Por Estela Grassi*

(para La Tecl@ Eñe)

No es la casta, son las clases

Prestar atención a las medidas de destrucción de la política social y a aquellas misceláneas a las que acostumbra el Presidente, no es baladí si se supera la anécdota para intentar comprender en qué profundas transformaciones de la sociedad argentina se inscriben y dónde hunden sus raíces. Conocer y comprender lo que parece la convergencia de una multiplicidad de procesos en la configuración de sujetos poco proclives a la agregación solidaria y al pensamiento reflexivo, son objetivos que, por ahora, admiten más hipótesis que constataciones y explicaciones definitivas. Más, cuando se trata de procesos de largo tiempo y que involucran desde el desarrollo de las redes sociales hasta la pérdida de centralidad y legitimidad de la escuela pública como lugar de construcción de una identidad y universo cultural común; dominante y hegemónica, como fue observada, pero que llamaba a incorporarse a su dominio. Una cultura por la que se perdió el respeto sin que nada llame a ser semejantes, mientras que la diversidad se trastoca, a veces, en parcialidades.   

Si las clases dominantes de la Generación del 80 establecieron la escuela común y obligatoria, los poderosos de hoy día no parece que tengan algún proyecto cultural o educativo que dé forma a un nuevo sujeto colectivo. Les basta un alguien que pueda imponer sus intereses individuales a como dé lugar, con el que se identifiquen y quieran parecerse, esos nuevos sujetos poco dados a la reflexión y al análisis. Por eso, pueden reírse o aplaudir o tolerar la vulgaridad del presidente.

En ese sentido, volver a recurrir a la historia de la formación de las clases sociales quizás empiece a ser productivo para no quedar atrapados en la figura excéntrica del Presidente, su hermana, sus perros, sus manías y sus mujeres, sino en lo que todo eso expresa de la configuración de la sociedad argentina contemporánea.

Los poderosos que rodean a Milei son un puñado de ricos muy ricos, tanto que es difícil imaginar sus vidas desde el llano de las clases medias y populares que llenaron la plaza el 24 de marzo, en defensa de la Universidad pública el 23 de abril, o que decidieron no trabajar el 9 de mayo. Ni tampoco por sus jóvenes votantes que acaso aspiran legítimamente a ganar más dinero y ser independientes. De éstas y éstos, el gobierno necesita sobre todo su pasividad, su desorganización, la inocencia esperanzada de muchos, la inmovilidad del dolor de otros tantos, o la complicidad de quienes no merecen la consideración de desprevenidos (científicos, por ejemplo, satisfechos con el desguace del CONICET[1], algunos, como se escuchó, críticos con el organismo porque “la mitad de las becas se la llevan las ciencias sociales”). 

Con eso y con la fragmentación o desorientación de los partidos políticos y la mezquindad y cortoplacismo de gran parte de sus dirigentes y de los legisladores y gobernadores de provincias, le bastaría para desguazar todo lo social del Estado, que es lo mismo que hacer trizas la sociedad y, entonces, levantar ese otro Estado de los ricos más ricos, a los que no les importa la contradicción de Milei diciendo al mundo que la institución de la que es jefe, es una organización criminal, porque mientras tanto, esa clase dominante impone sus intereses, aunque “el  loco” conduzca al país al vasallaje o a guerras ajenas.

Contra la posibilidad de pensar las clases sociales y su comportamiento, se impuso la idea de casta introducida por Milei y que nada tiene que ver con la dinámica y las relaciones socio-culturales y económicas en nuestra sociedad.

Las castas son estamentos sociales de diferente rango, a los que se pertenece por nacimiento y son cerrados y endogámicos (no puede haber intercambios matrimoniales entre personas de diferentes castas). Las clases sociales tienen una historia distinta, resultan, permanecen y se reconfiguran en sociedades libres de todo arraigo, pero donde la propiedad privada de los medios de producción es un valor supremo, más aún que la propia vida. No tienen ninguna justificación étnica ni trascendental, no dividen a la sociedad en estamentos demarcados, sino que su formación arraiga en historias de luchas por la posesión (de capital económico, social, cultural) y por la imposición de esos capitales como valor supremo y universal.

En su formación, también hay historias de luchas: por los medios para vivir, por el reconocimiento, por la participación en la vida social, por la seguridad, por el bienestar, por bienes instituidos como derechos, por otros sentidos de la vida en común o por otra economía. En realidad, nada está fijo y las permanentes disputas de intereses se ponen de manifiesto en los procesos y proyectos políticos, más o menos democráticos, violentos o excluyentes. Y, claro está, en las políticas del Estado.

Las clases sociales tienen, entonces, historias políticas, económicas, culturales: de disputas por recursos y poder, por el dominio y control del Estado, de los mercados, de los aparatos de producción y trasmisión de ideas y de concepciones del mundo. Que Milei busque darle al mercado un contenido trascendental a través de su propia persona como Mesías, resulta parte de esa disputa política y cultural. Que haya impuesto a la “casta” como un enemigo contra el cual combatir, a imagen y semejanza de las historias para adolescentes que cuentan las aventuras de superhéroes, es también una construcción por la que se ordena la percepción e interpretación del mundo social. Un concepto indefinido, al que cada cual llena de contenido, o le pone el rostro del enemigo a combatir (políticos, dirigentes sociales, sindicalistas, etc.)

Siendo esto así (dicho muy elementalmente) la dominación de clase (la imposición de intereses particulares y su aceptación como generales) tiene como premisa la hegemonía de una visión del mundo capaz de conformar un sentido común que la de por sentado y natural. Pero esto, a su vez, supone y necesita de la imposición de los recursos para interpretar el mundo, mediaciones por las que se ordena y se hace aprehensible la realidad. Son los términos que hilan los discursos (de políticos, expertos, de los medios y las redes, hasta los intercambios corrientes, en general).

Pero no solo se trata de la aceptación pasiva de que ese puñado de empresarios ricos tiene razón (“la ven”, en palabras del Presidente) y de que su éxito (más riqueza) y el sufrimiento de la mayoría (más pobreza, menos consumo, etc.), son necesarios. Se trata, en realidad, de una proposición que contiene una serie de categorías que se constituyen en un léxico común, que puede ser mayoritariamente compartido. Un vocabulario común en el habla del taxista, de las y los comunicadores de la televisión; presente en los posteos en las redes sociales, en las peroratas de las y los políticos, y en las conversaciones de las señoras en la feria. Palabras con las cuáles se interpreta, se hacen análisis, se generan discusiones y que, en consecuencia, encierran los debates en un único universo o paradigma de pensamiento.

Así, la categoría de casta divide a la sociedad en el conjunto social de los políticos, sindicalistas y dirigentes sociales (gerentes de la pobreza) o trabajadores del sector público (los que viven del Estado), y “la gente” (de bien). Desde la marcha universitaria, habría también una “casta de rectores y rectoras”, categorizadas así desde el Canal oficial de la LN+.

Si se presta atención, los debates se llevan en esos términos y a cada uno de ellos le van asociados rasgos presupuestos: los políticos son, como mínimo, de desconfiar; “la gente” es la gente de bien[2], según distingue el Presidente (¿bien intencionada? ¿confiada? ¿la que no sale a manifestarse por sus derechos o a reclamar por sus necesidades?). Incluso el discurso opositor incorporó el término, en cuyo caso, “ellos son la verdadera casta” (¿los actuales funcionarios? ¿los grandes empresarios?).

 “Cambio” es otra palabra que no deja de usarse en ningún comentario, discusión, ni monólogo periodístico que se precie (“había que cambiar, esto no daba para más…”, aunque no se pueda responder qué de todo lo que ocurre en un país, en el Estado, en las instituciones o en la sociedad, “no daba para más”).  La “libertad” viene siendo vapuleada hace tiempo y los años de pandemia ofrecen un muestrario[3]. Y “ajuste fiscal” (más o menos necesario para ordenar la economía, según un amplio abanico de economistas), se trastocó en la “motosierra” que, careciendo de sentido político-económico, describe con bastante justeza la devastación de la mano social del Estado (desde la distribución de alimentos a la baja de la distribución de libros escolares; la baja de programas como el de prevención del embarazo adolescente; las bajas en el Potenciar Trabajo; la eliminación del Fondo de Integración socio-urbana, de lo que viene a la memoria).

Hay otros vocablos, más pobres aún, pero cargados de sobre entendidos: “ñoqui” son todos los empleados públicos (“parecen empleados públicos”, les espetó una señora a los funcionarios de un banco de capitales privados porque tardaban en atenderla). Falta saber qué poder tendrá la palabra “adoctrinar”, echada a andar por el Presidente para referirse a enseñar, pensar, reflexionar, analizar, más todo lo que pasa en las aulas universitarias. La gran marcha en defensa de las universidades públicas, la creatividad desplegada por participantes de las más diversas pertenencias políticas y sociales, la reacción de docentes que comparten la ideología libertaria pero sintieron herido el reconocimiento de su función de educadores, parecen desacreditar lo que constituye un absurdo evidente.

Hasta ahora, ese léxico redefinió los problemas sociales y los problemas de la política (de aquello de lo habrían de ocuparse los gobernantes). Ni el trabajo, ni los salarios, ni los niños y niñas en condiciones de pobreza, ni las mujeres, ni los pobres en general, ni la educación. El problema quedó circunscripto al Estado como problema (sus excesivos gastos, su intervencionismo que no deja de poner obstáculos a quienes quieren progresar); el Estado que esclaviza y coarta la libertad de cada uno de hacer y, sobre todo, de decir lo que le venga en gana. Y junto con el Estado, los otros problemas resultaron ser las organizaciones sociales y la política misma y sus agentes, sobre los que pesa una larga historia de descrédito (bien ganado por algunos, extendido a “todos son iguales”), pero que, ya con el gobierno de la LLA, fueron calificados como el “nido de ratas” que pretendía frenar el famoso DNU que firmó el Ejecutivo. Freno que, de todos modos, no existió en ninguno de los otros poderes del Estado, porque ni se aprobó, ni se rechazó, ni se discutió su constitucionalidad.  Por ahora, en el Senado se mantiene en discusión la Ley Bases para la “gran transformación”, que pasó sin riesgos por la Cámara de Diputados.

Particularmente, los dirigentes sociales conforman, en la interpretación dominante, una “casta” hostil al cambio, en este caso por beneficiarse con la pobreza que les permitiría apropiarse de una porción de la asistencia social y de los subsidios para proyectos sociales.

La demonización de las organizaciones colectivas de las clases trabajadoras, desde los sindicatos a las territoriales, frente a la legitimidad con que cuentan las organizaciones corporativas como la UIA, ADEBA, la Sociedad Rural, etc., como si se tratara de instituciones de bien común, constituye una representación del orden social, materialización en el pensamiento de cómo está organizado. O, en otros términos, esta distinción expresa cómo son comprendidos los intereses y necesidades de cada conjunto o clase social: ilegítimos unos; naturales e incuestionables, los otros.

Cierto que hace tiempo los sindicatos se burocratizaron y hasta algunos de sus líderes dieron el salto a hacerse empresarios o se convirtieron en ricos operadores políticos. Cierto también que algunas organizaciones sociales (sus dirigentes), cuando tuvieron oportunidad de participar de la gestión de la política social, hicieron de las áreas sociales del Estado cotos particularistas, evidentes en la ausencia de un proyecto mancomunado de política social durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero es igualmente cierto que varios socios de las entidades empresarias arriba nombradas ocuparon los ministerios acordes con los intereses de la facción del capital representado, de manera irrefutable durante el gobierno de Mauricio Macri. Y mientras que las organizaciones y movimientos sociales tienen pocas herramientas para hacer visibles sus necesidades, las organizaciones empresarias de envergadura no necesitan manifestarse en las calles para imponer intereses del sector que representan. A la Sociedad Rural, por caso, le basta con impulsar la no liquidación de los dólares de la cosecha para doblegar a un gobierno necesitado de ellos. Muy eventualmente saca los tractores a la ruta, en nombre de un bucólico “campo”, que no comprende a los campesinos y productores de alimentos que satisfacen gran parte de las necesidades locales.

El combate (literal) a quienes demandan por alimentos produce el mayor beneplácito entre quienes festejan la vulgaridad del Presidente y de algunos congresistas, o se desinteresan por la impericia y la inacción de los funcionarios políticos, mientras se les abren oportunidades de negocios. En un posteo en la red social X Marcos Galperín dice “Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”.  Lo dice porque se habilitó a Mercado Pago, la billetera virtual de su propiedad, como entidad acreditada para el cobro de asignaciones familiares.   

No son castas, son clases sociales y la confrontación es por un Estado propio que le asegure los recursos: materiales, simbólicos, ideológicos y culturales. También los del lenguaje y del conocimiento, esos que nos permiten abordar e interpretar el mundo en que vivimos. Por eso, la Universidad pública y la educación común, en general (patrimonios comunes) son jaqueadas. Porque son la contracara de un pensamiento único y totalitario, cuyos beneficiarios circunstanciales no ignoran, pero toleran, mientras hacen negocios.

El puñado de asistentes a la cena de la Fundación Libertad, cada uno de los cuales posó su elegancia -principalmente las pocas mujeres- para las fotos de La Nación, o el más reducido grupo de hombres mayores que se abrazaban al Presidente en el Hotel Llao Llao, después de escuchar sus bufonadas y peroratas ininteligibles, contrastan con la creatividad y la masividad de la marcha del 23/4.

Queda una inquietud: ¿Cómo comprender, más allá de los lugares comunes, a una sociedad que votó a un personaje tan poco racional y al conjunto de casi iletrados que prometían destruir el patrimonio común y, casi inmediatamente, moviliza a un millón de personas, de extracciones sociales diversas, pero de similar rango etario de sus supuestos votantes, en defensa de “la universidad pública”? ¿Qué transformaciones se cuecen o se han cocido para que el sistema educativo en su conjunto y el pensamiento científico, no hayan podido contrarrestar un discurso político que carece de argumentos lógicos y se sustenta en datos a todas luces, falsos? 

En ese sentido, el problema no es o no está en Milei, sino en lo que lo hizo posible. Por un lado, una reducida pero poderosa clase social reactiva al Estado y a regulaciones que constriñan sus intereses inmediatos de acumulación de riquezas, encuentra la posibilidad de no tener que ajustarse a ellas y de llevar al extremo su individualismo. Pero por otro, hay algo ininteligible que parece conducir a la sociedad toda, que aceptó sus propuestas y le da crédito, a su auto destrucción. ¿Podrá contra ello la Universidad si tantos egresados participan de ambas marchas? Es decir, la que ocupó las avenidas desde el Congreso a la Plaza de Mayo en su defensa; y aquella otra sigilosa que, en su camino, puede arrasar con lo que tenemos en común. En esa tensión entre el raciocinio y la destrucción a la que arrastra un presidente demente (según sus propias declaraciones a la periodista estadounidense Bari Weiss, en estos primeros días de junio), transitará el futuro.

Por eso hay que salvar a la Universidad pública como parte del patrimonio social de este país, pero, sobre todo, como lugar de raciocinio, que aporte a pensar y recomponer lo común y lo diverso.  Lo común de conjuntos que, sin perder su identidad y aspiraciones, se reconozcan (nos reconozcamos) como semejantes con derecho a una buena vida y que, a su vez, haga posible otra política, otro Estado, otra sociedad.

Referencias:

[1] El sitio Periferia. Ciencia, Tecnología, Cultura y Sociedad  (nota del 21-11-2023) cita una encuesta de Presumía, realizada tras el triunfo de Milei, en noviembre de 2023. De ahí surge que, proporcionalmente, éste cosechó más votos entre “profesionales, científicos e intelectuales”  (56,8%) que entre directores y gerentes (52,6%)  (https://periferia.com.ar/indicios/encuestadora-57-del-sector-cientifico-profesionales-intelectuales-milei/) Consulta; 17-5-2024).

[2] Años atrás se trataba de la distinción entre planeros y la gente, a secas.

[3] Palabras vaciadas. Palabras expropiadas. https://lateclaenerevista.com/palabras-vaciadas-palabras-expropiadas-por-estela-grassi/ 01-06-2021

Buenos Aires, 10 de junio de 2024.

*Profesora e Investigadora Consulta IIGG-FCS-UBA.

La entrada CAPITALISMO FACCIOSO, VULGARIDAD Y TENSIONES CULTURALES/ SEGUNDA ENTREGA – POR ESTELA GRASSI se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

El fascismo es un poder antipolítico pues la lógica que lo anima es antipolítica porque es de carácter destructivo. Es una lógica bélica, propia de la guerra. Destruye para entregar el Estado social, lo público. Donde el fascismo identifica un emergente de lo público, donde ve uno de sus signos vitales, ve un negocio. Destruye para vender los bienes sociales del Estado al peor postor, eso es: a precio vil. El fascismo sigiloso del siglo XXI entonces es un proyecto de entrega del Estado social al mercado capital: los monopolios corporativos globales absolutistas.

Si esto se acepta, el fascismo que nos gobierna podemos entenderlo como una herramienta del capitalismo. Y en tanto tal ayuda a perpetuar la dominación de una nueva clase social. Se trata de una élite que tiene características globales y que tiene su epicentro en un concepto, que es el concepto de “occidente”; que es una palabrita que aparece mucho en la estilística del presidente Milei. Esa élite es una nueva clase dominante, que en realidad es un nuevo poder dominante habitado por los capitalistas de plataforma. Para decirlo de manera un poco más nítida: se trata de una aristocracia financiera y tecnológica que está configurada por figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Bernard Arnault… El fascismo sigiloso del siglo XXI es un poder extremista, totalitario, ligado a los intereses de esta nueva aristocracia financiera y tecnológica, que opera junto a tanques de pensamiento, organismos multilaterales, ONGs, corporaciones militares, paramilitares y también con organizaciones mafiosas y cárteles de narcotraficantes.

Para dimensionar un poco esta élite global, imaginar el poder que tiene este capitalismo de plataforma, valga una pequeña reseña de sus integrantes más conspicuos. El más conocido pero no el más rico es Elon Musk, que es una especie de santito. El presidente Milei es un devoto de Elon Musk, pero también lo es Giorgia Meloni, Nayib Bukele, Bolsonaro. Entonces, para reconocer a un fascista del siglo XXI hay que ver si se saca una selfie con Mr. Musk. Oh, give me a Musk. Cofundó seis empresas. Una de ellas es la automotriz Tesla, que necesita litio. Otra empresa es la aeroespacial SpaceX. Y compró en octubre de 2022 compró la red social Twitter (rebautizada como X). La compró para organizar operaciones de manipulaciones de masas. Su patrimonio: 195.000 millones de dólares.

Bernard Arnault es otro integrante de esa nueva oligarquía. Es francés y es dueño de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), que es un conglomerado multinacional francés, que posee 76 marcas de renombre en todo el mundo; marcas de la industria de la moda y de la industria cosmética. El patrimonio de Arnault es de 233.000 millones de dólares. Otro integrante más de esta élite global es Jeff Bezos, que es fundador de un gigante propio del e-commerce, que es Amazon. Bezos es la versión global de Marcos Galperin, el director ejecutivo de MercadoLibre, que también es dueño de la una curtiembre que se llama SADESA. Galperin es la persona más rica de Argentina, pero para zafar de los impuestos se fugó a Uruguay como Pepín Rodríguez Simón. Volviendo a Bezos: además es dueño de un diario: el The Washington Post; y también de Blue Origin, una empresa aeroespacial que desarrolla cohetes. Patrimonio: 194.000 millones de dólares. Luego está el pobre de Mark Zuckerberg, que es dueño de Meta. Cada unx de nosotrxs tiene Meta metido en el celular. Se trata de una gran plataforma de fusión entre Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otras. Patrimonio: 177.000 millones de dólares. Uno más y no jodemos más: Larry Ellison, es presidente, director de tecnología y cofundador de un gigante del software, que es Oracle. Patrimonio: 141.000 millones de dólares.

El fascismo sigiloso del siglo XXI protege a estos señores, y además cuida los intereses de los aristócratas nacionales, que además de Galperin son Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc,Eurnekian y el calabrés. El fascismo en tanto poder es un factor consciente de la historia, pero el experimento político que organiza es indigente de ideas y está animado por una inmovilidad espiritual. Por eso ubica la Argentina en la contienda de los gigantes capitalistas (que hoy son los monopolios corporativos globales absolutistas) a la manera de un Cerro Rico del Potosí.

El fascismo es un poder colonial. Y en el corazón de la colonia está su liberación, que ha empezado a pulsar en las tomas de la Universidad Pública.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2024.

*Filósofo. CONICET.

La entrada EL FASCISMO Y LA ARISTOCRACIA TECNOLÓGICA GLOBAL – POR ROCCO CARBONE se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

No está Juan de Garay enterrando el estandarte en nombre del rey de España; no desembarcó ningún ejército extranjero; no anda Beresford por nuestras calles; no bombardeó nuestra Buenos Aires ningún avión foráneo, pero por lo menos desde hace setenta años, cuando la bombardearon nuestros propios aviones, sufrimos sucesivas ocupaciones colonialistas que no reconocemos como tales. Los espacios entre ellas podríamos decir que los llenaron los aciertos, desaciertos y errores propios, aunque su balance total en perspectiva no es para nada negativo.

La Revolución Libertadora (el régimen dictatorial de 1955), la máscara de José María Guido en 1962, la Revolución Argentina de 1966 (el Onganiato), el Proceso de Reorganización Nacional (la dictadura genocida de 1976), el Síganme que no los voy a defraudar (menemismo), la Propuesta Republicana (macrismo) y ahora esto, se vinculan con un hilo conductor que es el collar de entregas o concesiones a la voracidad de un capitalismo centrípeto y ansioso por saquear lo que pueda, siempre encubierto con el discurso de la idolatría del mercado, que proclama que no puede haber libertad política sin libertad de mercado. De ser esto verdad, a mayor libertad de mercado correspondería mayor libertad política y mejor democracia. Salvo algunas excepciones, verificamos lo contrario, pues con demasiada frecuencia la idolatría del mercado fue acompañada por atrocidades o, en el mejor de los casos, por avances legislativos y pulsiones represivas políticamente antiliberales.

En todos esos momentos coloniales estuvimos a cargo de personajes que asumieron el rol de procónsules o virreyes, porque gobernaban en el territorio. Arturo Jauretche los llamaba cipayos. Sin pretensión de corregirlo, nos atrevemos a observar que éstos eran solo un ejército de nativos al servicio de los colonizadores y, además, no siempre fueron dóciles, porque en algún momento de sublevaron contra los ingleses, se echaron a unos cuantos y les dieron un buen dolor de cabeza, que los obligó a asumir formalmente a la India como parte del imperio victoriano.  

Ahora es bien manifiesto que nos hallamos bajo los devastadores efectos de un nuevo episodio de esta naturaleza. Quien lo dude solo tendría que preguntarse qué haría en cualquier momento un buen ocupante, algo así como un buen virrey, y se asombrará de la nada casual coincidencia con la actualidad.

Seguramente, se preocuparía por desbaratar toda nuestra ciencia y tecnología que, en nuestras manos le resultaría peligrosa o competitiva. Los científicos deberían ir a lavar platos. Como el pensamiento siempre es peligroso, se destruirían las universidades. Al mismo tiempo, se dispondría la más absoluta libertad de contratación, se derogarían las reglamentaciones que pudieran poner el más mínimo obstáculo a la voracidad de la metrópoli, se concederían generosamente explotaciones de recursos naturales, se privatizarían incluso los estratégicos, se despilfarraría el patrimonio estatal regalando empresas, se permitiría comprar extensiones de nuestro territorio incluso en zona de fronteras, se renunciaría a toda política monetaria por vía de dolarización, se extendería el sometimiento del estado a jurisdicciones provinciales extranjeras, el lazo deudor que nos ahoga en este momento de tardío colonialismo financiero se estrecharía más, para satisfacer sus demandas de déficit cero, al tiempo que se pedirían más créditos. En síntesis: se desmontaría todo lo que hasta el momento sostenía cierto perfil de soberanía y de estado de bienestar; en este último aspecto, se pasaría al estado de malestar (del welfare State al discomfort State).

No obstante, la experiencia mundial colonialista muestra que, salvo los ingleses en la India, que no tuvieron empacho en dejar morir a unos veinte millones hasta que les apareció Gandhi, los procónsules siempre quisieron tener a las poblaciones sometidas en calma, por lo cual no les infirieron lesiones o daños que pudieron evitar, cuando no afectaban sustancialmente su poder. Lo curioso es que aquí no pasa lo mismo: unos pocos pesos a los jubilados no hubiesen alterado mucho sus planes de entrega; el presupuesto universitario no incide demasiado en el gasto general del estado y hubiese podido ser negociado.

Sin embargo, no solo no lo hicieron, sino que, al contrario, se festejan públicamente las sucesivas agresiones a los jubilados y pensionados, a los universitarios, docentes, estudiantes, no docentes, a los científicos, a los médicos y personal sanitario, es decir, a diferentes sectores sociales muy sensibles, con asados o con mensajes injuriantes con expresiones soeces del propio titular del ejecutivo, quien niega incluso que la universidad pública y gratuita, la de 1918 y 1949, sea uno de los principales factores de movilidad social, quizá por temor al “exceso de pensamiento”. Como si esto fuese poco, admiran a la criminal de guerra Margaret Tatcher y muestran en el balcón de la casa de gobierno al ex-premier británico más ridículo de la historia inglesa, se preguntan para qué las Malvinas y cambian cuadros, con un claro sentido no solo antipopular sino incluso antinacional.     

Nuestros procónsules prefieren demostrar a la metrópoli financiera que son duros e inflexibles para garantizarle su fidelidad y el cumplimiento de sus planes de entrega, aun a costa de causar gratuitamente malestar en la población local. Si bien se proyectan meras pulsiones de un estado represor, con exabruptos legislativos y policiales (baja de responsabilidad penal, ley antimafia, amenazas públicas de represión, provocaciones, etc.), a los que se suma -en forma muy peligrosa para la Defensa Nacional- la tentativa de volver a ensuciar la imagen de las Fuerzas Armadas con funciones policiales, más bien se confía en una supuesta mansedumbre de nuestro Pueblo y se abren sucesivos frentes de oposición presumiendo que nada pasará y, en verdad, al menos de momento parece no pasar nada.  

La confianza en que nada pase no es del todo gratuita, sino que, entre otras cosas, se basa en el total caos institucional con que los errores de la política debilitaron el aparato institucional del Estado, entre otras cosas con el hipepresidencialismo de la reforma constitucional de 1994, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia en forma no admitida en ningún país, la entrega de las riquezas naturales a las provincias, la omisión de un adecuado régimen de coparticipación federal, que dejó abierta la eterna herida de nuestra historia, en especial después de Pavón.  

Al acceder al pacto de Olivos, Alfonsín pensó en un sistema bipartidista, pero eso no sucedió y acaba ahora con el revival de la Banelco, aunque algún empresario inteligente podría crear la Legiscard que, en un Congreso pulverizado, facilitaría todavía más su ya cómoda neutralización. Si a esto agregamos que tenemos una magistratura que nunca fue un Poder Judicial, porque carece de las funciones que éstos tienen en todo el mundo (no controla la constitucionalidad y no ejerce una casación nacional), sumado a una Corte Suprema de cuatro jueces –y quizá pronto de tres- único caso en todo el mundo, es obvio que la separación de poderes y el sistema de control de pesos y contrapesos republicano se fue al mismísimo diablo: no tenemos a quién reclamar la eficacia de nuestros derechos y la propia Constitución Nacional hoy no pasa de ser un pobre papel impreso. 

Pero no es solo el caos institucional republicano que alimenta la confianza de nuestros actuales procónsules en que no pase nada. En anteriores momentos de colonialismo, un indefectible aspecto de su ejercicio de poder era la censura o bloqueo de información, posibilitado por la tecnología de la época. Como ahora esto es imposible, se adopta otra táctica con idéntico objetivo estratégico de desinformación: mediante los medios de comunicación oligopólicos y los recursos que provee la actual tecnología de redes, ejércitos de troll, algoritmos, mensajes personalizados conforme a big data e inteligencia artificial, se genera un enorme barullo informático, tremendamente estruendoso, que mezcla  noticias verdaderas y falsas (fake news), endulza las verdaderas molestas que no puede ocultar, prepara con escándalos los casos de lawfare, informa acerca de las camas de los famosos y famosas, ventila vidas privadas con absoluta falta de ética, despierta el interés morboso en torno de algún caso criminal, promueve la mano dura, amenaza con linchamientos mediáticos a los jueces y a quien se le ocurra, todo lo cual desconcierta al público y, de ese modo, obtura gran parte de la información que no conviene al poder de nuestro actual tardío colonialismo financiero.

Podríamos graficar lo anterior imaginando que se pretende introducir a toda la población en algo gigante, pero muy parecido a uno de esos boliches nocturnos en que rayos de luces coloridas giran vertiginosamente y la estruendosa música ensordece, de modo que nadie sabe bien con quién está bailando y hasta a quién está besando, como resultado de lo cual el público queda por completo aturdido, con los tímpanos lesionados y los ojos deslumbrados por la sucesión de destellos enceguecedores, después de su inevitable inmersión en esa ciénaga de luminosa y barullenta opacidad. Si bien no suena música electrónica, igual abundan sintéticos, no tan sintéticos y psicofármacos. 

Por otra parte, en la multifactorialidad que desemboca en que de momento no pase nada frente a la flagrante entrega de nuestra soberanía, no es menor la incidencia de los analfabetos políticos de Brecht, que son los peores analfabetos, a los que los procónsules alagan jugando a la antipolítica: la casta es la culpable de todo, por eso el analfabeto político de Brecht o el indiferente de Gramsci, que dice no saber nada de política, es su mejor y más inconsciente subordinado. Cabe reconocer también algo tan curioso como irracional: la campaña de analfabetismo político la facilita la propia oposición que, en esta peligrosísima coyuntura nacional, no tiene mejor idea que pelearse al borde del abismo, en tanto que el sindicalismo a veces parece imitarla. 

¿Cómo se supera esta situación? ¿Estamos condenados a presenciar impávidos cómo los procónsules del capital financiero trasnacional entregan nuestra soberanía al colonialismo de esta época? ¿El colonialismo nos habrá vencido para siempre?  

Veamos. Ante todo, los seres humanos salimos del seno materno para entrar en el seno social, somos arrojados a una cultura que también nos quiere impedir movernos con libertad, no teminamos de nacer con el alumbramiento, en algún sentido seguimos naciendo mientras vivimos y vamos tomando consciencia del mundo, quizá nunca en forma total, es decir, que maduramos a lo largo de nuestra vida, a veces a los golpes.  

Pues bien: ¿Qué tan fuerte es ese seno cultural en que nos hallamos? Es claro que el cúmulo de factores a que hicimos referencia –y otros- dan lugar a un seno cultural mucho más condicionante que en otros tiempos, pero de ninguna manera cancela la permanente tendencia humana hacia la toma de consciencia del mundo, porque no puede hacer que el humano deje de serlo. Por ende, solo la dificulta en mayor medida que antes, o sea, que demora la toma de consciencia, no nos permite todavía y masivamente caer en la cuenta del mundo y vivenciar como tal el colonialismo que sufrimos.

Una demora en la toma de consciencia no es una cancelación no humana y, por cierto, tiene límites a los que se va aproximando merced a los desafíos verbales y fácticos de nuestro actuales procónsules o virreyes. La ansiedad aumenta, la creciente pobreza se vuelve inocultable, los diferentes sectores sensibles de la sociedad van madurando rápidamente, la actitud rupturista que perdieron otras fuerzas políticas y aprovecharon los procónsules se evidencia como un perverso recurso electoralista, el tartamudeo opositor se traduce en vacío, el vacío aumenta la angustia y reclama, exige, demanda, razón por la cual en la política el vacío y el caos no se sostienen. En cuanto al primero, alguien llega para ocuparlo y, en cuanto al segundo, su esencial inestabilidad lo impulsa a la organización.

Los argentinos no somos una excepción de la humanidad y, por ende, la colonialidad insuflada por la comunicación, el carácter proconsular de quienes manejan los hilos del poder, el verso de la idolatría del mercado, la toma de consciencia de todo eso, de nuestra realidad, de nuestro mundo, se demora, pero en modo alguno se cancela; la consciencia se va acumulando y no sabemos cuándo se manifestará, qué pequeña gota derramará el vaso, cómo se expresará, pero es inevitable que lo haga. Ningún Pueblo pierde del todo el sentimiento de comunidad, cancela su sentimiento nacional ni se entrega mansamente al colonialismo. Si una oposición falla en convocar en nombre de la consciencia nacional, vendrá otra, no lo dudemos, porque ningún Pueblo se suicida, aunque a veces la coraza del seno social, reforzada por errores políticos no menores, lo confunda en algún momento y lo desvíe por un tiempo de su camino hacia la madurez consciente y racional.

El primer paso hacia esa consciencia es tener clara la naturaleza de lo que nos toca vivir, es decir, que no se trata de una cuestión local o de campanario, sino de un momento más, aunque parcialmente diferente, del colonialismo que, junto a los otros países de nuestra América, sufrimos desde hace cinco siglos, durante los cuales tanto el mundo como el colonialismo cambiaron, pero de cualquier modo también hoy tenemos procónsules, ahora correspondientes a la actual etapa del tardío colonialismo financiero trasnacional.

En esto debemos prevenirnos de algunas confusiones en las que se cae de buena fe, pero que nos opacan la necesaria toma de consciencia. La más común de estas confusiones es la identificación de nuestra penosa realidad con un régimen fascista. Si bien todos los regímenes fascistas han sido criminales, lo cierto es que todos ellos fueron imperialistas y colonizadores, en tanto que nosotros somos –precisamente- las víctimas de esas fuerzas. En modo alguno es fascismo valerse de los regalapatrias –ni siquiera vendepatrias– para destruir el aparato estatal y sembrar un caos social e institucional funcional a la voracidad colonizadora.

En síntesis, lo que se juega aquí y ahora es una clara cuestión de soberanía nacional, de la cual es titular el Pueblo que, más temprano que tarde, despertará del todo a esta realidad por efecto de la espectacular caída del nivel de vida -no solo de las clases más pobres-, de la reducción de todas las remuneraciones, de la insólita inflación en dólares, de la recesión, de la crisis de la industria, de las quiebras, de la agresión a la salud pública –que no sabemos cuántas vidas está costando-, del deterioro y alto valor de los servicios, del desfinanciamiento universitario, de los despidos masivos, del creciente desempleo y precarización del empleo y otros catastróficos efectos más, todo para entregar la Nación a los voraces intereses colonialistas.

Aunque parezca ahora lejano, a partir de esta toma de consciencia nacional, debemos encarar la tarea de detenernos seriamente a pensar qué haremos cuando recuperemos la soberanía, para prevenir las futuras agresiones coloniales que, por cierto, no habrán de faltar y frente a las que no podemos permitirnos el lujo de volver a incurrir en la ingenuidad de los desencuentras inconducentes.      

Buenos Aires, 22 de octubre de 2024

*Profesor Emérito de la UBA.

La entrada ¿NACIÓN O COLONIA? – POR E. RAÚL ZAFFARONI se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Alejandro Grimson*

(para La Tecl@ Eñe)

Las luchas puntuales, cualquiera sea, se resuelven en un período breve de tiempo. Las luchas decisivas, como es el caso de la universidad pública y gratuita en Argentina, son extensas. Tienen avances y retrocesos, alta intensidad y paréntesis. El brillante intelectual Juan Gabriel Tokatlián definió la persecución ideológica que anunció el gobierno al personal de Cancillería, como macartista. Es el mismo gobierno que llama “adoctrinamiento” a la libertad de cátedra. En las universidades argentinas se enseñan todas las corrientes del derecho, de la filosofía, se enseñan ciencias y medicina, se enseñan enfoques y miradas infinitas.

Así se enseña a que los estudiantes, a que los graduados, piensen por sí mismos y valoren la pluralidad. Como explicó el escritor Martín Kohan, no hay adoctrinamiento porque no hay autoritarismo docente y porque los estudiantes están muy lejos de ser cabezas huecas que se “llenan” con cualquier contenido.

El gobierno macartista de Milei está en contra de la libertad de pensamiento en la universidad, así como insulta a periodistas, economistas y políticos que realicen cualquier crítica. Pero la sociedad ha quedado dañada después de pésimos gobiernos y una prolongada crisis económica. La muestra son varios dirigentes del partido que tiene el orgullo de haber tenido a Alfonsín como padre de los 40 años de mejor convivencia pacífica de la historia argentina. Se niegan a actuar como la derecha alemana, francesa o de otros países europeos frente al macartismo y las fake news. Se niegan a hacer un cordón sanitario para que si se destruye la universidad no sea con su aval y complicidad. Eligen trabajar con quienes han apoyado el veto a la ley de financiamiento universitario. Diputados elegidos por la UCR, el partido que tenía el orgullo de la Reforma Universitaria del 1918, ahora son cómplices del gobierno que falsifica la historia afirmando que Alfonsín promovió un golpe de Estado.

El gobierno libertario necesita destruir la universidad pública porque pertenece a las instituciones públicas que mejor funcionan, que ofrecen posibilidades de movilidad social ascendente, de pensamiento libre y crítico. Necesita destruir la principal fábrica de las clases medias argentinas porque proyecta un país ultra desigual. De un lado, un puñado de empresas trasnacionales que se lleven los beneficios de los recursos naturales. Del otro lado, millones de personas organizando microemprendimientos que no tengan clientela alguna. El mundo feliz de la auto explotación en la creencia de que la libertad es trabajar 24 horas por día, la libertad de vender tu vida.

No hay sitio para la libertad real en la utopía mileísta.

¿Qué significados tiene para los argentinos y argentinas la educación universitaria pública? El primer significado se vincula a Sarmiento, como padre de la educación pública argentina, a la Reforma Universitaria de 1918, que abre la universidad, y al peronismo que la torna gratuita. Un camino nacional que lleva a plantear que la igualdad de oportunidades se basa en el acceso a la educación en todos sus niveles. Especialmente en la educación superior. Allí radica el proyecto de la nación argentina, que es el proyecto de la movilidad social ascendente, que es el proyecto de un país de clases medias. Arrasar con la universidad pública es arrasar con el sueño mismo de que exista la posibilidad de ese país. Es destruir la última ilusión de millones.

Segundo, a diferencia de muchos países de América, la Argentina tiene una larga tradición en la cual las universidades públicas tienen un prestigio mucho mayor a las universidades privadas. Esa es una dimensión histórica. Hoy eso puede estar mutando en algunas disciplinas e instituciones. Cerca del 80% de la matrícula universitaria es de las universidades públicas. Se ha repetido hasta el cansancio que la Argentina es el único país de América Latina con tres premios Nobel de ciencia.

En tercer lugar, en las encuestas de opinión pública las instituciones que más confianza generan en la población son las universidades públicas, seguidas de los científicos (que en un 80% trabajan en universidades públicas).

Todos los sectores sociales necesitan a la universidad pública. Los trabajadores jóvenes porque no podrían pagar una universidad privada. Y mucho menos de alto nivel académico. Las clases medias que sobrevivan al mileísmo podrían acceder a algunas instituciones privadas, pero la mayoría, y en la mayoría de las carreras, no alcanzan el prestigio de las universidades públicas. Además, la universidad pública, con su enorme diversidad social, cultural, política e ideológica, es una experiencia excepcional desde lo cívico y desde lo profesional.

Una de las mentiras más absurdas es que sólo las clases medias altas utilizan la universidad pública. En muchas universidades del país dos tercios de los estudiantes, o incluso más, son primera generación de universitarios. Uno de los problemas es que el dinero apenas si les alcanza para pagar el transporte. Pero, además, es falso que sólo los nuevos profesionales se beneficien de la universidad pública. ¿De dónde salen los médicos y las enfermeras del sistema de salud público, del sistema de obras sociales y del sistema privado? ¿Acaso los pobres y las clases medias no desean ser atendidos en los quirófanos o en las consultas por profesionales de excelencia? ¿De dónde salen los abogados que trabajan en la defensa de los más desprotegidos? La población que no accede a la universidad se beneficia de vivir en una sociedad con buenos profesionales formados en estas instituciones.

La verdad es muy distinta: el gobierno de Milei, como todos los gobiernos neoliberales, bajó los impuestos a los bienes personales. El RIGI es otro regalo impositivo. Las cuentas no le cierran porque el gobierno les regala dinero a los ricos y se lo saca a los más necesitados.

El intento de destruir la universidad pública es tanto un tema presupuestario como un capítulo crucial de la batalla cultural. El gobierno tiene dinero para invertir en comprar aviones de guerra. Pero, según el presidente no existe el cambio climático ni la desigualdad de género. ¿Y de dónde salen las voces más potentes que demuestran con investigación científica que está avanzado el cambio climático y que hay desigualdad económica y política de género?

Imaginen por un momento una Argentina sin las universidades públicas. Sin las voces –hoy acalladas en casi todos los medios- de investigadores de punta e intelectuales internacionalmente reconocidos. Imaginen un país donde quienes siguen hablando hoy en unas pocas radios, en las redes y en los barrios, han debido irse del país o reconvertirse al microemprendedurismo. Imaginen una Argentina donde los jóvenes que quieran formarse en el pensamiento crítico deban irse o reunir medio millón de pesos al mes si es que el macartismo no llega a las universidades privadas. En el gran modelo de los Estados Unidos, recordemos, llegó a Hollywood. Más privado, imposible.

El gobierno ataca brutalmente a las instituciones que generan mayor confianza en la sociedad, ataca al núcleo aspiracional que está en el centro de la identidad argentina.

Debemos distinguir los resultados en el corto y largo plazo. Quienes queremos más y mejor universidad pública hubiéramos querido que el veto de Milei se rechazara en el Congreso y ahora queremos que se asegure un presupuesto nacional 2025 que garantice las necesidades de estas instituciones. Hay que hacer todos los intentos en esa dirección sabiendo que, en cualquier caso, es una lucha que llevará años. Mientras continúen políticas de este tipo, la universidad pública no podrá concentrarse exclusivamente en la enseñanza, la investigación y las actividades con la comunidad. Deberá también ocuparse de su propia reproducción, de su propia existencia. Y toda la comunidad universitaria estará involucrada.

Por eso, cuando llegan momentos importantes, y también finales para 2024, conviene abrir una reflexión colectiva, sin dogmatismos, acerca de la defensa de la universidad pública. En realidad, todos los movimientos que enfrentan las políticas libertarias y neoliberales deben conocer cómo derrotó Margaret Thatcher a los mineros del carbón, Reagan a los controladores aéreos, Menem a los ferroviarios y telefónicos. Hay que construir nuevas estrategias para que las grandes confrontaciones con estas políticas no terminen fortaleciendo más a estos gobiernos.

Hay varias claves para ello. La mejor defensa es la que contempla una estrategia general, que comprende la temporalidad larga de la lucha, la necesidad de asegurarse el creciente apoyo de la población, el imperativo categórico de jamás vaciar las aulas y las facultades con ninguna medida, la que se preocupa más por ir todos juntos, con miles de personas que piensan y votan diferente, y no por hacer la medida más “dura”. Si esto no se hace, y las acciones terminan aislando a una minoría de grandes mayorías que se desentiendan, el triunfo de Milei estaría asegurado. La mejor defensa es ampliar la participación, es sumar a quienes aún no se sumaron, es aguardar a que los ánimos de las mayorías converjan, es dialogar con la sociedad. Será una lucha que se desplegará mientras se enseña y se investiga, no cancelando por decisión de la comunidad alguna función crucial de la universidad. Es evidente que el gobierno promueve el vaciamiento de la universidad. Nuestras acciones en la dirección contraria darán creciente potencia en esa lucha de largo aliento.

Buenos Aires, 31 de octubre de 2024.

*Antropólogo, docente e investigador del Conicet.

La entrada LA CRUCIAL LUCHA POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA – POR ALEJANDRO GRIMSON se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Manuel Carbone Ojeda*

(para La Tecl@ Eñe)

Puertas que se cierran

La educación superior argentina se encuentra frente a una metamorfosis que podría estar pasando inadvertida. La universidad pública, histórico derecho garantizado, semillero de grandes académicos, que ha formado incluso cinco premios Nobel, hoy es un terreno en disputa. En el marco de un inicio de clases abrupto, los docentes universitarios enfrentan un panorama donde hoy se les paga un 35 por ciento del sueldo que tendrían que estar cobrando por su trabajo, con el paro como consecuencia directa de la precarización del rol docente. Nuestros profesores hacen paro para protestar por el incumplimiento de una ley aprobada (Ley 27.795, promulgada el 21/10/2025), que establece la emergencia presupuestaria del sistema universitario público argentino, y debería garantizar la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento por inflación, considerando necesaria la recomposición salarial para docentes y no docentes. ¿De qué se trata esto? De que más de 2,5 millones de estudiantes de instituciones universitarias públicas ven amenazada la continuidad de su cursada ya que la imposibilidad de llevar un plato de comida a sus mesas aleja a los y las docentes cada vez más de las instituciones públicas. Entonces: ¿qué es una universidad sin docentes? Un vehículo sin una rueda, tal vez, un vehículo que sería incapaz de impulsar a millones de personas a hacer realidad el sueño de acceder a un mejor futuro. Esto no es algo nuevo, aunque lamentablemente sí un problema que cada cierto tiempo tiende a volver. Estamos ante la afamada “fuga de cerebros”, una vez más. Si los docentes de la universidad pública se ven compelidos a poner su fuerza de trabajo a disposición de otras labores mejor remuneradas, ¿quiénes quedarán para formar a las nuevas camadas de estudiantes, hambrientos de curiosidad por lo que la universidad pública tiene para ofrecerles? ¿La amenaza de que sus puertas cierren es una realidad inminente?

Vaciamiento deliberado

“No hay saber verdadero si no es un saber con otros. La masividad no es un estorbo para la calidad, es la condición de posibilidad de una inteligencia que no se mira el ombligo, sino que mira a su pueblo”.

Horacio González, Saberes de pasillo.

Si la desfinanciación de las universidades públicas no es un tema de poca importancia para nuestra sociedad – ya que se promulgó una ley que la declara de “emergencia”, respaldada por tres movilizaciones masivas -, ¿por qué no se ejecuta el presupuesto pertinente? Estamos ante una decisión intencional de desfinanciamiento institucional que, ignorando la importancia que le atribuye la sociedad argentina a la educación pública, soberana y gratuita para todas y todos, decide seguir adelante con un asedio que está llevando a los y las docentes a una deserción forzada de sus puestos de trabajo, tachando a la universidad pública como un gasto banal y no como una inversión social y de futuro. Este asedio opera a través de una lógica de exclusión por desgaste. No echan a los profesores y profesoras, ¡no! Eso implicaría mucho gasto. En cambio, se busca precarizar la labor docente a punto tal que se les vuelva imposible permanecer dentro del sistema educativo público.

Estamos ante una decisión de diseño que podría provocar un vaciamiento inminente. Aunque dispuestos a dar clases, estas decisiones políticas imposibilitan la continuidad de los profesores en las instituciones de carácter público, por la insostenibilidad de sus propios medios de vida. Este intento de desplazamiento forzoso del cuerpo docente no solo es una pérdida en términos de “capital humano»; es la licuación de la memoria viva de las instituciones de carácter público y gratuito. Cuando un profesor con décadas de formación debe elegir entre la docencia o la subsistencia, se diluye, también, la excelencia que tardó generaciones en construirse y que posiciona a la Argentina como poseedora de una de las universidades de mayor calidad de la región. Las universidades públicas históricamente han sido un espacio donde el hijo del profesional y el hijo del asalariado, el joven y el viejo, comparten el mismo banco. Si el aula deja de ser foco de la diversidad social argentina, lo que estamos perdiendo no es solo formación técnica, sino la capacidad de entendernos en tanto nación.

Si este vaciamiento resultara exitoso, ¿qué pasaría con todos esos hijos e hijas de la universidad gratuita y de calidad? La respuesta es agria, de mal gusto: dejaría a la deriva el proyecto de una Argentina de grandes instituciones igualadoras entre sectores sociales dispares.

La meritocracia sin fondos no funciona. Estamos rifando un activo que ni las crisis más agudas del siglo pasado pudieron tumbar, la convicción de que el hijo o hija del trabajador puede, incluso debe, ser el científico, abogado o doctor del mañana. Si permitimos que esto suceda quedaríamos a merced de una Argentina que formaría, únicamente, a quien pueda costearse una educación universitaria en instituciones privadas y, quienes no tengan el dinero para hacerlo, se verían relegados, en el mejor de los casos, a contentarse con saber leer y escribir.

Estamos frente a una batalla por quien tiene derecho a producir sentido en este país. El vaciamiento de las universidades públicas y gratuitas podría significar el inicio de un país donde el pensamiento crítico e independiente sea un lujo de quienes tienen el tiempo y el dinero para permitírselo.

Un fantasma del siglo XIX

Lo que hoy en día se disfraza bajo el manto de “eficiencia fiscal” o de “malgasto de fondos públicos” está llevándonos hacia un modelo universitario comparable al que se encontraba previo al Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Un retroceso de 110 años de historia y conquistas académicas. Recordemos que el manifiesto escrito por Deodoro Roca en Córdoba dice: “acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica”. En el manifiesto se exigía que se reconociera el derecho a exteriorizar el pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de representantes. Por ende, el desfinanciamiento que amenaza con el cierre de la universidad pública significaría un empujón hacia el pasado donde la autonomía, la calidad y la gratuidad (orgullos de una institución que puso a la Argentina a la vanguardia del conocimiento regional) quedaría reducida a mero recuerdo del pasado. La formación superior dejaría de ser un derecho ciudadano para transformarse, nuevamente, en una mercancía de privilegio, ya que la única opción para formarse serían instituciones aranceladas en las que el acceso no es por vocación y esfuerzo, sino por capacidad de pago. El título universitario pasaría, así, de ser un aspiracional para las grandes mayorías trabajadoras a una posibilidad -casi hereditaria- para unos pocos privilegiados.

Desde 1918 las universidades públicas argentinas tuvieron en claro cómo debía ser una institución a la altura de sus estudiantes. En palabras de Deodoro Roca:

“Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien”

(https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar).

Del claustro a la clausura

La universidad pública sobrevivió a dictaduras, desfinanciamientos, fugas de cerebros y crisis económicas, manteniendo siempre sus puertas abiertas. No permitamos, como estudiantes cursantes, graduados y graduadas, docentes y no docentes, que esta sea la última vez que nos dé la bienvenida. Si el desfinanciamiento se transforma en clausura la Argentina habrá perdido su motor más potente de justicia social y movilidad social ascendente. Que este último ataque a las universidades no sea el prólogo de una educación y un país para pocos. En definitiva, un pueblo formado y crítico en su pensamiento es la garantía de un país con más igualdad. El derecho a pensar debe seguir siendo un bien común. La universidad pública y su destino está en nuestras manos.

*El autor es estudiante de la carrera de sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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La entrada Mutilar el futuro: la transición forzada hacia una posible élite académica – Por Manuel Carbone Ojeda se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Hugo Presman*

(para La Tecl@ Eñe)

El Poder Judicial, la última trinchera del poder económico muchas veces confundido con la Justicia, a través de la Sala III en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo en contra de la medida cautelar dictada en la causa abierta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa habilitación importó automáticamente la facultad para que el P.E. siga sin cumplir con dicha ley, la misma que fuera ratificada dos veces por el Poder Legislativo y que obliga a la actualización de salarios y becas, ello tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales. La medida cautelar queda así suspendida hasta que se expida la Corte Suprema. Y como ésta no tiene plazos, es imposible no remitirse a las calendas griegas, que como es sabido es la imagen que habitualmente se utiliza para indicar que eso no ocurrirá nunca. Dos ejemplos de incontables casos que pueden exhibirse impúdicamente, de cómo el Poder Judicial en todas sus instancias duerme expedientes cuando se trata de favorecer al Poder Económico: 1) la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el decreto 23/70 del año 2023 denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que le permitió al gobierno avanzar en su plan de demolición. 2) El juez Pablo Yadarola, uno de los integrantes junto a otros jueces y fiscales del tour a Lago Escondido del magnate y empresario británico Joe Lewis, financiado por el multimedio Clarín, no ha podido determinar, a pesar de estar filmado, con quién habló el 25 de febrero del 2025 Silvana Abálsamo de Silva (Vicejefa de la Aduana de la estación aérea), para permitir que la única pasajera de un vuelo, Laura Belén Arrieta, esquivara los scanners con sus 10 valijas. La pasajera es empleada de las empresas que tiene en Miami Leonardo Scatturice, el dueño de la low-cost Flybondi, vinculado en el pasado con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y hoy puente entreDonald Trump y Javier Milei.  

Nada nuevo. Protágoras, el más famoso de los filósofos sofistas griegos, que vivió alrededor de 400 años antes de Cristo, sostenía: “La justicia es, lo que el hombre rico dice que es”.

La incisiva humorada de Caloi (Carlos Loiseau) 1

Fue publicado en la revista “Viva” del diario Clarín hace muchos años. Lo reproduzco en función de los retazos que quedaron en mi memoria. Se ve a un empleado que con mucha timidez entra en la oficina del jefe que está sentado detrás de un escritorio sobreelevado. El empleado muy tímidamente se sienta en una pequeña silla y con una voz titubeante le solicita un aumento de sueldo. El empleador le informa que eso es imposible y pasa a darle una larga exposición de sus motivos: “Para hacer frente al aumento, la empresa deberá recurrir al préstamo bancario. A su vez, dada la difícil situación que atraviesa el país, el banco deberá acudir a la solicitud de un redescuento en el Banco Central. Dado a que las reservas del país son negativas deberá salir a obtener un crédito internacional. Como esto se suma a un panorama mundial complicado, las solicitudes de crédito desde otros países junto con el nuestro elevarán la tasa libor que acentuará el panorama recesivo. Es posible que antes el déficit fiscal de muchos países, entre ellos la Argentina, deban acudir nuevamente al FMI y al Banco Mundial. Indudablemente, le dice el jefe, su solicitud es desmedida además de inoportuna. A medida que avanza en la explicación de su negativa para dar un aumento de sueldo, el empleado se lo ve cada vez más pequeño mientras se mueve nervioso en el asiento. Apabullado, se disculpa y sale de la oficina del gerente entre desesperanzado y angustiado. 

La Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto por el financiamiento universitario viene desde 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme. La Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma. El proyecto de Presupuesto 2026 asigna $4,8 billones de pesos para las universidades nacionales, una cifra que según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es considerada insuficiente frente a los $7,2 -7,3 billones solicitados para su funcionamiento. Este monto representa una consolidación del ajuste y una caída real acumulada del 45,6% frente a 2023.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también expresó su preocupación por la derogación de la ley que financia las universidades nacionales y por “la caída de los salarios de sus trabajadores, docentes, no docentes y científicos, quienes perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años”. Los hospitales universitarios, por su parte, sufrieron un recorte que implica un 30% de fondos menos. Según La Nación del 6 de mayo: “Los Directores médicos de la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires, los hospitales de la UBA brindan atención a 700 mil personas por año y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud. El presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, según destacaron las autoridades médicas, de los cualesun cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril,por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.Los hospitales de la UBA enfrentan hoy una crisis por la falta de fondos operativos del Gobierno Nacional. La UBA cuenta con seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos ellos cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica. Pero hoy, la falta de financiamiento oficial amenaza su continuidad y su capacidad de respuesta”.

El presupuesto universitario en Argentina para el año 2026 se proyecta en niveles mínimos históricos, representando un 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra marca una reducción significativa en comparación con años anteriores y representa el nivel más bajo en dos décadas. El promedio histórico estaba en el 0,75%.

Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, un troglodita medieval, afirmó que en “Las universidades no hay ajuste con despidos, no le debemos nada”.

La marcha convocada para el 12 de mayo en defensa de la Universidad será la respuesta a tantas mentiras.

La incisiva humorada de Caloi (Carlos Loiseau) 2

El empleado sale frustrado de la oficina del empleador, se lo ve caminando varias cuadras, luego entra en el subte, se lo observa luego saliendo y ascendiendo a un colectivo, para luego descender en Retiro y tomar un tren, viajando parado y apretujado, descendiendo en el conurbano, caminando varias cuadras y entrando en su vivienda precaria. Abre la puerta, arroja la carterita sobre la mesa y le dice a su mujer: – Vos y tus desmedidas ambiciones. ¡Fui a pedir un aumento de sueldos y casi produzco un cataclismo mundial!

Los argumentos del gobierno que copia a Caloi

Los argumentos con los que el gobierno  recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que ahora la Sala III aceptó, parecen haberse inspirado en la humorada de Caloi.

Sostiene que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Eso implicaría: “Una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas”.

Un verdadero ejemplo de humor negro: reducir el presupuesto universitario de 0,75% a 0,47% produce increíblemente para el gobierno la quiebra de la Argentina. Y si faltara algo en este drama en clave humorística, el Jefe de Gabinete y Vocero Manuel Adorni, un funcionario que aprendió del Presidente concretar el crecimiento económico personal, con dinero público, en Conferencia de Prensa del 8 de mayo afirmó: “Trataron de instalar que el gobierno quiere desfinanciar las universidades, pero hemos cumplido con todas nuestras obligaciones”. Lo dijo quien fue recibido en Diputados por los legisladores de la Libertad Avanza y del PRO, con carteles con la leyenda: “Adorni es transparente” mientras era aclamado desde el palco por los hermanos Milei. Una política de una crueldad pocas veces vista donde el grotesco deriva en un clima político y social que flota entre la irrealidad y la perplejidad.

Lunes, 11 de mayo de 2026.

*Periodista. Co-conductor del programa radial El Tren.

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