Por Horacio González*

(para La Tecl@ Eñe)

A mediados de los años 20 el joven Walter Benjamin escribió su famoso trabajo sobre la violencia, donde figura la palabra “crítica”. Crítica de la violencia. No era un alejamiento de la violencia, pues con la palabra crítica quería significar qué se podía desentrañar de esta palabra cuya referencia es casi toda la historia de la humanidad, su oscura dimensión propiciatoria; su relación con el mito y el derecho, y con su capacidad de crear sociedades nuevas o prometer masacres sagradas.

Es uno de los trabajos más conmovedores y sorprendentes de Benjamin, mantiene un manto teleológico permanente y para algunos, inscribe allí el futuro de su propia obra y el destino de su propia vida. Lo recordamos repentinamente ante el asombro que nos produce el asesinato de Estado producido por un simple policía, que se sumergió en las hondonadas más profunda del desprecio por la vida humana, y en su trágica acción –pudo haber durado 5 o pocos más minutos-, comprimió todo el drama de una época.

En las reflexiones de Benjamin –festejadas en su momento por Carl Schmitt, pues permitían pensar en el derecho y su destrucción a través de distintos tipos de violencia-, se pasa por un momento en que el autor afirma que en los estratos de la vida popular tiende a aprobarse la pena de muerte. En un tejido oscuro de la conciencia colectiva.

Lógicamente, no hizo ninguna encuesta, no salió a preguntar por los alrededores de Berlín, Viena o Moscú. Tenía una amarga convicción que se podría explicar de muchas maneras, no sólo por el tembladeral de la Gran Guerra –allí la muerte es otra cosa, no una lección estatal, aunque algo de eso tiene-, sino por su cuestionamiento al modo en que se invoca lo popular por parte de las socialdemocracias, que a su juicio, debía pasar antes por despejar un conocimiento más profundo sobre la relación de las capas populares ante el espectáculo de la muerte del delincuente  por parte de la ley de Estado.

Este espectáculo, que no era fácil detectar entre los fundamentos últimos del feudalismo en relación a la potencia de castigo que mantenían lo poderes dinásticos, podía ser el creador de la línea que separase “normalidad” y “anormalidad” como supuesta muralla entre el bien y el mal. Se basaría quizás, en un secreto deseo de la sangre, sorbida del cuerpo del desdichado sorprendido en algún infortunio o un daño, involuntaria o  no. Así se le ofrecía una cabeza a la comunidad aldeana que se fortalecería con su propio terror y su propio contento en ver un ahorcado en la plaza o una espalda donde brotan hilos definitivos de sangre. Allí hay una forma de gobierno.

¿Qué querría decir que el pueblo ansía secretamente “la pena de muerte”? Es posible que Benjamin estuviese describiendo ácidamente el comienzo de una violencia mítica, purgación genérica de las sociedades que quieren recubrirse con una capa pseudo moral a sabiendas de sus confidenciales proyectos diarios para vulnerarla. Podemos juzgar la frase benjaminiana como un gran lamento y también como una orientación intelectual para amonestar al partido del progreso, que idealizaba la vida popular como una escena pastoril, ajena a sedimentos históricos de dominaciones e injusticias ejercidas por los señores de la sangre, que hacían emanar su poder del ejercicio, sobre la servidumbre, de una tropelía que simultáneamente parecía enclavada en la propia conciencia de los más masacrados por la indigencia, el hambre, la necedad, el deseo de consuelo en el mal del otro, de un igual.

Reescritura del contrario social, de la fundación del Estado. Esa sangre derramada por el Estado alimentaba el amor por los príncipes. De lo popular emanaba la brujería, el hurto pequeño, el asesino que quería liberarse en el interior de su cortijo de sus propios fantasmas de senilidad o locura… Todo eso era motivo del castigo supremo que no era el Feudo el que lo hacía, eran los mismos siervos los que lo soñaban para seguir justificando su ignorado ludibrio.

En la Argentina gobierna un pensamiento primitivo, en tiempos que se dicen tecnológicos, que parte del mismo principio del escarmiento mortal oscuramente deseado por los ciudadanos. La ciudadanización a través del efecto que produce una muerte sacrificial, un ladronzuelo que huye y al que hay que matar por la espalda, lanzado sobre él los dardos incendiarios del Estado, apenas dos balas o más, nueve milímetros, lo que sea, en una escena donde la violencia que rompía todo indicio de derecho y los restos de cualquier ley, se podían considerar llamados a reagrupar el medievo nacional alrededor de sus patricios o patricias. ¿Pero puede ser esto?

Verdaderamente, no es digno, no tiene fundamentos decir que “el pueblo quiere la pena de muerte”. Por más difícil que sea representar hoy la idea de un pueblo con porciones de homogeneidad heredadas de pedagogías anteriores, no podemos, no debemos creer que eso sea cierto. Pues Durán Barba lo cree. Dice que ha hecho encuestas, no solo aquí, en otros países, los menciona: Chile, Ecuador, Brasil, todos quieren la pena de muerte. O algo parecido de lo que ocurrió en La Boca, la muerte por un brazo policial al margen de la ley. Durán Barba aclara: yo no estoy de acuerdo con eso, pero las encuestas lo dicen. Esta frase tiene un alto índice de obscenidad, es lastimosa, artera, sólo repudiable en las alturas de la mayor repugnancia. Es decir, partiendo de que cree que las encuestas son una “ciencia”, está justificando científicamente un asesinato.

Que el Presidente lo haya recibido a Chocobar y felicitado en un despacho oficial, significa producir un acto de Estado ligado al terror, al condicionamiento de los jueces a los que aún les falta condicionar y a los ciudadanos en general. El policía Chocobar estaba contento. Es un apellido del norte del país. Podemos imaginar quizás su vida. Pudo ser hace siglos alguien que festejaría el daño que las fuerzas militares producían en otra comunidad o en otro vecindario, o al revés, pudo tener ancestros campesinos que sufrieron de muchas formas los estilos de coacción de conquistadores, encomenderos, políticos conservadores, policías rurales, guardia pretorianas.

Pero no, ahora por fin salía de su duda, algo le decía que había pasado un límite, pero igual no sabría bien decir si le había gustado matar o no a un hombre, a un muchacho que corría después de un robo, pensando que solo con su velocidad zafaba. Un juez quiso imputarlo. Por eso tenía dudas Chocobar. No había leído la Encuesta de Durán Barba. Pero todo se desvaneció en ese momento, con la ministra felicitándolo, con el presidente distendido y locuaz en las medida que le es posible, que le decía que sí, que sí, que todo eso estaba bien y que debía haber muchos miles y miles de Chocobar, y que luego otros policías replicaban “somos Chocobar”, y que las encuestas estaban a full, que por lo tanto la Ciencia aprobaba. Pensó entonces que matar a un hombre era reconstruir la sociedad… o ser un héroe… Volver al barrio con la frente alta.

La escena pedagógica le recordaría difusamente que pudo ser castigado como en alguna lejana escuela del interior del país, desprovista y despintada, pero ahora él era el Estado, una de sus formas, una de sus espadas, una forma de la ciencia, una racionalidad de gobierno. Por fin Chocobar no sólo era felicitado por sus superiores que acaso antes lo maltrataban, ahora era la Encuesta, el Estado, el Pueblo. ¡Maldición! ¡No es así!

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018

*Sociólogo, ensayista y escritor. Ex Director de la Biblioteca Nacional

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 Por Tomás Bover* y Mariana Sirimarco**

(para La Tecl@ Eñe)

El domingo 16 de agosto de 2020 Facundo Astudillo Castro estuvo en la tapa de todos los diarios y portales de noticias de la Argentina. El día anterior, un pescador había descubierto un cuerpo semi-enterrado junto al lecho de un canal entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino, cerca del lugar donde Facundo había sido visto por última vez, 109 días antes, en un control policial realizado para garantizar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Las sospechas sobre el rol de la Policía de la Provincia de Buenos aires en su desaparición se fueron sumando e incrementando, una sobre otra, cada una más contundente que la anterior, durante los días que pasaron entre esa desaparición y el hallazgo del cuerpo: la falta de apoyo político y judicial local para comenzar con la búsqueda, la aparición de testigos falsos que intentaron desviar la atención de la actuación policial, las demoras y faltas de atención de la fiscalía y el juzgado a la familia y su abogado, la aparición de ciertas pertenencias de Facundo en una zona de descarte de basura de una comisaría del distrito de Villarino, la aparición de una foto de su DNI sobre el capot de un patrullero en el celular de un policía y, finalmente, la aparición de un cuerpo esqueletizado que -17 días después, el 2 de Septiembre- el Equipo Argentino de Antropología Forense habría de identificar positivamente como el de Facundo. En esos 17 días, otros datos: la aparición de vómito y un paquete de cigarrillos en la inspección de la comisaría, los resultados del GPS de un patrullero que habría estado donde apareció el cuerpo la noche que un testigo dice haber visto luces en el lugar. Y una certeza: la imagen de Facundo de espaldas, junto a un policía y un patrullero, es la última foto que conocemos de él con vida.

El caso reúne, hasta ahora, todos los condimentos de la responsabilidad policial: la desaparición por tiempo prolongado, los testigos falsos, el hostigamiento a familiares, el des-acompañamiento judicial, la adulteración de documentos policiales, el encubrimiento de pruebas, la aparición de un cuerpo mutilado -aún no se sabe si por acción de otras personas o de fauna de la zona- en una zona ya rastrillada. No hace falta recurrir a una memoria histórica muy añeja para dar estas sospechas por bien fundadas; son numerosas las situaciones y los nombres propios que estas imágenes evocan. Por supuesto, por ahora sólo se trata de eso. De sospechas. Aún con la identificación positiva del cuerpo, el camino que se inicie será largo: culminará con el arribo a alguna verdad que confirme o descarte la participación de miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la muerte y desaparición durante 108 días de Facundo Astudillo Castro.

Independientemente de ese futuro -independientemente de esa confirmación-, la policía provincial ya está sobre el tapete. Lo estuvo ni bien se encontró el cuerpo, con los detalles del caso desmenuzándose en el prime time televisivo: periodistas y analistas intercambiando datos e interpretaciones, anestesiando con tecnicismos -macro fauna, plancton, mareas- todo el horror que el cuerpo encontrado había puesto sobre la mesa. Y registrando, con mayor o menor incomodidad, tras las bambalinas de ese horror, la presencia de lo policial. Lo estuvo más aún con la certeza de la identidad. Después de días y días de tenso silencio (roto de tanto en tanto por intentos de instalar versiones y de propagar informaciones no oficiales), la confirmación de que el cuerpo encontrado era el de Facundo sumó por fin con fuerza, al reclamo de “Justicia por Facundo”, una nueva (vieja) bandera: “El Estado es responsable”. Los eventos que se fueron sucediendo dejan poco margen para argumentar lo contrario. Queremos decir: para escamotear, del tratamiento del caso, la alusión explícita a la actuación policial (sospechada).

Y es aquí -en el tratamiento del (presumible) horror policial- donde quisiéramos detenernos. O mejor dicho: no en su tratamiento, sino en su explicación. Y decimos explicación porque entendemos que se trata de discursos con pretensiones de saber-experto que pueden -y han sido- puestos a circular recurrentemente. Vuelven a activarse con este caso, pero monopolizan desde hace tiempo el discurso -social, mediático, aunque también científico y político- al que se echa mano para volver inteligible un accionar policial como el ahora sospechado. Una de estas explicaciones apela a la educación policial; otra, a la dictadura como herencia. Más que argumentos, resultan clichés: “Lo más importante es limpiar la fuerza desde su formación”. “El último resabio de la dictadura, eso es la policía bonaerense”.

Vamos por partes.

La primera explicación -la responsabilidad puesta en la formación- es un viejo caballito de batalla en la sucesión de reformas que ha atravesado el funcionamiento de la agencia policial. Sus escuelas son los espacios que mejor condensan la crítica sobre la falta de profesionalismo. Pues cada vez que el accionar policial es sospechado, cada vez que las prácticas policiales quedan, en su violencia e ilegalidad, al descubierto, lo primero que aparece en la mira son los establecimientos formativos. La clave de lectura es simplista: construye a las escuelas policiales como el alfa y omega de la formación del personal: como el lugar de origen y de modelado definitivo de un sujeto policial. Bien vale recordar que en nuestro país los/as policías reciben una formación inicial que va de 4 meses a 3 años (en un promedio de 25 años de carrera), dependiendo de la jerarquía y la institución a la que nos refiramos. En ese tiempo reciben formación básica alrededor de una serie de cuestiones que, en general, se dividen entre asignaturas de aula relacionadas con el marco jurídico de su actuación- y de “campo” -asociadas a ejercicios de competencias policiales, uso de la fuerza y de armas y tiro. Pero sería ingenuo señalar que allí se termina y define un proceso que, en realidad, recién empieza. “Olvídate de la escuela” es una frase de bienvenida en muchos destinos policiales, donde el “deber ser” de la formación se reconvierte, en manos de los más experimentados, hacia nuevos aprendizajes. Esa re-traducción subjetiva no es algo menor. Por el contrario: si en algún lugar amarran las preguntas por el desempeño de la función, es en el ámbito de ese desempeño mismo: en las múltiples experiencias, espacios y actores que conforman las tramas con que se actúa, contextual y efectivamente, el oficio policial. Esa re-traducción no es menor ni debiera, por ello y sobre todo, ser un tránsito subestimado para las autoridades políticas ni los analistas que, incansablemente, insisten en la formación inicial como un proceso culmine.

La segunda explicación -la violencia policial como resabio de la dictadura- no hace más que ensombrecer la comprensión del componente de ilegalidad y crueldad que pueden permear sus rutinas. La pereza intelectual de esa explicación es evidente. En primer lugar, por fijar una suerte de “mito de origen” que externaliza al tiempo que circunscribe: que remite a un cierto punto cero, desde el que esas violencias parecerían (aun) derramarse. Desde ya, los elementos comunes son tan similares como escalofriantes, entre aquellos modi operandi y los actuales. Desapariciones, torturas, asesinatos, desmembramientos, ocultamientos -hasta cursos de agua. Pero no por ello aquellos modos son los orígenes de estos que vivimos. La historia está repleta de situaciones donde las instituciones policiales, desde los inicios en 1880 de la Policía de la Capital en adelante, fueron partícipes y protagonistas de un ejercicio desproporcionado o incluso letal de la fuerza. El terrorismo de estado desplegado durante la última dictadura cívico-militar, aun siniestro como fue, no dejó de ser tampoco una exacerbación monstruosa de viejas estructuras represivas (y que en nada se agotan en el accionar de una sola fuerza). La cara violenta y coercitiva del poder policial tiene larga data. Y sobre todo: tiene génesis propia. Pero éste no es el único sentido vacío que se esconde en la explicación por la dictadura. La recurrencia a este “mito de origen” delega también responsabilidades en individuos; el señalamiento se trasvasa de tramas a personas de carne y hueso. Aquellas, justamente, que transitaron la fuerza policial en épocas de dictadura. Este señalamiento, aunque atendible, conlleva sin embargo un movimiento problemático, pues acerca caminos de resolución política -la depuración como única medida- que son tan expeditivos como cómodos. ¿Qué cambiará cuando no haya promociones, en las fuerzas policiales, que no hayan ingresado en democracia?

Sumados a estas explicaciones vienen los reclamos. Tienen también larga data y actual vigencia, sobre todo en el “consignismo” fácil de las redes, que tan bien se ajusta a resoluciones de cierta miopía y de cortos caracteres. “No hay democracia en un país con una policía putrefacta”. “Hay que barrer todo y empezar de nuevo”. “Es necesario terminar con el abuso policial”. Y finalmente: “hay que reformar la policía”. Aún queda saber qué pasó con Facundo Astudillo Castro, y es probable que no lo sepamos por largo tiempo. Pero lo que sí sabemos es que la cuestión policial no se resuelve con clichés -por mucho que éstos ayuden a expresar la bronca y la necesidad de cambio-, sobre todo cuando opacan la verdadera dimensión de lo que se pretende combatir. “Pasan los gobiernos, quedan las fuerzas de seguridad matando pibes”. Y esto es justamente lo que queremos señalar: que las estructuras políticas y las fuerzas policiales son entidades que se tocan -veamos la actuación judicial local en el caso de Facundo, sin ir más lejos- y que pensarlas en términos de completo aislamiento y completa independencia (los que se van, las que se quedan) sólo nos ofrece un panorama tan simplista como restrictivo de la violencia policial (ejercida sin dudas por las fuerzas de seguridad pero avalada y encubierta por otros sectores). Cargar las tintas en la “policía putrefacta”, otro de los ejemplos, oficia de árbol que tapa el bosque: nos impide ver y señalar el entramado que habilita y legitima la violencia ejercida por estas fuerzas. Al cercar tan restrictivamente lo fétido y estancado, ¿qué otros actores -políticos, judiciales, mediáticos, etc.- quedan fuera de la vista? “Barrer todo”, “empezar de nuevo”, “acabar con el abuso”, “reformar”: el clamor es tan deseable como liviano. No porque no apunte correctamente a la necesidad de cambios y mejoras, sino porque se instala, airoso, sin tocar nudos sensibles -y reales- de la estructura, la organización y la práctica policial. Porque distrae, en todo caso, de la necesidad de otras preguntas que puedan reponer un escenario de mayor complejidad.

El problema de la violencia policial no es ni nunca fue de simple resolución. ¿Por qué entonces recurrir a empantanarlo, con explicaciones y retóricas fáciles que, lejos de atacarlo, lo simplifican? ¿Cuándo vamos a salir de las respuestas siempre disponibles con que una y otra vez se insiste en enfrentarlo? Porque la violencia policial no se resuelve cerrando el foco sobre ámbitos aislados de responsabilidad -que la formación, que la dictadura-, ni tampoco cegándose a las tramas intra-institucionales que la sostienen. Mucho menos se resuelve con latiguillos de alta visibilidad pero nula capacidad real y transformadora. Pero, sobre todo, no se resuelve con gestos políticos limitados, que no ejerzan cambios globales y sustantivos.

El tiempo dirá qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Si la policía provincial resultara implicada, condenar a los culpables y que eso resulte ejemplificador será necesario pero insuficiente. Esta reflexión nace del dolor y el espanto por esa muerte, pero también de la necesidad de romper el aturdimiento en que nos sumergió con una voz que no se convierta en un slogan más. Escribimos desde el convencimiento de que la conmoción no puede dejarnos paralizados, sino que debe volverse una ocasión para saltar la bronca. Para eludir clichés. Para oponer -a los contextos socio-políticos vertiginosos y de reacciones espasmódicas- miradas menos convulsivas y de largo alcance. En este punto, sería importante que las investigaciones y reflexiones científicas en el tema contribuyésemos a disputar, antes que a alentar, la construcción y consolidación de explicaciones que, tal como aparecen en la agenda pública, oscurecen justamente aquello que pretenden abordar.

Buenos Aires/LaPlata, 8 de septiembre de 2020

* Antropólogo. Becario Postdoctoral Conicet-UNLP/UNQ.

** Antropóloga. Investigadora Conicet-UBA.

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