La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 encontró a la Argentina en una situación sanitaria muy dañada y en la encrucijada de la renegociación de la deuda. El Presidente de la Nación generó, a través del enfoque humanitario en el tratamiento de la pandemia, un grado de empatía que desespera a los sectores que no se resignan al cambio de giro en gobernanza y por ello en estos días asistimos a una de las operaciones disuasivas más eficaces con el objetivo de infringir daños colaterales al gobierno en la coyuntura de la cuarentena, el “Plan para la liberación masiva de presos”, enunciado del género “fake news” que permitió avanzar con ventaja comparativa, debido a las sensibilidades que hacen mella incontestable en el “sentido común”.

Por Dora Barrancos*

(para La Tecl@ Eñe)

El acoso planetario del COVID19 ha dado lugar a una vorágine de reflexiones de todo tenor y espesura. Casi todas esas manifestaciones comparten un diagnóstico sombrío y subrayan la flagrante desigualdad que queda al descubierto, las abrumadoras diferencias que se exhiben, ya que justamente la partícula no repara en diferencias por enclave social –  es “universal” hasta para la gente de mayor edad, sin miramientos de clase -, ni en las jerarquías de género –aunque hay una leve mayor letalidad para los varones. No se puede ser tan original, voy a sumarme al diagnóstico. La partícula ha socializado absolutamente la exposición al riesgo y esa comunidad del ataque es lo que permite ver mejor la profundidad de las divergencias sociales. El virus es en cualquier caso politizable, como ocurre con todas los fenómenos de la naturaleza en interacción con la cultura. La asistencia médica pública puede reducirse a su mínima expresión en épocas normales, les pobres, les excluides,  pueden estar a merced de su buena suerte donde no hay organismos estatales suficientes en número, recursos y distribución geográfica, y pueden arreglarse como puedan con nosologías que refieren cierta constancia y hasta estratificación  – sí, hay una distribución social de las enfermedades, sin ir más lejos, nuestra población travesti  no sobrepasa los treinta y poco. En épocas normales, países de cierta tradición sanitaria pública – como el nuestro -, pueden sufrir la embestida de gobiernos a contra pelo de la intervención estatal en los resortes básicos para garantizar la existencia, y darse el lujo de reducir el costeo de la salud. La doctrina monocórdica y monovalente neo-liberal ha hecho un curso amplio desde el abandono del estado de bienestar – a veces se nos escapa que esa atribución de árbitro del Estado ancló en algunas concepciones de radicalidad liberal-, pero la factura neo-liberal es un producto de la recomposición más reciente del capitalismo devenido en centralmente financiero. Cansancio del Estado que debe olvidar el principio de cobijar a todes, sacramentación del mercado cuya mano invisible sabe qué hacer. Es cierto que la adaptación del dictatum neoliberal difiere según países con mayor o menor carga de tradición de estatalidad, pero sobre todo, con relación a algún sentido general preservado por la política por cierta justicia distributiva y no apenas como ariete de los grupos dominantes. En términos gramscianos clásicos, allí donde la política es más esmerada en producir el fenómeno de la  hegemonía aumenta la posibilidad de que haya intervención estatal para asistir en materia de educación, de salud, de servicios básicos.  Desde luego no es el caso de la peculiar adopción neo-liberal en los países de América Latina, y el ejemplo de nuestro país asoma como catástrofe del experimento, hipérbole del desatino ya que hay que ser muy desatinado para alcanzar tamaña escala de endeudamiento. Si en la mayoría de nuestras sociedades el contraste entre ricos y pobres resulta abrumador – debe pensarse que el 1% de la humanidad  posee el 80% de la riqueza -, es abismal en nuestras latitudes y de modo particular en la Argentina ¿Es necesario recordar que la pobreza aumentó al compás de la intemperie de las políticas de ajuste, que se extendió la impudicia del hambre? Coincidió – menos mal!- con un periodo libre de la amenaza de una epidemia infecto-contagiosa de vértigo, de modo que el experimento argentino no trepidó en liquidar el Ministerio de Salud, de limitarle recursos, de abandonar programas. Es bien sabido que faltaron vacunas, que la incidencia  del sarampión trepó peligrosamente, que el Estado nacional estuvo ausente de la epidemia localizada del hanta virus (casi ni se enteró la población fuera de Chubut), que fueron desfinanciadas las instituciones de investigación y que el dengue ha alcanzado una expansión gravísima – hay más muertes por dengue que por COVID19 al momento de estas líneas. Para colmo, la última medida importante de quien fuera Secretario de Salud al actualizar el protocolo de actuación ILE (interrupción legal del embarazo), fue vetada por el entonces presidente de la Nación. La pandemia nos encontró en una situación sanitaria averiada y que apenas se recomponía, con ingentes esfuerzos para resolver la crisis alimentaria, sin presupuesto y en la encrucijada de la renegociación de la deuda. No se alcanza tal vez a dimensionar el coraje y la convicción con que ha actuado la máxima autoridad de la Nación, pero seguramente sí por el grado de adhesión extraordinaria que concitó en la población la medida del aislamiento social. La enorme empatía que ha despertado el Presidente seguramente se parangona con la generalizada perspectiva- contra fáctica-, de lo que hubiera podido ocurrir de haber persistido el ciclo neo-liberal.

Operaciones disuasivas

Este fenómeno de la adhesión desespera a los sectores que no se resignan al cambio de giro en gobernanza. En estos días asistimos a una de las operaciones disuasivas más eficaces con el objetivo de infringir daños colaterales al gobierno en la coyuntura de la cuarentena. La hendija que permitió avanzar con ventaja comparativa, debido a las sensibilidades que hacen mella incontestable en el “sentido común”, ha sido la cuestión del  “Plan para la liberación masiva de presos” – tal el perturbador enunciado del género “fake news”. Permítaseme antes señalar que resulta evidente que la operación “abrir el Congreso”, con la insólita travesía interprovincial protagonizada por varias/os representantes, azuzando la presunción de un impedimento de sesionar, fue un fracaso. El círculo mediático no pudo lucrar con esa especie que tuvo una repercusión muy limitada. Pero la aventura de querer averiar la singular relación positiva entre el Presidente y la sociedad pudo abrirse paso por a la necesidad de atenuar la sobre población carcelaria frente al enorme riesgo de infección en las unidades de detención. Posibilidad catastrófica avizorada por todos los países en donde la pandemia ha venido haciendo estragos, por lo que desde China a Chile han venido morigerando el número de personas detenidas en ambientes propensos a una dramática contagiosidad. Se sabe muy bien que países como Irán o Turquía han retirado de las cárceles – es difícil conocer cuál es el mecanismo, si se trata de domiciliarias u otras formas –, a un número casi increíble de presos/as pues sobrepasan los cincuenta mil. Francia determinó la prisión domiciliaria a más de diez mil detenidos/as, y Brasil – en la era Bolosnaro! – permitió la prisión domiciliaria, o abrevió penas, a treinta mil, y en Colombia  – donde hubo más de 20 muertos en un motín carcelario – el número de personas a las que se ha permitido cumplir pena en sus casas se aproxima a esa cantidad.  El New York Times  señalaba el último 28 de abril que “las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión del coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una loca lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas”. El hacinamiento en nuestras cárceles es pavoroso, y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) hace varios años que viene analizando la condición casi medieval de la vida en las cárceles sobre todo por el hacinamiento. Subrayo especialmente la condición de las mujeres detenidas y de las personas “trans”, la sordidez de los espacios, la falta de recursos de higiene, las dificultades agravadas para aquellas que tienen niños conviviendo en el encierro. Por razones más estratégicas que humanitarias, en el seno de los sistemas penitenciarios y desde luego en la membresía del Poder Judicial con incumbencia penal, hubo manifiesta inquietud respecto del espectro de la muy posible infección en las cárceles y cundió la alarma. Es claro que los organismos de derechos humanos solicitaron particular consideración a los inminentes riesgos de contagio, riesgos que no son peregrinos sino de absoluta plausibilidad. La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires se expidió en respaldo de las decisiones que podrían tomar Jueces para aliviar de modo percatado el número de las/los encarcelados. Ese fallo, sobre todo –porque en otras jurisdicciones hubo acciones judiciales consonantes y no hubo escándalo – fue la chispa que encendió a los escudriñadores de las brechas de oportunidad. No puedo pasar por alto el antecedente precursor, el hecho de que pasara a prisión domiciliaria un grupo mínimo de detenidos que correspondían al malhadado kirchnerismo – Luis D´Elia, con serias dificultades de salud, Amado Boudou (que no tiene sentencia firma), y Ricardo Jaime. El elenco comunicacional “meta estable” -diría el gran Jean Paul Sartre- encontró exactamente el objeto. Desató la altisonante campaña que convenía a su horma, machacando con vértigo acerca del inminente riesgo de que la delincuencia quedara en absoluta libertad. La verdad es que no llegan a 800 las personas que han sido alcanzadas por el instituto de la “prisión domiciliaria”, o que han obtenido el adelantamiento del cumplimiento de la prisión por mediar muy poco tiempo para que esto ocurra. Desde luego, no puede admitirse que estas acciones de beneficio, tendientes a aliviar la demografía carcelaria en la doble perspectiva humanitaria y funcional preventiva, asistan a delincuentes de hechos graves, y subrayo absolutamente a quienes tienen condena por acciones de lesa humanidad, homicidas, femicidas, violadores y abusadores sexuales. Nos sorprende que al menos en algunos casos haya habido tan absoluta negligencia por parte de las/los operadores judiciales. Debe saberse que el violador consiste en la perpetuación de lo que podría equivaler a una “lógica sinergial de sistema”: la enorme experiencia acumulada indica que casi en la totalidad de los casos los violadores no se sustraen a la repetición. No hay ninguna condición de posibilidad – ni edad, ni comorbilidad – que pueda argumentarse. Deberán aislarse, en el mismo centro de detención, a quienes pueden estar más propensos a un contagio letal.

De cualquier modo, no es este el ángulo pernicioso el que ha movido a los estrategas de la disuasión del vínculo empático de la sociedad con el Presidente. Finalmente les importa poco el costado verdaderamente vituperable de lo que ha ocurrido con la decisión de algunos jueces. El asunto es el estruendo, lo insidioso, lo falsificado que puede minar el sortilegio de la empatía que los irrita. Desde luego, hay que hacerse de más dispositivos disuasivos y evitar así que se consolide el consentimiento para avanzar en decisiones transformadoras de este injusto orden social. Apostemos a que no puedan.

Buenos Aires, 2 de mayo de 2020

*Doctora en Historia. Investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina.​ Forma parte del equipo de académicos e intelectuales que fue nombrado por el Gobierno nacional como asesores del presidente Alberto Fernández.