La reforma estructural del Estado que el gobierno de Cambiemos viene desarrollando establece que para cumplir con el déficit cero exigido por el FMI se eliminan ministerios esenciales como el de Trabajo, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología, hecho que implica la consolidación de un Estado neoliberal.

Por Estela Grassi*

(para La Tecl@ Eñe)

La emergencia

El lunes 3 de septiembre, luego de un fin de semana plagado de rumores, el presidente Mauricio Macri grabó un discurso que emitieron todos los canales de televisión, aunque no era una transmisión de la cadena nacional. En la ocasión, los argentinos tuvimos la confirmación de buena parte de los rumores y también nos enteramos por sus propias palabras, de que no era verdad un anuncio que él mismo había hecho unos días antes, más precisamente el 29 de agosto, cuando entramos en “emergencia” por las tantas “tormentas”, como también nos diría, aunque en distintos discursos[1].

No era verdad su anuncio del 29/08, según el cual se había “acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo [para] eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional”. Dicho adelanto -en realidad para hacer frente a los intereses por deudas contraídas por el país en los dos cortos años de gobierno- estaba aún por negociarse y dependiente de que el organismo confíe esta vez en el cumplimiento de metas más estrictas de ajuste fiscal primario. Es decir, que eran verdaderos los rumores de ese fin de semana: para atender “la emergencia” (o cumplir con el déficit cero exigido por el FMI) se eliminaban ministerios como el de Trabajo, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología. Parafraseando al rebelde sociólogo francés, Pierre Bourdieu, se amputaba (casi toda) “la mano izquierda del Estado”, porque los argentinos “no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, vivir por arriba de nuestros ingresos…” según regañó el Presidente en su discurso.

Se dirá que en su reemplazo se crea un mega-ministerio de Desarrollo Social, lo cual es muy cierto. Pero, siguiendo con las metáforas, el nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social (así se designa desde que se emitió el Decreto 801/18) puede interpretarse como un símil de mano ortopédica que reemplaza a la amputada, porque lo que viene a materializar la reforma ante la emergencia es, otra vez, un Estado neoliberal.

El neoliberalismo es una ideología para la cual la “sociedad no existe” (lo había advertido hace décadas Margaret Thatcher) o existe solo en su forma mercado. Sus tráficos subsumen a todos los demás lazos e intercambios que permiten reconocernos como humanos semejantes, que compartimos sentimientos, identidades y pertenencias. Todo se subordina a una representación fantasmagórica: el Mercado. Y al Mercado le “hablan” los gobernantes y comunicadores, cuando dicen que les expresa confianza o desconfianza o le piden comprensión o le “emiten señales” ante las cuáles reacciona o “entiende”. Como los dioses del Olimpo de los antiguos, el Mercado ideado por el neoliberalismo exige sacrificios para no descargar su furia.

En consecuencia, para esa visión del mundo, tampoco cuentan (no pueden existir) los “trabajadores” en tanto sujetos de una práctica humana cuya realización compromete su propia humanidad; menos aún, como el colectivo representado por alguna categoría social y política. Esto porque el trabajo no es más que energía (de los músculos y del intelecto, y cada vez más, de este último) que se usa o desecha (“como comer o descomer”, explicó un funcionario de la ex cartera laboral)[2]. Se entiende, entonces, que no sea necesario un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Basta que Trabajo pase a Producción: así se llama el nuevo Ministerio (de Producción y Trabajo).

Pero como los “descomidos” necesitan comer, si lo merecen y se esfuerzan, encontrarán que el (nuevo) Ministerio de Salud y Desarrollo Social, está “para ayudarlos” (lo dijo el Presidente) sobre todo ante la emergencia y mientras esperan el futuro venturoso que promete para después de superar las tormentas que, cual plagas de Egipto, cayeron sobre su gobierno (las crisis de Turquía y Brasil, los conflictos entre China y EEUU, la suba de la tasa por parte de este último país y, entre nosotros, la sequía  y “los cuadernos”).

Para los que no quieren ser los sacrificados en el Olimpo, para los “descomidos” que no quieren esperar, que generan desórdenes en los supermercados o que ya se sienten fuera de toda pertenencia desde hace tiempo, se recompuso el Ministerio de Seguridad dedicado a “cuidar a quienes nos cuidan”. Es decir, a la policía brava que se adelanta al debido proceso que estipulan la Constitución y el Código Penal. Ante las medidas de emergencia, presentadas en tono doliente el día 3 de septiembre, deben extremarse las de seguridad. Lo demuestra la llegada del Presidente a Mendoza, tres días después, “… rodeado de extremas medidas de seguridad. No solo porque se trata de un evento con funcionarios internacionales [el Plenario del G20 sobre Empleo y Educación], sino por la especial situación de emergencia que se está viviendo en el país. Infobae pudo constatar con colegas de medios nacionales y locales la presencia de snipers en la terraza del Hotel Intercontinental donde se está desarrollando la reunión. Se trata de francotiradores de la Gendarmería preparados para cumplir con los standards internacionales en materia de seguridad de cumbres internacionales…” (Silvia Mercado, Infobae, 6-9-2018).

La reforma de la estructura estatal

 La emergencia, más allá de cómo se la presente es, en realidad, un momento de un proceso de transformación social que tiene, otra vez, como protagonista al Estado. Un Estado que se intervino a sí mismo desde el momento mismo de asunción del gobierno de Cambiemos, cuando se decidió abrir indiscriminadamente las importaciones y desregular el mercado financiero para permitir lo que el Presidente prometió a los representantes de los grandes grupos empresarios que operan en la región. En abril de 2017, durante la apertura del Foro Económico Mundial realizado en el Hotel Hilton de Buenos Aires, les adelantó “que se puedan llevar el dinero cuando lo decidan [porque] la Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 20 años» (La Nación, 06-04-2017). “Su dinero” son los dólares que el Banco Central libera para controlar su precio y los que el FMI retacea, porque quiere asegurarse de cobrar lo que ya prestó a la Argentina. Y las medidas puestas en marcha para “la emergencia” son la materialización de esa reforma estructural que había empezado antes, con las peores consecuencias para la vida social. Veamos solo algunas a destacar:

1) Para quienes viven en emergencia (la población más pobre, que deviene indigente y a la que cada vez se suman más familias), el gobierno propuso algunas medidas transitorias de asistencia. El refuerzo de programas sociales (“garantizar la disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos” anunció el Presidente, la que debería estar asegurada sin necesidad de ningún anuncio); la reactualización del programa de Precios Cuidados; y la continuidad de otros, como El mercado en tu barrio, y los créditos de ANSES.

 Pero la resolución de mayor alcance es la que se monta en una política pre-existente de ancha base (denostada como un “plan” que impulsaba a las mujeres a embarazarse para cobrar sin trabajar, principalmente por las bases sociales de Cambiemos). Se trata del refuerzo transitorio en la Asignación Universal por Hijo, que se depositará en dos veces (septiembre y diciembre de este año).

Lo que no aclaran las autoridades, es que primero se recortó la asignación, como consecuencia de la modificación de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de las asignaciones familiares, a fines de 2017. Esa fue también la primera afectación al sistema previsional que, ahora, aproxima el haber mínimo jubilatorio a los valores de la década de 1990, cuando permaneció en 150 dólares. En septiembre de este año dicho haber será de poco más de 200 dólares y de 170, para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es decir, como entonces, se sumarán adultos mayores “protegidos” a la población pobre, que tiene una alta proporción de niños y niñas entre los más afectados. Con la AUH se proponía incorporar a la seguridad social a los hogares de trabajadores pobres a los que el mercado no les daba cabida, al mismo tiempo que se mantenían las regulaciones laborales. No se superó la pobreza ni el trabajo informal, ni de lejos. Pero ahora, ese sentido de incorporación también se pierde, en la medida que la política vuelve a atender a los que el “ajuste necesario” desconsidera. Son las mismas “víctimas del ajuste estructural” que identificaba el Banco Mundial como la “población objeto” de la asistencia focalizada, durante la última década del siglo pasado, aunque ahora se “universalice” la focalización en ellos.

2) Para quienes viven en la abundancia, y también “por la emergencia”, se dispuso un tributo a la exportación que regirá hasta diciembre de 2020, de cuatro pesos por dólar cuando se trate de productos primarios y servicios, y de tres pesos, para otras ventas al exterior, luego de retrotraer de una vez las retenciones a los porotos, aceite y harina de soja hasta el 18%, porcentaje al que debía llegar recién a fines de 2019.

Este gravamen afecta (mínimamente) al sector más poderoso de la base social de Cambiemos, cual es el de los agroexportadores, y representa una incongruencia para la ideología del gobierno, porque ellos son “el Mercado” en carne y hueso (o unos agentes importantes del mismo). De todos modos, una rápida reflexión al respecto indica que, si la retención es en pesos sobre exportaciones en dólares, la devaluación de la moneda nacional irá licuando el impuesto. Igualmente, el Presidente la anunció compungido, pidiendo perdón por decidir un “impuesto malísimo” y reiteró las disculpas cada vez que habló en público.

3) Por último, la reforma estructural se materializa en la reducción del número de Ministerios. De los señalados al inicio, la desaparición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social patentiza la desconsideración de los trabajadores en tanto colectivo que participa de la producción con su trabajo; participación a través de la cual también reproduce su vida. La desjerarquización de la agencia laboral se inscribe en la disputa histórica por el reconocimiento de los trabajadores, de sus derechos y de la preservación de condiciones de empleo que permitan una vida digna, tanto en actividad como una vez retirados del mercado laboral. Todo eso estaba sintetizado en el nombre del Ministerio ahora desaparecido.

En nuestro país, la historia de esa disputa lleva mucho más lejos que “los últimos 70 años”, hasta los que alcanzan a ver las autoridades, tan poco interesadas en el pasado, salvo para denostarlo. La historia de las luchas por mejorar las condiciones de vida de las clases populares lleva hasta principios del siglo XX, cuando Juan Bialet Massé presentó el primer informe sobre condiciones de trabajo, en 1904. Desde entonces, pasó medio siglo de resistencia patronal hasta que se creara el primer Ministerio de Trabajo y Previsión en 1949. Resistencia sostenida con idénticos argumentos que los que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, sobre los “costos laborales” como causal de la falta de inversiones productivas.

El nombre del Ministerio se actualizó durante el gobierno de Arturo Frondizi, en 1958, como Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que fue el gobierno militar de Juan Carlos Onganía quien lo disolvió en el Ministerio de Economía y Trabajo. Otro militar, Agustin Lanusse, lo repuso. Fernando de La Rua sustituyó ese nombre por el de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, pero no separó la seguridad social: la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) permaneció en su órbita. De todas maneras, durante toda la década de 1990, el mayor protagonismo de los sucesivos ministros de Trabajo pasó por las reiteradas reformas laborales con el objetivo de flexibilizar el empleo en nombre de lo que entonces se presentaba como la modernización de las relaciones laborales. Una última reforma en esa dirección, presionada por el FMI, fue la (fatídica) Ley Nacional de Empleo Estable aprobada con sobornos a los Senadores de la Nación, en el año 2000. 

Finalmente, Eduardo Duhalde instituyó el último Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, a continuación Néstor Kirchner logró el apoyo del Congreso para la derogación de la ley de De la Rúa y la aprobación, en 2004, de la aún vigente Ley 25.877. Con esas medidas comenzaba el tiempo de la compleja (e incompleta) reconstitución de un Estado social.

El 5 de septiembre de este año se conoció el Decreto 801/2018 que formaliza la reforma. En el artículo 14 se especifica que el Ministerio de Producción y (ahora) Trabajo es continuador del Ministerio de Agroindustria y del MTEySS, con excepción de las competencias relativas a la Seguridad Social. Y por el Artículo 16 queda establecido que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social es continuador de los ex Ministerios de Salud y del MTEySS en lo referido a las competencias relativas a la seguridad social (cursivas mías). Debe entenderse que la ANSES pasa a ser un organismo de la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. No dice nada acerca de su autarquía, pero es razonable advertir acerca de a dónde pueden llevar las demandas de reformas del sistema previsional, principalmente. 

Por lo demás, de las 42 competencias enumeradas para el nuevo Ministerio de Producción y Trabajo, ninguna se refiere al trabajo, específicamente. Y de las 37 funciones atribuidas al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, solo la última corresponde a Salud.

La estructura del Estado es jerárquica, su organigrama da cuenta de la importancia conferida a cada cuestión asumida por él, de su primacía (o no); de los alcances de la acción estatal, de los recursos que se disponen (personal y presupuesto) en función de la valoración política que en cada caso se haga. Esa condición jerárquica hace que una cuestión requiera de un ministerio, una secretaría o subsecretaría o una dirección en la estructura, lo que tiene consecuencias materiales, pero también simbólicas, porque “dice” qué importa a una sociedad y qué le importa a un gobierno. La pérdida del MTEySS, que incluye la separación de la seguridad social (y su agencia ejecutora ANSES) y su pase al nuevo Ministerio de Desarrollo Social y Salud, expresa la separación del trabajo en tanto factor de producción (solo fuerza de trabajo) respecto de los “problemas sociales” (la pobreza, las enfermedades, el abandono escolar, etc.) después que se había iniciado el camino inverso, de reconocimiento de población trabajadora discriminada y desprotegida, a la que no cubren las protecciones del trabajo ni el mercado. Dicho de otro modo, se vuelve a desconocer la relación que da lugar a la cuestión social.

Como puede advertirse, se trata de la reforma más profunda en la estructura del Estado y en los alcances de sus intervenciones, encarada por este gobierno. No obstante, no comenzó ahora, sino con la creación del también transferido Ministerio de Modernización creado por Macri al asumir el gobierno. Su función fue evaluar esa estructura y su funcionalidad, con poder suficiente como para haber intervenido en las evaluaciones de los científicos, revisar lo actuado por los pares y de recortar becas e ingresos a la carrera de investigación del CONICET, medida resistida por la comunidad científica que, sin embargo, fue un gran retroceso en este ámbito de desarrollo del país. El propio MTEySS perdió enseguida sus funciones de regulación y contrapeso en favor del trabajo, para laudar y comportarse contra trabajadores y sindicatos. Esas funciones anticipaban la reorientación de las intervenciones del Estado, que acompañaba la reorientación de los recursos y la nueva (más direccionada) redistribución de la riqueza. La reforma actual, que afecta las áreas sociales, degrada al trabajo y tiene efectos negativos para la vida social en general, lo hace patente.

Referencias:

[1] Los discursos que se citan corresponden a los emitidos por el Presidente el 29 de agosto y el 3 de septiembre (dirigidos a “los argentinos”); el 5 de septiembre en el cierre de la 24° Conferencia de la Unión Industrial Argentina; y la conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Mendoza en la apertura del Plenario del G20, sobre empleo y educación; y la conferencia de prensa ofrecida en la misma ciudad el día 7 de septiembre. Fuente: https://www.casarosada.gob.ar/ – Consulta en los días respectivos.

[2] «La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia; es como comer y descomer» señaló el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, en diálogo con “Radio con Vos”, que reprodujo Perfil.com, el 09-01-2017.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018

*Profesora Consulta. Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Investigadora del Instituto Gino Germani.