Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

El nacimiento de nuestro país surgió subordinado al interés del imperio inglés, que no pudiendo tomar militarmente posesión del Virreinato del Río de la Plata lo hizo mediante acuerdos con un sector de la incipiente burguesía local atada a las importaciones y posteriormente, fue ganando cada vez más importancia, con la compra de carne y trigo y después otros alimentos y materias primas, con lo cual abaratar el costo de la mano de obra de sus trabajadores, de los esclavos, para insumos para sus industrias, y generar mercados para sus productos.

Ese modelo de subordinación se resintió durante la crisis de 1930, obligando a la burguesía Argentina a cierto  grado de industrialización que básicamente fue llevada a cabo por empresas extranjeras que se radicaron en el país, y en menor medida, por los estancieros que se reconvirtieron en industriales, la más de las veces asociadas al capital extranjero, pero esa etapa (Plan Pinedo) iba a profundizarse y desarrollarse en el peronismo, lo que por un lado reconvierte la economía local al pasar a sustituir parte de los que se importaba, y por otra parte, aparece el movimiento obrero como factor de poder en la nueva sociedad.

Los sectores conservadores, pese a que seguían siendo los más beneficiados porque en ningún momento se les cuestionó su derecho de propiedad, sí tuvieron que hacer concesiones y aceptar las regulaciones por el Estado, entre ellas la de que el Estado se apropió de parte de los ahorros monetarios de los exportadores y reguló su comercio mediante el IAPI,  que sumado a la hegemonía que iba teniendo y que acrecentó tras la segunda guerra mundial el capitalismo estadounidense, con lo que ambos sectores vislumbraron ponerle fin  a la experiencia justicialista, pero dado la importancia del mercado interno en la Argentina de mediados de la década de 50 del siglo pasado, y que vendemos al mundo alimentos cuyo mercado de referencia y principal productor son los EEUU, se continuó con el mismo modelo económico adaptado a los nuevos tiempos. Esto fue así hasta que fruto de las grandes fábricas con miles de obreros, quienes iban acrecentando la resistencia a las condiciones de trabajo y por mejor salario, por una parte, y la restricción energética por la crisis del petróleo por otro lado, pusieron fin al modelo de sustitución de importaciones generados por Pinedo y por Perón.

Durante la segunda guerra mundial los exportadores locales le vendieron carne y trigo a los dos frentes, recién Argentina rompió relaciones con el eje al final de la guerra y cuando el triunfo aliado era inevitable. Pero en esa época atesoraban sus superávit en pesos y en el Banco Central, basta recordar quiénes fueron sus presidentes y directores desde que se creó en 1933, para ver que eran todos de esa “oligarquía con olor a bosta” que decía Sarmiento. Perón nombró como Presidente del BCRA a un gallego, que vivía y trabajaba de chatarrero en Lanús –Gran Buenos Aires, Don Miguel Miranda, quién más que duplicó la emisión monetaria licuando la riqueza atesorada y transfiriendo recursos a los trabajadores y a la industria.

Cuenta la historia que Don Roque Vasalli se entrevista con Perón y le pregunta que hacía en Italia antes de hacer tanques y cañones para el Duce. Vasalli le dice que hacía cosechadoras y demás maquinarias agrícolas. Perón le pide que se instale en el país, pero Vasalli le dice que no tiene capitales suficientes; Perón le dio el predio en Firmat-Santa Fe, y a través del Banco Industrial le concedió generosos créditos (a tasas negativas) para la compra de maquinarias, equipos e insumos y pago varios meses a los trabajadores contratados que Vasalli formó y enseñó en el uso de las mismas.  Los recursos los había provisto el campo argentino gracias a la inteligencia de Don Miguel Miranda y sus colaboradores.

También Perón le confió a Miguel Miranda la expropiación de los ferrocarriles a los ingleses como parte de pago de la deuda que ese país había contraído con nosotros, y lo nombró Director del IAPI, e incluso fue el impulsor de productos nacionales (ropa, calzado, enseres personales, etc.) a bajo precio para el acceso a la población, sin embargo, mientras pululan calles, avenidas, plazas, y hasta estatuas de agentes del imperio inglés en el país, no hay una placa recordatoria a ese patriota que murió en el mayor de los olvidos.

No estaba agotado el modelo de sustitución de importaciones, es más, había llegado a fases de industrialización y exportaciones de ese origen que garantizaban el financiamiento de un crecimiento sostenido. El problema era el conflicto social, el repudio de los trabajadores apoyados por la población de la política represiva de los empresarios y del gobierno militar que se reflejaron en los “Cordobazos”, “Tucumanazos”, “Mendozasos”, y en que aparecen organizaciones armadas que enfrentan la situación. En ese marco es que Agustín Lanusse y un sector de la burguesía nacional (nacional porque está en el país) deciden jugar la carta de hacerlo volver a Juan Perón, que viejo y enfermo acepta retornar a un país que ya no es el que él conoce.

La historia habla con hechos, los López Rega y la burocracia sindical con el aval de los EEUU,  llevaron a crear las condiciones para que se ejecute el mayor genocidio de nuestra patria e imponer un modelo de subordinación al capital financiero internacional reflejado en la “tablita de Martínez de Hoz”, que posibilitó el endeudamiento para financiar la fuga de capitales, dejando una minoría enriquecida e internacionalizada, y el país con una deuda externa limitante y condicionante de su futuro.

Los planes stan by del FMI,  el acatamiento por el gobierno de Raúl Alfonsín tras la renuncia de ese otro patriota, también olvidado, Don Bernardo Grinspun, la legitimación de la deuda, el derrape por híper inflación de 1989, el menemismo  y sus diez años de gobierno con las privatizaciones, y la convertibilidad de la moneda con el dólar como si fuera un vale de $1.- = U$s 1, dando lugar a la “Alianza” con total incomprensión de la situación que termina en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Es más, la crisis del plan de convertibilidad de diciembre de 2001 y la posterior devaluación de nuestra moneda (en abril de 2002 la cotización del dólar era de $ 4.- en el mercado de Montevideo, una de las plazas del mercado negro de divisas de la Argentina) fue traspasada al pueblo argentino con medidas como la de asegurar a los empresarios la conversión de su deuda en dólares a $ 1,40.- , la brutal diferencia con el valor del mercado la pagó el pueblo con endeudamiento para subvencionar a las empresas.

En todo ese escarnio, la rotura del modelo de integración en el mercado interno y su reemplazo por el de valorización financiera, en esa brutal transferencia de recursos de la población a los más ricos, se genera el dominio ideológico que hace que gran parte de la población acepte el culto al individualismo, el sálvese quién pueda, a que cada uno se forja su porvenir independientemente como le va a la sociedad, la falsa meritocracia. Perón anciano repetía “no puede haber realización personal en una sociedad que no se realiza”, por lo que el aislamiento de cada uno es funcional al modelo de valorización financiera que tiene a los sectores más favorecidos como únicos beneficiarios.

Lo que pasa con el sistema previsional es un claro ejemplo, el exacerbado individualismo dice que cada uno se procure su jubilación  y que reciba según lo aportado. Lo plantea el gobierno de Macri como fundamento de su reforma previsional, que no es otra cosa que modificar el sistema de ajuste para reducir los haberes previsionales incluido el haber previsional inicial, que prácticamente era el 60% de los que se cobrara en actividad y ahora pasa a ser en torno al 40%.

Terminado en desastre el sistema de capitalización del menemismo, el gobierno de Cambiemos desiste del sistema de reparto en el sentido que no comprende que es el Estado el que debe garantizar una jubilación o pensión digna, independientemente de cuanto hayan aportado, porque lo dice la Constitución Nacional, debe velarse por la vida y su dignidad por el solo hecho de habitar el suelo argentino,  aunque en la realidad se trate de trabajadores que fueron tales por más de 30 años, con aportes plenos o no, pero que trabajaron para poder vivir y que viva su familia, la mayoría de la veces percibiendo salarios de miseria, miseria que el gobierno de Cambiemos trata de perpetuar hasta el último día de su existencia.

Todos los jubilados y pensionados actuales y los que lo van a ser, son fruto del golpe cívico-militar de 1976 y de las pobres democracias que lo sucedieron, con plan austral, de convertibilidad y de emergencia económica, mientras se aceptaba y legitimaba la deuda contraída por los grandes empresarios que operan en el país, se aceptan sus precios y tarifas y se pagan tasas de interés astronómica por un crédito.

Lo cínico es que los hijos de esos empresarios, socios partícipes y principales beneficiados de la dictadura, pretenden seguir viviendo de rentas, de la bicicleta financiera con nuevas y mayores deudas externas, y seguir descargando sobre los trabajadores (en actividad o pasividad) los costos y las pérdidas.

En este país, tan siniestro como lo que hemos contado, aparece el gobierno encabezado en primer lugar por Néstor Kirchner, que por un lado impulsó el aumento de salarios por decreto, no decreto para anular leyes y derechos como hizo siempre la derecha en nuestro país, sino un decreto presidencial para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Después armó las paritarias que no se tenían desde antes del golpe cívico-militar y se concedieron todas las libertades para que se ejerza la democracia sindical. Paralelamente generó jubilaciones y pensiones a quienes teniendo la edad (y los problemas físicos que se tienen a la edad) no tenían los aportes por la desocupación o por haber trabajado en negro en  todo el período referido. Finalmente terminó con el negocio de las AFJP, acto que le causó, le causa y le causará la persecución de la burguesía rentista a Amado Boudou, y la creación con los títulos y acciones que las AFJP tenían en su poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS). Todo ello con la construcción de un sistema de ajuste por salarios estables por convenio (RIPTE) o el ingreso del FGS el mayor de los dos, que garantizó la movilidad previsional y hasta su recomposición.

En un marco de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo, el kirchnerismo defendió la producción nacional y fue capaz de generar nuevos mercados para nuestra producción basándose en los acuerdos del MERCOSUR, del UNASUR, de la CELAC, de convenios de inversión y comerciales con China y Rusia, de abrir nuevos mercados fuera de la subordinación al capital internacional, que permitieron tener record de exportaciones (medidas en dólares nunca se obtuvieron las cifras de ventas externas de ese período) y dentro de ella de productos industriales, poniéndose afuera del alcance de las garras del capital financiero internacional, que el macrismo considera que es la forma (lacaya) que tenemos de vincularnos al mundo.

La alianza Cambiemos recibió el 41% de los sufragios de los que votaron con un gobierno pro capital (que empodera a los empresarios como dice Gustavo Grobocopatel), sin un programa, sin proyectos claros, más allá de la mentira de la “lluvia de inversiones” y ahora del modelo Público Privado de  inversión pública y la sarta de promesas y buenas intenciones que dicen en los medios, pero sin fundamentos y sí siguiendo los pasos de los gobiernos militares, de Menem y de De la Rúa, que son los que acuerdan y se subordinan con el capital financiero internacional. Encima pide que le den tiempo, sí, tiempo para seguir fugando capitales y empobreciendo a la población.

La culpa del Kirchnerismo fue tratar de hacer un país independiente y pretender disciplinar a la clase empresaria, por ejemplo con los acuerdos con China, que los obligaba a tener que reinvertir al menos parte de su renta, sí aprovechando las ventajas naturales que el país tiene (la tierra más fértil del mundo agua, petróleo, litio, mano de obra capacitada y que se puede capacitar más), pero incorporando constantemente nuevas tecnologías y aumentando considerablemente la escala de producción, solos o asociados, para satisfacer la creciente demanda que dicho acuerdo estratégico e integral significaba.

Salvando el tiempo y la distancia, fue como los acuerdos que firmó con Rusia José Ber Gelbard en 1973 y 1974, incluso obligando a las empresas norteamericanas a venderles a los países socialistas, cumpliendo órdenes nacionales por estar radicadas en nuestro país. Bastó eso para que la conspiración tomara cuerpo, forma y dirección

Antes por golpe militar y ahora por la debilidad ideológica de gran parte de nuestra población, troncharon el camino recorrido. Debemos retomarlo más temprano que tarde por el pueblo argentino y todo lo que ello significa.

Buenos Aires, 26 de enero de 2018

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa bruta nacional asciende al 31/12/2109 a U$S 323.065 millones y representa el 91% del PIB. Una parte, U$S 66.238 millones están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera; otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional.

En la presentación sobe la economía Argentina que hizo en el Ministerio de Economía de la Nación el Ministro Martín Guzmán, el día jueves 19 de marzo de 2020, un día antes que se iniciara la cuarentena sanitaria, que denominó “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina”, fue lo suficientemente contundente en que recién se podría alcanzar el equilibrio fiscal primario para el año 2022 y comenzar a pagar en el año 2023. 

Como apoyo previo tuvo que el personal técnico del FMI, ese mismo día, 45 minutos antes de la conferencia de prensa del ministro, dijera lo mismo, que la deuda externa argentina era insostenible y que para que la misma pueda ser abonada se debía realizar una quita del capital en torno a los 55.000 a 85.000 millones de dólares y alargar los plazos de vencimientos.

En el Boletín Oficial del 10 de marzo de 2020 se publica el Decreto 250  que le confiere al Ministro Martín Guzmán y en el marco de la Ley de Emergencia Económica, la facultad para negociar con los tenedores de títulos de deuda pública argentina en moneda y con jurisdicción extranjera que, sumaban según dicho Decreto, el equivalente a 68.842 millones de dólares

Si a ello le sumamos que el día 11 de marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro pandemia a nivel mundial por Covid con que se declara la Emergencia Sanitaria y dado que la misma es una situación de contingencia, en el sentido que es algo ajeno a la situación económica y externa al país, ante esa eventualidad e incertidumbre, se debe priorizar la salud de la población por lo tanto era el momento para presentar nuestra propia propuesta de pago y lo hizo:

La propuesta Argentina anunciada el 17 de abril de 2020 es en términos de la capacidad de pago real de nuestra Nación, de allí que se plantea los tres años de gracia (no paga capital ni interés hasta mayo de 2023, sobre los 68.842 millones de dólares, a los que se le hace una quita de capital para pasar a ser 66.238 millones de dólares de deuda) en 21 títulos distintos que están en moneda y en jurisdicción extranjera,  en los que seguramente los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Gramercy, Ashmore y Franklin Templeton) ya tienen un porcentaje de los mismos que anula la cláusula de acción colectiva (25 o 33% depende del bono) para exigir el pago en las condiciones originales.

La propuesta Argentina es lógica y razonable para nuestro país, tres años de gracia, una quita de capital del 5,4% y al hacer el canje por el nuevo título, cambiar los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago (mayo de 2023) y después ir aumentándola al 0,5% anual hasta ser de un promedio del 2,33% en los 15 años de vida del nuevo bono, que implica una disminución de los intereses del 62%, unos 37.900 millones de dólares y, en conjunto, significa una reducción en el pago en torno a la mitad de la deuda pactada originalmente.

Y también es razonable para los tenedores de esos 21 títulos, porque mayoritariamente ninguno de ellos le prestó directamente a la Argentina. Esto es, tras la salida del las primeras entidades colocadoras de títulos de deuda nacional en el mundo de la gestión Macri, JP Morgan, HSBC, Goldman Sach, Deustche bank, etc., el 25 de abril de 2018 en que, ese solo día se fueron U$S 1.225 millones que a su vez habían comprado la moneda norteamericana al BCRA y éste le vendió a un precio promedio de $ 20,20.-, el valor de los bonos argentinos derraparon, por ende la lámina decía 100 dólares y las adquirieron a 30 o 35 dólares, por ende la tasa que van a cobrar es del orden del 7% anual (0,5% anual sobre 30 o 35 dólares y no sobre 100). 

El gobierno nacional pagó el día martes 31 de marzo de 2020 los intereses de la deuda por 250 millones de dólares para mantener una ficción, dado que se debía afrontar vencimientos el 22 de abril, por 504 millones de dólares por los Bonos Globales 2021, 2026, y 2046. Y el jueves 7 de mayo 2020 venció el Bonar 24 por 1.300 millones de dólares, y no se pagaron, sumas indispensables que se necesitan para comprar equipos y reactivos para atender la pandemia de Covid 19.

De los acreedores de títulos de deuda en moneda y jurisdicción extranjera al día viernes 8 de mayo solo habían aceptado el canje por el nuevo título, el 19% del capital adeudado de los Bonos Globales, por lo tanto, si antes del 22 de mayo no se suman otro, o realizan una propuesta que el gobierno nacional considere aceptable, incurriremos en el 4to default de la historia Argentina[1]  

FMI

Igual sucede con la deuda con el FMI (el equivalente a unos 44.000 millones de dólares), las declaraciones del equipo técnico del FMI de reconocer la insostenibilidad de la deuda argentina es la base para que no se cumplan los exigentes plazos de tres años para cancelar capital e intereses que el FMI le prestó al Gobierno de Cambiemos y que consta en el acuerdo firmado. 

El día 7 de mayo de 2020 el gobierno nacional le pago al FMI la suma de unos 320 millones de dólares en concepto de intereses atrasados y, continua una negociación en que el FMI quiere acordar un Plan de Facilidades Extendidas en los que la  Argentina debería acordar metas monetarias y fiscales con el FMI, mientras que el ministro Martín Guzmán en el marco de la emergencia sanitaria solicita un roll over en que el mismo FMI o bien extiende los plazos y condiciones, o le concede nuevos créditos a la Argentina para que a cada vencimiento total o parcialmente pueda cumplir con esos compromisos.

DEUDA Y FUGA

Al inaugurar las sesiones legislativas el Presidente Alberto Fernández dijo: “… el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Con fecha 14 de mayo de 2020 el BCRA publicó un Informe denominado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” donde básicamente afirma:

1) El cambio de administración en diciembre de 2015 trajo consigo un cambio radical en la política de endeudamiento pública. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo, predominantemente en moneda extranjera.

2) La deuda externa en diciembre de 2015 era de U$s  222.703 millones y el 60% era intra sector público, 9% con organismos internacionales (sin el FMI) y 31% sector privado.  A diciembre de 2019 paso a ser de U$s 323.177 millones, 40%  de la misma intra sector público,  22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por U$S 44.000 millones) y 37,3% sector privado. La deuda se incrementó en más de U$S 100.000 millones y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

3) La “fuga de capitales” del período comprendido entre enero de 2016 y octubre de 2019 alcanzó los U$s  86.200 millones. Aumentaron la deuda y el 86% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de privilegiados residentes argentinos en el exterior.

4) El Informe dice que se trata de 6.693.605 personas físicas y de 85.279 personas jurídicas (Empresa, Bancos, Fondo Comunes de Inversión, sociedades de bolsas, etc.) pero:

a) Los 10 mayores compradores (personas físicas y jurídicas) adquirieron: U$s 7.945 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019.

b) Los 50 mayores (incluido los 10 mayores compradores): U$s 19.153 millones

c) Los 100 mayores (incluido los 50 mayores compradores): U$s 24.679 millones

5) Las reformas encaradas en el período diciembre 2015 – diciembre 2019 tendieron a acrecentar el desbalance externo de la economía argentina, al tiempo que se promovían negocios especulativos de corto plazo financiados con un masivo proceso de endeudamiento externo. Dicha situación terminó por desencadenar una grave crisis en la primera mitad de 2018, que como tantas otras veces, dejó tras de sí dramáticas condiciones sociales y una pesada carga de compromisos generados por el endeudamiento

No se dieron a conocer los nombres, domicilio CUIT, actividad, situación fiscal, etc. etc., pero es obvio que las autoridades del gobierno de Alberto Fernández saben quiénes son, suficiente para que aclaren a que se deben esas compras y de dónde  extrajeron la suma cuando la recaudación del Impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales (en gravámenes nacionales, pero igual con los  tributos provinciales) es muy menor a los US$ 86.200 millones de dólares que compraron y fugaron

La fuga de capitales demuestra palpablemente que detraen riqueza del país y no invierten en él, no les interesa el crecimiento sustentable, tener un mercado interno fuerte, sino solo poder comprar dólares y fugarlos, pidiendo que el Estado se endeude para financiarles dicho proceso. Porque además, cuando existen los colapsos económicos, y esto nos sirve para saber por qué son tan recurrentes en la Argentina y porqué, con la compra de divisas presionan a la devaluación, perjudicando a todos los que tenemos ingreso en pesos.

EN SINTESIS

Si bien la cesación de pagos es indeseada, no implica que cualquier acuerdo sea superior. Si el gobierno argentino, en su estrategia no disruptiva, terminase aceptando una renegociación insostenible, se prolongaría el estancamiento de la economía y el deterioro de las condiciones sociales, un panorama que para pueblo y gobierno podría ser todavía más duro que un default abierto.

Por eso la propuesta, y llegado el caso la contra propuesta que llegara a hacer el gobierno nacional, debe ser sustentable en el tiempo. El Ministro Martín Guzmán lo explicó fundadamente cuando fue a informar de la negociación de la deuda al Congreso de la Nación, que no pretende solamente salir de la emergencia,  sino que se debe contar con un plan de pagos para los próximos 18 años, de los cuales los primeros tres son de gracia y después los 15 años posteriores deben ser compromisos asumibles que no impidan el crecimiento y la mejora del ingreso de la población.

Esa seriedad y ese objetivo es el que va a permitir el acuerdo con los acreedores, más allá que no se logre el viernes 22 de mayo 2020. Y los acreedores lo saben, es la capacidad real de pago del país.

Una vez acordado el plan en 18 años, seguramente se calmará el negocio de los nueve o diez grandes bancos privados que asesoran a su clientes para que compren acciones en la bolsa y las vendan afuera (Contado con Liqui) o en el país (dólar Bolsa) en divisas y, a un precio exorbitante, para que ellos (esos bancos), traigan después parte de esos dólares y lo vendan en el mercado paralelo a mayor precio aún (el doble que el valor oficial), porque siempre a río revuelto fue ganancia de esos pescadores.  

Néstor Kirchner lo hizo, el dólar paralelo estaba a $ 3,70 cuando asumió el 25 de mayo de 2003 y en diciembre de ese año estaba a $ 2,50. Perdieron los tontos y egoístas a quienes no les interesa cómo impacta la devaluación en el salario y en las jubilaciones y pensiones y, en cambio, los dueños de los bancos, que son peores que sus clientes, siempre ganan.

Referencia:

[1] Las otras cesaciones de pago  fueron en los años 1890, en 1982 y en 2001.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro; el problema es que ese ahorro lo invierten afuera del país y, el mecanismo más usual fue siempre el de sobrefacturación de importaciones, el de subfacturación de exportaciones y, el de los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedores)

Esto explica porque el Grupo Vicentin que es un grupo poderoso que tiene controladas a las firmas Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA; Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay, Bodegas Vicentin, entre otras empresas y conforma la firma RENOVA SA junto a Oleaginosa Moreno SA -perteneciente a la multinacional Glencore- y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiesel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quién, junto a Alberto Padoan (quién fuera Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables, sin embargo, presenta una deuda que según el concurso abierto y en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeuda Vicentin SA, suman en pesos y en divisas $  100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos) equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,4)

Y lo explica porque cuando se ve el listado de acreedores nos encontramos con deudas en divisas que en la verificación se presenta su equivalente en pesos (con un dólar a $ 63,4) con bancos internacionales como el Ing.Bank NV Tokio Branch por  $ 4.420 millones y el Netherlandse por $ 9.228 Millones, las dos acreencias son más de 215 millones de dólares. Trabajo arduo de la intervención anunciada por el gobierno nacional el día lunes 8 de junio de 2020, que debe solicitar y obtener  de esos bancos, para que den a conocer los depósitos en esas entidades y precisar si no son personas físicas o jurídicas asociadas al grupo Vicentin.

En la misma verificación de acreencias presentadas ante el Juez de Reconquista, Dr. Fabio Lorenzini, la deuda con el Banco de la Nación Argentina fue de $ 18.182 millones (unos 285 millones de dólares), de los cuales $ 5.785,4 millones le otorgó el BNA en septiembre de 2019, cuando desde junio de 2019 el Grupo Vicentin había dejado de pagar la deuda y Macri había perdido las elecciones PASO un mes antes.

Los otros grandes acreedores son ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) por $ 4.930 millones, Banco Provincia de Buenos Aires por $ 1.814 millones y con Renova SA por $ 1.346 millones, sociedad anónima de la que forma parte.

En síntesis la deuda es aproximadamente en un 65% es con instituciones financieras, el 25% con cooperativas agropecuarias, entre ellas pequeños y medianos productores de los cuales la firma exportó el grano, debe haber cobrado y no les pagó esa provisión. Y el 10% restante es con el Estado por deudas impositivas y sobre todo aduaneras.

El Informe de la AFIP sobre el grupo Vicentin es terminante: “La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero».  La AFIP da a entender que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones.

 Y los fundamentos de la intervención y elaboración del proyecto de ley para su expropiación son más contundentes si cabe: «Teniendo en cuenta que frente a un escenario de quiebra de la empresa o de dilación de los procesos judiciales, habría grandes posibilidades de que el volumen agroexportador de Vicentin S.A.I.C. (10 millones de toneladas – 9% del total de la oferta exportable de granos) pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación, es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada».

 En base a las cifras analizadas, el Gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente concentrado y dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera y a las pruebas nos remitimos: La Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportó 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado y sin embargo la liquidación de las exportaciones son un 20% menor que en ese lapso del año 2019. Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar. La Intervención de Vicentin SA hará que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podrá tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas, necesarias para diagramar un plan económico.

Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio de 2020 el Presidente de la República, Dr. Alberto Fernández, al anunciar el DNU y la intervención de la empresa: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (se estima en 7.000 trabajadores directos) y que los 2600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura.

EL PASADO LOS CONDENA

Se debe tener en cuenta que el Régimen de Expropiaciones es por ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977 (firmada por Jorge Rafael Videla) y, contempla. una “justa” indemnización y que se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

De allí la importancia de la intervención a cargo de un hombre avezado en el tema, que fuera el último Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, como lo afirma la declaración de los trabajadores del INTA (instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Gabriel Delgado, además de ser un economista altamente capacitado, es un afiliado de APINTA, y desde nuestro gremio abrazamos al compañero afiliado al gremio, que tendrá un rol histórico en la reconstrucción de un país más justo”.

El Grupo Vicentin creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966, cuando  incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes en su planta de Avellaneda, norte de Santa Fe. En 1977 comienza a funcionar una planta de molienda de soja en el mismo complejo y a fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inician operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en empezar a operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná en 1979.

Vicentin a través de su sociedad controlada Algodonera Avellaneda SA se involucra en el rubro textil con la adquisición de una nueva planta especialmente dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción. Años más tarde se incorpora al grupo el complejo frigorífico Friar, importante protagonista en el rubro cárnico exportador. En sus tres plantas industriales se procesan gran variedad de cortes vacunos y derivados destinados tanto al mercado interno como a los mercados externos.

Con el menemismo se va a quedar con la terminal Puerto de Rosario que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo. Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión sumando una cuarta planta de molienda en San Lorenzo, elevando la capacidad de molienda a 21 mil toneladas diarias.

Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafecino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.

Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo, presentaron la denuncia contra la familia Vicentin por los 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, que fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de la Aceitera Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.

Represión a sus trabajadores y supuestos endeudamientos en dólares generó el impulso de éste almacén de ramos generales de 1929.

Buenos Aires, 10 de junio de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

En primer lugar se debe ver que la deuda externa incrementada en más de 100.000 millones de dólares por el gobierno de Cambiemos, en un 86% se fugó. Esto es, el país se endeuda y una minoría se apropia de esos dólares a precio vil, precio atrasado ex profeso para que la bicicleta financiera funcione y lo fugan, lo sacan del país, de manera tal que según informara el BCR, en el gobierno de Cambiemos se fugaron, técnicamente lo denominan Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior, 86.200 millones de dólares, con el agravante, por ejemplo, que los cien primeros compradores (personas físicas o jurídicas) lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Se endeuda el Estado y se beneficia una minoría rentística.

Pero lo planteado en el primer párrafo no invalida que la Administración Nacional tomara deuda por más de cien mil millones de dólares por los cuales colocó títulos públicos cuya lámina valía cien dólares, que quienes lo compraron lo hicieron muy cerca de ese valor y que, tras la corrida encabezada por el JP Morgan, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley y otros en abril de 2018, que fueron los que vendieron en esa fecha los títulos argentinos a bajo precio porque prefirieron pasarse a dólares (que compraron, por ejemplo, el 25 de abril de 2018 a $ 20,20 y a los tres meses valía más de $ 40.- cada dólar), prefirieron ganar el 100% o más en tres meses que esperar con el título de deuda. Obviamente eso empujó a la baja en el precio de mercado de todos los títulos de deuda y también del valor de las acciones de las empresas argentinas.

Ante esa situación irremediable se acuerda con el FMI por lo que se logra reflotar al gobierno de Macri. El modelo y la alianza de Cambiemos siempre fue insustentable, siempre fue de corto plazo y a la espera de que los “planetas se alineen”, para generar excedentes a favor de los beneficiados de la Argentina (no más del 2% de la población) y los rentistas del exterior (que como vivimos, una parte le pagaron los buenos servicios a Macri sacando los capitales, no bien vieron o creyeron que el modelo no le garantizaba seguir extrayendo la ganancia que acumularon) y, es allí donde aparecen los actualmente principales poseedores de los 21 títulos de deuda Argentina comprando por la mitad de su valor o menos, y esperando cobrar el 100%, que son los fondos de cobertura BlacRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.  

El gobierno argentino hizo la primer propuesta de canje global el 19 de marzo de 2020, donde se imponía un período de gracia hasta el 2023 y los títulos nuevos tenían una tasa de interés del 0,5% anual,  que no fue aceptada por la mayoría de los bonistas

En el ínterin vencieron con fecha 22 de abril 2020 los intereses de tres títulos de deuda incluidos en la oferta de canje antedicha, por 503 millones de dólares, que no se pagó, con lo que la Argentina, de hecho, entró en cesación de pagos.

Finalmente con el objetivo de obtener la reestructuración de la deuda de los títulos en jurisdicción extranjera, el gobierno argentino extiende nuevamente el plazo de las negociaciones con los acreedores hasta el 24 de julio de 2020 y, con la propuesta de canje de los títulos de deuda ante la SEC (Comisión Nacional de Valores de los EEUU) del 6 de julio, prorroga esa aceptación hasta el 4 de agosto 2020.

El problema se suscitó con el grupo Ad-Hoc que lidera BlackRock quién propuso que en el canje de la deuda de la Argentina de los títulos en jurisdicción extranjera se utilice la cláusula Indenture 2005: «Los Nuevos Bonos serán emitidos bajo la Indenture 2005 existente con modificaciones adicionales especificadas debajo», se lee en el comienzo de la página 15 de la contrapropuesta presentada por el grupo Ad Hoc a Martín Guzmán el último 8 de junio. El documento además exige que cualquier deuda posterior argentina también sea emitida bajo la «indenture 2005» hasta que se terminen de pagar estos bonos, es decir, una suerte de condena a convivir con la amenaza de que cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de sus poseedores hasta el año 2046 (vencimiento final de la deuda refinanciada)

Detrás de la idea de estas cláusulas se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se obliga a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas. En cambio, las probabilidades de ir a juicio y perder y terminar pagando todo -más punitorios- son altas. Más si estas se conjugan con cláusulas RUFO (si a un bonista le pagan más que al otro, este tiene derecho a que le abonen la diferencia) que dilatan en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los litigantes que no sea el mismo de los que entraron en el canje y con ventanas de tiempo amplias para litigar por el impago de capital o de intereses de 10 y 5 años respectivamente. Todo esto también forma parte de la «indenture 2005».

En otras palabras, basta con que algún bonista reúna el 15% de los bonos elegibles con el «indenture 2005» y decida rechazar la oferta de la Argentina para que la reestructuración sobre estos bonos no se realice. Y tanto el grupo Ad Hoc de fondos acreedores que encabeza BlackRock como el grupo de los Bonistas del Canje superan cada uno ese 15% actualmente, por lo que no fue aceptada por la Argentina.

LA PROPUESTA DEL 6 DE JULIO 2020

En ese marco la Argentina presenta el lunes 6 de julio 2020 ante la SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos) una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera presentada el 21 de abril de 2020. Esta oferta modificada estará sujeta a partir del día lunes 6 de julio  a un período de suscripción que vencerá el día 4 de agosto del corriente año.

Asimismo, del Ministerio de Economía de la Nación informan que en los próximos días enviarán al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

La presente oferta, así como el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer, según lo afirma el Presidente de la Nación, Alberto Fernández: “…es el máximo esfuerzo que podemos hacer” y agregó: “Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que están postergados”.

La propuesta Argentina consiste en:

1) Aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los “Bonos 1,00% 2030 en USD”) o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos 0,5% 2030) que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde e incluyendo la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive.

Permitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin efecto.

2) Los títulos de deuda que se canjean por nuevos conforman 21 series distintas en moneda y jurisdicción extranjera que ascienden a un total de 66.238 millones de dólares[1] y que por ley nacional se le reconoce la prórroga de esa jurisdicción. Para estos casos se dan 12 propuestas distintas que van desde a) los Bonos con interés anual fija del 1,00% en USD 2030 (vencerán el 4 de septiembre de 2030);  b) los Bonos con interés anual fija del 0,5% en Euro 2030 (Vencerán el 4 de septiembre de 2030); c) los Nuevos Bonos 2030 en USD (Vencerán el 4 de septiembre de 2030) que devengan tasas de interés variables que van del 0,5% al inicio a 1,750% al vencimiento final; d) los Nuevos Bonos 2030 en Euros: (Vencerán el 4 de septiembre de 2030) devengarán intereses del 0,125% anual a partir de la Fecha de Liquidación; e)Los Nuevos Bonos 2035 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2035 devengarán intereses anual variable que va de 0,125 a 5% al final; f) los Nuevos Bonos 2035 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2035 – devengarán intereses anuales variables de 0,125% al 4,0%. g) Los Nuevos Bonos 2038 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2038 – devengarán intereses anuales variables de 0,125 a 5,000%; h) Los Nuevos Bonos 2038 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2038 – devengarán intereses anuales variables del 0,1250 al 4,250%; i) Los Nuevos Bonos 2041 en USD Vencerán el 4 de septiembre de 2041 – devengarán intereses anuales variables desde 0,125% a 4,875%; j) Los Nuevos Bonos 2041 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2041 – devengarán intereses anuales variables desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% al 4 de septiembre de 2041: 4,50%; k) los Nuevos Bonos 2046 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2046 – devengarán intereses anuales variables desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% y al 4 de septiembre de 2046: 5,000%. l) Los Nuevos Bonos 2046 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2046 devengarán intereses anuales desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% y al finalizar al 4 de septiembre de 2046: 4,125%.

CONCLUSIÓN

La propuesta, como lo reconoce el mismo ministro Martín Guzmán, es un esfuerzo desmesurado porque cualquiera sea la alternativa elegida por los acreedores de canje de títulos va costar pagar, y condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Por otra parte, la Argentina pasa a ser el primer caso de un canje de deuda en plena pandemia y es vista por muchas naciones que están en una situación semejante.

El objetivo del gobierno es alcanzar las mayorías necesarias para activar las cláusulas de acción colectivas del 66% en algunos títulos y en otros del 75%, y poder avanzar en un canje generalizado ya que de conseguirse ese piso de adhesiones todos los tenedores se verían obligados a ingresar y no habría riesgos de litigios en Nueva York, de allí la considerable mejora en los intereses y en los plazos que hacen que en promedio el valor actual de los títulos sea de más del 50%, cuando en el mercado nadie los compra si no es a un menor porcentaje

El fondo Blackrock dejó trascender que se opone pese a que tiene fuerte participación en empresas Argentinas y le convendría que la economía local se recupere, pero pesa también que de aceptar la quita formal (hoy por ejemplo el BONAR 2024 devenga una tasa de interés anual en dólares del 8% y como se compra a menos del 50% de su valor nominal la tasa de interés real, si se pagará, es más del 16%), sería un ejemplo a seguir por muchos países.

El gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda. 

Finalmente no es lo mismo defaultear con Paul Singer que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los EEUU, que con Larry Fink, Presidente de Blackrock que reconoce que administra activos por 7 billones de dólares (más de 20 veces el PIB argentino).

La propuesta Argentina ya está presentada, ahora le toca jugar a los acreedores si la aceptan o no. De esa respuesta depende el tema de la deuda que por su magnitud y escala de vencimientos es imposible cumplir los compromisos originales.

Defaultear no le conviene a nadie, y los acreedores también lo saben

Notas:

[1] La deuda externa bruta nacional asciende al 31/12/2109 a U$S 323.065 millones y representaba  a esa fecha, el 91% del PIB. Una parte, U$S 66.238 millones están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera (sobre los que el gobierno argentino les plantea un canje); otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional (sobre los cuales el gobierno nacional enviará un proyecto de ley de restructuración para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO).

Buenos Aires, 7 de julio de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte, 66.238 millones en esa divisa están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y es sobre los que el gobierno argentino presentó el 6 de julio de 2020 ante la SEC[1] de los EEUU, un canje de los mismos  con nuevos plazos y nuevas tasas de interés y que con fecha 3 de agosto 2020 logró un principio de acuerdo con el grupo acreedor Ad-Hoc y otros encabezados por Blackrock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo[2]

Otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción argentina y su restructuración por ley para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO[3] que incluye a títulos públicos denominados en dólares emitidos bajo legislación argentina, que tienen un monto en circulación total de U$s 41.717 millones, equivalentes a 12,9% de la deuda total.

El Comunicado dado a conocer por el Ministerio de Economía de la Nación el martes 4 de agosto 2020, explica los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC el 6 de julio de 2020, que consiste en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos que van desde el año 2030 a vencimientos al año 2046. La modificación realizada básicamente es adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio, por una parte y, por otro lado, la amortización del capital de los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

De esta manera, el primer pago de intereses se realiza en el año 2021 y el capital comienza a amortizarse en el año 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta el año 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto de esta parte de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran de 33.664 millones de dólares para ese lapso.

Entonces, el primer gran logro del acuerdo es que estamos en medio de una pandemia de características inusitadas, con la mayor parte de la población guardando aislamiento obligatorio, con nueve millones de personas desocupadas que deben ser asistidas por el Estado con $10.000 por mes, con una ayuda a 2.340.360 empleados de 245.000 empresas con una asistencia mensual de uno y hasta dos salarios mínimos vital y móvil de $ 16.875; con el aprovisionamiento y puesta en funcionamiento de los programas de salud, etc., que al priorizarse, tornaban incumplible los vencimientos de la deuda.

El segundo logro es que descomprime la presión cambiaria, esto es, sabiendo que  hay una previsibilidad en los pagos, que el año pasado se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 15.990 millones de dólares, y este año se siguen vendiendo alimentos que conforman el 65% de nuestras ventas al mundo, y que por el freno del nivel de actividad disminuyó más que proporcionalmente las compras al exterior, tras el acuerdo con los acreedores, los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial incluso mayor que el del año 2019, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor del dólar “blue” o paralelos en sus distintas versiones, al dólar oficial

Y el tercer logro, no menor, es que acordado el plan de pago de la deuda con los principales bonistas, no solo se van a sumar la gran mayoría de los acreedores, sino que va a ser el marco adecuado para anular la cláusula “Indenture 2005” por la que cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de sus poseedores hasta el año 2046 (vencimiento final de la deuda refinanciada). Detrás de la idea de esa cláusula se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se obliga a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas o nulas.

CÓMO SIGUE LA HISTORIA

El acuerdo en el frente externo permitirá canalizar los recursos y las políticas a aumentar la producción y generar trabajo. La Argentina no tiene un problema de ahorro; un país que en los cuatro años de la gestión de Cambiemos fugó 86.200 millones de dólares al exterior lo que tiene que hacer es fiscalizar y controlar la evasión fiscal y las dobles contabilidades. Paralelamente, uno infiere que nuestra clase dominante después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos,  en que las acciones de las principales empresas argentinas valían en diciembre de 2019 la mitad que en diciembre de 2015, por ende todas las grandes compañías que operan en el país perdieron patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.

La Argentina solo puede crecer si crece el poder adquisitivo y el número de los trabajadores ocupados. El único modelo de desarrollo (crecimiento con distribución del ingreso) es si nuestro mercado interno se fortalece y, queda demostrado en la gestión de Cambiemos, que la integración a los mercados financieros mundiales no solo es en una sociedad espuria en contra del pueblo argentino sino que termina perjudicando a los empresarios, si no que le pregunten a los Rocca, Acevedo-Urquía, Bulgheroni, Eurnekían, Pérez Companc, Pagani, Madanes Quintanilla, etc. etc., si a ellos nos les toca cuando el abogado Dennis Hranitzky[4], representante del grupo financiero Exchange Bondholders Group, uno de los acreedores importantes, se atrevió a decirle al gobierno argentino cuando presentó la primer propuesta de pago: “Lo que nos tienen que mostrar (en la propuesta) es un sacrificio que duela”.

La Argentina cuenta con abundantes recursos naturales, la pampa húmeda, valiosos minerales, petróleo y gas, una cantidad importante de trabajadores disponibles y una capacidad ociosa considerable en su industria y comercio, y con un potencial muy fuerte en la construcción. Ordenado el tema de la deuda y superada la pandemia tiene todas las condiciones para crecer y hacerlo en forma sostenida y distribuyendo ingresos, todo ello depende de fijar grandes objetivos y caminos para llegar al mismo, que sea consensuado por la población y que se lleve a cabo con responsabilidad y disciplina.

Pero, independientemente del acuerdo con los bonistas, porque se trata de una deuda legal autorizada por el Congreso de la Nación en la gestión de Cambiemos,  se debe saber a ciencia cierta qué hicieron con los dólares los mayores compradores de los 86.200 millones de esa divisa fugados del país, porque inferimos sin temor a equivocarnos, que son los verdaderos dueños de los títulos de deuda argentinos  que Blackrock y el grupo  Exchange Bondholders Group administran.

Referencias:

[1] SEC por su sigla en inglés, es la Comisión de Valores de los EEUU

[2] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, más de 25 veces el PIB argentino.

[3] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[4] Dennis Hranitzky  fue el abogado de Paul Singer (NM Elliot) que embargó la  Fragata Libertad en octubre de 2012, en el puerto de Ghana, hoy es abogado de Exchange Bondholders Group.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte de esa deuda, 66.137 millones, estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos, que van a ser diez títulos de deuda, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimiento que van desde el año 2030 a vencimientos al año 2046, sobre los cuales se pagará solamente el interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024.

Paralelamente, por la cláusula RUFO[1], igual trato se da a los títulos de deuda de jurisdicción nacional y por la ley respectiva, se permite canjear dichos títulos de deuda que ascienden al equivalente a 41.715 millones de dólares. Si bien todos están denominados en dólares, algunos se pagan en dólares y otros en pesos al tipo de cambio oficial (dólar linked). Adicionalmente, los tenedores de títulos elegibles con vencimiento hasta 2024 tienen la opción de canjear sus tenencias por nuevos bonos en pesos ajustables por inflación (BONCER), con vencimiento en 2026 y 2028. La opción de canje por BONCER no tiene quita nominal pero se realiza a un tipo de cambio implícito predeterminado ($70,815 por dólar).

En síntesis, prácticamente 104.000 millones de dólares se canjean por títulos que devengan interés y comienza amortizar capital en el segundo semestre de 2024, por lo que se oxigenan las cuentas de la administración de Alberto Fernández, que finaliza su mandato el 9 de diciembre de 2023.

Quedan afuera del canje de títulos de deuda la serie de los Bonos Par 2038 emitidos en el año 2010, tanto en dólares como en euros, que significa una deuda externa de 600 millones de dólares. Sus titulares podrían iniciar juicio a la Argentina, pero es un porcentaje tan pequeño sobre el total que tampoco se descarta que ingresen al canje (en las mismas condiciones que los demás títulos canjeados, por la cláusula RUFO).

La otra parte es la deuda con el FMI, unos aproximadamente U$s 45.325  millones; otros aproximadamente U$s 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones en esa moneda es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$s 11.200 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero con cláusulas de ajustes propias.

El acuerdo fue un éxito porque la diferencia con los vencimientos originales es abismal. El acumulado a pagar a los bonistas con jurisdicción extranjera al 31 de diciembre de 2024 es de  unos 6.200 millones de dólares (cuando los vencimientos originales de los títulos canjeados hubieran significado de 33.664 millones de dólares para ese lapso). Paralelamente los títulos en jurisdicción local abonaran el equivalente a unos 3.910 millones de dólares, conformando un total de 10.100 millones de dólares en cuatro años, suma que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para todo ese lapso.

LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

 Cumplida la negociación con los tenedores privados de los títulos de deuda argentino, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, resta modificar el compromiso con el FMI que obligaba a pagar en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG[2]), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.325 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina. En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Brasil, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los grandes medios de comunicación siempre funcionales  a los EEUU, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[3], que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

Fiel a la política externa de los EE.UU el FMI va a endurecer su posición, por lo que creemos que las propuestas de ese organismo internacional van a ser básicamente dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, hecho que es imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 el FMI proponía que se privatice el Banco de la Nación Argentina) y hasta volver a intentar que se reimplante el sistema de capitalización previsional.

El Gobierno de Alberto Fernández le escribió a las autoridades del FMI para decirle que no va aceptar un plan de ajuste y que solo va a pagar con crecimiento económico; igual pasó con los acreedores privados encabezados por grandes fondos de inversión como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton entre otros, y aceptaron porque si no, no cobraban. El caso del FMI es distinto porque es un organismo internacional del que somos miembro y no pagar va a ser presentado como una actitud hostil hacia el resto de las naciones que lo componen, pero la verdad es que los EE.UU lo que tratan es de que la Argentina se subordine a sus designios y eso es lo que no puede hacer un país soberano.

Referencias:

[1] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[2] Derechos Especiales de Giro, es una canasta de moneda que emplea el FMI para ajustar el valor del crédito otorgado, al 31 de julio de 2020 la paridad era 1,4076 dólares por DEG.

[3] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, desde el año 2003 hasta  los últimos datos oficiales a septiembre de 2020, demuestran que se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 155.746 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria; no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad), y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.

La magnitud que tiene el nodo del Gran Rosario se demuestra en que en el año 2019 se embarcó el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina. El segundo lugar lo ocupa el nodo Bahía Blanca con el 11%. Durante el año pasado, a los puertos del Gran Rosario ingresaron 2.632 buques oceánicos, alcanzando la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años. Se embarcó 41,43 millones de toneladas de poroto y subproductos de soja, (87 % del total embarcado por Argentina), 29 millones de toneladas de maíz en grano (81 % del total) y 6,9 millones de toneladas de harina y grano de trigo (61% de los despachos de Argentina).

Son contadas con los dedos de las manos las empresas que comercializan y tienen los puertos porque son propios y/o los tienen concesionados y realizan las ventas externas por declaración jurada, no existe un control estricto de lo que exportan, si se pesa se lo hace deficientemente, entonces las exportaciones son incluso mayores a las declaradas. Triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin, su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA”, realizan contabilidad paralela ocultando las ventas y ganancias reales. Cómo es posible que sobre el Río Paraná existan más barcazas del Paraguay que de la Argentina, solo se explica para no pagar impuestos y derechos de exportación. Esa y no otra, fue la verdadera y principal razón porque esas grandes empresas comercializadoras de granos torcieron el brazo al Decreto de intervención de Vicentin y su posible transformación en una empresa mixta con la división YPF Agro.

Es más, Glencore posee el 50% de la explotación del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera[1] en Catamarca y existen decenas de denuncias presentadas ante la justicia, inclusive por la Universidad de Tucumán (que es la que descubrió el yacimiento), que al hacerse las exportaciones por declaración jurada no se sabe exactamente qué exporta y qué cantidad, pidiendo investigar sus ventas que las realiza del puerto de Rosario. Puerto cuyo Administrador General es Gustavo Nardelli, socio de Vicentin.

Si debería aumentar el valor agregado de los productos que vendemos, ¿cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? Pero a las grandes empresas no les interesa, lo que sí les interesa es depreciar nuestra moneda para que por cada dólar que declaran e ingresan le den mayor poder adquisitivo en el mercado argentino.  Presionan sobre nuestra moneda, y con ello medido en dólares bajan los costos nacionales incluido y principalmente el salario y, de esa manera, deprimen el consumo de alimentos y con ello tienen mayores saldos exportables.

EL ROL DEL BCRA

Pero no solo no hay control sobre la producción y su exportación, sino que de lo que se declara, mayoritariamente se fuga. En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares. De los cuales 86.200 millones fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas, pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos. Nunca se comunicó quiénes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos pagaron con su vida, un porcentaje importante se infectaron con el Covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber, y cobrando sueldos miserables, pero más miserable y  egoísta de los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionaros que hacen la vista gorda y se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

La acción del BCRA es condenable bajo todo punto de vista, por un lado tienen un marco legal heredado de la dictadura militar que es la Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos  privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que los bancos deben desempeñar el papel de dirección técnico-política de las políticas fiscales y monetarias. Y de la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, que la hizo Domingo Felipe Cavallo para permitir que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional) el que se endeuda (deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) y después le vende esos dólares a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[2].

De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de enero hasta septiembre de 2020 que totalizó 11.562 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 4.008 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, que suman 15.570 millones de dólares, de los cuales se emplearon unos 3.000 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default.  Unos 1.300 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes. Pero los 11.270 millones de dólares restantes se vendieron irresponsablemente, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea, productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no están en la Argentina (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shoppings en todo el país), etc.,  que es probable que figure esa deuda pero seguro que tienen mayores activos en el exterior y que están entre los primeros 100 compradores de dólares en le gestión de Cambiemos.

Puede ser legal, pero es inmoral, máxime que dejan con muy pocas reservas de libre disponibilidad al BCRA y de allí la corrida cambiaria, saben, los grandes bancos y operadores del mercado financiero local, que en algún momento el BCRA no va a poder mal vender más divisas. Esa corrida se refleja en la suba generalizada de los precios (básicamente exportamos alimentos) y de allí la pobreza y los serios problemas para llegar a fin de mes de la mayor parte del pueblo argentino.

Referencias:

[1] El otro 50% pertenece a las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente del capital.

[2] Debería haber ya una ley que anule esa facultad que tiene le BCRA y prohibir expresamente que venda dólares que es deuda del Tesoro de la Nación.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2020.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La crisis económica producida por los cuatro años de gestión de cambiemos, que implicó una fuerte depreciación de nuestra moneda, a lo que debe sumarse la pandemia del Covid-19, tuvo su correlato en la Administración Nacional en un fuerte déficit fiscal que no se puede extender en el tiempo por el incumplimiento de los pagos, por una parte, y a ello debe agregarse una manifiesta lentitud en liquidar las exportaciones conformando una combinación perversa y en contra del pueblo argentino.

Por un lado, el déficit fiscal nacional que cierra el año 2020 en 2.292.730 millones de pesos, el 8,5% del PIB convirtiéndose en el segundo mayor déficit fiscal detrás del de 1975 en el “Rodrigazo” que se tenga registro, prácticamente un tercio del gasto es déficit, dado los gastos ocasionados por la atención del coronavirus Covid 19 y la asistencia de todo tipo a la población. Déficit que debió financiarse casi en forma exclusiva por el BCRA, impactando negativamente en la asistencia al sector privado. El total de crédito a las empresas en el año 2020 fue de 6,09% del PIB que sumado a los créditos personales de un 5% del PIB, araña el 11,09% del Producto y, el BCRA tiene que inmovilizar (pagando intereses) por una suma que es incluso mayor a la Base Monetaria, en Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) por $ 1.633.620 millones, y pases pasivos (que los bancos le prestan al BCRA a menos de siete días) por otros $ 1.220.889 millones, totalizando las inmovilizaciones (Leliq más pases) una suma de $ 2.854.509 millones (cuando la Base Monetaria al 30 de diciembre de 2020 fue de $ 2.470.260 millones).

Déficit fiscal e inmovilizaciones monetarias (pagas, el BCRA le abona a los bancos intereses por las mismas por encima de la inflación oficial) que reflejan el grado de desequilibrio de las cuentas públicas internas que solo financió el BCRA, a costa de expandir el déficit cuasi fiscal.

Y paralelamente, el mismo gobierno de Alberto Fernández en el año 2020 devaluó nuestra moneda en casi un 50%, pasando el tipo de cambio comercial de $ 59,60 el 2 de enero a $ 89,25 el 30 de diciembre 2020, que impacta en el sector público en la licuación de pagos y de deudas    que son en pesos, a costa de acrecentar la deuda que es en divisas; de esa manera, la Administración Nacional logra disminuir el pago de los salarios que crecen nominalmente en pesos pero que si lo convertimos en dólar es un importe menor, igual con el resto de los pagos, deudas, contratos, licitaciones, pagos de jubilaciones y pensiones, etc., pero ese ahorro se hace a costa del poder adquisitivo de esos pagos.

Esto es, se reduce el gasto público sobre el PIB y sobre el ingreso por el superávit comercial, que son los principales números que le interesa al FMI, reducir el gasto estatal y que se maximice el superávit comercial, dado que se le paga más pesos argentinos al que ingresa dólares y a su vez se encarecen las importaciones por el mismo motivo.

Observando los grandes números del Presupuesto Nacional y contemplando que la inflación de todo el año 2020 fue del 36,1% medido por IPC del INDEC, los ingresos crecieron solamente en un 22,9% y en cambio el gasto total lo hizo en un 50%, pero el Gasto de Capital que es la inversión pública, creció en términos nominales en los gastos de AySA (obras de agua potable y desagües) y otras obras públicas pero en conjunto descendió para ser solo el 3,92% del gasto, cuando en el año 2015 fue el 11,16%. Debe agregarse que para cerrar el año sin más déficit se suspendió la cuarta entrega del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y de los ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción) que fueron políticas públicas importantes en el año.

Entonces se debilitan las políticas públicas y se prioriza el ingreso de divisas por mayores exportaciones y menores importaciones, pero esa práctica no es gratis.

Por una parte, la liquidación de las exportaciones de productos agropecuarios y de manufacturas de origen agropecuario se retrasan todo lo que los exportadores pueden, habiendo sido la cosecha 2019/20 record, según lo informado por las cámaras exportadoras de aceite y de cereales CIARA-CEC, la liquidación acumulada del año 2020 es de 20.274,4 millones de dólares, un 17% menor que en el año pasado que fue de 23.719,5 millones, cuando en la cosecha 2018/19 hubo una fuerte sequía y, los precios en el Mercado de Chicago en dólares crecieron un 45% en los últimos tres meses del año 2020, cuando el costo argentino es mucho menor generando una renta extraordinaria por la que deberían pagar impuestos y derechos de exportación.

Si al párrafo anterior le agregamos que las principales diez empresas exportadoras (COFCO, Cargill, ADM, Bunge Ceval, Louis Dreyfus, AGD, ACA, Molinos Agro, y Díaz y Forti SA) concentran el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino, es claro y evidente que no liquidaron esperando y propiciando una devaluación de nuestra moneda y explica la diferencia entre el valor del dólar oficial y todos los paralelos.

Seguir devaluando nuestra moneda  haría volar por el aire el delicado equilibrio en que nos encontramos, subirían aún más el precio de los alimentos y demás insumos que requiere nuestro pueblo, empujando a fracciones cada vez mayores a la pobreza, a la indigencia  y a la desesperación, a la par que se caería más el PIB por el menor consumo interno que no puede ser compensado porque las exportaciones no representan más del 25% del total de lo que se produce. Y es peor, porque en lugar de que esos mayores ingresos incrementen las inversiones terminan engrosando la fuga de capitales en la que nuestro país tiene el triste privilegio de que su burguesía tiene más recursos afuera de la Argentina que adentro.

Esto esclarece porqué a las grandes empresas que están en la Argentina, no les interesa tanto preservar el mercado interno y si coinciden grandes empresarios del agro y de la industria, banqueros y comerciantes, en asegurar y expandir sus activos en el exterior, que a la vez les permitiría realizar inversiones y/o quedarse con otras empresas en el país porque con la misma depreciación cambiaria lo harían a un precio en divisas (que es lo que tienen fugado) muy menor.

La devaluación oficial de nuestra moneda en casi un 50%, fue muy por encima de los salarios, jubilaciones y pensiones, que impacta lógica y directamente en los precios internos, de manera tal que el INDEC reconoce, para diciembre 2020, que para una familia constituida por un matrimonio y dos hijos requiere de un ingreso mínimo de $ 54.207 por mes para no ser pobres (Canasta Básica Total) y de $ 22.681.- mensuales para no ser indigentes (Canasta Básica Alimentaria); no solamente la crisis implicó la perdida de trabajo, sino que son muchos los que aún conservado su empleo, trabajan y son pobres

Las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales a noviembre de 2020, nos dicen que se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.681 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad), y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo.

La propuesta concreta del Consejo Agroindustrial Argentino, que es el consejo que aglutina a las empresas exportadoras, a sus cámaras, bolsas y demás, que incluso forman parte de ella la FAA (Federación Agraria Argentina), la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y CONINAGRO, tres de los cuatro componentes de la Mesa de Enlace del Campo, es la primarización de la economía Argentina, sino preguntémonos cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja, o de aceite. Pero no sólo genera poco trabajo, sino que incluso como prioriza las ventas externa, revierte el sistema y en lugar de que se destinen los saldos exportables, se vende afuera a costa de la caída del salario y del empleo de los trabajadores que reduce el mercado interno. Y el camino es vía la presión a la devaluación de nuestra moneda, que no puede disociarse del mercado interno porque la CAA en su propuesta, exige la estabilidad de las retenciones por diez años. Es más, la supuesta puja sería que para frenar que no suba el precio del dólar, se debe aumentar las tasas de interés y, con ello se entra en una combinación perversa contra la economía nacional, generando la transferencia de los que trabajan y producen para el mercado interno (que es donde se destina más del 70% de lo que se produce en el país) a favor de los exportadores y de los bancos.

Por eso, el camino a seguir es el inverso, no hay necesidad de devaluar nuestra moneda porque ya lo hizo  la gestión de Cambiemos de sobre manera, por un lado y, por otra parte y fundamentalmente, el rinde de nuestra pampa húmeda hace que el costo sea mucho menor que el internacional y les deja a los productores, acopiadores y comercializadores una renta extraordinaria. Por eso es que se deben aumentar las retenciones, que permite desligar el precio externo con el interno y es, a la vez, recaudación para el Estado nacional.

De no hacerse se encarecen los alimentos porque es lo que básicamente exportamos, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones. El gobierno al acrecentar la tasa de los derechos de exportación (retenciones) tendría un ingreso genuino y abarata los precios de los alimentos en el mercado interno argentino. Paralelamente puede aumentar las remuneraciones por paritarias y hacer obra pública para generar empleo y que se financie con impuestos a las grandes corporaciones de este país. Que es, por otra parte, lo planteado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, que debería actualizar sus números, porque la inflación va a ser mucho mayor que el 29% estimado en la Ley. Ley cuya filosofía es que los salarios públicos crezcan por encima de la inflación y el tipo de cambio (salario que es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las  administraciones públicas), impulsando la demanda agregada por la combinación de mayores salarios y de más empleo.

Buenos Aires, 24 de enero de 2021.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó que se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado. Que permita que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y, de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”

La Argentina crecía y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisado durante el macrismo por Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar importando que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en gran parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los principales costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significa ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios trató de ser compensado con políticas de seguir impulsando la demanda, que no hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina” que, al no ejecutarse y, ante la restricción de la oferta, generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Esto es, se  puede expandir la economía desde la demanda agregada donde el sector público es fundamental para apuntalar las obras de infraestructura, impulsar el consumo interno y regular la actividad económica, pero es inflacionario y se anula  así mismo si  no se cumplen los tres indicadores mencionados y, eso fue lo que pasó en el fin de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, agravado cuando el grueso de los empresarios querían un cambio de gobierno.

El inútil de Macri hace cierta la aseveración de Alberto Fernández que ni siquiera es consciente del daño que hizo. Nos volvió a atar al FMI y capitales trasnacionales incrementaron la participación en la economía nacional, no sólo en las más grandes empresas (como es la participación de BlackRock en Tenaris y en YPF SA por ejemplo), sino cuando Glencore[1] se queda con Oleaginosa Moreno y con lo mejor del negocio de Vicentin SAIC, incluida la participación de la misma en Renova SA (biodiesel, glicerina, molienda y aceite de soja) perfilando en conjunto, un país agropecuario extractivista exportador, en desmedro del trabajo y la producción nacional.

A quién beneficia que la Argentina del año 2020 haya exportado 37 millones de toneladas de  maíz, encareciendo el costo de  producir carne de aves y cerdos y con ellos su precio en el país. A quién beneficia que se hayan exportado un millón de toneladas de carne vacuna y a la par el consumo per cápita es el menor de los últimos cien años (50,1kg de carne de vaca en el año 2020). A quién beneficia cuando los principales alimentos que vendemos (granos y carnes) vieron incrementado sus precios en dólares en el mercado externo y, el tipo de cambio comercial paso de valer $ 59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $ 97,25 al 31 de marzo de 2021, se deprecia nuestra moneda en un 63% y esa combinación de mayor precio en dólar y ajuste de la paridad sólo es frenada con un derecho de exportación del 12% y sólo la soja es del 30%.

Ningún gremio consiguió semejante tasa de aumento como aumentaron los productos de primera necesidad por la combinación  antedicha.  Ello en medio de la pandemia con la economía seriamente limitada para desenvolverse, incluso con despidos francos y otros  encubiertos; entonces no nos puede sorprender que la pobreza sea según el INDEC de un 42,2% (si el país tiene un poco más de 45 millones de habitantes alcanza a unas 19.000.000 de personas) y que la indigencia sea del 10,5% (4.700.000 personas), y sabemos que castiga más a los niños y a la franja etaria de los más jóvenes que recién ingresan al mercado laboral o que si lo hicieron con el gobierno de Cambiemos y la pandemia perdieron el trabajo. Las disponibilidades laborales son informales y precarias en la inmensa mayoría de los  casos y, en el trabajo registrado, el salario mínimo vital y móvil es operativo y es de solo $ 21.600 por mes, y en jornalero de $ 108.- por hora, cuando la Canasta Básica Total para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (y sin contemplar el pago del alquiler) fue de $ 57.997.- para el mes de febrero 202, según el INDEC.  Trabajan dos personas en la familia y  no pueden superar el umbral de la pobreza.

EL AJUSTE COMERCIAL

La Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado. Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto para todos los que fueron y le compraron dólares al BCRA para pagar supuestas obligaciones externas, fue por 6.200 millones de dólares.

Es más, el BCRA les permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello cumpliendo con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz. La corrida cambiaria no debería haber existido si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cumpliendo acabadamente con el Art. 3ero. de su Carta Orgánica que dice: “Preservar el valor de la moneda”.

El gobierno todo debería trabajar en un mayor control y supervisión del comercio exterior y, sin embargo, se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata, que se había creado por Decreto el 28 de agosto de 2020.

Por ende, no es necesario sacrificar el consumo interno para tener mayor saldo exportable, sino que se debe contemporizar uno y otro, priorizando la demanda interna como hizo Néstor Kirchner en su momento, por ejemplo, con las exportaciones de carne y de trigo, primero se abastece al mercado local y luego el saldo exportable y los precios  desacoplados por retenciones del 35%. Y por supuesto se debe tener un plan para agregar valor a nuestras ventas externas que debe partir de limitar la venta de granos y carnes sin elaboración alguna.

No se puede permitir bajo ningún concepto que los grandes comercializadores de alimentos, las ocho grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos[2]; el Consorcio ABC que representa el 80% de las exportaciones de carne vacuna, etc. igualen el precio externo con el interno, cuando el salario promedio en la Argentina actual no alcanza a ser de 600 dólares por mes y, en Europa central es (en euros)  el equivalente a  2.000 dólares mensuales. En Europa pueden pagar la botella de aceite mezcla 1,8 euros, pero nosotros no la podemos pagar $ 200.- cuando acá se produce y el costo total es menos de la mitad de esa suma. 

El margen de ganancia y fuga de los grandes formadores de precios en la Argentina, llámese Techint, Aluar, Loma Negra, Cementera Avellaneda, Total, Pan American  Energy, Cargill, AGD, Ledesma, La Serenísima, Frigorífico Rioplatense, etc., es abismal como es abismal la pobreza y la indigencia de gran parte de nuestro pueblo.

Se acumula superávit comercial y se pierde en autorizaciones del BCRA que se habrían evitado si la ley 27.541de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, hubiera incluido la Emergencia Cambiaria, emergencia que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.

AJUSTE FISCAL

Las cuentas de la Administración Nacional también se benefician del proceso inflacionario del primer trimestre del año, por la simple razón que se incrementan nominalmente los ingresos, principalmente los derechos de exportación y aranceles ante la depreciación de nuestra moneda y los mayores precios internacionales[3] y, el menor gasto al ajustarse las partidas, principalmente jubilaciones y pensiones (que representan más del 40% del gasto público de la administración nacional) y los salarios por debajo de la inflación acumulada.

En el Ministerio de Economía insisten que  la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021, que se estimaba en el 4,5% del PIB, será menor e incluso cercano al 3%.

En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período.

Y es peor, cuando se dieron a conocer la caída del PIB del 9,9% en el año 2020, motivada por un descenso del 13,1% en el Consumo y del 13% en la Inversión Bruta Fija con respecto al año 2019, año en que había disminuido el PIB en un 2,1%. Y cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población, es obvio que es ética y moralmente criticable insistir con pautas que distan de la realidad, sólo para asegurar un ajuste fiscal que permita comprar los dólares del ajuste externo y de esa manera honrar la deuda.

Primero y antes que nada se debe auditar quiénes se beneficiaron con la deuda. El BCRA, en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles, señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. 

Es fácil suponer quienes son los que fugaron gran parte de los dólares del año 2015-2019 (el BCRA tiene los datos fehacientes de cada compra de divisas, fecha y monto) y son los beneficiados del macrismo, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, las exractivistas de minerales líquidos, sólidos y gas y, las empresas de telecomunicaciones. Se los audita y se los multa, y con ello se hace un fuerte avance en la fiscalización del  país y en el ingreso del Tesoro de la Nación.

Obviamente se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local. Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública  (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte  y la energía en las provincias más pobres).

Del lado del gasto, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la vida, perciben la mínima o cerca de la mínima (en torno a los $ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

Referencias: 

[1] Glencore tiene el 50% de la explotación minera de Farallón  Negro y a su vez, Larry Finck reconoce que BlacRock  posee el 6% del capital accionario de Glencore.

[2] ADM; Bunge Ceval; Cofco; Cargill; Glecnore; Louis Dreyfus; Aceitera General Deheza; y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

[3] Como se explicó al principio de la nota.

Buenos Aires, 3 de abril de 2021.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

La entrada Ajuste fiscal y ajuste externo – Por Horacio Rovelli se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

En la Argentina, como en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, la pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y a la producción que debió readaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados y menos horas de trabajo generadas y, con ello, menores remuneraciones pero, paralelamente, en nuestro país se fortaleció el modelo extractivista – agropecuario exportador, dado que sobre todo China, pero también en menor medidas los demás países con poder adquisitivo para hacerlo, demandaron alimentos para su población, básicamente importaron e importan para sustituir, de esa manera, el hacinamiento de los animales por la gripe aviar, porcina y el “síndrome de la vaca loca”, por un lado, y el freno en el nivel de actividad, por otra parte, hace que se consuma en el país menos energía con lo que se reducen las importaciones de las mismas.

Pero la solución de ellos se ha convertido en un problema para nosotros dado que, la Argentina que representa menos del 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, es el decimo exportador de alimentos y el tercero en grano, pellet y aceite  de soja del planeta. La mayor demanda internacional ocasionó una suba sideral de sus precios, la tonelada de soja en el mercado de Chicago (EEUU), que es el mercado referente de granos, valía a fines de diciembre 2019 U$s 324,57.- y el viernes 14 de mayo 2021 pasó los 600 dólares, un aumento en dolares del 90% a lo que se le debe sumar la devaluación oficial de nuestra moneda del 60,5% (Dólar comercial Banco Nación Argentina de $ 62 a $ 99,75) en el mismo período que, al no modificarse las retenciones (derecho de exportación del 33% en  el caso de la soja), el impacto fue directo al precio de ese grano, de su harina y de su aceite, y el mismo mecanismo se reproduce con los demás granos que incluso tienen un derecho de exportación menor que es del 12%, y con las carnes, que tienen una retención del 9%.

El maíz es un importante componente en la formación de precios internos, ya que el mismo es un insumo básico en la cadena de valor de la alimentación de la ganadería bovina, ovina, porcina y aviar. Entre 2011 y 2020 las exportaciones de la Argentina de maíz pasaron de los 15 millones de toneladas hasta los 37 millones de toneladas, más que duplicando la cantidad total exportada a lo largo de la década. En promedio de la década según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la producción total ronda los 45 millones de toneladas por lo que en 2020 se exportó más del 80% de lo producido; esa situación presiona sobre los precios finales de los productos cárnicos al ser base de su alimentación. Es notorio que, esta situación hace que cada vez sea menor el saldo remanente para la alimentación de la ganadería y de la industria local y por lo tanto la posibilidad de desacoplar precios

El trigo es un insumo esencial en la dieta argentina y en la producción de alimentos. Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri se liberaron los frenos a la exportación de trigo y éste comenzó a recuperar lugar en los mercados internacionales, especialmente en el mercado brasileño, en desmedro del mercado local, al que solo venden si igualan al precio de su venta externa.

El aumento del precio de la carne en general y de la vacuna en particular, responde a dos razones: a) La suba del precio del maíz, principal insumo de engorde en corral, y b) La liberación de las exportaciones. En enero de 2020 el kilo de maíz costaba ocho pesos; en mayo 2021 cuesta 21 pesos. Esto quiere decir que aumentó 162% en un año y alrededor de un 60% desde diciembre de 2020. Esta dinámica fue en parte alentada por nuestro país. En 2019, la Secretaría de Agroindustria informó que las autoridades de Beijing habilitaron la exportación argentina de carne enfriada y con hueso. Se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, que se sumaron a la carne congelada deshuesada que ya se exportaba, sin tener en cuenta el consumo nacional.

El 75% de las exportaciones de carne tienen como destino a China que con una población de 1400 millones de habitantes y una economía creciendo sostenidamente, incorporó proteínas a su dieta y se habituó. Hoy, cualquier mínima suba de sus compras, eleva el precio internacional. Brasil está sufriendo una situación similar con su principal alimento, el arroz. El gobierno del hermano país abrió la importación para bajar el precio que ya escaló un 85%.

En la Argentina hace muchos años que los ganaderos manifiestan a la AFIP tener unas 55.000.000 de cabeza de ganado vacuno, seguramente que al SENASA declaran más, pero el Estado no fiscaliza ni concilia esas declaraciones juradas. Por otra parte, la faena anual de carne vacuna 2020 declarada fue de 14,0 millones de cabezas, generando carne por 3,17 millones de toneladas, de las cuales se exportó casi un millón de toneladas, que se agrava porque a China (que es nuestro principal comprador) y a los demás países del este asiático, se le vende toda la res y esa es la razón porque el precio interno se incrementó de sobre manera, reduciendo el consumo per cápita de carne en la Argentina a solo 50,1kgms por habitante[1], el más bajo de los últimos cien años (2,25 millones de toneladas, el 71% de lo que declaran faenar, se destinaron al mercado interno en el año 2020)

El Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna realiza el 80% de esas ventas externas, constituido por Frigorífico Rioplatense de los Costantini; La Anónima de los Braun (madre de Marcos Peña Braun); FRIAR SA (de los Vicentin); SWIFT ARGENTINA S.A;  QUICKFOOD S.A.; etc. Al poder exportar igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior por lo que aumentó un 75% su precio en el mercado interno argentino en el año 2020, como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias).

La Resolución Conjunta 3/2021 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se basa en la Ley 21.740 que asigna competencias para establecer las normas de calidad y especificaciones técnicas a las que deberá ajustarse la exportación de carnes y subproductos ganaderos, y le otorga potestad para adoptar las medidas necesarias para priorizar el abastecimiento del mercado interno, orientando la producción, comercialización de ganados y carnes y su industrialización. Por ello, resuelve que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) y, a su vez, y la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario y la Secretaría de Comercio Interior, instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne, con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos.

Es obvio que no se podía seguir con un aumento constante de las exportaciones de carne vacuna en desmedro del mercado interno por lo que significa en el consumo de las familias argentinas; recordemos que Néstor Kirchner en el año 2006 suspendió las exportaciones de carne vacuna por seis meses y que, cuando la República Popular China le ofreció comprar, le dijo que no, porque primero se debe abastecer al mercado interno. 

La respuesta al problema generado es obvia, ya que los grandes frigoríficos tienen un negocio asegurado en el tiempo, porque China trata de reemplazar la carne aviar y porcina, sobre todo por la gripe en esos dos animales, por carne vacuna, bien que esos grandes frigoríficos que conforman el Consorcio ABC inviertan para faenar más vacas, así como los ganaderos vayan incrementando la cantidad de cabezas.

Paralelamente se debe hacer un estricto control de las ventas en negro de animales y su carne, por razones de sanidad, de registrar todas las operaciones y que, todas paguen los tributos y aportes correspondientes y evitar el contrabando que beneficia de sobremanera a quien lo realiza y perjudica al consumo interno y al fisco.

CONCENTRACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES

La otra parte de la explicación de porqué suben como suben los precios de los alimentos está en las cadenas de producción y comercialización. Esa fuerte concentración en pocos operadores les permite igualar los precios externos con los internos, entonces pagamos la botella de aceite mezcla de 1,5 litros en torno a los $ 200.- (dos dólares) y en Ámsterdam está a 1,65 euros (equivalente a dos dólares), la diferencia es que ese aceite se produce acá y que los trabajadores en Holanda tienen un salario mensual promedio de 3.500 euros (unos 4.000 dólares) y en la Argentina el salario mensual promedio informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en marzo de 2021 fue de $ 75.809.- (menso de 800 dólares).

El abastecimiento en el mercado interno de un producto básico de la canasta familiar local como es el aceite mezcla de girasol y soja, es controlado por 4 (cuatro) empresas que concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del volumen. AGD (Aceitera General Deheza), con su marca Natura; Grupo Navilli, con su marca Molinos Cañuelas; Molinos Rio de la Plata, de Pérez Companc, con sus marcas Cocinero y Lira; y el grupo ARCOR de Pagani.

Si miramos la harina de trigo, la empresa Cargill (EEUU) tiene siete plantas de molienda, seguida por Molinos Cañuelas del Grupo Navilli (Argentina), luego por Lagomarsino e Hijos (Argentina) y Los Grobo (Argentina). Estas cuatro empresas realizan el 50% de la producción y superan el 55% de la exportación de harina de trigo. En el caso de la comercialización en el mercado local de la harina de trigo, nuevamente Pérez Companc (Blancaflor y Favorita) y Navilli (Pureza) concentran el 82% del mercado.

En el aprovisionamiento al mercado interno de fideos, Molinos Río de la Plata tiene el 79%, controlando siete marcas líderes: Mattarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera.

Existen una gran cantidad de molinos que procesan arroz. Sin embargo, el dominio lo ejerce claramente la empresa Adecoagro del Grupo Soros (estadounidense), dueña de la marca Molinos Ala. La otra empresa fuerte del sector es Molinos Río de la Plata, dueña de las marcas Gallo y Luchetti, que en este segmento tienen más de un tercio de la participación de ventas en el mercado interno.

Otro producto esencial, el azúcar de mesa, también está en manos de un puñado muy reducido de corporaciones, donde tres empresas concentran el 85% de la facturación: Ingenio El Tabacal, de la multinacional norteamericana Seabord (Chango y Tabacal); el Grupo Blaquier (Ledesma), aunque en varios emprendimientos aparece asociada a la multinacional Cargill; y la local Valpafe (Domino, Madison, Santa Lucía). El azúcar incrementó su precio en un  52,77% en un año, también por encima de la inflación general, e incluso de la de alimentos en particular.

En el sector lácteo, la familia Mastellone asociada con Inversiones Dallpoint (EEUU) y Danone (Francia), es la empresa más grande, tiene siete plantas industriales, es líder en ventas de leche fluida con el 60% del mercado. Y acapara también el 77% de los yogures y el 70% de la producción de los postres en base a la leche de vaca.

Finalmente, las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima, Walmart, Libertad, etc.) reunidas en ASU (Asociación de Supermercados Unidos) administran el 65% de la comercialización de los bienes que se consumen en el país, en ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos.

Como consecuencia, la dolarización de los precios internos de los alimentos tiene una visible correlación con la dinámica de las exportaciones lo que pone presión a la formación de los precios en Argentina.  En síntesis, en Argentina, la única forma de desacoplar los precios consiste en:

a) Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda, ya la devaluación la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%, no se requiere de mayor devaluación, al contrario se requiere de recuperar el valor del peso. Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial estaba a $ 3,50.- y cuando dejó de ser Presidente de la República, el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial valía $ 3,22.- Revalorizó nuestra moneda y con ello los activos y el trabajo argentino.

b) Se deben aumentar fuertemente los Derechos de Exportación (retenciones), se desacoplan los precios y el Estado nacional obtiene mayores recursos de las exportaciones

c) Se debe imponer un cupo máximo de exportaciones para resguardar el mercado local. Primero satisfacer el mercado local y el saldo se exporta.

LAS TARIFAS

Podemos extender lo que sucede con los precios de los alimentos a las tarifas de gas, luz y el precio de los combustibles. Esto es, no se sabe el costo de extracción del petróleo y del gas (que es lo primero que se debe saber para conceder el aumento del precio), recordemos cuando el por ese entonces Ministro de Energía Juan José Aranguren, que trabajó durante más de 30 años en Royal Dutch Shell, en la interpelación en el Congreso de la Nación se le preguntó por el costo promedio de extracción del petróleo en la Argentina, dijo desconocerlo. Es obvio que no lo quiso decir porque no es lo mismo sacar petróleo del Mar del Norte (que es el que fija el precio mundial del barril) que en la cuenca de Vaca Muerta en la Argentina, la renta (diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y el internacional) es seguramente abismal.

Lo mismo pasa con el gas, en la etapa de extracción las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE)[2], Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron. El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnequián, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin ; Joseph Lewis; BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país. La distribución es manejada por nueve empresas que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea quienes se encargan de distribuir el gas a lo largo del país, y todas ellas parten de sostener que el costo promedio de extracción del millón de BTU es de 3,91 dólares.  Pero no dicen cómo llegaron a ese precio, cuando es obvio que no es lo mismo extraer gas de la Cuenca Neuquina que de las otras cuencas o de la cuenca marina.

Finalmente, en las tarifas eléctricas el que la genera (porque todavía las usinas térmicas, las represas, la energía nuclear, la renovable, son del Estado) es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y recibe por ello un subsidio (como todos los años) que en el presupuesto nacional 2021 es de 4.781 millones de dólares. Pero el que realiza el Transporte es TRANSENER SA, que es concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino, cuyo principal accionista es Pampa Energía. Las Distribuidoras principales son EDENOR SA, en la que Black Rock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas y en diciembre 2020 aparecen comprando el 51% del paquete accionario el grupo Vilas-Manzano y Filiberti. La segunda distribuidora es EDESUR, cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia y tienen en EDESUR participación minoritaria las firmas ENDESA de España y EDESUR de Chile. Las distribuidoras Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap que preside Rogelio Pagano, quién años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin

Debemos recordar que durante los 4 –cuatro- años de gobierno de Cambiemos el precio que más se incrementó fue el de la energía eléctrica, que lo hizo en un 764,9%, por encima de la inflación que fue de 664% y de la devaluación oficial de nuestra moneda que fue de 679%, el dólar del banco de la Nación Argentina pasó de valer $ 9,20 a $ 62.- en el período.

Acá también se exige un fuerte rol regulador del Estado para determinar costos y calidad del servicio en beneficio de la población.

Referencias:

[1]  IPVCA – Instituto de promoción de venta de la Carne Vacuna, cuando antes del año 2015 se consumía de 72 a 75 kgm per cápita.

[2] Estas tres representan el 75% de la producción de gas.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2021.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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