Por Diego Sztulwark*

(para La Tecl@ Eñe)

Claudia Hilb sostiene que su generación debe comprender lo que sucedió durante los años setenta, y que quienes tuvieron cualquier participación en la insurgencia armada deben ser críticamente valorados de acuerdo con su contribución objetiva al desenlace del horror desencadenado, sobre todo a partir de 1976. Explica que ese proceso comprensivo desemboca –al menos para ella– en una posición de defensa de la demarcación -alfonsiniana– entre democracia/dictadura, simbolizada en los juicios de 1985, y en una toma de compromiso en solidificar, desde esas bases, las instituciones democráticas. A partir de esas premisas rechaza como partidista la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el kirchnerismo con argumentos jurídicos, históricos, políticos e ideológicos, aclarando que la actual descomposición de ese movimiento político, y la ofensiva de la ultraderecha en el gobierno, constituyen una ocasión propicia para insistir en la senda.

Luego de leer y meditar sus argumentos –y adhiriendo a la oportuna acotación que le hizo Sebastián Lacunza sobre el papel del progresismo no kirchnerista frente a la política de derechos humanos abierta luego de 2003– creo posible agregar brevemente, desde otro punto de vista –etario y político–, una observación que pretende ampliar ese «deber de comprender» que rige el razonamiento de la autora, introduciendo la plena legitimidad de la lucha por hacer de la democracia algo más que una deducción de esquemas normativos e institucionales adecuados a un contexto.

La disputa por el significado de la democracia en momentos políticos diversos, es parte inherente del juego democrático mismo, y es por eso que la democracia resulta inseparable de la discusión política por sus sentidos, siendo el más radical de ellos el que proporciona el derecho y la ocasión para pronunciar aquellas palabras que, debidamente articuladas en estrategias multitudinarias, permitan reconstituir la capacidad de ruptura con las estructuras de un capitalismo dependiente por medio de estrategias claramente discutidas por los muchos, y actualizadas a los grandes dilemas del presente. En otras palabras: el problema del kirchnerismo y las políticas de derechos humanos de las décadas pasadas no fue el no haber sido lo suficientemente apegada a narraciones consensuadas durante la llamada transición democrática, sino –en todo caso– el no haber llevado adelante, en el terreno de la economía, las conclusiones necesarias que derivaban de sus propias premisas. Quiero decir: una vez establecido que el terror estatal no obedeció a un mero acto de autoritarismo ni a un genérico proyecto totalitario, sino a un diseño preciso de reestructuración del dominio social jamás revertido (el Estado Terrorista, tal y como lo estudió para el caso argentino Eduardo Luis Duhalde, es una forma específica de institución anti-insurreccional), no es posible limitar las prácticas democráticas a los límites que ese proyecto de dominación instaura, ni eludir la necesidad de transformar las estructuras económicas que esa dominación impuso. De igual modo, una indispensable meditación sobre nuestra historia reciente que reivindique escenas de palacios de justicia y tribunales será siempre insatisfactoria si relega el aporte decisivo de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia desarrolladas en las calles, en las marchas, en las asambleas, en los libros y en fotos internacionales. Fue una sociedad crítica y movilizada la que hizo, una y otra vez, inviable la reducción de la memoria, la verdad y la justicia a documentos oficiales, escenas estatales y rituales consolidados. Si se omite esa historia complementaria e incesante, se corre el riesgo de desvincular la lucha por la memoria de las injusticias sociales, de las del presente (desvinculación imposible, puesto que las causas estructurales de una situación y otra se enlazan). Hace unos días circularon las imágenes de vecinos repudiando el asesinato policial de un vecino de Lugano. Allí se escuchaba a personas cantando «yo sabía que a Gabriel lo mató la policía», y «como a los nazis les va a pasar». Las conexiones están vivas, y son esas napas subterráneas, debidamente despertadas a partir de la conflictividad social actual, las que podrían ayudarnos a quebrar el proyecto en curso que aniquila todo contra-poder colectivo por medios «democráticos». Este proyecto en curso se nutre, por cierto, del proceso histórico argentino, pero lo hace en consonancia con proyectos globales.

A cincuenta años del golpe de 1976, nos cabe a todos la responsabilidad de preguntar de nuevo qué cosa nos unen a aquellos proyectos insurreccionales, cuya represión explica la ferocidad del horror aplicado, y cómo retomar fuerzas en nuevas condiciones para reemprender una lucha cultural y política contra quienes se proclaman vencedores de ayer y de hoy.

Lunes, 29 de diciembre de 2025.

*Investigador y escritor. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política.

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Por Héctor O. Becerra*

(Especial para La Tecl@ Eñe)

-La Tecl@ Eñe: ¿Qué es el archivo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)?

-Verónica Jeria: El martes 17 de marzo de este año a las 19 hs, presentamos el ARCHIVO HISTÓRICO de la AEDD bajo la consigna “Porque luchamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando”. En esa consigna es posible sintetizar la historia de la AEDD, una organización de derechos humanos (DD.HH.) fundada en 1984, que reúne a sobrevivientes de los campos de concentración de la última dictadura, junto a familiares y otros compañeros y compañeras militantes de DDHH.

La AEDD ha protagonizado a lo largo de más de cuatro décadas la lucha por memoria, verdad y justicia en Argentina, denunciando los crímenes cometidos por la última dictadura argentina (1976-1983); crímenes que constituyen en su conjunto un genocidio, tal como fue reconocido judicialmente por primera vez en Argentina en el año 2006.

El Archivo empezó a conformarse paralelamente al comienzo de su funcionamiento como organismo de derechos humanos en el año 1984. Su acervo está conformado por documentación textual, fotográfica y audiovisual en soporte papel, electrónico, fotográfico y audiovisual diverso. Desde 2006 el archivo de la AEDD forma parte del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en la Argentina 1976-1983, Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de Estado, en el Registro Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

-LTE: Usted dice que la presentación del ARCHIVO HISTÓRICO se hace bajo la consigna “Porque luchamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando”. ¿Qué alcances tiene aquello de seguir luchando?

-VJ: El Archivo de la AEDD se constituyó como uno de los más importantes para el avance de las causas contra los genocidas. Su carácter de unicidad (único de esas características) lo convirtió en un material de suma importancia a nivel histórico para nuestro país y para la comunidad internacional, ya que ha aportado al avance de la jurisprudencia en delitos de lesa humanidad.

En cuanto a las condiciones de accesibilidad, la AEDD recibió desde su fundación consultas de particulares (sobrevivientes, familiares, compañeros de detenidos-desaparecidos), así como de instituciones u organismos gubernamentales (Juzgados Nacionales e Internacionales, Secretaría de DD.HH. de la Nación y de la Ciudad, etc.) y no gubernamentales (organismos de DD.HH. organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, políticas, etc.).

Consta de 2.500 testimonios procesados de sobrevivientes de campos de concentración ante distintos organismos y en sede judicial; trabajos de recopilación de datos sobre 20 campos de concentración; registros audiovisuales de los debates judiciales orales en los que la AEDD fue/es querellante, documentos relativos al funcionamiento de la institución, una colección de 500 afiches de temáticas de DD.HH., fotografías, recortes de diarios y una colección de más de 100 libros sobre la temática.

-LTE: ¿Fieles a un espíritu de época, están tratando de digitalizar todo este material?

-VJ: La digitalización del material de archivo tiene como objetivo facilitar su accesibilidad, responder consultas, promover la difusión de documentos y fotografías de manera virtual, y minimizar la manipulación de estos para facilitar su preservación para generaciones futuras.

-LTE: ¿El trabajo del Archivo debe haber aportado material para sostener los juicios de lesa humanidad?

-VJ: En 1985 la participación de los y las sobrevivientes fue un elemento esencial para sustentar el juicio contra las juntas militares. Posteriormente la AEDD desarrolló durante las siguientes décadas, junto con otros organismos de DD.HH. y organizaciones populares, una intensa lucha a favor de la derogación de las leyes que consagraron la impunidad de los responsables y ejecutores del genocidio, que finalmente fueron anuladas en 2003.

Desde entonces, la AEDD impulsó y participó como querellante en las causas judiciales abiertas contra los genocidas: Juicio a las Juntas, Circuito Camps, ESMA, Vesubio, Atlético-Banco-Olimpo, Campo de Mayo, entre otras. Su trabajo sostenido de recopilación, ordenamiento y sistematización de los testimonios brindados por los sobrevivientes de los campos de concentración se realizó desde los inicios de la organización y tuvo como objetivo principal identificar al mayor número posible de compañeros y compañeras que pasaron por cada Centro Clandestino de Detención (CCD), a los represores que actuaron en dichos centros y recopilar la mayor cantidad de pruebas contra todos los responsables y ejecutores de Terrorismo de Estado para aportarlas a los procesos judiciales en marcha en nuestro país y en el exterior.

Además de su participación en las causas judiciales por los crímenes de la dictadura, la AEDD desarrolla un continuo trabajo a favor y en defensa de los DD.HH., que incluye entre otras actividades: la investigación y sistematización de información sobre la violación de esos derechos, la recopilación y difusión de la información sobre los diferentes juicios, la organización y participación en seminarios, simposios y encuentros; la participación en encuentros con estudiantes de nivel primario, secundario y universitario; y la organización y participación en múltiples actividades sociales y políticas.

-LTE: ¿Quiénes trabajan en el Archivo?

-VJ: En la construcción del Archivo de la AEDD trabajaron durante años muchas compañeras y compañeros para la sistematización y organización de testimonios, grabando y desgrabando declaraciones, tipeando registros para la base de datos, investigando, recortando diarios, guardando fotografías, anotando las historias, entrecruzando datos y elaborando informes, entre todas las tareas y actividades que realizaban. Es gracias a todas ellas y ellos que hoy existe este conjunto documental, gráfico y audiovisual. A lo largo de los años en la organización colectivamente se fueron realizando las tareas de preservación de la documentación, su guardado adecuado, su registro archivístico, con la participación de profesionales de la temática que aportaron sus conocimientos y asistencia técnica. Actualmente trabajamos en un equipo que reúne compañeros y compañeras, integrantes de la AEDD y estudiantes universitarios

Contacto y consultas: archivoaedd@gmail.com

Jueves, 19 de marzo de 2026.

*Docente de ética en TEA & DEPORTEA. Autor de «La maravilla de estar comunicado».

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La entrada Entrevista a Verónica Jeria: Una militante que enseña con el ejemplo – Por Héctor O. Becerra se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Por estos días se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata el juicio contra tres integrantes de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 13 víctimas entre diciembre de 1975 y abril de 1976, un período que se extiende desde antes del derrocamiento del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón hasta después del golpe que instaló la última dictadura cívico militar en nuestro país. La causa, conocida como CNU 2, tiene como acusados a Carlos Ernesto Castillo (a) “El Indio”, Juan José Pomares (a) “Pipi” y Antonio Agustín Jesús (a) “Tony”, responsables de secuestros, asesinatos, torturas y robos cometidos en sus operaciones como parte del aparato terrorista del Estado.

Los testimonios y otras pruebas que se van conociendo en el desarrollo de este proceso judicial, mayormente ignorado por los grandes medios de comunicación, vuelven a poner en foco el accionar de las bandas paraestatales en el período previo al derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y su continuidad después de consumado el golpe al incorporarse a los grupos de tareas del plan sistemático de represión ilegal del Estado Terrorista instaurado por la dictadura. No solo en el caso de la CNU, sino también en los de la Triple A y el Comando Libertadores de América, por nombrar a las tres bandas paraestatales más notorias de ese período.

Como en juicios anteriores, también vuelve a quedar claro que desde antes del 24 de marzo de 1976 estos grupos venían actuando a las órdenes de las Fuerzas Armadas, lo que echa por tierra el discurso que trataba de mostrar a un país convulsionado por el enfrentamiento de organizaciones de ultraderecha y de ultraizquierda, todas dedicadas a socavar el sistema democrático, en el que los militares debieron intervenir para devolverle la paz a la sociedad argentina.

Breve historia de la CNU

Conviene repasar de manera breve la historia de la CNU para echar luz sobre el papel que cumplió como instrumento de las Fuerzas Armadas antes del golpe. No fue así desde el principio, sino que constituye un caso atípico dentro del abanico de grupos paraestatales que actuaron durante los gobiernos peronistas antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

No fue, como la Alianza Anticomunista Argentina – que nació en la jefatura de la Policía Federal y las catacumbas del Ministerio de Bienestar Social lopezrreguista – o el Comando Libertadores de América – que operó desde un principio a las órdenes de la jefatura del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba-, una banda creada desde el poder, sino que tenía una existencia previa.

Surgió a fines de la década de los 60 en La Plata como una agrupación universitaria de ultraderecha, políticamente alineada con el peronismo y el catolicismo preconciliar, y con un fuerte sesgo antisemita. Si se quisiera hacer una genealogía habría que buscar sus antecedentes en Tacuara y en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), de cuyos militantes se nutrió. La CNU se forjó en el Instituto Cardenal Cisneros, donde su ideólogo, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, divulgaba su particular concepción del mundo entre los jóvenes universitarios de la clase media platense. Pronto derivó en un grupo de choque de ultraderecha que, bajo la consigna “Delenda est marxisticas universitas”, se dedicó a perseguir e intimidar a militantes de organizaciones revolucionarias y peronistas situadas a su obvia izquierda. Saltó sangrientamente a la fama el 3 de diciembre de 1971, cuando una patota armada atacó a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a uno de sus participantes, la estudiante Silvia Filler, de 19 años.

El 20 de junio de 1973, sus integrantes, comandados por Alejandro Giovenco, Feliz Navazzo y Patricio Fernández Rivero, participaron de la masacre de Ezeiza junto con otros grupos de la ultraderecha peronista apoyados logísticamente por el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y la Policía Federal. En enero de 1974 – después del desplazamiento del gobernador Oscar Bidegain – la CNU se puso a las órdenes del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y comenzó a operar en el territorio provincial con protección de la Policía Bonaerense, que la apoyó con personal, armas y liberación de zonas para sus acciones criminales. Desde entonces y hasta poco después del golpe sus grupos de tareas cometieron atentados, secuestros y asesinatos amparados por el Estado.

A partir de octubre de 1975, coincidentemente con la firma de los decretos de “aniquilamiento de la subversión” del gobierno peronista, también operó bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En La Plata – donde hoy se están juzgando unos pocos de sus crímenes – recibía órdenes y realizaba operaciones ilegales conjuntas con hombres del Regimiento 7 de Infantería, a cargo del entonces coronel Roque Carlos Presti – padre del actual ministro de Defensa – y del Batallón de Infantería de Marina 3.

Los grupos de tareas de la CNU platense fueron desactivados en abril de 1976 por orden de Prestí, cuando su accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil para el plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico militar. Para entonces había sembrado de cuerpos acribillados la ciudad de La Plata y sus alrededores con el objetivo de provocar el terror entre la población. Sus víctimas sumaban más de un centenar. Los “blancos” habituales eran estudiantes y docentes secundarios y universitarios, militantes de superficie de las organizaciones de izquierda y de la tendencia revolucionaria del peronismo y sindicalistas combativos de las reparticiones estatales y de las fábricas del cordón industrial platense.

Mentiras e impunidad

Cuando el 24 de marzo pasado, al cumplirse 50 años del golpe, el gobierno de Javier Milei difundió su ya clásico video Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA, omitió por completo – valga la redundancia – el papel cumplido por las Fuerzas Armadas a través de las bandas parapoliciales en el terrorismo de Estado previo al golpe. Para referirse a ese período eligió presentar el testimonio de Arturo Cirilo Larrabure, hijo del mayor Argentino del Valle Larrabure, capturado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y retenido en una “cárcel del pueblo”, donde se suicidó en agosto de 1975, tras 372 días de cautiverio.

La muerte de Larrabure, presentada falsamente como un asesinato, fue utilizada entonces por las Fuerzas Armadas para dar un golpe de efecto propagandístico en la creación del clima que necesitaban para conseguir que el gobierno peronista promulgara los decretos de “aniquilamiento de la subversión” primero y justificar el golpe de Estado después. Para hacer más impactante la historia, se difundió la información nunca comprobada de que el militar había sido torturado y presentaba signos de desnutrición. Fue la versión oficial incluso desde antes de que se realizara la primera autopsia, que dictaminó que la causa de la muerte había sido “por estrangulación”.

La misma falsedad fue repetida, ahora en boca del hijo del militar, en el video del gobierno mileísta. Los hechos fueron muy diferentes. El expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo del cuerpo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”. Sin embargo – y contra todo dato material – el mismo día de la primera autopsia, 24 de agosto de 1975, los jueces federales Febres y Niclison declararon que se trataba de un homicidio.

En 2008, el periodista Carlos Del Frade realizó una exhaustiva investigación sobre el caso y puso al desnudo la maniobra de hacer pasar un suicidio como homicidio para fines propagandísticos. “La autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno. Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Es probable que esto figure en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen. Larrabure no fue asesinado. El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio. Sirvió para impulsar el genocidio. Nada más y nada menos”, escribió en sus conclusiones.

De la misma manera que las Fuerzas Armadas utilizaron el suicidio de Larrabure para montar una siniestra operación de propaganda, nunca reconocieron el papel que jugaron en la represión ilegal durante los gobiernos peronistas ni su vinculación con las bandas paraestatales del terrorismo de Estado previo al golpe. Sin embargo, cuando en septiembre de 1983 los dictadores ya en retirada quisieron garantizar la impunidad para sus crímenes de lesa humanidad con el decreto que llamaron de manera obscena “Ley de Pacificación Nacional”, no pusieron el 24 de marzo de 1976, el día que perpetraron el golpe, sino el 25 de mayo de 1973 como la fecha que serviría de punto de partida para “todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas” que no se podrían juzgar una vez recuperada la democracia.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Aunque las pruebas sobren, como el juicio CNU 2 vuelve a poner en evidencia, y el gobierno de Javier Milei pretenda volver a imponer un relato mentiroso del pasado para hacerlo funcional a sus siniestros intereses del presente.

Lunes, 4 de mayo de 2026.

*Periodista.

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