En el marco de la fuerte injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica en la política interna de países como Brasil y Argentina es que Raúl Zaffaroni plantea la pregunta por qué es lo que queda del derecho en nuestro país y en la región.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Hace pocos años discutíamos amigablemente con un gran jurista, el profesor Julio Maier, sin duda el mejor procesalista penal de nuestro continente, acerca del futuro del derecho, entendido como posibilidad de una coexistencia social más o menos racionalmente regulada. Ante una serie de hechos y datos bastante desoladores, Julio decía cosas tales como que pensaba devolver el diploma a la Facultad de Derecho. Por mi parte, trataba de reforzar la necesidad de luchar con confianza por lograr la realización de esa posibilidad, sobre la base de que el derecho no es algo bucólico, sino una constante y continua lucha.

Desde hace cinco años Julio no está entre nosotros; fue uno de esos imprescindibles que se fue sin permiso. Pero lo imagino hoy, respondiendo a mis argumentos a la luz de la secuencia de algunos de esos hechos y de otros posteriores mucho más desoladores. Imagino que con su consabido acento cordobés me preguntaría: ¿Qué queda del derecho en nuestro país y en la región?

La verdad es que también me lo pregunto y, más todavía, diría que no solo en nuestro país y en nuestra región, sino en el mundo. Los organismos internacionales están harto debilitados e impotentes. Sus resoluciones parecen no interesar a nadie, caen en el vacío. Guerras absurdas y criminales se desarrollan ante la impotencia del derecho internacional. El poder lo manipulan los “chief executive officers” de las corporaciones transnacionales, las guerras las deciden los intereses de la industria armamentista, el colonialismo no ha terminado sino cambiado su método, el planeta está siendo devastado, el dinero se ha reducido a números de computadora, una parte de lo que se invierte e armamento bastaría para erradicar el hambre del mundo, la riqueza se concentra cada vez más, y podríamos seguir.   

El tradicional respeto entre Estados prohíbe que otro Estado se entrometa en la política interna, es decir, que se respete la soberanía o la autodeterminación del otro Estado, de la cual en una democracia su titular es el pueblo. No somos ingenuos, pues sabemos que esto no se respetó siempre ni mucho menos, pero al menos y por regla general, en el mundo moderno se lo hizo con cierta discreción, a veces bastante escasa, por cierto, pero nunca antes tan abiertamente, con semejante descaro como en nuestros días.   

Ahora, el presidente de los Estados Unidos se entromete en la política interna de Brasil, en abierta defensa de Bolsonaro. El presunto futuro embajador en la Argentina dice con toda claridad que vendrá para evitar que los gobernadores de nuestras provincias negocien con China, para sostener que se mantenga presa a la presidenta del principal partido opositor y para combatir la “corrupción”. No hay ninguna discreción, ni política ni diplomática, no queda ni el más mínimo rastro del respeto por la autodeterminación de los otros Estados. El derecho internacional público queda reducido a libros polvorientos archivados en los estantes de las bibliotecas de las universidades.

El panorama de persecución de líderes políticos disfuncionales para esos intereses en nuestra región es aterrador. En Perú está preso el presidente constitucional Pedro Castillo, acusado de promover una “rebelión”, porque de “corrupción” no pueden hablar, dado que no se le cae un centavo. El delito de rebelión en Perú es “alzarse en armas”. Lo único que hizo Castillo fue un discurso unos minutos antes de ser destituido sin el número de votos requerido, cuando ya carecía de todo poder real y, por cierto, se alzaron armas, pero fueron las de su propia custodia para meterlo preso. Los argumentos que se esgrimen para condenarlo son abyectos: se dice que en otra circunstancia eso sería peligroso (hasta la más inocente de las acciones puede ser peligrosa en otra circunstancia); se pretende que el discurso es violencia psíquica (la ley requiere “armas alzadas”, no violencia psíquica) y otras banalidades no menos disparatadas. Cabe aclarar que el golpe palaciego contra Castillo dio lugar a una represión, ordenada por su vicepresidenta traidora y actual usurpadora, en que se dio muerte a decenas de personas. Por las dudas, la usurpadora ya se hizo sancionar una amnistía. ¿Qué respuesta se puede dar frente a estas aberraciones? No otra que señalar que Castillo fue destituido y está preso por decisiones de verdugos ataviados de jueces.

En Ecuador el presidente Lenin Moreno traicionó políticamente a Rafael Correa y convocó ilegalmente a una consulta popular en 2018, que no fue en su momento detenida por la Corte Interamericana, con lo cual quedó autorizado para nombrar jueces “interinos”, quienes sometieron a juicio a Correa y a todos sus ministros (caso “sobornos”), donde aparecieron unos “cuadernos”, escritos por una secretaria memoriosa (a la que se benefició por “arrepentida”) en un viaje aéreo de pocos minutos entre Quito y Guayaquil. La “pseudosentencia” emitida por esos obedientes funcionarios del ejecutivo, condenó a todos sin analizar lo que hizo cada uno y a Correa por “influjo psíquico”. La familia de Moreno resultó con algunos millones de dólares en los “Panamá papers” y éste se fue a Paraguay, país que no tiene tratado de extradición con Ecuador. Esto no fue obstáculo para que Luis Almagro, el tristemente célebre traidor a su partido y enterrador de la OEA, lo nombrase su asesor en materia de discapacidad. ¿Qué se puede decir frente a tanta inmundicia? No me gusta usar palabras inadecuadas.

Siguiendo con Ecuador –como si lo anterior fuese poco-, en abril del año pasado el gobierno ecuatoriano allanó la embajada de México en Quito y secuestró al ex-vicepresidente Jorge Glas, a quien México había otorgado la condición de asilado diplomático. El asilo diplomático fue respetado en la región incluso por las más crueles dictaduras y salvó la vida de muchísimas personas. Ante esta atrocidad, que sienta un precedente peligrosísimo para todos los habitantes del continente, la OEA no hizo nada. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recién reaccionó hace unos días impetrando una medida provisional a la Corte, ante el riesgo cierto de muerte de Glas (a nadie le gusta cargar con un muerto). El reclamo ante los supuestos jueces ecuatorianos fue respondido de modo tan sorprendente que ya no queda espacio para mayor sorpresa: afirmaron que ellos aplican el derecho nacional y que el internacional corresponde a otros organismos. ¿Qué responder a esto? No creo que sean tan brutos como para creer que se trata de un argumento jurídico: son serviles hipócritas con toga. ¿Acaso no evoca esto la serie de filmes de payasos terroríficos?

En noviembre de 2019, nada menos que una comisión de la propia OEA y el secretario general, el ya mencionado Almagro, mediante una denuncia de fraude electoral –que nunca fue verificada- promovieron un golpe de Estado en Bolivia, que costó la vida de decenas de personas y amenazó de muerte al presidente Evo Morales y al vice-presidente García Linera, imponiendo en el gobierno a una señora que había obtenido apenas una ínfima cantidad de votos. Por cierto, Almagro –el caballero de la infausta figura- tampoco dejó de ponderar la posibilidad de una guerra contra Venezuela, aunque luego trató de atenuar sus dichos. Poco puede esperarse cuando, desde la propia organización que debe promover la paz y la seguridad del continente, se ignora la gravedad de violar el asilo diplomático, se promueven golpes de Estado y se estimulan posibilidades de guerra entre éstos. ¿Esto no evoca lo del zorro cuidando el gallinero o mejor, al lobo cuidando ovejas?

En Brasil un juez federal “estrella” –Sergio Moro- saltó a la política, con pretensiones presidenciales y el apoyo de los medios de comunicación monopólicos brasileños, procesando y metiendo preso a Lula da Silva, acusándolo de haber pretendido quedarse con un departamentito en una playa no demasiado famosa, cuando no existía ni la más mínima prueba de gestión civil al respecto, pues se había limitado a visitarlo. De todas formas, este descarado sostenía que lo procesaba y apresaba por su “íntima convicción” personal. Por suerte, Bolsonaro –ahora defendido por el presidente de los Estados Unidos-, con su habitual prepotencia, quiso llevarse por delante al Tribunal Supremo y, en consecuencia, éste anuló todo el proceso. Moro llegó a ser ministro de justicia, hasta que se peleó con Bolsonaro y, finalmente, ahora se ampara en los fueros de senador para no ser procesado. Cabe recordar que en su momento –en pleno fulgor de su “estrellato”- apareció en una foto flanqueando –junto al difunto juez argentino Bonadío- al sonriente presidente de la Corte Suprema argentina y pretendió dar una conferencia en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires. Sea por lo que fuese, al menos hubo jueces en Brasil.

Nosotros hemos visto al ex-vicepresidente de la República fotografiado y filmado en ropas de dormir por orden de un juez federal, cuando si lo hubiese citado iba caminando al tribunal, condenado luego por un supuesto delito del que no podía ser el autor típico. Hasta ahora tenemos una prisionera política, Milagro Sala, por decisión de un matón feudal provincial que manipula un judicial integrado por parientes y compadres. Tenemos un triunvirato por Corte Suprema, caso único en el mundo, dos de cuyos miembros callaron ante la posibilidad de ser nombrados por decreto presidencial sin previo acuerdo del Senado, aunque luego fueron nombrados regularmente. Ante el nombramiento en iguales condiciones –por decreto y sin acuerdo- de un cuarto juez, decidieron incorporarlo de urgencia completando el cuarteto. Pese a haber usurpado la función y firmado sentencias, a la semana tuvo que desaparecer cuando el Senado le negó el acuerdo. Si de papelones de trata, esta usurpación de funciones con participación necesaria del triunvirato no es nada menor y no registra antecedentes.

El triunvirato resolvió cosas curiosísimas, como que la apelación de sentencias de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires correspondía al máximo tribunal de la ciudad y no a las cámaras nacionales, como siempre lo fue. Se sospecha que eso favorece ciertos intereses en algunas causas, pero, aunque no sea posible asegurarlo, no deja de ser probable, porque tan insólita decisión no tiene explicación institucional alguna. Además, fue la última decisión del tribunal cuando aún era cuarteto, tomada de urgencia ante la correcta disidencia de uno de los músicos y pese a las rencillas internas que impúdicamente se ventilan en los medios de comunicación.   

Otro caso curioso fue la inconstitucionalidad de la ley de integración del Consejo de la Magistratura, lo que hubiese obligado al Congreso de la Nación a sancionar una nueva ley. Sin embargo, de modo absolutamente insólito, el triunvirato decidió que recobraba vigencia la ley anterior derogada por el Congreso, para lo cual, obviamente no tenía ninguna competencia, pero que –sugestivamente- le daba la presidencia del Consejo al presidente del triunvirato.             

Cristina Kirchner es objeto de múltiples procesos y condenada en uno de ellos en una “pseudosentencia” abultada en papel, que metodológicamente es copia del modelo del “caso sobornos” ecuatoriano, solo que prescindiendo del “influjo psíquico”. No se ha probado el daño, no se tomaron en cuenta peritaciones, se responsabilizó a la presidenta y no al jefe de gabinete (que es el de la administración), se dio por probado el dolo en base a “no podía ignorar”, se hizo caso omiso del “in dubio pro reo” y podríamos seguir hasta llenar muchas páginas: en síntesis, la metodología consiste en llenar muchas “fojas” enumerando la historia del proceso y el cúmulo de documentos y luego, con muchos adverbios (indudablemente, incuestionablemente, evidentemente, obviamente, notoriamente, etc.), “dada la abrumadora prueba” se condena a todos los procesados. Cabe hacer notar que el proceso fue impulsado en tiempos del presidente Macri, a quien jueces y fiscales intervinientes visitaban asiduamente y jugaban futbol y “paddle” en su quinta, incluso uno de ellos tomaba mate con la sigla del equipo de esos juegos.

El caso llegó al triunvirato y, con una celeridad poco acostumbrada en esa instancia, fue resuelto con un “certiorari” (significa “no me interesa”, art. 280 del código de proceso civil), solo que brevemente razonado (“falta fundamentación autónoma”), que es uno de los dos sellos con que suele rechazarse el 95% de los casos. El triunvirato lo hizo exactamente el día que le habían señalado los medios concentrados de comunicación desde una semana antes, ni siquiera tuvo el pudor de disimular un poco la fecha señalada por los factores reales de poder, de los que los medios son simples lacayos.  

En pocas páginas, en las que el triunvirato no dice otra cosa que ninguno de los argumentos de la defensa lo “conmueve”, concluye que, la condena sin pruebas y por jueces y fiscales que juegan futbol y “paddle” con el presidente, a la presidenta del principal partido opositor, no configura un caso de “gravedad institucional”. La conclusión tiene cierta lógica interna que no puede confesar: una vez demolidas las instituciones, no puede haber “gravedad institucional”.  

Creo que Julio me hubiese respondido con un gesto de obviedad, ahorrando palabras inconvenientes. Con ese gesto me hubiese querido significar: ¿No ve que no queda nada del derecho? ¿O no? En verdad, tampoco tendría muchas palabras para sostener rotundamente lo contrario, pero sigo creyendo firmemente que la lucha no debe detenerse, sino llevarse adelante con mayor fuerza. Creo que el viejo título de Rudolf von Jhering, “Der Kampf ums Recht” (“La lucha por el derecho”) no pierde vigencia. Los derechos no son graciosas concesiones del príncipe, sino que se exigen y a veces se arrancan.

El derecho no es algo que se realiza mecánicamente, sino que “alguien” debe “decirlo”, es el “juris dicere”, la “juris dictio”, la “jurisdicción” que corresponde a los jueces. Cuando quienes deben “decirlo” no lo hacen, el derecho no desaparece, pero calla, queda mudo, nadie lo “dice”. ¿Pero por eso desaparece? ¿Deja de existir? ¿O más bien convoca a la lucha? Convenimos en que el silencio del derecho es ahora desolador, pero justamente por eso nos convoca a luchar con más fuerza. No desapareció el derecho, sino que quienes deben “decirlo” no lo hacen, pues en lugar de eso incurren en disparates, absurdos, ridiculeces, cada vez con menos imaginación y mayor torpeza, seguros de que, en lugar del derecho, pueden “decir” cualquier cosa impunemente.

¿Pero hasta cuándo? La historia enseña que muchos se sintieron seguros porque estaban en el “estribo” y de pronto ni siquiera se quedaron “de a pie”. Callar el derecho es algo que, tarde o temprano, los pueblos no perdonan y toman la Bastilla, aunque solo haya un loco preso. Es menester obligarlos a “decir” el derecho, porque de lo contrario se corre el gravísimo riesgo de volver un día a la “propia mano” violentamente.

Es extremadamente peligroso callar el derecho, porque llega el momento en que estalla en alaridos de catástrofe social. Señalar y mostrar a los que lo hacen callar, exhibir sus impudicias, exigirles que “digan” el derecho, no es más que una prevención de futuros desastres.

Imaginar cómo corregir los defectos institucionales que permitieron que los que enmudecen al derecho lo hagan, es una indispensable prevención de la violencia. No lo olvidemos: en todo esto hay una única verdad que es la realidad, como alguien dijo, y la verdad en este caso es la de ahorrar las vidas que algún día la violencia podría llevarse. Si el mundo no recupera un mínimo de racionalidad, la humanidad estará en un gravísimo peligro, incluso la supervivencia de nuestra propia especie. Si nuestra región no consigue que haya quienes “digan” el derecho, vendrán convulsiones sociales letales. Pero todo esto no hace más que señalarnos la urgencia y magnitud de la lucha por el derecho en esta circunstancia.

Estamos seguros de que Julio Maier, pese a su aparente actitud, sostenida solo por llevarnos amistosamente la contra para promover la discusión, hoy más que hace algunos años, nos daría la razón, puesto que siempre nos la dio con los hechos, porque nunca dejó de luchar.

Viernes 25 de julio de 2025.

*Profesor Emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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