Hugo Muleiro opina que las condiciones socioeconómicas que impone el gobierno de Milei llevarán a un incremento dramático de la explotación laboral de la niñez y adolescencia, en todas sus formas, incluidas las más aberrantes.

Por Hugo Muleiro*

(Para La Tecla Eñe)

Todas y cada una de las medidas que adopta el régimen que asumió el 10 de diciembre de 2023 se dirigen expresamente a desencadenar una catástrofe socio-económica que provocará, como se puede verificar en crisis similares en Argentina y cualquier otro país, un aumento dramático de la explotación laboral infantil y adolescente.

La prevención y el combate a esta práctica dependen fuertemente del compromiso de los estados, por lo común apoyados o asistidos por organismos internacionales, pero no es dable esperar que una casta empresaria atada fuertemente a la carroña financiera mundial, que es la que dicta las políticas oficiales, se haga cargo de alguna responsabilidad en este campo.

Las declaraciones del diputado oficialista Alberto Benegas Lynch a favor de que las familias manden a trabajar a pibas y pibes si así lo quieren no hacen más que constituir evidencia al respecto, a pesar de algunos voceros gubernamentales o aliados que declararon indignación por la brutalidad pero son responsables en la imposición del modelo que la permite.

El trabajo infantil está prohibido por ley y constituye delito penal. No deben trabajar las personas menores de 16 años, con excepción de tareas familiares y de labores artísticas, que deben ajustarse a una serie de condiciones, la primera de ellas respetar el derecho a la educación.

Pueden trabajar bajo amparo legal adolescentes de 16 y 17 años: ello requiere autorización familiar, jamás ha de ser para tareas penosas, con dos horas de descanso en caso de obligaciones en la mañana y la tarde, con el salario regido por el principio de igual remuneración por igual tarea, con derecho a afiliarse y siempre, siempre, con el de continuar con su educación formal. No deben trabajar más de seis horas por día ni más de 36 semanales en el ámbito urbano y 32 en el rural.

Las personas de entre 14 y 16 años pueden trabajar en el ámbito familiar, nunca más de tres horas por día ni más de 15 semanales y, otra vez, con pleno respeto al proceso educativo.

Argentina tenía, hasta mediados de 2023, cifras inquietantes de explotación laboral infantil, pero también programas nacionales en marcha para enfrentarlas, algunos de ellos ponderados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2017 mostró que para entonces 10 por ciento de niñas y niños de entre 5 y 15 años realizaban al menos una actividad productiva. Esto equivalía a unas 800 mil personas. Entre adolescentes de entre 16 y 17 años, el índice trepaba a una cifra ya dramática, 31,9 por ciento, aproximadamente unas 455 mil personas.

En la primera franja, a 2023 la situación había empeorado, para pasar a alrededor de 1,3 millones de pibas y pibes de entre 5 y 15 años que debían realizar al menos una actividad productiva.

No hace falta mucha capacidad de proyección para asumir que estos números empeorarán hacia una catástrofe para el sector de la población más pobre, más discriminado y, como tanto está de moda decir, más invisibilizado.

El régimen, sin detenerse a observar si sus procedimientos son constitucionales o inconstitucionales, lanzó y sigue imponiendo medidas destinadas a que un puñado de grandes empresas nacionales e internacionales amigas cuenten con todas las ventajas habidas y por haber para acrecentar sus ganancias, con arrasamiento de todo tipo de derechos (lo que, por cierto, no tiene nada de auténtico liberalismo).

No será pues una gestión cuya máxima autoridad formal repudia la justicia en la distribución y la igualdad de oportunidades, como lo tiene dicho, la que asumirá la responsabilidad de enfrentar el riesgo ya presente de la explotación laboral de chicos y chicas.

Los organismos internacionales tienen un campo de acción acotado porque son inter-gubernamentales, y por lo tanto no cuentan con la autonomía política suficiente para investigar y denunciar una práctica que, a la vez, se sirve de cierta naturalización en vastos sectores de la población. Una recorrida por las acciones, por cierto muy valiosas, que instituciones como UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño -que es parte de la OEA- anuncian en sus espacios oficiales, no permite dar con programas específicos, que se dirijan a enfrentar la explotación laboral infantil e impedir, solo para empezar, su incremento.

Empeora el cuadro el hecho de que las agendas de la dirigencia política dan poco o nada de espacio a este drama, también prácticamente ausente en la gran mayoría de los medios de comunicación, nada proclives a denunciar a empresas a las que están asociados o de las que reciben dinero por publicidad.

La destrucción alevosa de las agencias estatales en capacidad de enfrentar el problema y sus formas más aberrantes, como la explotación sexual de chicas y chicos, deja el campo abierto para que la Argentina esté encaminada a la restauración de un sojuzgamiento a gran escala, así como la sueña el diputado amistosamente llamado “Bertie” en varios medios.

Ante un gobierno cuyos burócratas se regodean con crueldad cuando toma medidas que aumentan el padecimiento social y económico, la única reserva a la vista parecen ser las denostadas organizaciones de trabajadores y las del sector no gubernamental.

Es imperioso que la lucha contra la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, en cualquiera de sus formas, ascienda entre las prioridades de quienes, a pesar de la desdicha de la época, se mantienen aferrados al sueño de una sociedad justa, con acceso a los derechos en especial de las personas que por su edad no tienen capacidad propia de organización y acción.

Buenos Aires, 11 de abril de 2024.

*Hugo Muleiro, escritor y periodista especializado en niñez.