Por Rodolfo Yanzón*
(para La Tecl@ Eñe)

El oficialismo hace alarde permanente de su desprecio por la ley, sobre todo, la que protege derechos humanos. Los diputados del interbloque Cambiemos, el inefable Fernando Iglesias, el radical Mario Negri, el presidente del bloque PRO Nicolás Massot, y Pablo Tonelli, piden que el Poder Ejecutivo intente todas las vías a su alcance para remover a Eugenio Raúl Zaffaroni de su cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber dicho que esperaba que el gobierno se fuera cuanto antes. Mencionan cierta inhabilidad moral y una reiterada desvalorización de los principios democráticos. Aluden equivocadamente a la Comisión Interamericana durante la dictadura –no a la Corte- y  a su actuación en relación al genocidio en la Argentina, que Massot pretende dejar en el olvido. Entre el raconto sobre la trayectoria de Zaffaroni, mencionan sus declaraciones sobre Santiago Maldonado, de quien afirman que se ahogó solito. También aluden a interferencias de Zaffaroni sobre el sistema judicial.

Estas líneas no tienen como objetivo defender a Zaffaroni, sino analizar las acciones del oficialismo. Si bien quienes reclaman la remoción del juez aluden a actos y declaraciones del pasado, el disparador de la presentación fueron sus declaraciones sobre el gobierno de Macri. Zaffaroni fue muy crítico con la política económica y aclaró que se trataba de un deseo personal, que se fuera cuanto antes para que hiciera el menor daño posible. Tales declaraciones son pasto para las fieras pero de ningún modo expresiones antidemocráticas –sin dejar de lado la inconveniencia de haber sido proferidas por un juez- ni un llamado a la interrupción del mandato. Sucede que los diputados oficialistas equiparan a Macri con la democracia. Hasta ahí tales expresiones podrían ser tenidas como devolución de favores a quien les dio empleo y exposición pública al menos por unos años. Sin embargo, la presentación -suscripta por representantes de las fuerzas mayoritarias que integran el oficialismo- es parte del ataque a opositores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos) para aportar al relato de cambio por el que se quiere ocultar una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, tanto en lo económico como en debilitar derechos esenciales.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recordó en una nota publicada en Infobae, el aniversario 73 de la liberación de Auschwitz por parte de los soviéticos. No menciona ni a Auschwitz ni a los soviéticos, pero sí a Fernando De la Rúa y a Mauricio Macri, a quienes considera que hicieron aportes para concientizar sobre la gravedad de esos crímenes. El aporte de Macri fue haber recibido al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los principales responsables de los crímenes contra el pueblo palestino. Avruj menciona a las víctimas del Holocausto – palabra cuyo significado alude a sacrificio religioso-, pero no se hace justicia a las víctimas ni se les rinde completo homenaje si no se dice que el nazismo y el fascismo comenzaron a perseguir a opositores políticos, que los campos de concentración fueron utilizados para encerrar a esos opositores y que luego la persecución se dirigió hacia otros grupos, entre ellos a los judíos. Sin embargo para Avruj esas otras víctimas carecen de importancia, porque la persecución política forma parte del gobierno macrista, pero no para luchar contra ella.

El mismo día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Avruj tuiteó “El cambio que llevamos adelante necesita de nuevos paradigmas. Tenemos que apoyar a los policías que luchan por cuidar la vida de todos”. Se refería a Luis Chocobar, el policía procesado por matar por la espalda a una persona y que fue recibido, felicitado y apoyado por Mauricio Macri en la casa de gobierno. A seis meses de lo de Maldonado, Macri reivindica la represión ilegal y la muerte y se  entromete en la labor judicial al exigir del juez una decisión favorable al homicida. Patricia Bullrich dijo que ni siquiera se había tratado de una legítima defensa, porque actuó cumpliendo su deber. La actitud del gobierno de Macri no sorprende, es la misma que tuvo con los gendarmes que persiguieron a Maldonado y con los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Para acompañar activamente al gatillo fácil, Macri cuenta con la colaboración de buena parte de medios y periodistas que hablan de un pobre policía embargado por haber salvado a un turista.

A seis meses de Maldonado, el Gobierno decidió no acusar a encubridores del atentado de la AMIA, a pesar de la opinión de los abogados, a quienes se les quitó el poder para que pudiera alegar un hombre de Daniel Angellici, operador del macrismo ante los jueces. Todo sucede con poca difusión de los mismos medios que machacan con el pacto con Irán y las inexistentes responsabilidades penales de funcionarios del gobierno anterior, varios de ellos presos.

Al relato autoritario, la represión ilegal y el aval al gatillo fácil, se le agrega la persecución política sobre opositores, sindicalistas, abogados, jueces y organizaciones sociales y de derechos humanos; la existencia de presos políticos y la campaña antimapuche, que el gobierno impulsa con acuerdo de autoridades chilenas para estigmatizar a sus integrantes como terroristas sin ningún derecho. La noticia de que la Fiscalía Nacional de Chile imputara a Carabineros de haber adulterado prueba para acusar a mapuches, no hizo mella en la Ministra Patricia Bullrich y Mauricio Macri en su afán persecutorio.

Especial atención merece el caso de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, sobreviviente de la dictadura de Pinochet, refugiado en nuestro país desde 2010 bajo la protección de la Convención Internacional de Refugiados. En diciembre de 2015 el gobierno de Macri inició conversaciones con la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) de Chile –el segundo de Claudio Avruj, Hernán Schapira, es uno de los principales actores del acuerdo-, para hacer cesar el status de refugiado de Apablaza Guerra, lo que se produjo en diciembre pasado con el argumento de haberse presentado ante las autoridades consulares chilenas para prestar su testimonio como víctima de prisión política y tortura en su país. El gobierno de Macri –a instancias del pinochetismo- entiende que esa circunstancia sugiere que el mismo Apablaza Guerra se acogió voluntariamente a la protección de su país de origen y, en consecuencia, no necesita la protección internacional. La defensa interpuso recurso que tratará un juez en lo contencioso administrativo. Pero aún sin estar firme la decisión, el 2 de febrero de 2018 el Gobierno notificó a Apablaza Guerra que lo expulsaba de la Argentina por tener antecedentes en su país –se lo acusa sin pruebas de haber matado a Jaime Guzmán, senador pinochetista, por el solo hecho de haber pertenecido al FPMR- y por actividades terroristas -que no detalló-. El día anterior el diario El Cronista difundió que la decisión de expulsarlo era un favor de Macri al Presidente electo Sebastián Piñera. Apablaza Guerra recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos, sobre todo porque la acción del gobierno lesiona gravemente principios esenciales de la Convención de Refugiados. Sin embargo, Macri decidió no sólo quitarle protección, sino también dejar de lado cualquier planteo de extradición –que es la forma legal para que un país reclame a otro para juzgar a una persona- echando mano a la expulsión, cuyo trámite es violatorio del derecho de defensa, a partir de la modificación por decreto de Macri, conculcando derechos de los migrantes. El Cronista termina su nota diciendo que este favor a Piñera es un anuncio de lo que sucederá con Facundo Jones Huala, quien sería enviado a Chile, aún si la extradición fuera rechazada.

Estos son los nuevos paradigmas de los que habla Claudio Avruj y con los que se pisotean cotidianamente derechos esenciales, y por los cuales diputados oficialistas no quieren que Zaffaroni continúe siendo juez de la Corte Interamericana. Convengamos que decir que cuanto antes se vaya este gobierno es, cuanto menos, un deseo en defensa propia, en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018
*Abogado. DD.HH

Ver nota relacionada:
Arrestos domiciliarios a genocidas. Avruj, Garavano: “Nuevos paradigmas en DDHH” – Por Rodolfo Yanzón

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 Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Los penalistas decimos que hay “dolo” cuando la voluntad se dirige directamente a obtener el resultado del delito: el que da un puñetazo a otro, lo hace con “dolo” de lesionarlo.  Decimos que hay “culpa” cuando el resultado se produce porque el sujeto no observa el cuidado debido: el que sin precaución manipula un objeto pesado, pierde el control y cae encima de otro y lo lesiona. En el medio, cuando la “culpa” es tan temeraria que indica que, en el fondo, el sujeto actuaba admitiendo el resultado, decimos que hay “dolo eventual”, porque no pudo dejar de contar con que se produciría el resultado.

Estas categorías no las inventó el derecho, sino que las recogió de la ética social, pues las manejamos en nuestras relaciones cotidianas: cuando sin que medie delito alguno, le reprochamos a otro una conducta y le decimos “hiciste mal en no prestarle el paraguas” le atribuimos que tuvo voluntad de que se moje bajo la lluvia. Cuando le decimos “tenías que haberte dado cuenta que se iba a mojar”, le imputamos que no puso el cuidado suficiente. Y cuando le decimos “¿Cómo me vas a decir que no te dabas cuenta, si había una tormenta infernal y se había inundado la calle?”, estamos reprochando algo equivalente al “dolo eventual”.

Sin entrar al campo del derecho –y menos del penal-, es decir, sin que esto sea una valoración “jurídica”, sino ética-social y política-, cabe preguntarse si lo hecho por el actual gobierno desde 2015 hasta hoy fue voluntariamente dirigido al resultado actual, si se lo hizo por descuido, o bien, si el descuido fue tal que, en el fondo, no le importaba que el resultado se produjese.       

Pensando con benignidad, debemos admitir que muchas veces la ideología (el sistema de ideas con que intentamos aproximarnos a la realidad) puede llevarnos a deformar la realidad del mundo y creer -seria y sinceramente- que nuestra percepción es la correcta. Así, no cabe descartar que algunos o muchos se hayan “ilusionado” (deformado la realidad) y hasta alucinado (creen ver lo que no existe), creyendo que el fundamentalismo de mercado era lo correcto, que nos llevaría a una real lluvia de inversión productiva, que nuestro PBI aumentaría con esta política, que todas las medidas económicas proteccionistas eran contraproducentes y obstaculizaban nuestro desarrollo, que si se producía una acumulación de riqueza, aunque fuese concentrada,  inevitablemente provocaría un “derrame” hacia abajo y se beneficiarían hasta los más pobres y se lograría la “pobreza cero”.

Hasta allí no deberíamos reprochar mucho a nadie, ni siquiera su error ideológico, porque debemos admitir que todos podemos incurrir en ese tipo de errores: errare humanum est. Cuanto más, sólo podríamos reprochar un “descuido” ideológico, dejarse llevar demasiado por la ideología, exagerar la confianza en un sistema de ideas, es decir, en el fondo y como máximo, sólo “culpa”.

Pero una vez puesto ese programa en funcionamiento con globos amarillos y todo, al cabo de dos años, es decir, al promediar el gobierno, era evidente que no respondía a las expectativas ideológicas.

Cuando hace un par de años escasos advertí que íbamos directamente a topar con el iceberg y dije que debían cambiar de rumbo inmediatamente o que, de lo contrario, se fuesen para dejar de hacer daño, quizá me equivoqué políticamente. Soy bastante torpe en eso y, por consiguiente, no evalué si era o no el momento políticamente oportuno para decirlo, porque en el fondo creo que esas especulaciones pueden interpretarse como formas de participación por omisión.

Eso me valió que me acusasen de “golpista”, “antidemocrático” y hasta “antirepublicano”, y que el presidente ordenase a sus subordinados que pidan a la OEA que me eche de mi función judicial, lo que sus secretarios se apresuraron a hacer con toda diligencia y singular entusiasmo, obviamente sin más resultado que el de exhibir su soberbia y talante autoritario.

En definitiva, me imputaban no ser “moderado” y “prudente”, porque según ellos –y no sólo ellos- suponen que la moderación y la prudencia son virtudes judiciales que imponen el silencio de los jueces frente a hechos flagrantemente lesivos, que callen por completo cuando sea obvio que están quebrando económicamente a su país y destruyendo el orden constitucional de su Estado de derecho, que se valen de claros métodos de persecución política y de amenazas “mafiosas” mediante “carpetazos” de espías. En verdad, no puedo negar que carezco de semejantes “virtudes”.

Pero lo que dije –y de lo que no me arrepiento para nada- se basaba en que, con mis modestos conocimientos de matemáticas de quinto año, había proyectado la curva de endeudamiento un año más y era evidente que, a esa velocidad vertiginosa, se agotaba el crédito del mercado y estábamos en quiebra. En mi memoria estaba muy presente el horror, las secuelas y el alto costo social de la crisis de 2001.

Lamentablemente no me equivoqué, salvo que no calculé que, cuando eso sucediese, el gobierno acudiría al FMI. Fallé en no imaginarlo, pero lo que no podría haber imaginado fue lo que sucedió después, porque era demasiado imprevisible y no me las doy de adivino: mi imaginación no es tan tropical como para concebir que el FMI comprometiese el 60% de sus disponibilidades en otorgar casi 60.000 millones de dólares de crédito a la Argentina cuando había agotado el de mercado, que ese crédito seguiría entrando y saliendo (no “fugando”, sino saliendo cómodamente) sin control alguno hasta llegar a la suma actual, que el propio FMI violaría sus reglas, que los europeos se resistirían dentro del directorio del FMI, que el supuesto “enamoramiento” de los argentinos hacia Mme. Cristine hiciese que por fin la desplazasen dándole una salida elegante y confortable.

Ya que últimamente parece que al oficialismo -todavía actual- le gustan las metáforas de navegación, no podía imaginar que una vez abierta la brecha en el casco del Titanic, su tripulación insistiría en seguir chocando contra el iceberg con el inevitable resultado de acelerar el “efecto campana”, y menos que los violines seguirían sonando como canto de sirenas que no encantan a nadie en todos los medios de comunicación monopólicos, que Durán Barba siguiese proveyendo nuevas partituras, que esbirros con toga o sin ella imputasen el choque con el iceberg a los antiguos tripulantes y los encerrasen en la bodega, que se continuasen perforando los tanques combustible de las pymes, que incluso se agujereasen algunos más grandes del empresariado nacional, que se incitase públicamente a marineros armados a cometer tropelías, preparándolos para contener en cualquier momento a los pasajeros que protestasen, al tiempo que con todo eso rompían las normas más elementales de convivencia  en la nave, es decir, con el Estado de derecho.

Lo que no pude imaginar en su momento ya no puede ser error ideológicamente condicionado. Por muy ideologizado que alguien estuviese, cuando es de toda evidencia que su programa no funciona, no puede dejar de percibir la realidad: nadie puede pensar que le otorgarán créditos hasta el infinito, para que el dinero salga sin control o se invierta en gastos corrientes. Es inconcebible que alguien crea que puede haber un “país mantenido” por un beneficiario dadivoso.

Cuando la nave chocó con el iceberg, la única solución era tratar de desencajarla, bombear para evitar la inundación y la vuelta en “campana” (ponernos la nave de “sombrero”) y, en último caso, salvar lo que se pueda. Si pese a eso se insistió en chocar, quizá al principio se pueda admitir que no se buscaba el hundimiento en forma directamente intencional, sino que no se descartaba su producción, pero al tercer y sucesivos choques, ante la evidencia, no queda otra alternativa que concluir que se trató de una voluntad dirigida directamente a producir la catástrofe.

Aquí es mejor terminar con la metáfora “navegatoria” -tan cara al oficialismo en decadencia acelerada- porque no somos el Titanic, sino una Nación, una sociedad con un Estado nacional, una Patria que debe ser soberana, independiente y justa. Debemos serlo y lo seremos, aunque nos cueste.

Pero para eso será necesario que la política se ponga los pantalones largos, que encare la tarea cultural de hacer consciente esta necesidad a toda la ciudadanía. No se trata sólo de votar “con el bolsillo”, sino con la conciencia nacional al tope, sabiendo que toda lesión a la soberanía siempre nos tocará, antes o después, no sólo el “bolsillo”, sino también la salud, la educación, en definitiva, nuestras existencias, nuestras vidas, aunque no a todos por igual, sino primero a los más vulnerables, que son los más pobres. Luego nos llega a la clase media y en definitiva a todos.

Por eso, la empresa más importante que tiene por delante la política en este momento es cultural: crear cultura de soberanía y solidaridad. Si no somos solidarios nunca seremos soberanos, porque recién reaccionaremos frente a la lesión a la soberanía cuando nos lleguen sus efectos al “bolsillo” y, en ese momento, ya será tarde para evitar el desastre producido, y sólo nos quedará nuevamente la tarea de repararlo.

No es verdad que se repitan “ciclos”, sino que se reiteran “caídas”, sencillamente porque nuestra política aún no alcanzó ese objetivo. Es verdad que la ardua tarea inmediata y urgentísima consiste en reparar, resolver el hambre, la salud, la educación, recuperar la tecnología, resucitar a las pymes, incrementar nuestro capital nacional, recrear trabajo y mercado interno, volver al Estado de derecho, al cauce constitucional, pero no menos urgente es la de impulsar una culturalización o, si se prefiere, una suerte de “mística” que nos haga introyectar a todos la conciencia de la inseparabilidad del binomio “solidaridad y soberanía”. De lo contrario, resolveremos la catástrofe, pero no evitaremos otras futuras.

Hasta que la política no logre este objetivo, nuevos globos de otros colores se alzarán en el futuro y se repetirán las “caídas” con su saldo lamentable de vidas frustradas. ¡Argentinos de todo el espectro social, a lo nuestro!   

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019

*Profesor Emérito de la UBA

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En esta entrevista realizada para La Tecl@ Eñe a Eugenio Raúl Zaffaroni, el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflexiona sobre el golpe de Estado en Bolivia y sus consecuencias para la región, las implicancias de las declaraciones del Secretario de la OEA, Luis Almagro, y el rol fundamental de México y Alberto Fernández, para salvaguardar la vida del presidente Evo Morales.

Por Conrado Yasenza

(para La Tecl@ Eñe)

– Conrado Yasenza: ¿Qué es jurídicamente lo que ha sucedido en Bolivia?

– Raúl Zaffaroni: Claramente se trata de un golpe de Estado con el propósito de anular una elección ganada por el MAS. Nadie dudaba del triunfo, había dudas sobre la diferencia, es decir, si debía o no realizarse un balotaje, pero no sobre el triunfo. Nosotros tenemos casos bastante similares en nuestra accidentada vida política. Con el golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930 se estableció el gobierno “de facto” de Uriburu, pretendidamente legitimado por la Corte Suprema que resucitó la “doctrina de facto” enunciada para Mitre por los jueces nombrados por él mismo. Uriburu, que fue uno de los dictadores más ridículos de nuestra tiste historia, llamó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, que el 5 de abril de 1931 ganó la fórmula radical Pueyrredón-Guido y que inmediatamente anuló, proscribiendo a la U.C.R. Más analogía aún presenta el golpe de Estado contra Frondizi del 29 de marzo de 1962, en que detuvieron al Presidente y lo llevaron preso a la isla Martín García, que desde entonces la llaman popularmente YPF, porque allí tuvieron presos a Yrigoyen, Perón y Frondizi. Para evitar que el general golpista Poggi asuma la presidencia, lo hicieron jurar ante la Corte a José María Guido, que era presidente provisional del Senado y que al día siguiente, con su firma, disolvió el Congreso Nacional y anuló las elecciones en que había ganado el justicialismo. Durante ese gobierno “de facto” que tenía a Guido como fantoche de los militares, se produjo el enfrentamiento entre golpistas “azules” y “colorados”, del que resultó la  hegemonía de Onganía en las Fuerzas Armadas, quien le dio el golpe a Illia en 1966. Pero por lo menos Guido, como títere de los golpistas, estaba en la línea de sucesión presidencial, la señora que ahora dicen que preside Bolivia no lo estaba, pues es la senadora de un partido que tiene el 4% de los votos. Ningún argentino, sólo con pensar en nuestra historia, puede dudar que lo de Bolivia es un clarísimo golpe de Estado.   

– CY: ¿Qué consecuencias puede tener para la región?

– RZ: Se trata de un claro riesgo de regresión política para toda la región. Conocimos las destituciones, los juicios políticos acelerados, pero mantenían formas republicanas, pero un golpe de Estado al viejo estilo es, sin duda, un enorme riesgo de regresión. Después de esto no hay garantía para ninguna de nuestras democracias.

“Claramente se trata de un golpe de Estado con el propósito de anular una elección ganada por el MAS… Ningún argentino, sólo con pensar en nuestra historia, puede dudar que lo de Bolivia es un clarísimo golpe de Estado. Se trata de un claro riesgo de regresión política para toda la región. Después de esto no hay garantía para ninguna de nuestras democracias.”

– CY: ¿Qué opina de la actitud del gobierno argentino?

– RZ: El actual régimen argentino corona su gestión con el desprecio por la democracia, la soberanía, es decir, que no me extraña lo que hace respecto de Bolivia, diría que no podía esperar otra cosa de quienes no dudaron de hacerle el juego colonialista al poder financiero transnacional, hipotecando a la Nación a lo largo de cuatro penosos años, para enriquecerse a veces con maniobras escandalosas, como la de un presidente del Banco Central que hacía subir y bajar el dólar por días. Han despilfarrado en la grosera “bicileta financiera” cientos de miles de millones de dólares. Se han burlado de nuestras tradiciones incluso internacionales, de nuestro respeto de siempre al derecho de asilo, materia en la que hemos sido generosos, sin mirar color político y, especialmente en una situación de violencia, cuando no sólo peligra la libertad sino también la vida. Nos hemos olvidado también de la generosidad de otros países hacia nuestros propios compatriotas, en momentos aciagos, lo que nos obligaba a la reciprocidad. La actitud de nuestras autoridades y en especial de nuestra cancillería es una vergüenza para todos los argentinos, por la que debemos pedir disculpas al pueblo boliviano y a todos los demás de nuestra región.

– CY: ¿Cómo explica la actitud y las declaraciones de Luis Almagro?

– RZ: En verdad, nunca tuve una buena impresión de este señor, pero ahora estoy directamente asombrado. Nunca pensé que fuese alguien tan torpe como diplomático, que fuese capaz de tamaña mala praxis diplomática, jamás me pasó por la imaginación que un Secretario de la OEA diga las cosas que dice, que cada vez que hay un conflicto serio, con violencia y muertos, este señor en lugar de procurar mediar, calmar las cosas, asentar el prestigio de la institución con un mínimo de imparcialidad, es decir, salvar vidas humanas, vaya presuroso a echar nafta al fuego, incluso sin que nadie lo llame. Eso, en el mejor de los casos, es la mayor muestra de impericia diplomática que se pueda imaginar.

– CY: ¿Lo hace por servilismo a Trump?

– RZ: Son dos conductas muy diferentes. La motivación de Almagro la ignoro y tampoco es lo más importante, pero lo cierto es que revela torpeza, mala praxis. No opino lo mismo sobre Trump, porque es el presidente de los Estados Unidos y hace su discurso político, juega su rol político, interno e internacional, y guste o no, no se le puede objetar impericia, porque es innegable que lo hace bastante bien desde la perspectiva de sus intereses. Pero el Secretario de la OEA es un diplomático, tiene a su cargo una delicada función internacional, está al frente de un organismo regional, continental. La OEA es una organización respetable, con sus luces y sombras, como todo lo humano perfectible, pero respetable. Ninguna de sus anteriores cabezas hizo cosas análogas. ¿Quién en el futuro confiará en la OEA después de estos errores garrafales? ¿Cómo es posible que diga que Evo Morales fue quien dio el golpe por presentarse a la elección? No sé si se podrá recuperar la OEA del deterioro que a su imagen le está provocando su gestión. Está destruyendo el prestigio de una más que secular política internacional continental que, con sus altos y bajos, en el fondo siempre fue tendencialmente democrática, y que oportunamente abrió espacio para el sistema interamericano de Derechos Humanos. Todo eso lo está arruinando la mala praxis de Almagro.  Si se me permite la expresión, diría que su mala praxis diplomática lo está convirtiendo en el sepulturero de la OEA. Lo más racional que podrían hacer los gobiernos de la región, incluyendo a Trump -que insisto, no tiene nada de torpe-, es reemplazarlo en cuanto termine su mandato, porque de lo contrario, su impericia diplomática acabará con la OEA. Ni a Trump ni a nadie le sirve un instrumento destrozado.

“… jamás me pasó por la imaginación que un Secretario de la OEA diga las cosas que dice, que cada vez que hay un conflicto serio, con violencia y muertos, este señor en lugar de procurar mediar, calmar las cosas, asentar el prestigio de la institución con un mínimo de imparcialidad, es decir, salvar vidas humanas, vaya presuroso a echar nafta al fuego, incluso sin que nadie lo llame.”

 – CY: ¿Cree que el asilo en México y las gestiones de Alberto Fernández para lograrlo, le salvaron la vida a Evo Morales?

– RZ: No tengo duda al respecto, lo querían muerto, como a Gualberto Villarroel en 1946. Villarroel era un presidente reformista a quien la oligarquía boliviana no perdonó y terminó colgado por una turba en una farola. Su familia fue acogida en la Argentina por Perón. No olvidemos que revisando la historia de Bolivia, fueron pocos los presidentes que murieron en la cama. Seguro que México, el grupo de Puebla y las gestiones de Alberto Fernández –que no fueron menores- le salvaron la vida a Evo, puede decirse que fue un esfuerzo regional y Alberto nos salvó la dignidad a los argentinos. Frente a eso, no podemos obviar la conducta indigna –por no decir criminal- de los países que negaron el paso de la aeronave por su espacio aéreo o que no dieron lugar al aterrizaje y reabastecimiento. Penosa actitud, por cierto, espero que si alguno de sus autores se hallase un día en la misma situación de emergencia, no haya nadie que le niegue el tránsito para salvar su vida. ¡Pensar que estos avanzan con la Biblia en la mano! No sé mucho de teología. ¿Será harejía o sacrilegio usar la Biblia para estas cosas?

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2019

La entrada Entrevista a Eugenio Raúl Zaffaroni Bolivia: Golpe de Estado al presidente indio – Por Conrado Yasenza se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

La Organización Mundial de la Salud advirtió el 23 de marzo último, refiriéndose a las cárceles europeas, por cierto, diferentes a algunas de las nuestras: «Las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus (COVID-19) que la población en general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo. Además, la experiencia demuestra que los centros penitenciarios, las casas de custodia y similares, son espacios en los que las personas permanecen muy cerca unas de otras en las celdas, lo que puede ser una gran fuente de infección, amplificación y contaminación de enfermedades contagiosas, dentro y fuera de las prisiones».

«La transmisión generalizada de un patógeno infeccioso que afecta a la comunidad en general plantea la amenaza de introducir el agente infeccioso en las cárceles y otros lugares de detención; el riesgo de aumentar rápidamente la transmisión de la enfermedad en las cárceles u otros lugares de detención es probable que tenga un efecto amplificador de la epidemia, multiplicando rápidamente el número de personas afectadas, teniendo en cuenta incluso la salud de los agentes penitenciarios”. (…) «Es probable que los esfuerzos por controlar el OCDC-19 en la comunidad fracasen si no se aplican medidas firmes de prevención y control de infecciones (CIP), pruebas, tratamiento y atención adecuados en las cárceles y otros lugares de detención, y se hayan editado recomendaciones específicas y medidas preventivas y cautelares para la epidemia de coronavirus en las cárceles, entre las que cabe destacar: considerar medidas no privativas de la libertad en todas las etapas de la administración de justicia penal, incluidas las etapas de instrucción, juicio y condena, así como en el momento de cumplir la sentencia. Debería darse prioridad a las medidas no privativas de la libertad para los acusados en prisión preventiva y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y responsabilidades de cuidado, con preferencia para las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos a su cargo».

En el “Ángelus” del domingo 29 de marzo, el Papa Francisco, refiriéndose a la vulnerabilidad a la pandemia de quienes están obligados a vivir en grupo, agregó: “Me dirijo de modo especial a las personas que están en las cárceles” … “Pido a las autoridades que sean sensibles a este gran problema y que tomen las medidas necesarias para evitar una tragedia”.

Las medidas dispuestas por la Cámara Nacional de Casación Penal en el orden federal y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito bonaerense -esta última procurando coordinar esfuerzos con el Ejecutivo provincial- van en el sentido que postula con urgencia la OMS.

El catastrófico estado de las prisiones en que la anterior administración dejó las cárceles de la Provincia, es ahora una de las más graves pesadas herencias que provocó la desidia y el caos de una administración que actuaba para la platea (es decir, para sus medios hegemónicos), pero que la pandemia eleva hoy al máximo y requiere medidas de extrema urgencia.

En diciembre la Provincia de Buenos Aires tenía 51.135 presos para 24.200 plazas en sus cárceles; 45.000 en cárceles y alcaldías, 4.100 en comisarías y 1.900 con monitoreo electrónico. La concentración de superpoblación era de 210% (ONU dice no pasar de 120%), o sea que donde cabía un preso tenían más de dos. Había unos 25.000 presos de más.

La población penal vulnerable a la pandemia es alta: 2.468 presos de alto riesgo; 476 con HIV, 233 con tuberculosis, 809 con diabetes I y II, 950 con enfermedades respiratorias (EPOC, neumonías, dializados, oncológicos), 644 mayores de 65 años, 58 madres con niños y bebés, 20 mujeres embarazadas (en total, 3.182).

La Provincia tiene 65 cárceles y alcaidías en diferentes puntos de su territorio, a las que entran y salen diariamente el personal de custodia, el administrativo, el de sanidad, los proveedores de alimentos y los familiares que, personas todas que obviamente podrían diseminar el virus en las localidades donde viven. Son 24.124 sólo los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia que transitan todos los días estos establecimientos.

Los esfuerzos del tribunal de máxima instancia penal federal y del supremo de la Provincia deben apoyarse y profundizarse, pero quizá sus directivas no sean suficientes o no lo sea la celeridad con que se cumplan sus directivas, en parte porque no respondan con la urgencia que la situación requiere los jueces y fiscales de las instancias menores.

En este momento no es posible pensar en una ley, cuyo trámite sería demasiado lento y problemático, especialmente porque no se reúnen los órganos legislativos. Las soluciones deben ser más rápidas, puesto que es imperioso adelantarse al virus, es decir, ganarle la partida. Acaso tampoco faltará quien piense en un decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo que tampoco deja de ser problemático desde el punto de vista constitucional.

¿Pero es que en realidad es necesaria una ley del legislativo o un decreto del ejecutivo?  

Desde el punto de vista jurídico penal estricto, o sea, desde una sana dogmática penal acerca de la pena, no lo creemos necesario, dado que de lo que en definitiva se trata, es que los jueces resuelvan aplicando responsablemente nuestro derecho penal vigente, haciéndolo –como siempre debe ser- conforme a los principios que se derivan de la Constitución Nacional.

Del artículo 1º de la CN, o sea, del principio republicano de gobierno, se deriva la exigencia de racionalidad de los actos de gobierno. En una República, toda autoridad debe actuar racionalmente y, por ende, frente al delito, la respuesta penal también debe ser racional, lo que implica proporcional (principio de proporcionalidad).

A este último principio responde que la escala penal del homicidio simple sea de 8 a 25 años y la del hurto simple de un mes a 2 años: cada escala corresponde proporcionalmente a la respectiva gravedad del derecho lesionado y, a este respecto, nadie postularía lo contrario.

Las escalas penales están fijadas en tiempo de privación de libertad, que conlleva un sufrimiento inherente a ésta, y dentro de su máximo y mínimo el juez sigue la misma regla para individualizar la pena para cada caso concreto, es decir, precisa la proporcionalidad en el caso individual.  

La relación delito-pena se establece, pues, por el legislador y se particulariza en cada caso por el juez conforme al principio de proporcionalidad (+ delito o lesión = + pena = + tiempo de prisión).

La proporcionalidad se altera y la pena se vuelve desproporcionada cuando el sufrimiento aumenta, lo que de por sí sucede con la superpoblación penal, pero ahora se suma a ella la amenaza de muerte (y aún más su materialización), lo que excede de modo abismalmente desproporcionado el de la mera privación de libertad y sus inevitables consecuencias, que fue el que tuvieron en cuenta el legislador al establecer la escala y el juez al individualizar la pena.

En cuanto a la mitad de los presos que no están condenados, o sea, a los procesados o presos sin condena (en prisión preventiva), rige lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

En este momento dramático, la pandemia altera la proporcionalidad de modo astronómicamente insólito, dado que la mortificación del art. 18 CN es de tal magnitud que pasa a ser una amenaza de muerte inminente. A eso se suma el peligro para el personal penitenciario y, en cuanto a la difusión de la pandemia misma -como lo advierte el documento de la OMS-, el riesgo para todos los habitantes.  

Además, no sólo se trata de peligro de vida por infección, sino también –y quizá incluso más- por el eventual caos que puede desatar el pánico en las cárceles.

El miedo anonada –decía Sartre-, hace perder el sentido de los actos; en las prisiones esto es necesario evitarlo a toda costa, por la vida de los presos y del personal. No le recomendamos a nadie la experiencia de un caos carcelario; los que intervinimos en varios de estos momentos dramáticos lo sabemos. No se debe llegar a esa situación y menos aún resolverla con represión pura o con liberación tumultuaria y descontrolada: cualquiera de esos caminos sería catastrófico en todos los sentidos. 

Las penas deproporcionadas son ilícitas y repugnan en definitiva al elemental sentimiento de justicia, se vuelven en contra del debido acatamiento del derecho, porque la arbitrariedad y la injusticia debilitan el respeto al derecho.

Además, desde hace bastante tiempo los tribunales internacionales consideran que las meras condiciones de prisiones altamente superpobladas configuran tortura, máxime cuando la ley internacional adoptó una definición de tortura que no la limita al sufrimiento infligido con la finalidad de obtener información, sino que incluye la que se practica con cualquier otra finalidad.

Con mucha mayor razón, esta calificación cabe a la prisión en las condiciones de riesgo de muerte por infección y por violencia, introducido ahora por la pandemia, sin contar con el antes mencionado peligro para el personal y para la comunidad.

Por ende, si la relación tiempo-sufrimiento se ha alterado de modo tan inusitado, violando tan ostensiblemente el principio de proporcionalidad republicano, se hace indispensable que los jueces  recompongan la proporcionalidad (+ sufrimiento = menor tiempo). Esto es lógica jurídico penal pura, no necesitamos ninguna ley, porque es la ley misma.

No se puede alegar la cosa juzgada, porque en definitiva no se altera ninguna sentencia: la pena es la misma que impuso el juez cuando sentenció, calculando el sufrimiento inherente a la privación de libertad y no la amenaza de muerte por infección o por violencia. Lo único que se hace es recomponerle su proporcionalidad en obediencia a la CN, adecuando el tiempo al sufrimiento real a condiciones impuestas por la emergencia actual.

Tampoco se desconoce ninguna ley en el caso de los presos no condenados, o sea, en prisión preventiva, puesto que no se hace otra cosa que evitar mortificarlos más allá de lo que la seguridad exige, cumpliendo con la ley constitucional expresa.

Nuestros jueces no necesitan ninguna ley extraordinaria ni ningún DNU para resolver de esta manera, pues les basta aplicar nuestro derecho penal vigente, sólo que como siempre debe hacerse, es decir, como lo manda la CN, en el marco del respeto al principio de proporcionalidad de las penas, derivado del principio republicano de gobierno: se trata simplemente de recomponer el tiempo de pena adecuándolo al nuevo grado de sufrimiento y al riesgo que la emergencia crea también para el personal y la comunidad toda.

Dicho de una manera un tanto brusca, pero en definitiva cierta, la emergencia plantea una disyuntiva judicial férrea: o se aplica el derecho penal conforme a los principios constitucionales, o bien los jueces se convierten en autores mediatos de torturas, también conforme al derecho penal y a la Constitución.

Más allá de lo que puedan contribuir los otros poderes del estado a los que corresponde apoyar, la responsabilidad de la hora recae fundamentalmente sobre los jueces.

Dado lo inadmisible de que los jueces se conviertan en autores mediatos de torturas, sólo queda que nuestra magistratura no se duerma en un lecho de calma burocrático y que, por el contrario, se apresure por el camino de la primera variable; que los tribunales máximos profundicen las medidas; que los de las instancias menores decidan conforme al saber jurídico penal constitucional con la urgencia y premura del caso.

Nuestra discutida justicia -injustamente criticada en bloque por algo protagonizado por una minoría institucionalmente patológica- tiene ahora la oportunidad de demostrar a la sociedad toda que los jueces de nuestro Estado de Derecho son capaces de resolver de modo racional las urgencias dramáticas que le plantea cada emergencia, en especial cuando se trata de tutelar la vida humana y que, por ende, cuando llega la hora crítica saben asumir su plena responsabilidad en el marco del derecho vigente, sin eludirla con la pretensión de derivarla en los otros poderes. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020

*Profesor Emérito de la UBA

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Si los microorganismos infecciosos pudiesen contar su historia y conceder premios equivalentes al Nobel, seguramente glorificarían a todos los colonizadores de los últimos quinientos veintinueve años e incluso un poco más atrás. Celebrarían el 12 de octubre con campanas al vuelo, actos solemnes, bailes populares, discursos ampulosos y fuegos artificiales, porque a pesar de algunas faltas de cortesía menores, nadie ha hecho más para facilitarles su expansión y permitirles generosamente su multiplicación por toda la superficie del planeta.

La pandemia que ahora sorprende y angustia no es más que otro momento de la expansión de estos diminutos protagonistas de la historia, tan callados, silenciosos, subestimados, olvidados, inadvertidos muchos hasta que el microscopio electrónico permitió detectarlos, pero siempre presentes, de la mano de todos los colonizadores desde que el mundo empezó a ser mundo y a cometer genocidios como crímenes mundiales.

Si tuviesen la posibilidad de narrar su propia historia desde la perspectiva de su diminuta pero importantísima función protagónica, desde su cosmovisión valorarían el recorrido de sus andanzas por el planeta y, seguramente, comenzarían por relatar con legítimo orgullo cómo en tiempos de la revolución mercantil, el comercio europeo con Oriente fomentó la inmigración de sus Yesinia pestis hacia Europa poniendo a su disposición increíbles comodidades, equivalentes a asientos de primera en las divertidas pulgas saltarinas acomodadas en confortables ratas, contrastando con el mezquino muro de Trump con los humanos. Esto les posibilitó alojarse en la población europea, aunque sus alojamientos humanos fuesen algo débiles, al punto que un tercio de ellos no los soportó y colapsaron. Los virus odiarían a los gatos que empezaron a seguir a los humanos, molestándolos al privarlos de algunas de sus confortables ratas calentitas.

Pero igual les agradecerían a los europeos que hubiesen domesticado vacas, cabras, cerdos y demás animales, porque permitieron a otros microrganismos desarrollarse en alegres epizootias. Por supuesto se enfadarían un poco porque les fueron oponiendo los detestables anticuerpos que dificultaron la continuidad de su labor, pero de inmediato les debieran agradecer los inolvidables tiempos heroicos en que gentilmente los invitaron a acompañarlos en sus navíos, poco seguros por cierto, algo endebles en medio de las olas marinas, pero de todos modos les fue muy agradable compartir la experiencia de atravesar el océano e instalarse con singular empeño en unos humanos que, por fortuna carecían de esos antipáticos y molestos anticuerpos.

Por cierto, estos nuevos hoteles humanos americanos les resultaron todavía más débiles que los europeos, pues se les murieron casi todos. No es bueno quedarse sin casas de huéspedes, pero a veces son las consecuencias de la gran demanda de alojamiento, cuyo exceso en demasía es peligroso, pero como nunca se debe intervenir en el mercado, el resultado es inevitable.

De todos modos, no podrían dejar de recordar sus grandes fastos americanos, aquellas concentraciones multitudinarias de sus Variola virus, las comodidades con que se los recibía y albergaba generosamente, lo que también supieron retribuir como correspondía, porque los virus siempre son agradecidos y los colonizadores les debieran reconocer su decisiva ayuda en la toma de Tenochtitlán, firmes aliados junto a Cortés.

Lamentarían que todo eso hubiese acabado cuando siglos después a Jenner se le ocurrió comenzar a desalojarlos con la vacunación. Antes habían empezado a molestarlos con la variolización, que era más peligrosa y cara, pero festejarían que los propios médicos se alzaron contra la vacunación, porque les quitaba ese negocio. Recordarían con nostalgia las famosas ligas anti-vacunación que se alzaron en su defensa en 1866, ciertamente renovadas en estos días. Seguramente los Variola virus celebrarían que todo esto postergó la ejecución de su orden de desalojo, igual que ahora.

Pero los microrganismos no dejarían de rememorar tampoco la generosísima acogida que tuvieron en América las Yesinia pestis de la propia peste bubónica –que no podía faltar-, pero también de otros más que no podrían dejar de registrar en su historia, dado que con toda felicidad produjeron las grandes fiestas del sarampión, la malaria, el cólera, la fiebre tifoidea, la difteria y la escarlatina.

Seguramente nunca olvidarían el enorme campo de albergue que le brindaron a las bacterias Rickettsia prowazeckial del tifus exantemático, que los mexicanos los llamaron cocolitzi. Sería para ellas inolvidable la enorme felicidad que experimentaron al acomodarse en los piojos de patitas tan hábiles y celebrar sus grandes concentraciones y, sobre todo, el imperecedero recuerdo que les habría dejado la llamada gran pestilencia mexicana de 1545, fasto memorable en su historia microscópica.  

Las espiroquetas pálidas, por su parte, nunca podrían olvidar la enorme difusión que le facilitaron los colonizadores. Se reirían de que rechazasen entre ellos haberles dado origen, como si ellas necesitasen una nacionalidad y un pasaporte. Les divertiría mucho relatar esos episodios y, si tuviesen mandíbulas, correrían el riesgo de descoyuntarlas de las risotadas al recordar que los franceses llamaban a sus andanzas mal italiano y los italianos mal francés, los portugueses enfermedad española y los japoneses portuguesa, los polacos alemana, los rusos polaca y los persas turca. Y cuando ya no pudieron seguir con este juego, quisieron hacer creer al mundo que eran americanas. ¿Ellas americanas? ¡Qué disparate divertido! Pero como nunca falta un aguafiestas, repudiarían a ese detestable inventor de la horrible cosa que llaman epidemiología, el veronés Girolamo Fracastoro, que en su Syphilis sive de morbo gallico les descubrió sus juegos en la Europa civilizadora en el propio siglo de la llegada a nuestra América.

Los microrganismos no olvidarían tampoco que los colonialistas no sólo les permitieron acompañarlos en sus viajes norte-sur, sino que también fueron tan generosos y hospitalarios que les facilitaron importantes viajes interoceánicos sur-sur a sus flavivirus, algo menos cómodos que en las pulgas saltarinas, pero siempre divertidos en los volátiles mosquitos Aedes aegypti llegados de África, en esa cosa rara de los humanos que animalizan a otros humanos y llaman esclavitud. Pensarían que es una incoherencia llamar a sus andanzas fiebre amarilla, porque ni el flavivirus ni los mosquitos tienen ese color, puesto que en su vida microscópica nadie habló nunca del peligro amarillo, como hicieron los europeos contra los chinos, ni tampoco conocieron al PRO argentino.

¡Qué fiestas se hicieron en América estos bichitos! Reafirmarían su gratitud hacia los colonizadores, asegurándoles que no tuvieron la menor intención de arruinarles la primera tentativa de construcción del canal de Panamá y menos aún de desbaratarles los ejércitos que hubiesen impedido la independencia de Haití. Asegurarían que nunca quisieron facilitar la primera independencia americana y menos todavía la primera abolición de la esclavitud; se disculparían advirtiendo que nunca faltan algunos indisciplinados sueltos que no respetan acuerdos ni agradecen favores. Por sólida que sea una conducción, a veces no se puede evitar que algunos incontrolables incurran en estas insurrecciones al mando.  

De todas formas, los microrganismos no dejarían de observar que los europeos fueron bastante cobardes, porque tardaron mucho en meterse dentro de África, privándolos por largo tiempo de ofrecerles alojamientos para desarrollar la fiebre amarilla y la malaria en hoteles blancos y, sobre todo, la enfermedad del sueño, lo que puso muy incómodos a los tripanosomas africanos, que tenían muchas ganas de alojarse en esos hoteles, porque los negros ya los resistían. No obstante, seguramente les agradecerían que les hubiesen permitido reacomodarse, facilitado sus viajes en las confortables moscas tse-tse por todo el continente, hasta hallar nuevos alojamientos cómodos en treinta y seis países africanos.

Estos miedosos colonizadores apenas se animaron a proveerles de estas facilidades africanas cuando dispusieron de la quinina preventiva contra la malaria, aunque algunos dicen que lo que les dio seguridad para meterse en el centro del continente fue disponer de ametralladoras, lo que no les agradaría demasiado a los virus porque era una forma desleal de destrucción masiva de alojamientos.

Tampoco estarían muy felices los microrganismos por la facilidad con que se conceden a algunos de ellos alojamientos animales. Algunos virus desalmados, siempre glotones desordenados y apresurados -como algunos neoliberales que trepan al poder político- aprovechan lo primero que se les ofrece a la mano, sin consideración a sus congéneres, se instalan en el ganado y celebran festivales de peste bovina, pero eso produce hambre que mata a los hoteles humanos que son los preferidos del resto, aunque también facilitan el alojamiento en las mujeres hambrientas que a falta de bueyes deben arrastrar los arados, pero la ventaja no es mucha, porque duran poco. Siempre hay desconsiderados, incluso en la vida microscópica, tipos que no tienen noción de lo que es la solidaridad.

Tampoco les gustarían para nada la conducta igualmente desconsiderada de los potato leafroll virus de la papa, metiéndose con los vegetales, que a mediados del siglo XIX les privaron de un millón de alojamientos irlandeses que se murieron de hambre y otro millón que los ingleses se sacaron de encima mandándolos al exilio y arrasándoles las casas. Estas supresiones de hoteles humanos serían graves faltas de solidaridad en la vida microscópica, porque la ética infecciosa impone algunos principios elementales de respeto a los otros virus.       ​

Las Yesinia pestis de la peste bubónica no fueron del todo bien tratados por todos los colonizadores y tendrían algunas faltas que reclamarles, aunque no las hubiesen perjudicado demasiado. Recordarían por siempre la felicidad paradisíaca del inmenso festival que hicieron por cuenta propia en China desde mediados del siglo XIX, aunque a medida que avanzaban a su paso fueron eliminando unos doce millones de hospedajes humanos, pérdida de la que se rehicieron al extenderse a la India.

Allí les agradecerían a los colonizadores la ayuda que les brindó la preparación previa del terreno al destruir la economía tradicional y los sistemas hidráulicos porque, aunque el hambre que produjeron y la falta de toda asistencia alimentaria por parte de los colonizadores -que exportaban el cereal que los indios necesitaban para no morirse- si bien los privaron de nueve millones de alojamientos, dejaron a los sobrevivientes más fácilmente accesibles a su instalación, aunque con el inconveniente de que duraban poco, pues se les desbarataron unos doce millones que no aguantaron la ocupación del virus. Una verdadera pena, una pérdida considerable, porque entre el hambre y el virus se perdieron más de vente millones de posibilidades de expansión virósica.

En balance lo lamentarían como un desperdicio, es decir que ni los microrganismos les quedarían del todo agradecidos a esta etapa neocolonial. Para colmo, no fueron lo suficientemente diligentes en controlar a sus empleados díscolos que pretendieron tomar medidas drásticas contra ellos, quebrando la regla de solidaridad con los aliados, lo que demuestra que el colonialismo nunca es agradecido, ni siquiera con los virus, y mucho menos con sus colaboracionistas en los países colonizados, a quienes a la hora en que se deben marchar los dejan colgados del pincel, como cuando les soltaron la mano a los vietnamitas del sur y a los harkis argelinos.   

Aunque haya sido un gesto sin consecuencias graves para ellos, los virus considerarían una descortesía que en 1897, en plena hambruna india -hasta con múltiples casos de antropofagia- los colonizadores permitieron que un funcionario colonial llamado Walter Charles Rand secuestrase e hiciese desaparecer a sus alojamientos humanos, sin que nadie supiera más de ellos, que desalojase y quemase sus viviendas, privando de refugio a las lindas ratitas en que viajaban ellos con comodidad, hasta llegó a demolerles las casas, medidas de extrema agresión injustificada para los microrganismos que tantos servicios les habían prestado. Y lo dejaron actuar a Rand hasta que los hermanos Chopekar lo mataron junto a su diligente asistente. Para colmo, después los colonizadores mataron a los hermanos Chopekar, otra desconsideración incalificable para los microrganismos por parte del virrey Curzon, que no era capaz de reparar en esas descortesías, seguramente distraído en la construcción del suntuoso palacio en Calcuta, en digno homenaje al aniversario de la reina Victoria. 

Podríamos seguir, pero la historia de los virus sería demasiado larga, ocuparía muchos tomos en registrar los relatos de innumerables virus memoriosos, quizá algunos hubiesen dejado escritas sus memorias relatando cosos interesantes. Ocuparía un grueso tomo sólo el enorme aporte a la civilización microscópica del primer round de la guerra de treinta años entre las potencias neocoloniales del norte, que dio lugar al festejo mundial hasta entonces sin precedentes del virus subtipo H1N1, que a partir de 1918 logró desarmar entre unos cuarenta y sesenta millones de albergues humanos con el nombre de gripe española yque, para no perder la costumbre, también intentaron cargárselo a los chinos. No por la magnitud de esa enorme contribución, las bacterias Clostridium tetani dejarían de agradecer los beneficios recibidos en esa guerra y, con mayor razón aún, en su precedente franco-prusiano de 1870.    

Así, pasando por toda la producción de virus de las últimas décadas, que éstos agradecerían a los humanos, desmintiendo que sean aportes de otros animales (aves, cerdos, monos, etc.), su relato llegaría hasta el presente, donde alegremente resaltarían su profundo y sincero agradecimiento a la actual etapa colonial tardía. Se reirían también con ganas de las ideas del llamado neoliberalismo, pero a la delincuencia financiera que ese pobre discurso trata de legitimar con su adoración idolátrica al mercado, le agradecerían la competencia despiadada entre las corporaciones de laboratorios, a los políticos que se lanzaron a la cancha con la camiseta de alguna de esas transnacionales, celebrarían alegremente que algunos países hubiesen acaparado vacunas y que todo eso deje a los más pobres e incluso a algún continente casi sin vacunación o la retarde demasiado, porque les da tiempo de circulación para que puedan obtener nuevas reservas de alojamiento en hoteles humanos llamadas mutaciones.

A los virus no les pasaría por alto la importante contribución benéfica de las nada nuevas campañas anti-vacunas ni las fake news de los partidos políticos únicos de medios del sur que desconcertaron y asustaron a buena parte de los candidatos a inmunizarse. Tampoco dejarían de consignar su profundo reconocimiento a alguna Corte Suprema que ignoró y despreció con gesto de fastidio esa falsa ciencia horrible y bochornosa que los humanos llaman epidemiología. No omitirían tampoco destacar la noble actitud hacia ellos de quienes desde la cúspide del poder invitaron a tomar lavandina o alguna otra bebida parecida y tampoco, aunque en medida mucho más modesta, a alguna no muy buena actriz hiperactiva disfrazada de periodista que la bebió ante las cámaras de televisión.

Estamos firmemente convencidos de todos estos reconocimientos, porque con toda seguridad los virus historiadores serían más coherentes que muchos humanos, pues con toda lógica la verificación del éxito de sus protagonismos los impulsaría a cultivar y reforzar los sagrados principios de su fuerte ética infecciosa.    

Buenos Aires, 22 de octubre de 2021.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

La fábula de la colonización civilizadora de Europa en América sólo la sostienen hoy algunos franquistas trasnochados, que ocultan y degradan al primer ideólogo de los Derechos Humanos, que fue fray Bartolomé de Las Casas, quien con justa razón llamó herejes a los conquistadores y también a los encomenderos, que fueron los predecesores de La Forestal y de algún explotador de ingenio azucarero de nuestro norte.

Nuestros libertadores dirigieron ejércitos multiétnicos y eran liberales en serio, convencidos de la igualdad de los seres humanos, pero nuestras oligarquías se libraron rápidamente de ellos, se entendieron y acomodaron con urgencia con la nueva potencia neocolonial y, para no perder la costumbre, siguieron matando indios en los siglos XIX y XX. Nada diferente hicieron los norteamericanos, en especial por el presidente Andrew Jackson y con la Indian Removal Act de 1830, incluso con más saña que los propios ingleses colonizadores.

El porfiriato mexicano, en la llamada guerra de castas en Yucatán (1847-1901), mató cien mil indios e hizo desaparecer los ejidos para favorecer los latifundios, en parte restaurados apenas con la reforma agraria de Lázaro Cárdenas en el siglo XX.

El equivalente chileno de nuestro Roca fue el coronel Saavedra, quien, como intendente del Arauco violó el tratado de Quillin de 1641 y en veinticinco años el régimen oligárquico despojó a los indios del 95% de su territorio ancestral. Se trató de un digno sucesor de Valdivia, quien se jactaba en carta a Carlos V de su energía civilizadora y cristiana por haberle cortado las dos manos a doscientos indios para escarmentarlos. Lo que se recuerda de eso es únicamente que cuando éstos lo hicieron prisionero lo empalaron y cortaran en pedazos; se supone que debe ser por eso que este asesino tiene una ciudad con su nombre.  

En Ecuador, García Moreno ordenó asesinar a algunos caciques, pero con Eloy Alfaro se extendió el latifundio y en las luchas entre liberales y conservadores fueron los indios quienes más sufrieron y murieron. En El Salvador se terminó por liquidar la cuestión indígena con el genocidio de 1932, que acabó con el movimiento de Farabundo Martí, asesinando a treinta mil campesinos. En Colombia, durante la guerra de los mil días, se cometieron atrocidades de todo género y se fusilaron a unos cinco mil indios. En Venezuela, la peor matanza tuvo lugar en el gobierno de Guzmán Blanco (1870-1888), contemporáneo de nuestra campaña al desierto, que no estaba tan desierto. En Guatemala, durante la guerra centroamericana hace cuarenta años se masacraron aldeas enteras.   

En Perú, entre otros crímenes, se recuerdan las hazañas asesinas de Nicolás Fernández de Piérola y de su ministro Domingo Parra, con la brutal represión a la rebelión de Huanta en 1897, región en que saqueó, robó ganado, fusiló, torturó, incendió y sembró el terror. 

Otro episodio singular en Perú fue la esclavización de las tribus amazónicas del Putumayo para explotar caucho, que se calcula que costó la vida de unos cuarenta mil indios, en beneficio de un criminal llamado Julio Cesar Arana del Águila, dueño de la Peruvian Amazon Rubber Company, de capital inglés. Como se produjo cierto escándalo en Londres, los ingleses mandaron al cónsul Roger Casement, dada su previa experiencia en el Congo del genocida Leopoldo II, que hizo pública la denuncia en 1909. Arana quedó impune, fue senador y murió en su cama en 1952. Este genocidio por lo menos lo registra la literatura (La vorágine de José Eustasio Rivera en 1924 y El sueño del celta de Mario Vargas Llosa en 2010).

Es más que obvio que nadie puede dar vuelta el filme de la historia, pues lo que pasó es imposible que no haya pasado, pero la cuestión es hacerse cargo de quienes hoy siguen sufriendo las consecuencias de estos genocidios. En algunos de nuestros países los descendientes de esas víctimas directas son más afortunados que en el nuestro, porque los indios son muchos, están más juntos y tienen peso político. Eso les dota de más elementos para pelear por el respeto a sus culturas y sobre todo a sus tierras. Aquí son menos, están más dispersos y no son negocio político para nadie, por lo menos en la política nacional.

No obstante, nuestro Estado tiene el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que por el año 2000 Cavallo y sus secuaces, para ajustar presupuesto, quisieron hacerlo desaparecer mediante una patológica fundición con el INADI.

En el último tiempo se planteó un problema, porque los propietarios de un country del sur se niegan a ceder un camino para que los salvajes de una comunidad no ensucien su paisaje, aunque tengan de caminar unos cuantos kilómetros con nieve para llegar a un centro urbano, a un hospital y a una escuela. Parece que hubo un juez bastante racional que dispuso la apertura del camino, pero hubo otros jueces que revocaron esa orden judicial, instalados en sus casas en Buenos Aires, con calefacción o aire acondicionado y frente a una computadora. Si la Corte Suprema hiciese un paréntesis de pocos minutos en sus deplorables disputas de poder interno, quizá pueda resolver algo racional, aunque es poco probable.   

El problema de tierras es complejísimo, porque aparecen títulos de propiedad sobre las que ancestralmente pertenecían a las comunidades. El docto Vélez, bastante copión del gordito bahiano Teixeira de Freitas, siguió a los romanos y no se hizo cargo de prever la propiedad comunitaria, pero tampoco lo hicieron los que en el siglo XXI renovaron el código, puesto que siguieron esgrimiendo las varas de los lictores contra los indios.

Por lo menos, una ley suspendió provisoriamente los lanzamientos de las comunidades de las tierras en discusión, aunque ahora, al vencimiento de su plazo, no faltan los fervorosos continuadores de Roca que se niegan a extender su vigencia, con el riesgo de generar conflictos graves para imputárselos a los indios salvajes. La ley todavía no fue tratada por Diputados y su vigencia vence el 23 de este mes.  

Un reciente y oportuno incendio intencional en el sur desató directamente una ola de vergonzoso racismo explícito en nuestros medios de comunicación a los que parece adherir una gobernadora y, por supuesto, quienes –aunque no lo digan- creen que sería bueno terminar la acción que Roca dejó inconclusa, siempre en beneficio de la propiedad privada del docto Vélez y sus modernos jurisconsultos en uniforme de lictores.

El problema de la supuesta violencia de los indios, en este caso Mapuche, llama la atención, porque hasta ahora y en los últimos años, las únicas víctimas fatales fueron indios o algún defensor de ellos. También es significativo que ahora el blanco de ataque sean todos los indios y, de paso, también el INAI. No podemos dejar de recordar que los indios cordilleranos fueron los que más se rebelaron frente al genocidio colonial, al punto que los españoles decidieron venderlos como esclavos en represalia.

No se excluye la posibilidad de que ahora haya algunos indios exaltados, o bien algunos infiltrados o algunas manos ajenas, pero eso debe investigarse y esclarecerse, lo que hasta ahora no ha sucedido y todas las hipótesis están abiertas. Si algún indio –o algún no indio- incendió algo, corresponderá que sea juzgado y penado por delito de daños o de incendio, porque está fuera de cualquier duda que el que quema una propiedad ajena, en la Argentina incurre en alguno o en ambos delitos que, por otra parte, siempre estuvieron en el código penal.

No obstante, lo más insólito es que no falten quienes con su habitual falta de imaginación, es decir, siempre copiones, esta vez plagiando servilmente a los chilenos, se les ocurre imputar a quien sea y en especial si es algún indio, por un supuesto delito de terrorismo y, de esa manera, estigmatizar a todos los Mapuche como terroristas y al INAI por no denunciarlos.

Esta calificación es indignante en dos sentidos: primero por el sucio origen de ese tipo penal en nuestra ley positiva y, segundo, porque es de toda evidencia que cualquiera sea el responsable, de ninguna manera puede considerarse que el delito encuadra en ese tipo penal, salvo algún disparate a que nos tiene acostumbrados la justicia penal federal (recordemos la traición a la Nación sin guerra, pese a la definición constitucional taxativa desde 1853, o el no menor dislate de los vínculos residuales para no excarcelar en casos de lawfare).

En cuanto al origen sucio de nuestro tipo, debemos recordar que fue introducido por la ley 26.268 de 2007, como resultado de que un organismo internacional llamado GAFI (Grupo de acción financiera internacional), sin ninguna autoridad legal, pero con poder fáctico, extorsionó a nuestro país para que sancione esa ley, bajo amenaza de cobrarnos una multa especial a todas las transferencias bancarias internacionales. Es obvio que esa ley no era en modo alguno necesaria, porque no hay ningún acto de los llamados terroristas que no haya estado previsto desde siempre en nuestra ley con las más graves penas. 

Cabe aclarar que la principal función real del GAFI es evitar que cualquier país del hemisferio sur recicle dinero, para que el hemisferio norte mantenga el monopolio de ese rentable servicio bancario ilícito de macroencubrimiento de todas las evasiones fiscales del sur. Sea dicho lo anterior sin perjuicio de las disputas actuales, que provocan la multiplicación de filtraciones o papers (parece que ahora quieren concentrar más la washmachine y eliminar la competencia de las pequeñas lavanderías de las islitas).

De todas formas, hay tres condiciones para configurar un delito de terrorismo según la ley vigente de tan cuestionable origen. El primero consiste en tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. No creo que los Mapuche tengan semejante plan, ni odio religioso o político y, en cuanto al étnico, más bien parecen ser víctimas de ese odio. El segundo, sería estar organizados en redes operativas internacionales. Salvo la insólita versión de que van al palacio de Buckingham a desayunar con la reina Isabel II, no creo que sea sostenible. El tercero es que dispongan de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. Que sepamos, hasta ahora no disponen de los cañones que otrora mandaron a Croacia o de los fusiles a Ecuador ni de las granadas a Bolivia, como tampoco de la posibilidad de liberar energía nuclear.

Es más que evidente que la estigmatización como terroristas –que jurídicamente en definitiva será insostenible incluso para cualquier culpable- se quiere usar para extenderla a toda resistencia de cualquier comunidad originaria. Desde que se sancionó esta ley extorsionada, sabíamos que el riesgo era que se la usase para cualquier cosa, pero debemos confesar que la creatividad chilena, plagiada descaradamente ahora por los argentinos, no deja de sorprender, porque si bien se nos ocurrieron muchas hipótesis de uso persecutorio, nunca nos pasó por la cabeza que se usaría contra los indios. Los conquistadores decían que a los indios había que matarlos porque eran antropófagos y sacrificaban humanos, lo que era mentira, por supuesto; ahora dicen que son terroristas.

  Creo que sería bueno preguntar a algunos legisladores y jueces para qué está el inciso 17º del artículo 75º de la Constitución Nacional. Es recomendable que alguna vez lo lean. Por momentos, pareciera que es exigirles un esfuerzo que no están en condiciones de realizar.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2021.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando se habla de racismo, con toda razón lo primero que viene a la mente es la subhumanización o inhumanización de grupos más o menos amplios de personas en razón de su mayor melanina.

Es correcto que la palabra racismo evoque el sometimiento a servidumbre y exterminio de nuestros pueblos originarios, la trata de africanos y las secuelas de estos crímenes contra la humanidad que sobreviven en nuestro presente regional, como también toda la bochornosa literatura pseudocientífica del positivismo biologista que -en el siglo XIX y hasta avanzado el pasado- sostuvo la inferioridad biológica de los más ricos en melanina.

Sin embargo, algo quizá intuitivo, nos dice que no podemos quedarnos con esta idea limitada del racismo y, al mismo tiempo, que tampoco es posible desdibujar el concepto hasta extenderlo a todas las discriminaciones de grupos humanos, por mucho que algunas sean gravísimas y extensas como es el caso de la subhumanización de la mujer, que afecta a la mitad de nuestra especie, hoy en peligro por obra de los hombres que hegemonizaron el poder.

A lo largo de la historia, todo el enorme conjunto de subhumanizaciones que costaron millones de muertos fue impulsado por poderes irracionales que al mismo tiempo fueron racistas, clasistas, machistas, misóginos, homofóbicos, y también etaristas (contra adolescentes y jóvenes o contra la tercera edad) y saludistas (trataron de matar o impedir que se reproduzcan los débiles y enfermos).

Hoy este frente único discriminador parece disuelto, porque las clases hegemónicas de nuestra región declaran ser igualitarias y acogen y hasta convocan a personas que luchan contra cada una de esas discriminaciones. Salvo excepciones menores de grupos o personajes radicalizados llamados de derecha extrema, los bienpensantes de nuestras sociedades se declaran igualitaristas.

A juzgar por la creación o invención de la realidad creada por nuestros partidos políticos mediáticos monopolizadores de la comunicación -es decir, por nuestras actuales versiones del Völkischer Beobachter o del Pravda-, en nuestras sociedades latinoamericanas tanto las derechas como las izquierdas estarían acordes en marchar hacia el igualitarismo para que todas las subhumanizaciones pasasen a ser recuerdos del pasado. De este modo, nos hallaríamos ante un consenso general en avanzar hacia sociedades igualitarias.  

Sin embargo, la más elemental intuición nos dice que esto no parece ser tan bucólico y nos lleva a preguntarnos si esto es una realidad social o una invención de realidad. Creemos que si dejamos de lado el simplismo de clasificar ideológicamente al poder conforme al criterio con que se sentaron los diputados franceses hace casi dos siglos y medio y, en lugar de derecha e izquierda, hablamos de colonialismo y anticolonialismo, las cosas se perciben de otra manera.

Nada obsta a seguir usando las categorías de derecha e izquierda, pero a condición de hacerlo en el contexto de sociedades geopolíticamente desfavorecidas por el poder planetario, simplemente porque ninguna sociedad colonizada puede ser socialmente justa, pero sin olvidar que el marco más general de la polarización real e ideológica en nuestra región no deja de ser el de colonialismo y anticolonialismo. El trípode de soberanía política, independencia económica y justicia social de la Constitución de 1949, es interdependiente, pues ninguna de sus patas puede fallar sin que caigan las otras.

Cuando se enfoca la realidad social iluminándola desde la polarización provocada por el colonialismo, no puede menos que saltar a la vista que las pretendidas aspiraciones igualitaristas y antidiscriminatorias de los actuales colonialistas en nuestra región son una táctica que responde a su estrategia de dominación.

Para eso es necesario recordar previamente que el colonialismo pasó por diferentes etapas: la originaria que terminó con nuestras independencias políticas, la neocolonial que se cerró con las dictaduras se seguridad nacional, para llegar a la actual de tardocoloniaismo, como corresponde a la economía propia del capitalismo financiero que domina desde el Norte mediante una estructura macrodelincuencial. Si bien el capitalismo financiero se va haciendo insostenible, pues amenaza con una quiebra provocada por una crisis interna debida a las pulsiones endógenas descontroladas del propio capitalismo, cuyas consecuencias serían imprevisibles, de momento se mantiene y ejerce su poder.

Es obvio que el objetivo estratégico del colonialismo de todos los tiempos fue siempre la explotación inhumana del Sur colonizado, pero sus tácticas de dominación fueron variando conforme a cada una de sus etapas, que corresponden a los sucesivos cambios de poder del Norte colonizador.

En la etapa actual, los colonialistas de nuestra región convocan y pretenden incorporar a personas que luchan sinceramente contra alguna de las subhumanizaciones atroces que señalamos antes y que, por su entrenamiento de clase son las más capacitadas de sus respectivos grupos humanos victimizados.

Es de sobra sabido que nunca es para nada sencillo superar el entrenamiento de clase y sus limitaciones al conocimiento, o sea, sobreponernos a lo que nos dificulta colocarnos en el lugar del otro, como un obstáculo que quizá jamás logramos superar del todo, por mucho que debamos esforzarnos. También, para las víctimas de cualquier subhumanización, es sumamente difícil poner entre paréntesis su propio dolor y colocarse en la posición de las víctimas de otras discriminaciones, cuyo dolor no vivencian en carne propia quienes están involucrados en la lucha contra la que sufren.  

Estas dificultades son explotadas por el colonialismo en dos sentidos: (a) En el primero, procura que la comunicación entre discriminados se limite a poco más que a los de su propio sector de procedencia social y con parejo entrenamiento, sin contacto con los discriminados por las mismas razones aberrantes en las clases subordinadas de nuestras sociedades, sabiendo que no es lo mismo ser negro rico o de clase media que pobre, mujer urbana de barrio privilegiado que de barrio precario o campesina, etc. (b) En el segundo, trata que cada una de estas personas se limite a exaltar su propia discriminación y subestime las restantes, sin una perspectiva de conjunto, provocando discusiones banales –por no decir irracionales- acerca de cuál de ellas es más victimizada, lo que llega al colmo del absurdo cuando se disputa acerca de qué genocidio fue más genocida.

Esta táctica conlleva dos consecuencias: la limitación en la percepción misma de cada subhumanización a la visión de quienes tienen parejo entrenamiento clasista y a la segmentación de la lucha contra la discriminación.

Esto tiene efectos deletéreos en la lucha por la igualdad, pues al no presentar a ésta como un frente único, sino como un conjunto de reclamos parciales llevados adelante por personas de igual entrenamiento de clase, los monopolios u oligopolios mediáticos, al asumir la función de partidos políticos, crean una realidad en la que confunden a la opinión pública, generando contradicciones insólitas, en que las víctimas de cualquier subhumanización se declaran partidarias de las restantes y otras no se identifican con quienes luchan contra la propia.

El dividir para reinar es una regla de toda dominación y nada hay mejor para el colonialismo que sembrar contradicciones y odios entre los colonizados: de otro modo no hubiese sido posible para Cortés tomar Tenochtitlan ni para Pizarro destruir el imperio inca; nunca un puñado reducido de gentes en la historia mataron y dominaron a tantas personas como estos criminales, cuya táctica de división y creación de odios se adapta ahora a la actual etapa tardocolonial financiera.  

Pero con lo señalado no se agota la táctica de nuestro tardocolonialismo actual, sino que el viejo racismo por melanina, si bien no ha desaparecido del todo, se disfraza en nuestros días bajo el atuendo de inferioridad y superioridad cultural y convence a los propios colonizados de su inferioridad.

La concepción del ser humano como un ente con algo más que un cuerpo, llevó en todas las culturas a hablar de un espíritu más refinado que el de los otros animales o del que éstos carecen, lo que en occidente se concretó en la tradición de distinguir en forma tajante entre cuerpo y alma, con una creciente subestimación del cuerpo.

Es verdad que la subestimación radical del cuerpo fue explotada para jerarquizar en clases la sociedad capitalista[1], en razón de que, al asociar el cuerpo al trabajo manual, lo contraponía a las manifestaciones elevadas del espíritu, que reservaba a las clases hegemónicas.

Al considerar lo corporal como lo animal del ser humano, se facilita señalar a algunos humanos movidos de preferencia o limitados a sus manifestaciones corporales (sensualidad dominante), como menos humanos (se los subhumaniza) y, por ende, los dominadores -que se subjetivizan como más espirituales- les deparan un menor reconocimiento social[2] o directamente se lo niegan hasta considerar positiva la supresión de sus vidas.

Esta es la estructura básica de la totalidad de las subhumanizaciones negadoras de la igualdad humana, pues no sólo lo es del racismo, sino también de la inferiorización del trabajador manual (llamado proletariado), de la mujer (el Malleus dedica muchas páginas de citas que probarían una supuesta menor inteligencia y mayor maldad), del discapacitado (cuya reproducción se quiso evitar) y, en general, de todos los que no comparten el mundo o cultura del dominador, sea clase hegemónica, colonizador, poder patriarcal, etc.

Pero cuando en el colonialismo el racismo se disfraza de culturalismo, esta estructura adquiere una importancia capital, pues permite jerarquizar sociedades enteras y, además, como si esto fuese poco, sirve nada menos que para convencer de su supuesta inferioridad a los propios colonizados.

Cabe aclarar que el culturalismo es una corriente sociológica respetable, que no necesariamente –ni mucho menos- es racista ni está al servicio del colonialismo, sino que, por el contrario, ha servido en gran medida para combatirlo. No obstante, como sucede con toda construcción científica o ideológica, nada la inmuniza de ser pervertida y deformada con fines que nada tienen que ver con su esencia ni con su objetivo.

El fruto de esta perversión del culturalismo es el racismo cultural sostenido por todo el aparato de medios hegemónicos y también por la producción artística de la industria cultural, quepretende que creamos que, en comparación con el Norte, en el Sur somos subdesarrollados por nuestros propios defectos, de los que, además, somos culpables.

Así, nuestros colonialistas de siempre –Jauretche los llamaba cipayos– hoy dejaron de afirmar que nuestros males se deben a la inferioridad biológica de los negros, indios, mulatos, mestizos e inmigrantes degenerados, para considerar que son producto de la inclinación de nuestros pueblos por la vagancia, la indolencia, la promiscuidad, la delincuencia, la vulgaridad, la ignorancia y hasta la fealdad, considerándose ellos como los iluminados promotores de la imitación del Norte civilizado que un día nos habrá de sacar del subdesarrollo mediante la obsecuencia con éste.

Pero no sólo son los cipayos intelectuales quienes postulan esa posición, sino que nuestros partidos políticos mediáticos inventan una casta de malos, feos y degenerados que no existe, pero que al darla por real sirve para convencer a las clases medias y medias bajas de nuestras sociedades de que todos los males proceden de un grupo detestable de nuestra población (identificados como negros de la villa, piqueteros, jóvenes de gorrita, etc.) defendidos sólo por políticos corruptos criminalizados mediante el lawfare, del que deben diferenciarse.

Para hacerlo y poner distancia de esos indecentes, asumiendo una subjetividad de superioridad a ellos, los propios partidos mediáticos señalan como único método eficaz la identificación con la ideología de nuestros cipayos y la imitación de su cultura y de sus modas y formas clasistas, que también son en buena medida inventadas.  De esta forma, como producto de la actual versión racista cultural del viejo medio pelo, surgen curiosas caricaturas de imitadores de lo que se da por supuesto que piensan y hacen los que nunca los aceptarán en sus mesas ni les abrirán las puertas de sus casas.

El tardocolonialismo financiero pretende imponernos modelos de sociedad con 30% de incluidos y 70% de excluidos, por lo cual el racismo culturalizado tampoco se desentiende de la creciente masa de excluidos, a la que por todos los medios, su aparato cultural quiere convencer de que somos piolas, que nos caracteriza y destaca la viveza criolla, la corrupción y en general cierta inferioridad ética o deshonestidad en nuestra inventada personalidad básica (concepto bien discutible por cierto), pero que por su naturaleza cultural es disculpable. En otros países, estas características negativas asumen sus respectivas versiones locales: el jeitinho brasileño, la violencia mexicana, etc.  

De esta manera se nos trata de convencer a todos (incluidos, medio incluidos precarios y excluidos) de que somos culpables de nuestro propio subdesarrollo, por ser culturalmente inferiores debido a que no somos éticos, serios, trabajadores, honestos, disciplinados y ordenados como el Norte de blancos, rubios y lindos.

Esta es la trampa que en nuestra época y sociedades nos tiende la versión pervertida del culturalismo sociológico, armada para disfrazar al racismo en el carnaval de nuestro tardocolonialismo financiero. No escribamos epitafios ni les dediquemos oraciones fúnebres y recordatorios al racismo ni lo limitemos a sus versiones estrictas condicionadas por la melanina, porque el racismo no ha muerto ni mucho menos; goza de muy buena salud como racismo cultural, ataviado con las ropas que en un momento de descuido hurtó del ropero del buen culturalismo sociológico.    

Referencias:

[1] Cfr. León Rozitchner, La cosa y la Cruz, Buenos Aires, 1997.

[2]  Cfr. Jessé Souza, Como o racismo criou o Brasil, Rio de Janeiro, 2021.

Buenos Aires, 21 de abril de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde hace siete años la justicia federal de Buenos Aires concentra en dos jueces de primera instancia la casi totalidad de las causas contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. En la Casación, dos jueces concentran también todos los planteos de incompetencia en esos procesos y absorben la de otros en causas que involucran a funcionarios del gobierno de Macri. Todo esto se jalona con sorteos en que el azar provee coincidencias increíbles. Pero los dos afortunados jueces de la máxima instancia penal federal también visitaron quince veces a Macri, por “vieja amistad” y para “jugar al paddle” y, por otra casualidad, algunas de sus visitas coinciden con resoluciones por las que éste los felicitó públicamente y también criticó a la jueza que votó en disidencia. Estos son algunos, entre otros hechos.

En el curso de los procesos se cometieron varios prevaricatos, pero el más claro fue procesar por traición a la Nación sin que hubiese ninguna guerra, aunque no lo fue menos inventar un nuevo impedimento para la excarcelación (los “vínculos residuales”). Tampoco lo fue detener a quienes si las citaban hubiesen ido caminando, en la madrugada y en ropas de dormir o disfrazarlos “por razones de seguridad” y mostrarlos a las cámaras de televisión, o admitir que un fiscal procesado siga actuando amparado en sus fueros, o que se persiga a una fiscal porque sacó a luz un “arreglo” en favor de la familia de Macri, es decir, algunos entre otros hechos.

Y todo eso lo mira con indiferencia una Corte Suprema integrada por dos jueces que aceptaron sin pestañear un posible nombramiento sin acuerdo del Senado, que quiso aplicar el cómputo del 2×1 a los genocidas que nunca habían estado en prisión preventiva, que luego lo revocó admitiendo en dos votos la aplicación retroactiva de la ley penal, que resolvió una cuestión técnica epidemiológica con riesgo masivo para la salud y la vida sin escuchar a ningún perito, que legisló declarando vigente una ley derogada para apoderarse del control del Consejo de la Magistratura, que ante un recurso que probaba por instrumento público que a un testigo “clave” se le había pagado con un hotel respondió con un “certiorari” (no me interesa), que admitió el traslado de jueces por disposición del Ejecutivo, y uno de cuyos integrantes tuvo algo que ver en la cordial “demora” de un senador, para que no pueda votar en favor de un juez “indócil”, por cierto que entre otros hechos.

Además, tenemos un poder judicial en una provincia integrado por parientes, en que son jueces de su máximo tribunal local los diputados que votaron la creación de su propia vacante, que condenó a una dirigente porque el Ejecutivo “con ella suelta no podía gobernar”, que clonó procesos, que incumplió medidas provisionales de la Corte Interamericana y que ahora, por un acuerdo entre los dos partidos y porque el gobernador quiere su “re-relección”, se saca de encima a seis de los nueve integrantes de su máximo tribunal local, también entre otros hechos.  

Son numerosísimos hechos, nunca antes vistos en períodos constitucionales y que permiten considerar que la situación de nuestra magistratura es escandalosa. Vista desde esta perspectiva no sólo se halla en el punto más bajo ante la opinión pública, sino que objetivamente se trata de una grave patología institucional.

Sin embargo, frente al número de jueces de todas las instancias de la justicia federal y al muchísimo mayor de todas las justicias provinciales, los que protagonizan esos numerosísimos hechos son apenas un puñado que se puede contar con los dedos. Quizá pueda haber algunos más que le ceden competencia a ese puñado por razones de comodidad, pero la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país no tiene nada que ver con esos numerosísimos hechos. Esto explica que, quien observe nuestra magistratura desde sus cúpulas y luego desde sus bases, se admire de que éstas últimas todavía funcionen y no lo hagan tan mal.

Pero no sólo funcionan sus bases, sino que de repente emiten algunos destellos que asombran y deben llevarnos a rechazar cualquier generalización y, por cierto, uno de los más deslumbrantes de estos días fue el veredicto de la justicia federal del Chaco en el caso conocido como la “masacre de Napalpí”, que declaró delito contra la humanidad ese terrible crimen cometido el 19 de julio de 1924.

Después de casi un siglo, la justicia federal dio por probado que unas mil personas estaban reclamando por su situación de servidumbre, cuando se abrió fuego sobre ellas por parte de unos cien policías del territorio nacional, gendarmes y algunos civiles, apoyados por un avión con ametralladora, dando muerte indiscriminadamente a cuatrocientas o quinientas de las personas allí reunidas, con clara alevosía, puesto que estaban desarmadas y se las mató sin previo aviso, y con ensañamiento, puesto que al parecer algunas fueron rematadas, se separaron sus cabezas como trofeos y se persiguió a los sobrevivientes (art. 80 inc. 2º del código, que estaba vigente desde dos años antes).

El veredicto dice que se trató de “un crimen de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Es la primera vez que nuestra justicia reconoce abiertamente el genocidio de nuestras comunidades originarias. Algún “pseudoliberal” lanzará la insensatez de que pretendemos condenar a Pizarro, a Cortés o al propio Nerón. Es obvio que no se trata de eso, sino de hechos que ocurrieron en vigencia de nuestra Constitución y de nuestro código penal, y que son imprescriptibles conforme al derecho internacional consuetudinario reafirmado ahora por tratados. Nuestro Pueblo y los descendientes de las víctimas tienen el pleno derecho de conocer la verdad, aunque no quede con vida ninguno de sus perpetradores materiales.

Por otra parte, queda claro que este crimen no fue un hecho aislado, sino que forma parte de un plan sistemático de genocidio de poblaciones originarias, que no sólo se cometió en la Argentina, sino que fue emprendido por el neocolonialismo en toda América (incluyendo Canadá y Estados Unidos) y en Oceanía, siempre para usurparles sus tierras ancestrales a los “salvajes” y que aquí y ahora se pretende continuar, al punto que no faltan algunos diputados -que se disfrazan bajo el respetable nombre de “libertarios”-  para proponer la derogación de la ley 26.160.

Pero además del genocidio, es muy difícil que una masacre de esas proporciones haya sido decidida por las autoridades de una gobernación que dependían del Ministerio del Interior de la Nación, pues el Chaco no era provincia y, además, en un hecho de esta naturaleza no se encubre a los perpetradores ni se lo oculta para garantizar la impunidad, sin la decisión de una autoridad de mayor jerarquía que el gobernador de un territorio federal.

Por eso, no es para nada descaminado preguntarse quién era el Ministro del Interior al tiempo del hecho y echar una mirada sobre su biografía y antecedentes: se trataba de Vicente C. Gallo, que en 1920 participó en la fundación de la “Liga Patriótica Argentina”, entidad de extrema derecha prefascista inspirada en los discursos del “antidreyfusismo” francés de Charles Maurras, en la tradición de los jóvenes distinguidos que habían protagonizado el primer “progrom” de América y que en 1930 invadirían y vandalizarían la modesta casa de Yrigoyen. 

Pero quizá esto fuese una cuestión ideológica de importancia menor, pues lo más significativo es que Gallo pertenecía a la oligarquía azucarera tucumana y poseía 190.000 hectáreas, presidió en Centro Azucarero Argentino, formó parte de directorios de bancos, de los ferrocarriles ingleses y fue abogado de la famosa concesionaria de electricidad CHADE (la del escándalo de corrupción de los 100.000 pesos a cada concejal), habiendo llegado al ministerio por renuncia de Matienzo en noviembre de 1923, quien no se ponía de acuerdo con el interventor en Tucumán con motivo de la huelga de obreros del ingenio Hileret.

Desde su cargo intentó derogar por todos los medios las leyes laborales tucumanas que establecían la jornada laboral de once horas, el descanso dominical y la prohibición de trabajo en los ingenios de niños de menos de catorce años.

Gallo formó parte del radicalismo “antipersonalista” y permaneció en el Ministerio del Interior hasta 1926, pues renunció cuando Alvear rechazó su proyecto de intervenir la Provincia de Buenos Aires para evitar el triunfo de Yrigoyen. En 1928 acompañó en la fórmula derrotada a Leopoldo Melo como candidato a vicepresidente. Después del golpe de 1930 se sumó al contubernio que, luego de desconocer el triunfo radical del 5 de abril de 1931 en la Provincia de Buenos Aires, proscribió al radicalismo y llevó al gobierno a Agustín P. Justo, es decir, que acabó siendo un activo promotor de la década infame, ocupando desde 1934 el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta 1941, falleciendo al año siguiente.                                                                         

No se trata ahora de condenar a ningún muerto, pero estos datos aumentan la sospecha de que el crimen de lesa humanidad ahora condenado no fue del todo resuelto en el Chaco. Es posible también que desde Buenos Aires haya llegado una orden de reprimir, pero sin especificar detalles. Son hipótesis que no se pueden comprobar ahora, pero incluso en la menos grave, no deja de generar cierto indicio de un altísimo grado de responsabilidad de la autoridad nacional.

Para nuestras elites, como para las del resto de nuestra América en tiempos de las repúblicas oligárquicas, los indios no eran demasiado humanos y, en nombre del “progreso” debían ser exterminados o “asimilados”, para dejar bien configurados países “blancos”, sin indios ni negros. Napalí fue uno de esos episodios y hoy es la justicia federal la que lo recupera del olvido, lo trae a la memoria colectiva y lo enmarca en el plan sistemático de exterminio de nuestra oligarquía, en este caso no “vacuna” sino “azucarera”, alguno de cuyos brotes, medio siglo más tarde, no fue por cierto ajeno al genocidio de “seguridad nacional”.  

Este veredicto, que formará parte de una sentencia histórica, nos permite echar un vistazo sobre la base de la estructura de nuestra magistratura y sorprendernos con su destello. Ahora que los gobernadores discuten la posibilidad de federalizar en serio nuestro Poder Judicial, mirando desde la base, con este notable veredicto recibimos una dosis de optimismo: no funciona tan mal y con una cúpula federal funcionaría mucho mejor. Todavía quedan jueces en nuestro país y son muchos.    

Buenos Aires, 26 de mayo de 2022.

Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde hace más de dos meses otro presidente de nuestra América está preso: Pedro Castillo. La opinión “publicada” por los medios hegemónicos, usualmente llamada “pública”, afirma que atentó contra la democracia, colocándolo a la par de Fujimori quien, a modo de broma de mal gusto, cumple su pena por delito de lesa humanidad en la misma cárcel “especial”, donde  ambos son los únicos huéspedes. De paso, muestran a Castillo como un desequilibrado, al que un día se le ocurrió pronunciar un discurso ordenando el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones y a una asamblea constituyente.

Es claro que, atendiendo a las fuentes de esta información, todo indica que se trata de una gran mentira. Pero si bien no son creíbles quienes califican de “terroristas” a los seguidores de Castillo (“terrucos”, expresión despectiva) y menos los penosos discursos de Dina Boluarte, la intencional confusión generada por la información maliciosa tiene como objetivo ocultar la racionalidad política de la conducta de Castillo, que para nada fue disparatada.

¿Qué fue lo que hizo y por lo que está preso ahora Castillo? ¡Un discurso! Nada más que un discurso, en un episodio que no duró más de dos horas. En ese discurso ordenó teatralmente la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones y a constituyente. Terminado el discurso partió hacia la embajada de México para asilarse diplomáticamente, pero su propia custodia lo detuvo en el trayecto, a punta de pistola, incluso apuntando a su hija de diez años que lo abrazaba. Dicho de esta manera, esto carece de sentido, pero otra muy diferente es la perspectiva cuando ubicamos el hecho en su correspondiente contexto.

Ante todo, debemos ubicarlo en la historia peruana, desde hace quinientos años marcada por el racismo que separa a la Lima virreinal, que insólitamente sigue llamando “Palacio Pizarro” a su casa de gobierno, de la sierra india y mestiza donde se conserva la cultura prehispánica. Castillo proviene de esta última, es un maestro, serrano como su electorado, pero no es un líder histórico, como Evo en Bolivia, sino que, con bastante sorpresa ganó la elección presidencial, asumiendo la representación de su gente, como el primer presidente campesino del Perú.

Desde el mismo momento en que asumió su mandato fue hostigado por el Congreso, se vio obligado a cambiar casi un ministro por semana, no le trataron ninguno de sus proyectos legislativos, en reiteradas ocasiones promovieron su destitución, los medios masivos lo estigmatizaron sin piedad, las elites y las no tan elites que pretenden serlo y que nunca faltan, no podían tolerarlo como presidente. En síntesis: no pudo cumplir con ninguna de sus promesas, su electorado se desilusionaba, se disolvía su condición sino de conductor al menos de representante de ese electorado y, el día del discurso, era inminente su destitución.  

Dejándose destituir mansamente, Pedro Castillo hubiese salido del Palacio de Gobierno acusado de cualquier invento de “corrupción”, como perro azotado, con la cabeza baja y el rabo entre las patas y, además, iría preso. El campesinado serrano se hubiese avergonzado de su paso por el gobierno y quedado reducido al papel de un inútil carente de carácter y absolutamente incapaz de nada. Y precisamente ese era el plan: desprestigiarlo ante su propio electorado, al tiempo que los racistas reirían pontificando “este cholo no puede ser presidente”.

¿Pero qué intereses de fondo se mueven detrás de todo esto? Debe apuntarse a este respecto que este año vencen las concesiones del festival neoliberal privatista del poco deseado compañero de cárcel de Castillo. Esos intereses no son ahora los de la vieja “oligarquía” tradicional, sino los de los “privatizadores vendepatrias” locales y de los intereses del tardocolonialismo financiero, que quieren seguir privando al país de la explotación de sus riquezas naturales y de servicios públicos decentes.

Por eso, esa “mafia” no podía conformarse con destituir a Castillo, sino que también debía desacreditarlo, privarlo de la representación de ese electorado postergado y explotado desde hace medio milenio. Al proceder de este modo, ni siquiera es consciente del peligro que significaría dejar a millones de personas empobrecidas y explotadas sin conducción ni representación, masticando su resentimiento secular.       

Eso es lo que entendió claramente Castillo y decidió que, si debía irse del gobierno, lo haría con una proclama y una hábil teatralización que le permitiese salir por la puerta grande por una causa claramente política y, al mismo tiempo, señalarle a su gente sus objetivos de lucha: elecciones y una nueva constitución.

¿Y por qué una nueva constitución? Creo que no hay en el mundo algo semejante a la constitución que Fujimori le dio al Perú, con una mezcla de presidencialismo y parlamentarismo, en forma de “puchero criollo” institucional, que hace que el presidente no pueda nombrar libremente a sus ministros, que solo si le rechazan dos gabinetes seguidos pueda disolver el Congreso, pero que el Congreso pueda destituirlo. Nadie, del color político que sea, pudo ni podrá gobernar el Perú con esa constitución; prueba de esto es la alucinante sucesión cinematográfica de presidentes de los últimos años, uno de los cuales sólo duró dos días.

Castillo sabía muy bien que nadie obedecería su dramatización ordenando la disolución del Congreso, que no contaba con los militares ni con la policía, que lo habían desairado y criticado públicamente y que de inmediato declararon que no cumplirían sus órdenes y dispusieron su detención camino a la embajada mexicana. Tenía plena consciencia de que su discurso era solo una proclama política dirigida a su electorado. Su mensaje fue claro: no me voy acusado de ningún invento de los medios hegemónicos y de los diputados, sino por claras razones políticas; aquí se requieren nuevas elecciones y una constituyente, por eso se debe luchar en lo inmediato. 

 Por cierto, esa maniobra política tuvo éxito: los serranos se levantan hasta ahora alzando esos objetivos y exigiendo su reposición en la presidencia; no perdió nada de su representatividad, más bien la recuperó y en buena hora, porque la existencia de una conducción evita la inorganicidad y falta de objetivos de las protestas que, en el mejor de los casos, las debilita y, en el peor, conduce a una violencia insensata y letal. La maniobra de Castillo tuvo éxito, pues neutralizó estos riesgos: ahora su electorado lo ve en condición de dirigente y los objetivos reclamados en las protestas están bien definidos.

Pero está preso, acusado de “rebelión”, delito que conforme al código penal requiere “levantamiento en armas”. Como era más que previsible y como Castillo sabía, nadie alzó un arma ni siquiera del piso, a tal punto que al terminar el discurso intentó asilarse. Cabe insistir en que todo el episodio, discurso y salida hasta su detención violenta, no duró más que unas dos horas.

Como no hay rebelión cuando no la puede haber porque se sabe de antemano que nadie levantará un arma, ahora los jueces, para justificar su prisión, afirman que su conducta sería altamente peligrosa “en otras circunstancias de tiempo, modo y medios”.

Puedo recorrer todos los libros de derecho, pero nadie sostiene que sea delito una acción porque “en otras circunstancias” hubiese configurado un peligro o daño, pues cualquier acción, “en otras circunstancias” podría ser lesiva o peligrosa. Así, quien dispara contra un blanco realiza una práctica deportiva, pero si en lugar de un blanco tuviese delante a una persona, sería un asesinato. Por suerte, hasta ahora todos los tribunales juzgan las acciones en sus circunstancias reales y concretas y no en otras meramente hipotéticas, pues en caso contrario, todos estaríamos imputados de delitos, dado que, “en otras circunstancias”, hasta la más inocente de las conductas puede ser un delito, incluso atroz.

Los jueces peruanos tampoco se hacen cargo de que el Congreso destituyó a Castillo sin darle el derecho a ser oído, requisito elemental para cualquier juicio político, según la unánime, pacífica y consolidada jurisprudencia internacional. Pero los jueces afirman que, como no se explicó en qué hubiese consistido su defensa, al negarle el derecho de defensa “formal” no se lesionó el deber de respetar el derecho a una efectiva defensa “material”. Dicho más claramente: consideran que Castillo era “indefendible” y por eso no tiene importancia que no se le haya escuchado.

Ambas afirmaciones de los jueces no pertenecen a los abundantes casos complejos y dudosos que se discuten, sino que no se hallará ningún autor que se ocupe de ellas en ningún libro, porque lejos de ser dudosas, directamente son insólitas, diríamos que jurídicamente extraplanetarias.     

A todo esto, asumió la presidencia su vicepresidenta, que lo traicionó y ahora carece de partido y de bloque parlamentario y cree ejercer el poder, sin darse cuenta de que es un instrumento en manos de los “privatizadores”. Por eso, en su inconsciencia política, se prestó para hacerse cargo de una represión homicida que costó unas setenta vidas humanas y cientos de heridos, invadió la Universidad más antigua de Sudamérica y militariza el país. Ahora tampoco puede adelantar las elecciones para darse una salida racional, porque el Congreso le niega los votos para hacerlo.

En verdad, Boluarte está entrampada y el Perú realmente sin gobierno. Este golpe de Estado de los llamados “blandos” dejó el país sin timón, en manos de este personaje patético que, tarde o temprano, cuando le terminen de retirar la cobertura los beneficiarios del golpe, quedará a la intemperie y deberá responder por las víctimas de su dictadura sin cabeza, es decir, del peor y más peligroso modelo de dictadura: la caótica.   

Buenos Aires, 20 de febrero de 2023.      

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

1. La discusión simplista. Asistimos a una discusión local acerca de la provisión de la pistola taser a nuestras policías, a veces con argumentos que omiten datos técnicos e informaciones que son públicas en el mundo y que por elementales razones de prudencia no es posible eludir. No es correcto asumir posiciones sólo para impactar en los medios sin informar en debida forma a la población.  

Por desgracia parece que es inevitable que los temas de política criminal se inserten siempre en un contexto publicitario, olvidando que hay vidas humanas en juego. Pero no por eso debemos renunciar a invocar la razón y la prudencia, al menos para quedarnos con la conciencia tranquila ante las posibles consecuencias de decisiones improvisadas.

2. ¿Qué es la taser? Existen varias armas de descarga eléctrica (bastones, pistolas aturdidoras y otras), llamadas “elctroshock weapons”, que en contacto con la piel se limitan a descargar electricidad produciendo dolor. La pistola taser, si bien puede usarse apoyada sobre la piel, en cuyo caso produce sólo una sensación dolorosa (“modo aturdimiento”), se distingue por su capacidad de ser usada también a distancia (“modo dardo”), disparando dardos metálicos unidos a finísimos hilos de cobre hasta varios metros que, al impactar en la ropa o en la piel, descargan electricidad de alto voltaje y bajo amperaje, que no sólo provoca dolor, sino una fuerte contracción muscular (“incapacidad neuromuscular”) que inmoviliza y hace caer a la persona.

Su historia se remonta a los años sesenta, en que la inventó un ingeniero de la NASA, Jack Cover, para los casos de desvíos aéreos, pues el disparo de pistolas comunes dentro de aeronaves puede perforar el fuselaje y provocar catástrofes. Cover la perfeccionó luego en sociedad con los hermanos Patrick y Thomas Smith. Al principio fue calificada como “arma de fuego” porque los dardos se impulsaban con pólvora, pero dejó de serlo con el reemplazo por impulso de aire comprimido o hidrógeno.

Su nombre técnico es CEW (“conducted electroshock weapon”) y “taser” es la denominación que le dio Cover con las iniciales de una tira cuyo héroe disponía de un rifle eléctrico (”Thomas A. Swift’s Electrict Rifle”). Después de varias alternativas, la fábrica “AXON Enterprise Inc.”, con los años fue perfeccionando varios modelos (Air Taser 34000, Advanced Taser M26, X26, X2, etc.).  

Como es natural, para introducirla en el mercado, sus fabricantes comenzaron destacando sus virtudes y no sus defectos, por lo cual se sostuvo que se trataba de un “arma no letal”, negando en un comienzo todo riesgo para la vida humana. En ese entendimiento, su uso por parte de las policías se generalizó en los Estados Unidos y se expandió por los países del hemisferio sur.   

3. El empleo irracional en los Estados Unidos. El 90% de las policías norteamericanas fue dotado de la taser. Se produjeron numerosos casos de muerte, algunos por caídas, otros porque dieron en personas con patologías previas y por ende vulnerables, algunos en personas saludables que produjeron infartos por la llamada “captura del corazón”, es decir por elevar las pulsaciones hasta 270 por minuto.

Su empleo contra enfermos mentales aparejó también algunos casos letales y, en especial, se tuvo en cuenta el fenómeno que se presenta en personas que alcanzan altos niveles de excitación al contacto con la policía, que se dio en llamar el síndrome del “excited delirium”, lo que es clínicamente discutible, pero lo cierto es que no deja de presentarse en la realidad, pudiendo responder a fobias o síndromes ya conocidos, que producen alteraciones fisiológicas que hacen al sujeto muy vulnerable a la descarga eléctrica.

Cabe advertir que la taser fue usada en ese país incluso contra niños y adolescentes en las escuelas, y también en las cárceles contra personas ya privadas de libertad. Todo esto dio lugar a múltiples discusiones científicas, investigaciones médicas y relevamientos de datos, acerca de lo cual hay abundante bibliografía técnica. De todos modos, la existencia de casos letales es incuestionable, sea por efecto del shock, del modo de empleo o de las concausas. En síntesis, lo que su empleo en los Estados Unidos muestra es su uso policial indiscriminado e irracional, siendo causa o concausa de resultados letales.

Si bien esta experiencia es negativa, sin embargo, tuvo un efecto paradojal, pues en el 40% de las demandas contra el Estado por muertes causadas por el uso de la taser, los demandantes imputaban también a los fabricantes no haber advertido suficientemente a las autoridades sobre los riesgos del arma. Un jurado, en un caso de muerte, condenó a una reparación de seis millones de dólares, luego reducida a 150.000 dólares en apelación.

Esto determinó que los propios fabricantes fuesen aumentando las advertencias (“Warnings”), indicando que no se debía disparar la taser al pecho ni al rostro, que no debía emplearse contra ancianos, personas delgadas, debilitadas, con dolencias cardíacas, niños, mujeres embarazadas, personas intoxicadas, como tampoco junto a piscinas o espejos de agua, etc. También el fabricante procuró ponerse a resguardo del uso irracional o ilícito, precisando que daba por descontado que la taser sería usada conforme a las directivas y con las precauciones reglamentarias de las autoridades de cada policía. Al mismo tiempo, fueron mejorando los modelos, limitando a cinco segundos el efecto de la descarga, impidiendo su repetición automática, proveerlos de una “Bodycam” para registrar las circunstancias de uso y de un sistema de disparador conjunto de “confites” que permitía individualizar el arma de la cual se había disparado.

En síntesis, el resultado paradojal del uso irracional en los Estados Unidos, fue que la propia AXON Inc. admitió, sino todos, al menos buena parte de los principales riesgos y trató de exonerarse de responsabilidad mediante el perfeccionamiento tecnológico, las “Warnings” a los estados y la aclaración de que no se hacía cargo de su uso ilícito.    

4. La experiencia europea. La experiencia europea es bastante diferente a la norteamericana. En algunos países (Alemania, Irlanda. Portugal, Holanda, Luxemburgo) su uso es limitado a formaciones especializadas de sus policías. En Austria es más amplio, pero unos mil policías en seis años la utilizaron sólo 133 veces; de todos modos, se establece que en cada ocasión debe comparecer de inmediato personal médico encargado de la extracción de los dardos. En Gran Bretaña no se la califica como “arma no letal”, sino “menos letal” y, si bien se fue ampliando su uso, está limitado a ciertos cuerpos policiales. En Italia se introdujo en el equipamiento de sus policías después de años de  uso experimental y controlado.

En general, lo que se observa de su uso en Europa es una prudencia mucho mayor que en Estados Unidos. Es muy marcada la tendencia a introducir el uso en forma experimental durante períodos prolongados y con muchas precauciones, a convocar a autoridades sanitarias para evaluar sus resultados, a que su uso sea precedido por cursos de entrenamiento teóricos y prácticos del personal al que se dota del arma y, además, en varios casos, a que ese uso se limite a un cuerpo o personal de “élite”, como el “Spezialeinsatzkommando” alemán o el “Arrestatetiam” holandés, con capacidad para intervenir en casos de particular violencia.  

De todas formas, estas precauciones no alcanzaron para prevenir hechos desgraciados, como en Gran Bretaña, donde se la usó contra epilépticos en crisis, confundiéndolos con casos de resistencia violenta, o las condenas a Bulgaria (“Georgiev y otros v. Bulgaria”) y a Polonia (“Kancial v. Polonia”) por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, como también que se constatase que heridas inferidas en el rostro por la policía francesa, no respondían a un uso racional de la fuerza.

5. La posición del “Comité contra la Tortura” de la ONU. La posición más firme contra el uso de la taser, seguida por “Amnesty International”, es la del “Comité contra la Tortura” de las Naciones Unidas: “El Comité considera que el uso de estas armas causa severos dolores constituyendo una forma de tortura y que en algunos casos puede eventualmente causar la muerte, como lo han demostrado recientes desarrollos”. En consecuencia, dispuso que Portugal considerase poner fin al uso de la taser X26, por ser violatorio de los artículos 1º y 16º de la Convención, incorporada a nuestra Constitución (inciso 22º del artículo 75º).

6. La prudencia y la imprudencia. Muchas veces se criticó lo resuelto por el Comité de la ONU y la posición de “Amnesty”, argumentando que cualquier arma puede ser empleada para torturar. Entre nosotros esto es tan cierto que, a decir verdad, no faltó creatividad maligna, especialmente con la “picana eléctrica”, cuyo uso perverso al parecer fue inventado hace poco menos de un siglo por el tristemente célebre comisario Lugones, de modo que aquí, para torturar con electricidad nunca se necesitó la taser de última generación.

También es válido el argumento, perfectamente racional, de que el agente policial debe disponer de armas suficientes para adecuar el uso de la fuerza a la magnitud de la agresión, es decir, que no parece lógico que de las manos, los puños y un palo, su capacidad defensiva salte a una pistola de 9 mm. La lógica más elemental indica que, cuando los puños y el palo no alcanzan para defenderse o defender a un tercero, pero tampoco sea necesario en empleo de un arma “letal”, disponga de una “menos letal”.

Todos estos argumentos son razonables, pero el problema no está en la taser misma, sino en quién, contra quién, en qué circunstancias lo hace y en cómo lo hace.

Lo que no deja de alarmar es que se haya anunciado que se compren a Brasil una cantidad de pistolas taser y que se envíe personal policial a entrenarse a ese país, que registra cifras alarmantes de ejecuciones sin proceso y, en especial, a la policía de Rio de Janeiro, que cuenta en su haber con una buena cantidad de “chacinas” o matanzas en las “favelas”, a cuya alta letalidad trata de ponerle fin el propio Tribunal Supremo de ese país. Por otra parte, Brasil tiene un altísimo índice de homicidios, en tanto que el nuestro es mucho menor y con marcada tendencia a la baja.

La taser es un arma que no deja de ser “letal”; sólo es “menos letal”, como la califican los ingleses. La propia fábrica original formula advertencias que no pueden dejar de tomarse en cuenta. Una entrega indiscriminada al personal policial, entrenado por la policía carioca, en un país donde no nos faltan casos de “gatillo fácil” y sin las debidas precauciones, no deja de crear un fundado temor a que se use en cualquier circunstancia y contra cualquiera, minimizando sus riesgos con el argumento falso de que: “no es más que un shock”.

Lo anterior nos indica que es conveniente discutir la cuestión en serio y al margen de lo publicitario. En principio, la más elemental prudencia indica que sería bueno un entrenamiento y asesoramiento del personal en otro país y no en Brasil, que por cierto no es el mejor ejemplo policial en la región.

Si bien en el orden nacional, el Ministerio de Seguridad emitió un “Protocolo de actuación” para su uso, donde hay una cantidad de medidas razonables, es posible que algunas de las advertencias de la fábrica original no hayan sido contempladas. De todas formas, es bueno que se haya mostrado preocupación con este “Protocolo”, pero no debe olvidarse que se trata de una innovación y, como toda incorporación tecnológica, la prudencia indica la conveniencia de tomarse un tiempo de uso experimental, valorando los resultados con la supervisión de una comisión interdisciplinaria, de la que participe el área de salud.

Conforme a la experiencia recogida en ese tiempo y de resultar aconsejable su incorporación, se estaría en condiciones de perfeccionar el “Protocolo” y confeccionar un manual de uso. Además, se decidiría a qué agentes se dotaría del arma, con mayor ajuste a su uso adecuado. Por otra parte, a efectos de evitar su empleo abusivo o simplemente de prevenir errores, sería menester establecer un mecanismo de registro de los casos en que se use el arma, de ser posible filmado, que permita evaluar en cada oportunidad de la razonabilidad de su uso durante el tiempo de prueba.

Todo esto sea dicho con la salvedad de que el “Protocolo”, que es un primer paso de prudencia, fue emitido por la Nación, pero cada policía local podría decidir su empleo en condiciones menos prudentes, lo que sería realmente alarmante. Además, es obvio que debiera prohibirse legalmente su importación, venta y tenencia por particulares, porque como es sabido, a poco andar toda innovación preventiva se la apropia la delincuencia: en este sentido, los ladrones siguen a la policía. La neutralización de estos riesgos indica la necesidad de pensar soluciones institucionales.    

  Es posible que, al cabo de una adecuada experimentación durante un tiempo de prueba, se llegase a la conclusión de que su uso racional puede ahorrar vidas humanas de agentes y de ciudadanos, pero a esta conclusión debería llegarse con prudencia y contemplando los riesgos que implica la introducción de un arma que, si bien no es “letal” es “menos letal”. Un prudente tiempo de uso “experimental” controlado por una comisión interdisciplinaria y con participación de la sociedad civil, como el que se tomaron casi todos los europeos es más que aconsejable, teniendo en cuenta que, pese al cuidado puesto por esos gobiernos, hubo algunos inconvenientes y esa experiencia debe ser aprovechada. Siempre es bueno aprender de los mejores o, por lo menos, de quienes han cometido menos errores.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2023.

*Profesor Emérito de la UBA.

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