La irrupción de “redes sociodigitales”, como las define Martín Becerra, investigador principal en el CONICET, docente en diversas universidades nacionales y especialista en medios de comunicación e industrias culturales, está produciendo una veloz transición en el consumo de noticias que afecta la influencia de los medios tradicionales en la construcción de agendas públicas que, a su vez, modifican o alteran las conversaciones que la sociedad establece. La compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por el Grupo Clarín, se presenta como un grado inimaginable de concentración mediática aun tomando como referencia el esquema de privatizaciones realizado durante el menemismo. La entrevista es extensa y transcurre por senderos de sumo interés que proporcionan al lector un profundo panorama sobre el estado de la comunicación social y periodística en el país. Un entramado que vincula intereses económicos con grupos de poder – nacionales e internacionales – que no excluye el surgimiento de streamings y cómo es utilizada la pauta oficial y publicitaria. El Decreto 70/23 firmado por el presidente Milei y la alteración no sólo del esquema de distribución de pauta sino también la modificación del la Ley de Acceso a la Información Pública y el ataque a periodistas, definen un oscuro presente no exento de un creciente clima de violencia simbólica que está validado por la voz presidencial.

Los invitamos a leer esta entrevista con Martín Becerra. Creemos que leerlo – a Becerra – será, además de una experiencia enriquecedora, un ejercicio cívico para la comprensión de los procesos infocomunicacionales mediante los cuales los argentinos nos informamos, procesos que además son formadores de opinión.

Por Conrado Yasenza

(para La Tecl@ Eñe)

– Para comenzar, una pregunta (amplia) sobre el estado actual de la concentración infocomunicacional en la Argentina, teniendo en cuenta la operación de compra de Telefónica por parte de Telecom y también que la Secretaría de Comercio e Industria presentó un informe de objeción de esta operatoria. El panorama se complejiza, además, con la entrada de Starlink para comercializar los servicios de conectividad satelital en el país y la llegada al gobierno de Javier Milei, quien mediante el DNU 70/23 modificó regulaciones vigentes hasta su llegada al poder.

– Partamos de la resonante, controvertida y paradójica compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por el Grupo Clarín. Esta operación, presentada como un hecho consumado al presidente Javier Milei en febrero pasado, eleva los niveles de concentración infocomunicacional argentina a niveles inimaginados por Carlos Menem cuando comenzó la etapa de privatizaciones en 1989 que habilitó la constitución de los multimedios, facilitó cruces propietarios, habilitó la presencia de capitales extranjeros y permitió la constitución formal de cadenas en la programación que irradian las cabeceras situadas en Buenos Aires al resto del país. Desde aquel entonces corrió mucha agua bajo el puente, pero todos los presidentes, con la excepción de Cristina Fernández solamente en el caso de Clarín (porque en su gobierno hubo guiños para otras concentraciones de mercado protagonizadas por grupos de escala inferior a la de Clarín, probablemente con la expectativa de crearle competidores al conglomerado liderado por Héctor Magnetto), avalaron un proceso de concentración de las comunicaciones en cada vez menos manos, cada vez más poderosas. Ejemplo de esto es que Clarín engulle ahora a Telefónica vía Telecom, sepultando los compromisos de la privatización de ENTel hace 35 años, que fijaba la actividad de telecomunicaciones como exclusiva de las operadoras beneficiadas que, además, eran separadas incluso en su despliegue territorial de redes y servicios. Después de fracasar las negociaciones con el kirchnerismo para acceder a Telecom, Clarín logró finalmente que Mauricio Macri pavimente con cambios regulatorios a medida (redactados en estudios de abogados del Grupo y compilados rústicamente por Fabián «Pepín» Rodríguez Simón) la megafusión Cablevisión-Telecom. La operación de este año con Telefónica era rumor conocido y, de ahí, que Milei, su vocero Manuel Adorni y otros funcionarios ya en 2024 ventilaran varias críticas contra Clarín, acusara a Telecom (y a Telefónica) de acumular deudas en los aportes al Fondo de Servicio Universal que Milei disolvió por decreto en enero último (conservando la obligación de aportes del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que ahora el gobierno maneja a discreción). Milei, que en sus charlas en cenáculos de la ultraderecha occidental se pavoneaba con la defensa de monopolios privados, al reconocerse incapaz de imponer la venta de Telefónica a alguno de sus sponsors empresariales, pegó un giro insólito para su dogma y salió a defender a usuarios y consumidores quienes, afirma, se verán perjudicados por lo que él mismo denomina «monopolio» en manos de Clarín.

El Estado argentino, en este caso el Gobierno de Milei, puede usar las facultades para intervenir ex post y podría, desautorizar la compra, autorizarla, o bien autorizarla parcialmente, condicionándola (por ejemplo, podrían decir, «tienen que desprenderse de las operaciones móviles en tal porcentaje o de telefonía fija y conectividad fija a internet en las provincias donde superan el 40 o el 50% del mercado). De hecho, ha habido otras concentraciones de mercado en comunicaciones donde se le han impuesto condiciones a las concentraciones de mercado. Los misiles que lanza la Casa Rosada contra el Grupo Clarín y los ataques a algunos de los columnistas que se permiten algunas críticas a las políticas oficiales, así como algunas producciones editoriales muy incómodas para el gobierno, se inscriben en las negociaciones en torno a los condicionamientos a la nueva concentración protagonizada por el conglomerado que está por cumplir 80 años.

En paralelo, Starlink es una presencia disruptiva en la conectividad fuera de los grandes centros urbanos. La constelación de satélites de órbita baja de Elon Musk fue beneficiada por la relajación de requisitos para operar desde el principio de la presidencia de Milei y ya es un operador importante en ese sector, claro que todavía no está integrado de modo convergente con otros sectores como los servicios de comunicaciones móviles o los medios audiovisuales. No obstante, su crecimiento merece ponderarse porque potencialmente puede asociarse con plataformas de comercio electrónico o prestadores audiovisuales.

Starlink es un caso singular de expansión por parte de una compañía estadounidense en el marco general de la huida de la Argentina de capitales extranjeros: según un relevamiento de la consultora PwC citado por La Nación, al menos 70 compañías multinacionales decidieron vender sus negocios en el país, cediendo sus activos o transfiriendo operaciones a capitales nacionales o regionales.

Ahora bien, a la sombra gigantesca de la nueva megaconcentración de Clarín y del peculiar caso de Starlink, hay muchos movimientos en la estructura de propiedad de las comunicaciones que merecen ser analizadas porque le imprimen novedad al panorama del sector. La morfología de las comunicaciones no sólo es más concentrada, sino que los capitales extranjeros venden a capitales nacionales activos muy importantes, como Telefé, el canal de mayor audiencia, cuya red «federal» venía desarticulándose en los últimos años, a medida que empresarios de escala subnacional (como el Grupo Televisión Litoral) fueron comprando a Paramount/Viacom algunos de los canales que la conformaban. Otro tanto ocurrió con DirecTV, previamente, que AT&T le vendió al Grupo Werthein en toda la región latinoamericana.

En un nivel «meso», es decir, en procesos de concentración de menor escala, hay que citar la constitución de medios paraoficiales como El Observador, con la presencia de capitales del país y de Uruguay, Neura, La Derecha Diario, el canal de streaming Carajo, en manos de los mismos dueños de Blender, con Augusto Marini como cara visible.

Otra tendencia relevante es la retirada del mercado de medios de propietarios tradicionales y la llegada de capitales que no tienen un pasado periodístico ni como creadores de contenidos. La venta del Diario Río Negro, que por primera vez en su larga historia no tendrá entre sus controlantes a la familia fundadora, se realizó a un grupo con intereses en el sector farmacéutico, hotelero y de la construcción, no a una empresa periodística.

También hay grupos relativamente estables y con grandes audiencias, como es el caso de Cadena 3, con sede en Córdoba, el Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ámbito Financiero, entre otros medios) o el Grupo Olmos (CrónicaTV, diario Crónica, entre otros).

Estos movimientos tienen un común denominador y es económico: la crisis de ingresos de los medios de comunicación (tradicionales y digitales) activa la transferencia de empresas a manos de capitales que entienden que los medios son lubricantes para sus otros negocios, les sirven en la interlocución política con gobernantes, empresarios y jueces, y son una inversión en la que el rojo en el balance es un mero daño colateral porque lo compensan con los ingresos de las otras actividades. También hay dinero de la política, pero esto no es novedoso, si bien habría que ver en qué magnitud los fondos de la SIDE están siendo usados también en los cambios de propiedad de medios.

Por supuesto, uno de los varios efectos directos de este panorama es la mayor precarización del trabajo periodístico, porque su objetivo está subordinado a la capitalización de otras actividades y el contenido informativo importa menos.

– Qué grupos comunicacionales han surgido en este último tiempo y cómo modifica el escenario de relaciones entre grupos infocomunicacionales y poder, quiero decir, cómo altera el surgimiento de esos nuevos grupos, el escenario de vinculaciones entre poder económico y poder político.

– Algo de esto respondí en la anterior, por ejemplo, con el feed lot de medios paraoficiales que producen contenidos para su posterior viralización en plataformas digitales. La venta de medios en propiedad de extranjeros a grupos locales altera las relaciones de poder político y económico en el sector, porque los grupos locales tienen, de modo más nítido, intereses en campos de la economía donde la regulación estatal es clave y, en consecuencia, su orientación política suele ser más manifiesta. Pensemos en el Grupo América, que tiene a Daniel Vila, José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione (desde 2024) con sus paritarias abiertas en simultáneo con el gobierno nacional, con gobiernos provinciales y municipales, en la multiplicidad de negocios conjuntos y separados que gestionan. Scaglione desembarcó así en Buenos Aires, tras haber consolidado su posición en Rosario y comprar medios en otras localidades.

Otro caso de interés es La Nación, que durante el gobierno de Milei presenta un caso singular: el desacople editorial entre el diario, nave nodriza del grupo, que muestra cierta vocación para recuperar la producción periodística e informativa basada en hechos, y el canal de tv LN+, cuyo alineamiento con los designios del gobierno nacional es desembozado en casi toda su programación. Además, La Nación aprovechó un error no forzado del Grupo Octubre en su FM Aspen para crear Radio La Nación, pero en este caso se trata casi de un negocio tercerizado, una unidad que no es periodística, además.

Además, hay grupos que, sin ser nuevos, están consolidándose y otros, debilitándose en estos últimos años. Ejemplo de la primera tendencia es El Destape, mientras que Octubre parece representar la segunda; en ambos casos, hablamos de medios con una línea editorial relativamente afín. Los canales de tv de Perfil acusan una crisis de sostenimiento, mientras que hay canales de streaming como Luzu, Olga, y los más políticos Gelatina o Blender que han crecido en audiencia y programación en los últimos años.

– Con relación a las modificaciones que el gobierno de Milei generó a través del DNU70/23, cómo se distribuye hoy la pauta oficial, de qué modo, y también la pauta publicitaria: en este punto existe un factor interesante a analizar, el surgimiento de los streamings.

– Hay una inteligente táctica del gobierno de Milei en relación a un tema muy viscoso como la publicidad oficial, que históricamente fue tan importante para la economía de los medios como poco regulado en lo político, justamente porque lubrica los apoyos y silencios de medios, productoras y periodistas a gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Milei llevó a mínimos el gasto del Poder Ejecutivo en pauta, realmente hay pocas campañas publicitarias (lo que, bien mirado, erosiona la obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno), pero multiplicó varias veces el gasto en publicidad y propaganda de empresas que maneja el gobierno, como YPF, o del Banco Nación. Es decir que hay una hipocresía muy grande al respecto, ya que, con gastos de marketing de empresas y organismos estatales, el gobierno paga espacios en medios (como La Derecha Diario, Neura), paga pasajes y traslados a animadores oficialistas, da dinero a productoras de programas de televisión, radio, medios escritos y digitales. Como el propio Milei recortó el derecho de acceso a la información pública por decreto, resulta que las cuentas de las empresas y organismos estatales son mucho más opacas que en gobiernos anteriores, lo que impide controlar con detalle el gasto real en publicidad oficial.

El doble movimiento de retirar al Poder Ejecutivo como gran anunciante y de canalizar la propaganda paga a través de empresas estatales con mayor discrecionalidad en la orientación del gasto, profundiza la crisis de los medios porque esto se suma a la mudanza de la inversión publicitaria privada desde los medios a las plataformas digitales, proceso que vemos en todo el mundo como efecto directo de los cambios de hábitos de información y entretenimiento en los entornos digitales.

Los canales de streaming no son, per se, beneficiarios directos de estos cambios. Algunos, militantes libertarios (Carajo) obviamente reciben recursos estatales ya que cuentan con entrevistas exclusivas y acceso a información privilegiada; algunos de sus animadores son funcionarios del gobierno y además cuentan con sponsoreo oficial, pero otros canales de streaming sufren la política de medios de Milei al igual que los medios tradicionales.

– De qué modo los medios de comunicación se relacionan con las tecnologías de la información y cómo esto afecta la diagramación de la agenda pública y de nuestras conversaciones.

– Asistimos a una veloz transición en el consumo de noticias que disminuye aún más la influencia de los medios tradicionales, como constata la encuesta global del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford este año. El ambiente fragmentado de la oferta, con la multiplicación de creadores de contenidos, tiene su contracara: la concentración de las plataformas de distribución de información y opinión en manos de los conglomerados dueños de las plataformas de video (YouTube, Twitch) y redes sociodigitales (TikTok, Facebook, Instagram y X).

Pero si analizamos el proceso de construcción de agenda pública, observamos que el crecimiento de las redes sociodigitales no se hace a expensas de la circulación de información (y desinformación) producida por los medios, sino de su economía. Quiero decir que los contenidos editados por las empresas periodísticas siguen organizando debates políticos y discusiones públicas en los entornos digitales, por ejemplo, en forma de recortes de videos que se viralizan en las redes o por WhatsApp, pero que son videos originalmente producidos en un set de tv o en un estudio de radio. Claro que las empresas periodísticas perdieron el control de la distribución masiva y de la comercialización de esos contenidos en manos de las big tech. Google, Meta, TikTok o X son hoy los poderosos intermediarios que, con su programación algorítmica y su curaduría personalizada, estimulan u obturan, según sea su política corporativa, la circulación de los contenidos que producen los medios y otras organizaciones (como los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos), incidiendo en la construcción de la agenda de conversaciones y, por cierto, en nuestras percepciones y fuentes de información.

Estos son efectos directos de la plataformización de las comunicaciones, que afectan tanto la producción de contenidos como su circulación social, su acceso, uso y consumo, y por supuesto alteran completamente la organización de los procesos de trabajo de información, de cultura, de entretenimientos.

– Volviendo a los streamings, qué caracterización tiene de ellos. Y cómo afecta o amenaza la viabilidad de la TV por cable y abierta, que ya viene afectada por la irrupción del consumo a demanda vía YouTube y otras plataformas.

– Se trata de una renovación estilística, generacional y de una exploración que combina formatos previos en materia de contenidos, pero también de organización industrial de la producción de contenidos de opinión, información y de entretenimientos. La exploración del streaming involucra los modelos económicos, los ingresos, la comercialización, la distribución y los negocios. Es lógico que -tal como ha ocurrido con otros formatos en esta era digital- haya interés del mercado publicitario y de la política por aprovechar la oportunidad de una vía de contacto cercano, más personalizado que otros medios y multiplataforma.

Su dependencia de las dos grandes plataformas de Google (YouTube) y Twitch (Amazon) es un talón de Aquiles de este fenómeno de crecimiento volcánico en algunas ciudades, sobre todo Buenos Aires, y es interesante cómo el ecosistema de streaming naturaliza esa dependencia de modo acrítico. Creo que es un gran problema, porque un cambio en la programación algorítmica de esas plataformas determina el impulso o la crisis terminal de modelos en desarrollo.

El desafío de los canales de streaming consiste en lograr escala, estabilidad, lenguaje propio con formatos consistentes, interpelar demandas sociales de sus públicos/audiencias/usuarios.

Ahora bien: los diagnósticos afiebrados que ven en el streaming un quiebre de la cultura contemporánea -por los cambios que implica en la relación con el sonido- desatienden una constante de todos los procesos tecnológicos emergentes, y es que éstos demandan tiempo y prácticas sociales para asentarse en la cultura. Hay modas que son tendencia pasajera y otras que son duraderas. 

Como en toda innovación de lenguajes, de soportes y de géneros, en los canales de streaming hay simultáneamente una exploración y una apuesta, pero no un reemplazo. Si se concibe al streaming como formato en relación a formatos previos, estamos en su infancia aún, de modo tal que todavía hay mucha exploración e indefinición acerca de lo que serán sus rasgos cuando consolide prácticas hoy emergentes.

Las apuestas para generar plataformas mercantilizadas de streaming son un movimiento de incipiente industrialización. Más allá de las profecías apocalípticas sobre el fin de los medios tradicionales, el streaming no es un reemplazo sino un complemento que obliga a revalorar el vivo y el directo que le dio a la radio y a la tv significación social masiva.

– Qué análisis hace de la experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tanto en su implementación como en su funcionamiento que incluye entes creados para ponerla en vigencia.

– Comienzo por señalar que mi balance general es favorable: el debate que precedió a la tramitación de la ley por el Congreso, e incluso la discusión pública posterior, hasta que en 2013 una mayoría contundente de la Corte Suprema de Justicia (6 votos contra 1) avaló la plena constitucionalidad de la ley audiovisual, representa un avance en la conciencia sobre los intereses mundanos de los medios, sobre el derecho de toda persona a ejercer su expresión por todos los medios, sobre los riesgos que supone la concentración excesiva de medios en pocos grupos, sobre la falta de federalismo del ecosistema de medios del país, sobre la consecuente necesidad de habilitar espacios para que organizaciones sin fines de lucro accedan a licencias audiovisuales, sobre la obligación estatal de garantizar mecanismos de financiamiento para estos sectores, a modo de compensar las desigualdades creadas por el mercado, sobre la necesidad de que haya producción nacional, local e independiente… todos los valores, lo sé, que hoy, a más de 15 años de la sanción de la ley, no están en agenda.

No obstante, he sido y soy crítico de la implementación de la ley por parte del gobierno que la promovió. Es paradójico: el propio oficialismo de entonces, que impulsó una norma que reemplazó nada menos que un decreto dictatorial de Videla en materia de radiodifusión, fue la fuerza que profanó los objetivos de la ley en su aplicación. Tengo ejemplos concretos: desde la escasísima habilitación de concursos para que organizaciones sin fines de lucro pudieran acceder a licencias, pasando por la pésima gestión de los procesos de adecuación de los grupos más concentrados (comenzando por el Grupo Clarín y también por Telefé, que era, entonces, de Telefónica), siguiendo por la manipulación de los medios estatales (centralmente, Canal 7 y Radio Nacional) para subordinarlos a una intemperante línea editorial oficialista, o por la descoordinación de políticas que pudieron haber tenido mucha mayor incidencia, como el caso de la TDA (televisión digital abierta).

Soy consciente de que grandes grupos, como Clarín o América, pusieron trabas judiciales a la implementación de la ley. Es lógico: todos éramos conscientes de esto, a menos que alguien suponga que una ley que modera la concentración de mercado va a ser aceptada mansamente por los más concentrados de ese mercado. Ahora bien: la constitucionalidad de la ley audiovisual debía aprovecharse para avanzar con políticas respetuosas de la letra de la norma, no para apartarse de su contenido en aras de torcerle el brazo a Clarín por las malas, es decir, con atajos que la ley propuesta y votada en 2009 por el Congreso no lo permitía. De hecho, el gobierno entonces eligió esta vía, que criticó y criticó, y fracasó.

– Qué opinión le merece esa suerte de máxima implícita (y no tanto) que reza que el periodismo y la política circulan por las redes sociales, y en tanto esa circulación sea real y manifiesta, aquellos periodistas y políticos que no están en ellas, o que no intervienen en ellas activamente, «no existen» en tanto quedan fuera de la conversación política.

– Soy profundamente crítico de esa opinión, puesto que no repara en la centralidad que tienen los medios tradicionales para la política profesional como espacios industriales donde se producen los contenidos que después circulan masivamente en esos mismos medios y en las redes digitales. Aparte, subestima el consumo y uso de medios por parte de distintas generaciones y en distintas localidades: no toda la experiencia social con la comunicación se reduce a la anécdota de un hogar de clase media porteña dotado de múltiples redes de conectividad y dispositivos de acceso. Pensemos en el ascenso de MIlei y en la obsesión que demuestra al conceder charlas (llamadas «entrevistas») con animadores oficialistas famosos de radio y tv con una frecuencia que es, de mínima, semanal. Parte de la furia que descarga Milei contra periodistas y medios repone esa centralidad como «fábricas de consenso», como diría Noam Chomsky. Su propia historia como panelista televisivo, que lo catapultó hacia el conocimiento masivo, ocurrió en los estudios de medios tradicionales. El electorado conoció a Milei gracias a la cesión del tiempo televisivo que le dieron las empresas de medios. Las mismas empresas que ahora permiten sin pudor que el gobierno edite las entrevistas que les concede antes de difundirlas por sus canales habituales.

Por supuesto, las redes son fundamentales también, ya que reproducen, amplifican y permiten recuperar asincrónicamente los contenidos producidos por los medios, por lo que sería un error de la política tradicional ignorar su valor estratégico en la interlocución con la ciudadanía.

– Cómo observa la irrupción en la voz pública, mediada por partidarios de La Libertad Avanza, de pronunciamientos, enunciados y otras manifestaciones que reivindican el terrorismo de Estado.

– La reivindicación del terrorismo de Estado nunca estuvo ausente desde la recuperación del régimen constitucional de gobierno en 1983. Es apología de la violencia, es ilegal y es anticonstitucional. Hasta diciembre de 2023, ese discurso era marginal en el espacio público y en la representación política.

Lo novedoso, hoy, es que esa reivindicación sea realizada desde el Poder Ejecutivo y por importantes sectores del empresariado y de la intelectualidad (considero al periodismo una profesión intelectual) ante la pasiva inadvertencia o distracción de los poderes legislativo y judicial. Mientras que, hasta Milei, la reivindicación del terrorismo de Estado era consciente de su ilegalidad, y buscaba subterfugios o metáforas para expresarse, hoy está habilitada desde la cúpula del Estado, en los tres poderes. Hoy es discurso oficial.

Por supuesto, este es un problema que excede con creces la cuestión normativa. Insisto en resaltar su carácter anticonstitucional e ilegal, pero aún si algún fiscal o juez en el país recordara las prescripciones constitucionales y legales vigentes, el problema seguiría irresuelto, porque en el fondo refleja, ya en términos sociológicos, una erosión del consenso democrático y de la condena a los crímenes cometidos por el Estado, sobre todo (aunque no únicamente) a partir de su toma violenta por las fuerzas armadas en 1976.

Es por eso que, creo, la creciente degradación del estado de derecho por parte del actual gobierno de Milei produce efectos desparejos en la sociedad, e incluso en los sectores organizados de la comunidad. Revertir este enorme problema exige, en primera instancia, escuchar y comprender las razones por las cuales amplios sectores sociales valoran de modo distinto, hoy, las experiencias de violencia política y, particularmente, del terrorismo estatal, de hace 50 años.

– Para finalizar, en qué modo y de qué manera se ve afectada la libertad de expresión y de información en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

– En su primer año y medio de mandato, Milei dedicó buena parte de su tiempo en la conducción del Estado a carcomer la libertad de expresión. El daño no se circunscribe sólo a su verborragia, a la detención de reporteros o al atentado contra la vida de Pablo Grillo, sino que también incluye la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, las demandas judiciales contra periodistas y accionistas de empresas de comunicación, el vaciamiento de los medios estatales, la suspensión de las líneas de apoyo -legalmente vigentes- a medios comunitarios y la eliminación de límites a la concentración de la propiedad de grandes grupos, lo que reduce la circulación masiva de fuentes, informaciones y perspectivas diversas a nivel federal.

Está claro que en nuestra historia reciente podemos hallar casos de abusos oficiales que restringieron la libertad de prensa contra periodistas y medios, y varias políticas reñidas con el derecho a la libertad de expresión -que comprende a todas las personas (no sólo a periodistas)-, pero la escala de atropellos que conduce Milei no tiene parangón. La cantidad y la profundidad de los ataques del actual gobierno ha llamado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Reporteros Sin Fronteras, de los sindicatos de periodistas del país y del exterior, de Fopea, de organismos de derechos humanos, del campo académico e incluso de las centrales empresariales del sector.

La insistencia de Milei en “marcar” periodistas, la mayoría mujeres, identificarlas como blancos y desatar su furia abusando del poder como presidente contra ellas para, así, arrastrar campañas de hostigamiento en entornos digitales y también en espacios físicos tangibles, responde a una estrategia que copia el modelo de Trump y Bolsonaro.

La evidencia muestra que la propagación de odio y la apología de la violencia ejercida desde la cúspide de la institucionalidad estatal interpela a una parte de la sociedad que, a su vez, radicaliza sus posiciones al saberse amparada por una autoridad como el presidente.

Sus campañas de acoso no serían tan eficaces si Milei no contara, entre sus numerosos aliados en el hostigamiento a periodistas, con el apoyo entusiasta de grandes medios y de muchos conductores notorios de tv y de radio, ahora también con negocios en canales de streaming, que contribuyen a amplificar el ataque contra sus propias y sus propios colegas. Tampoco tendrían la importancia que tienen si en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial hubiese algún tipo de límite. Recién en el último mes registramos la desestimación de una de las denuncias de Milei contra Ari Lijalad o Carlos Pagni por parte del juez Rafecas, o una declaración en solidaridad con el diputado Esteban Paulón a raíz de la campaña homofóbica y violenta del streaming paraoficial Carajo desatada contra él, pero convengamos que son escasas las señales del Congreso y de los jueces ante los atentados cotidianos contra una de las libertades inalienables de la convivencia democrática, como lo es el derecho a la expresión libre.

Fotos: Gentileza Antonio Becerra Pegoraro

Viernes 18 de julio de 2025.

Martín Becerra se graduó de Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, recibiendo los títulos de Magíster y Doctor en Ciencias de la Información. Es investigador principal en el CONICET y docente en diversas universidades nacionales. Becerra es especialista en medios de comunicación e industrias culturales.

---

Conrado Yasenza es periodista, Licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde dicta la materia Periodismo y Literatura.

@conradoyasenza / @LaTeclaEne

---

Colaborá con LA TECLA EÑE

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe.Pueden colaborar con $5.000 o $10.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Alias de CBU: Lateclaenerevista

---