Ante las reiteradas agresiones e intimidaciones a reporteros gráficos realizadas desde el gobierno nacional, la sociedad aguarda que los damnificados realicen la denuncia judicial de la amenaza recibida e impulsen la acción de la justicia. Miguel Gaya, abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), nos interpela: ¿No hay fiscales ni Ministerio Público cuya obligación es impulsar esta acción? ¿No hay jueces que, llegado el caso, deben actuar de oficio?

Por Miguel Gaya*

(para La Tecl@ Eñe)

En jerga de tribunales se llama justiciables a aquellas personas que deben recurrir o deben someterse a las decisiones de los jueces para dilucidar sus derechos, responsabilidades y obligaciones con relación a un conflicto. En forma coloquial, se llama a aquellos que acuden a los tribunales impulsando una acción que les concierne. Los que peticionan ante los jueces, digamos.

En Argentina, solemos enorgullecernos, y con razón, de los ciudadanos de a pie convertidos en justiciables, que sostienen ante los tribunales sus pretensiones de justicia. Para hablar solo de quienes nos han conmovido con su lucha después de la dictadura, están los familiares de víctimas del terrorismo de Estado y los organismos de derechos humanos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo las primeras, que en estos días recuerdan el 49° aniversario de su primera ronda de los jueves.

Nadie duda que ha sido su lucha la que enervó un sistema judicial más que dispuesto a seguir haciéndose el distraído, como lo hizo durante toda la dictadura cívico-militar, y que impidió una y otra vez, diversos carpetazos para dar vuelta la hoja y garantizar la impunidad de los genocidas. Nadie duda que si somos ejemplo de lucha por los derechos humanos en el mundo, se lo debemos a ellas y ellos, porque sin su tesón muy otro hubiese sido el resultado.

Lo mismo podemos afirmar de aquellas luchas, muchas veces en solitario, de las víctimas del atentado a la AMIA, o las marchas por María Soledad Morales, y tantas y tantas víctimas de gatillo fácil, de trata, de accidentes culposos de tránsito, y un largo etcétera de iniquidades sin nombre. Ellos han sido, las víctimas o familiares directos, los que contra todo pronóstico y esperanza empujan procesos judiciales no pocas veces amañados y la mayoría enmarañados por desidia o dolo, exigiendo justicia ante tribunales sordos o inoperantes.

Entre ellos, y con justo orgullo también, destaca la lucha de los reporteros gráficos por lograr el castigo de los asesinos de José Luis Cabezas. Fui testigo y protagonista de esa lucha, y puedo afirmar que, igual que las reseñadas más arriba, se realizó a fuerza de tesón y con escasísimos recursos, más allá de la invalorable solidaridad del común de la gente. Otra vez, una lucha en solitario, con fuerzas policiales y judiciales reticentes o sencillamente en contra, que logró justicia por voluntad colectiva y apoyo popular.

Cuando la ministra Bullrich estrenó su infame Protocolo de Seguridad denunciamos que, más temprano que tarde, los reporteros gráficos y trabajadores de prensa seríamos blanco de violencia institucional. No pasó una semana de asumir el cargo y las fuerzas a sus órdenes comenzaron a herir fotógrafos con disparos deliberados, a gasearlos y golpearlos.

A partir de febrero de 2025 denunciamos esta situación ante diversos estrados tribunales. Por delitos penales, por violar la constitución, y pidiendo amparo por los derechos vulnerados. En todos advertimos el peligro inminente que la impunidad garantizada a las fuerzas de seguridad anunciaba. Todos los tribunales se lo están pensando.

El 13 de marzo fue herido gravemente el reportero gráfico Pablo Grillo por un gendarme que disparó con voluntad y conciencia del daño que producía. Luego de más de un mes, el tribunal a cargo de la instrucción se lo está pensando si cita a declarar al gendarme, y si acepta que los padres de la víctima sean escuchados en el tribunal.

Ayer, 29 de abril, el hombre más poderoso del gobierno, reconocido como tal por el propio presidente, intentó amedrentar a un reportero gráfico que lo retrataba en un lugar público tomándole la credencial identificatoria y sacándole una foto con su propio celular. El gesto tiene todos los componentes de un ritual mimado de una mala película de gánsters, con chicle masticado incluido. Movería a risa sin los antecedentes que acabo de reseñar.

Ahora todos aguardan que los reporteros gráficos realicemos la denuncia judicial de la amenaza recibida, que la víctima concurra a los tribunales para ponerse al frente del requerimiento e impulse la acción de la justicia, junto con sus colegas y la institución que los representa.

¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿No hay fiscales ni Ministerio Público cuya obligación es impulsar esta acción? ¿No hay jueces que, llegado el caso, deben actuar de oficio?

Malos tiempos en que los ciudadanos deben empeñarse en el heroísmo para defender sus derechos. Malos tiempos cuando la justicia se obstina en ser ciega para favorecer a los poderosos de turno, por muy efímeros que esos turnos resulten a la larga.  

Cuando el asesinato de José Luis Cabezas, ARGRA proclamó: “La impunidad de su crimen será la condena de la Argentina”. ¿Cuántos crímenes debemos tolerar para que actúe la justicia?

Buenos Aires, 30 de abril de 2025.

*Escritor – Abogado ARGRA