El gobierno de María Eugenia Vidal anunció que las tarifas de electricidad en la provincia registrarán una reducción promedio del 15,6 por ciento. Para la provincia significa sacrificar aproximadamente $ 1.400 millones presupuestados por gravámenes a la Energía para el 2018, que compensará con la suba de otros impuestos, mientras que aquellos que tienen consumos bajos y medios no van a gastar menos en electricidad porque el costo principal de su factura es el cargo fijo.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

El valor de la energía eléctrica en el mercado mayorista sufrió un aumento del orden del 1000% desde que asumió la Presidencia de la República Mauricio Macri, contra una inflación, según el INDEC, del 41% en el año 2016, del 24,9% en el año 2017 y acumula un 6,7% en el primer trimestre de 2018 (y por supuesto con ajustes salariales en promedio menores a esos guarismos).  Los principales componentes de la estructura de costos de la tarifa eléctrica son el precio de la energía en el mercado mayorista (precio que pasó de $ 93,25 en diciembre de 2015 a $ 1.036,90 por MWh en marzo 2018), se suma el gasto en el transporte, adicionales, el precio que pagan las administraciones provinciales de Energía, y luego, en los casos que suceda, el componente que agregan las cooperativas por llevarlo al usuario, pero el principal costo es la tarifa de las energéticas.

Los aumentos se impulsaron desde el Ministerio de Energía, Ministro que no pudo responder en la cámara de Diputados sobre los costos de producción y/o generación de energía, petróleo y gas natural. Ni siquiera fueron expuestos en las audiencias públicas obligatorias para justificar los aumentos impulsados ya que las concesionarias no expusieron sus costos, como lo obliga la ley, y tampoco plantearon quejas ni reclamaron aumentos en dichas audiencias a las que asistieron sus representantes oficiales.

Nunca el gobierno de Cambiemos informó sobre la determinación de los costos de generación, producción, transporte y distribución de gas y energías en las correspondientes Audiencias Públicas, como lo exige el marco regulatorio.

El precio de la electricidad se pautó en diciembre de 2017 en 74,8 dólares por megavatio/hora, a un tipo de cambio de $19,3.-, con lo cual, si el precio del dólar se incrementa más que los salarios el efecto devaluatorio confiscará recursos a los usuarios, y eso fue así hasta ahora, pero puede ser peor si en el segundo semestre del año (en que se frena el ingreso de las cosechas y se incrementa el pago de los servicios del adeuda externa) hace que se devalúe fuertemente nuestra moneda.

Y esto es así porque son pocas empresas y dividen zonas de influencia, de manera tal que si bien la generación es producida por compañías privadas y estatales, donde  la parte en poder público corresponde a la generación nuclear y a las dos plantas hidroeléctricas binacionales:  Yacyretá (Argentina-Paraguay) y Salto Grande (Argentina-Uruguay), co existen con otras diez grandes compañías privadas, todas con una participación por debajo del 15% de la capacidad total del sistema.

Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

En transporte en cambio, está fuertemente concentrado, asignado por la empresa CAMMESA (que es una empresa Mixta donde participa Pampa Energía y que el macrismo puso como Presidente del Directorio al Ing. Julio Bragulat, quién esta sospechado en el caso Odebrecht de Argentina) a las transportadoras, en primer lugar a  TRASENER (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión) que es la mayor transportadora eléctrica del país (11.355 km en líneas de 500 Kv y 220 Kv), controlada por “Pampa Energía”;  Transnoa S.A. (4.181 km en un rango entre 132 kV y 400 kV);  Transnea S.A. (1.465 km en líneas de 33 Kv, 132 Kv y 220 kV); Transpa S.A. (2.211 km en líneas de 330 Kv y 132 Kv); y Distrocuyo S.A. (1.245 km en líneas de 132 kV y 220 kV).

En el sector de la distribución, las firmas Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte que también es controlada por Pampa Energía), Edesur (Electricidad Distribuidora Sur de la italiana ENEL) y Edelap (Empresa de Electricidad de la Plata comprada el año pasado por el grupo DESA de Rogelio Pagano) dominan el 75% del mercado.

Pampa Energía es una mega empresa que produce gas y petróleo, y participa especialmente en la generación eléctrica de más de 3.400 MW, en la transmisión, mediante el control de Transener y Transba, y en distribución, a través de Edenor, que atiende a más de  2.9​​​00.000 clientes en el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires, donde los principales accionistas son Jospeh Lewis, el empresario inglés que se apropió del Lago Escondido en Río Negro y donde el Presidente Macri suele ir a descansar, y  Marcelo Mindlin, quien también es dueño de Iecsa (que le cambio de nombre para denominarse SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA), una de las empresas que formó parte del grupo Macri, vendida por Franco a su sobrino a Ángelo Calcaterra, y que, a su vez, este vendió a Mindlin a comienzos del año 2017 cuando se realizaba la investigación del Corredor Verde asociada al grupo Odebrech de Brasil.

Ahora bien, ante semejante aumento de las tarifas de energía eléctrica, lo lógico sería que el esquema castigue los consumos altos y promueva el ahorro de la misma, pero lo que se propone desde las tres distribuidoras de energía eléctrica, Edenor, Edesur y Edelap es exactamente lo contrario, se aumenta relativamente poco la tarifa por consumo y se multiplica hasta 25 veces el cargo fijo. Esto no sólo castiga proporcionalmente mucho más a los usuarios de menor consumo, sino que desalienta cualquier conducta de ahorro de energía. En efecto: los que tienen consumos bajos y medios no van a gastar menos luz, porque el costo del kw es incluso más bajo y el costo principal de su factura es el cargo fijo, mientras que los usuarios de alto consumo, que tienen “licuado” el cargo fijo en el costo total, tampoco tienen un aumento tan grande que los impulse a ahorrar energía.

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En la ley de Presupuesto de la administración provincial para este año 2018 el gasto total se estima en $ 629.962,9 millones y se espera el tercer año de déficit financiero, el mismo, supera los $30.000 millones. Este quebranto, se cubre principalmente con toma de deuda, de manera tal que la deuda pública de la Provincia de Bs As presenta un crecimiento del 44,5% entre junio de 2016 y junio de 2017 (Tasada en pesos es de $ 244.749 millones), con una parte importante en moneda extranjera (por U$s 14.616 millones). El presupuesto de la Provincia también denota una importante subejecución en partidas sociales. En el nivel agregado, computada la mitad del año 2017 se proyecta una subejecución del 57,6% en la órbita del Ministerio de Infraestructura, 37,8% en Desarrollo Social y 14,6% en Salud, entre otros.  Para el año 2018 plantea una participación de Desarrollo Social del 3% del PIB de la provincia, que seguramente el Gobierno de María Eugenia Vidal se jactará de aumentar la presencia de esas áreas, teniendo en cuenta que en los años 2016 y 2017 este Gobierno bajó aún más esa participación a 2,7% y 2,8% respectivamente. Pero debemos recordar que aún esta política no recuperó ni los valores del año 2015, donde Desarrollo Social y Niñez representaban juntas el 3,5%, mientras ahora con la Política de Niñez dentro de Desarrollo Social representan un 3% del total. Salud estará en 2018 en un 7,3%, un valor similar al de año 2015, que el Gobierno de Vidal bajó al 6,5% en 2017. La participación de Educación lejos está de recomponerse ni siquiera a los valores del año 2015, menos los del año 2014. Para el 2018 el peso de la política de Educación rondará el 30,3% del presupuesto, cuando en el año 2015 estaba en un 31,6% y en el año 2014 representaba el 33,6% del presupuesto general. Seguramente el Gobierno provincial lo compara con su propia política del año 2016, donde descendió el peso de la política educativa al 28% del presupuesto General.

Con ese perfil de gastar menos en lo social e incurrir en un déficit fiscal creciente que financia con deuda, el gobierno de María Eugenia Vidal anuncia que las tarifas de electricidad en la provincia registrarán una reducción promedio del 15,6 por ciento, dado que a los cargos fijos y variables que paga un hogar bonaerense por el consumo eléctrico, se suman impuestos y tasas. La promesa de la gobernadora apunta a eliminar una contribución provincial del 0,6424 por ciento sobre los conceptos eléctricos y dos impuestos adicionales creados mediante los decretos-ley 7290 del año 1967 y 9038 del año 1978 que suman 10,0 y 5,0 por ciento, respectivamente, a los cargos generados por el consumo.

Para dar un ejemplo claro si un hogar debe pagar una factura de $ 1.000.- (cuando en diciembre de 2015 pagaba en tono a los $ 100.-), el descuento de los gravámenes sobre la factura es de solamente $ 156,424, cuando aumentó un 1.000 por ciento.

Para la provincia significa sacrificar aproximadamente el 45% del total de lo que tienen previsto recaudar por gravámenes a la Energía para este año 2018 por $ 3.131 millones, esto es unos $ 1.400 millones, que obviamente va a tratar de compensar como lo dijo, con la suba de otros impuestos.

De hecho, si es por proponer, en la ley de Presupuesto 2018 de la Provincia de Bs As, la recaudación prevista de origen provincial es de $ 248.958 millones, pero dentro de ella el impuesto inmobiliario rural es de solo $ 6.853 millones (unos 342 millones de dólares) millones. Estamos hablando de la tierra más fértil del mundo y pagan menos del 0,5% del PIB provincial, cuando el inmobiliario urbano (entre ellos los que viven y pagan impuesto inmobiliario en el segundo y tercer cordón del gran Buenos Aires) pagan casi tres veces más.  Por ende, con actualizar los catastros, mejorar la eficiencia en la recaudación y subir mínimamente la alícuota estaría mucho más que compensados los $ 1.400 millones que se dejan de recaudar por la eliminación de los gravámenes a la energía eléctrica.

Buenos Aires, 24 de abril de 2018

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).