Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Se nos quiere construir mediáticamente un mundo con omisiones –no de lagunas sino de océanos-, fake news y lawfare (o law far), en estricta aplicación del 5º principio de Göbbels (Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar).

Pero por desgracia, incluso la malignidad tiene sus genios perversos y, como no cualquiera es Göbbels, sus principios no funcionan en manos torpes. Tampoco puede obviarse que los aplicaba con viento en popa de factores favorables, como el crecimiento económico alemán después de un cataclismo.

A la larga siempre se impone que la única verdad no sea la posverdad construida, sino la realidad vivenciada, que nos va exigiendo con urgencia pensar en el futuro que nos espera a los argentinos.

Recientemente se ha divulgado un mensaje que, si realmente es auténtico, resulta preocupante: según la versión circulante, alguien invita a que la historia no mire tanto hacia atrás y a “rememorar el futuro”.

 Por cierto que esto no es producto de ninguna profunda reflexión sincretizante de Heidegger y Einstein, pero más allá del dislate, si la historia deja de mirar hacia atrás, por definición deja de ser “historia”, y si el futuro debe “conmemorar”, será porque pretende inventar otro pasado. 

Por el contrario, lo que proponemos es mirar el presente y, con la experiencia del pasado, proyectar hasta donde podamos el futuro o, al menos, las tareas más urgentes que nos reclamará la situación presente para ser superada y para prevenir cualquier eventual reincidencia futura.

Más tarde o más temprano, nuestro Pueblo demandará soluciones a un presente demoledor, que sólo podrán surgir de los canales democráticos, o sea, de los partidos políticos.

En consecuencia, el primer imperativo es cuidar la democracia y, para eso, cuidar la política. Esto significa, ante todo, rechazar la antipolítica, como demolición moral de la democracia, que trata de instalar un nuevo “que se vayan todos”, “todos son corruptos”, “son todos iguales” y similares.

La antipolítica pretende instalar un “no quiero saber nada de política” y, más aún, el “no sé nada de política ni me interesa”, para concluir que de la política “se ocupen otros”, que no son otros que los conocidos de siempre, los que demuelen la democracia.

La antipolítica es una invitación al Pueblo para que deje de ser Pueblo, para que renuncia a su condición de “soberano”, sintetizada en las tres letras del “Nos” mayestático, primera palabra de nuestra Constitución Nacional.  

En los momentos difíciles es cuando se muestra la grandeza, y creemos que ha llegado la ocasión de dejar de lado mezquindades, de perdonar agravios, de postergar ambiciones aunque sean muy legítimas e incuestionables, de recordar errores pero sólo para no volver a cometerlos, de tener presente que el insulto político no tiene la misma entidad que el personal, de alzar banderas para demostrar presencia pero no para dividir, de curar rasguños de luchas menores, de no ceder a la tentación de cualquier oportunismo, de no caer en la trampa de las distracciones y, en definitiva, de cerrar filas, sin ceder singularidades, pero sabiendo que por sobre todas ellas debe ondear la azul y blanca, con su sol bien radiante: la soberanía de nuestro Pueblo y de nuestra Nación.

No se trata de salvar la política por la política misma, sino por la democracia, que implica la soberanía del Pueblo y, por ende, la soberanía nacional, como presupuesto ineludible de una coexistencia en paz con un mínimo de dignidad para todos los habitantes, sin violencia, exclusión, explotación ni discriminación alguna, y para defender la vida, la libertad, la salud, la educación y, en general, el camino de desarrollo humano que debe garantizar todo Estado que sea digno del respeto de su población.  

No es sólo cuestión de cerrar filas para ganar una elección, en una coalición coyuntural que ante el desgaste de una gestión sólo tenga en mira un resultado electoral y nada más. Este objetivo sería inobjetablemente legítimo y válido en otras circunstancias, pero no es suficiente en la presente, porque ahora se impone remontar una regresión grave y, para eso, por lo menos, debe haber una idea o un conjunto de ideas motoras y rectoras.

Tratándose de política, esas ideas motoras no podrían referirse a otra cosa que al Estado, que es el escenario de la política, que ahora cruje. No en vano la antipolítica, desde los tiempos de Martínez de Hoz, quiere “achicar el Estado”, con la tradicional mentira de que eso “agranda la Nación”, cuando en verdad, en el mundo actual significa su entrega a la voracidad de los intereses financieros y a la concentración de riqueza.

Muchos aspectos del Estado deben mover a reflexión y, obviamente, la definición de la agenda corresponde a los canales democráticos de la política, o sea, a los partidos. Lo único que pretendemos señalar en estas líneas es la urgencia del tema y quizá lo que consideramos un núcleo temático que no debería soslayarse.

Es de toda evidencia que algo funciona muy mal en el Estado: un poder ejecutivo electo por una mayoría de menos del 2% de los votos, con mandato por cuatro años, compromete con deuda en dólares el futuro de los presupuestos nacionales por décadas, prometiendo entregar en poco más de un año, un país que, de seguir el actual ritmo de endeudamiento, estaría obligado a pagar por muchos años una suma superior a los 200.000 millones de dólares. Recordemos que el crédito de la Baring Brothers, contratado por Rivadavia, se terminó de pagar en la administración de Perón.

Necesariamente esa suma astronómica será de dinero que no se podrá destinar a salud, educación, caminos, infraestructura productiva, desarrollo regional, etc., con el consiguiente costo de vidas humanas por atención selectiva de la salud (especialmente de niños y tercera edad), violencia por incentivación de conflictividad interna, deterioro de la previsión, aumento de delitos contra la propiedad, inseguridad laboral y accidentes viales, entre otras cosas.

Es indiscutible que quien gana una elección debe gobernar, aunque gane por un voto, pero debe hacerlo dentro de los límites que le impone la legalidad. Una democracia que permita que una mayoría coyuntural, por haber ganado una elección, pueda ejercer un poder ilimitado, no es el modelo de democracia que defendemos todos cuando invocamos esa palabra, sino que abusa de la palabra para encubrir un autoritarismo cesarista plebiscitario, modelo que, obviamente, no siempre requiere un César como cabeza.

No nos confundamos: no defendemos cualquier “democracia”, sino la democracia plural, porque también se autoproclamaban democráticos el fascismo y el estalinismo.  

Un constitucionalista escribió hace tiempo que, en la democracia plural, la mayoría debe respetar a la minoría, porque de no hacerlo, no sólo niega los derechos de la minoría, sino también el derecho de la propia mayoría a cambiar de opinión. Este es el sentido de una democracia idónea para una coexistencia pacífica, mínimamente ordenada e igualitaria, capaz de recuperar un elemental sentido de fraternidad humana.

Pero esa democracia es incompatible con un gobierno que compromete el derecho al desarrollo humano progresivo por décadas, encubierto con una poderosa concentración de medios de comunicación que, como parte de la concentración de riqueza, acalla toda voz disidente y obliga a la autocensura. Es de sobra sabido que los discursos y creaciones de realidad únicos siempre fueron propios de regímenes autoritarios o claramente no democráticos.  

Además, en la Argentina de hoy, todo funcionario electo que tenga a su cargo alguna responsabilidad de gobierno, es fácilmente coaccionado por el ejecutivo nacional, merced a un problema que no hemos resuelto desde 1853 y que, como todos sabemos, hizo que la Provincia de Buenos Aires se segregase de la Confederación hasta 1860: el reparto de los recursos recaudados por el Estado nacional.

Tampoco lo resolvimos en 1994 y esta brecha es la que ahora aprovecha el ejecutivo, no sólo para acallar a gobernadores e intendentes, sino para forzarlos a que disciplinen a sus legisladores nacionales para votar sus proyectos de deterioro previsional, de precarización laboral, etc. De este modo va desapareciendo la separación de poderes y, con ella, el sistema de pesos y contrapesos republicano.

Creemos que no es nada sano subestimar la complicada situación y la responsabilidad de quienes tienen el deber de velar por partes considerables de nuestra población y, por eso, justamente, es altamente recomendable abstenerse de repartir etiquetas de “traidor” y similares.

Mucho se está hablando del Lawfare, como combinación del monopolio mediático creador de realidad y segmentos de la justicia. Como método lo único nuevo es el nombre, pero lo demás es reiteración de lo sucedido después de los golpes de Estado de 1955 y 1976. La diferencia no es de método sino de circunstancia: ahora lo emplea un gobierno electo pero que, al igual que los “de facto”, dispone de una altísima concentración de medios de comunicación y casi no tolera voces críticas.

El extremo judicial del ahora llamado Lawfare tampoco es gratuito, sino que resulta de una institucionalización defectuosa del Poder Judicial. No existe ninguna estructura judicial semejante en un país democrático: cinco personas, en nuestra Nación, sin que la Constitución ni ninguna ley los autorice, por mera decisión pretoriana, se han proclamado desde décadas como la última instancia de todos los procesos que se tramitan en nuestro territorio, emitiendo unas 15.000 sentencias por año.     

En estas condiciones, es elemental pensar que las ideas rectoras deben referirse principalmente a un serio replanteo institucional del modelo de Estado que necesitamos para navegar un mundo en que domina el capital financiero transnacional. En particular, salta a la vista la necesidad de replantear y fortalecer sus instituciones republicanas y democráticas.  

No puede ocultarse por más tiempo que hemos llegado a la actual situación como resultado de una institucionalidad defectuosa, que permite a un ejecutivo coyuntural comprometer nuestro destino por décadas, que debilita las bases del federalismo, del régimen municipal, de las mayorías en las Cámaras del Congreso, de la independencia judicial, es decir, que no sólo está debilitando a la democracia, sino al propio sistema republicano de gobierno.

La Constitución manda que nuestro sistema de gobierno sea republicano, representativo y federal. ¿Pero qué nos queda de República si se opaca la separación de los poderes y su sistema de controles? ¿Qué nos queda de “representativo” si el ejecutivo se permite coaccionar a los legisladores a través de los gobernadores? ¿Qué nos queda de federalismo si los gobernadores deben ir al pie del ejecutivo para conseguir los recursos para pagar a sus administraciones?

Es urgente reflexionar sobre nuestro Estado y sus instituciones. El proyecto de Estado plasmado en la Constitución de 1853-1860-1994 ya no funciona, y el de 1949 fue brutalmente cortado por un bando militar.

Prueba clarísima de las falencias de nuestro proyecto de Estado plasmado constitucionalmente, es que éstas han permitido que lleguemos a esta situación de verdadera crisis institucional y de compromiso de nuestro desarrollo futuro por décadas.

Será urgente pensar cómo remontar el presente, pero será difícil hacerlo con un barco que institucionalmente hace agua cuando, al mismo tiempo, apremia acorazar la nave para superar las olas tempestuosas del mundo actual y, lo que no es un detalle menor, también para evitar que el enorme esfuerzo de recuperación que hagamos sea neutralizado nuevamente en el futuro.

Un proyecto de Estado es tarea de toda la ciudadanía, canalizada a través de los vehículos naturales de la democracia plural. No se trata de una tarea de juristas; ningún equipo de sabios encerrados en un laboratorio podrá alumbrar un proyecto de Estado democrático. Será obra de juristas asegurar su forma, su envase por así decir, pero el contenido siempre será responsabilidad de todos y todas.

No es sólo la política lo que está en juego, sino el Estado como palco sobre el que ésta se desarrolla y los pilotes democráticos que lo sostienen. En esta hora se impone el deber ético de aunar esfuerzos, cerrar filas, pero en torno a un nuevo proyecto de Estado que, en algún momento, se debería plasmar en una Constitución acorde a la actual situación del mundo.

Comenzar a pensar hoy en una nueva Constitución futura, en un proyecto de Estado como condición para remontar la actual situación y prevenir su recurrencia, es una urgente tarea política de enorme dimensión, pero no por eso se deben bajar los brazos antes de comenzar. No debe nadie atemorizarse por la magnitud de la tarea. No es posible marchar hacia el futuro con depresión ni dejar que el pesimismo inmovilice. Todo puede fracasar, pero ningún mal es eterno en este mundo, y tampoco es irremediable, porque el Pueblo y la Nación seguirán existiendo.  

Si San Martín hubiese pensado como algunos deprimidos y pesimistas, no hubiese cruzado los Andes; sin embargo, Chile es independiente, pese a Cancha Rayada.  

Buenos Aires, 3 de marzo de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires        

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Por Raúl Lemos*

(para La Tecl@ Eñe)

“Los tiempos cambiaron” fue la explicación de tribunales.

El derecho y la justicia, la verdadera, están en cuestión. Un torturador, violador y desaparecedor de personas puede esperar en su casa el estado firme de la sentencia que lo condena y luego muy probablemente continuarla allí por tener más de 70 años. O un ex presidente con condena firme por la venta ilegal de armas que incluyó la voladura de una ciudad con muertos, decenas de heridos y de casa destruidas, ser condenado a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación, volver a presentarse a elecciones y parapetarse detrás de sus fueros. Pero un ex vicepresidente, no. En un juicio muy cuestionado y dudoso, en que lo relevante fueron los testigos y los arrepentidos y no se pudieron probar relaciones claves que se le adjudicaban para poder cometer el delito, le dan 5 años y 10 meses, casi la máxima pena, e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Y por si la saña no se advirtiera, y aún no firme su condena, la detención inmediata. Estas crueldades, y otras que se apilan como la de Milagro Sala, son huellas muy profundas de un rastro que nos conduce a una realidad paralela que siempre estuvo ahí y ahora reaparece e irrumpe feroz, esta vez con la excusa del “cambio de los tiempos” ya bautizado con la sigla en inglés “lawfare”.

Pero esto viene de lejos. La primera violación de la legalidad institucional de la Argentina fue en 1930 cuando la presidía Hipólito Yrigoyen y validada ipso facto por la Corte Suprema de Justicia para seguir sentada en su lugar, cuando lo debido, honroso y digno hubiera sido el desconocimiento de la interrupción y la renuncia eventual de sus miembros. El mojón siguiente en esa escalada gradualmente inédita de la historia, fue el bombardeo contra civiles en Plaza de Mayo por la Armada en 1955 y un año más tarde los fusilamientos de José León Suárez. Veinte años después, con el golpe del 76 se abrieron las puertas al horror y la barbarie de torturar y matar en masa desde el Estado. En el 30, en los 50 y en los 70 el Estado éramos todos. Y ya en este presente exacerbado por enésima, abierto nuevamente al odio y la irracionalidad revanchista, instrumentados con uno de los tres poderes, el Judicial, el Estado seguimos siendo nosotros. Un Estado es una unidad con una población, un territorio y un gobierno.

La Argentina no va a tener paz ni estabilidad consistente así como no la consiguen las vidas atribuladas por pasados traumáticos que se arrastran por no poder procesar los sucesos más con racionalidad que emotividad. No es un problema de la política y ni siquiera exclusivo de las familias que detentan el poder real en la Argentina, cuya responsabilidad es primaria y mayúscula. Sus antecesores comenzaron a darle forma más acabada allá lejos con la Conquista al Desierto en 1876, y son parte decisiva de la cuestión pero no suficientes para perpetuarla. Tampoco es una maldición ni un imponderable de la historia. Es perfectamente explicable si queremos ver lo que miramos y escuchar lo que oímos. Tampoco lo traduce la grieta con la misma transparencia que lo grafica. Es un nudo, una posición cerrada, irreductible, infantil, que se disfraza con mil trajes para resistir. El principal, con carácter estructural, viene con una batería de gestos y ademanes: la apariencia de seriedad junto con la creencia de que esa emulación es serlo en serio. Y en honor a la seriedad, lo que acaba de suceder con el ex Vicepresidente de la República no lo es en lo más mínimo e indispensable. Y sí atroz y espantoso para la libertad.

En la Argentina, se vive sin el calor y la mancomunidad de un presente previsible y un futuro esperanzado. Se sobrevive con la carencia en el alma y el corazón en la boca; se sobrevive. La idiosincrasia es la del náufrago, presto para conseguir lo que sea del modo que sea, porque lo que cuenta es la necesidad, casi terminal, de cubrir una falta de algo, aunque más no sea simbólica. No importa si es ropa para reemplazar arapos o la “colección” de invierno del año pasado. O comida para nutrir un cuerpo famélico o una reserva en un comedero de categoría. Todo está hecho con la avidez y la latencia, se confirme o no, que conseguirlo es un triunfo porque sacamos una ventaja. Y el objeto que la entraña representa un dios y debe ser adorado. Estamos dispuestos a tomar atajos y sortear obstáculos e impedimentos, a veces a cualquier precio y si alguna vez nos toca estar del lado del aventajado en lugar del ventajero no pataleamos, porque sabemos que mañana nos va a tocar a nosotros estar en esa ventanilla para reclamar nuestra parte del botín. Pues en una sociedad así estructurada, bajo las formas patrimoniales brillan ocultas las del botín como arcones de piratas en cuevas; los más suculentos y repletos en el exterior… Hasta un viaje es un botín que exige ser selfiado para el disfrute pueril.

Si no, no luce.

Hasta los hijos revistan en el inventario de las cosas apropiadas y quizá por eso estén disponibles para ser devorados con fruición cuando la “patria” lo requiera. Más que el futuro parecen un medio para el presente. Cuando en nombre de su porvenir se emprende la búsqueda del tesoro y se daña uno de los más preciados que es el afecto. También para facilitarle la tarea a sus padres de no animarse a vivir sus vidas y colgarse de las de sus vástagos proyectándoles frustraciones por mandatos invisibles pero eficientes en idiotizar y proliferar la chatura: esta es la “seguridad” resultante de la psique de la avidez.

En este lodazal suborganizado que es la sociedad argentina, la provisoriedad y la precariedad del náufrago es la regla que subyace condicionando cualquier otra. En él ninguna hecatombe puede ser superior al drama particular, no colectivo, de sentirse condenado a ser un menesteroso de todas las cosas. Recién cuando explotan los bolsones de carencias y las aspas tensas cortan urgidas los aires de los cielos se toma consciencia abrupta de quienes somos, del lugar que tenemos y de lo que nos ha estado sucediendo.

Es como si los conquistadores nunca hubieran terminado de llegar, porque nunca vinieron para quedarse. Solo para llevarse algo o trajinar en sucesión transitoria e interminable. Y así transcurren las vidas. En un deambular simbólico perenne que no arraiga en nada. Como si este lugar, el territorio de nuestro Estado, no fuera uno definitivo y definitorio de nuestro destino y por ello no merezca el esfuerzo o la pena de ser cuidado. Un nomadismo del alma que no puede asentarse y mirar la vida desde ese afuera y reconocerse dentro de este adentro. Irse a Europa o EEUU parece más una fantasía de pertenencia a esos lugares que una pausa, pero sin poder imaginar las vidas organizadas y laboriosas de los proyectos comunes acabados y hechos nación que envidian, como factibles en su propio suelo. Se ahorra en verdes y el hall de Ezeiza presenta escenas nerviosas de changarines de mudanza excitados y extenuados con sus módicos botines traídos del exterior.

Es que, eso otro, la admirada perfección de aquellas comunidades, requiere de una decisión trascendente, no gratuita ni exenta de sacrificios, de acometerlo como conjunto, y no como colonos.

La discusión por el aborto, y en el lugar en donde se expresa el pueblo por excelencia, coloca blanco sobre negro como ninguna otra cuestión la contradicción dentro de la sociedad que esquematiza la vapuleada grieta. No es casual que sean las mujeres quienes estén en una posición expectante para catalizar esa energía y reciclarla en algo útil para todos. En ese desafío se juega la vida un nuevo modelo de sociedad, sin el que la muerte del patriarcado sería solo una ilusión. Y porque traen la impronta y la frescura de los proyectos colectivos, y la agitada experiencia de una lucha hasta ahora no visibilizada con esta intensidad, a un suelo en el que siempre está todo por hacerse.

La Plata, 14 de agosto de 2018

*Miembro fundador e integrante de la Mesa Provincial del Partido Solidaridad e Igualdad

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Por cierto, pasan cosas en el mundo, algunas insólitas, como que un arzobispo quiere darle un golpe de estado al Papa. Busco en internet datos del tal Viganò, original cura que parece volver a los tiempos de los Medici, pero para mi sorpresa no es florentino, sino lombardo de Varese y de rica familia. Leo más y parece que, peleando por la herencia, denunció a su hermana por “circunvención de incapaces” (un delito muy italiano que es aprovecharse de un loco), en este caso su hermana sería el incapaz que tuvo que ir en silla de ruedas a decirle al juez de Milán que estaba mal de las piernas, pero no de la cabeza y que el curita hermano se quería quedar con su cuota hereditaria.

Busco más y encuentro que se trata de un sujeto dedicado a la diplomacia, fue embajador en los Estados Unidos, fino él, delicado tratando con los poderosos. Disgustados por sus intrigas en busca de poder en el Vaticano, ni Benedicto ni Francisco lo hicieron cardenal y, para colmo, el primero lo alejó del Vaticano mandándolo como embajador y el segundo lo removió de esta función.  

Me lo imagino masticando rabia. Seguramente el púrpura le hubiese quedado bien, aunque quizá también le hubiese otorgado más semblante de vieja distinguida de barrio alto que de dignatario respetable. Pensará que esos egoístas le frustraron sus altos destinos como canciller, quizá como Papa. ¿Por qué no? Me lo imagino cargado de desprecio peninsular del norte contra los “terroni” del sur, afirmando que la culpa de todo la tuvo Garibaldi al unificar Italia. ¿Y qué decir lo que sentirá por este “sudaca” de mucho más al sur? Se hizo llamar Francisco y tuvo la osadía de emitir una encíclica en la que afirma que “este sistema no se sostiene” y va camino de hacer pelota el planeta. Se disculpará y avergonzará por estos exabruptos de cura sudamericano ante sus fieles amigos norteamericanos con los que tan a gusto se codeaba.  

Y para colmo, lo acusa por no haber condenado sin más pruebas que sus alcahueterías y, en lugar, haber esperado a que se prueben los hechos para después condenar. ¿Quién se cree este “sudaca” que exige pruebas antes de penar? ¿No le bastaba con su palabra de cura fino del norte? No haber creído en su palabra y no haber condenado sin más prueba, es para el cura fino un encubrimiento.

Sin duda que el perfil de este curita tortuoso indica graves errores de conducta, su actuación de intrigante resentido es manifiesta, demasiado notoria, especialmente cuando la completa con su histérica teatralización histriónica de víctima, cuya vida supuestamente corre peligro.

Cierro internet y pienso si habrá organizaciones con tendencia corporativa que generan errores de conducta de esta naturaleza. Sin duda que ciertos medios corporativos y burocráticos muy fuertes condicionan conductas, porque nadie se forma en una incubadora. No sé lo que pasa en la Iglesia, no conozco sus vericuetos internos, pero tengo experiencia de otra organización fuerte aunque mucho menos importante, que es el llamado “poder” judicial.

Por algún tiempo me dediqué a investigar qué pasaba con los juristas alemanes en tiempos del nazismo. Me interesaron sus peligrosas elucubraciones perversas y la posibilidad de supervivencia o renacimiento de sus tortuosas racionalizaciones de lo incalificable. Me perdí en algunas bibliotecas leyendo libros y artículos en gótico, hasta que finalmente publiqué un ensayo el año pasado.

Ahora observo con seria preocupación lo que sucede en la justicia federal argentina y en alguna provincial y, por cierto, no es lo mismo. Los nazis eran aberrantes, con finos bisturíes trataban de descuartizar las garantías penales y procesales más tradicionales, apelaban a metodologías diferentes y en cada una exploraban lo que les era útil para su perversa argumentación. Pero lo que observo en la justicia federal argentina es algo muy diferente: no se argumenta, simplemente se dice cualquier cosa, que poco o nada tiene que ver con el derecho.

No voy a pasar revista a las decisiones desopilantes: se pretende procesar por “traición a la Nación” (cuando nunca hubo guerra), se declaran imprescriptibles delitos de “corrupción” (serían más graves que los parricidios), se toman declaraciones a “arrepentidos” que si no se arrepienten quedan presos (a las brujas no se las torturaba para que confesasen, sino para que diesen algún nombre), se ordenan prisiones preventivas efectivas sin riesgo de fuga ni de interferencias (hay vínculos residuales), se hace lo mismo sin sentencia firme (total se sabe que se va a confirmar), se prohíbe a médicos atender pacientes cuando no tienen matrícula provincial (la nacional no sirve en Jujuy), y podría seguir largamente, pero no vale la pena.   

Nada de esto se racionaliza finamente, como hacían los nazis, sino que se ordena y basta. La consigna parece ser “lo hago porque tengo el poder de hacerlo”. No me ocupo aquí de motivaciones políticas de nivel manifiesto, sino que me pregunto por el proceso psicológico que lleva a estas decisiones.

No admito que alguien lo quiera explicar por corrupción o por amenaza de “carpetazo”. Me consta en muchos casos que nada hay de corrupción y en otros no conozco, pero presumo que tampoco. No creo que haya “carpetazos” amenazantes en tal cantidad y tampoco que haya tantos vulnerables a ese infame procedimiento. Es muy simplista y falsa esta explicación.

Este “lo hago porque tengo poder” es una conducta errónea que, cuando se reitera en una institución, hace algo más que sospechar un condicionamiento o, por lo menos, en el efecto que la cultura institucional o burocrática tiene sobre algunas personalidades predispuestas.

Es innegable que esos comportamientos no presentan la característica de racionalización perversa de los nazis ni tampoco la neutralización de valores (descripta por Sykes y Matza) propia –entre otros- de los genocidas, sino que el error de conducta se manifiesta con signos bastante inequívocos: quien procede de esa forma se considera invulnerable, está seguro de que no le pasará nada, no se imagina correr ningún riesgo, no toma consciencia de la transitoriedad y dinámica temporal, de la accidentalidad de la existencia, no está exento de una dosis de narcisismo, piensa en blanco y negro, a los “malos” nada, no se imagina el dolor del otro, no admite grises ni matices, en buena medida opera con pensamiento mágico. En síntesis, todo eso permite señalar que el carácter más saliente de esas conductas es la omnipotencia.

La omnipotencia es normal en la adolescencia, pero no en las personas adultas, donde no indica un buen nivel de salud mental o, al menos, señala un grado de inmadurez preocupante. Si esos comportamientos se reiteran en el “poder” judicial, cabe preguntarse si la institución no condiciona –al menos en algunas personalidades no muy maduras emocionalmente- una regresión a etapas superadas por la vida adulta (regresión adolescente) y, con pocas dudas, la respuesta parece que debe ser afirmativa, lo que no deja de ser preocupante.

Sabemos que la prisión –y en general todas las instituciones totales- provocan regresiones situacionales por efecto de condicionamientos externos (disciplina, horarios, vigilancia), pero en el caso judicial parece que la institución lo hace por condicionamientos internos, o sea, que neurotiza o, por lo menos, tiende a aumentar una previa base de inmadurez fijada en la adolescencia.

No es para nada insignificante desde el punto de vista político-institucional verificar que una institución como la “justicia” genera estos errores de conducta, sino que, por el contrario, resulta preocupante.

Más allá del lawfare, de la manipulación mediática y de todos los accidentes del poder de un gobierno que se debate en una más que previsible agonía por efecto de su manejo económico colonialista, subyace un fondo de omnipotencia en el comportamiento que nada tiene que ver con la coyuntura, sino que muestra errores de conducta individuales que se concretan en una clara patología institucional.

Será cuestión de reflexionar en miras al futuro, para estudiar las posibles formas de neutralización de esos condicionamientos. Será necesario plantear hipótesis a investigar. Quizá haya un estereotipo de “juez”, con demandas de rol que el sujeto internaliza y asume en forma omnipotente. Tal vez predomine el fomento de un desprecio por la política pasajera y una convicción de superioridad por la permanencia. Quizá algunos se miren al espejo a la mañana y no vean más a Juan, Pedro o Pablo, sino a Su Señoría. No cabe descartar que en la afirmación de “soy juez” se esconda un “ser” que ya no es más el estudiante, el novio o la novia, el abogado, sino alguien que “es” su trabajo, su función, su “personaje”. ¿Será que la institución –al menos en algunos casos- se traga la personalidad y la deteriora?

Son hipótesis, meras preguntas, pero se las tendría que formular y responder quien responsablemente reflexione y proyecte en el futuro alguna reorganización racional de nuestro “poder” judicial, que tan triste papel está jugando en estos tiempos.             

Septiembre 11 de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por Sebastián Plut*

(para La Tecl@ Eñe)

“Después se preguntan

por qué el gaucho apoyó a los caudillos.

El caudillo era el sindicato del gaucho”.

Arturo Jauretche

El Derecho Romano, con su cláusula lex dura sed lex (1), nos legó el valor de la objeción, del pero. Como suele suceder, los axiomas de esa índole, y pese a la firmeza de su enunciación, derivan en interpretaciones múltiples. Es la conjunción pero la que en este caso introduce el intersticio en el cual se asientan las lecturas disímiles. O acaso sea a la inversa y, entonces, dada la subjetividad –es decir, la diversidad- todo aforismo adquiere mayor riqueza cuanto más recoge y pronuncia la imposibilidad de univocidad.

Para muchos, se dirá, aquella figura jurídica indica el carácter inapelable de la legislación; para otros, más bien, se trata de su alcance, de la abarcatividad de las normas (hasta los nobles deben someterse a ellas). Sin embargo, el nexo (pero) parece matizar, expandir o cuestionar la severidad de inicio: la ley es dura pero…

Aunque exista una suerte de consenso, genuino o aparente, que defiende el incuestionable amorío entre civilización y ley, nada impide afirmar sus límites, sus sombras, e incluso sugerir su inmodificable y parcial ineficacia. Y también, suscribir que todos somos iguales ante la ley, que todos estamos sujetos a ella y debemos adecuar nuestras conductas a sus prescripciones, no obsta para que nos preguntemos cuánto las leyes y lo que exigimos de ellas representan –y respetan- las legalidades psíquicas o, lo que es lo mismo, en qué medida  expresan válidamente nuestra humanidad.

Winnicott propuso la madre suficientemente buena para que podamos reconocer que, a diferencia de la madre perfecta (figura inexistente y al mismo tiempo perjudicial), solo aquélla se adapta a las necesidades del bebé al tiempo que presenta fallas en su función.

Nuestro título (La ley suficientemente buena) recupera ese espíritu y abusando de cierto isomorfismo adjudicamos idénticas características a la ley: no logra perfección, si lo pretende se torna nociva, y su tarea es operar en función de las necesidades de aquellos a los que protege.

Asumimos, sin dudarlo, que las leyes intervienen bajo la forma de obligaciones, prohibiciones y, eventualmente, castigos, aunque en este punto retorna el “pero…”. En efecto, si priorizamos las garantías constitucionales y el Estado de Derecho, corresponde a un orden mayor valorar el plexo normativo en su función protectora más que prohibidora.

El psicoanálisis no se pregunta tanto sobre el por qué de la violencia, a la cual reconoce como origen del derecho, como su antecesora, y también como factor constitutivo del psiquismo, estructura que, pese a lo que deseamos imaginar, está más gobernada por la ambivalencia amor-odio (y, agreguemos, la indiferencia) que por un universal pacifismo. Por ello, es que más que por sus causas el psicoanálisis se interroga sobre cómo hacer surgir algo diverso, cómo crear condiciones de ternura, identificación y comunidad entre los seres humanos, aun a sabiendas del carácter utópico o inacabado de tal propósito.

La violencia, sostuvo Freud, fue quebrantada por la “unión de varios débiles” y es el poder de esta unidad el que constituye el derecho como opuesto al poder del más fuerte, del único. El derecho, dice el autor, “es el poder de una comunidad” (2). Esta ley o justicia determina la medida en que el sujeto debe renunciar a su libertad personal de aplicar su propia fuerza como violencia. Claro que una vez dado este paso decisivo surgen nuevos problemas, por ejemplo, cómo hacer de esa creación algo duradero, objetivo que se complica toda vez que “la comunidad incluye desde el comienzo elementos de poder desigual”, esos débiles que mencionamos previamente.

Es decir, todo derecho tiene en su base la violencia de origen y se estructura como comunión de muchos, diferentes y débiles. El primer componente (violencia) deberá funcionar como advertencia para que la práctica judicial no lo espeje; el segundo componente (los rasgos de la comunidad) deberá contar como razón de interpretación y elección sobre qué debe contemplar cada fallo.

Podemos plantear, entonces, tres premisas de base: a) no hay desarraigo posible de la violencia, b) la ley no logra recubrir todas las formas posibles de la violencia y c) la ley debe cuidarse de reproducir la misma violencia que está en su fundamento.

La ley es dura, pero…

Cuanto menos, hay cuatro legalidades que pueden resultar afectadas: la que nos impone no abusar injustamente del poder sobre el otro, la que nos exige no imponer afectos sobre el otro (habitualmente llamado manipulación emocional), la que requiere no perturbar el pensamiento del otro (aspecto estudiado como comunicación paradojal) y la que nos obliga a no intrusar el organismo o la economía del otro.

De estas 4 dimensiones, nuestras leyes suelen frenar o sancionar sobre todo las acciones ligadas con la primera y la última: por ejemplo, si impedimos la voluntad o libertad de movimientos del otro (privación de la libertad, etc.) o bien si lastimamos su cuerpo o lo estafamos. Se advierte, pues, que las leyes nada suelen decir cuando solo se trata de una manipulación emocional o bien cuando confundimos la mente ajena y logramos que crea en lo que no debería creer, que confíe en frases que contradicen su propia percepción.

Singular y colectivamente afrontamos una triple fuente de exigencias: las que provienen de nuestros deseos y aspiraciones, las que se originan en nuestras obligaciones y tradiciones y, por último, las que se crean por las limitaciones y posibilidades que nos brinda la realidad. El modo en que conjuguemos tales interpelaciones, con la conciencia de que cada solución siempre será fragmentaria, transitoria e imperfecta, determinará el tipo e intensidad de la conflictividad así como también los caminos que hallemos para su resolución. En suma, el sabio consejo para nuestras expectativas es combinar la formulación abstracta de nuestras pretensiones con las limitaciones reales propias de nuestro mundo humano. En caso contrario, las teorías y enunciaciones genéricas que enarbolemos no distarán mucho de una apenas velada desconexión de la realidad:

1) En diversas ocasiones destacamos la hipótesis freudiana sobre la inevitable insuficiencia de las leyes que regulan los intercambios intersubjetivos. Sin embargo, el problema humano allí es nuestra regular inclinación a negar dicha insuficiencia, y de allí derivan múltiples problemas, pues nos basamos en una perspectiva idealizada, irreal. Dicho de otro modo, la mayor prolijidad y detalle de un código normativo jamás podrá eliminar el ejercicio de interpretación, elección y decisión.

2) Cuando hablamos de corrupción nos indignamos, le damos la mayor trascendencia y gravedad al expediente. Hasta el más desconocedor de estos asuntos afirma que la corrupción es estructural. También sabemos que detrás del propósito de combatir ilícitos, la propaganda basada en la corrupción procura el desvío de atención de problemas más graves, instala la estigmatización de grupos así como también constituye un instrumento eficaz y peligroso de persecución política (lawfare). Al mismo tiempo, y paradójicamente, observamos que la grave sanción que merece socialmente, se acompaña de soluciones que resaltan por su simplicidad e ingenuidad.

3) ¿El Estado y sus leyes deben operar especialmente prohibiendo o protegiendo? La diferencia no es en nada menor y conduce a pensar la sociedad como materia de Derecho Penal o bien a pensar los problemas con mayor sofisticación y ternura. Solo a modo de ejemplo, problemas como el aborto o las adicciones podrán ser objeto de penalidades o bien de atención y contención; así como también las protestas sociales podrán ser consideradas demandas a resolver o bien como manifestaciones que serán criminalizadas.

4) La violencia no es algo homogéneo. Hay diferentes violencias y una distinción esencial es si quien transgrede la ley ya se encontraba, previamente, amparado en la misma. En todo caso, ¿podemos juzgar con igual vara a quien estando resguardado legalmente, con sus necesidades satisfechas, protegido en sus derechos (a la salud, educación, trabajo, etc.) comete un delito, y a quien se encuentra excluido de toda consideración legal y social? ¿Debemos intervenir del mismo modo cuando alguien, ya antes de su acción ilegal, se hallaba expulsado de todo alojamiento social? Como también afirmó Freud, “no se piensa de buena gana en molinos de tan lenta molienda que uno podría morirse de hambre antes de recibir la harina” (3).

Corolarios

La aplicación de la ley suele buscar y hallar su destinatario en el sadismo humano, no obstante a la hora de legislar –y también de administrar justicia- convendrá estar atentos a nuestro incansable masoquismo, esto es, a nuestra humana tendencia capaz de producir prácticas idóneas para agravar el problema que se pretende resolver. Recordemos que la mayor crueldad de nuestras instituciones suele derivar más en un ejemplo del grado de violencia del que es capaz una sociedad que en una reducción de la conflictividad.

Nunca es saludable desconocer nuestros motores, desmentir la heterogeneidad de pulsiones que nos mueven, y por eso señalamos más arriba la imposibilidad de erradicar la violencia. Más aun, que nos horrorice la violencia no excluye la fascinación que nos provoca y es ese hechizo el que mejor denuncia cuánto nos involucra el crimen.

Si como expusimos más arriba el derecho es el resultado de la unión de muchos débiles y de potencia desigual, solo asistiremos a una regresión social –a la violencia y la homogeneidad- si la ley es solo un instrumento del más fuerte. Por ello mismo, la fortaleza de la ley será, sin duda, el modo en que ella misma represente la debilidad de quienes le dieron origen.

En síntesis, que las normas culturales que creamos sean la tarea y la expresión de la transformación de nuestras tendencias pulsionales, no nos exime de advertir y afrontar que las exigencias culturales también tienen sus inexpugnables limitaciones.

Referencias:

(1) La ley es dura, pero es ley.

(2) Freud S. y Einstein, A.; (1932) “¿Por qué la guerra?”, Obras Completas, Vol. XXII, Ed. Amorrortu.

(3) Freud S. y Einstein, A.; (1932) Op. cit.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018

*Doctor en Psicología. Psicoanalista. Autor de El malestar en la cultura neoliberal (Ed. Letra Viva).

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 Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Toda interacción humana tiene algo de dramaturgia según los sociólogos interaccionistas. Esta afirmación es mucho más válida cuando se trata del proceso penal. Aunque quien observa un juicio oral nunca haya leído a un interaccionista, no puede dejar de observar que hay una distribución de roles muy cuidada y cada quien asume el suyo. Esta sensación es aun mucho más completa si los jueces visten togas y los abogados también. Cada uno ocupa su lugar, fiscal acusador y abogado defensor a los lados, los jueces en sus estrados, el acusado junto a su defensor. Cualquiera que se salga del rol asignado provoca lo que los interaccionistas llaman “una disrupción” y de inmediato el tribunal lo hace callar o lo excluye de la audiencia.

Pero hay una situación que provoca también “disrupción” y que no se resuelve tan fácilmente: es la que producen los jueces cuando se salen de su rol. En ese caso no hay nadie que los haga callar o los excluya. Por eso esas “disrupciones” de los jueces son mucho menos frecuentes e incluso diríamos que raras.

Los casos más extremos de “disrupciones judiciales” se dieron en las parodias de juicios llevadas a cabo en los regímenes totalitarios, tales como las purgas estalinistas –con el famoso fiscal servicial- o el llamado “tribunal del pueblo” nazi, con el no menos famoso payaso togado Ronald Freisler.

Cuando se llega a extremos de “disrupciones judiciales” se desarma directamente el escenario y la distribución de roles se quiebra definitivamente, pues ante la falta de autoridad que “ponga orden”, o sea, que preserve la distribución de los roles, cada quien no se siente obligado a mantener su rol. Adviene el caos y el drama corre por otros carriles.

En tales casos, en que cada quien pasa a elegir el libreto que quiere, suele plantearse un dilema a los acusados y a sus defensores: son conscientes de que las reglas del juego no funcionan y deben optar entre seguir un juego que ya no corresponde a la previa distribución de roles, o bien, proceder a lo que alguna vez se ha llamado el “juicio de ruptura”, que consiste en denunciar a los jueces y asumir un abierto rol de confrontación con éstos.

En esos casos se suelen escuchar expresiones tales como “veo el hacha del verdugo bajo la toga del juez” y similares, o sea, el proceso se acaba y lo que queda es una pura confrontación de poder que quiebra toda juridicidad y racionalidad. Es, cabe reiterarlo, el caos. 

Este caso se debe a que en esta última variable, el proceso se sale de cauce y termina siendo una confrontación política, en la que el acusado y su defensor desconocen la autoridad de los jueces “disruptores”. Como es obvio, cuando las cosas llegan a este punto, la situación es de extrema gravedad y, por ende, a toda costa deben agotarse los esfuerzos para evitar que se produzca.    

En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama “lawfare” bastante peligrosa. La persecución política a la oposición mediante un proceso en que se extorsiona a los imputados amenazándolos con un manejo arbitrario de la prisión preventiva es de conocimiento público. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a los empresarios argentinos, lo que redunda en beneficio del capital financiero transnacional. Los propietarios del único canal televisivo que no responde al gobierno están presos. Las detenciones de ex– funcionarios se televisan, alguna vez con la persona en pijama. Las excarcelaciones se revocan en trámites procesalmente bastante objetables y por primera vez desde que se volvió a los cauces constitucionales tenemos presos políticos en nuestro país.

Las imputaciones pasan por alto la legalidad de los tipos a los que apelan : hubo “traiciones a la nación” sin guerra. Ante la obvia inadecuación de esta tipicidad, se apeló al encubrimiento y a una llamada “doctrina”, inaudita, porque no habría funcionario imputado de delito que pudiese beneficiarse con una excarcelación. Además, hay sentencias condenatorias que “estiran” los tipos penales como si fuesen de goma y hacen que actos debidos y legales de funcionarios pasen a ser criminales sólo porque se le ocurre a los jueces.

Se apela a la “asociación ilícita”, tipo penal que es inconstitucional, porque se consumaría con que tres o más personas, en una noche de medio borrachera, acordasen cometer delitos y pese a que al día siguiente hayan decidido que eso era absurdo y no hayan cometido ni intentado cometer ningún delito. Se sabe que este tipo penal, que proviene de la vieja criminalización de sindicalistas en tiempos en que la huelga era un delito, se usa en la instrucción para legitimar prisiones preventivas. También se sabe que es irracional, porque si quienes se ponen de acuerdo son tres “mecheras” de tienda, por el simple acuerdo serían más penadas que si cometiesen realmente los hurtos.

No vale la pena seguir recordando lo que todos sabemos, aunque no cabe olvidar la prisión política de Milagro Sala o la pretensión de que una adolescente casi niña sea amenazada con privación de libertad para acallar o debilitar a su madre. Si bien ambos casos son muy diferentes, tienen en común servir de muestra del grado de odio y crueldad extremos que mueven a quienes los impulsan.  

Pero en las últimas semanas la cuerda se va estirando con serio riesgo de que la “disrupción” termine descalabrando todo. Ante las denuncias contra el fiscal del famoso proceso de los cuadernos fotocopiados que habría redactado un empleado grafómano, como consecuencia de la aparición de un personaje extraño, de servicios de informaciones mezclados en la actividad judicial, de indicios de extorsiones y demás escándalos, se pretende sacar la causa de las manos del juez federal que la investiga y ahora, nada menos que acusar al juez federal ante el Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo.

Cualquiera sea la verdad de los hechos, lo cierto es que si se consigue apartar al juez y más aún si se lo remueve, eso no haría más que engendrar serias presunciones de que algo sucio se quiere ocultar.

Pero al margen de todo esto o, mejor dicho, como resultado de la acumulación de todo lo anterior, lo cierto es que la cuerda se va estirando demasiado y está tocando un límite peligroso, muy riesgoso. La cuerda puede romperse, la “disrupción” generar la “ruptura”, los procesos acabar en disputas políticas abiertas, los acusados y sus defensores desconociendo la autoridad judicial, o sea, el caos total.

No sabemos si vale la pena invocar la razón, tan extraña a nuestro tiempo, pero al menos, aunque más no sea para tener la conciencia tranquila, debemos intentarlo, advirtiendo el riesgo que se está corriendo: nos movemos en los peligrosos límites del caos institucional. Se ha estirado tanto la soga en estos últimos años que está a punto de romperse. Aún es tiempo de evitarlo. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2019

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada Al borde de la ruptura: mejor no estirar más la soga – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Una mañana leemos los diarios y vemos que Clarín siempre puede superarse en eso de pasar los límites. El 5 de junio publicó dos notas en primera página que dejan en claro que, a pesar de su buena relación con el candidato presidencial Alberto Fernández, su línea no sólo continuará, al menos por ahora, en lo que dieron en llamar “periodismo de guerra”, sino que utilizarán munición de la más gruesa, sin importar la ética ni la legalidad.

La primera nota es sobre los jueces argentinos, entre ellos Raúl Zaffaroni, que fueron recibidos por el Papa Francisco. El mensaje que envía desde el título es que esos jueces son polémicos. Nada dice que Bergoglio, al dirigirse a los jueces, resaltó su preocupación por el uso indebido de procedimientos judiciales y la existencia de “juicio previo y mediático”. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales” dijo Francisco, y finalizó hablando sobre la necesidad de neutralizar la impropia actividad judicial en combinación con operaciones mediáticas paralelas. Clarín no lo escuchó. Mucho menos, que relacionase las operaciones mediático judiciales con la violación de derechos sociales, como viene sucediendo con Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina. De hecho, días atrás se conoció un mensaje del Papa al ex Presidente Lula -preso e inhabilitado políticamente por un proceso más que dudoso- en el que le transmitió que el bien vencería al mal. A eso debe agregarse que una de las críticas más fuertes que el Papa dejó trascender sobre la gestión Macri fue la derogación de la ley de medios que propiciaba la democratización de la información.

En la segunda nota Clarín exhuma viejas y conocidas conversaciones supuestamente mantenidas entre la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Secretario de Seguridad, Sergio Berni, luego de la muerte violenta del fiscal Nisman. Clarín dice que probablemente esos contactos se debieran a una operación para encubrir un crimen, como si no fuera natural que la primera magistrada se comunicara con el ministro del área pertinente para tratar un hecho de trascendencia institucional. Una jugada para acomodarse a los tiempos electorales a favor de Macri, utilizando una de las jugadas más canallescas de la época, la causa por la muerte de Nisman, que, luego del peritaje de los médicos de la Corte que no conformó al macrismo, ordenaron uno nuevo pero de la Gendarmería, a cargo de Patricia Bullrich, para decir que fue homicidio. Como no les da para decir que CFK lo mandó matar (¿o sí les da?) se conformarían con su encubrimiento.

En estos días se difundieron promiscuamente otras conversaciones, probablemente tomadas de los teléfonos de Ezeiza por orden del juez federal Federico Villena, presumiblemente para investigar posibles actividades de narcotráfico. (Todo es así, presumible). Esas conversaciones habrían sido mantenidas entre personas privadas de libertad, ex funcionarios del gobierno anterior con sus abogados; con lo que, a la violación al derecho a la intimidad, se le suma la violación al ejercicio del derecho de defensa -basado en la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, que el Estado tiene la obligación de respetar-, ambos derechos consagrados por nuestra Constitución y por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su profunda preocupación sobre la divulgación de esas escuchas.

Las escuchas telefónicas sólo pueden ser realizadas mediando orden de un juez. Esa orden tiene que ser debidamente fundada, porque de lo contrario es nula, no puede tener ningún efecto y podría implicar responsabilidad de quien la firmó. El juez -mucho menos, otros funcionarios-  tampoco puede utilizar escuchas telefónicas para hacer lo que se conoce como “excursión de pesca”, ver si de ese material surge algo que pueda ser investigado. Dicho de otro modo, sólo una investigación previa y determinada permite a un juez incursionar sobre derechos esenciales. No puede hacerlo por si surge algo en el devenir de la escucha, porque esa práctica está vedada por ley. La escucha es para corroborar una hipótesis, no para montarla.

Los jueces tienen la obligación de controlar debidamente las escuchas que ordenan, cuestión que lamentablemente no se hace. Eso permite el tráfico odioso e ilegal de conversaciones, que deriva en la comisión de crímenes -extorsiones, robos, estafas- por parte de los funcionarios que tienen a su cargo las escuchas -policías, agentes de inteligencia, funcionarios judiciales-. La práctica judicial -ilegal, por cierto- es que, salvo excepciones, la totalidad de los jueces dejan a cargo de agentes de inteligencia o policías, no sólo el control de las escuchas sino también su análisis, con lo que, además de generar un universo inconmensurable de crímenes estatales, dejan que sean esos agentes quienes, en definitiva, dirijan las investigaciones, en lugar de quien, por ley -el juez-, debe llevarlas a cabo y, a partir de las escuchas resuelven involucrar gente en las investigaciones, hacer seguimientos e, incluso, allanamientos. Eso pasa sobre todo antes de que se produzcan detenciones, momento en el cual los antecedentes llegan a los jueces. La situación no es nueva y se ha visto esencialmente en los casos de narcotráfico (con la inevitable participación criminal de agentes estatales) y no cambió mucho con la existencia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO, ex OJOTA), supuestamente bajo supervisión judicial. La Corte Suprema recibió del Relator para el derecho a la privacidad de la ONU cuestionamientos al sistema.

La novedad es que al lawfare aludido por el Papa Francisco se le ha sumado, durante la gestión Macri, la utilización impúdica, espuria e ilegal de escuchas por parte de operadores mediáticos, como Lanata, Majul, Wizñaki y Santoro, que, a su vez, reproduce operaciones judiciales en Comodoro Py, como la denuncia presentada por el fiscal rebelde Carlos Stornelli argumentando que de esas escuchas surgiría un plan para derribar la causa mal llamada de los cuadernos. (Quedan claros los motivos por los que, siendo católico practicante, Stornelli se sintió defraudado por Bergoglio como Papa).

En el medio de ese balurdo enmarañado, aparece la investigación sobre espionaje ilegal que alcanza a funcionarios públicos, periodistas y actores judiciales, y que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, en la que Stornelli está rebelde y no asistió a cinco llamados a indagatoria. Hoy Ramos Padilla tiene un legajo en el Consejo de la Magistratura -iniciado y abierto por el macrismo- que acaba de autorizarlo a tener acceso a las escuchas difundidas por los medios masivos. Esa difusión también dio pie a que las legisladoras Carrió y Oliveto formularan una denuncia/operación, que recayó en el juzgado de su socio Bonadío, quien, ni lerdo ni perezoso, pidió las escuchas para analizar las presentaciones.

Las escuchas no sólo tienen que derivar de orden fundada de un juez, sino que se las debe controlar de manera estricta para que su utilización sea al solo fin de la investigación preexistente. Y de haber difusión, alguien debe pagar la cuenta, que, por cierto, no puede ser barata.

La DAJUDECO dijo que Villena no ordenó destruir el material que no guardaba relación con su causa (de hecho, no hubo nada que tuviera nexo con actividades de narcotráfico, que es la excusa más utilizada para intervenir teléfonos) y que le pidió que lo entregara a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dirigida por el amigo de Macri, Gustavo Arribas. Debe haber una investigación exhaustiva para conocer los responsables de estas ilegalidades. El asunto es que no caiga en el Juzgado de Bonadío.

También el Consejo de la Magistratura debe iniciar actuaciones para analizar el “descuido” de Villena, por un lado, y, por otro lado, la conducta de Claudio Bonadío al hacerse de escuchas producto de una investigación que no le concernía y que afectaba sensiblemente derechos esenciales, sólo para enlodar el desempeño de Ramos Padilla, como quiere el macrismo. Tanto Villena como Bonadío deben responder por la violación a esos derechos humanos.

La bravuconada de pavonear al fiscal rebelde junto a Macri el día del Ejército es toda una señal mafiosa, a lo que se suma una mancha más al tigre de Stornelli, que, para hacer una denuncia a modo de autodefensa, utilizó livianamente escuchas telefónicas conociendo su ilegal procedencia. Pero ¿qué esperar de quien pone a un hijo veinteañero a trabajar en una de las actividades más miserables del ser humano? Buchón no es cualquiera. Pero para algunos es una vocación. 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019

*Abogado, DD.HH

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Por Carlos Caramello*

(para La Tecl@ Eñe)

“El Sistema no encarcela 

a sus verdugos: los mantiene”

Rodolfo Walsh

“Macri ya fueeeee… Vidal tambiénnnnnn…”, pero ellos no. Están ahí. Más o menos agazapados. Más o menos encogidos para saltar y dar el zarpazo. Puede que la imagen parezca un lugar común pero son eso: fieras apenas ocultas esperando a una presa que sí es un lugar común: el Peronismo. Desde su nacimiento. Desde antes, acaso. Los diarios, las radios y luego la televisión, y más adelante las redes sociales, han escogido un enemigo primordial: lo popular, lo nacional, lo que combate el hambre, la ignorancia, la enfermedad y la pobreza. Acá y en el resto del mundo, claro. Pero por estos pagos, últimamente, actúan con una ferocidad, con una falta de disimulo, que da vergüenza. Y miedo. 

José Manuel Ubeira, prestigioso abogado porteño, contó hace pocos días (en un programa radial que conduce Darío Villaruel) que Jorge Rendo, gerente de Relaciones Externas del Grupo Clarín, visitó al general Milani para decirle que, si él declaraba contra Cristina Kirchner, sus problemas (los de Milani) se acababan “en 10 minutos” o iba a “pasar un calvario”. Esto ha sido declarado en el juicio y, por supuesto, nunca investigado. Hay cientos de casos parecidos. Pasa casi a diario. Sólo elijo el ejemplo en la absoluta confianza que me merecen tanto Ubeira como Villarruel (sé que son incapaces de operaciones) y en la certeza de que este hecho es apenas la punta del iceberg del nuevo perfil que hoy tiene la tortura. Un iceberg que, si emerge, reíte del Titanic.

Disciplinadores

Son los nuevos verdugos del sistema. Los poderosos les han otorgado ese rol y algunos lo han asumido gustosos. “Persona cruel, que castiga sin piedad o exige demasiado”, reza la segunda acepción de la palabra “verdugo” en el diccionario de la Real Academia; y la tercera agrega “Cosa que atormenta o molesta mucho”. En el antiguo testamento se los llama “pequddôth”: refiere a los «castigadores«, «disciplinadores (correctores)», «visitadores (comisionados por alguien para castigar)». La historia de los verdugos dice de alguien que trabaja de “ejecutor al servicio del Estado, o de un dirigente político, religioso o social”. Cuenta también que este trabajo solía ser “hereditario” y reconoce familias que ejercieron este raro oficio durante varias generaciones. Explica también que los verdugos cobraban “sueldo fijo” o “por ejecución”. 

Aristóteles, en el capítulo V de la Política, dice que “el cargo público más necesario y delicado es el de verdugo” y Marta López Ger, en su página El Verdugo y sus Torturas, afirma que “prácticamente todas las culturas han requerido de los servicios de la figura del verdugo” pero que recién “se institucionalizó en Europa, donde se diseñó ese atuendo tan típico (que los identifica) con el objetivo de proteger su identidad”. 

Sin embargo, no solían ser desconocidos. Se sabe que “entre los romanos, la sentencia era cumplida por los lictores; entre los antiguos galos, el oficio de verdugo era ejercido por los druidas; en algunas regiones de Alemania, la sentencia de muerte la ejecutaba el más joven de la comunidad jurídica; en Heiden, el encargado era el último vecino llegado a la ciudad; en Franconia, un recién casado y en Renuting, el magistrado más nuevo, sin que ninguno de estos ejecutores quedara infamado de ello en la opinión pública. En algunos países, eran designados como ejecutores los taberneros y carniceros”… Nada dice de periodistas.

Estos profesionales del sufrimiento recibían excelentes pagas, se les otorgaba un lugar destacado en la Corte, tenían un sitio reservado en los cementerios y gozaban de la absoluta garantía de no ser castigados por delito alguno (léase impunidad). Los hijos de los verdugos tenían por destino ser también verdugos y las hijas mujeres, adivinas o curanderas (aunque se cree que existieron verdugos de sexo femenino). Finalmente, era posible que, ante una ejecución o tortura fallida, el verdugo pudiese sufrir pena de muerte… en manos de otro verdugo.

¿Lawfare o Tortura?

“Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, debería aclarar este artículo si se tratase de una película de Hollywood. Aunque no, probablemente lo mejor sería ponerle que está “basada en hechos reales”: el Sistema ha diseñado su nuevo modelo de Verdugo. Jueces que condenen hubo siempre y siempre habrá (pero a ellos es difícil hacerles ensuciar las manos en términos fácticos). Motivos de poder y/o económicos por los cuales torturar y matar, también habrá de sobra. Sólo se necesitaba una nueva clase de individuos dispuestos a ejercer la tortura o llevar a alguien a la muerte con cara de nada… como si tuviesen la capucha del verdugo cubriendo sus facciones.

¿Les parece demasiado? Miren a Héctor Timmerman y van a comprender. O a Florencia Kirchner en Cuba. O a Julio de Vido con su diabetes y sus problemas cardíacos, encarcelado por una pericia falsa y un testigo ídem. O a Amado Boudou, en una celda, sin poder ver crecer a sus hijos chiquitos… O a Jorge Dhelon, un tipo que nada que ver con la política, abogado, joven, honesto (mezclado por los medios en la causa de Fútbol para Todos), un pibe que no soportó la presión social y terminó suicidándose por una denuncia que, 3 años y medio después, resulta que no era nada… ¡Y tantos, tantos otros!

No es tan sencillo. No es la condena mediática y ya. No se trata de “apretar” a alguien para conseguir algo y listo. Hay víctimas atrás del Lawfare. Hay dolor. Personas quebradas. Criaturas fallecidas porque secuestraron los kits del Plan Qunita. Abuelos que agonizan lento por la falta de medicamentos. Chicos con hambre. Mujeres y hombres jóvenes con sueños rotos. Enfermedades terminales. Muerte.

Lo señalo porque la palabreja lawfare (que ni siquiera tiene traducción ni significado demasiado claro para la mayor parte de la población), oculta lo dicho y muchas cosas más. Cosas que, con los antiguos verdugos, eran claras. Pero, por estos días, entre gramáticas gestuales y semánticas que desvanecen el odio, se vuelven eufemismos de los peores males. Eso es Tortura. Asesinato es. Sin medias lenguas ni subterfugios. Sin atenuantes. 

Estos los modernos disciplinadores suelen cobrar fortunas en pautas y operaciones puntuales (one shot); suelen tener, también, un lugar “en la corte” y el compromiso de que todos sus crímenes serán “perdonados” aún antes de perpetrados. Eso sí… si se equivocan, puede haber otro verdugo acechando para hacer su trabajo.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019

*Licenciado en Letras, escritor y autor junto a Aníbal Fernández de los libros “Zonceras argentinas al sol” y “Zonceras argentinas y otras yerbas”,  y “Los profetas del odio”. Su último libro editado es  “Zonceras del Cambio, o delicias del medio pelo argentino”

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 Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

En nuestro país hay presos que no debieran estar presos.

La única verdad es la realidad, y esa es la realidad, a condición de no perdernos en los vericuetos del nominalismo. Puede dárseles el nombre de presos políticos, el de prisiones arbitrarias u otro que guste más, pero esa discusión semántica no cambia nada.

En rigor, en sentido objetivo, preso político sería sólo el que comete un delito político (contra el gobierno del Estado, como rebelión o sedición); en un sentido más amplio, el que está preso por razones políticas; en otro -extremadamente amplio- algunos dicen que todos los presos son políticos, porque el poder punitivo es ejercicio de poder político (de gobierno del Estado, de la polis).

No conduce a nada enredarse en estos conceptos discutibles, porque la realidad –con el nombre que fuese- es la misma: hay presos que debieran estar libres.

Llámese como se llame, no es posible ignorar que Milagro Sala está presa por obra de jueces que tienen tan grave incontinencia verbal –o cargan tanta culpa en su inconsciente- que se les escapan confesiones más o menos públicas, al punto que una de ellas motivó la renuncia de la presidenta del máximo tribunal de la Provincia y otro de sus miembros incurrió en una catarsis telefónica, después de la cual pidió licencia.

Pocas dudas caben acerca de que hay presos preventivos, es decir, sin sentencia condenatoria firme, alegando que como fueron funcionarios hace más de cuatro años, tienen o pueden tener “vínculos residuales”. Este disparate jurídico sin precedentes suele llamárselo periodísticamente doctrina, incluso por el periodismo de buena fe.

¡Seamos un poco serios, por favor! En la ciencia jurídica, una doctrina es un discurso elaborado, meditado, teorizado, mínimamente racional, y no una argumentación que más bien parece digna de improvisaciones de alta madrugada alcohólica. Un disparate nunca puede ser una doctrina en el campo jurídico.

En nuestra historia, muchas veces hubo presos que debían estar libres, empezando por los gauchos arreados a la frontera       –tipo Martín Fierro- y terminando por los presos a disposición del PEN o condenados por tribunales militares, cuyos integrantes dependían jerárquicamente del poder ejecutivo de facto.

Se trata de modalidades de privaciones de libertad al margen del derecho, que corresponden a las diferentes etapas de nuestro colonialismo. El estilo Martín Fierro, ley de defensa social y ley de residencia, correspondió a nuestro neocolonialismo oligárquico. Las prisiones por orden del ejecutivo y de consejos de guerra, a la del neocolonialismo en variante de seguridad nacional.

Pero ahora sufrimos el tardocolonialismo financiero, que nos somete endeudándonos, valido de bandas locales que abren las puertas al caballo de Troya, en cuyo interior vienen los depredadores. La forma en que se mete preso o presa a alguien que no debiera estarlo, no es la misma de las etapas coloniales anteriores, sino que su táctica ha variado: es el lawfare, de que hablan –en diverso sentido- desde los norteamericanos hasta el Papa y es motivo de amplia literatura en los últimos tiempos.

Sin valorar qué es peor, lo cierto es que la cuestión de los presos de la seguridad nacional era de fácil solución institucional: se levantaba el estado de sitio, se declaraban nulas las pretendidas sentencias de los militares y se amnistiaba. Ahora el problema es más complejo e institucionalmente más perverso.

No subestimo el dolor de quien está preso cuando no debiera estarlo ni mucho menos. Nosotros estamos sueltos, pero ellos están encarcelados y sufriendo sin razón jurídica. Pero aquí quiero centrarme en otro tema: ¿Hasta cuándo estaremos sueltos nosotros?

No se trata únicamente del dolor de los presos que no debieran estarlo –que en modo alguno paso por alto-, sino de la amenaza institucional que pesa sobre los que hoy estamos sueltos. Esos presos lo están por decisión de jueces que no han sido designados por ninguna dictadura, sino por jueces constitucionalmente nombrados, lo que no es una diferencia menor. Además, eso ensucia a todos los jueces de nuestro país, porque el común de las personas con que hablamos en cualquier parte se refiere a la justicia.

La guerra judicial –el lawfare in english- no es otra cosa que la combinación de un empresariado de medios oligopólicos con un grupo mínimo de jueces al servicio de la banda que abre las puertas al caballo de Troya de los endeudadores.

En nuestro país hay miles de jueces, nacionales, provinciales, de todos los fueros, y que nada tienen que ver con esto, pero ante la aberración de presos que no debieran estarlo, el público no distingue: al decir es la justicia, se enloda a toda una categoría.

Nuestros miles de jueces no tienen nada que ver en esto, sino que, como en toda categoría profesional, tampoco faltan entre ellos algunos pocos neuróticos graves que psicopatean mal. Ahora la usual psicopateada en toda coautoría pretenderá que el muerto sea el único culpable.

Pero de todos modos, lo cierto es que una minoría de jueces bastante concentrada e identificada es la que protagonizó en coautoría por división funcional de la empresa –como decimos en derecho penal- estas prisiones políticas, arbitrarias o como se las quiera llamar.

Si en un Estado se ordenan y mantienen presos que no deben estar presos por orden de un reducido grupo de jueces constitucionalmente nombrados, es obvio que institucionalmente algo anda muy mal, pero -y por sobre todo- no puede dejar de venirnos a la memoria el famoso primero vinieron por …, sea de Bertolt Brecht o de Martin Niemöller.

Los presos que no debieran estarlo llevan la peor parte, obviamente, porque están presos. ¿Pero nosotros, los sueltos? ¿Hasta cuándo no vendrán por nosotros? ¿Nadie se da cuenta de que somos cuarenta y cuatro millones de habitantes amenazados por esta patología institucional? ¿Qué garantía tenemos de que mañana no se nos acuse de traicionar a la patria sin guerra, de enterrar cubos metálicos de dólares en la Patagonia, de ocultar oro bajo la tumba de algún pariente, de robarnos dos PBI, de quedarnos con  dinero que invertimos en obras, de interrumpir comunicaciones cuando nos reunimos en la calle, de procesarnos por detenernos al boleo después de una manifestación, o de negarnos las excarcelaciones que nos correspondan constitucional y convencionalmente porque se presume que tenemos vínculos residuales, o de cualquier otro disparate que no me cabe en la imaginación? Ayer vinieron por ellos… no lo olvidemos, mañana pueden venir por nosotros y será tarde.     

Debemos ser perfectamente conscientes de que ante la táctica de la guerra judicial el remedio no puede ser el mismo que con los presos de las dictaduras, pero no se trata sólo de resolver la cuestión de los presos que no debieran estar presos, sino también de prevenir que mañana no seamos nosotros los presos.

Tengamos en cuenta que si una minoría de jueces en coautoría funcional con empresarios mediáticos puede disponer prisiones arbitrarias y esa situación se mantiene, ningún habitante de la Nación Argentina puede estar seguro de no ser víctima de una prisión arbitraria.

Esto requiere una solución institucional, que no sólo logre la libertad de quienes no deben estar presos, sino que también lave el rostro de toda la justicia, que levante el honor mancillado de la inmensa mayoría de todos los jueces del país, que nos devuelva a los ciudadanos la seguridad jurídica de nuestra libertad ambulatoria, que nos reintegre la plena vigencia de las garantías que establece nuestra Constitución y todos los tratados de Derechos Humanos incorporados a ella.

No estoy capacitado para proponer soluciones, pues si bien conozco todas las posibilidades jurídicas -y por descontado descarto las que se aplicaron en el caso de los presos de la dictadura-, carezco de la visión de conjunto acerca del espacio político de que dispone el gobierno, sin lo cual no haría más que proponer las que no sé si son las más convenientes.

Pero estoy seguro, al menos, de que no puede impedir una solución institucional que nos devuelva la seguridad jurídica en el marco de la Constitución –es decir, que nos vuelva al cauce constitucional parcialmente perdido- el mero temor a que los mismos medios oligopólicos, coautores de las privaciones ilegales de libertad, aúllen que se consagra la impunidad, porque eso lo dirán de cualquier manera, por transparente que sea la solución institucional, y siempre habrá un inevitable e irreductible porcentaje de gorilismo histórico dispuesto a creer en la cuenta cifrada suiza de Evita, como en cualquier otro episodio absurdo de Emilio Salgari o de Netflix imputado a quien participa de un movimiento nacional y popular.    

Buenos Aires, 10 de febrero de 2020

*Profesor Emérito de la UBA

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Por Luis Bruschtein*

(para La Tecl@ Eñe)

“Adiós Patria Mía” tituló Elisa Carrió a su despedida de la función legislativa. Pero no se va de la Patria, solamente renunció como diputada. Para ella, no ser diputada es como abandonar la Patria. “Desde ahora paso a ser Lilita Nadie” agregó. Como si no ser diputada fuera ser nadie. La mayoría de los argentinos seríamos nadie y estaríamos lejos de la Patria, porque estamos en el llano, según alguien que estuvo 25 años en la función legislativa.

Y pidió disculpas a los que están enojados con ella por lo que hizo, “porque hice lo que debía hacer”. No reconoce que se pudo equivocar, que hubo ensañamiento ideológico, que hubo mentira y una gran dosis de teatralidad artificial en su operatoria denuncista.

Si fuera una especie de Lisandro de la Torre, como ella quisiera que la vieran, su salida del Congreso dejaría un vacío muy grande. Pero lo que deja es el recuerdo de una de las prácticas legislativas más nefastas de este período democrático. Ninguna de sus denuncias, que fueron usadas para destruir moralmente a sus opositores, ha podido ser demostrada fehacientemente en los tribunales.

Denunciar sin fundamento, con el respaldo del gobierno macrista, la poderosa corporación de medios, los servicios de inteligencia y funcionarios judiciales venales es lo opuesto a lo que hizo Lisandro de la Torre que, por el contrario, denunció todo eso.

La salida de Elisa Carrió podría ser un síntoma de desgaste de ese mecanismo que ella llevó a su máxima expresión al trasmutar el acto moral de denunciar a la corrupción, en un hecho de corrupción. Donde ella se ve como Lisandro de la Torre, en el mundo se representa el lawfare. Ya no asombra a nadie.

Y lo que es peor, tampoco causa admiración, como sucede todavía con Lisandro de la Torre. O como sucedía al principio de esta operatoria denuncista que se asienta en la construcción de prejuicios para condenar sin pruebas, con grandes actuaciones y ruido mediático. Los protagonistas de lawfare son visualizados en todo el mundo como sujetos de una nueva forma de corrupción.

Han perdido esa aureola de justicieros porque sus denuncias no van contra el sistema, sino en su favor. Y porque las respaldan todos los factores de la verdadera corrupción, los que fugaron millones de dólares a cuentas offshore, los grandes contratistas de la obra pública y los organismos financieros que se enriquecieron con la especulación y el empobrecimiento de los argentinos. Esos fueron los apoyos de Carrió y tendrían que haber sido los denunciados.

El mecanismo quedó en evidencia cuando se aplicó en varios países al mismo tiempo contra dirigentes de signo popular. Tuvo un sesgo ideológico muy fuerte, mecanismos similares y el mismo entramado.

Desde el llano, Carrió servirá para recordar esa práctica nefasta y no dejarse engañar otra vez. Las únicas fortunas que se encontraron fueron las que la respaldaban a ella y estaban en el gobierno macrista. No hubo fortunas de Julio De Vido, de Amado Boudou o de Cristina Fernández de Kirchner, que estuvieron en el centro de estas operaciones.

No hay nada que puedan exhibir como prueba real. Cualquiera de ellos tiene un nivel de vida perfectamente explicable porque ninguno es excesivo como en el caso de la mayoría de los ex funcionarios macristas. No han podido mostrar, ni siquiera como mentira, tesoros deslumbrantes o posesiones faraónicas de los crucificados por esas denuncias.

Esas denuncias ya no son creíbles. Solamente encuentran eco en los que coinciden con la persecución política a los que piensan distinto. Hay un pensamiento no democrático que ni siquiera necesita el prejuicio del que dice que “todos los negros son chorros”. Simplemente le basta con que se persiga a los “populistas que nos sacan plata a los que trabajamos para dársela a los vagos que viven de los planes”. O sea: a los peronistas, como siempre.

La corrupción judicial en la que todas las denuncias caían en los mismos jueces, en la que los jueces que no las tomaban eran acusados de corruptos y desplazados, en las que eran tomadas como prueba notas periodísticas sin fuente, declaraciones obtenidas en forma ilegal a través de chantajes o escuchas telefónicas ilegales, en la que esos jueces condenaban por orden del poder político, se sostiene en el poder económico real que provocó la tremenda crisis en que está sumido el país y en ese sentido común cavernícola.

Carrió se retira del Congreso cuando su nombre, hermanado al del fallecido juez Claudio Bonadío, se ha convertido en sinónimo de lawfare, una práctica nefasta que el país ha decidido borrar con democracia, decirle nunca más, como lo indicó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2020

*Periodista

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

1- Pandemia y colonialismo. Cuando se producen cambios de poder planetario, da la sensación de que la historia se acelera. Los cambios actuales eran previsibles. Entre otros, Francisco lo dijo en la Laudato si: esto no se sostiene. La pandemia precipita las cosas, pero además de las advertencias de la OMS, tampoco es algo nuevo en la historia.

Si quitamos la máscara ideológica del neoliberalismo, veremos que el mundo está sufriendo un totalitarismo, en este caso financiero, que practica una nueva forma de colonialismo que podemos llamar tardocolonialismo, para diferenciarlo de las etapas anteriores, es decir, del originario y del neocolonialismo. Esta nueva etapa colonial ahora se enrosca sobre sí y paraliza la economía mundial.

El colonialismo tiene su historia, que no debe confundirse con la historia universal, como pretendía Hegel. Esa historia nos dice que no es la primera vez que una hegemonía mundial se enrosca, ni tampoco son ajenas a esto las infecciones.

La revolución mercantil -que posibilitó el colonialismo-, fue impulsada por el comercio europeo con oriente, que llevó las ratas y la peste bubónica, matando a un tercio de la población europea.

Lanzados al colonialismo originario, los españoles contaminaron a los indios con enfermedades, producto de la domesticación europea de animales, contra las que los indios no tenían anticuerpos, lo que mató a la mitad de la población originaria. Al mismo tiempo, jerarquizó tanto su sociedad que, cuando con la revolución industrial apareció, la burguesía europea fue incapaz de crearla en España y se derrumbó su imperio.

Para satisfacer el extractivismo insaciable, se cometió el crimen del esclavismo contra los africanos, que trajeron la fiebre amarilla y, cuando el neocolonialismo quiso facilitar la comunicación interoceánica con el canal de Panamá, esa infección hizo fracasar la primera tentativa de construirlo.

El neocolonialismo cometió horripilantes genocidios, especialmente en África, hasta desembocar en una guerra interimperialista que, al final, desencadenó la llamada gripe española. En la segunda etapa de esa tragedia se enroscó, pues el genocidio fue cometido en su propio territorio, victimizando a personas tan pobres en melanina como sus líderes.

Ahora el tardocolonialismo financiero de las transnacionales, con su brutal depredación del medio ambiente y la destrucción indiscriminada de equilibrios biológicos, fue generando virus en serie, hasta producir uno que paralizó la economía mundial.

El actual recorte arbitrario de lo que nos explica la ciencia biológica, pretende que el enemigo sea el virus y, por ende, estaríamos en guerra contra el virus cuando, de existir alguna guerra, debería serlo contra la fábrica de virus en serie, que es, justamente, el actual totalitarismo financiero depredador del medio ambiente, que ha producido la vaca loca (por alimentar rumiantes con harina de cadáveres), la gripe asiática, la de Hong Kong, el VIH, la gripe porcina, el SARS, el Ébola, el coronavirus modelo 2015 y ahora la nueva versión 19.

Como si eso fuese poco, fabrica luego las vacunas, las patentan y las venden a quienes pueden pagarlas: cada año mueren en la India 100.000 niños de neumonía, mientras la transnacional dueña de la patente de la vacuna embolsa miles de millones de dólares.    

Esclavitud, sometimiento a servidumbre, crímenes masivos atroces, genocidios, glotonería hegemónica, concentración ilimitada de riqueza, suicidios de las sucesivas oligarquías enceguecidas por su afán insaciable de poder y generación de epidemias, son fenómenos entrelazados y presentes desde la gestación del colonialismo en Europa hasta todas sus sucesivas etapas en el mundo.

2- La naturaleza del totalitarismo financiero. Es claro que estamos sometidos a un poder planetario que concentra ilimitadamente riqueza, con la consiguiente exclusión genocida de miles de millones de personas, para lo cual ejerce sobre nuestra región un despiadado colonialismo succionador, mediante endeudamientos concertados por sus virreyes locales, que nos somete a jurisdicciones extranjeras.

Lo cierto es que este totalitarismo financiero equivale hoy a los de entreguerras, es decir que, para legitimar genocidios, ya no se usan camisas pardas ni negras ni se prometen paraísos de razas superiores puras o de sociedades sin clases en que todos seremos felices, sino que se vaticina una felicidad generosamente derramada desde la riqueza crecientemente concentrada.

El discurso con que se enmascara este totalitarismo no está escrito en Mein Kampf, sino en las obras de Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Tampoco se promete el ario puro y el hombre nuevo, sino el homo economicus.

Este discurso es el que ahora confronta con los Derechos Humanos, incorporados al derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras estos últimos proclaman que todo ser humano es persona y, por el hecho de existir tiene unos derechos elementales y básicos, la ideología que se autodenomina neoliberal afirma que, por el mero hecho de haber nacido, un sujeto no tiene derecho a reclamar nada (así, von Hayeck). Si bien no todos los acólitos de esta idolatría son tan explícitos y sinceros, los cadáveres en el Mediterráneo o el experimento pinochetista de Friedman, demuestran que comparten esa premisa.   

Los gerentes de este totalitarismo financiero no pueden hacer otra cosa que obtener ganancias sin respetar límite alguno, puesto que, con la financiarización de la economía, las corporaciones transnacionales son manejadas por tecnócratas que deben cumplir con ese objetivo o son reemplazados.

En ejecución de estos mandatos ineludibles, la conducta de los gerentes del totalitarismo financiero pasó a ser delincuencial a gran escala: extorsiones, trabajo esclavo, macroestafas, evasión fiscal, administraciones fraudulentas, destrucciones de ecosistemas, extinción de especies, desertificación, contaminación de aguas y atmósfera, encubrimiento de tráficos ilícitos, reciclajes de dinero, empresas fantasmas y, llegado el caso, también golpes de Estado y fusilamiento de población civil, todo se lo permiten sin límite alguno. La criminalidad organizada (organized crime) más poderosa del planeta es la que ejercen estos gerentes con sus macrodelitos. No debe extrañar, porque todos los totalitarismos fueron criminales; sólo cambian sus métodos, conforme a sus contextos de poder.

3- La situación tardocolonial. En nuestra realidad colonial de extrema concentración de riqueza, con los más altos coeficientes de Gini del planeta, la paralización hará caer en la pobreza a fajas de las clases medias. A las fuertes protestas de la prepandemia se sumarán las fajas medias desclasadas. Nuestros Estados no estuvieron preparados para responder con racionalidad a las demandas anteriores y, menos aún, lo estarán para las que vengan.

Si aspiramos a que la conflictividad que anuncia esta emergencia halle soluciones no violentas y, por ende, a que nuestros Estados puedan ofrecer soluciones racionales en el marco democrático y republicano, el primer paso debe ser reconocer la dura realidad de la que deberemos partir, es decir, de Estados debilitados, escuálidos, muy poco democráticos y –quizá menos aun- republicanos.  

El mito más negativo –por inmovilizante- nos hace creer que vivimos en Estados con instituciones sólidas, basadas en principios democráticos y republicanos, garantizados en el plano regional por un derecho internacional eficaz, cuando nada de eso es verdad. Nadie compraría otro atuendo si creyese que el que lo viste es de máxima elegancia, cuando en realidad está en harapos que ni siquiera cubren sus partes pudendas.  

Si bien no existe un único modelo democrático, el que se generalizó en la región es el de las democracias plurales, en que la ciudadanía canaliza su voluntad a través de partidos políticos. Pues bien, de este modelo institucional democrático, en nuestros Estados sólo quedan restos.

Esto obedece a que los partidos políticos sólo existen formalmente, pues su función canalizadora la ejercen las corporaciones que monopolizan la comunicación en cada país: desde el análisis funcional, cada una de ellas es un partido político y, además, por monopólica, es un partido único. El monopolio de estos partidos únicos funcionales al poder colonial se presenta como derecho a la libertad de expresión, cuando en realidad es su más abierta negación.

En las concentraciones urbanas, el voto de altos porcentajes de ciudadanía se manipula, conforme a los conocidos once principios de Göbbels, llevando al extremo el consabido teorema de Thomas: no importa que algo sea verdad o mentira, lo que importa es que se lo dé por cierto y en ese caso produce efectos reales. Son las profecías autorealizadas. Las fake news circulan a mayor velocidad que la información correcta, incluso por las redes –cuya tecnología también es monopólica-, donde se arman ejércitos de trolls y de ingenios que simulan personas.

De este modo se determina la conducta de buena parte de la población, que de buena fe vivencia la realidad creada por los actores disfrazados de comunicadores, algunos tan consustanciados con los personajes de sus libretos que llegan a creer las mentiras que divulgan.  

Estos partidos políticos únicos y mediáticos fabrican a los virreyes locales del totalitarismo financiero y, por ende, como todo aparato de propaganda totalitario, no reconocen ningún límite ético ni legal.

Los políticos son rehenes de estos partidos únicos, que les marcan las agendas, sabiendo que entre los que luchan por el poder siempre habrá algunos más inescrupulosos que, sin duda, llevarán ventaja sobre los que ofrezcan alguna resistencia, como también sobre los que no sean menos genuflexos por temor o por restos de dignidad y ética, pero que tampoco se animen a denunciar y menos a resistir sus amenazas de linchamiento. Saben muy bien que, en muchos casos, estos últimos también cederán a sus directivas, porque juegan con su ingenuidad, haciéndoles creer que su silencio los cubre de ser blancos de sus disfrazados de comunicadores.

Los políticos más inescrupulosos disputan para convertirse en candidatos a virreyes de los partidos únicos mediáticos, pues saben que cuando éstos los ungen como tales, tienen altísimas probabilidades de trepar a los gobiernos, con una falsa aureola de democracia. A veces, cuando al virrey ha ejercido su poder colonial con demasiada avidez y torpeza, su reelección fracasa, como en la Argentina. En algún otro caso, el virrey traiciona a su propia fuerza política, proclamándose tal una vez en el gobierno. 

Esas democracias de partidos mediáticos únicos suelen asumir formas plebiscitarios, puesto que, una vez en el gobierno, los virreyes ejercen plenos poderes en abierta violación a los principios republicanos, a veces mediante plebiscitos explícitos, pero en la mayoría de los casos, de hecho y ante la indiferencia pública, sostenida por la desinformación de la misma publicidad del régimen.  

La primera preocupación de los virreyes es el reacomodamiento de los poderes judiciales a su gusto, puesto que de ellos depende la impunidad de sus mandantes, socios y amigos, como también la persecución y difamación de sus opositores y obstaculizadores.

Del grado de previo deterioro de la organización judicial depende la facilidad de estas maniobras. Por lo general, las corporaciones judiciales se integran con personas que privilegian su estabilidad laboral, por lo cual, la docilidad se obtiene, en primer lugar, con el ofrecimiento de algunas racionalizaciones o mecanismos de huida que permitan su pax burocrática.

Al igual que en cualquier estamento profesional, en el judicial hay algunos inescrupulosos y también unos pocos delincuentes, de los cuales se sirven los virreyes y que, por regla, se ofrecen a servirlos, sea en procura de rápida promoción jerárquica, por afán mediático, por aspiración al estrellato político o por corrupción.   

Nuestros virreyes cumplen el mandato metrópolitano eliminando a quien les molesta. Este colonialismo no los mata, como a Sucre, Moreno, Monteagudo, Dorrego o al mismo Bolívar, si antes no lo hubiese hecho la tuberculosis, ni los manda al exilio, como a San Martín. Elimina a los líderes políticos groseramente, con golpes de Estado abiertos, como en Bolivia, pero otras veces orquesta golpes blandos, que prostituyen a la política, pues explotan los bajos instintos de lo peor de ella.

La eliminación de líderes populares por decapitación pública se completa con campañas de los partidos mediáticos de los virreyes, en combinación con un pequeño grupo de jueces patológicos, en bandas de las que forman parte activa agentes de servicios secretos, delincuentes que cobran su arrepentimiento, testigos falsos, fiscales extorsionadores, policías corruptos, etc.

Para estos discípulos de Freisler y Vichinsky, todo es válido: misteriosos escritos detallados; increíbles memoriosos; insólita velocidad procesal; invocación aberrante de la doctrina jurídica; clonación de procesos; pluralización de bandas; gobiernos considerados asociaciones ilícitas y, por supuesto, violación de normas procesales básicas. De no ser suficiente, se amenaza y persigue a algún juez que moleste, porque así lo exige la lucha contra el flagelo de la corrupción, convertida en el nuevo Satán de este tiempo, con el que pactarían las nuevas brujas, que son los políticos populares.

Mientras estos shows de manos limpias son dramatizados por los partidos políticos mediáticos, los virreyes -y sus socios, parientes y amigos- endeudan a nuestros países, comprometiendo sus PBI por décadas, al tiempo que se benefician con negociados encubiertos por sus cómplices judiciales. 

A esto se le llama lawfare o guerra legal, cuando en realidad es una guerra ilegal en todo sentido. Tal es la dimensión que ha cobrado este recurso, que es materia de análisis cada día más intenso en las academias jurídicas.

El último virrey argentino acabó también con el Legislativo, valido del poder de ahogar económicamente a los gobiernos provinciales. Nuestro federalismo se fue por la cloaca al igual que la separación de poderes republicana, con el ejercicio de plenos poderes, no otorgados por nadie. Otros son más burdos, embargando bienes de los legisladores de la oposición o amenazando a sus familias.   

¿Qué queda de le república, de la democracia y hasta del Estado mismo? Sólo el resquicio de sentido de realidad de una parte de la ciudadanía, porque –por fortuna- no existe un sistema perfecto de matricería humana.  

4- ¿Qué hacemos ahora? Ante la evidencia de que los Estados -como repúblicas y democracias debilitadas- no podrán superar sanamente la conflictividad inevitable de la postpandemia, nos urge pensar en un nuevo modelo de Estado que, tarde o temprano surgirá, así como lo hizo el New Deal de Roosevelt, o sea, en un modelo neoprovidente, con mínima equidad desconcentradora de riqueza, capaz de reconstruir las democracias y las repúblicas, asimilando las experiencias de nuestras accidentadas historias.

En nuestro constitucionalismo no habrá de faltar creatividad para pensar modelos de Estados fraternos que, junto a la libertad y la igualdad, no olviden la fraternidad. Nuestros movimientos populares de todos los tiempos nos dejaron pistas redistributivas, que se deben profundizar.

De nuestra región surgió el constitucionalismo social con la Constitución Mexicana de 1917; también apareció el ambiental, con las Constituciones de Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguramente de aquí habrá de surgir el constitucionalismo socioambiental, configurador de los nuevos Estados neoprovidentes y fraternos. 

Las emergencias están dando la razón a los políticos decapitados por los particos políticos mediáticos y, donde falten, otros surgirán, como sucede en toda emergencia. La política y el vacío son incompatibles: ante el reclamo de las ciudadanías, algo emerge. Además, nuestros pueblos siempre han producido caracteres políticos fuertes; esta capacidad no se ha perdido, pese a los aparatos publicitarios de los particos mediáticos únicos. 

Esta tarea jurídica creativa se impone, pues no es suficiente con sacudirse la dependencia colonial, sin perfilar nuestros futuros Estados, porque la historia demuestra que esa actitud es un gravísimo error. En efecto: cuando hace doscientos años nos liberamos del colonialismo originario, nuestras oligarquías y sus intelectuales iluminados quisieron imponer -a sangre y fuego- a los pueblos de nuestra región –supuestamente bárbaros e ignorantes-, modelos incompatibles con nuestras realidades (la llamada civilización genocida). Sobre esas pretensiones se montó el neocolonialismo, lo que costó muchas más vidas y dolor que la propia lucha por la independencia. Ni siquiera podemos descartar que buena parte de las fallas de nuestro presente sea consecuencia de ese error originario.

Pensar desde ahora el modelo de Estado al que queremos llegar no es un sueño vano, un entretenimiento de ociosos ni implica caer en la utopía, sino que es una tarea indispensable: se trata, nada menos, que de montar la brújula, otear el norte, clarificar el objetivo.

Debemos pensar con urgencia qué Estado queremos, qué institucionalización es necesaria para reconstruir la democracia y la república, cómo recuperar el Estado para la política, cómo volver a una democracia plural con partidos políticos no mediáticos ni por acciones, cómo establecer cierto orden institucional que impida que cualquier virrey circunstancial ejerza la suma del poder público y, sobre todo, cómo revertir el modelo de sociedad con 30% de incluidos y el resto excluido, que nos intentó imponer el colonialismo del totalitarismo financiero.

No somos ingenuos, sabemos que, en la postpandemia, especialmente frente a las clases medias que caerán en la pobreza, los virreyes y los otros agentes, pretenderán atribuir todos los males a los políticos que no respondan al partido mediático único, usarán sus campañas sucias, sus fake news, las dramatizaciones de sus actores y actrices disfrazados de comunicadores y periodistas; no ahorrarán recurso alguno, recurrirán y pondrán en práctica sus impudicias coprófilas más abyectas e inhumanas. ¿Podrán con todo eso impedir la vuelta de los líderes populares decapitados por los partidos mediáticos únicos o el surgimiento de nuevos lideratos en nuestros países?

Frente a las respuestas demasiado pesimistas, nuestras historias nos enseñan que, con marchas y contramarchas, nuestros pueblos siempre toman conciencia y triunfan. Prueba de esto es que, de no ser por nuestros movimientos populares, quizá no hubiésemos podido escribir estas líneas ni el lector leerlas, porque es muy probable que hubiésemos sido analfabetos, que hubiésemos muerto en la infancia, que tuviésemos menos neuronas por carencia de proteínas en los primeros años o fuésemos desaparecidos por alguna dictadura genocida.

El cardenismo mexicano, el aprismo peruano, el velasquismo ecuatoriano, el varguismo brasileño, el yrigoyenismo y el peronismo argentinos, etc., tuvieron muchos defectos, incluso algún autoritarismo, pero en el balance final, todos esos defectos empalidecen frente a los genocidios de los virreyes que en todos los tiempos los combatieron y, en definitiva, a ellos debemos la ampliación de la ciudadanía real en nuestra región. Nuestros pueblos no perdieron ni perderán esta vocación, pese a los esfuerzos tecnológicos de los actuales partidos únicos mediáticos.

5- ¿Quiénes deben pensarlo? Cuando en Querétaro, los diputados constituyentes campesinos y obreros propusieron las normas que dieron origen al constitucionalismo social, los objetaron los licenciados formados en las universidades del porfiriato. Por suerte triunfaron los primeros. Es llegada la hora de no repetir el error de los últimos.

Es tarea de la academia jurídica superar su vocación elitista y su falsa asepsia política, dejando de lado las pretensiones de quienes se encargan de ofrecer discursos facilitadores de mecanismos de huida hacia la pax burocrática judicial, postulando un derecho apolítico, neutro, incontaminado, que niegue la esencia cultural, histórica y política del derecho, en definitiva, funcional a los virreyes de turno.

El propio estructurador del método dogmático jurídico –Rudolf von Jhering-, a poco dio un giro hacia la realidad social y, con las inevitables limitaciones de su época y lugar, redefinió al derecho como lucha.

La hora llama a los juristas de nuestra región, en homenaje a demanda de recuperación de la soberanía de nuestros pueblos por vía democrática y en el marco republicano y no violento, a sumergirse y empaparse de las necesidades y reclamos de los más victimizados por el tardocolonialismo financiero, para discutir la mejor manera de concretarlos en la forma jurídica de nuevos proyectos de Estado.

Esto no significa un desvío reaccionario hacia un romanticismo jurídico que pretenda la captación de sentimientos, sino que lo que se exige es comprensión de necesidades, que es algo muy diferente, porque parte del respeto al otro, a la persona en concreto que reclama ciudadanía real.

Debemos ser conscientes de que esos proyectos no deben ser elaboraciones de gabinete, sino que su contenido habrá de surgir de los reclamos fundados en las necesidades de las capas más sufrientes de nuestras ciudadanías, que son o pasan a ser mayoría, debiendo ser las principales proveedoras de su contenido. A los juristas corresponde únicamente la tarea de elaborar el envase jurídico más eficaz posible. La demarcación de contenido y envase es fundamental, para que nadie incurra en el error de los licenciados de Querétaro, pretendiendo elitistamente dar el contenido de lo que sólo debe ser la necesaria envoltura normativa del reclamo de los pueblos.

Teniendo en cuenta que la postpandemia exigirá un esfuerzo conjunto de los pueblos de nuestra región, corresponderá a los internacionalistas meditar el reforzamiento de los organismos regionales, la resurrección de otros y la creación de nuevos, así como reencausar a los que se han vuelto funcionales al totalitarismo financiero y, sobre todo, perfeccionar el reaseguro del sistema regional de Derechos Humanos, para darle la eficacia y prontitud de que ahora carece.

Nuestros jueces no nacen de incubadoras, sino que los formamos en las universidades, revisemos con cuidado y a la luz de las necesidades de nuestros pueblos, lo que estamos teorizando y enseñando: es la hora de una extrema responsabilidad académica.

6- ¿En qué punto estamos? El grado de esfuerzo que demande llevar al plano de la realidad los nuevos Estados neoprovidentes y fraternos que es indispensable que pensemos, dependerá en gran medida de la dinámica del poder planetario en la postpandemia.

Es claro que la actual paralización de la economía global es el ocaso del totalitarismo financiero, pero no sabemos si es el comienzo o el fin de esta caída. Si se tratase del comienzo, restaría una lucha por delante; si se tratase del fin, sería un amanecer y en breve deberíamos lanzarnos a la construcción del Estado postpandemia.

¿El mundo –la humanidad- se halla en una situación que guarda cierta semejanza a 1939, a 1945 o a los años intermedios? No faltan quienes creen que el ocaso ni siquiera comienza y que, por el contrario, se reforzará en la postpandemia; imaginan diferentes distopías. 

Creemos que el camino de distopía choca con un grave inconveniente, puesto que, como conduce a una hecatombe total y esa perspectiva –a pesar del negacionismo– se va haciendo demasiado inocultable, genera creciente pánico generalizado.  

El segundo inconveniente del camino distópico, es que con urgencia debería eliminar o deslegitimar a todos los organismos internacionales. Si bien en su momento éstos fueron creados por los poderosos, con la desaparición del mundo bipolar adquirieron dinámica propia y generaron su personal técnico, o sea que, a pesar de su dependencia financiera, se autonomizaron y obstaculizan cada vez más al totalitarismo financiero.

Este distanciamiento estalla hoy en confrontación, pues es inédito el desafío y la difamación contra la OMS. Todo indica que a la OMS seguirán todos los organismos universales y regionales, no sólo de Derechos Humanos, sino aun los más técnicos y especializados. Cualquier perspectiva distópica no podría avanzar sin acabar con los organismos internacionales, con el discurso de Derechos Humanos y también con todo el derecho internacional, incluyendo a la propia Cruz Roja.

Si bien estos organismos están lejos de gobernar el mundo, su empoderamiento tampoco puede subestimarse, en especial por el desprestigio que acarrea a quienes confrontan con ellos, sin perjuicio del que, por otras razones, van cargando ahora esos voceros.   

Asumiendo incluso la posición del comienzo del fin, que sería la más pesimista entre las no distópicas, nos hallaríamos frente al desafío de una lucha por liberarnos de la actual etapa de colonialismo.

Teniendo en cuenta que siempre el derecho es lucha, en cualquier caso, debemos comenzar a meditar qué haremos una vez independientes o, lo que es casi lo mismo, para qué queremos la independencia., pues la caída de otro colonialismo no debe tomarnos desprevenidos, como hace dos siglos largos.

Que nos ilumine Dios, la razón o lo que cada uno crea con total y absoluta libertad de conciencia, porque en esta hora los errores tendrían consecuencias demasiado graves.  

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020

*Profesor Emérito de la UBA

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