferencia abismal entre actuar con la convicción de un principio ético -hablando en términos religiosos- sería: “el cristiano hace el bien y deja el éxito en manos de Dios”- o bien con la responsabilidad ética de hacerse cargo de las consecuencias (previsibles) de sus actos.

Una política como profesión, desde una ética de la responsabilidad, transmitida por una pedagogía emancipatoria hacia la verdad y la justicia, son los soportes de las políticas en derechos humanos, políticas públicas, de inclusión que inspiran el prólogo de 2006. La ética, si se considera resultado de la racionalidad humana podrá permitir hacer la distinción entre “humano” y “divino” dentro de una terminología pagana. La política como espacio de “dioses enfrentados” ampliará su horizonte más allá de la religión (o de las religiones). Lo divino, para los filósofos griegos, marcaba el límite de lo humano, por tratarse de un pensamiento pagano, los dioses eran quienes marcaban un destino que los hombres debían perseguir y del cual no podían escapar: en eso consiste el origen de la tragedia.

Definir la política en una “ética de la responsabilidad” también nos lleva a considerar la relación entre “teoría” y “práctica”; hay quienes pretenden que lo teórico debe estar en primer término para dirigir y sostener toda práctica; por el contrario, otros definen la teoría como aquello que se deriva de una práctica, de una experiencia sensible. La solución a esta aparente antinomia entre lo teórico y lo práctico, está pensada en términos de una “praxis”, como aquello que no puede separar, desvincular, el hacer y el pensar, esto es, poder definir la relación entre el hacer y el pensar como una teoría de la acción.

En la disidencia también se pone sobre el tapete la diferencia entre “Argentina 1985” y “La historia oficial”, muchos argumentos se esgrimen sobre el mensaje a las nuevas generaciones desinformadas en su mayoría sobre lo acontecido en la dictadura; pero todas las expresiones fílmicas desde el advenimiento a la democracia son importantes, todas cumplen una función didáctica acerca del ejercicio de la memoria y la recuperación histórica de los horrores vividos en nuestro país. El personaje Alicia Marnet de Ibáñez, profesora de historia recalca su defensa de los libros y las pruebas documentales para conocer los hechos del pasado argentino, incluso expulsa del aula a un alumno, Costa, por decir que “la Historia la escriben los asesinos”.

Es de este modo que toda recuperación de memorias sobre aquel período oscuro y violento del estado en manos de asesinos, debe ser valorado a pesar de las carencias o las comparaciones que podamos hacer sobre las balanzas que pesan importancias, trayectorias y legados.

Paraná, 14 de octubre de 2022.

* Dra. Ciencias Sociales