Se cumplieron 29 años del atentado a la AMIA y la causa penal ingresó en un cono de sombras debido a las complicidades urdidas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia y parte de la dirigencia política que aseguraron la impunidad para los perpetradores.

Por Rodolfo Yanzón

(para La Tecl@ Eñe)

Un nuevo aniversario de la AMIA y sus muertos. Un nuevo año en el que los familiares de las víctimas exigen justicia. Otro año que pasará sin ninguna novedad, porque hace tiempo que la causa penal ingresó en un cono de sombras; sombras provocadas por la sumisión de un gobierno a los intereses norteamericanos en la invasión a Irak; por un entramado de complicidades que buscó la impunidad para los perpetradores; sombras surgidas de las sórdidas relaciones entre los actores judiciales y los servicios de inteligencia o, mejor dicho, del acatamiento de jueces y fiscales a los devaneos de los hombres de la SIDE que actuaron bajo la tutela de EE.UU. e Israel con el propósito de consolidar sus pretensiones geopolíticas.

En el acto de conmemoración, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), habló de un pronto pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muy probablemente sostendrá la responsabilidad del Estado argentino en la incapacidad –e, incluso, en la complicidad- para llevar adelante una investigación seria, completa e imparcial que permita dar con los verdaderos responsables. El Estado argentino reconoció su responsabilidad, sin embargo, los autores continúan en el anonimato. El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, reclamó, una vez más, que se abrieran los archivos de inteligencia. Pero nadie cree que el sistema judicial esté en condiciones de arrojar algo de luz sobre lo sucedido. Pasaron 29 años, un tiempo irrecuperable en el que, además, se utilizó a los muertos para gestar un sinnúmero de operaciones políticas.

La DAIA, apéndice del macrismo, insistió, a través de su titular Jorge Knoblovits, en la hipótesis del asesinato de Alberto Nisman –quien, de estar vivo, debería dar más de una explicación-, hipótesis que sostuvo la Gendarmería en ese entonces al mando de la hoy precandidata Patricia Bullrich, y que permitió al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini, aportar titulares a los diarios afines a la Embajada de EE.UU. y al entonces gobierno de Macri. Una versión descabellada que desechó la conclusión de los peritos forenses, en cuanto a que se había tratado de un suicidio.

En todos sus años al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), Nisman se limitó a denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al entonces canciller Héctor Timerman, con el argumento de que el pacto con Irán, aprobado por el Congreso de la Nación, había sido un modo de buscar impunidad para los acusados iraníes. La denuncia nació con la inocultable impronta de los hombres de Jaime Stiuso, con el objetivo de incidir en la contienda política. La muerte de Nisman sería la pieza final de la obra. La denuncia fue inicialmente archivada por el juez Daniel Rafecas, pero la DAIA, junto al fallecido juez Claudio Bonadío, buscaron el modo de sortear los límites jurídicos y éticos para hacerla renacer e insistir, con éxito, en un proceso penal con el único fin de imputar y llevar a juicio a CFK y al entonces canciller Héctor Timerman, entre otros.

El titular de la DAIA insistió en la responsabilidad de Hezbollah e Irán, una hipótesis que introdujeron los servicios de inteligencia de la mano de oficinas estadounidenses y que dejaba totalmente de lado la pista siria, tal como exigió el entonces presidente Carlos Menem y que derivó en la bochornosa operación protagonizada por los fiscales intervinientes, el juez Galeano y servicios de inteligencia –con la inestimable colaboración del represor y torturador Héctor Vergés- que consistió en el pago de 400 mil dólares al entonces imputado Carlos Telleldín para que éste dijera que los responsables eran policías bonaerenses, que luego fueron absueltos en un juicio oral y público. Si se buscaran los argumentos por los cuales EE.UU. presionó para que se siguiera esa línea, tal vez debiéramos retrotraernos al golpe de Estado de 1953 que, a través de la CIA y en complicidad con el Reino Unido, dieron contra el primer ministro iraní, elegido democráticamente, Mohammed Mossaddeq, porque dos años antes había nacionalizado el petróleo. Una vez depuesto impusieron una dictadura monárquica pronorteamericana.

Una vez más, entonces, los familiares reclaman por sus muertos que, por no tener justicia, son todos muertos, mientras la causa está a la deriva –hoy delegada a la Unidad Fiscal AMIA-, dado que el Juzgado interviniente hace tres años que está vacante por desidia del Consejo de la Magistratura y, sobre todo, por la oposición macrista radical, que se obstina en no dar tratamiento a los pliegos para designar magistrados. Y con una DAIA que se obstina más en sostener el bulo del homicidio de Nisman, que en buscar justicia por las víctimas, con el único fin de apuntalar a sus candidatos que, ¡oh! casualidad, son los mismos que pusieron a la Argentina bajo los pies del FMI.

Se debe seguir persiguiendo justicia, aunque sea una quimera, pero también se debe poner de manifiesto que se ha llegado a este presente debido a la injerencia de los servicios de inteligencia en el sistema de justicia y por el disciplinamiento a los designios de EE.UU. y sus aliados de parte de cierta dirigencia política.

Buenos Aires, 20 de julio de 2023.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.