El abogado de Derechos Humanos Rodolfo Yanzón realiza una lectura sobre la película Argentina 1985, y sostiene que la película invita al debate dejando en claro que en esos años los responsables mantenían poder y no estaban dispuestos a ser juzgados. Yanzón también destaca como un logro del film el hecho de darle relevancia a la voz de los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar-empresarial.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Argentina 1985 cuenta uno de los episodios más emblemáticos de nuestro país. Y lo hace con humor, buenas actuaciones, ambientación y escenografía, y una banda de sonido que forma parte de lo más preciado de nuestra cultura musical.

Cuando una película pretende contar un hecho histórico inevitablemente surgen críticas sobre el modo en que se relata, los protagonistas y los hechos que no aparecen o por el modo en que aparecen. Y está bien, porque es una película que genera debate, tal vez porque utiliza el lenguaje de aquellos años, impregnado en buena parte del discurso militar por medio del cual la dictadura y los medios de comunicación justificaron la masacre para buscar impunidad.

La película invita al debate dejando en claro que en esos años los responsables mantenían poder y que no estaban dispuestos a ser juzgados. Mantenían el apoyo de los grandes empresarios, principales beneficiarios de la masacre. Si bien la película no hace referencia a este punto, sí alude a la complicidad de los medios de comunicación poniendo el ejemplo de Bernardo Neustadt, que junto a Mariano Grondona condujo Tiempo Nuevo, auspiciado por las “empresas a las que les interesa el país”.

Con excepción del Partido Intransigente, la Izquierda y minúsculos sectores del radicalismo y el peronismo –cuyo candidato presidencial en 1983 apoyó la autoamnistía de los militares-, la dirigencia política se opuso al juzgamiento. La película no ahonda en el tema aunque desliza al pasar que mientras el juicio a las juntas estaba en marcha, esa dirigencia apuraba negociaciones con el poder militar para acotar sus efectos. 

La película desnuda en parte la complicidad del sistema judicial, aunque no habla de cómo fue cómplice fraguando partidas de defunción en la Morgue Judicial, por mencionar un solo ejemplo. Por el caso de la morgue hubo una causa penal en la que se investigó a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que no llegó a nada, justamente por la complicidad de todo el sistema, con algunas excepciones.

La película recrea el momento en que Strassera y Moreno Ocampo piden a las Madres de Plaza de Mayo que se saquen el pañuelo para poder iniciar el juicio -las Madres fueron recibidas por primera vez por un presidente luego del 20 de diciembre de 2001-, dado que varios funcionarios judiciales lo habían exigido. En más de un juicio realizado después de 2007 se pudieron ver imágenes similares.

En una escena, un testigo sobreviviente dice que no declara porque no tiene garantías, dado que se cruza diariamente con sus secuestradores y torturadores. Moreno Ocampo/Lanzani dice que ellos le pueden garantizar seguridad, pero Strassera/Darín lo interrumpe para decir lo contrario, no pueden garantizarle nada, están solos en eso. Pero antes que eso sucediera, Strassera, ya fiscal ante la Cámara Federal, no quiere saber nada con juzgar a las juntas militares. Y eso la película lo expone cuando, ante la complicidad del Consejo Supremo de las FFAA, la Cámara Federal se debatía si se hacían cargo del juzgamiento.

Algunos criticaron la película porque faltaba el que, para ellos, era el héroe esencial de la historia: Raúl Alfonsín. Si bien es cierto que debe reconocérsele haber tomado la decisión de llevar a juicio a los integrantes de las juntas militares, también lo es que desde el primer minuto sostuvo la teoría de los dos demonios equiparando lo realizado desde el aparato estatal con lo hecho por las organizaciones armadas. Debe remarcarse, además, que él y su equipo pensaron que el juzgamiento debían realizarlo los mismos militares y que sólo ante demoras injustificadas intervendría la justicia civil. Siendo candidato presidencial, Alfonsín habló de tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que se excedieron y los que actuaron por obediencia debida. Sólo los primeros y los segundos debían ser juzgados. Para el candidato radical la inmensa mayoría de los responsables debía quedar impune.

La casi totalidad del sistema judicial, cuyos funcionarios y magistrados venían de la dictadura, no quería saber nada con el juicio. Cuando la película relata el modo en que Strassera/Darín pensó cómo integrar el equipo que se haría cargo de la acusación, descartó infinidad de nombres y decidió (Strassera y Carlos Somigliana/Da Passano, principal protagonista de la historia) llamar a veinteañeros que terminaron poniéndose al hombro el armado de los centenares de casos que serían parte de la acusación. Esa parte del relato es uno de los mayores logros de la película.

La complicidad judicial lo toca al mismo Strassera, quien en dos oportunidades es señalado en el film por no haber hecho nada durante la dictadura. Y, la verdad, Strassera sí hizo, porque firmó dictámenes como fiscal dando visos de legalidad a homicidios cometidos por fuerzas militares y de seguridad y solicitando el sobreseimiento a favor de los perpetradores (en diciembre de 2016el juez Rafecas los declaró inválidos y procesó a los autores), y pidió el archivo de habeas corpus ante la falta de información por parte de las fuerzas militares y de seguridad.

La película resalta que la represión comenzó en 1975. Strassera/Darín se desvive por hacer decir a Luder que cuando firmaron los decretos de aniquilamiento, no significaba desaparición, tortura y muerte.

También pone énfasis en el sabor amargo que dejó la sentencia, tanto por las absoluciones como por las bajas penas, entre la que debe resaltarse la del brigadier Agosti, condenado a escasos cuatro años de prisión. Apenas conoció el veredicto, Strassera/Darín se puso a escribir las primeras palabras del recurso.

Otro logro de la película es la voz de los sobrevivientes, desde el primer testimonio, el de Adriana Calvo, que narró el parto de su hija Teresa en el piso de un auto estando secuestrada, pasando por el de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, hasta el de Iris, mamá del negrito Avellaneda. Al fin y al cabo, los únicos héroes de esta historia son ellos, no sólo porque dieron testimonio de su secuestro y los tormentos que padecieron, sino fundamentalmente porque tomaron el compromiso de ser la voz de los que no pudieron estar, de sus compañeros desaparecidos. “Si salís de ésta, que no se la lleven de arriba”, le dijo el gordo Ardetti a Víctor Basterra estando cautivos en la ESMA. Y Víctor cumplió sobradamente, porque gracias a él se cuenta con material fotográfico que sirvió de prueba para condenar a decenas de integrantes de los grupos de tareas. Eran imágenes de varios represores y de personas que continúan desaparecidas, que pudo sacar del centro clandestino cuando los represores lo dejaban ir a visitar a su familia. Víctor declaró decenas de veces y fue pilar esencial en la lucha contra la impunidad.

Basterra aparece extraordinariamente personificado en la película, dado que el actor que lo representa es un calco de aquel Víctor de los ochenta. Pero lo extraordinario se acaba ahí, porque la película siembra un manto de duda sobre su actuación. Si bien se menciona que fue secuestrado y torturado y que tuvo que realizar trabajo esclavo, nada dice que fue vigilado por sus secuestradores hasta un año después de que Alfonsín asumiera como presidente, e ignora que la Cámara Federal argumentó que Víctor regresaba a la ESMA por propia voluntad por lo que absolvió por ese tramo de tiempo. La Cámara Federal no sólo utilizó el mismo discurso de la dictadura, sino que tomó más de uno de sus posturas justificatorias. Y ésta fue una de ellas. Pero Víctor, como todas las personas que fueron secuestradas, sabía que la dictadura no sólo se cernía sobre sus propias personas sino también sobre sus familias y allegados. “Los gobiernos pasan pero la comunidad informativa permanece” le había dicho uno de sus torturadores para advertirle que los servicios de inteligencia mantendrían sus miradas sobre él. Esta es la mayor crítica que debe hacerse a la película, porque de algún modo reproduce lo de la Cámara Federal, cuyos jueces no quisieron ver hasta dónde llegó el brazo del terrorismo de Estado.

Finalmente, si bien la película hace un relato sobre el juicio a las juntas haciendo hincapié en la labor de la Fiscalía, remarca que, a pesar de que luego llegaron las leyes de obediencia debida y de punto final del gobierno radical y los indultos del gobierno peronista, a partir de 2003 los juicios se reabrieron permitiendo juzgar y condenar a más de mil represores, y que esos juicios continúan. Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil políticamente activa que los ha acompañado, son los protagonistas esenciales en la lucha de juzgarlos con jueces civiles en el marco de la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Bienvenido el debate, en épocas en las que los autoritarios se exhiben sin pudor, con el apoyo de grandes medios de comunicación, parte de la clase empresaria y de la derecha política; los mismos que en 1985 continuaban aplaudiendo a Videla y compañía.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2022.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.