El economista Horacio Rovelli realiza en esta nota un análisis de cómo el gobierno nacional a través de su Plan Económico, que como sostiene Rovelli es el del FMI y que implementa el Ministro de Economía Sergio Massa, subsidia a los sectores más ricos de la sociedad en detrimento de los trabajadores y las capas sociales vulnerables del país.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

El modelo económico impulsado por el gobierno nacional es el extractivista, agropecuario exportador y financiero, merced a la renta[1] del subsuelo, del suelo y la creada por la legislación vigente a favor del sector bancario, bursátil y cambiario. Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos. Esencialmente el modelo funciona con mano de obra barata medida en moneda dura (dólar, euro, yuan) y en poder adquisitivo de las remuneraciones.

El plan económico es el acordado con el FMI, incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó “el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario».

Y las medidas anunciadas tanto por el Ministro Martín Guzmán y después por Sergio Massa, se insertan en el plan y se subordinan a la prosecución del modelo, de allí que definen como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos

Mientras se le otorga todo tipo de beneficios y de prerrogativas al sector más concentrado de la sociedad, la suba constante del precio del dólar, que fue de un 300% desde el 10 de diciembre de 2019 (el dólar oficial estaba a $ 62.-) hasta el 30 de diciembre 2022 cuyo precio fue de $ 182.-, encarece los alimentos y la energía (La inflación acumulada medida por el IPC del INDEC en el mismo lapso fue del 300%), reduce el salario real (el salario nominal en promedio no se incrementa en la misma proporción), dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias, de los supermercados y de los vendedores de energía, que igualan el precio interno al externo. Esa suba de precios implica altas tasas de ganancias a las empresas del sector y, paralelamente carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, hecho que comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas (bienes industriales: autos, línea blanca, celulares, etc.) de parte de los trabajadores y demás que perciben ingresos en moneda nacional, que las empresas compensan vendiendo al exterior.

Esa economía desigual garantiza ingresos a los que tienen acceso al dólar, pero perjudica severamente a los que dependen de la moneda del país.

Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034, que es la vigencia del acuerdo, que van a seguir subiendo los precios de los alimentos al permitirle a las empresas comercializadoras igualar el precio interno con el externo, que se prioriza vender materia prima y granos, con lo que a los asalariados les va a costar más conseguir empleo[2] y que cada vez va a ser, en términos de poder adquisitivo, con una remuneración menor.

Sin embargo en ese marco se subsidia a los sectores más ricos de la sociedad:

1. BONO DUAL: No bien asumió el ministro Sergio Massa, el 8 de agosto 2022 colocó bonos duales por los vencimientos de títulos de deuda del Tesoro de la Nación de agosto, septiembre y octubre y pasarlo para los meses de junio, julio y septiembre 2022. De igual manera procedió el 10 de noviembre para los vencimientos de títulos de deuda interna para el último bimestre del año al concluir una operación de canje en la que entregó bonos duales que expiran entre junio y septiembre del año entrante, por un total de 1, 4 billones. Los bonos duales se ajustan por inflación o por dólar linked (dólar oficial) o sea que si el año que viene se devalúa y/o crece la inflación se debe pagar más a sus tenedores, asegurándole la ganancia a costa del Estado.

• DÓLAR SOJA: El gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobre devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Primero les reconoció a los exportadores de soja $ 50.- más por dólar en septiembre 2022. (Ingresaron 8.123 millones de dólares, quiere decir que el Tesoro de la Nación debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por $ 406.150 millones) Y desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230.- por dólar  por la soja exportada que alcanzó a ser por 3.500 millones de dólares (otra deuda en otra Letra Intransferible por $ 210.000 millones) Y sin embargo el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores. 

En esa perversa lógica, el ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA – Unión Industrial Argentina (Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier; Ledesma;  Magnetto-Clarín; etc.) que habrá más dólares a precio oficial para importar y que moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.

• MINERAS E HIDROCARBURIFERAS: La primera reunión que tuvo en los EE.UU., el ministro Sergio Massa, a los tres días de haber asumido, fue con las empresas Rio Tinto y Livent[3] en la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna. Al otro día, acuerda con los referentes de las empresas petroleras y gasíferas como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion, Vista oil&gas SA, entre otras, para generar un marco regulatorio para las petroleras y ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, a cambio de permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior (no van a tener límite alguno para girar sus utilidades[4]).

Igual tenor son los convenios con las empresas que incluye la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, en forma conjunta con YPF SA, con una inversión total estimada en 1.260 millones de dólares. El ducto se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino. Paralelamente reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acuerdan con la petrolera malaya  Petronas construir una planta de GNL para la industrialización del gas y aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta

• PLAN GAS AR: El ministro de Economía Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía Flavia Royón, anunciaron la adjudicación para una nueva etapa del Plan Gas, rondas 4 y 5, para garantizar el abastecimiento de gas para los próximos 4 años. Pampa Energía se quedó con el 44% de la capacidad de transporte del futuro gasoducto Néstor Kirchner, luego se ubicó Tecpetrol del Grupo Techint y el tercer puesto fue para PAE, fundada por la familia Bulgheroni cuyo principal socio es la petrolera inglesa British Petroleum, que explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas y en el Mar Argentino con autorización británica

En esa oportunidad, el Ministro Sergio Massa dijo que la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad más grande de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público. Lo que se olvidó de decir es que Pampa Energía SA en la gestión de Cambiemos compró 903 millones de dólares y en sus balances y estados contables puede demostrar el 60% de esas compras. Que el Grupo Techint, propietario de Tecpetrol SA, compró 783 millones de dólares y no puede demostrar la mitad de esas compras. Y que PAE compró 98,4 millones e igual, las tres empresas son grandes evasores fiscales de una deuda que el gobierno de Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo.

•  DEUDA CON CAMMESA: Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo de refinanciación de la deuda que acumularon durante los últimos años con la compañía bajo la conducción estatal Cammesa, cuyo monto total asciende a $ 219.615 millones. Pero sólo deberán pagar $ 80.210 millones entre ambas, en 96 cuotas mensuales (8 años) y a tasa en pesos subsidiada, ya que el resto $ 139.405 millones, es una condonación de deuda otorgada por el Ministerio de Economía como parte del acuerdo.

El 23 de junio de 2021 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), autorizó la venta del 51 % del paquete accionario de EDENOR que controlaba Pampa Energía SA, a  favor de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Los dos primeros propietarios del multimedio América, muy allegados a Sergio Massa, y el segundo, proveedor exclusivo de cloro a la empresa AYSA S.A., presidida por Malena Galmarini, esposa de Massa.

Otras distribuidoras del interior también fueron beneficiadas con un modelo similar de acuerdo de refinanciación. Pero Edenor y Edesur representan casi la mitad de una deuda total de las distribuidoras de todo el país con Cammesa por $486.419 millones.

Pero la crítica furibunda es para los subsidios que perciben los sectores desclasados y empobrecidos por el modelo que no genera trabajo en el mercado interno, cuando en el año 2022 la Administración Nacional asistió a 1.113.899 personas discapacitadas para trabajar; 281.656 madres de 7 hijos o más; 28.739 ex combatientes o ex presos políticos; 4.383.520 que reciben la  asignación universal por hijo (AUH); 103.498 en asignación por embarazo; 3.677.148 ayuda escolar a AUH; a 1.276.000 trabajadores que percibieron la mitad del salario mínimo vital y móvil en el año 2022 por el Plan Potenciar Trabajo; más políticas alimentarias y becas progresar que en conjunto significaron un gasto total de $ 1.652.300 millones (El 2,15% del PIB).

Referencias:

[1] Renta: Apropiación de una ganancia extraordinaria, que estará determinada por la diferencia entre el precio de producción individual y el precio de producción general de la rama (costos más beneficio)

[2] Preguntémonos cuanta mano de obra demanda  la exportación de una tonelada de soja o de maíz.

[3] La Dirección General de Aduana (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium, que es la primera empresa del país en producir carbonato de litio con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.  La investigación arrojó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio en derechos de exportación y le aplicó a la empresa involucrada en las operaciones una multa de $ 6.700 millones.

[4] El límite de compra vigente es de 200 dólares  por mes para empresas y  personas.

Buenos Aires, 11 de enero de 2023.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.