El ex juez Carlos Rozanski reflexiona en este artículo acerca de un aspecto novedoso y de gran peligrosidad social como lo es la eliminación de los frenos inhibitorios de parte de quienes encarnan el poder real en el país, y sostiene que en ese sentido el rol de la Corte Suprema de Justicia es clave.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Todos los repertorios normativos presuponen un funcionamiento adecuado de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes. En los últimos años se ha venido generando en el país un volumen de corrupción institucional y deterioro en el ámbito del Poder Judicial que no registra antecedentes en la historia de la Argentina. En ese sentido, si bien es posible señalar momentos de muy baja o incluso nula vigencia democrática (dictaduras cívico-militares-empresariales-eclesiásticas), la situación actual es diferente.

 No se trata en estos apuntes de desvalorizar el volumen de crueldad y criminalidad de los procesos genocidas históricos. El objetivo es detenerse en un aspecto novedoso y de gran peligrosidad social como lo es la eliminación de los frenos inhibitorios de parte de quienes encarnan el poder real en el país. En la última década, ese sector de la dirigencia (visible u oculto) ha instrumentado una mecánica de persecución política de alto nivel de sofisticación en su elaboración aunque de manifiesta torpeza en su concreción. Tal vez, esa tosquedad de discurso y pobreza argumental no resulte casual sino inherente a ese nuevo y particular modelo de dominación, que a entender del suscripto, en el mediano plazo resulta de extrema peligrosidad.

Un repaso de algunos hechos anteriores al cuatrieño macrista ayudan a aclarar el planteo. Con miras a las elecciones presidenciales de 2015, el sector más reaccionario de la dirigencia, aliado con los grupos empresarios afines, puso en marcha una operación de manipulación de la opinión pública sin precedentes en el país. Con la participación de la empresa Cambridge Analytica de Inglaterra, contratada por el PRO de Mauricio Macri, se articuló un plan de desprestigio, descalificación y estigmatización de un sector de la política nacional al que caracterizarían con la letra “K”. Por supuesto, se trataba de la inicial del apellido de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La citada Cambridge Analytica era una empresa -hoy extinguida- que operaba en distintos países. Los servicios que ofrecían eran de influir en la opinión pública durante campañas eleccionarias para lograr «cambiar el comportamiento de la audiencia» en favor de los contratantes. Para ello, contaron con decenas de millones de datos personales de usuarios de la red Faceboock. Mediante esos servicios, influenciaron, por ejemplo, en el electorado estadounidense con el desprestigio y estigmatización de Hilary Clinton, lo que facilitó el triunfo de Donald Trump. O en otro caso, lo hicieron convenciendo a un porcentaje de votantes en Inglaterra de que sería conveniente para ellos “salir” de la Unión Europea (Brexit). 

Con esa ayuda y una vez en el gobierno, Mauricio Macri y su organización, acentuaron las operaciones mediático-judiciales que se llevaron a cabo de manera simultánea en tribunales superiores (Corte Suprema y Cámaras) y varios juzgados federales de primera instancia. En especial, se avanzó en los juzgados de Julian Ercolini y Sebastian Casanello, así como respecto de quien le tocara subrogarar el del fallecido Claudio Bonadío.

Una pieza clave en ese proceso judicial fraudulento fue sin dudas Leonardo Fariña. Se trata de un personaje muy particular que estaba detenido en ese entonces a disposición del Tribunal Oral Nro 1 de La Plata (que yo integraba y presidía) y en el que pronto se lo juzgaría por diversos delitos. Se le había negado en varias oportunidades la excarcelación y tenía prisión preventiva confirmada por la Casación Federal. Ante ese panorama, resultaba impensable que obtuviera en lo inmediato su libertad. Sin embargo, la organización delictiva cuya cabeza visible era Mauricio Macri, había negociado con Fariña su libertad y morigeración de las eventuales penas futuras a cambio de declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Para ello, se le proveería un guionado escrito que incluía su entrenamiento a través de una “personal coacher”.

Si bien en una primera aproximación la promesa de liberación, como se dijo, resultaba impensable en un estado de derecho, el tiempo demostraría que no sólo era factible, sino que además se concretaría. Así, El 8 de abril de 2016 el detenido Fariña declaró ante Casanello durante 12 horas. Entre los delirios para los cuales había sido entrenado, y cumpliendo su compromiso, Fariña incriminó a Cristina Fernández de Kirchner. Cinco días después, el 13 de abril de 2016, Fariña fue liberado en La Plata. En simultáneo, y como parte de la operación programada, en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, el 27 de abril de 2016 el fiscal Guillermo Marijuan contrató excavadoras para perforar sectores rurales de la provincia de Santa Cruz. Si bien los organizadores del plan sabían que no se podría llegar a condena alguna porque los hechos no habían existido, el objetivo era mantener la mayor cantidad de tiempo posible vinculada a CFK al expediente. Con ello se buscaba, al igual que en las demás causas inventadas, instalar en la opinión pública la idea de una Cristina corrupta.

Hace pocos días, 7 años después de los agujeros, y a pedido del propio Marijuan, el juez Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner.

De manera sincronizada con la operación “ruta del dinero K”,  se generó la causa denominada “Vialidad”. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini (viajero a Lago Escondido) y de los fiscales federales Ignacio Mahíques (hermano e hijo de dos viajeros a Lago Escondido) y Gerardo Pollicita.

En esa causa, luego de 6 años, Cristina Kirchner fue condenada el 6/12/2022 por hechos que nunca existieron. El Tribunal fue presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu que integraba el equipo “Liverpool” y jugaba al futbol en la casa de campo de Mauricio Macri. El fiscal que acusó -Diego Luciani-, integraba igualmente el citado teem aunque no se sabe qué puesto ocupaba en la cancha. Es bueno recordar que en la Cámara de Apelaciones Federal, a la fecha continúa como juez Mariano Llorens, arquero del “Liverpool”, junto a dos magistrados indebidamente designados, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Siguiendo con las referencias deportivas, cabe recordar que varios de los jueces de la Cámara Federal de Casación (máximo tribunal penal del país), jugaban al Paddle y al tenis en la quinta de Olivos con el entonces presidente Mauricio Macri.

Finalmente, en la cúspide de esa pirámide de poder real, está la Corte Suprema de Justicia, con dos de sus miembros designados por decreto inconstitucional de Mauricio Macri. A su vez, la totalidad del cuerpo (los 4 jueces) gravemente implicados en el proceso de destitución actualmente en trámite ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La peligrosidad del proceso de corrupción judicial resulta evidente. En ese sentido, es ilustrativa la comparación con el rol histórico de ese poder del Estado. Durante la implementación del denominado “Plan Condor I”, se montó un mecanismo inédito de persecución, secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de habitantes. Como se sabe, la finalidad del plan fue la instauración de un modelo económico de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de riqueza, y el exterminio llevado a cabo fue el procedimiento elegido.

Durante los cuatro años del citado gobierno de Macri, se instauró un modelo económico de similar factura neoliberal al de la dictadura en cuanto a la transferencia de recursos y fuga de capitales pero con una modalidad distinta de medios (Plan Condor II). Los tanques, ametralladoras y picanas fueron reemplazados por un sofisticado método de manipulación. A la fraudulenta actuación de Cambridge Analítyca, que facilitó el 2,8 % de votos con el que pudo acceder a la presidencia Mauricio Macri, le siguió una metodología novedosa en el país, conocida como Lawfare. Creada por un militar norteamericano, Charles Dunlap, consiste en el reemplazo de las armas convencionales (pistolas y fusiles) por la acción coordinada de los medios hegemónicos de comunicación, los servicios de inteligencia -comandados en ese entonces por el presidente Macri- junto a legisladores afines, y el sector más reaccionario del poder judicial. Esa trilogía puso en marcha técnicas de manipulación para deshacer los vínculos sociales solidarios   y “rehacerlos”.

De esos tres pilares del neoliberalismo actual, sin dudas el núcleo duro del poder judicial resulta el más decisivo. Se trata de un sector de magistrados y funcionarios de cuyas lapiceras depende la libertad, la vida y el patrimonio de millones de ciudadanos. Prueba palmaria de lo dicho es que en la actualidad, a tres años y medio de gobierno popular, de signo político contrario a JxC y sin Macri con cargo alguno, la transferencia de recursos continúa y la persecución política también. Baste recordar la reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner y el encubrimiento judicial al atentado contra su vida para dar por acreditada la continuidad aludida.

Y en ese tránsito, el rol de la Corte Suprema de Justicia es clave. Allí radica la cerrada e insólita defensa de parte de los diputados que integran Juntos por el Cambio respecto de los Jueces de la Corte. Le “anunciaron” a sus pares oficialistas que ninguna de las pruebas que pudieran surgir de corrupción e ilegalidad en el actuar de los jueces cuestionados, los haría votar a favor de su destitución. Con esa admonición, queda reducida a escombros la institucionalidad de nuestro país. Se desmorona el estado de derecho en uno de sus aspectos más trascendentes que es el control de los funcionarios mediante el sistema de frenos y contrapesos surgido de nuestra Carta Magna.

Revertir ese estado de posjusticia y corrupción institucional es tal vez el mayor desafío de la política actual. Recursos humanos no faltan, decisiones quizás sí.

La Plata, 10 de junio de 2023.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.