Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

La palabra república (res publica = cosa pública) se remonta a la Roma anterior a Cristo. Pero, tal como la conocemos, es una construcción mucho más reciente, heredada de las ideas liberales de la Europa de los siglos XVII y XVIII, y plasmada en la constitución de los EE.UU. de 1787. Los ‘padres fundadores’ de ese estado, lectores de Montesquieu y hombres de gran poder económico de la naciente burguesía, estaban llamados a construir un sistema de gobierno que representara a la nueva clase dominante en lugar de las antiguas monarquías, que expresaban al clero y la nobleza decadentes. Con ese objetivo, idearon dos grandes poderes surgidos del voto de las mayorías, el ejecutivo y el legislativo. Pero se reservaron para la élite económica el dominio de un tercer poder no mayoritario, el judicial, para que ejerciera en última instancia el control de lo actuado por los anteriores. Lo justificaban con el argumento de que se trataba de un sistema de ‘frenos y contrapesos’ capaz de impedir que se reiteraran los abusos del monarca, y, a su vez, de prevenir los riesgos de una posible ‘tiranía de las mayorías’.

Se diseñó así la arquitectura demo-liberal que, durante los casi tres siglos de vigencia del capitalismo, garantizó la propiedad privada y los negocios de quienes ostentaban el poder, bajo la excusa de que con ese régimen las masas obreras también alcanzarían cierto grado de prosperidad. Ese proceso atravesó diversos momentos, algunos de ellos de tal autoritarismo y violación de derechos, que recuperar las libertades civiles que el sistema establecía (siempre en pos de permitir la libre circulación y acumulación del capital de la burguesías devenidas en oligarquías) pasó a ser un objetivo también para los trabajadores, aun cuando fueran explotados económicamente. 

Sin embargo, esa arquitectura llena de mediaciones cada vez más complejas, terminó por distorsionar la voluntad expresada por el pueblo a través de su voto. Los pueblos votan, pero no deciden. El sistema derivó mucho más en la concentración de poder económico, que en la distribución de poder político, y eso mella el fin último declarado, que es conseguir cuotas cada vez mayores de felicidad y autonomía. Se sigue votando, pero se es cada vez menos feliz. Es decir, el sistema de representación demo-liberal se agota históricamente, en paralelo con el agotamiento moral del irracional modelo de concentración financiera del cual es su pilar institucional. Si se quiere superar a este último, habrá que poner en cuestión también a aquel, a través de nuevas formas de ejercer el poder popular. .

¿Esto significa volver a viejos esquemas autoritarios? No. ¿Significa renunciar al concepto de distribución del poder a expensas de un poder concentrado? No, precisamente lo contrario. Se trata de re-democratizar el poder, hoy absolutamente concentrado gracias a la debilidad del sistema institucional heredado del liberalismo y conocido como la república en términos clásicos. Se trata de retomar la idea más profunda de la democracia, más antigua y más genuina aún que la república, porque proviene de la expresión pública en el ágora.

Para la democracia moderna, el voto de la mayoría es el punto de origen de la legitimación de los gobiernos. Pero el alma del sistema se apoya en un conjunto de valores que implican la conquista de derechos para esas mayorías, el que alcancen de un mayor bienestar, el acercarse a pautas de una vida más placentera, la construcción de una sociedad más igualitaria, más soberana, el incrementar sus niveles de desarrollo. .

Cuando un gobierno sólo cumple con el requisito del voto, pero viola todos los demás componentes democráticos, se convierte en un gobierno con un único elemento de legitimidad, desligándose de todos los demás, como los derechos, la soberanía o la igualdad. Legítimo en su origen, se des-democratiza a lo largo de su desarrollo. Además, esta deslegitimación social genera disconformidad y las consiguientes protestas, lo que activa y enardece el aparato represivo, con lo que se amenaza el pleno y libre ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Se trata de una suerte de círculo vicioso que deteriora la calidad institucional: los poderes instituidos durante la fase procedimental de la democracia incurren en el incumplimiento del mandato recibido.  

Es así que, cuando se obturan los canales institucionales tanto en el campo económico, el campo laboral, como en el de los derechos civiles, los sectores más perjudicados llegan a un punto de inflexión en cuanto a su hartazgo, y no les queda otra posibilidad que salir a la calle, movilizarse y re-ocupar el espacio público, que es, finalmente, el lugar que alumbró a la democracia. Lejos de amenazar a las instituciones democráticas, la movilización popular, la ocupación de las calles y las plazas públicas re-sitúan a la democracia en el territorio que le diera origen, en su institución más genuina: el foro, la asamblea. Se trata de la democracia activa, protagónica, frente a la democracia fósil, insincera, simulada. Lejos de desestabilizar, el pueblo la reencauza, la re-democratiza.

La calle, la asamblea pública fue la primera sede de la democracia. Y, clausurados los canales formales más tradicionales para ejercerla, vuelve a ser su sede más auténtica, hasta tanto las nuevas autoridades, como la noción más profunda de la democracia lo indica, cumplan con la voluntad popular a través de sus decisiones políticas.

Buenos Aires, 27 de Enero de 2018

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido SI.

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

El costado mítico de la expresión “políticas de Estado”

Comienzo con un tema que aflora en muchas de nuestras conversaciones cotidianas con amigos, parientes y vecinos, y se refiere a esa idea de que los problemas de Argentina se solucionarían si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en los temas fundamentales y lleváramos adelante entre todos una política común, como hacen otros países.

Es una idea que suena muy bien y que, en teoría, todos suscribiríamos. Pero, en realidad, son cada vez menos los países que diagraman políticas de Estado. Ha sido tan descomunal la injusticia desatada por el capital financiero globalizado y la exclusión social sobreviniente, que una grieta semejante a la que vivimos en Argentina y en América Latina se ha desatado en múltiples regiones, tradicionalmente más estables. En segundo lugar, las políticas de Estado, es decir, aquellas que expresan un consenso generalizado de la sociedad política y que por lo tanto no están expuestas a ser cambiadas bruscamente cada vez que asume un gobierno distinto, son propias de regímenes que han consolidado la hegemonía por parte de algunos de los sectores en pugna y que han constituido un bloque de poder lo suficientemente firme como para garantizar, a su vez, la estabilidad a mediano y largo plazo de esas políticas comunes. Pero en países como los de nuestra región, donde todavía está en disputa la concepción de reinstituir colonias o consolidar naciones soberanas con autonomía de criterio de sus pueblos, cada uno de los temas, aun los que debieran ser más compartidos, como las políticas de educación, de salud o de vivienda, está teñido por esa disputa ideológica primaria que tiene que ver con el modelo de sociedad. Por eso resulta tan difícil el acuerdo, y por eso resulta tan difícil también disipar la llamada ‘grieta’ existente entre esas dos concepciones de sociedad.

El derrumbe de los símbolos

En 1989 cayó el Muro de Berlín, uno de los símbolos de la guerra fría. Transitoriamente, pareció que el mundo pasaba de la coexistencia de dos polos a la unipolaridad de los EE.UU. La economía de mercado y la democracia electoral aparecían como los nuevos paradigmas organizadores del llamado nuevo orden mundial. Las dos administraciones del presidente Bill Clinton fueron la expresión de este paradigma a través de la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los tratados bilaterales y multilaterales en ese mismo sentido y los acuerdos para proteger la inversión extranjera y especialmente para desregular la circulación del capital financiero globalizado. Se aparentaba una relación amigable entre los Estados, pero, en la realidad, aquellas coordenadas sirvieron para destruir los modelos de desarrollo autónomo tan trabajosamente construidos en los países dependientes durante la etapa del capitalismo industrial. En esa etapa anterior, la del Estado de Bienestar, se establecía, por un lado, la primacía del capital por sobre la masa de salarios, pero, al mismo tiempo, se mantenían ciertos niveles de inclusión social y estabilidad política. Además, la figura del Estado de Bienestar se tornaba necesaria ante el riesgo de la expansión del comunismo. Pero dejó de serlo una vez que éste fue doblegado.

En la década de los 90, el capitalismo triunfante se desplazó definitivamente de su fase productiva a la financiera. La ganancia centrada en la producción de bienes y servicios pasó a basarse en la libre circulación de activos financieros. Lo cual, sumado a la revolución tecnológica y a la ideología dominante del neoliberalismo, suprimió la idea del ingreso universal como elemento forjador del estado de bienestar, y generó la exclusión de millones de trabajadores, cuyas familias engrosaron los bolsones de pobreza, hambre y desamparo.

Fue así que aquel “nuevo orden”, que había prevalecido sobre el llamado socialismo real, mostró las garras feroces del capitalismo real, multiplicando situaciones de crisis en distintas áreas del planeta. Así como en 1989 caía uno de los símbolos de la guerra fría y la bipolaridad, el 11 de septiembre de 2001 –tan sólo doce años después- se derribaba el mayor símbolo de la posguerra fría y la unipolaridad con los atentados a las Torres Gemelas.

La civilización occidental y cristiana – León Ferrari

La tortura como instrumento de la seguridad

La respuesta del entonces nuevo presidente de los EE.UU., George W. Bush, fue remplazar el paradigma del libre comercio por el de la seguridad nacional. Por primera vez, los EE.UU. aparecían vulnerables a un ataque externo. Y lejos de preguntarse cuáles eran las razones de la desconfianza, el temor y el rechazo que generaban en una gran parte del mundo, adoptaron una posición defensiva, guiada por una lógica muy particular: la mejor manera de defenderse de una posible agresión era agredir primero, dando nacimiento al concepto de la guerra preventiva. El mundo arriba así, a comienzos de este siglo, a una primera fase de lo que llamo “retroceso civilizatorio”: el fin de un largo período histórico de elevación moral de la humanidad, marcado por el proceso de humanización de las penas. Entre otros logros, se había avanzado hacia la abolición de los tormentos, es decir, se condenaba la tortura como método permitido de punibilidad estatal. Se partía de la convicción de que ningún beneficio obtenido en favor de la seguridad nacional o internacional por medio del vejamen a una persona humana, sería superior al daño simbólico y moral causado a todo el género humano si se sometía a un ciudadano o ciudadana a un sufrimiento extremo y despiadado. Esto no quiere decir que no existieran casos individuales y colectivos de tortura, pero eran condenados moral y jurídicamente. En cambio, a partir de la Agenda Nacional de Seguridad establecida por el presidente Bush desde 2002 en adelante, la tortura es homologada como método legítimo de obtener información en defensa de la seguridad perdida. El país que hasta ese momento aparecía como portador de los estandartes libertarios más elevados, informa al mundo que las libertades fundamentales de la persona humana deben sacrificarse a expensas de los dispositivos de control que ese país estableciera para preservar su seguridad nacional.

El fin del debido proceso

Asimismo, como supuestos custodios de los valores ético-políticos de occidente, los EE.UU. siempre dijeron representar las garantías procesales como la defensa en juicio, la presentación de pruebas o la portación de la verdad como justificación de sus acciones políticas. Sin embargo, su participación en Irak y Afganistán luego del 11-S, demuestran la falsedad de estas premisas “occidentales” frente al “fanatismo y la irracionalidad de Medio Oriente”. Es así que mintieron en cuanto a la existencia de armas químicas en Irak para justificar su intervención en ese país. Y eliminaron el cuerpo asesinado de Bin Laden sin dar lugar a ninguna garantía procesal propia de los derechos humanos universales. Esto no está dicho en defensa del personaje, sino para desenmascarar la hipocresía que hay detrás de los slogans a partir de los cuales nos colonizan.           

El fin del principio de inocencia, la judicatura cambia de doctrina al servicio del poder económico

El modelo penal que conocemos se fue moldeando con el avance del capitalismo y la revolución industrial. La miseria derivada del primero y las concentraciones urbanas formadas a partir de la segunda, multiplicaron los delitos contra la propiedad privada en las mayores ciudades. Y, si bien la burguesía no estaba dispuesta a tolerarlos, las corrientes de pensamiento más humanistas influyeron para que a la injusticia del sistema de explotación económica no se sumara la impiedad del sistema penal.

Se consolidó así el principio de presunción de inocencia. Si bien era dañino que el culpable de un delito permaneciera libre, más dañino aún para un régimen liberal, era que un inocente fuera privado injustamente de su libertad.

Hoy, junto con la preeminencia del valor seguridad por sobre el de la libertad y la dignidad de las personas, el principio de inocencia ha cedido su lugar a la presunción de culpabilidad. Sobre todo si se trata de funcionarios que hayan cuestionado la hegemonía del poder financiero, o de líderes cuyas políticas públicas pusieran límites a su voracidad.

Lejos de su finalidad inicial de ser un contrapeso de posibles abusos, el poder judicial contra-mayoritario, termina gobernando en última instancia, con más poder que la propia voluntad mayoritaria del pueblo.

Si la evolución del liberalismo político hubiera sido verdaderamente democrática en lugar de haberse hincado ante los poderes oligárquicos, los sistemas penales estarían mucho más preparados para conjurar los delitos del poder sobre la propiedad colectiva de los pueblos –centros de salud, escuelas, vivienda, seguridad social- y los derechos de los pueblos a acceder a ella, que sólo enfocados en sancionar los delitos contra la propiedad individual. Si así fuera, estaríamos ante estándares de desarrollo e igualdad mucho más elevados, y los delitos contra la propiedad individual disminuirían contundentemente. 

Corolario, el retroceso civilizatorio

Algo semejante está sucediendo en América Latina respecto de los abusos de las enmiendas constitucionales en los que los poderes derivados se apropian de la facultad constituyente desvirtuando el espíritu de las constituciones populares. Y también respecto de los abusos de los decretos emanados del poder unipersonal sobre las leyes como construcción colegiada.

Todo ello va en dirección de la concentración del poder, es decir, en detrimento de la distribución del mismo que buscaban aquellas nacientes repúblicas liberales. Se trata de un retroceso de tintes monárquicos. Pero, a diferencia de las antiguas monarquías que gobernaban sociedades menos complejas, los actuales modelos de poder concentrado están hechos a la medida de sociedades fragmentadas, con el fin de disciplinarlas. Es decir, despojarlas de todo instrumento de autonomía y pensamiento crítico que ponga en cuestión los intereses dominantes.

En este categórico antagonismo entre modelos de sociedad reside la mentada grieta ideológica que impide la formulación de políticas de consenso. El poder concentrado, una vez que ha cooptado el sentido común de vastos sectores sociales, construye la muletilla de que “hay que ponerse de acuerdo”, “no me hagan participar de disputas que me son ajenas”, con la finalidad de poner en ridículo a quienes sostenemos que no hay campo común con quienes procuran sociedades injustas y dominadas.

Para nosotros, un Estado que interviene para poner límites al desenfreno del poder económico, favorece la igualdad, y esto estimula la creación de un ambiente propicio para las libertades personales. Ellos, en cambio, necesitan ocupar el Estado para que abdique de sus funciones sociales y reguladoras de la economía. Y que ese mismo Estado desertor en lo económico, refuerce sus atributos represivos, para un mayor control, disciplinamiento, ausencia de pensamiento crítico y de autonomía personal.

Es a esta ofensiva del neoliberalismo y su consecuencia natural, el neofascismo, a lo que llamo retroceso civilizatorio.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2018

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido SI.

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Carlos Raimundi afirma que en la construcción de un frente opositor la conducción debe ser ejercida por quien exprese un carácter transformador que en un nuevo ciclo de gobiernos populares deberá intervenir muy radicalmente sobre los núcleos del poder oligárquico.

Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

1. Voluntad de Poder

En política es fundamental la conquista de poder real. Poder de persuasión, poder de convocatoria, poder de ejecución, poder de transformación. Poder para que la históricamente desmesurada tasa de ganancia de algunos sectores se empareje con la ganancia promedio de la economía y fundamentalmente con los ingresos de las y los trabajadores y los sectores más humildes, de modo de propiciar mayor cohesión en la sociedad. Poder para redistribuir el poder y transferir los derechos a sus verdaderos destinatarios.

Para ello es necesario conducir el Estado, gobernar. Y eso requiere ganar elecciones, es decir, construir una base social y cultural, un activo militante, una organización política y una mayoría electoral.

Quiere decir que la necesidad de ampliar nuestro agrupamiento político con el fin de convocar a mayorías y ganar es un objetivo natural para nosotros. Toda consideración que hagamos sobre el concepto unidad, no provendrá de ninguna concepción sectaria, sino desde una profunda vocación de poder real.

2. Desmontar algunos mitos

A esta altura del planteo cabe intervenir también sobre algunos slogans que, por reiterados, se tienden –equivocadamente- a naturalizar. Uno de ellos es suponer que la mentada unidad resulta de la suma matemática de dirigentes o sectores. Es decir, si tal sector -a los que generalmente se los denomina con el nombre de un dirigente y la terminación “ismo”- obtuvo tal porcentaje en las elecciones, sumado a otro “ismo” con su respectivo porcentaje y así sucesivamente, nos estaríamos aproximando a obtener esa ansiada mayoría electoral que todos reconocemos necesaria. Pero resulta que la realidad nos indica un grado de acatamiento cada vez más inestable a los referentes políticos y a los sellos que estos representan, lo cual habla de cierta labilidad o deslizamiento de la opinión pública. Es decir, los porcentajes no se replican mecánicamente. Ese débil apoyo se debe, además, al comportamiento cambiante e inconsistente de esos mismos referentes políticos, que, por priorizar conveniencias de corto plazo se tornan tan poco previsibles que hacen que sus votantes no se sientan comprometidos de manera estable.

Por eso aquellos dirigentes que más allá de la nominación circunstancial de su frente electoral, sí han estado siempre en una misma posición frente a las grandes definiciones como los derechos del pueblo, de las mayorías, y especialmente de los trabajadores y de los más humildes, esos dirigentes sí mantienen márgenes altos y estables de adhesión popular. 

En línea con esto, muchos de esos “ismos”, esas estructuras formales y endebles creadas en los últimos tiempos, no han sido más que inventos, en muchos casos por preponderancia mediática más que por una genuina aspiración popular. En la mayoría de los casos se trató de figuras promovidas y sostenidas durante un tiempo por los grandes medios de comunicación, que al no contar con una densidad personal, con un pensamiento voluminoso, con una mirada estratégica suficiente, terminaron no resistiendo a más de una o dos elecciones y tornaron efímeras aquellas expectativas creadas artificialmente.

Otra leyenda es seguir creyendo que si se cuenta con grandes aparatos o estructuras partidarias, eso constituye un factor concluyente. Está comprobado que ayudan al despliegue territorial, a distribuir boletas y a la fiscalización del comicio, lo que no es menor. Pero está claro que sin proyecto político seductor no hay aparato capaz de garantizar el triunfo por sí solo. La prueba está en que cuando hubo un clima, un humor social adverso en la Provincia de Buenos Aires, el aparato más aceitado de la política argentina como lo es el partido justicialista de esa provincia no pudo sostener el triunfo de sus candidatos, luego de haberla gobernado ininterrumpidamente durante siete períodos. Y fue una persona desconocida, promovida en tiempo récord por el sistema oficial de comunicación, quien usufructuó de ese cambio de clima social y, contando con muy poca estructura partidaria tradicional, le arrebató la elección.

María Eugenia Vidal ganó en 2015 la gobernación de la Provincia de Buenos Aires luego de que su partido, el PRO, no presentara lista de legisladores nacionales en la elección de 2013. Paradójicamente, Massa sobrepasó los 40 puntos en 2013 y se redujo a la cuarta parte cuatro años después. Lo que había cambiado era el clima.

Sólo resta aclarar que me refiero al PJ como estructura político-electoral, no al Peronismo. Eje inapelable del movimiento nacional, el Peronismo es una cultura, un capital simbólico del Pueblo, una memoria histórica, un caudal arrollador que se encuadra en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, y, como tal me siento incluido en él.

3. Construir un núcleo de irradiación

Cuando cada vez más sectores de la población van acumulando grados crecientes de cansancio moral y político, o bien van construyendo niveles crecientes de esperanza, el proceso –sea en un sentido o en otro- se torna indetenible. Pasa por etapas de evolución más lenta que se intercalan con momentos de aceleración. Fase acumulativa-fase disruptiva: se acumula, pero a partir de un momento se irradia, se propaga, se precipita. Para acabar con un proceso, o para lanzar uno nuevo. Por ello, lo central no es reunir el mayor número posible de dirigentes, sino cimentar ese núcleo de irradiación.

El núcleo de irradiación no garantiza la perdurabilidad. Si es sólido perdura, si no lo es se desvanece. Pero ni los aparatos, ni la matemática son hoy día los pilares de las mayorías sociales y electorales.

4. Impronta transformadora 

El debate sobre la tan mentada unidad de la oposición no está planteado entre generosos y sectarios. Todos queremos alcanzar la mayor unidad posible porque todos queremos ganar. Lo que sucede es que no pocos capítulos de la historia reciente nos condujeron a alianzas que a medida que enfatizaban su impronta ganadora, diluían proporcionalmente su impronta transformadora. En lugar de transformar, sólo administraron con algún matiz de diferenciación formal, el mismo modelo de sociedad al que retóricamente expresaban querer cambiar.

¿Qué quiere decir esto? ¿Que existe necesariamente una contradicción entre capacidad para ganar y capacidad transformadora? Decididamente no existe tal contradicción. Si sostuviéramos eso caeríamos en un dilema en el que no creemos, y cuya superación está en el centro de nuestra militancia política. Me niego terminantemente a creer que quien gana se ha ampliado tanto que ha desdibujado su sesgo transformador, y que quien se propone transformar en profundidad está condenado a no ganar. La historia reciente de los gobiernos populares en América Latina desmiente categóricamente ese falso dilema.

Pero esa misma historia reciente también nos deja la enseñanza de que cuando no se construyeron alianzas –o “unidades”- hegemonizadas por quienes le imprimían el carácter profundamente transformador, ese fuego sagrado de los líderes, fueron precisamente los aliados dentro de esa misma “unidad”, quienes terminaron desplazando a los Presidentes. Federico Franco desplazó a Fernando Lugo en Paraguay, Michel Temer desplazó a Dilma Rousseff en Brasil, y Lenin Moreno hizo lo propio con Rafael Correa en Ecuador. Los tres, en distintas circunstancias, habían sido sus respectivos vicepresidentes.

La construcción de un gran frente opositor es muy importante, tanto para sus propios integrantes como para el macrismo. Es un signo de voluntad ganadora, y eso genera alerta en el gobierno, y mística en la fuerza propia. Por lo tanto tiene un gran efecto convocante. Mi observación no va dirigida a ponerle límites de nombres y apellidos, aunque a veces ello encierre un significado simbólico importante. Va dirigida a la necesidad de ser conducida por quien expresa su espíritu más intensamente transformador. Porque está claro que un nuevo ciclo de gobiernos populares deberá intervenir muy radicalmente sobre los núcleos del poder oligárquico.

No es por paladar negro ni por maximalismo ideológico, sino desde una perspectiva puramente analítica, que se debe evitar repetir experiencias frustrantes de nuestro propio pasado local y regional con alianzas tibias, y en cambio marchar hacia construcciones políticas guiadas por un temperamento altamente interpelador del poder real. Y conducidas por las y los líderes que expresen ese temperamento, ese carácter, ese punto de inflexión del clima colectivo, ese poder de irradiación de na nueva esperanza. Para no sólo ganar, sino también transformar.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

Ex diputado FpV, secretario general del Partido Si

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

En una conferencia, en 2013, se puso a prueba ante 500 personas la posibilidad de que alguno de los asistentes acertara el peso de un buey que el conferencista había conducido hasta el escenario. Votó cada persona presente y ninguna dio con la verdad. Pero, curiosamente, fue el promedio entre todos los votos la cifra que se aproximó casi con exactitud al efectivo peso del animal. Esta introducción es solamente un ejemplo aleatorio de eso, por momentos intangible, pero real, que podríamos llamar “sabiduría popular”.

Macri no le habla al Pueblo. Ni saluda al Pueblo, como quedó corroborado con esa escalofriante imagen en que desde las puertas del Congreso agitaba su mano hacia la nada. Es un presidente sin Pueblo. Habló en su discurso de “crecimiento invisible”, y, lejos de lo que algunos creen no se equivocó. Era una metáfora más de esas que se elaboran en las cápsulas de ensayo del poder, para agradar al mundo de las empresas, que es el destinatario de sus trastabillantes palabras y deshilvanadas oraciones. Su preocupación no es la pobreza, sino la tasa de ‘riesgo país’, porque de ella depende que pueda seguir endeudándonos y haciendo pingües negociados. Pero, por un lado, las consultoras internacionales y los diarios especializados ya hablan de la insustentabilidad de su política económica. Por el otro, la inflación, las tarifas, los despidos, los recortes salariales y jubilatorios, tienen su reflejo en el creciente malestar de la gente. La macroeconomía comienza a decirle “no te presto más”, y el Pueblo comienza a decirle “no te aguanto más”. Cuando esas coordenadas se encuentren, tendrá lugar el punto de inflexión que han tenido históricamente las políticas de ajuste en la Argentina.

Hace tiempo señalamos que nadie puede anticiparse a los procesos populares, ni enunciar de antemano qué forma adoptarán. Sólo podíamos decir que sabíamos, por experiencia, que un modelo basado en el endeudamiento externo, centralidad de la ganancia financiera, apertura comercial indiscriminada, cierre de fábricas y talleres, destrucción de la industria, fuga de capitales, concentración de recursos en pocas manos, no podía terminar de otra manera que en el hartazgo de gran parte de la población. Pero no sabíamos con precisión ni cómo ni cuándo éste se manifestaría.  

Debido a esa convicción nos opusimos y no consentimos desde un principio el acuerdo con los fondos buitre, la eliminación del cerrojo que limitaba el endeudamiento, la eliminación de retenciones, la re-primarización de nuestra economía, el ajuste social. Aun cuando tantas voces nos dijeran que no debíamos poner obstáculos a las primeras medidas adoptadas por un gobierno democráticamente votado. No se trataba de un antojo, ni de un oposicionismo caprichoso. Lo hicimos porque sabíamos que eran precisamente aquellas primeras medidas las que sentarían las bases de un modelo socialmente insustentable.

El cansancio colectivo se hizo esperar, pero no tiene retorno. Se hizo esperar no sólo debido al ocultamiento mediático de las verdaderas características y consecuencias del modelo, sino a todo un complejo dispositivo de persuasión cuyo inicio data de varios años, y se propuso una capilaridad muy profunda, contó con elevados recursos financieros y estrategias de penetración altamente estudiadas, y trasciende las fronteras nacionales para extenderse por toda la región. Un dispositivo de persuasión diseñado más allá de nuestras fronteras, que cuenta con organizaciones intermedias creadas al efecto y que ha gastado mucho dinero en el entrenamiento de políticos, empresarios, jueces, editores, periodistas y otros formadores de opinión. No se trata sólo de un monopolio mediático. Se trata de todo un sistema de interpretación como el que inculca la publicidad de una trabajadora de una fábrica de pastas o de un trabajador de una fábrica de hielo que atribuye los cortes de luz a la conducta de las y los ciudadanos de a pie que poseen aire acondicionado, y no a la desinversión de las empresas, que gracias al aumento de tarifas han incrementado ostensiblemente sus ganancias pero no han invertido para mejorar el servicio.

Este sistema de falsedades había penetrado profundamente en el registro simbólico de partes muy importantes de nuestra población. Se creó así todo un clima de desprestigio respecto del gobierno anterior, basado en asociarlo con la corrupción y el despilfarro, frente a lo cual el macrismo vendría a poner orden, pese a lo doloroso que ello resultara.

Mucha gente de buena fe creyó, durante todo este tiempo, en el mensaje de que lo principal era odiar al kirchnerismo. Gente trabajadora y honesta para la cual, como consecuencia de aquella profunda estrategia de persuasión que va mucho más allá de lo mediático, le pasó inadvertido el clásico modelo de saqueo neoliberal vigente, porque el objetivo central se reducía a saturar la agenda con la idea de que el kirchnerismo “se había robado todo” y que de esa “pesada herencia” no se podría salir sin sacrificio.

Supongamos que fuera verdad que el kirchnerismo “se robó un PBI”. De ser así, hoy, que estamos gobernados por personas supuestamente probas, estaría disponible para acciones de gobierno y políticas públicas aquel dinero del presupuesto que nosotros robábamos y ellos no, más los 200.000 millones de dólares ingresados en concepto de deuda externa. Es decir, tendrían que agregarse miles de escuelas a las 2.000 construidas por el kirchnerismo, decenas de universidades populares a las 19 creadas por el kirchnerismo, millones de computadoras para las y los estudiantes, fabricadas en el país al igual que las autopartes y los electrodomésticos. La mentira es inocultable, como lo es para cientos de comerciantes que votaron a Macri influenciados por el odio impuesto a su interpretación simbólica, pero que en su realidad concreta sufren el marcado descenso de sus ventas. En fin, cada vez más gente se está dando cuenta de la mentira.

Durante todo este tiempo estuvieron centrados en odiarnos, debido a una supuesta ruta de dinero jamás encontrada, y que en todo caso conduce a las guaridas fiscales donde Macri y los funcionarios de su administración esconden el dinero que evadieron del país. Y mientras tanto, le quitaban la fuente de trabajo, las paritarias, la educación, el haber jubilatorio.

El gobierno está entrando en un plano inclinado que no tiene retorno. ¿Por qué, si en todo orden de la vida hay posibilidad de rectificación, este gobierno no tiene retorno? Porque la pertenencia, el perfil y los intereses particulares de los empresarios devenidos en funcionarios, los lleva a profundizar cada vez más los caminos de la depredación del país. No tienen otra posibilidad que acentuar el endeudamiento, la fuga de capitales, la concentración de riqueza y el ajuste, porque actúan en beneficio de los grupos que representan, y que ocupan transitoriamente el poder del Estado. Son eso, no pueden ser otra cosa ni ir para otro lado.

Se trata de un plano inclinado que se inició en diciembre, en ocasión de tratarse la reforma previsional, y que no tiene retorno desde dos puntos de vista. La descomposición del modelo en el plano macroeconómico que ha llevado hasta el límite al endeudamiento desenfrenado, y el hartazgo colectivo respecto de la inflación, las tarifas y la incertidumbre laboral: se conecta el “no te presto más” con el “no te aguanto más”. Allí se produce el punto de no retorno definitivo, y vamos camino a esa situación. Y cuando se llega a esa situación, se producen dos consecuencias convergentes: todo aquello que se nos hizo creer, se desploma, incluso la sonrisa angelical teatralizada profesionalmente por María Eugenia Vidal. Y todo aquello que se nos hizo demonizar, se revaloriza, como por ejemplo la talla política de Cristina. Los próximos tramos de la política se encargarán de desmentir a aquellos que intentaron montarse en el desgaste de Cristina, incluso desde nuestro propio espacio político.

Todo se está haciendo cada día más evidente. Teníamos un problema muy serio, y era la separación preparada por toda aquella ingeniería de penetración mental y cultural del poder, entre la realidad cotidiana cada vez más angustiante que viven millones de compatriotas y su interpretación política. Vivíamos una realidad concreta tremenda, y sin embargo parte de la población hablaba de otra cosa: de una herencia, del pasado, de una ruta de dinero que nunca se descubrió, y no de la realidad.

`Estamos ante un cambio de fase que torna más cercana la realidad concreta con lo que habla cada vez más gente. Eso es lo que demuestran diversas expresiones, y especialmente los cánticos que se propagan espontánea y masivamente ante la menor insinuación. La masificación espontánea de los cánticos de crítica al gobierno está demostrando que ingresamos a un nuevo estadio de la comprensión popular. No sabíamos cómo sería, pero sabíamos que iba a suceder. Los calendarios sociales trascienden a los calendarios políticos y electorales. Son, más bien, los que re-democratizan a una democracia gastada.  

Nosotros, desde el movimiento nacional y popular, también tenemos que cambiar de fase. Ya no alcanza con seguir describiendo los flagelos del macrismo, porque el pueblo ya los captó. Seríamos galardonados con el premio al pesimismo, y el futuro sólo se construye en base a la esperanza. Tenemos que plantear el camino de salida, porque muchos compatriotas pueden desanimarse mucho al ver las magras condiciones en que el macrismo está dejando al país.

Al no haber votado las leyes fundacionales que abrieron las compuertas para la aplicación de este modelo, tenemos la autoridad política para repudiar una deuda infame que deberá ser pagada por quienes se beneficiaron de ella, no por el pueblo argentino a través del recorte de políticas sociales y productivas. Y tendremos la autoridad y el coraje político para recuperar la soberanía tecnológica del INTI, del INVAP, de la industria satelital, de fabricaciones militares. Y la autonomía del fondo de sustentabilidad del ANSES para garantizar la movilidad jubilatoria. Y haremos la profunda reforma judicial que se necesita para reconstruir un tejido institucional que sirva a los intereses del Pueblo y no de las oligarquías dominantes. Y así sucesivamente.

Y con esa capacidad de irradiación de un horizonte de futuro, reconstituir la mayoría política. El sindicalismo argentino va un paso adelante en ese sentido. Miles de trabajadores estaban en la calle por sus derechos, con prescindencia de si el dirigente de su sindicato los había convocado o no. El trabajador se movilizó por sus creencias, no por su dirigente. De esa misma manera se construye la unidad política. Es eso lo que congregará a la unidad entre aquellos dirigentes que se hayan mantenido fieles a sus creencias y su pueblo.

La mayoría no deviene de una suma matemática de dirigentes, sino más bien de esa capacidad de volver a enamorar en base a una esperanza. Eso agrupará a los dirigentes, pero, fundamental y primordialmente, al Pueblo.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2018

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido Si

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

En primer lugar, ¡cuántos matices diferencian nuestra mirada sobre los acontecimientos políticos cuando se los analiza desmenuzando la crónica de su propio momento y cuando se los analiza ya teniendo de ellos una perspectiva histórica! En el primer caso, tomando en cuenta lo que estaba sucediendo en el momento en que se producía la Reforma, se ven con mucha más claridad las contradicciones de esos procesos. Pero cuando se la analiza desde una perspectiva histórica, el pueblo, la historia, se apropian de hechos como éste y les dan su propia lectura. Se transforman así en parte de las grandes tendencias históricas y las contradicciones adquieren una dimensión menor.

Vayamos al contexto de la Reforma Universitaria, el contexto de la Argentina agroexportadora, la Argentina que transitaba recién por las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, después del proceso de conformación del Estado nacional oligárquico, construido en el marco del pensamiento liberal, ese pensamiento profundo sobre el cual se fueron formando generaciones de argentinos, el pensamiento impartido en las escuelas, el de los símbolos nacionales, el de las fechas patrias, el de los próceres desarraigados de su matriz política, descontextualizados. Se trataba de un pensamiento que asociaba la prosperidad de la Argentina con la grandeza de su sector latifundista. Hay aquí una combinación de las familias oligárquicas con las elites militares, que produjo una alianza de clase por la cual se explican todos los primeros años de la consolidación, de la identidad nacional a partir del pensamiento liberal. Más allá de sus matices internos, más allá de las marcadas diferencias entre Mitre y Roca, en términos históricos hay una continuidad del proyecto modernizador de la oligarquía.  

Este pensamiento profundo, a pesar de los grandes movimientos contraculturales a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, todavía está muy arraigado. Cuando se producen los acontecimientos del año 2008 por la Resolución de las retenciones, personas que no habían tenido a lo largo de su vida ningún tipo de relación con el campo, se sentían identificadas con él. En diciembre del año pasado asistimos a una reforma previsional que ya le quitó el 10% del poder adquisitivo a las jubilaciones debido al nuevo coeficiente, y aun cuando todos seremos alguna vez jubilados, no hubo movimientos que se pusieran cartelitos que dijeran “Todos somos jubilados”. Es decir, hubo movilización, hubo conmoción, pero no tan profunda como para lograr la misma identificación que ese pensamiento profundo había logrado con el campo. Esto es simplemente una mención de cómo sigue tan arraigado ese pensamiento liberal. Es decir, con la grandeza de la Argentina vinculada con la prosperidad de un determinado sector, y sobre todo con la renta de ese sector.

La Reforma del año 1918 expresa no sólo un nuevo modelo de Universidad, sino que además está enmarcado en un nuevo pensamiento y en un nuevo modelo de sociedad. Y esto desde dos perspectivas. Desde una perspectiva más vinculada con el movimiento nacional en ciernes que expresaba el yrigoyenismo, y desde una perspectiva más internacionalista que era la perspectiva bolchevique, con un condimento latinoamericanista heredado de los valores provenientes de la revolución mexicana, de la revolución campesina por la distribución de la tierra. Allí convergen, se tocan lo nacional-popular con la izquierda ideológica, y después se vuelven a separar. Y se vuelven a separar en parte porque se institucionaliza la revolución mexicana, se aplaca ese fervor internacionalista de la revolución bolchevique con la muerte de Lenin y con la herencia en el stalinismo y no en Trotsky; no desaparece, pero se atenúa aquel espíritu universalista con que se inicia la revolución bolchevique. Después se va forjando el primer peronismo, que representa al sujeto obrero, y de alguna manera le pone un freno a la masificación de la revolución proletaria, entendida en términos marxistas y clasistas.

Mirándola con cierta proyección histórica, hay una especie de apropiación de la Reforma Universitaria por parte del partido radical. Y un poco más tarde se bifurcarán los caminos de la Reforma, en cuanto a si ésta representará un modelo de Universidad liberal reservada a las clases medias o si representará un modelo de Universidad nacional y popular mucho más permeable al ingreso de las clases obreras. Si a la Reforma Universitaria se la interpreta como una institución en sí misma, yo creo que sigue un curso más parecido a la evolución que siguió el partido radical. En cambio, si se la interpreta como la expresión de una Universidad popular, tiene mucho más que ver con el otro modelo, el de los años setenta que nos explicaba el profesor Carnese[1], de las Universidades populares, y con el modelo de las Universidades del conurbano de estos últimos años.

Aquel fervor latinoamericanista, antiimperialista que expresa Gabriel Del Mazo se deforma con el correr del tiempo. Los estudiantes reformistas apoyan la revolución del año 1955 porque había prevalecido la idea liberal de las clases medias por sobre el espíritu de lo nacional y popular y el ingreso de las clases obreras. Por eso es que el radicalismo niega la figura de Del Mazo y la figura de FORJA, que es el ensamble histórico de lo más genuino del yrigoyenismo como movimiento popular en los años 30 y principios de los 40, con el primer peronismo. La historia oficial del radicalismo ignora la figura de Del Mazo y fundamentalmente a la institución de FORJA, y ese rol de empalme que desempeñó en el movimiento popular. La historia oficial del partido radical se enorgullece de muchos dirigentes pero no así de Jauretche, ni de Scalabrini, ni de Manzi, niega esa parte de la historia que es la que interpreta el pensamiento más profundo y más genuino que expresaba el yrigoyenismo, no sólo en la figura de Yrigoyen sino en esa nueva estructura social de hijos de inmigrantes que todavía no eran proletariado industrial a nivel de masas pero que sí eran una expresión que se oponía al modelo oligárquico.

Es decir, una es la Reforma de la que se apropia el progresismo liberal -y soy muy benévolo poniéndole al adjetivo de progresismo- y otro es el modelo de la Universidad nacional y popular. Y lo del progresismo liberal se torna irrelevante, porque dada su incapacidad para construir ni una pizca de poder político real, quedó absorbido por las ideas oligárquicas. Probablemente tuvo esa oportunidad en el primer año y medio de la presidencia de Alfonsín, pero sólo carreteó por la historia, volvió a levantar vuelo y se alejó completamente de la idea de ser una estructura de poder real. En la Argentina las dos grandes posibilidades de construir poder real son  la oligarquía y el peronismo.

Hay un momento histórico en que la izquierda internacional y la izquierda nacional se encuentran y generan una idea de unidad obrero estudiantil que es el Cordobazo. De esa experiencia surge la peronización de la Universidad de los últimos años de la dictadura que culmina en 1973 y el modelo de Universidad nacional y popular de los años 1973 y 1974.

En esa bifurcación entra en disputa, por ejemplo, el concepto de autonomía. Para los reformistas radicales, la autonomía es un concepto mucho más fuerte que para la Universidad nacional y popular, porque la autonomía tenía que ver con la autonomía del Gobierno nacional, cualquiera fuera éste, así fuera el de la dictadura de 1955 o el de Cámpora y Perón en 1973. Pero resulta que si el Gobierno expresa un proyecto antinacional es una cosa y si expresa el proyecto nacional es otra. Mantener la autonomía de un gobierno que expresa el proyecto nacional y popular es mantenerse al margen de éste.

Algo similar sucede con el concepto de extensión. Su sola nominación habla de una idea de ajenidad entre la Universidad y el pueblo. Es decir, la Universidad se tiene que extender hacia el pueblo porque es una cosa distinta de él. Si a la Universidad se la imagina como parte del pueblo que la está financiando, como una institución del poder popular, la Universidad tiene que generar mecanismos de inclusión social, de agrandar su contacto con el pueblo pero no “extenderse” hacia un lugar distinto.

También hay una idea distinta del concepto de excelencia del conocimiento. La concepción liberal genera una contradicción entre la excelencia y la masividad, porque interpreta la excelencia desde una concepción elitista, vanguardista, del pensamiento y de la ciencia. Para nosotros, en cambio, no hay contradicción entre la excelencia y la masividad. Si no hay masividad no hay excelencia, porque el saber colectivo es mucho más importante para la emancipación de un pueblo, para su descolonización, que el saber de elite, que el saber de vanguardia. Éste último vincula la idea del adelanto científico con aquel que es fijado por las elites de poder. El profesor Carnese lo asoció en un momento con el “desarrollismo”. Yo siempre renegué de la idea implantada por el desarrollismo de “países en vías de desarrollo”. Consentir ese concepto, sostenido por Walt Rostow, es pensar que si un país dependiente cumple con determinadas etapas se va acercando cada vez más a las posibilidades de los países desarrollados, de los grandes centros de poder. El subdesarrollo sería así una etapa a cumplir hacia el objetivo del desarrollo. Profeso otra idea, otra doctrina, pienso, con Gunnar Myrdal, que el subdesarrollo es el precio que los centros de poder le hacen pagar a determinados países para financiar el desarrollo de aquellos. Lo que tenemos que hacer, a mi criterio, no es cumplir etapas para llegar “hacia”, sino romper las estructuras de la dependencia para abrir otra relación de poder entre subdesarrollo y desarrollo.

La Reforma Universitaria propicia también la elección de los claustros. Pero ¿qué es un claustro, sino un compartimiento cerrado y aislado? Se trata, en fin, de otra concepción vanguardista. No es que yo niegue el pensamiento de lo universal, sino que debemos abordarlo desde nuestra propia situación, en medio de una realidad y un tiempo histórico determinados, desde nuestro propio paisaje histórico y nuestra particular sociología.  

¿Cómo honrar hoy a la Reforma Universitaria, no en el sentido de una institución en sí misma, sino como compromiso con la Universidad nacional y popular? En el primer caso, basta con el modelo que expresan los radicales, una institución enclaustrada en sí misma, son las universidades elefante, enciclopedistas, liberales. Si la asociamos con el concepto de universidad nacional y popular, la expresan las nuevas universidades que –en términos de conocimiento y de ingreso- van a formar nuevas clases medias, pero que tenemos que aspirar a que no repitan el pensamiento aburguesado, individualista, desagradecido, de las clases medias formadas por las universidades liberales, sino que sean agradecidas respecto de su origen, de las políticas públicas que les permitieron el acceso a la Universidad y al pueblo que las financió.

En este momento estoy dando clases en cinco Facultades, pero mi facultad de origen es la de Derecho en La Plata. Es una tristeza ver el perfil de profesional que forman las facultades de Derecho de las universidades tradicionales. Uno en general acude a la facultad de Derecho persiguiendo un ideal de Justicia, el Derecho nos debería elevar hacia allí, y por el contrario nos hace descender a la condición de abogados tribunalistas. La enseñanza dice que la labor del juez es llegar a la verdad. Pero, ¿qué tiene que hacer el abogado para lograr que un juez determine que un automóvil circulaba a 40 kilómetros de velocidad? Una de las partes tiene que decir que iba a 80 y la otra decir que estaba parado. Entonces, el juez promedia dos mentiras y trata de llegar a la verdad. Con ese perfil se forman los abogados actualmente, con el perfil que después pone preso a Lula sin pruebas o que cuando tiene fallar sobre una familia humilde que no puede pagar su tarifa de luz, da la razón a la letra chica de un contrato leonino cuyas cláusulas fueron redactadas por los propias empresas monopólicas. ¿Es ese el sentido profundo de la Justicia? Cuando se imparte la formación del Estado se invoca el fin de la Edad Media, tomando en cuenta una segmentación de la historia que sólo remite a los acontecimientos de Europa, y a ninguna otra de las culturas preexistentes, ya sean orientales, hindúes, africanas o precolombinas. Es decir, la Universidad tradicional es heredera de toda una matriz de pensamiento colonizado que nos hace analizar la historia y por lo tanto la realidad, desde una perspectiva que no tiene que ver con nosotros. No estoy diciendo que hay que negar el pensamiento universal, sino de no construir nuestra narrativa de la conquista sólo desde el conquistador español que gritó “Tierra”, sino también desde el nativo que seguramente exclamó: “¡Carabelas!”.

La única Facultad de Derecho creada en el conurbano durante los últimos años es la de la Universidad de Avellaneda, porque tiene un programa de estudios absolutamente comprometido con la realidad social y productiva local. Expresa, en consecuencia, lo más genuino del espíritu verdadero, profundo, de la Reforma Universitaria, que no está asociado a la Universidad liberal de clase media sino a la Universidad obrera, nacional y popular.

Buenos Aires, 9 de julio de 2018

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido Si

Referencias:

[1] Francisco Raúl Carnese, decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata entre los años 1973 y 1974.

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

Perplejidad

En aquellas primeras semanas luego del golpe de 1976, vivíamos momentos de gran perplejidad. Una sinrazón sucedía a la otra. Nos enterábamos de hechos atroces a los que no se encontraba una explicación racional. Reinaba la falta de límites, no se lograba entender la clave en la que funcionaba el nuevo sistema instaurado. Con el tiempo, se fue tornando evidente que esa clave, de un nivel de despropósito sin precedentes, no respondía a una lógica conocida.

Hizo falta que trascurriera algún tiempo para entender que la situación era inexplicable desde la perspectiva de los hechos políticos habituales, ni siquiera desde la disputa entre bandos políticos o económicos al interior de la Argentina. Fue la Carta Abierta de Rodolfo Walsh –de ahí su trascendencia- la que sistematizó por primera vez la conexión entre las más terribles violaciones de los derechos humanos fundamentales y un plan económico que trascendía nuestras fronteras.

El desarrollo industrial había permitido el crecimiento económico más colosal desde los inicios de la cultura, y la apropiación de esa riqueza estaba en disputa. De cómo se dirimiera esa disputa dependería el modo de organización política que predominaría de allí en más a escala planetaria.

Por un lado, sucedía una serie de acontecimientos de claro signo emancipador. Los movimientos de liberación en África y Medio Oriente, la Revolución Cubana, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos su fracaso en Vietnam, el Mayo francés. Protagonizados por miles y miles de jóvenes, estos hechos daban cuenta, aunque no contaran con una dirección política centralizada, de que se aspiraba a distribuir solidariamente  aquel crecimiento económico.

Otra consecuencia del crecimiento fue la concentración y trasnacionalización del capital, el cual, perjudicado por la crisis del petróleo, se vio obligado a renovar sus formas de producción para reducir su dependencia de los hidrocarburos. Esto aceleró los tiempos de la revolución tecnológica, y la necesidad de financiarla.

El capitalismo tuvo la inteligencia, ante aquella encrucijada, de hacer que los dólares provenientes de la exportación del petróleo del Tercer Mundo, en lugar de financiar su desarrollo y achicar la brecha respecto del norte desarrollado, prefirieran las plazas financieras de los países industrializados, y solventaran los adelantos tecnológicos de estos últimos. El aumento del petróleo que residía bajo los suelos del subdesarrollo terminó ampliando la brecha de poder en favor de los estados y las firmas más poderosas. El capitalismo pasaba de su fase productiva, industrial e incluyente, al patrón financiero, con una producción robotizada que iría excluyendo grandes masas de trabajadores y trabajadoras.

La segunda fuente de financiamiento de este proceso, luego de los dólares del petróleo, fueron las deudas contraídas por las dictaduras latinoamericanas, poniéndose a la cabeza la dictadura argentina instalada en 1976. Es decir, aquel endeudamiento tuvo una dimensión política antes que económica. El sistema financiero internacional sabía que prestaba dinero a países que, al mismo tiempo que le aplicaban planes recesivos, nunca podrían devolverlo. El sentido de aquella deuda externa incobrable desde lo económico, era el condicionamiento de su política. Y para ello había que exterminar a una generación militante imbuida de aquel espíritu emancipador de la época. Allí estaba la racionalidad de la sinrazón.

La sensación de desconcierto actual

Pese a las claras diferencias de contexto, hoy asistimos en toda América Latina a un momento comparable de cierto desconcierto, cuando a diario un nuevo atropello traspone de manera inimaginable los límites de la democracia. Los dispositivos mediáticos y judiciales están cooptados y el espionaje se ha convertido nuevamente en un factor de poder determinante, con autonomía de toda regla ética o jurídica. El funcionamiento ilegal de los aparatos represivos del Estado ha recuperado el terreno que supo ocupar progresivamente en cada una de las dictaduras que tuvieron lugar en nuestros países.

Cuando el Estado ejerce sus facultades reguladoras de la economía con el fin de angostar la brecha de exclusión y desigualdad en pos de una mayor cohesión social, decrece su necesidad de apelar al sistema de coerción. Al contrario, cada vez que se pone en marcha un modelo basado en desarticular la capacidad regulatoria del Estado sobre los grupos económicos, éste se torna más autoritario en el plano represivo. A partir de la doctrina de los “golpes blandos”, la crueldad extrema ejercida a nivel masivo por las fuerzas armadas fue remplazada por la manipulación de las estructuras de representación simbólica de las mayorías. Pero la apropiación del sistema institucional, la des-estructuración del patrimonio nacional y las herramientas de soberanía, y el empobrecimiento colectivo tienen idénticos alcances que las dictaduras clásicas. Asistimos a un modelo inédito de vaciamiento y re-colonización de las herramientas institucionales de la democracia, con fines similares a los de las irrupciones militares.

Hoy, la ocupación militar del territorio fue remplazada por un método indirecto. Se ocupan las mentes, y a partir de ello el territorio. La novedad que en su momento fue para nosotros la categoría de ‘detenido desaparecido’ la constituyen hoy conceptos como ‘lawfare’, ‘fake news’ o ‘posverdad’. Pero el proyecto y sus consecuencias son los mismos.

La etapa geopolítica

La hegemonía del capital financiero globalizado trajo como consecuencia tal nivel de concentración de riqueza, sobre-explotación de las masas trabajadoras, expoliación de los recursos naturales y de las reservas estratégicas, e incremento de la exclusión y el desamparo, que se muestra incapaz de despertar ningún horizonte de esperanza, salvo en el reducido puñado de sus beneficiarios.

Sugestivamente, la única economía que ha crecido de modo sostenido muy por encima del capitalismo liberal es China, justamente un país que incorporó capitales privados, pero siempre subordinados a un alto grado de planificación estatal centralizada.

Entonces, a partir de la declinación objetiva del capitalismo neoliberal que durante la década de los 90 se mostraba exultante, y el ascenso del bloque eurasiático liderado por China y su alianza con la recuperada Rusia, el mundo se encuentra en una nueva etapa de disputa geopolítica.

China, no sólo ha equiparado su PBI al de los EE.UU., sino que lo supera en cuanto a su presencia comercial y sus acuerdos de inversión en la mayor parte del planeta. Así, el yuan se ha convertido en una moneda de intercambio global que amenaza la supremacía histórica del dólar.

Es decir, al capital financiero globalizado que se pretendió dueño exclusivo del mundo durante los 90, le han surgido inconvenientes. Su incapacidad para generar esperanza, las experiencias populares de América Latina del primer tramo del siglo XXI y la aparición en escena de un nuevo eje de disputa geopolítica (Eurasia) con un actor global cuyo modelo es el de planificación estatal, es decir, donde la política subordina a la economía y no a la inversa. Y los tres inconvenientes, pese al repliegue transitorio de algunos ciclos populares latinoamericanos, están plenamente vigentes.

Para sostener el alto nivel de consumo y concentración de riqueza del porcentaje mínimo y privilegiado de la población mundial que se beneficia de él, los grandes conglomerados que representan al capital financiero globalizado necesitan controlar los recursos energéticos y sus reservas estratégicas. Y al empuje chino, sumado a su magnitud demográfica, también le interesa la provisión de recursos energéticos, alimentos y otras materias primas, todo lo cual obtiene gracias a su creciente presencia comercial, económica y monetaria en todo el mundo.

Esto sitúa al planeta, inevitablemente, en una etapa de disputa geopolítica entre dos modelos de gobernanza. El eje del Atlántico Norte -con centro de gravedad en los EE.UU.- donde predomina el capital financiero sobre la política, declina frente al eje Eurasiático, cuyo centro de gravedad es China, donde la planificación política comanda los destinos del capital privado. La mentalidad imperial del primero de ellos se forjó en tres grandes momentos (la conquista del territorio, la victoria del Norte industrial en la guerra de secesión y el triunfo en Europa occidental y el Japón frente al nazismo), se coronó con la desintegración del bloque soviético, y se expresa a través de la imposición a sangre y fuego de sus intereses, las dictaduras, las guerras, la muerte de millones de inocentes, el desprecio por los inmigrantes, la construcción de muros, el desamparo de los refugiados. La inserción china en el mundo, en cambio, se apoya en esa combinación milenaria de las enseñanzas de Confucio, con las tradiciones del taoísmo y la influencia del budismo y el hinduismo, que configuran una cosmovisión diferente de la organización social, y tiende por lo tanto a un relacionamiento más amistoso entre las naciones. No se trata de una ponderación idílica, ni de un intento de imitación, sino de una descripción objetiva.

En esa disputa, el capital financiero globalizado busca, lisa y llanamente, la destrucción de la categoría del Estado nacional como agente central de la gobernanza, y su remplazo por el control político global ejercido por los grandes conglomerados que manejan los grandes bancos, el petróleo, las armas, las cadenas de medios, los alimentos, los medicamentos, los agroquímicos, las patentes, los nuevos materiales y las nuevas tecnologías. Una extensa nómina de acontecimientos compone la tendencia mundial que abona esta hipótesis. El remplazo de los tribunales estatales por tribunales privados para dirimir los litigios internacionales, el reciente fallo de La Haya que niega a Bolivia su derecho sobre el mar Pacífico en nombre de las empresas multinacionales que controlan la producción de litio y la energía solar en el norte de Chile, la expansión de los ejércitos privados, el repliegue de las constructoras de capital sudamericano de las grandes obras de infraestructura debido a las denuncias de corrupción que pesan sobre ellas, el gobierno virtual del grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) sobre nuestra información y nuestros deseos, y hasta el proyecto de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de suplir el mundial entre naciones por un mundial entre los clubes más poderosos que son manejados por grandes empresas, constituyen, desde distintos ángulos, la estrategia del capital financiero globalizado para lograr la retirada definitiva del Estado. Mientras que las posiciones diplomáticas del otro eje, basadas en los acuerdos de Shanghai forjado especialmente entre China y Rusia, han velado por la autoridad estatal y su autonomía en cuestiones como las de Corea del Norte, Irán, Siria, Palestina o Venezuela. Y ambos frentes disputan la supremacía de sus respectivas monedas, el dólar y el yuan.

No hay margen para la perplejidad

La aparente sinrazón tiene una razón, y hay que inscribirla en esa disputa. En medio de su controversia por la supremacía mundial, el imperio no puede mostrar que hay desorden en su patio trasero, y debe alinear a la región dentro del área dólar frente al yuan. Continuar perdiendo supremacía le puede costar la cesión de áreas del continente latinoamericano que cuentan con reservas estratégicas, lo que ampliaría las zonas de influencia de la moneda china, como acaba de suceder con el petróleo venezolano. Cuando, en la fase anterior de la guerra de monedas, la contienda era con relación al euro, los Estados Unidos no dudaron en destruir la estatalidad en Libia con la estrategia de la “primavera árabe”, para controlar los acuerdos petroleros que ese país mantenía con Europa. Nada hace suponer que no están dispuestos a actuar con la misma o mayor inescrupulosidad respecto de América Latina.

El desconcierto que genera el corrimiento persistente de todo límite previsible en el plano de la política doméstica en nuestros países, responde a una racionalidad mayor, situada muy por encima de las rencillas de poder interno, es decir, en el plano de la fase actual de la disputa geopolítica. La posible dolarización de la economía argentina no debería leerse en términos de factibilidad contable, sino como una necesidad política, como una razón de Estado del imperio.

Dicho esto, pasemos a analizar las fuerzas con que contamos desde el campo popular, que no son pocas, y nos otorgan un marco de condiciones favorables para profundizar el ciclo de gobiernos populares.

Para comenzar, contamos con la aparición de nuevos actores a nivel global cuyo desarrollo ha sido, hasta ahora, compatible con la existencia de un mundo multipolar. La presencia de un espacio geopolítico alternativo al del asfixiante capital especulativo, abre un camino de salida al descomunal endeudamiento contraído por los gobiernos de derecha, especialmente el argentino, con el sistema financiero tradicional.

En segundo término, fuerzas de origen popular siguen gobernando en Cuba, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Uruguay, mientras que México será presidido por Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre, y los espacios de centroizquierda de Colombia, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina están consolidados.

Contamos, además, con mucho mayor conocimiento de la estrategia de ocupación del campo simbólico de nuestros pueblos por parte del neoliberalismo, lo que nos ha llevado a construir herramientas que la contrarresten. Sabemos que nuestras posibilidades no sólo dependen de los logros materiales que podamos exhibir, sino del trabajo que hagamos en el plano ideológico y cultural.

En toda la región hemos tomado conciencia de la radicalidad que ha adquirido esta disputa, lo cual nos pone ante el irrenunciable desafío de llegar con nuestro programa y nuestras políticas concretas a desarticular el corazón mismo de los núcleos del poder fáctico, tanto en el plano económico como en el institucional y el cultural.

Está de nuestra parte, finalmente, el agotamiento moral del modelo que enfrentamos, su absoluta imposibilidad de generar expectativa en las grandes mayorías. Mientras que el campo popular, nacional, democrático, nuestro-americano y feminista cuenta, aquí y en toda la Patria Grande, con una enorme base social en general y de militancia en particular, con organizaciones libres del pueblo de una gran riqueza, con liderazgos plenamente reconocidos, y, fundamentalmente, con nuestra voluntad de lucha, nuestra vocación de triunfo y nuestras fuerzas morales intactas e inquebrantables.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2018

*Abogado y docente universitario. Unidad Ciudadana

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

1. Presentación

El 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida de la flamante Organización de las Naciones Unidas para superar definitivamente las calamidades de la guerra que acababa de concluir.

            A su vez, en la Argentina, en América Latina y en el mundo, atravesamos una etapa de injusticia y exclusión que pareciera dar por tierra con aquel propósito. Lo cual nos pone en la imperiosa necesidad de reparar los daños que ocasiona el neoliberalismo impuesto por el capital financiero globalizado, y recuperar una visión humanista y solidaria del mundo.

            Por momentos parecería que estas políticas de sometimiento se apoyan sobre un laberinto jurídico que impide a los Pueblos una salida. Que, debido al enorme poder que las sostiene, resulta imposible liberarnos de esas barreras legales. Que no es viable edificar una nueva arquitectura normativa conforme a nuestros valores y principios igualitarios.

            Pero no es así. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con toda claridad la vigencia de los derechos de quienes padecen la pobreza, el hambre, la injusticia y el olvido, y que han sido quebrantados. Es decir, son los grandes conglomerados y su desenfreno para maximizar su ganancia financiera quienes han violado el derecho internacional y sometido a las grandes mayorías. Infringen todo principio de Justicia, Igualdad, Preservación del Medioambiente, Derecho al Trabajo, al Confort y a la Felicidad, al Buen Vivir en definitiva, que deberían ser condiciones elementales para la vida de todo Ser Humano. Para nosotros, la Política como valor, consiste precisamente en garantizar esos derechos, su ejercicio efectivo. Consiste en devolver la propiedad de los mismos a quien verdaderamente corresponde, la persona humana. Y a los Pueblos que están conformados por el conjunto de personas humanas.

2. El derecho internacional

El artículo 1° de la Declaración Universal consagra los principios de Libertad, Igualdad y Dignidad de todas las personas, los que se completan a lo largo de toda su extensión con el derecho de acceder a tribunales imparciales (art. 10), a la presunción de inocencia (art. 11) y a elegir libremente el Estado que será su residencia (art. 13), contraviniendo toda limitación a ejercer el derecho a emigrar. Además, a que se garantice un trabajo digno (art. 23) y un nivel de vida adecuado, expresado en un apropiado nivel de salud, educación gratuita, alimentación, vestido, vivienda y servicios sociales (art. 25).  

            Los art. 17 y 18 de la Carta establecen los derechos de propiedad individual y colectiva, y el compromiso de que nadie debe ser privado de los mismos, lo cual no debe restringirse a los bienes tangibles, sino extenderse a la apropiación de los bienes sociales como los mencionados, a los cuales podríamos agregar el esparcimiento o el acceso a los servicios públicos esenciales. En la medida que los intereses del mercado impidan el goce de los mismos, convertirá a este en una forma de totalitarismo, estará violando el derecho, y otorgando legitimidad a los Pueblos a implementar las vías que considere más propicias para su recuperación.

            La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá, 1948, reafirma esta doctrina, en coincidencia con los restantes Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos, todos ellos ratificados, además, por el orden constitucional argentino, que les confiere una jerarquía superior a la de cualquier ley interna que los contradiga (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

            La evolución del sistema de poder a nivel mundial ha determinado que la violación de estos derechos no proviene tanto de los abusos provenientes del Estado, sino de la concentración del capital financiero trasnacional. Esto, no sólo impide a los Pueblos el goce de sus legítimos derechos, sino que inclusive somete a los Estados más débiles a través de la imposición de medidas restrictivas que derivan muchas veces de acuerdos internacionales de menor jerarquía ética y jurídica que los mencionados. Sin embargo, el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y su Protocolo Facultativo señala que un Estado está facultado para suspender sus obligaciones cuando esté en peligro la vida de la Nación, como ocurriría en caso de un endeudamiento excesivo que ponga en riesgo los derechos fundamentales de su población. Así como el interés de un monopolio u oligopolio privado que preste servicios esenciales de ningún modo puede prevalecer sobre el derecho humano y social de una familia o un establecimiento fabril a acceder a los mismos, ningún acreedor puede colocar sus intereses financieros por sobre el interés supremo de un Pueblo a su preservación.   

3. El derecho interno

            En el derecho interno, es el Preámbulo de la Constitución Nacional el que ilumina desde el vértice de la pirámide jurídica a través de los grandes principios contenidos en él, a saber:

Constituir la Unión Nacional. Este principio ha sido reiteradamente trastocado por políticas que conllevaron y conllevan a una sociedad cada vez más fragmentada, no sólo desde el punto de vista de los ingresos materiales. El propósito de la fragmentación social se revela en la omnipresente intención de parte del poder real, de enemistar al Pueblo con la Política y con el Estado, como asimismo distanciar la consideración de los sectores medios hacia los sectores populares.

            “La política es corrupta” y “el Estado es ineficiente y anacrónico” son mensajes emitidos con absoluta persistencia desde todos los vectores de la comunicación en manos de los poderes establecidos, ya se trate de las noticias, la ficción o el humor, entre todos los demás campos de la comunicación y la cultura.

            El otro mensaje pertinaz es aquel que da cuenta de logros como el trabajo y la vivienda por parte de sectores medios, como resultado del puro mérito individual, mientras que si los sectores más humildes no han podido acceder a ellos es por su falta de esfuerzo, y no debido a los límites estructurales que impone el modelo político y económico, intrínsecamente injusto.

            Es posible que en algunos países centrales políticamente estables y socialmente cohesionados, los cambios de gobierno impliquen sólo una diferencia de matices en cuanto a las políticas centrales. En cambio, en países como el nuestro, que no han resuelto aún el dilema entre un proyecto de país soberano y un proyecto de colonia, cada cambio de gobierno suele expresar una suerte de cambio de régimen político. No hay margen para consensos fundamentales entre un jubilado y la administradora privada que arriesga sus haberes en la tómbola financiera, entre una familia rural y un pool de siembra preocupado por la cotización de la cosecha en un mercado asiático de futuro, ni entre una familia humilde y un monopolio que la priva de acceder a los servicios públicos esenciales. Esa “grieta” en torno de cuestiones fundamentales como la noción de Justicia, Libertad o Igualdad, es, por lo tanto, consecuencia de fórmulas neoliberales que han dividido deliberadamente a nuestras sociedades. Y esto es una clara violación del concepto de Unión Nacional postulado por el Preámbulo de nuestra Constitución.

            El día que el Pueblo esté sólidamente asociado a la Política y al Estado, y los sectores medios y populares formen una abigarrada masa crítica en torno de sus demandas comunes, se habrá conformado entre ellos la gran coalición social y política capaz de detener la agresión de los proyectos oligárquicos, y se habrá configurado la necesaria “Unión Nacional” que proclama nuestra Constitución.

            Afianzar la Justicia. ¿Existe la Justicia en un país que tolera la prisión de personas sin condena firme o por razón de su pensamiento político?  ¿Existe la Justicia cuando están detenidos quienes han cometido delitos leves como robar por hambre, mientras los funcionarios que causaron esa situación de inequidad colectiva y estructural no sólo están libres, sino que colocan sus fortunas colosales en guaridas fiscales del exterior? ¿Existe la Justicia en un país donde los jueces consienten el corte de un servicio esencial como la luz y el gas a una familia pobre por no pagar tarifas confiscatorias, mientras los balances de los monopolios prestadores arrojan ganancias siderales? En definitiva, es el modelo neoliberal el que vulnera el principio de Justicia contenido en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Consolidar la Paz Interior. En la medida en que la política estatal más se desentiende de la acción de los mercados, más deberá reforzar su faceta represiva para contener la demanda social. En cambio, si la política estatal disciplina a los mercados en pos de una mayor distribución del ingreso y la propiedad, menos deberá recurrir a sus atributos de coerción, consolidando, de ese modo, la Paz Interior. Esta es violentada, pues, por el modelo neoliberal, que actúa una vez más contrario a derecho.

            Proveer a la Defensa Común. La defensa de la autonomía de un país va de la mano del desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Los recortes presupuestarios que cercenan esos derechos a una porción cada vez mayor de la población van en sentido contrario del principio de la Defensa Común, aun si se lo pretendiese limitar al terreno de la defensa militar. Nuevamente es el neoliberalismo, y no los proyectos nacionales y populares, los que no proceden conforme a derecho.

            Promover el Bienestar General. ¿Cómo asociar el Bienestar General con los despidos, recortes a la inversión estatal en bienes sociales, cierres de fábricas y talleres? El proyecto neoliberal (que es a su vez neo-colonial y neo-fascista) encubre debajo de sus frases más grandilocuentes como “volver al mundo”, “obtener una lluvia de inversiones” o “favorecer un clima de negocios”, su verdadero objetivo que es bajar el salario, mediante la amenaza extorsiva de que de otro modo se perderá el empleo. El cierre de fuentes de trabajo y los bajos salarios no sólo gravitan en la economía de una familia, sino que la retrotraen a encrucijadas primitivas como mitigar el hambre y preservar el lugar en la fábrica. De este modo, abocada a la resolución de esas necesidades básicas, la familia se aparta de considerar otros temas fundamentales para el bienestar de un país como la propiedad soberana de sus tierras y sus recursos naturales estratégicos, que se tornan abstractos en comparación con aquellas necesidades acuciantes, las cuales, durante los gobiernos populares se dan por superadas.

            Asegurar los beneficios de la Libertad. ¿Cómo asegurar libertades enunciadas en nuestro cuerpo normativo como la de entrar y salir del país o la de acceder a la Universidad pública de manera irrestricta, al niño que mendiga bajo el semáforo de la una esquina?

            Somos herederos de los principios políticos de la revolución francesa, Libertad, Igualdad, Fraternidad. Pero los dos últimos tienen alcance sólo retórico respecto del primero, que se torna sustantivo por estar asociado a los principios económicos del Laissez faire-laissez passer (libertad de industria, libertad de comercio). Para aquella burguesía en ascenso, el papel del Estado y su relación con el valor Libertad tenía que ver con la defensa de la libertad económica y la propiedad privada individual, mucho más que con garantizar la dignidad de la persona y la propiedad de los derechos sociales. En nombre de aquella concepción de la Libertad, el capitalismo sobreviniente cometió los más terribles abusos. Para nosotros, en cambio, cuando la libertad oprime, el Estado libera. El derecho es la forma jurídica de un proyecto político. Para liberar a los pueblos concebimos al derecho y al Estado. 

            Para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, lo cual desmiente por sí mismo toda posibilidad de poner límites a la presencia de hermanas y hermanos latinoamericanos en nuestro territorio. No son ellas ni ellos, sino la pésima administración política y económica del neoliberalismo-neocolonialismo-neofascismo, el responsable de la falta de trabajo y la pobreza de estos momentos.

            Por último, mientras la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional ratifica nuestra soberanía imprescriptible e irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, la administración neoliberal de Mauricio Macri ha claudicado invariablemente respecto de dicho postulado.

4. Descolonizar el saber. Disputar y reconquistar el sentido común

            La pregunta que surge, luego de analizar los grandes lineamientos del sistema jurídico tanto internacional como interno, es por qué partiendo de dichos principios hemos llegado a estos resultados. Y por qué creemos que tanto el derecho internacional como el derecho interno pueden llegar a ser un límite para nuestras aspiraciones de desendeudamiento, desmonopolización, intervención del Estado sobre el sector financiero, las corporaciones que manejan la tecnología agropecuaria, el comercio exterior, la circulación de divisas o las empresas que prestan servicios esenciales.

            Por el contrario, es el totalitarismo del capital financiero globalizado el que ha transitado por la ilicitud y la apropiación indebida de derechos (y por qué no el delito), el que ha procedido de manera contraria al derecho, lo ha violentado y ha tergiversado el significado del derecho, cuya naturaleza es ser un instrumento de la Justicia y la Igualdad en su sentido más profundo, y no de los privilegios de una élite.

            ¿Cómo es posible que a partir de principios generales creados para amparar la Justicia, la Igualdad y el Bienestar General se haya llegado a resultados tan antagónicos, en términos de injusticia, desigualdad, desamparo, malestar? ¿Cómo puede ser que el poder haya construido normas jurídicas, éticas y lógicas para resguardar valores y situaciones antitéticas respecto de lo que los principios del derecho proclaman?

            Boaventura de Souza Santos hace, junto a José Mariátegui, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano y otrxs autorxs, un aporte más que importante a la descolonización de la cultura, el lenguaje, el saber y las estructuras de poder, a partir de lo que considera una nueva epistemología, la “Epistemología del Sur”, una mirada desde las luchas, no desde el poder.

            En ese sentido, proponemos la elaboración de un nuevo paradigma jurídico. La presente judicatura aparentemente republicana se asienta en realidad sobre principios monárquicos, como el ser impartida desde “el palacio”, ser vitalicia, hereditaria, y estar eximida de pagar impuestos. Cuando el impartir justicia, tal como sucede con la economía, pasa a ser un saber de expertos, elaborado en un laboratorio y expresado en un lenguaje críptico, se aparta de toda connotación social, de toda aspiración a resguardar la paz y los derechos de las mayorías, para convertirse en un reducto de las élites del poder económico y tecno-burocrático, con la única finalidad de ayudarlas a mantener sus privilegios.

            La consigna es, pues, democratizar la Justicia. Recuperar al Derecho como herramienta de la Democracia, no de la explotación. En este proceso de giro des-colonial, es necesario poner en disputa el sentido común configurado por los poderes fácticos en todos los terrenos.

            En el plano internacional, digamos que los principales rasgos que definen al terrorismo son la muerte de inocentes, el tráfico de armas, la ruptura de las democracias. ¿Cuál es el país que ostenta en su haber el mayor número de víctimas inocentes, que más armas comercia y utiliza y que más democracias ha destruido? ¿Cuál es, en suma, el Estado que despliega más prácticas propias del terrorismo, aunque en la retórica pregone su intención de combatirlo?

En el terreno de las grandes cadenas de medios hegemónicos, digamos que la información, la comunicación, la cultura y el entretenimiento son derechos públicos. Y el espacio por donde transitan dichos contenidos, sea éste físico o virtual, analógico o digital, por cable, fibra óptica, satélite o como fuere, es un espacio público. ¿Cómo puede ser, entonces, que la renta generada por el ejercicio de un derecho público que se transmite a través de un espacio público sea capturada por los monopolios mediáticos en lugar de ser socialmente distribuida?

            En el terreno de los recursos estratégicos, que son de pertenencia pública, ¿cómo puede ser que su renta sea aprehendida por las multinacionales de la tecnología del petróleo, los cultivos, los alimentos o los medicamentos, en lugar de ser distribuida socialmente?

            En el terreno financiero, ¿de quién son los recursos de los bancos, sino de sus aportantes, es decir, del Pueblo? ¿Por qué, entonces, están los Pueblos tan pobres y los banqueros tan ricos, si la tarea de estos últimos es simplemente administrar recursos que no les son propios?

            Si una política de salud es administrada por un laboratorio privado en lugar del Estado, este necesitará convertir la enfermedad en crónica, para que sus negocios se sostengan indefinidamente en el tiempo. Si el petróleo es administrado por una corporación en lugar del Estado, la necesidad de maximizar y reproducir la ganancia la obligará a girar sus utilidades hacia nuevos mercados en lugar de reinvertirlas en favor del país que acredite la propiedad social del recurso. ¿Cómo se explica la existencia de Estados fuertemente dotados de recursos naturales, cuyos pueblos viven no obstante sumidos en la pobreza y el subdesarrollo?

            La respuesta a estos interrogantes la encontramos en la necesidad de desestructurar el pensamiento colonial en el que fuimos formados. En nuestras escuelas debemos “desaprender” los preconceptos y estereotipos diseñados con inteligencia por el poder monopólico del capital financiero trasnacional para preservar su posición dominante. Al cabo de ese proceso, a nadie le quedaría la duda de que el Derecho y los sistemas jurídicos no pueden ser un instrumento de las prerrogativas de una minoría de poder, sino una herramienta de la Democracia profunda, aquella que se asienta en el poder popular. 

5. Conclusión

El desamparo de un ser humano –más aun de millones de ciudadanas y ciudadanos- jamás podría ser tolerado por quienes profesamos la política desde una concepción humanista. Pagar el precio del desamparo a raíz de razones o explicaciones económicas implica para nosotros un trastocamiento de valores tan fundamental, que nos aleja irremediable e innegociablemente de quienes lo hacen. Somos portadores de otro modelo.

La maquinaria de subjetividad colonial interviene sobre los elementos de la relación comunicativa, disolviendo la identidad y la historia de una manera totalmente postmoderna. Intenta crear un sujeto fragmentado. Al asociar capitalismo con libertad o democracia, bajo un supuesto pluralismo adoctrina en el pensamiento único. Al presentarse como un servicio que basa su prestigio en la credibilidad del mensaje, los medios aprovechan para jerarquizar lo novedoso frente a lo importante, lo espectacular frente a lo sustantivo. Así, intentan incapacitar a la sociedad para ser consciente de las consecuencias del modelo de dominación y buscan instalar que su esfuerzo y toda construcción política será inútil para cambiar las cosas.

El dinero virtual se mueve a la velocidad de nanosegundos. Un poder galopante llegó para destruir todos los lazos y priorizar el deseo de lo efímero, anclar la subjetividad sólo en la inmediatez. Se desplaza toda posibilidad de construir lazos colectivos, ni a partir de la historia común, ni de la esperanza. Se intenta construir una apariencia de libertad centrada en la posibilidad de elegir los objetos de consumo, cuando en realidad, paradójicamente, estamos en presencia de la influencia ideológica y el control más desmedido que conozcamos.

El desafío es, en definitiva, delinear nuevos paradigmas de felicidad. Pier Paolo Pasolini pensaba el conflicto político –esto es, la búsqueda de la libertad- como una disputa entre diferentes ideas de felicidad. Veía como imposible el proponer otras finalidades dentro del actual marco de acumulación, para concluir en que “son necesarios otros vestires y otros andares, otra seriedad y otras sonrisas, otros comportamientos”. La disputa política expresa un desacuerdo ético entre diferentes ideas de la vida, (de la “buena vida” según Pasolini, del “buen vivir” de los pueblos originarios), ideas que se inscriben en los gestos y en los dispositivos más cotidianos.[i] Ideas distintas de las de la eficiencia y el productivismo en las que se cimenta el capitalismo. Sólo un nuevo imaginario, una nueva subjetividad, una nueva organización del deseo tendrán la fuerza para quebrar y superar la insatisfacción vigente, según la cual la riqueza se asocia con el vivir para trabajar, en lugar de trabajar para gozar de la vida.

En la Argentina aún está en disputa la disyuntiva entre Patria o colonia. Hasta tanto no esté resuelta en favor de la Patria, el derecho está en disputa, el lenguaje está en disputa, la formación del sentido está en disputa. Cómo se interprete una misma palabra, un principio o una norma jurídica, dependerá de quién los designe

En este marco, de lo que se trata es de construir un nuevo paradigma jurídico, un nuevo modo de interpretación del derecho, de los intereses a tutelar por él, que vaya en la dirección enunciada. El derecho es el esquema normativo de una serie de objetivos políticos; es la forma jurídica de un proyecto político. Una vez definido ese proyecto, sus prioridades, sus finalidades, y a partir de los principios generales enunciados, se diseña la estructura jurídica que dará legalidad formal a esos contenidos. El derecho colabora con la política, no a la inversa.

De ese modo se procedió cuando se lideró la doctrina de los crímenes de lesa humanidad, cuando se restructuró la deuda privada, cuando se rechazó el proyecto del ALCA, cuando se recuperaron los fondos previsionales del ANSES, cuando se recuperó AySA, Aerolíneas Argentinas e YPF, cuando se puso límites a la propiedad de tierras en manos extranjeras o cuando se rechazó el fallo del juez Griesa y se propuso una doctrina internacional para limitar las consecuencias sociales del endeudamiento de Estados soberanos que se plasmó en 9 principios aprobados por las Naciones Unidas.   

La política es mucho más que “el arte de lo posible”. Es cierto que debe partirse de un principio de realidad, de premisas verdaderas y no idílicas. Pero si la política sólo actuara dentro de los límites que le impone “lo posible”, perdería toda su esencia transformadora, que es el fuego sagrado que la sostiene.

La voluntad, la decisión, el coraje, son rasgos esenciales de la política. Combinando base social, liderazgo, unidad de concepción, programa y organización, la política debe proponerse “generar acontecimiento”, esto es, crear las condiciones que hagan posibles los objetivos políticos propuestos. Sin perder de vista aquello de lo que el capital trasnacional carece: ética y dimensión humana.

Referencias:

[I] Pier Paolo Pasolini, Cartas Luteranas y Escritos corsarios.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018

*Abogado, docente universitario. Unidad Ciudadana

La entrada Hacia una nueva arquitectura jurídica – Por Carlos Raimundi se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

 Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

Indudablemente, relanzar la trascendencia de la Constitución de 1949 implica una toma de posición muy intensa en la batalla cultural. Se trata de retomar el sentido de sus grandes contenidos, de sus grandes ejes. Para lo cual hay que enfrentarse con el discurso liberal férreamente inculcado desde la segunda mitad del siglo XIX y sostenido hasta hoy, que es profundamente contradictorio. Porque nos habla de una Constitución que, según ese discurso liberal, había sido sancionada por una tiranía surgida -paradójicamente- de la voluntad mayoritaria del pueblo. Y que es resultado del estricto cumplimiento de todos los requisitos procesales establecidos por la Constitución de 1853. La Constitución de 1949 goza pues, de legitimidad democrática sustantiva porque hubo un fuerte respaldo popular y también legitimidad democrática procedimental.

Sin embargo, se la describe como una Constitución tiránica y facciosa. Y, por ese motivo, se la sustituyó entre 1956 y 1957, bajo la excusa de volver a una Constitución “democrática”, la de 1853. Pero se lo hace a través de un bando militar, seguido de una elección de constituyentes de la que estuvo ausente por proscripción la fuerza política mayoritaria. Estamos, pues, en una etapa de reconstrucción de legitimidad de la Constitución de 1949.

La ilegítima reforma constitucional de 1957 es una comprobación de la imagen que expresa Álvaro García Linera en cuanto a cómo los procesos populares se desarrollan por “oleadas”. Es decir, la marea sube, luego baja, pero siempre algo deja. Así, aquella reforma no tuvo más remedio que resumir los derechos sociales conquistados durante el primer peronismo, en el escueto artículo 14 bis que fue añadido. Es decir, el régimen militar pudo bombardear, fusilar y proscribir, pero no pudo quitar del alma de los trabajadores y trabajadoras argentinas el instituto del aguinaldo y otros derechos sociales. La marea bajó, pero algo dejó…

Presupuestos de legitimidad

Nuestra concepción sobre el constitucionalismo social en general y sobre la Constitución de 1949 en particular parte de ciertos presupuestos. El primero, es que una Constitución es la enunciación normativa de un modelo político. No existe Constitución que se limite a una arquitectura jurídica en abstracto, apta para ser aplicada indistintamente a cualquier modelo social y político. A un modelo liberal burgués corresponde un tipo de Constitución y a un modelo nacional y popular corresponde otro tipo de Constitución, no hay neutralidad posible. La pretendida equidistancia solicitada por el formalismo republicano liberal se convierte en un silencio pasivo que convalida la correlación de fuerzas del statu quo, y juega siempre a favor del poder dominante. Es como si alguien se vanagloriara, en nombre de la neutralidad, de no intervenir en una pelea callejera de cuatro contra uno.

El segundo presupuesto es que si consideramos históricamente agotado el modelo de acumulación con centro en el capital financiero globalizado, debemos considerar igualmente agotado el modelo institucional y de representación política que lo sostiene. Resulta contradictorio -como lo certifica la interrupción de los procesos populares latinoamericanos del siglo XXI- consolidar instituciones económicas no neoliberales a partir del modelo de representación política impuesto por el neoliberalismo.

El tercer presupuesto es la necesidad de reapropiarnos de la palabra República, y no entregarla al formalismo demo-liberal. Para éste, la República es un sistema de mediaciones que se ha complejizado tanto con la evolución de las fuerzas económicas, que termina tergiversando y subvirtiendo la voluntad popular. Las decisiones políticas, aún aquellas tomadas por gobiernos surgidos del voto, suelen terminar siendo contrarias a la voluntad expresada por el votante. El pueblo vota, pero no decide. Por lo tanto, un concepto más sustancial de República es aquel que se refiere a la preocupación, la administración y el sentido en que se administran los bienes públicos, los bienes universales. El pleno empleo, el desarrollo del mercado interno, las paritarias, las Universidades populares, por poner pocos ejemplos, son instituciones profundamente republicanas.

El cuarto presupuesto es que no hay contradicción entre igualdad y libertad. Cuanto más alto es el nivel de igualdad, hay mayores herramientas para desarrollar la libertad individual. Lo que no existe es una fórmula universal y atemporal para combinar ambos principios, porque cada pueblo lo resuelve de acuerdo con su historia, su cultura, su realidad económico social. Se trata de una construcción histórica y social. Eso sí, cuanto mayores herramientas de igualdad tiene una sociedad, más cohesionada se encontrará y por lo tanto mejor predispuesta a que cada uno de sus integrantes desarrolle su propio plan de vida, es decir, haga ejercicio respetuoso, humanista y solidario de su libertad individual.

La Constitución liberal de 1853

¿En qué consiste la orientación liberal de la Constitución de 1853? En que  responde a un modelo de época, signado por el liberalismo como doctrina filosófica y económica y por la burguesía como clase social en ascenso. A diferencia de los Estados Unidos, la Argentina no se constituye a partir de una burguesía productiva sino de una oligarquía terrateniente, que entreteje una alianza de clase con las fuerzas del orden. Y se consolida a través del proceso de modernización de carácter elitista, cuyos mayores ejecutores son Alberdi, Sarmiento, Mitre y Roca, pese a sus disidencias y sus disputas.

En el siglo XIX, la segunda revolución industrial determina una nueva división internacional del trabajo, entre Estados productores de materias primas y Estados que transforman esas materias primas, las comercian con valor agregado por el trabajo incorporado, y se convierten en potencias industriales. El continente americano vivió tres guerras civiles en esta etapa, que determinaron, según cómo se resolvió cada una, su inserción en esa división entre el desarrollo industrial y el subdesarrollo de la primarización. En los Estados Unidos, entre 1861 y 1865, tuvo lugar la guerra entre los estados del norte industrialista y los estados del sur agropecuario, y se definió en favor de los primeros. Así, aquel país se incorporó a la nueva fase del capitalismo como país industrial, con la ventaja respecto de Europa, que obtenía las materias primas dentro de su propio territorio, prefigurando su condición de liderazgo mundial.

Contemporáneamente con eso, América Latina sufre dos guerras civiles: la guerra contra el Paraguay, entre 1864 y 1870, en la que las tres oligarquías latifundistas del litoral argentino, el sur de Brasil y el Uruguay, derrotan el proyecto industrial encarnado por Gaspar Francia y los gobiernos de Carlos y Francisco Solano López. Y, entre 1879 y 1883, tiene lugar la guerra del Pacífico donde las empresas británicas financian a las tropas chilenas para anexar territorios del Perú, privar de la salida del mar a Bolivia y romper la confederación productiva peruano boliviana. Estas dos guerras, a la inversa de lo sucedido en Norteamérica, ubican a nuestra región como productora de materias primas, lo cual con el tiempo irá ensanchando la brecha económica y tecnológica entre naciones industrializadas y subdesarrolladas, y al mismo tiempo reproducirá esa misma brecha a nivel de la desintegración social al interior de nuestros Estados. La brecha entre países ricos y pobres se apoyará en oligarquías internas que irán concentrando cada vez más la riqueza al servicio de los factores de poder externo.

En definitiva, aquellos principios políticos de libertad, igualdad y fraternidad enarbolados por la Revolución Francesa, cedieron ante los principios económicos de “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), y terminaron por subordinar toda nuestra estructura constitucional al servicio de la propiedad privada de unas pocas familias.

El contexto de la Constitución de 1949

Así como el siglo XIX corresponde a la burguesía y el liberalismo, la Constitución de 1949 se enmarca en el constitucionalismo social de la primera parte del siglo XX. Junto al proletariado industrial surgieron las primeras organizaciones sindicales, los partidos de raigambre socialista y las sucesivas Constituciones derivadas de esas nuevas ideas. La constitución mexicana sobreviniente a la revolución campesina de 1910 y la constitución socialdemócrata alemana son algunos de sus antecedentes. Pero la Constitución justicialista no traspola linealmente sus postulados, sino que los integra con la noción de Comunidad Organizada develada por Juan Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza y con el concepto de Tercera Posición en el plano geopolítico. El peronismo, como representación política de la clase trabajadora, añade a la estricta lucha de clases sostenida por el marxismo, la idea de la emancipación nacional, habida cuenta del neo-colonialismo que no era una cuestión central en Europa pero que sí afectaba duramente a los estados dependientes latinoamericanos. Una batalla emancipatoria en la cual estarán comprometidos no sólo los trabajadores, sino otros sectores de la vida nacional. De todo ese plexo emanan las ideas de la función social de la propiedad, la propiedad pública de los recursos naturales y los sujetos colectivos de derechos como la niñez, la ancianidad y los trabajadores, en coexistencia con los derechos individuales.

Actualización de los principios de 1949

¿Cómo deberían actualizarse hoy esos principios? La tercera posición probablemente deba hacerlo en términos de erigir a nivel mundial un sujeto profundamente popular, humanista y democrático, frente a la desmesura irracional del capital financiero globalizado que es el sujeto neoliberal y lo que aparece como su contracara, sin serlo verdaderamente, que es el sujeto neofascista.

En el actual contexto regional y mundial, un nuevo modelo económico, social, político y cultural, de carácter nacional, popular, democrático, latinoamericanista y feminista, debe apoyarse en la distribución de la riqueza y la renta monopólica, y la dinamización de los factores productivos del mercado interno y regional.

Propongo, sólo a modo de ejemplo, los siguiente puntos.

La renta de origen agropecuario. El trabajo de los grupos económicos vinculados al agronegocio, ya sea desde la perspectiva de las semillas, los agroquímicos o la cadena exportadora, debe ser remunerado. Pero no debe confundirse ese trabajo realizado con la renta extraordinaria. Porque el trabajo podría ser el mismo en otras regiones del planeta y no obtener la misma renta, debido al rendimiento diferencial entre la fertilidad que distingue a nuestras pampas con la de otras regiones menos productivas. Es decir, la renta extraordinaria de la tierra no depende del trabajo en sí mismo únicamente, sino de las condiciones naturales, recurso que es de propiedad pública y no privada, y mucho menos monopólica. Por lo tanto, los grupos deben ser recompensados por su trabajo, pero es el pueblo argentino el beneficiario de esa renta extraordinaria, que proviene de las condiciones naturales de nuestro territorio y le pertenece al Pueblo como sujeto colectivo.

La producción pública de aquellos medicamentos destinados a cubrir las patologías más comunes, debe disminuir sensiblemente el precio de los mismos y favorecer el acceso de vastos sectores del Pueblo.

La renta de los grandes oligopolios que manejan los servicios esenciales como el agua, el gas o la electricidad, debe adecuarse al principio de que se trata de derechos humanos fundamentales y no de bienes de mercado. Por lo tanto, ningún interés privado, por poderoso que sea, puede sobreponerse a una cuestión de orden público de esta jerarquía.

El derecho a la información es público y –de acuerdo con las nuevas tecnologías- se propaga por distintas vías pero siempre a través del espacio público. En consecuencia, si un derecho público se difunde a través de un espacio púbico, su administración debe ser pública. Por lo tanto, los permanentes saltos tecnológicos en esta materia deben volcarse en favor del principio democrático y republicano de la pluralidad de voces, y no ser propiedad privada de un puñado de grupos empresarios.

En definitiva, se trata de una serie de pinceladas históricas y conceptuales que justifican la plena vigencia de las ideas-fuerza que impulsaron la Constitución de 1949.

Buenos Aires, 17 de abril de 2019

*Abogado, docente universitario y político argentino. Fue Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios períodos, siendo el último el período 2011-2015. Unidad Ciudadana

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

La razón detrás de aquel desconcierto

Utilizaré una sensación personal para ayudar a comprender mi mirada sobre la etapa política que atraviesa América Latina. Se trata del recuerdo de la perplejidad, tanto íntima como colectiva, que sentíamos durante los momentos previos y las primeras semanas que sucedieron al golpe de 1976. Hago dos aclaraciones. La primera es que no se me escapan las diferencias de contexto, sólo apelo a un modo de estructurar la interpretación. La segunda, exhorto a no juzgar mi planteo a partir de la experiencia vivida a posteriori de los hechos, sino a intentar retrotraernos a nuestra percepción propia de aquel momento.

Al no conocer todavía el alcance de lo que sucedía, lo vivíamos con un alto grado de desconcierto, de impotencia. Cada día nos enterábamos de que un Compañero o una Compañera más dejaba de concurrir a los lugares que frecuentaba, pero no conocíamos cabalmente los motivos ni los límites que esa situación estaba llamada a trasponer. Sucedían cosas inéditas, de mayor intensidad que en golpes anteriores, que no tenían, por aquellos momentos, una explicación integral. Quizás se deba a eso, además de su valor literario, la trascendencia de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh al cumplirse un año del golpe, cuando relacionó la masacre con la aplicación de un plan sistemático de entrega de soberanía. Desde la sola percepción del paroxismo cotidiano, hasta ese momento nos resultaba muy difícil encontrar una racionalidad a lo que sucedía.

Hizo falta la reiteración de aquellos hechos trágicos para englobarlos en una integralidad. Había que subir un peldaño en la perspectiva de análisis. El capitalismo productivo de posguerra estaba virando hacia su fase financiera y debía preparar su estocada final contra el archi-enemigo soviético. Al mismo tiempo, el aumento del precio del petróleo precipitó la velocidad de la revolución tecnológica, de modo de adaptar los procesos productivos a la nueva situación. América Latina, como patio trasero del imperio, ese vecindario que había que mostrar ordenado en la disputa por la hegemonía mundial, tenía un doble rol que cumplir. Por un lado, se la debía marginar de toda influencia del bloque socialista; por el otro, debía contribuir a financiar el cambio de fase del capital trasnacional. El imperio debía desterrar de nuestra región toda amenaza de parte de los grupos insurreccionales que dominaban el clima político, y colocar al frente de los gobiernos y de su política económica a los representantes de aquel capital financiero trasnacionalizado. Las dictaduras de América Latina estaban llamadas a cumplir un rol estratégico muy preciso en aquel proceso de reconfiguración del capitalismo. Un rol que con democracias no hubiera podido cumplir. Y debía hacerlo a como diese lugar.

Esa era la racionalidad que respondía a un proceso estructural, y que al principio no lográbamos interpretar desde la perplejidad de las percepciones de superficie.

Nada de lo que sucedía en aquel momento en América Latina, así como nada de lo que sucede hoy, está desligado de una disputa a nivel mundial. Antes y hoy se vivió y se vive lo que podemos llamar las disputas de la etapa.

La racionalidad detrás de esta sinrazón

En una etapa como la actual, en que el modelo de gobernanza mundial se disputa entre los grandes conglomerados trasnacionales y las democracias estatales, los primeros no pueden correr el riesgo de que los tan preciados recursos estratégicos de nuestra región sean administrados por gobiernos populares, de comportamiento imprevisible según sus intereses. Y una vez más, a como dé lugar.

¿Cómo explicarnos, si no, los llamados golpes blandos, la rutina de las fake-news, las causas judiciales fraguadas, la difamación y proscripción de expresidentes?

Pero, pese a todo, la Argentina se pronunció electoralmente contra el neoliberalismo, y Ecuador, Chile y Colombia encarnan sendas movilizaciones de protesta. A lo cual, los regímenes de derecha están reaccionando con una represión tan brutal, tan violatoria de los derechos humanos, que nos retrotraen a las últimas dictaduras, cuando no a los crímenes del fascismo.

Un nuevo despropósito, una nueva sinrazón, a la cual, sin embargo, hay que encontrarle una racionalidad para saber cómo enfrentarla. La desmesura es tal, que resulta imposible comprenderla si nos quedamos estancados en la pura denuncia de las monstruosidades cotidianas. Una vez más, es necesario elevar nuestro enfoque hacia un plano superior de análisis, el de la disputa geopolítica mundial. No entre dos países, que prima facie serían China y EE.UU., sino entre dos modelos de gobernanza global: las corporaciones, en nombre del capital globalizado, o los estados en nombre de la voluntad popular.

Estamos en presencia de un eje nor-atlántico cuyos indicadores de fortaleza (liderazgo tecnológico y comercial, influencia territorial, etc.) están en descenso respecto del otro eje, eurasiático, cuyas fortalezas crecen y desafían el orden anterior con una nueva institucionalidad, BRICS, Consenso de Shanghai, Cinturón y Ruta de la Seda, Banca Asiática de inversión en infraestructura. Ninguno de los dos es monolítico, pero mientras el primero presenta algunos signos de agrietamiento, el segundo tiende a una mayor homogeneización.

Alguien podría advertir, con acierto, que EE.UU., adalid del liberalismo y de las instituciones multilaterales, retomó bajo la presidencia de Trump cierto sesgo proteccionista. Y, paradójicamente, China, que practica una economía rígidamente planificada por el Estado, levanta la bandera del multilateralismo y el libre comercio. Sin embargo, ninguno de estos hechos los aparta de lo que representan geopolíticamente en cuanto a la disputa de modelos. Lo que América Latina tiene que mirar no es un rasgo circunstancial, más allá de que Trump, por ejemplo, haya detenido los tratados de des-regulación de servicios, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Se trata de medidas atinentes a una guerra comercial que no modifican la estructura de poder a nivel mundial. Pese a su proteccionismo y a un retiro de tropas que tiene más de anuncio que de realidad, la potencia del capital globalizado y el complejo militar industrial con origen en los EE.UU., no se detienen. Y su objetivo es, lisa y llanamente, la desaparición de la categoría del Estado nacional.

Lo que subyace en la presente disputa es, más allá de sus estridencias, la continuidad de dos valores que son esenciales para América Latina: multipolaridad y estatalidad. Lo que representa la presencia del bloque eurasiático es, según lo demuestran sus votaciones en los organismos multilaterales (ej. tema Siria, Corea, Palestina, Venezuela) y las características de los acuerdos comerciales y de inversión que promueve, la existencia de un eje de poder alternativo y la vigencia del papel del Estado.

El capital financiero globalizado, en cambio, busca por distintas vías, su progresiva desaparición, y para demostrarlo, ofrezco los siguientes ejemplos:

1. el poder de penetración de las grandes empresas de tecnología digital por encima de toda regulación estatal
2. la pérdida de capacidad de regulación estatal a expensas de la intangibilidad de la propiedad física e intelectual de cadenas multinacionales de medicamentos, agroquímicos, alimentos, etc.
3. el establecimiento de tribunales privados para la solución de controversias entre estado y empresa trasnacional
4. el despliegue de ejércitos privados en conflictos inter e intra-estatales
5. el paulatino remplazo de los sistemas de educación pública presencial por plataformas virtuales y personalizadas
6. la organización de un torneo mundial interclubes que progresivamente irá desplazando a su favor el interés por la competencia entre los seleccionados que representan los Estados
7. el desprestigio del Estado que instalan las grandes cadenas de medios hegemónicos bajo sus permanentes denuncias de obsolescencia y corrupción.

Estos conglomerados pretenden convertir a los Estados nacionales en meros instrumentos limitados a registrar ciertos flujos de mercancía, y poner límite a la circulación de personas, mientras las empresas transnacionales son quienes distribuyen la fuerza laboral en los distintos mercados, asignan los recursos y organizan jerárquicamente los diversos sectores de la producción mundial. Este estadio histórico no lo dirige el gobierno ni el propio estado de los Estados Unidos, sino las grandes corporaciones, en términos de maximización de ganancia y reproducción del capital.

Estas enormes corporaciones se corresponden con una porción mínima de la población mundial, pero representan un nivel tan alto de concentración de recursos y de consumo, que demandan casi un tercio de la energía mundial. Este imperio es sostenido por ese consumo de energía, y no puede permitir su derrumbe. Entonces, a como dé lugar, en esta etapa tienen que alinear a los territorios en el mundo que proveen esa energía, y Medio Oriente, África y América Latina son las fuentes. Y el eje eurasiático le disputa esa hegemonía.

América Latina constituye un potencial eje de integración energética entre los hidrocarburos de Venezuela, la biodiversidad de la Amazonia y la riqueza acuífera de la cuenca del litoral, Paraná, Del Plata, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Sumado a que Brasil tiene la mayor reserva offshore reconocida hasta este momento. Si hay petróleo en el Atlántico brasileño y hay petróleo en el Atlántico Sur (que, entre otros hechos, justifica la permanencia británica en la zona), por continuidad geológica también lo hay bajo la plataforma submarina argentina. La Argentina posee la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda reserva mundial de gas no convencional. El 90% de las reservas de litio están en Atacama, sumado a que es la zona de mayor irradiación solar de la tierra lo cual le permitiría, tecnología mediante, producir energía solar con los costos más baratos del planeta. Asimismo, la Patagonia alberga las mejores condiciones para la energía eólica, más las reservas de coltán y oro de Venezuela, el tungsteno de Bolivia y Perú y la segunda reserva de grafeno en Brasil. Todo esto es lo que representa ese eje de integración energética latinoamericano.

Es decir, América Latina atesora una biodiversidad equivalente a la situada en África, y reservas energéticas comparables a las de Medio Oriente. Pero posee una ventaja estructural respecto de esas regiones del mundo. Hasta ahora, se trata de una región sin conflictos fundamentales en términos interétnicos, raciales, culturales o religiosos como sí tienen aquellas, y con un peso mayor de su estatalidad con relación a los países africanos.

En la medida que el presente estado de movilización desatado en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia (al que podría sumarse la imprevisibilidad de Bolsonaro en Brasil y la capacidad de desestabilización que eventualmente puedan ejercer en Argentina los poderes fácticos), no se encaucen dentro de un eje articulador de intereses, con una instancia que los represente y les otorgue cierta institucionalidad capaz de incidir en un cambio estable en la correlación de fuerzas políticas, América Latina podría caer en una situación de conflictividad crónica, con el consecuente deterioro de su condición de zona de paz y de su estatalidad relativamente relevante.

Las movilizaciones de Ecuador, Bolivia y Colombia son esperanzadoras en cuanto a su tendencia anti-neoliberal. Pero el poder sabe no sólo reprimirlas con alevosía, sino también trabajar para encontrar y profundizar grietas al interior de las mismas. La contradicción entre la CONAIE y el correísmo en Ecuador, las diferencias respecto del acuerdo por la reforma constitucional en Chile, los matices al interior de los movimientos sociales en Bolivia, son claros ejemplos de cómo podría sostenerse en el tiempo un grado de conflicto sin que de ello debilite objetivamente la estructura de poder oligárquico imperante. En caso de que el poder real no logre imponer su hegemonía, bien podría encontrar la alternativa del conflicto permanente, una especie de Medio oriente embrionario, para ejercer el equipamiento militar y el control empresario de nuestras reservas energéticas, ante el debilitamiento de la estatalidad.

El imperio tiene una mirada común para nuestro subcontinente. Y a partir de ella también aplica una estrategia común de desgaste de las opciones populares. Ya no quedan dudas de que el golpe en Bolivia fue orquestado por el Departamento de Estado, pero se terminó de sazonar en la provincia de Jujuy. Es decir, las derechas, como expresión del poder corporativo de los grandes capitales trasnacionales, ven a la región como un único sujeto político, y en función de ello traman sus estrategias.  

Nosotros, en América Latina, también tenemos que pensarnos, de una vez por todas, como un sujeto único. Y, sabiendo nuestros matices, crear una fuerza única, un frente político-social a nivel regional que nos habilite para una respuesta coordinada ante circunstancias como las actuales, más allá de donde seamos gobierno u oposición. No se cansa García Linera de citar a Pierre Bourdieu y su parábola del vaso y la piedra. Ya conocemos lo suficiente en Nuestra América, acerca de la fuerza con que la piedra nos agrede. De lo que se trata es de construir una plataforma lo suficientemente sólida, como para que el vaso, de una vez por todas, no se rompa.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019

*Abogado y docente universitario. Partido Solidaridad + Igualdad/Frente de Todos

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Por Carlos Raimundi*

(para La Tecl@ Eñe)

Allá por 2011, Álvaro García Linera publicaba “El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo”, en alusión a la obra en la cual Lenin, en 1920, acusaba a las fracciones de extrema izquierda de frustrar la verdadera revolución socialista a partir de que, pese a sostener premisas justas, se posicionaban erróneamente desde el punto de vista político. Para García Linera, ese razonamiento, traído al presente latinoamericano y mundial, lleva a muchos sectores a enamorarse de ciertas organizaciones de la sociedad civil que predican causas loables, cuando en realidad están financiadas desde el Departamento de Estado de los EE.UU. para desestabilizar nuestros procesos populares.

Para evitar el tremendo desprestigio de haber promovido y sostenido a las dictaduras latinoamericanas más sangrientas durante los ´70 y ´80s, los EE.UU. comenzaron a diseñar la doctrina de los golpes blandos. Es decir, la aplicación del mismo proyecto económico de las dictaduras, con las mismas consecuencias en términos de desestructuración social y productiva, pero con menor grado de masividad en la crueldad explícita que habían ejercido. El genocidio de las poblaciones traducido en despojo, hambre, desempleo y exclusión, tendría lugar más lentamente.

Esta vez, en lugar de intervenir los territorios de manera directa a través de tanques, campos de tortura y desaparición, lo harían de manera indirecta: la ocupación de las mentes, la preparación psicológica para dejar el terreno allanado a la posterior intervención. Numerosas ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), se instalarían en nuestra región y serían financiadas por la agencia del Departamento de Estado USAID (United States Agency for International Developement), con el objetivo de –paradójicamente- desestabilizar gobiernos populares con la finalidad de “fortalecer las democracias”. El camino es preparar a los llamados ´agentes de cambio´, escritores, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, políticos y sindicales y más recientemente las redes sociales, para que, bajo la apariencia del apoliticismo y la procura de nobles ideales, penetren capilarmente en diversos rincones de la sociedad sembrando la desconfianza en la política y la acción estatal. Al principio, la comunicación no será confrontativa, tendrá una alta apelación a lo emocional, a la sensibilidad de las personas, para –en una fase ulterior- ir creciendo en la instalación del malestar, el rechazo y la agresión.

Las tres instancias que los EE.UU. utilizan para su política injerencista –la fuerza militar, la diplomacia y la infiltración en la sociedad civil- están estrechamente combinadas. La OTI (Office of Transition Initiatives, dependiente de USAID) actúa en absoluta combinación con múltiples fundaciones como Freedom House (con sede en Washington y oficinas en doce países latinoamericanos), Developement Alternatives Inc. (DAI, encargada del financiamiento), la Fundación Nacional para la Democracia (EE.UU.), la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Students for Liberty en Brasil, la Fundación Libertad (ONG sin fines de lucro que alista numerosas empresas, además de personalidades como José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Carlos Montaner, Sebastián Piñera o Mauricio Macri), RAP (Red de Acción Política, que se propone la ´amistad cívica´ entre dirigentes argentinos para construir grandes consensos trasversales alrededor de las bases del neoliberalismo), la Fundación Nueva Democracia y Ríos de Pie (´Standing Rivers´) en Bolivia, miembro de la red internacional ATLAS, o la fundación Eleutera, en Honduras, entre tantas otras. Desde esos lugares, trabajan en proyectos como políticas para las mujeres, mejoras en los barrios, el procesamiento de residuos. En fin, tareas dirigidas a instalar en el imaginario social una idea general del bien común, del ´beneficio para todos´ siempre escindidas y en la mayoría de los casos opuestas a la acción del Estado. Precisamente porque su objetivo es deteriorar la percepción del sentido común de la sociedad sobre el Estado y sobre todo lo relacionado con lo estatal. De modo de acortar el camino hacia la mayor destrucción posible de los líderes políticos que administran el Estado con un sentido de auto-determinación. 

¿Cómo nace y se desarrolla el proceso?

El último golpe clásico fue el que intentó destituir a Hugo Chávez en abril de 2002. George W. Bush reconoció de inmediato a Pedro Carmona como presidente de facto, pero tuvo que retrotraer rápidamente esa decisión cuando el vacío de apoyo a los usurpadores y la movilización popular restituyeron a Chávez en su cargo. Luego de que el embajador estadounidense reconociera el fracaso de esa estrategia, el Departamento de Estado emitió el cable secreto 3356 de 2006, que establecía explícitamente el cambio de los procedimientos clásicos por una nueva fórmula para ejecutar el injerencismo a través de USAID. Sus cinco puntos muy concretos indican: a) fortalecer las instituciones democráticas que Chávez ha desmantelado; b) penetrar las bases de Chávez; c) dividir al chavismo; d) proteger los intereses económicos vitales de los EE.UU.; e) aislar a Chávez internacionalmente.

A partir de ese momento comenzaron a desplegar la nueva metodología en toda América Latina. En 2007, inmediatamente después de asumir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y luego de haber fracasado en el episodio conocido como “los fondos de Santa Cruz”, pasaron a la ofensiva mediática instalando dos casos de supuesta corrupción: el caso Skanska y las valijas de Antonini Wilson. Siguiendo a pie juntillas las etapas del golpe blando enunciadas por Gene Sharp en “De la dictadura a la democracia”, iniciaron su técnica de desgaste a partir de sembrar dudas y malestar en la población acerca de la probidad del gobierno. El plan se intensificó en 2008 cuando en ocasión de la resolución 125 que imponía retenciones móviles a la exportación de soja, los medios hegemónicos se plegaron a la protesta de las patronales agropecuarias, para pasar a su segunda fase: la ocupación del espacio público. En clara muestra de parcialidad informativa, las cadenas dominantes calificaban de perturbación y vandalismo los reclamos de los movimientos sociales, pero legitimaban los cortes de ruta de las entidades rurales que desabastecieron la provisión de alimentos durante varias semanas.    

En ese mismo año 2008 tuvo lugar un levantamiento sedicioso en Bolivia –finalmente aplacado- encabezado por los gobernadores de los cuatro departamentos orientales, con el respaldo de algunas de estas ONGs adiestradas y financiadas desde el exterior. Y en 2010, agrupaciones indígenas en las que también estas ONGs se habían insertado, protestaron enardecidamente contra la decisión del gobierno nacional de construir una carretera para conectar los departamentos de Beni y Cochabamba.

En junio de 2009, un golpe palaciego derrocó al Presidente democrático hondureño Manuel Zelaya. Aquí, mientras desde el campo popular se levantaban las primeras voces de alerta, Mirtha Legrand decía: “no me interesa nada Honduras, qué nos interesa Honduras a nosotros”. Lo que en verdad ocurría era el ensayo del primer golpe blando de la región. En septiembre de 2010 se perpetró un intento de golpe policial contra Rafael Correa en Ecuador, quien ya arrastraba una relación tensa con los movimientos indígenas de su país, donde las ONGs del tipo de las mencionadas venían realizando un intenso trabajo de penetración. Y en junio de 2012 se produce el golpe parlamentario que termina con la presidencia de Fernando Lugo en Paraguay.

En otras zonas del planeta, los EE.UU. también pagaron un costo demasiado elevado, como, por ejemplo, debido a sus intervenciones en Irak y Afganistán. Siempre en nombre de valores democráticos, quebraron sus Estados para saquear sus recursos, al precio de la muerte de decenas de miles de inocentes. Por eso, a partir de 2010 encubrieron su injerencismo en el norte de África bajo la apariencia de una remozada “primavera árabe”. Prepararon el desgaste de los gobiernos nacionales de Libia, Túnez y Egipto. Luego, a través de la prédica subyacente de ONGs, medios de comunicación y redes sociales, pasaron a la fase de ocupación de la calle. Y finalmente, bajo el aspecto de movilizaciones populares con afanes libertarios, acabaron con sus liderazgos políticos para tomar el control de la provisión de petróleo.

El costo internacional no fue elevado, porque se habían ocupado de tornar casi irrefutable el desprestigio de líderes como Muamar Kadafi. Y a partir de ello el mismo camino ensayaron en América Latina sobre las figuras de Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la Presidenta argentina intervino la vieja SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en diciembre de 2014, el desquite de los desplazados a través de sus conexiones con el sistema internacional de espionaje no se hizo esperar. De inmediato, utilizaron la figura del fiscal Alberto Nisman –y luego la muerte de este último- para denunciar a la Presidenta como jefa de un plan criminal internacional en asociación con lo que denominaban el estado terrorista de Irán. Ante la invulnerabilidad interna de la Presidenta, propiciaron el desgaste de su figura a partir de su estigmatización por parte de la prensa internacional.

En Brasil, la restauración neoliberal que quedó consumada con la inhabilitación electoral de Lula para permitir el triunfo de Jair Bolsonaro no se inició con el incausado impeachment de 2016 contra Dilma Rousseff, sino con las sorpresivas movilizaciones de 2013 contra un aumento del trasporte en plena organización del mundial de fútbol del año siguiente, a partir del malestar que se había ido preparando mediante la prédica subterránea de estas ONGs sumadas a congregaciones evangélicas y recubiertas de apoliticismo, en pos de reclamos justos y bienintencionados.

En todo este proceso es fundamental la figura de Lilian Ayalde. Unas horas después de la asunción de Fernando Lugo como Presidente de Paraguay, el senado de los EE.UU. aprobó la designación de Ayalde como nueva embajadora en ese país, quien hasta ese momento se desempeñaba como directora de USAID en Colombia. Desde ese mismo instante comenzó a prepararse la destitución de Lugo, tal como luego sucediera en la práctica. Y, sugestivamente, en 2013 Ayalde asume como embajadora en Brasil.

Por último, el informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) titulado “Estados Unidos y la construcción del golpe en Bolivia”, revela el entramado de agencias del gobierno estadounidense, corporaciones privadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que terminó en la renuncia del presidente Evo Morales, pocos días después de su victoria electoral. El detallado ´mapa de poder´ que surge de ese trabajo, confirma el constante pasaje del ámbito público al privado y viceversa (´puerta giratoria´) de agentes que sirven alternativamente a oficinas de gobierno y no gubernamentales. Una suerte de maridaje de intereses destinado a construir y consolidar en América Latina las herramientas para generar un discurso con fuerza de verdad, debido a la cantidad de veces que se lo repite (´Evo dictador´, ´Lula corrupto´, ´Cristina chorra´). Tanques de pensamiento que modelan el pensamiento y la acción de comunicadores, jueces y otros agentes de la sociedad civil para propagar la falsa noticia de un hijo no reconocido de Evo Morales, más tarde criticarlo por no haber aceptado ayuda extranjera por la quema en el Amazonas, y finalmente instalar la idea de que el gobierno boliviano era autoritario.   

El oenegismo y la construcción de subjetividad

Para imponer un cambio del modelo autónomo que intentaban estos gobiernos de la región por la restauración financiera neocolonial, había que trabajar perseverante y enmascaradamente sobre el humor colectivo. No ya bajo la coerción directa de los golpes militares, sino a través de la incidencia indirecta que ejercen los aparatos ideológicos de los poderes fácticos para generar canales espontáneos de aceptación. Atacando la figura de sus líderes. En el caso de la Argentina, convenciendo de que la libertad de cambio es para que los sectores medios puedan ahorrar en dólares y no para que los grandes capitales saqueen el país. Convenciéndonos de que la política es el único ámbito corrupto, de que los sectores medios y populares deben estar enfrentados, de que la militancia política es algo sucio, de que el Estado es inservible, y por eso hay que vaciarlo y privatizarlo, para que nunca más acumule poder para controlar al capital globalizado. Y para que las fuerzas populares nunca más logren ser una opción política.

Para ello, había que inocular a nuestras sociedades, con la sutileza y el profesionalismo con que el poder sabe hacerlo, una mirada preponderantemente colonial, que desdeñe la noción de soberanía y muestre a la idea de integración regional como mera retórica, de modo de justificar su alineamiento al capital financiero. Y este no podría ejercer tamaña tarea, sin un proceso paralelo de construcción de subjetividad. Esto es, un entramado de necesidades, deseos y relaciones que configuran todo un modo de interpretación de la realidad, de manera que una porción significativa de la opinión pública termine por legitimar el modelo de dominación. El desarrollo de las cadenas hegemónicas de medios de comunicación de masas tiene una relación orgánica con este orden mundial.

La comunicación no sólo expresa sino que organiza el movimiento de la globalización. Al comunicar, crea subjetividades. Las industrias de la comunicación encargadas de integrar lo imaginario y lo simbólico, ya no sólo están al servicio del poder, sino que son uno de sus factores constitutivos más importantes. La maquinaria de subjetividad colonial interviene sobre los elementos de la relación comunicativa, disolviendo la identidad y la historia de una manera totalmente postmoderna. Intenta crear un sujeto fragmentado. Al asociar capitalismo con libertad y a esta libertad, a secas, individualista, anti-solidaria, supuestamente pluralista aunque profundamente uniformadora, con el desarrollo, adoctrina en el pensamiento único. Al presentarse como un servicio que basa su prestigio en la credibilidad del mensaje, los medios aprovechan para jerarquizar lo novedoso frente a lo importante, lo espectacular frente a lo sustantivo. Así, intentan incapacitar a la sociedad para ser consciente de las consecuencias del modelo de dominación y buscan instalar que toda construcción política será inútil para cambiar las cosas.

Álvaro García Linera se ha ocupado de desentrañar el concepto de sentido común. Se aproxima a él diciendo que se trata de una manera de situarse y entender el mundo que condiciona nuestro modo de actuar, aun cuando parece que lo hacemos con naturalidad y autonomía. La espontaneidad y practicidad de los hábitos, costumbres y prejuicios que rigen el sentido común están previamente configuradas de acuerdo con los intereses, las jerarquías y los marcos institucionales propios de las clases dominantes, debido a la capacidad de éstas para dirigir las herramientas de construcción de sentido dentro de una sociedad.

Para él hay tantos sentidos comunes como miradas sociales, pero siempre hay uno que domina y ordena por sobre los otros. Cuando atravesamos etapas de fuerte impronta conservadora, fracciones de los sectores populares viven bajo condiciones subjetivas de elección y selección de valores que no condicen con las condiciones objetivas de dominación que al mismo tiempo padecen. Sufren como dominados pero piensan la política según los valores impuestos por los sectores hegemónicos. El sentido común dominante ordena las jerarquías de los diferentes sentidos comunes. Por eso, la lucha política es la lucha por la influencia sobre el sentido común. Es una lucha integral y multifactorial por modificar la relación, los mecanismos de acople entre las estructuras materiales de dominación y las estructuras mentales de acción de las mayorías populares. Para que un proceso popular sea duradero, no debe detenerse, a fin de no dar paso a la contraofensiva del viejo sentido común conservador.

Corolario

En 2010, la WikiLeaks, de Julian Assange, abrió a la prensa internacional miles de cables del Departamento de Estado, y en 2013 Edward Snowden hizo lo propio con una profusa información secreta de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., lo que les valió la persecución judicial y el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, y en Moscú respectivamente, convirtiéndolos en enemigos del imperio mucho más peligrosos que los líderes del terrorismo clásico.

Está claro que el imperio tiene asignada una misma estrategia para todo el continente, más allá de su adaptabilidad a las particularidades de cada país. Pero, como en el juego de las escondidas, desde el sur hemos gritado ¡Piedra libre! Ha quedado al descubierto que no basta con obtener el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el ascenso social, si tales logros no van acompañados de una politización de la conciencia social para la defensa del modelo que fue capaz de alcanzarlos. Si sólo fuera por lo económico-social, la situación que atraviesa el pueblo venezolano ofrecería mejores condiciones para un golpe de Estado. Sin embargo, éste se produjo en Bolivia, con una de las mejores economías de la región. Es decir que falta trabajar en la construcción de un sistema de información al servicio de los gobiernos populares y de la formación democrática y popular de las fuerzas armadas y de seguridad, como complemento de las metas económico-sociales conseguidas. 

Además, disputar no sólo la economía, sino también el campo de interpretación simbólica de la sociedad, por un lado, y, por otro lado, situar a determinadas ONGs como agentes políticos activos y no como promotoras asépticas de loables objetivos sociales, así como su estrecha conexión con fuentes de financiamiento y tanques de pensamiento de los EE.UU., implica un avance muy relevante de nuestra agenda pública. 

El nuevo gobierno de Argentina tiene como prioridad la resolución del hambre y la pobreza, y la reprogramación de su abultado endeudamiento, dos caras de una misma medalla. No obstante, hay una tercera meta sin la cual se tornarían imposibles las dos anteriores: impedir la desestabilización que por distintas vías intentarán los intereses que se sientan afectados por las nuevas políticas a aplicar. Desestabilización interna y externa. Combinar intensidad para desactivar los nudos de poder que están al acecho desde antes de su asunción, con inteligencia para neutralizar su capacidad neogolpista, es quizás una de las claves centrales del nuevo gobierno, que ha despertado tanta esperanza social, y que a su vez demanda una profunda madurez de todos los actores.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019

*Abogado y docente universitario. Frente de Todos.

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