Rodolfo Hamawi advierte en esta nota que la producción cultural de la Argentina corre el riesgo de quedar desfinanciada si no se desactiva la ley 27.432 que establece la caducidad, el 31 de diciembre de este año, de todas las Asignaciones Especiales destinadas a la actividad cultural.

Por Rodolfo Hamawi*

(para La Tecl@ Eñe)

Buena parte de  la actividad cultural en Argentina tiene sus días contados si no se toman las medidas para desarmar una bomba que se activó en diciembre de 2017 a través de la ley 27.432. La misma establece que todas las Asignaciones Especiales destinas a la actividad cultural, entre otras, tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. De aplicarse esta norma, buena parte de la producción cultural se paralizaría.

Intento con esta nota, ampliar algunos conceptos para que puedan ser comprendidos por quienes no están directamente involucrados con el quehacer cultural, se tome conciencia de las consecuencias que la no renovación de esta ley implica y se sumen voluntades para enfrentar la asfixia cultural que esto produciría.

Antecedentes.

Un impuesto o gravamen con Asignación Específica es aquel por el cual un porcentaje de lo recaudado, en vez de destinarse a Rentas Generales, va directamente a un organismo establecido. Por ejemplo lo recaudado sobre el impuesto al cigarrillo ingresa a la cuenta del ANSES, un porcentaje de los recursos obtenidos del pago por los Derechos de Exportación se destinan al INTA, INTI Y SENASA. La Constitución Nacional faculta otorgar estas Asignaciones Específicas como una forma de fomento de determinadas áreas donde el suministro de recursos no dependa de la voluntad del gobierno de turno.

Hay varios antecedentes en la forma de financiación de las políticas culturales:

La Ley 17. 741  “De Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional” del año 1968.  En ella se crea un Fondo compuesto por lo recaudado por un impuesto del 10 % del precio básico de las entradas a espectáculos cinematográficos. El administrador directo de ese Fondo es el actual INCAA, al que la Ley le confiere la tarea de fomentar la producción y difusión del cine nacional.

La Ley 20.630 “Gravámenes a los premios ganados en sorteos” del año 1973. Por ésta se crea un fondo especial para las Bibliotecas Populares y un porcentaje para el  Instituto Nacional de Teatro.

Ley 26.522  “Servicios de Comunicación Audiovisual”  del año 2009. En ella se establece que el total de lo recaudado por los gravámenes que impone la ley se distribuirá de la siguiente manera:

· 25% al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
· 10% al Instituto Nacional del Teatro.
· 20% a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
· 28% al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
· 5% a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
· 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a
servicios de comunicación audiovisual, comunitarias, de frontera y de los
pueblos originarios.
· 2% al Instituto Nacional de Música.

De no mediar una nueva ley que extienda el plazo de caducidad de todas estas Asignaciones Específicas, a fin de este año, el dinero que recauden esos impuestos y gravámenes (que se seguirán cobrando) ya no irán a la Cultura.  

¿Qué defendemos?

El  Presidente de la Nación suele decir “que la Cultura es el alimento del alma”. Aceptaremos esa metáfora un poco anacrónica, si se acepta un hecho nada metafórico y es que hay más de 600.000 trabajadoras y trabajadores que intentan vivir y alimentarse con su actividad cultural en nuestro país y que en diciembre podrían quedarse sin trabajo. No estamos exagerando. Si los recursos que hoy van directamente a la producción cultural quedan sujetos a decisión de autoridades nacionales o provinciales, el colapso está a la vista.

Además de las fuentes de trabajo, defendemos el derecho a la cultura de toda la población. Ese derecho a la producción y disfrute de los bienes culturales es para todas y todos pero es incompleto si no es diverso. Si el menú es exclusivamente el de la oferta de las grandes plataformas y canales multinacionales o del mainstream musical o editorial, el derecho a la cultura se transforma en dependencia.

Esto también tiene su historia. En el año 2005, convocada por la UNESCO se reúne en la ciudad de París lo que se denominó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural. Nuestro país es firmante de la declaración por la que los Estados se comprometen a tomar medidas para: “proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales, y a las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales”  (…) “medidas destinadas a crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio público pertinente”(…) “ medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social. Comprendida la promoción del servicio público de radio difusión”

Hay que tener en cuenta que la Convención, intenta frenar la ofensiva norteamericana que presionaba para que el GATT (actual Organización Mundial de Comercio), prohíba a los Estados desarrollar políticas de protección y fomento a las industrias culturales en particular a la audiovisual. La Convención diferencia los bienes culturales de los otros productos (autos y películas no son lo mismo) y además faculta a los Estados a protegerlos.

Cuando hablamos de La Diversidad no debemos pensar en una góndola repleta de productos iguales de distintas marcas. Es por el contario el apoyo a nuestros artistas para que hagan la diferencia, nuestra diferencia, aquello que llamamos identidades (en plural) y que nos permiten reconocernos en nuestras formas de ser, nuestras lenguas,  las historias y los sueños colectivos. Si le restamos financiamiento a las producciones locales, quedaremos a merced de los tanques comunicacionales internacionales. Al decir de Néstor García Canclini, si no somos capaces de contarnos a nosotros mismos difícilmente nos tengan en cuenta.

Conclusiones.

Esa construcción colectiva, histórica y cotidiana que es la cultura, necesita de los recursos para poder producir sus creaciones, para que circulen, para que se difundan. Sin el aporte efectivo del Estado no hay posibilidad de sostener al cine nacional, la defensa de los  músicos locales, los teatros independientes, las radios comunitarias o las bibliotecas populares. Sólo las políticas públicas pueden intentar limitar el poder avasallante del Mercado. Para eso se necesitan recursos. Hoy estamos discutiendo si los organismos públicos encargados de sostener la actividad cultural los tendrán.

Desde hace meses se vienen intensificando las reuniones y comunicaciones de diversas organizaciones culturales. También hay proyectos de ley  que intentan postergar el plazo de caducidad de las Asignaciones. La Constitución Nacional obliga a ponerles fecha límite, debería tener una extensión razonable, no menor a los 30 años El sector comienza a movilizarse, pero no podemos distraernos. Sabemos que hay legisladores que desprecian e intentan limitar al máximo las capacidades de lo público,  defendiendo los intereses de las grandes corporaciones.

Debemos saber comunicar a la sociedad que este no es un tema sólo de los artistas y de los productores culturales. Es un problema de todos y todas los que queremos vivir en un país soberano, que promueva su cultura, sus artistas, sus identidades, para que desde allí se vincule con el mundo. Es un tema en el que deben involucrarse todas y todos los que no queremos terminar siendo sólo un número de abonado de una plataforma.

Buenos Aires, 11 de abril de 2022.

*Secretario de Cultura y Producciónes Audiovisuales de la UNDAV. Fue Director Nacional de Industrias Culturales.