Con la incorporación de una billetera virtual, la App de control o el tablero de gestión cuyo mayor logro es “la trazabilidad total de las raciones alimentarias”, el gobierno de la Ciudad implementa una política clasista que echa mano de los avances tecnológicos tras un supuesto de neutralidad e irrefutabilidad de sus resultados, pero que abona al aislamiento y la ruptura de los lazos de solidaridad.  

Por Estela Grassi y Malena Victoria Hopp*

(para La Tecl@ Eñe)

El 5 de diciembre Infobae publicó una nota celebrando que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones”^[1]. Como es habitual, altos funcionarios afirman enfáticamente que “Nadie va a usar el hambre para hacer negocios” y señalan con el dedo a las “organizaciones de izquierda”, de la economía popular o cooperativas acusadas de hacer un uso discrecional, espurio de los recursos públicos.

El cuestionamiento a las organizaciones sociales, los controles y auditorías en la política social argentina no son nuevos y periódicamente se reactivan, también al ritmo de la lucha política. La preocupación por “el abuso” que los pobres hacen de la asistencia social, tampoco; en este caso, la acompañan desde siempre, no para mejorar las prácticas en las instituciones o de los diversos agentes de las prestaciones de asistencia, sino para justificar los prejuicios acerca de la culpabilidad de quienes viven en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, en este tiempo, los pobres justifican el propio discurso que, ahora, va contra aquellas organizaciones: “no se quedarán sin un plato de comida” -dice un funcionario- por culpa de “los intermediarios”. Es decir, organizaciones sociales que aún con limitaciones y en condiciones de precariedad, atienden las necesidades en los barrios populares y, mal que bien, hasta tiempos recientes lograban cierta contención frente al avance de las tramas delictivas del narcotráfico, que corroen la vida comunitaria en los barrios empobrecidos^[2] y suplen al Estado legítimo (o a lo que le queda de legítimo de un Estado cuyo Jefe máximo se propone destruir). 

Esta deslegitimación de la organización colectiva de las clases populares en general va en línea con el espíritu del proyecto de reforma laboral del Ejecutivo, que apunta a dirigir la negociación al nivel más mínimo posible y, en materia de horarios y vacaciones, de cada persona individualmente. En realidad, esta individualización de la vida social está en el corazón de la concepción neoliberal del mundo, llevada al extremo por este presidente, para el que no hay sociedad más allá de los intercambios económicos. Salvo, claro, las grandes organizaciones patronales (como la Sociedad Rural, la UIA, etc.) beneficiarias de esa concepción, que debilita totalmente la capacidad de reivindicar o defender intereses de los demás sectores.

Para el caso de la política de asistencia alimentaria del Gobierno de la Ciudad, que ahora queremos analizar, la novedad con respecto al descrédito de las organizaciones sociales viene dada por la centralidad del uso de la tecnología y su presentación como un medio de gestión, distribución de recursos y control transparente y eficaz cuyas decisiones resultan inapelables: “La Ciudad de Buenos Aires consolidó en 2025 una política alimentaria “sin intermediarios y basada en la trazabilidad total”: un sistema que, por primera vez, permitió fiscalizar más de 500 comedores y detectar irregularidades: más de 5.000 raciones diarias se enviaban a lugares que no funcionaban (por lo que) 40 de ellos, fueron cerrados de inmediato”, explica la nota de Infobae.

La ideología del solucionismo tecnológico^[3] normaliza un modo de pensar y actuar a partir de reformular situaciones sociales complejas como problemas con una definición clara y soluciones definitivas, o bien como procesos transparentes y evidentes. La ilusión de reparaciones rápidas y eficaces mediante el uso de tecnologías se torna equívoca cuando es trasladada acríticamente a intervenciones de política pública, especialmente cuando estos procesos no se encuentran regulados y son postulados como procedimientos técnicos neutrales e inapelables.

En lo que sigue intentaremos mostrar algunas trampas y efectos de estas cajas negras de la política social a partir de la pregunta por las funciones, usos y beneficiados de los procesos de digitalización de la política social. En otras palabras, para qué y al servicio de quiénes se encuentra la tecnología. En el caso del referido, se trata de una tecnología celebrada públicamente por su efectividad para cerrar de inmediato comedores comunitarios y eliminar la participación de organizaciones sociales y las tramas barriales en el marco de la política social. Es decir, para la destrucción de los lazos y procesos de organización colectiva que se gestan y desarrollan ante la imposibilidad de atender las necesidades más básicas de sectores cada vez más amplios de la población^[4], como la alimentación, pero también para imaginar y construir alternativas de trabajo y de vida dignas para el conjunto social.

Si la tecnología es un medio capaz de favorecer el acceso a prestaciones y derechos ¿por qué se presenta como un logro el cierre inmediato de comedores cuando el sistema detecta una irregularidad? ¿De qué tipo de irregularidades está alertando? ¿Es posible subsanarlas? El funcionamiento del sistema de “trazabilidad total” que combina inscripción digital, billetera virtual Buepp, una App para “nominalizar beneficiarios” y un tablero de gestión “para monitorear raciones en tiempo real”, implementado por el Gobierno de la Ciudad, parte de la sospecha sobre las organizaciones que participan del proceso de implementación de una política alimentaria que sin su intermediación difícilmente podría garantizar la atención del problema que busca resolver. Mucho menos la complejidad de las situaciones problemáticas que atraviesan las personas que asisten a estos espacios de cuidado comunitarios.

En este sentido, la idea de comedores “fantasmas” y la afirmación de que se envían raciones diarias a lugares que no funcionan, desconoce las condiciones de precariedad en las que se desarrollan los comedores y espacios de cuidados comunitarios. Según el Relevamiento realizado por Barrios de Pie-UTEP^[5] los lugares donde se brinda alimentación y se realizan los cuidados comunitarios son principalmente las casas de las trabajadoras socio-comunitarias, los locales de las organizaciones, espacios prestados o alquilados o se montan directamente en la calle. En estas condiciones las trabajadoras socio-comunitarias desarrollan saberes y conocimientos específicos vinculados con la capacidad de integrar en un mismo espacio la atención de múltiples necesidades (de alimentación, salud, consumos problemáticos, cuidado infantil, actividades culturales y deportivas, consejerías ante situaciones de violencia de género, centros de jubilados, entre otras). Allí resuelven problemas sociales complejos con recursos escasos, infraestructuras inadecuadas, débil apoyo estatal, y sin una remuneración. Es decir que en esos lugares precarios y en esas condiciones, se atienden esas otras necesidades que preocupan al funcionario, según sus declaraciones: “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”. Si esto es así, no se ve cómo esa multiplicidad de problemas, podrían ser atendidos con la incorporación de una billetera virtual, la App de control o el tablero de gestión cuyo mayor logro es la trazabilidad total de las raciones alimentarias. Por eso, más allá del domicilio legal que figura al momento de la inscripción en las políticas sociales, las personas que trabajan en los espacios comunitarios son una referencia para sus vecinos y vecinas y constituyen un nexo fundamental con el Estado. Conocen y acompañan a las personas y a las familias de su barrio, pueden tener la trazabilidad de sus necesidades, por sus intercambios cotidianos, que no son los sistemas modernos, pero son tan eficientes como para haber sostenido la asistencia y los cuidados durante tantas crisis.

Control individualizado

¿Cuál es, entonces, la preocupación implícita, más allá de garantizar el buen uso de los recursos y de la política social?, cuestiones con las que nadie está en desacuerdo. Tal como dice la nota periodística, el funcionario “subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro”. A juzgar por el marco político general, lo que principalmente preocupa a las políticas del neoliberalismo es la comunidad y es la asociación de vecinos o conjuntos sociales que se organizan para subsistir o para reclamar por sus derechos, como colectivo, no individualmente. “Consultado por este medio (se refiere al diario, Infobae), Jorge Macri, opinó que “el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. Se trata de individualizar, de hacer de cada uno o una eso, una unidad sin lazos. Si el liberalismo de la década de 1990 se había propuesto des-universalizar la política de asistencia social a través de la focalización en poblaciones con necesidades insatisfechas, tras el objetivo de hacer más eficientes los recursos al destinarlos a los pobres únicamente, el de estos tiempos va más allá, pues busca identificar personas a asistir, cuyas necesidades específicas, así como cualquier irregularidad, sean reportadas en tiempo real. Si en aquel neoliberalismo de los años ‘90 la “eficiencia y eficacia” de la política se sostenían en procesos metodológicos elaborados por agentes expertos, por lo que se los suponían objetivos y desanclados de la política, ahora el objetivo es la identificación de las personas y la trazabilidad de sus raciones por una App que “…combina control, digitalización y condicionalidades claras”, dice el Jefe de Gobierno. Desde su perspectiva, esto “marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”.  Así, “ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”, porque los negocios son, acaso, para las nuevas Fintech, que no necesitan asistencia social del Estado, sino una legislación laxa sobre los bienes públicos y la financiarización de la vida cotidiana.

La preocupación por el aprovechamiento indebido («sus negocios” o de “los gerentes de la pobreza”, como insiste la ahora senadora Bullrich) por parte de las organizaciones sociales que llevan adelante los comedores (para lo cual la aplicación busca “evitar la intermediación” e identificar a qué individuo se otorga cada ración), no incluye la búsqueda de aquellas personas a quienes no llegan los alimentos, por las razones que sean, pero que presumiblemente los necesiten, dado el aumento de la precariedad laboral y el ajuste masivo en las políticas sociales.

No se trata de negar el uso de sistemas que mejoren la eficiencia de las políticas, cualesquiera sean, ni de dejar de cuidar la calidad de los servicios y el buen uso de los recursos públicos, ni de descuidar la trasparencia y la seguridad en el acceso a la asistencia y demás servicios y prestaciones de la política social para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos. Por el contrario, todo esto debería ser una obligación de los funcionarios de gobierno. Pero no va por ahí la política social de CABA (ni la política social del gobierno nacional), sino que más bien éstas se proponen contribuir al descrédito de la organización popular y de dirigentes barriales que puedan ser opositores a su gobierno y plantear alternativas a un modelo social y económico excluyente. Una política profundamente clasista que ahora echa mano a los avances tecnológicos tras un supuesto de neutralidad e irrefutabilidad de sus resultados, pero que abona al aislamiento y la ruptura de los lazos de solidaridad.  

Referencias

^[1] https://www.infobae.com/politica/2025/12/05/el-gobierno-porteno-cerro-40-comedores-fantasmas-y-detecto-un-desvio-de-5000-raciones-diarias-por-20-millones/

^[2]   “Una batalla narco tras otras: Por: Equipo de Investigación Política (EdiPo) – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Centro Patriótico Reconquista.  Revista Crisis, 20 de noviembre de 2025- https://revistacrisis.com.ar/notas/una-batalla-narco-tras-otra. En un antiguo artículo de principio de los años 90, del sociólogo Homero Saltamacchia, que no podemos citar por inhallable, pero nos quedó como enseñanza, hacía referencia al papel de la organización popular en Argentina como medio de contención a las bandas delictivas que ya asolaban otros países de América Latina.

^[3] Esta idea es desarrollada en Morozov, E. (2019). La locura del solucionismo tecnológico. Katz Editores.

^[4] Según un informe reciente del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Siete de cada diez trabajadores/as no alcanzan la canasta básica.  https://motoreconomico.com.ar/el-nuevo-rostro-de-la-pobreza-en-la-argentina/

^[5] Disponible en

https://cuidarestrabajo.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/informe_cuidar_es_trabajo_v01.pdf

Sábado, 20 de diciembre de 2025.

*Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo-IIGG-UBA.

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