El Día Internacional de la Niña, celebrado cada 11 de octubre, nos interpela a reflexionar sobre la injusticia que enfrentan millones de niñas.

Por Claudio Altamirano*

(para La Tecl@ Eñe)

En un mundo donde la rentabilidad prevalece sobre la humanidad, estas niñas son víctimas de un sistema que les arrebata sus derechos y las expone a la violencia y la explotación. A pesar de los avances, perdura una gran distancia entre los compromisos asumidos y la dura realidad que viven. Las barreras estructurales y culturales perpetúan su exclusión, principalmente en situaciones de pobreza, conflictos y crisis globales. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, aún fracasemos en proteger a las niñas?

La historia de Amira, una niña de 7 años atrapada en un conflicto armado, es desgarradora. Su escuela, que solía ser un refugio de aprendizaje y esperanza, ha sido reducida a escombros. Cada día vive con temor; la violencia y la muerte son parte de su vida cotidiana. Al igual que otras niñas, Amira, enfrenta el riesgo de ser reclutada por grupos armados, sufrir abuso sexual o ser brutalmente desplazada. El derecho internacional humanitario establece un principio fundamental: no matar a los niños, no entrar en sus casas, no tomarlos como rehenes y no privarlos de agua y comida. ¿Se está cumpliendo?  Según UNICEF, más de 460 millones de niños viven en países afectados por la guerra.

“Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano», afirmó Malala Yousafzai, valiente defensora del derecho a la educación y Premio Nobel de la Paz, consciente de que la educación es esencial para su empoderamiento. Sin embargo, este poder se niega a más de 122 millones de niñas. Casi 1 de cada 5 no termina la secundaria y cerca del 40% no concluye el segundo ciclo. El trabajo infantil, los embarazos adolescentes y los matrimonios forzados las condenan a una vida sin oportunidades. ¿Cómo podemos esperar un futuro mejor si no les damos a nuestras niñas la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente?

La violencia hacia las niñas adopta lacerantes formas. En América Latina, el 58% de las niñas y niños ha sufrido algún tipo de abuso físico, sexual o emocional en el último año, siendo las niñas víctimas, frecuentes de la trata y la explotación sexual. Esta realidad revela una verdad perturbadora: las niñas son vistas como mercancías en un sistema que no valora su dignidad. Víctor Jara, en su canción “Luchín”, nos invitó a «abrir todas las jaulas para que vuelen como pájaros».

Al igual que la selva amazónica, las niñas son despojadas de su humanidad y autonomía en un sistema impulsado por la avaricia que prioriza el lucro sobre sus derechos. La violencia que enfrentan refleja estructuras sociales y culturales que perpetúan la opresión. Así como se arrojan venenos en la selva, las niñas son sometidas a prácticas desubjetivantes, como la mutilación genital femenina, una manifestación brutal del control patriarcal que les roba el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Las crisis globales, como la pandemia del COVID-19, han profundizado las desigualdades que enfrentan las niñas obligándolas a abandonar la escuela, trabajar o casarse a temprana edad como estrategia de supervivencia.

El matrimonio infantil es un producto tóxico de la desigualdad económica y de género. Alrededor de 640 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años. Antes de la pandemia, 100 millones de niñas estaban en riesgo de matrimonio infantil; ahora, esa cifra ha aumentado en 10 millones. Además, el cambio climático agrava su vulnerabilidad, ya que crisis como sequías e inundaciones aumentan sus responsabilidades en el hogar y, por ende, exacerban las desigualdades de género.

No podemos ignorar la violencia institucional contra las niñas. Recientemente, en nuestro país, Fabricia, una niña de 10 años, fue rociada con gas pimienta en los ojos por la policía durante una feroz represión a una movilización en favor de los jubilados. Este hecho evidencia la falta de voluntad política para aplicar las leyes de protección infantil, como la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño. En vez de pagar justicia social, el Gobierno pagó el gas pimienta, le convenía, dijo el papa Francisco. ¿Cómo permitimos que las niñas sufran abusos por parte de las instituciones que deberían protegerlas?

El gobierno de Javier Milei ha retrocedido en materia de derechos humanos, especialmente en la infancia. La pobreza infantil ha alcanzado cifras aterradoras: el 66,1% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años viven en situación de pobreza, lo que equivale a 7,3 millones. Esta crisis se agrava con la destrucción de empleo estatal y el desmantelamiento de políticas públicas, como los despidos masivos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde se han desvinculado 600 empleados en los últimos nueve meses. Las políticas neoliberales han desfinanciado el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos, ignorando la necesidad de priorizar a los más vulnerables. Sin políticas redistributivas, el riesgo de “descarte humano” se agrava, aumentando la violencia y la desolación.

Un informe reciente de la ONU criticó las políticas de infancia del gobierno, señalando recortes presupuestarios y desinversión en áreas clave como la educación y salud. Hoy, casi el 60% de los niños carece de acceso a alimentos y necesidades básicas. Imaginemos a Valentina, una niña de ocho años que lucha junto a su familia por conseguir comida y se va a la cama sin cenar, al igual que un millón de niños empobrecidos. Los pobres de nuestro tiempo, como lo fueron en todos los tiempos, soportan una realidad que es producto de una injusticia estructural en la distribución del ingreso.

El aumento de los casos de abuso y pornografía infantil, junto con la falta de mecanismos de denuncia y recursos, deja a muchas niñas en extrema vulnerabilidad. La indiferencia de las autoridades y las instituciones es un peso muerto que mantiene el sufrimiento y la injusticia. La ONU exige mejoras urgentes en la protección infantil y la continuidad del Plan ENIA para prevenir embarazos no deseados. Además, crece la preocupación por la represión hacia menores y los proyectos que buscan reducir la edad de imputabilidad.

El Día Internacional de la Niña debe ser un imperativo moral, recordando la deuda histórica que tienen los Estados con las niñas. La poeta Mónica Tirabasso escribió: «Los derechos de la infancia no se escriben en la arena porque se los lleva el agua cuando sube la marea”. En este sentido, como un río que se conecta con otros afluentes, el pueblo debe concertar acciones comunes para demostrar un nuevo poder democrático. De este poder humano que defiende la humanidad, surgirán nuevos gobiernos y liderazgos comprometidos con la justicia social.

Necesitamos un cambio profundo que garantice el acceso a la educación y la protección legal, y que derribe las barreras socioeconómicas y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia. Es preocupante que el 1% más rico de la humanidad acumule más riqueza que el 95% de toda la población mundial, mientras que los países del Sur global, que representan el 79% de la población, sólo poseen el 31% de la riqueza. En un contexto donde se exalta la acumulación de riqueza como una virtud, la esperanza reside en nuestro compromiso colectivo para transformar esta realidad.

La palabra debe acompañar a la acción, para que las niñas, dondequiera que estén, tengan la oportunidad de ser libres y prosperar. El bienestar, los derechos humanos y el empoderamiento de todas las niñas del mundo son prioritarios para cumplir con el Objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas». ¿Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad o seguiremos perpetuando un sistema que traiciona a las más vulnerables?

Un mundo mejor será posible cuando cada niña tenga la oportunidad de crecer empoderada y convertirse en líder en su comunidad y país. «Cuando trataron de callarme, grité. -Teresa Wilms Montt-. El grito de las niñas y su pueblo excluido puede despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos que son, en definitiva, los que deben hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales que ya están consagrados en las leyes, pero que no se cumplen.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2024.

*Educador, escritor y documentalista argentino.