Por Rodolfo Yanzón*
(para La Tecl@ Eñe)

El oficialismo hace alarde permanente de su desprecio por la ley, sobre todo, la que protege derechos humanos. Los diputados del interbloque Cambiemos, el inefable Fernando Iglesias, el radical Mario Negri, el presidente del bloque PRO Nicolás Massot, y Pablo Tonelli, piden que el Poder Ejecutivo intente todas las vías a su alcance para remover a Eugenio Raúl Zaffaroni de su cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber dicho que esperaba que el gobierno se fuera cuanto antes. Mencionan cierta inhabilidad moral y una reiterada desvalorización de los principios democráticos. Aluden equivocadamente a la Comisión Interamericana durante la dictadura –no a la Corte- y  a su actuación en relación al genocidio en la Argentina, que Massot pretende dejar en el olvido. Entre el raconto sobre la trayectoria de Zaffaroni, mencionan sus declaraciones sobre Santiago Maldonado, de quien afirman que se ahogó solito. También aluden a interferencias de Zaffaroni sobre el sistema judicial.

Estas líneas no tienen como objetivo defender a Zaffaroni, sino analizar las acciones del oficialismo. Si bien quienes reclaman la remoción del juez aluden a actos y declaraciones del pasado, el disparador de la presentación fueron sus declaraciones sobre el gobierno de Macri. Zaffaroni fue muy crítico con la política económica y aclaró que se trataba de un deseo personal, que se fuera cuanto antes para que hiciera el menor daño posible. Tales declaraciones son pasto para las fieras pero de ningún modo expresiones antidemocráticas –sin dejar de lado la inconveniencia de haber sido proferidas por un juez- ni un llamado a la interrupción del mandato. Sucede que los diputados oficialistas equiparan a Macri con la democracia. Hasta ahí tales expresiones podrían ser tenidas como devolución de favores a quien les dio empleo y exposición pública al menos por unos años. Sin embargo, la presentación -suscripta por representantes de las fuerzas mayoritarias que integran el oficialismo- es parte del ataque a opositores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos) para aportar al relato de cambio por el que se quiere ocultar una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, tanto en lo económico como en debilitar derechos esenciales.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recordó en una nota publicada en Infobae, el aniversario 73 de la liberación de Auschwitz por parte de los soviéticos. No menciona ni a Auschwitz ni a los soviéticos, pero sí a Fernando De la Rúa y a Mauricio Macri, a quienes considera que hicieron aportes para concientizar sobre la gravedad de esos crímenes. El aporte de Macri fue haber recibido al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los principales responsables de los crímenes contra el pueblo palestino. Avruj menciona a las víctimas del Holocausto – palabra cuyo significado alude a sacrificio religioso-, pero no se hace justicia a las víctimas ni se les rinde completo homenaje si no se dice que el nazismo y el fascismo comenzaron a perseguir a opositores políticos, que los campos de concentración fueron utilizados para encerrar a esos opositores y que luego la persecución se dirigió hacia otros grupos, entre ellos a los judíos. Sin embargo para Avruj esas otras víctimas carecen de importancia, porque la persecución política forma parte del gobierno macrista, pero no para luchar contra ella.

El mismo día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Avruj tuiteó “El cambio que llevamos adelante necesita de nuevos paradigmas. Tenemos que apoyar a los policías que luchan por cuidar la vida de todos”. Se refería a Luis Chocobar, el policía procesado por matar por la espalda a una persona y que fue recibido, felicitado y apoyado por Mauricio Macri en la casa de gobierno. A seis meses de lo de Maldonado, Macri reivindica la represión ilegal y la muerte y se  entromete en la labor judicial al exigir del juez una decisión favorable al homicida. Patricia Bullrich dijo que ni siquiera se había tratado de una legítima defensa, porque actuó cumpliendo su deber. La actitud del gobierno de Macri no sorprende, es la misma que tuvo con los gendarmes que persiguieron a Maldonado y con los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Para acompañar activamente al gatillo fácil, Macri cuenta con la colaboración de buena parte de medios y periodistas que hablan de un pobre policía embargado por haber salvado a un turista.

A seis meses de Maldonado, el Gobierno decidió no acusar a encubridores del atentado de la AMIA, a pesar de la opinión de los abogados, a quienes se les quitó el poder para que pudiera alegar un hombre de Daniel Angellici, operador del macrismo ante los jueces. Todo sucede con poca difusión de los mismos medios que machacan con el pacto con Irán y las inexistentes responsabilidades penales de funcionarios del gobierno anterior, varios de ellos presos.

Al relato autoritario, la represión ilegal y el aval al gatillo fácil, se le agrega la persecución política sobre opositores, sindicalistas, abogados, jueces y organizaciones sociales y de derechos humanos; la existencia de presos políticos y la campaña antimapuche, que el gobierno impulsa con acuerdo de autoridades chilenas para estigmatizar a sus integrantes como terroristas sin ningún derecho. La noticia de que la Fiscalía Nacional de Chile imputara a Carabineros de haber adulterado prueba para acusar a mapuches, no hizo mella en la Ministra Patricia Bullrich y Mauricio Macri en su afán persecutorio.

Especial atención merece el caso de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, sobreviviente de la dictadura de Pinochet, refugiado en nuestro país desde 2010 bajo la protección de la Convención Internacional de Refugiados. En diciembre de 2015 el gobierno de Macri inició conversaciones con la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) de Chile –el segundo de Claudio Avruj, Hernán Schapira, es uno de los principales actores del acuerdo-, para hacer cesar el status de refugiado de Apablaza Guerra, lo que se produjo en diciembre pasado con el argumento de haberse presentado ante las autoridades consulares chilenas para prestar su testimonio como víctima de prisión política y tortura en su país. El gobierno de Macri –a instancias del pinochetismo- entiende que esa circunstancia sugiere que el mismo Apablaza Guerra se acogió voluntariamente a la protección de su país de origen y, en consecuencia, no necesita la protección internacional. La defensa interpuso recurso que tratará un juez en lo contencioso administrativo. Pero aún sin estar firme la decisión, el 2 de febrero de 2018 el Gobierno notificó a Apablaza Guerra que lo expulsaba de la Argentina por tener antecedentes en su país –se lo acusa sin pruebas de haber matado a Jaime Guzmán, senador pinochetista, por el solo hecho de haber pertenecido al FPMR- y por actividades terroristas -que no detalló-. El día anterior el diario El Cronista difundió que la decisión de expulsarlo era un favor de Macri al Presidente electo Sebastián Piñera. Apablaza Guerra recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos, sobre todo porque la acción del gobierno lesiona gravemente principios esenciales de la Convención de Refugiados. Sin embargo, Macri decidió no sólo quitarle protección, sino también dejar de lado cualquier planteo de extradición –que es la forma legal para que un país reclame a otro para juzgar a una persona- echando mano a la expulsión, cuyo trámite es violatorio del derecho de defensa, a partir de la modificación por decreto de Macri, conculcando derechos de los migrantes. El Cronista termina su nota diciendo que este favor a Piñera es un anuncio de lo que sucederá con Facundo Jones Huala, quien sería enviado a Chile, aún si la extradición fuera rechazada.

Estos son los nuevos paradigmas de los que habla Claudio Avruj y con los que se pisotean cotidianamente derechos esenciales, y por los cuales diputados oficialistas no quieren que Zaffaroni continúe siendo juez de la Corte Interamericana. Convengamos que decir que cuanto antes se vaya este gobierno es, cuanto menos, un deseo en defensa propia, en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018
*Abogado. DD.HH

Ver nota relacionada:
Arrestos domiciliarios a genocidas. Avruj, Garavano: “Nuevos paradigmas en DDHH” – Por Rodolfo Yanzón

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Buena parte de la población mundial está atravesada por una situación extraordinaria. El coronavirus ha generado miles de contagiados y muertos y, de acuerdo con la información difundida, los resultados indican que la cuarentena -el encierro- ha sido un método eficaz para evitar su propagación.

Cuando hablo con mis amigos alemanes escucho que las medidas dispuestas por su gobierno apuntan a reducir sensiblemente la circulación de gente, pero pueden salir a trabajar -con las reducciones horarias y diarias que cada rama dispone-, y también, encontrarse con amigos y compañeros -respetando las distancias aconsejadas-. Alguno puede decir que en Alemania la población respeta las normas en mayor medida que en los países latinoamericanos. Puede ser. Pero algo más certero es que en Alemania -a pesar de que el Estado de bienestar se ha ido retirando poco a poco a partir de la caída del muro de Berlin- la red de contención no es tan frágil como en nuestros países y no existen las barriadas pobres como en la periferia de nuestras grandes ciudades, que, a su vez, replican la situación en las cárceles.

Cuando les cuento sobre las medidas del gobierno, les digo también que en la Ciudad de Buenos Aires hay, por ejemplo, gente que despotrica contra los comedores porque no quiere que se junte la gente que necesita su plato de comida diario, quiere ver a los pobres bien lejos, un anhelo permanente que aparece en su plenitud; que hay gente a punto de tapiar las puertas de quienes viven con el riesgo del virus y la pobreza. (Baby Etchecopar tiene audiencia). Luego comento mi propia experiencia: hace más de dos meses que no salgo de mi casa, no veo amigos ni compañeros, mis contactos se reducen a dos hijos y mi mujer, apenas salgo a comprar cosas imprescindibles; pero agrego que puedo trabajar desde mi casa -obviamente con grandes limitaciones, pero puedo-, no me falta el dinero, vivo en una casa cómoda, tengo todos los servicios, claro, a ellos no les sorprende mi situación, pero me preguntan por qué yo decido encerrarme. Y les digo que a mí, de algún modo -y probablemente porque soy hipertenso- el miedo también me transforma. Lo que trajo esta pandemia es EL MIEDO, contraproducente para cualquier sociedad que aspire a vivir con plenitud de derechos. Ahí acordamos con los alemanes, el miedo fue, es y será un motor potente para cincelar nuestras sociedades, para dotarlas de la peor de las formas. El miedo al virus, al extraño, a lo desconocido, y el miedo muta fácilmente como este virus: miedo al futuro, al pensamiento crítico, a tomar decisiones, a crecer, a la libertad.

Mientras escribo desde un escritorio confortable, en distintos barrios de la ciudad hay hacinamiento, donde mantener distancia es una quimera y miles de personas carecen o se les dificulta llegar a servicios básicos, sobre todo agua, que necesita salir para no morir de hambre, mientras sus dirigentes denuncian en vano, y mueren sin haber sido escuchados.

Ante la falta de agua en esos barrios, el jefe de gobierno porteño y sus funcionarios responsabilizan a la empresa que la suministra. El agua es un derecho esencial, un derecho humano que el Estado debe preservar, está obligado. Y cuando digo Estado es tanto el de la ciudad como el Nacional. En situaciones extremas como la que estamos viviendo, causa estupor escuchar esas justificaciones. Como lo causa escuchar a Rodríguez Larreta en conferencia hablando sólo a un sector de la sociedad, a quienes pueden ir a los grandes centros comerciales, o salir de paseo por plazas y calles.

Pero también causa preocupación que el Estado esté ausente o llegue tarde. O tal vez no sea tan así, si observamos que en esos barrios -tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense- se están erigiendo especies de retenes y vallados policiales para evitar que la gente salga. Una vez más, la respuesta estatal es con su brazo represivo. Difícil no inquietarse al ver esas imágenes y escuchar el padecimiento de la gente que vive en esos barrios, y pensar que el anunciado impuesto a las grandes fortunas duerme el sueño de los justos, o que el Estado subsidia a grandes empresas, o que hay acaparamiento de productos esenciales y que los precios suben diariamente. Sacar provecho de la necesidad del conjunto es un acto miserable, afecta a los más vulnerables y se multiplica si no se imponen controles.

La pandemia generó el debate mediático sobre el conflicto economía-cuarentena. El Presidente dice que la disyuntiva no es válida, que levantar la cuarentena no significa mejorar la economía. Probablemente sea así, sobre todo por el desastre en el que el macrismo nos sumió, pero es indudable que cuando efectivamente se levante nos encontraremos con algo semejante a un páramo, con miles de puestos de trabajo perdidos. Aunque los grandes medios no lo traten, la verdadera disyuntiva que la pandemia presenta es la de derechos-cuarentena. La salud es uno de ellos, esencial. Pero sí se observa -reitero- la presencia policial en los barrios pobres, la falta de trabajo; lo que está sucediendo con la población carcelaria, las distintas restricciones, por ejemplo, no contar con administración de justicia -los tribunales están paralizados, no hay juicios, lo que implica libertad, salud, reparación y propiedad suspendidas. Cierto que es difícil contar con atención sanitaria y educación, y cierto es que toda solución es y será difícil y traerá conflictos. Pero ¿por qué circunscribir el debate que nos propone el sector que posee los medios económicos, mediáticos y productivos?

Cuando se defienden los derechos esenciales de las personas se aspira a una sociedad democrática, abierta, inclusiva, a hacer algo menos lejano el principio de igualdad ante la ley de nuestra Constitución Nacional. Porque defendiendo los derechos se defiende, sobre todo, el derecho de los que menos tienen. La pandemia nos muestra el verdadero rostro del capitalismo, y que la riqueza la producen los trabajadores, que son, paradójicamente, los más castigados. Debemos aceptar que lo que muchos llaman normalidad es lo que estamos dejando definitivamente atrás. El desafío está planteado. Que el miedo no nos paralice a la hora de proteger los derechos.

Buenos Aires, 28 de mayo de 2020

*Abogado DD.HH.

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Por Rodolfo Yanzon*

(para La Tecl@ Eñe)

I

Durante la pandemia se exacerbaron algunos caracteres que debemos resaltar para analizar el modo de contrarrestarlos. Se trata de dichos y hechos producidos desde distintos espacios políticos que comparten una matriz. Por un lado, las bravuconadas de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, un hombre de tendencia xenófoba que supo volcar la violencia estatal sobre los pobres del conurbano, sin dudar en mentir sobre la población carcelaria y en montar escenarios para justificar escaladas represivas. Por otro lado, las provincias manejadas por el PRO; una, Jujuy, con actitudes antidemocráticas y antiinmigrantes; otra, Mendoza, donde el Opus Dei puso su pata en la Corte Suprema, al calor de una fuerza política -el radicalismo, cada día más deshilachado- cuyos principales referentes advierten sobre una posible secesión, porque la provincia es rica y no necesita de la Nación (la excusa de todo secesionista, y también de todo burgués, el sempiterno a sacarnos los pobres de encima, mi riqueza es mía y solo mía).

Berni es criticado por un sector del oficialismo, por sus constantes apariciones públicas confrontando con autoridades nacionales. Pero es sostenido por otro sector de ese mismo oficialismo, que cree que hay que tener mano dura para manejar a una fuerza como la bonaerense, en una provincia donde la delincuencia no deja de ser un problema, como si la experiencia fuera novedosa. Pareciera que olvidaron el modo en que la situación se agravó sensiblemente tras el paso del represor Aldo Rico al frente del mismo ministerio durante la gobernación de Carlos Ruckauf, uno de los firmantes de los decretos de aniquilamiento de 1975.

Mientras tanto, aparece un cadáver, el de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández, y buena parte de Cambiemos aprovecha la ocasión para buscar rédito y golpear al gobierno, hacerlo responsable -y, por qué no, autor del crimen- acudiendo a mentiras y reflotando viejas prácticas, sin pudor en exhibirse como la caterva que son, con la seguridad de que los medios afines y algunas redes sociales replicarán sus dichos erigiéndolos en verdades absolutas, a la vez que tratarán de esconder su responsabilidad en las operaciones de inteligencia, en las escuchas y seguimientos que llevaron a cabo durante su gobierno.

El fruto de esa actividad ilegal fue consumido por muchos de los operadores mediáticos de esos grandes medios, cuyo leitmotiv es la crítica al gobierno, que hacen con el mismo fragor con el que ocultan los desaguisados del macrismo. Se creen dioses, apelan incesantemente a la libertad de prensa para bloquear toda investigación judicial que los roce, como si ellos no pudieran cometer delitos, como si la actividad de inteligencia sobre dirigentes y militantes políticos no estuviese prohibida en la Argentina. Ellos pueden difundir el fruto de la actividad ilícita, generar serios perjuicios a las víctimas de esas operaciones, pero no pueden ser alcanzados por una medida judicial porque se abroquelan en la defensa del investigado y arremeten contra todo fiscal o juez que ose investigarlos, los abruman y amenazan con operaciones de distinta laya; los acusan de ser parte de una organización facciosa que sólo busca el interés de su sector, como si ellos fueran una garantía republicana.

Son los mismos que juntan en una mesa a cuatro tipos para que uno de ellos agreda e insulte con comentarios sexistas y discriminatorios ante el silencio de los otros; los mismos medios que replican esas barbaridades con aire de neutralidad; los mismos que reproducen frases huecas como “¿terminará el gobierno su mandato?” dicha por la nieta de Mirtha Legrand; frases huecas que construyen, poco a poco, el escenario para el golpe blando, el que hay que impedir, el que se llena la boca de libertad, siempre y cuando los trabajadores estén disciplinados. Y son los mismos medios que llevan a Berni para montar su show, con la condescendencia de algunos oficialistas que echan mano al punitivismo demagógico -que siempre es garrote contra los pobres, los trabajadores- con mirada electoral.

Un sector del radicalismo está desorientado, escucha a antiguos correligionarios que, apoltronados en posiciones de privilegio, apelan a consignas opuestas a los principios fundantes de su partido, sin escatimar en medios a la hora de sumarse a operaciones mediático-políticas. Es necesario que ese sector se levante para decir “¡basta!”.

II

Florencia Kirchner subió a las redes sociales una vieja foto de Leila Khaled portando un fusil, para hacer referencia a la situación de Palestina. «El horror continúa como siempre para el pueblo Palestino”. Fue censurada porque el propietario de la red (M. Zuckerberg) entendió que se trataba de un mensaje violento. FK contestó: “Ojalá consideraran violento lo que sucede allá, la vida de miles de niños sería diferente… todos los días nos proponen un nuevo entierro en el lenguaje de la sumisión”.

Leila Khaled es una refugiada y militante palestina, uno de los tantos rostros de la resistencia, miembro del Consejo Nacional Palestino, que se hizo conocida en 1969 por haber formado parte de un grupo que secuestró  un avión norteamericano, para exigir a Israel la liberación de presos políticos y llamar la atención al mundo sobre el sufrimiento de su pueblo.

Florencia Kirchner aludía al debate de estos días sobre la extensión de soberanía que el gobierno derechista israelí pretende realizar sobre un 30% de la franja de Cisjordania, con el apoyo de Donald Trump, cuya máxima aspiración es ser reelecto este año, para lo que necesitaría el voto de los sectores evangélicos, que ven con buenos ojos la movida. Un acto claramente colonialista al que Trump llamó plan de paz, cuando, en realidad, todo indica que, de llevarse a cabo, profundizará el conflicto; sobre todo después de las numerosas críticas, especialmente de Michelle Bachelet, a cargo del Alto Comisionado de la ONU que lo calificó de ilegal e instó a Israel a no continuar por ese peligroso camino.

Netanyahu visitó la Argentina durante el macrismo, que contaba entre sus máximos referentes a inocultables aliados del gobierno israelí como Patricia Bullrich y Claudio Avruj. El primer viaje de Alberto Fernández fue a Israel, donde se entrevistó con Netanyahu, a quien le prometió que la Argentina adoptaría la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto -lo que se materializó por Resolución 114/2020 del Ministerio de RREE-, que permite considerar antisemita cualquier crítica a las políticas del Estado de Israel, como denunciar las cotidianas violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino. Un objetivo buscado durante años por organizaciones como la DAIA, que impulsaron sistemáticamente denuncias penales a quienes se manifestaron contra el apartheid, las políticas raciales, sus bombardeos y sus torturas. En esto, los diarios en general apoyaron.

Se trata de eso, de rebelarnos día a día a ser parte de un nuevo entierro, en eso que Florencia Kirchner definió, y comparto, el lenguaje de la sumisión.

Buenos Aires, 6 de julio de 2020

*Abogado DDHH

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Hace 30 años se impuso el Consenso de Washington bajo la batuta del Departamento de Estado de los EE.UU, el FMI y el Banco Mundial, por el cual se propició reducir el gasto social -trabajo, vivienda, educación, salud-, liberar los mercados, privatizar los servicios y desregular las relaciones laborales para dejar manos libres al empresariado.

Ese consenso fue de la mano de una política punitiva que criminalizaba a quienes no se adaptasen al modelo ciudadano-trabajador. Fue en esos años que la Argentina -bajo el menemismo- incorporó herramientas penales de EE.UU -como el arrepentido, el agente encubierto y el juicio abreviado- debilitando derechos esenciales. Los jueces se especializaron en agencias como la DEA y las causas por narcotráfico fueron tubo de ensayo para luego propagar la experiencia sobre todo el sistema.

Se necesitó de un pool mediático que insuflara en la sociedad la conveniencia de llevar a cabo determinadas políticas cincelando el prototipo de criminal que la ley debía perseguir. Las palabras y el discurso generan criminales. Cada país se dio su propio modelo. En EE.UU, los negros y latinos; en Europa, los inmigrantes asiáticos y africanos. Y en la Argentina, las comunidades indígenas y los habitantes de los barrios periféricos de las grandes ciudades. Santiago Maldonado no respondía a esta última categoría, pero desapareció y apareció muerto por solidarizarse con los reclamos de la comunidad mapuche. Un desenlace fruto de una política estatal de persecución y disciplinamiento, ejecutado por el brazo armado de la Gendarmería que contó con la venia y el consenso del poder político, que ocultó su mano, denostó a familiares y víctimas, y reivindicó y protegió a los responsables.

Además del encubrimiento, el discurso oficial estigmatizó a las comunidades en un todo de acuerdo con aquellos sectores de la sociedad blanca barilochense, la de la postal suiza que pone retenes para impedir que ingresen los pobres a sus zonas de privilegio, los mismos que alambran las costas de los lagos. Se los llamó terroristas y se les inventó un poder de fuego inexistente, que se reprodujo con la muerte de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura en la zona del lago Mascardi. A través del sempiterno vocero de ese sector blanco, que es el diario La Nación, se insiste en la represión de quienes reclaman y en fomentar una fuerte presencia estatal armada, a la vez que critican los intentos del nuevo gobierno para fomentar el diálogo; pero ese grupo sólo entiende de balas y fusiles.

Como presidente electo, Alberto Fernández tuvo un gesto que generó cierto optimismo al calzarse la gorra de Brian, un pibe que sí integraba el segmento sobre el que cotidianamente caen las fuerzas de seguridad con total arbitrariedad, los jóvenes de esos barrios periféricos, también carne de cañón del sistema judicial y penitenciario. Pero hace 4 meses desapareció Facundo Castro en la provincia de Buenos Aires y el ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, criticó a su familia y descartó toda responsabilidad de la policía bonaerense diciendo no hicieron nada malo; a contrapelo de lo que dijo el gobernador Axel Kicillof, que manifestó que no se encubriría a nadie, y el hecho de que el presidente Fernández se comunicara con la madre de Facundo. Ya en su paso por el manejo de la seguridad nacional, Berni fue noticia por sus expresiones xenófobas y las cotidianas incursiones de la Gendarmería en los barrios populares del conurbano bonaerense, haciendo la tarea de hostigamiento sobre los jóvenes que, como Brian, responden al modelo instalado mediáticamente.

La constante apelación a conceptos castrenses deja ver su afán de militarizar la seguridad y el espacio público, tan afín al modelo mediático, lo que explica su permanente exposición pública atacando a periodistas que cuestionan sus modos y apelando a viejas consignas del manodurismo como derechos humanos para los delincuentes, la puerta giratoria, nosotros metemos presos y los jueces liberan o los jueces se esfuerzan en liberar criminales; un compendio que manifiesta el anhelo de que los jueces sólo hagan lo que los grandes medios y las fuerzas de seguridad quieren, un sistema judicial ratificatorio de la condena mediática y policial, que se despreocupe y hasta menosprecie los derechos individuales fundamentales.

Su alto perfil desdibuja aquel mensaje auspiciante del Fernández candidato y deja ver a un sector del oficialismo permeable al discurso del Consenso de Washington, al del disciplinamiento de los sectores vulnerables, a tal punto que se comenzó a especular con la candidatura de Berni, un modo de utilizar el monopolio de la fuerza estatal para hacer política, de la peor, en sintonía con el alto protagonismo de Patricia Bullrich al frente de cierta oposición, muy a gusto con la veta autoritaria, buscando liderar el conglomerado aterrado con el crimen callejero, al que necesitan nutrir para generar su propio alimento, mientras que hacen la vista gorda con los crímenes de cuello blanco, a su vez disfrazados u ocultados por los mismos medios, que hoy despotrican contra una posible reforma judicial, porque defienden a jueces adscriptos al Consenso de Washington; en definitiva, un Estado robusto para controlar y castigar al pobrerío, y minimalista para allanar el camino a los empresarios mientras se extiende el trabajo precario y se intenta flexibilizar derechos de los trabajadores.

Asociar el crimen a los pobres, es la tarea en la que tanto Bullrich como Berni, con sus matices, están abocados. La diferencia está en el control político. Bullrich tuvo el apoyo total del macrismo, mientras que Berni tiene apoyos y críticas propias.

Yo sigo esperando que aquel mensaje del Fernández candidato sea realidad. Para eso, nada de Bullrich ni de Berni.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2020

*Abogado DD.HH

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Rodolfo Yanzón es abogado y tiene una larga experiencia en el campo de los derechos humanos. También escribe artículos periodísticos en diferentes medios, entre ellos, en La Tecl@ Eñe. La novedad es que Yanzón acaba de publicar su primera novela, Mandíbula, de ediciones Voria Stefanovsky (VS editores) que estará en febrero en librerías. Mandíbula transcurre por dos planos narrativos: Por un lado, la investigación que el abogado porteño Samodi debe realizar para defender al baqueano Antonio Cabaña, acusado del asesinato de un cazador furtivo, una suerte de thriller guaraní, en palabras de Ricardo Ragendorfer; y por otro, el rescate de la cultura guaraní, con su rico lenguaje, su flora y fauna, y sus mitologías. Una novela de cruces entre culturas, lenguajes y memorias situadas en un territorio, Formosa, atravesado por la historia de las guerras y la injustica devoradora de quienes se niegan a ser domesticados.

Por Conrado Yasenza*

(para La Tecl@ Eñe)    

– Conrado Yasenza: ¿Cómo fue el proceso creativo de Mandíbula, su primera novela?

– Rodolfo Yanzón: Comenzó con un caso en el que intervine como abogado. Entre tantas cosas que escribo, una fue tomando forma. Algunos papeles se van dejando y otros van cobrando mayor interés, te reclaman que continúes, que reflexiones sobre el relato, te preguntan qué buscás. Por algún tiempo no tuve muy clara la respuesta, pero, poco a poco, se metió en mi cabeza de tal forma que conviví con ella un buen tiempo, minuto a minuto.  De lo jurídico, la historia -no fui yo- se volcó a lo cultural y mitológico, y de ahí a lo histórico. Fue un proceso que demoró años, en los que me sumergí en distintas lecturas. Puedo decir que aprendí mucho y leí más de lo que escribí. Una experiencia maravillosa.  

– CY: ¿Por qué la decisión de situar la historia en la ciudad de Clorinda, Formosa?

– RY: El episodio central se desarrolla en una zona intangible, un parque nacional, Río Pilcomayo, un lugar bellísimo y a la vez fascinante por su riqueza cultural, por la amalgama de diferentes visiones y nacionalidades. El río Pilcomayo es frontera entre el Paraguay y la Argentina, un lugar caliente de contrabandistas, cazadores y ladrones, y eso fue un punto central de la historia.

– CY: La novela transcurre como por dos estructuras narrativas: La investigación que el abogado porteño Samodi debe realizar para defender al baqueano Antonio Cabaña, acusado del asesinato de un cazador furtivo; y el rescate de la cultura guaraní, con su rico lenguaje, su flora y fauna, y sus mitos. ¿Cómo se entrelazan esas dos superficies narrativas?

-RY: El relato del hecho puede ser la superficie y debajo de ella se descubre un núcleo que explica bastante, sobre todo de sus protagonistas, con una visión y un lenguaje diferente a la gente de Buenos Aires. Por eso el ir y venir, el bucear en lecturas históricas, naturalistas y mitológicas. Tomé el desafío de aprender sobre una tierra lejana a Buenos Aires, no sólo por la distancia.

– CY: La literatura occidental tiene un peso importante dentro de la novela, allí están, en el comienzo, Proust, Stendhal pero también Shakespeare y el poeta griego de la clase trabajadora, Hesíodo. Pero también están la mitología y los relatos orales guaraníes. ¿Existe una intención narrativa de ensamblar esas tradiciones culturales de occidente con el mundo natural de los pueblos originarios? ¿O funcionan como contraste?

– RY: Contrastes que hacen a nuestra propia esencia, realzando parte de nuestra cultura, desconocida en buena parte por la inmensa mayoría de quienes vivimos en las grandes ciudades. Algunos de los autores que mencionás contaron historias a partir de casos judiciales para describir o denunciar situaciones concretas de su tiempo, su sociedad. El ir de una mitología a la otra me dio la posibilidad de generar un diálogo entre lo guaraní y lo que llamamos cultura occidental, plantear algunas similitudes y diferencias, reconociendo nuestras limitaciones y hasta el modo en que negamos parte de nuestra historia, que, en definitiva, es negar a otros el reconocimiento que merecen.

– CY: También hay una suerte de reescritura de la historia de la región con la guerra de la Triple Alianza como acontecimiento que entra en juego para contextualizar el presente. Allí están Mitre, Sarmiento y Alberdi… ¿Esta reescritura funciona como metáfora del paradigma del siglo XIX, civilización/barbarie?

– RY: El siglo XIX es apasionante, se consolidan nuevas naciones, tanto en América como en Europa. En la época en que transcurrió la guerra contra el Paraguay -la guerra guazú- se produjo también la de secesión en EEUU y la franco prusiana con la Comuna de París.  A eso le sumo las guerras guaraníticas, un hito esencial en la historia de la región. Traté de trazar un hilo conductor y reflexionar sobre el proyecto de país, teniendo en cuenta que el hecho se produjo en Formosa, tomada como botín de guerra al Paraguay y como producto de la alianza de Mitre con el Brasil esclavista.

– CY: Volviendo al proceso creativo, ¿la investigación sobre la cultura guaraní y qom tiene anclaje, o se complementa, con una experiencia vivencial propia?

-RY: Apelo a experiencias personales para contar algunos episodios que, por fuerza del propio relato, son mucho más que las experiencias personales.

– CY: Usted tiene una larga trayectoria como abogado en el campo de los derechos humanos. ¿Cuánto de esa experiencia está volcada en la construcción de Samodi, el abogado que decide defender a un baqueano guaraní que clama por su inocencia?

– RY: Es inevitable que Samodi tenga una parte mía, pero no soy yo, para nada. Comparto con él muchas dudas y temores, pero creo que nada más.

– CY: La idea no es develar un misterio pero la referencia a la desaparición de la mandíbula está en la contratapa del libro. ¿Cómo metáfora de qué opera la mandíbula?

-RY: Creo que esa es la gran pregunta, y cada lector debe tener su propia mirada. A ellos les dejo la misión de lo que representa.

-CY: Para finalizar, ¿se puede hablar de una relación en la novela entre la memoria, lo justo y lo bello?

– RY: Yo no podría haber sido más claro. Gracias.

Buenos Aires, 28 de enero de 2021.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

A partir de la operación montada por Clarín y La Nación sobre las expresiones nada inocentes de Beatriz Sarlo respecto de la vacuna contra el Covid, muchos simpatizantes del gobierno de Alberto Fernández recordaron aquel programa de Los Siete Locos en el que David Viñas vapuleó a todos los presentes, entre los que estaba Sarlo, que no aguantó y se fue del programa.

No es mi interés referirme a Sarlo o a la vacuna, sino recordar a uno de los intelectuales más lúcidos que dio la Argentina en el siglo XX, porque Viñas, además de haber dejado obras memorables y señeras tanto para la política como la literatura, fue un polemista de fuste, un orfebre de la palabra, un tipo que metía el dedo donde más molestaba para generar debate y promover el pensamiento crítico. Viñas no fue de nadie, sólo un hombre de izquierdas que jamás transó. Y lo cito porque en estos días muchos que apoyan al gobierno se solazan (quizás, incluso, por primera vez) con la arremetida que Viñas hizo contra los funcionarios presentes en ese programa en el que estaba Sarlo y donde Viñas, sobre todo, criticó sin miramientos a ese engendro de la Alianza entre radicales y freprasistas peronistas.

Hoy Viñas hubiera criticado al gobierno, no como La Nación o Clarín, desde luego, sino porque creía que la función principal de un intelectual era –y es- interpelar al poder, entre el que se halla el Estado. Viñas no daba concesiones y metía su lengua filosa en los lugares más apacibles. Por eso, creo que es un ejemplo a seguir. Debemos fomentar el pensamiento crítico y decir NO cuando es necesario, porque, como decía Viñas, todo pensamiento crítico comienza con un NO.

De Viñas paso a los incendios en la Patagonia. Alberto Fernández fue a Lago Puelo y se reunió con los intendentes de la Comarca Andina para interiorizarse de la catástrofe sucedida con el fuego que arrasó miles de hectáreas, bosques y hogares, dejando a un tendal de gente sin nada. El presidente sabía que iba a un lugar en el que hay un debate por demás acuciante, el de la minería, que, de aprobarse el proyecto del gobernador Arcioni –de quien no diré nada, salvo que es un aprendiz de pelafustán-, el agua de los ríos y los lagos tendrá poco futuro.

Aquí hago una pequeña digresión. A mi edad y habiendo trabajado de abogado en distintas áreas –sobre todo en los noventa en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas-, puedo decir que ante cada proyecto de similar naturaleza el empresariado promete como intercambio los famosos espejitos de colores, trabajo para unos cientos durante unos pocos años, pero nadie cuenta el pasivo ambiental, el que queda después de la actividad económica dejando tierra yerma durante décadas. Recuerdo, entonces –y podríamos agregar tantos casos, como el de la Forestal y el quebracho colorado en la región chaqueña-, sólo algunos emprendimientos en áreas boscosas de la Patagonia para extraer madera que dejaron un páramo que padecerán generaciones a cambio de mendrugos, coimas mediante, inclusive.

Al ser preguntado por los periodistas en Lago Puelo, el presidente dijo que el debate por la minería era un tema que sólo debían tratar los chubutenses. ¿Realmente un tema de semejante importancia no es una cuestión que se deba debatir a nivel nacional? Por mi parte –y no sólo por mi parte- considero que hay, al menos, dos cuestiones que el gobierno nacional no puede estar prescindente, y son los derechos humanos y el ambiente. Dicho de otro modo, ante la posible violación de derechos esenciales en un territorio provincial, el gobierno debería intervenir. Pero Fernández fue a Chubut y, en medio de una fuerte pulseada -en la que los que se oponen a la mina piden agua para las huertas y los bosques, mientras que los que la apoyan pintan las montañas con un sí gigante y vergonzoso- se abstuvo de opinar, aunque dijo conocer en detalle cada una de las posiciones. No voy a meter en esta nota la agresión que sufrió la comitiva oficial, pero sí remarco que un debate tan candente como el de la mina en una zona tan rica como la Comarca Andina, cuyos habitantes tienen clara conciencia ambiental, merecía otro tratamiento. Porque a nadie se le puede escapar que el estrago causado por el fuego va de la mano de las apetencias económicas de algunos, como los que propician la minería.

Conozco profundamente la comarca andina. Allí tengo a parte de mi familia y a mi padre y otros seres queridos enterrados. El fuego causa daños permanentes, y una respuesta estatal inapropiada genera inevitablemente rechazos. El debate por la minería, al igual que el de la soja, es un debate que merecemos darnos. Es lógico que quienes gobiernan piensen en el dinero rápido de los commodities, pero también lo es –y con mucha más razón- que los pueblos piensen en su sobrevivencia, que va de la mano de un ambiente sano y no de la ganancia de los especuladores. Es un debate que poco a poco toma mayor empuje, pero que las fuerzas políticas en el manejo de tareas ejecutivas miran de soslayo.

Pensemos en Viñas, generemos pensamiento crítico, no seamos concesivos con el poder, sobre todo apoyando al gobierno de Alberto Fernández; exijámosle respetar el derecho de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a un ambiente sano. Eso, como punto de partida.

Buenos Aires. 16 de marzo de 2021.

*Abogado DD.HH

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El Tribunal Oral en lo Federal N° 4 de San Martíndio dio a conocer las condenas a prisión perpetua contra cinco oficiales del Ejército que durante la dictadura fueron parte de la estructura de inteligencia cuya médula fue el Batallón 601. El sexto represor juzgado tiene la condena pendiente por su situación de salud, un artilugio utilizado por su defensa con el fin de ser apartado del pronunciamiento. Todos ellos fueron juzgados por secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1979 y 1981, que involucran a unas cien víctimas, la mayoría llevada a los centros de tortura y exterminio de Campo de Mayo. Eran militantes montoneros que fueron parte del contingente que regresó al país en la llamada contraofensiva, la acción llevada a cabo para organizar la oposición a la dictadura, una decisión que significó la reivindicación del legítimo derecho a la resistencia contra la opresión.

De la acción represiva, denominada Operación Murciélago, quedaron huellas en la burocracia estatal, en parte hallada en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, con la que se probó el seguimiento que la dictadura hizo sobre los militantes que ingresarían por distintas vías terrestres, sobre las reuniones realizadas en países europeos, y la que tuvo lugar en Cuba para definir la cúpula de la organización y la decisión de pasar del repliegue estratégico a la contraofensiva popular.

De la documentación también se desprende la colaboración entre las dictaduras latinoamericanas. De hecho, la dictadura argentina tuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro en el marco de la Operación Cóndor, el acuerdo entre las dictaduras para perseguir y eliminar a sus opositores políticos en el lugar donde se hallaren y violando la Convención Internacional sobre Refugiados.

La noticia es altamente positiva tanto porque el proceso de memoria, verdad y justicia continúa en marcha, a pesar de todas las complicidades y los obstáculos, como porque se juzgó a integrantes del aparato de inteligencia, principales responsables del exterminio.

La causa sobre la contraofensiva tiene capítulos que en estos tiempos deben resaltarse. Mientras en 2003 se debatía en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para declarar nulas las leyes de obediencia debida y punto final que impedían el enjuiciamiento de los represores, el fallecido juez Claudio Bonadío -que tenía la investigación sobre la Operación Murciélago y procesó a varios militares- no tuvo mejor idea que irrumpir en el debate ordenando la detención de los jefes montoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, por considerar que participaron en la desaparición y muerte de decenas de militantes. Dos meses después la Sala II de la Cámara Federal ordenó su inmediata libertad, denunció a Bonadío y solicitó que el Consejo de la Magistratura lo investigase por su actuación arbitraria e infundada. “Lo hecho por Bonadío quebró todos los códigos judiciales, fue lisa y llanamente un abuso de poder” dijo la Cámara Federal. Bonadío utilizó su poder para una operación política. Años después veríamos que esa decisión tan sólo había sido una muestra de una larga serie de arbitrariedades.

Las víctimas de la operación murciélago fueron más, como también fueron más los represores. El Batallón 601 fue la espina dorsal de lo que llamaron la comunidad informativa, el núcleo donde se decidían las acciones y que, a su vez, reunía toda la información obtenida en los operativos y en las salas de tortura a través de los oficiales de inteligencia que habían aprendido las técnicas francesas para generar sufrimiento y manejar el miedo.

Creado en 1968, el Batallón 601 sobrevivió hasta diciembre de 1985 y contó entre sus filas a uno de los principales responsables del exterminio, el general Carlos A. Martínez, cuyo periplo resulta escalofriante. Entre 1975 y 1978 fue jefe del Batallón 601. A partir de 1989 y a pedido de Juan Bautista Yofre, integró la SIDE como director de la Escuela de Inteligencia durante el menemismo. En 2010, siete años después de haberse reabierto los juicios, se dio el lujo de declarar como testigo a favor de militares enjuiciados por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, oportunidad en la que no ahorró palabras para alabar a sus subordinados en la lucha contra la subversión. En diciembre de 2012 el juez Rafecas lo procesó por unas 1200 víctimas de distintos centros clandestinos, pero la parca lo benefició llevándoselo al limbo de la impunidad cinco meses después. De esa SIDE que integró Martínez junto al tata Yofre surgieron especímenes como Jaime Stiuso. Una vez más cabe recordar las palabras tantas veces repetidas por el querido Víctor Basterra, recientemente fallecido, que sobrevivió a la dictadura y que fue víctima (“afectado”, prefería decir él) incluso durante varios meses después de haber ascendido Raúl Alfonsín a la Presidencia: cuando lo dejaron definitivamente en libertad a fines de 1984, uno de sus secuestradores le dijo en tono de advertencia: “Ojo, que los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa queda”. Y tanto quedó que hoy muchas decisiones judiciales y dictámenes fiscales llevan la firma de esos hombres formados bajo el ala de Martínez, el beneficiado por la parca justo a tiempo.

Buenos Aires, 12 de junio de 2021.

*Abogado DDHH.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Algunos debates internos nos hacen perder el norte de lo que verdaderamente importa, como sucedió con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de los recursos de los represores y las querellas, contra la sentencia de noviembre de 2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, por la que se condenó a ocho represores por homicidios y desapariciones forzadas, en el marco de genocidio, y se absolvió a otros.

Lo verdaderamente importante es que la Sala II rechazó, de manera unánime, los planteos de los represores sobre la prescripción, la competencia de tribunales militares y la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final.

Importante es que confirmó, unánimemente, la responsabilidad de los imputados, las condenas, la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos -especialmente el de la desaparición forzada de personas- y revocó las absoluciones.

También hicieron lugar a la afectación al principio de congruencia que plantearon los represores porque durante el debate fue ampliada la acusación por hechos no incluidos en la acusación fiscal que dio inicio al juicio oral.

El punto que generó discordia y que los jueces votaron divididos, fue el de la calificación internacional de los crímenes. El primer voto fue de Alejandro Slokar, que sostuvo que el planteo sobre genocidio no afectaba a los recurrentes, dado que no causaba gravamen teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que fueron probados los crímenes, la responsabilidad y la imprescriptibilidad, lo que se sostiene tanto con la categoría de lesa humanidad como con la de genocidio.

Sin embargo, Slokar sostuvo la calificación de genocidio diciendo que toda agresión a los partidos políticos era una agresión al grupo nacional, a su liderazgo. Dijo que si los represores sabían que estaban participando en la destrucción de un grupo humano, era genocidio y, para los perpetradores, la nacionalidad era lo occidental y cristiano, y no lo que se le oponía. Hay genocidio cuando se destruyen los lazos sociales de autonomía y cooperación, para transformar relaciones sociales dijo Slokar, que agregó que en todo grupo afectado se encuentran motivos políticos y que excluir el genocidio por tratarse de grupos políticos implica erigir una discriminación negativa al negar el carácter de víctimas de genocidio a quienes fueron perseguidos por razones políticas.

Por su parte, Guillermo Yacobucci consideró que se trataba de crímenes de lesa humanidad y recordó que así acusó el fiscal. Dijo que los jueces que calificaron de genocidio (Carlos Rozanski y César Álvarez) incurrieron en una notoria confusión que derivó en arbitrariedad, porque hay que diferenciar entre las calificaciones que se realizan en medios públicos o en el debate político o sociológico, y el significado normativo que impone el principio de legalidad.

Dijo que resulta admisible en el plano social, político o periodístico calificar de genocidas a quienes cometieron actos de intensa crueldad, porque expresa el disvalor de esos delitos que afectaron derechos fundamentales y valores esenciales de la humanidad. Pero es inadmisible en el plano normativo porque se pondría en trance un concepto elaborado por juristas durante casi un siglo, creando inseguridad al banalizar los conceptos y poniendo en crisis el principio de legalidad y las nociones del derecho internacional.

Los tratados deben interpretarse de buena fe, dijo Yacobucci, y los jueces están llamados a respetar la consolidación de los términos jurídicos, especialmente cuando se trata de describir un crimen con sus componentes específicos, cuestión que demandó una serie de debates a lo largo de los años.

El último en votar fue Carlos Mahiques, que compartió la opinión de Yacobucci sobre genocidio.

En mi libro “Rouge – una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura” trato brevemente esta cuestión. Y digo brevemente porque estoy convencido de que lo principal es el juzgamiento y la condena de los responsables. El debate sobre genocidio o lesa humanidad pertenece a quienes hemos trabajado en los juicios representando a sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los represores y sus compinches no quieren saber nada con ninguna de las dos calificaciones.

Creo que a partir de nuestra experiencia, la Argentina tiene el deber ético y político de impulsar la modificación de la Convención Internacional sobre Genocidio para que incluya a los grupos políticos, y que es aceptable que en los ámbitos periodísticos, políticos, sociales, sociológicos y académicos, se considere al caso argentino como genocidio. Por el contrario, no comparto pedir a los jueces que desconozcan el principio de legalidad, que no se atengan a lo que dice la ley, sobre todo cuando esa ley tiene implicancias en lo criminal y porque los jueces forman parte del brazo represivo estatal, que hoy, por fuerza de la lucha constante y no por conciencia o compromiso, intervienen en estos juicios.

Los argumentos para sostener el genocidio (destruir lazos y transformar relaciones sociales) también se aplican a los crímenes de lesa humanidad y, además, dado que en el caso argentino se persiguió a integrantes de organizaciones políticas y personas a ellas vinculadas, sostener la figura de genocidio en el ámbito judicial lleva inevitablemente a diluir lo político para sostener lo nacional, lo cual no sólo es, en mi opinión, una equivocación en términos jurídicos/judiciales, sino una visión política desacertada, porque lo que debe ponerse en primer plano es la militancia política y no cuánto afecta al grupo nacional. De lo contrario, volveremos a los primeros años posteriores a la dictadura en los que los sobrevivientes debieron invisibilizar sus pertenencias políticas, como quería el sistema, y no sólo el judicial. 

Que la persecución a grupos étnicos, religiosos o nacionales tiene un componente político, no cabe ninguna duda. Lo que creo desacertado es pensar que porque ello es así, los grupos políticos deben ser invisibilizados en un grupo más vasto, como es el nacional, sobre todo cuando no les importó la nacionalidad -de hecho, secuestraron, mataron y desaparecieron a personas de otras nacionalidades- y prueba de ello es la operación Cóndor, el acuerdo entre dictaduras para perseguir y eliminar a opositores políticos, integrantes de organizaciones políticas claramente definidas como enemigas de esas dictaduras, sin importar la nacionalidad. Por otra parte, hablar de discriminación negativa o de desigualdad ante la ley no hace más que reconocer que la persecución fue a grupos políticos.

Se dice que los grupos políticos no tienen la estabilidad de los nacionales. Puede ser. Pero quienes pensamos que se debe estar con los trabajadores, con los más vulnerables, con los desposeídos, sabemos que con los compañeros vamos hasta el fin de los días, no importa de dónde vengan; mientras que con muchos argentinos no hacemos ni media cuadra.

Buenos Aires, 14 de julio de 2022.

*Abogado DDHH.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Argentina 1985 cuenta uno de los episodios más emblemáticos de nuestro país. Y lo hace con humor, buenas actuaciones, ambientación y escenografía, y una banda de sonido que forma parte de lo más preciado de nuestra cultura musical.

Cuando una película pretende contar un hecho histórico inevitablemente surgen críticas sobre el modo en que se relata, los protagonistas y los hechos que no aparecen o por el modo en que aparecen. Y está bien, porque es una película que genera debate, tal vez porque utiliza el lenguaje de aquellos años, impregnado en buena parte del discurso militar por medio del cual la dictadura y los medios de comunicación justificaron la masacre para buscar impunidad.

La película invita al debate dejando en claro que en esos años los responsables mantenían poder y que no estaban dispuestos a ser juzgados. Mantenían el apoyo de los grandes empresarios, principales beneficiarios de la masacre. Si bien la película no hace referencia a este punto, sí alude a la complicidad de los medios de comunicación poniendo el ejemplo de Bernardo Neustadt, que junto a Mariano Grondona condujo Tiempo Nuevo, auspiciado por las “empresas a las que les interesa el país”.

Con excepción del Partido Intransigente, la Izquierda y minúsculos sectores del radicalismo y el peronismo –cuyo candidato presidencial en 1983 apoyó la autoamnistía de los militares-, la dirigencia política se opuso al juzgamiento. La película no ahonda en el tema aunque desliza al pasar que mientras el juicio a las juntas estaba en marcha, esa dirigencia apuraba negociaciones con el poder militar para acotar sus efectos. 

La película desnuda en parte la complicidad del sistema judicial, aunque no habla de cómo fue cómplice fraguando partidas de defunción en la Morgue Judicial, por mencionar un solo ejemplo. Por el caso de la morgue hubo una causa penal en la que se investigó a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que no llegó a nada, justamente por la complicidad de todo el sistema, con algunas excepciones.

La película recrea el momento en que Strassera y Moreno Ocampo piden a las Madres de Plaza de Mayo que se saquen el pañuelo para poder iniciar el juicio -las Madres fueron recibidas por primera vez por un presidente luego del 20 de diciembre de 2001-, dado que varios funcionarios judiciales lo habían exigido. En más de un juicio realizado después de 2007 se pudieron ver imágenes similares.

En una escena, un testigo sobreviviente dice que no declara porque no tiene garantías, dado que se cruza diariamente con sus secuestradores y torturadores. Moreno Ocampo/Lanzani dice que ellos le pueden garantizar seguridad, pero Strassera/Darín lo interrumpe para decir lo contrario, no pueden garantizarle nada, están solos en eso. Pero antes que eso sucediera, Strassera, ya fiscal ante la Cámara Federal, no quiere saber nada con juzgar a las juntas militares. Y eso la película lo expone cuando, ante la complicidad del Consejo Supremo de las FFAA, la Cámara Federal se debatía si se hacían cargo del juzgamiento.

Algunos criticaron la película porque faltaba el que, para ellos, era el héroe esencial de la historia: Raúl Alfonsín. Si bien es cierto que debe reconocérsele haber tomado la decisión de llevar a juicio a los integrantes de las juntas militares, también lo es que desde el primer minuto sostuvo la teoría de los dos demonios equiparando lo realizado desde el aparato estatal con lo hecho por las organizaciones armadas. Debe remarcarse, además, que él y su equipo pensaron que el juzgamiento debían realizarlo los mismos militares y que sólo ante demoras injustificadas intervendría la justicia civil. Siendo candidato presidencial, Alfonsín habló de tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que se excedieron y los que actuaron por obediencia debida. Sólo los primeros y los segundos debían ser juzgados. Para el candidato radical la inmensa mayoría de los responsables debía quedar impune.

La casi totalidad del sistema judicial, cuyos funcionarios y magistrados venían de la dictadura, no quería saber nada con el juicio. Cuando la película relata el modo en que Strassera/Darín pensó cómo integrar el equipo que se haría cargo de la acusación, descartó infinidad de nombres y decidió (Strassera y Carlos Somigliana/Da Passano, principal protagonista de la historia) llamar a veinteañeros que terminaron poniéndose al hombro el armado de los centenares de casos que serían parte de la acusación. Esa parte del relato es uno de los mayores logros de la película.

La complicidad judicial lo toca al mismo Strassera, quien en dos oportunidades es señalado en el film por no haber hecho nada durante la dictadura. Y, la verdad, Strassera sí hizo, porque firmó dictámenes como fiscal dando visos de legalidad a homicidios cometidos por fuerzas militares y de seguridad y solicitando el sobreseimiento a favor de los perpetradores (en diciembre de 2016el juez Rafecas los declaró inválidos y procesó a los autores), y pidió el archivo de habeas corpus ante la falta de información por parte de las fuerzas militares y de seguridad.

La película resalta que la represión comenzó en 1975. Strassera/Darín se desvive por hacer decir a Luder que cuando firmaron los decretos de aniquilamiento, no significaba desaparición, tortura y muerte.

También pone énfasis en el sabor amargo que dejó la sentencia, tanto por las absoluciones como por las bajas penas, entre la que debe resaltarse la del brigadier Agosti, condenado a escasos cuatro años de prisión. Apenas conoció el veredicto, Strassera/Darín se puso a escribir las primeras palabras del recurso.

Otro logro de la película es la voz de los sobrevivientes, desde el primer testimonio, el de Adriana Calvo, que narró el parto de su hija Teresa en el piso de un auto estando secuestrada, pasando por el de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, hasta el de Iris, mamá del negrito Avellaneda. Al fin y al cabo, los únicos héroes de esta historia son ellos, no sólo porque dieron testimonio de su secuestro y los tormentos que padecieron, sino fundamentalmente porque tomaron el compromiso de ser la voz de los que no pudieron estar, de sus compañeros desaparecidos. “Si salís de ésta, que no se la lleven de arriba”, le dijo el gordo Ardetti a Víctor Basterra estando cautivos en la ESMA. Y Víctor cumplió sobradamente, porque gracias a él se cuenta con material fotográfico que sirvió de prueba para condenar a decenas de integrantes de los grupos de tareas. Eran imágenes de varios represores y de personas que continúan desaparecidas, que pudo sacar del centro clandestino cuando los represores lo dejaban ir a visitar a su familia. Víctor declaró decenas de veces y fue pilar esencial en la lucha contra la impunidad.

Basterra aparece extraordinariamente personificado en la película, dado que el actor que lo representa es un calco de aquel Víctor de los ochenta. Pero lo extraordinario se acaba ahí, porque la película siembra un manto de duda sobre su actuación. Si bien se menciona que fue secuestrado y torturado y que tuvo que realizar trabajo esclavo, nada dice que fue vigilado por sus secuestradores hasta un año después de que Alfonsín asumiera como presidente, e ignora que la Cámara Federal argumentó que Víctor regresaba a la ESMA por propia voluntad por lo que absolvió por ese tramo de tiempo. La Cámara Federal no sólo utilizó el mismo discurso de la dictadura, sino que tomó más de uno de sus posturas justificatorias. Y ésta fue una de ellas. Pero Víctor, como todas las personas que fueron secuestradas, sabía que la dictadura no sólo se cernía sobre sus propias personas sino también sobre sus familias y allegados. “Los gobiernos pasan pero la comunidad informativa permanece” le había dicho uno de sus torturadores para advertirle que los servicios de inteligencia mantendrían sus miradas sobre él. Esta es la mayor crítica que debe hacerse a la película, porque de algún modo reproduce lo de la Cámara Federal, cuyos jueces no quisieron ver hasta dónde llegó el brazo del terrorismo de Estado.

Finalmente, si bien la película hace un relato sobre el juicio a las juntas haciendo hincapié en la labor de la Fiscalía, remarca que, a pesar de que luego llegaron las leyes de obediencia debida y de punto final del gobierno radical y los indultos del gobierno peronista, a partir de 2003 los juicios se reabrieron permitiendo juzgar y condenar a más de mil represores, y que esos juicios continúan. Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil políticamente activa que los ha acompañado, son los protagonistas esenciales en la lucha de juzgarlos con jueces civiles en el marco de la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Bienvenido el debate, en épocas en las que los autoritarios se exhiben sin pudor, con el apoyo de grandes medios de comunicación, parte de la clase empresaria y de la derecha política; los mismos que en 1985 continuaban aplaudiendo a Videla y compañía.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2022.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El Papa Francisco envió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP), diciendo que para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, se necesita formación técnica pero sobre todo pasión por la justicia, estar al servicio de las personas implicadas, tanto imputados como víctimas, y comprender el sufrimiento humano para abordar debidamente los conflictos.

Llamó a contrarrestar la irracionalidad punitiva, el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías. Pidió incorporar el ecocidio a la legislación y se manifestó a favor de un ambiente sustentable que se relaciona con el derecho humano a la vida.

La carta permite confrontar las palabras de Bergoglio con el silencio de buena parte de la dirigencia política argentina e, incluso, con el accionar de quienes promueven acciones que van en sentido contrario.

Con menosprecio por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Diego Santilli presentó un proyecto para bajar la edad de punibilidad a 15 años, probablemente conmocionado por el crimen de Blaquier, sobrino del procesado por crímenes de lesa humanidad. Como el resto de los integrantes de su tropa, lleva orgulloso la cocarda de no haber tenido jamás una idea para mejorar las condiciones inhumanas de las cárceles argentinas, tal vez porque en ellas se hacina gente de los sectores más vulnerables sobre los que el sistema penal arremete de manera abrumadora.

Sergio Berni propone, con insistencia, represión ante cada conflicto social, mientras tipos como Espert piden lisa y llanamente bala para todo aquel cuya existencia les incomoda.

Francisco pide utilizar el sistema penal de manera racional, no volcarlo sobre los más necesitados. Sus palabras deben ser bienvenidas, a pesar del seguro ninguneo que obtendrán de la dirigencia política.

Propone abordar los conflictos mirando el sufrimiento humano. Algo similar dijo años atrás el juez Leopoldo Schiffrin para cuestionar la idea de imparcialidad que impera en los tribunales, haciendo un llamado a los jueces a no guiarse por el diario La Nación y no ser parte del bloque hegemónico de poder. 

No existe interés en la clase política de cambiar la situación de las cárceles ni de proponer medidas alternativas a la prisión u otros modos de resolver los conflictos derivados del delito. Con frecuencia el debate se cierne en aumentar la presión sobre ellas, como sucedió en 2004 con las leyes Blumberg, que agravaron las penas y aumentaron al doble la máxima. En lugar de descomprimir la situación, mejorarla de algún modo, se propone más encierro en las mismas condiciones vejatorias.

La situación del sistema judicial se agrava año tras año por distintas razones; entre ellas, por el empedernido criterio de buena parte del arco político de recurrir a los jueces dándoles poder de decisión en cuestiones que les son absolutamente ajenas. El fallo de la Corte Suprema sobre la composición del Consejo de la Magistratura es solo uno de tantos ejemplos.  

La presunción de inocencia debe prevalecer hasta el momento de la sentencia condenatoria firme. De ello se desprende que la libertad debe ser restringida de manera excepcional. Sin embargo, muchos criticaron a los jueces que excarcelaron a los imputados integrantes de la autodenominada Revolución Federal, probablemente porque se trata de jueces puestos a dedo por Mauricio Macri en la Cámara Federal. Pero la libertad, insisto, debe ser restringida de modo excepcional.

Para fundamentar la crítica, algunos compararon esas excarcelaciones con las prisiones preventivas contra funcionarios del último gobierno de Cristina Fernández. Si esas prisiones fueron arbitrarias -que lo fueron- no puede llevarnos a sostener que la arbitrariedad sea la norma.

Hay que investigar y juzgar a quienes cometieron el atentado contra Cristina Fernández, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, aunque la Historia cuenta con numerosos ejemplos de impunidad de estos últimos. A modo de ejemplo, por el intento de homicidio que sufrió Sarmiento en la esquina de Maipú y Corrientes fueron condenados dos jóvenes italianos a los que se les pagó por la faena. La investigación jamás alcanzó a los mandantes, aunque Sarmiento supo que se trató de López Jordán, el mismo que decidió ultimar a Urquiza en el palacio San José delante de su familia.

Para sostener la gravedad del hecho del que fue víctima Cristina Fernández –de cuya gravedad no se puede dudar- algunos piden la aplicación de la legislación antiterrorista, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner por exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), al que la Argentina ingresó en 2005 cediendo soberanía. Esa ley elevó los montos de las penas para aquellos delitos que se cometiesen con la finalidad de aterrorizar a la población, siempre que contaran con una conexión internacional.

Los sistemas autoritarios han utilizado el concepto de terrorismo con el objeto de perseguir y reprimir a su oposición política, y definen como terrorismo a delitos cometidos con motivaciones políticas. Un claro ejemplo es la legislación antiterrorista de Pinochet, que, con modificaciones, continúa vigente y que ningún presidente constitucional se dignó a derogarla para que la derecha no se ofuscase, porque con ella se continúa persiguiendo a militantes políticos y se demoniza al pueblo mapuche. En definitiva, un concepto que guarda más relación con apetencias políticas –de las peores- que con cuestiones jurídicas. Incluso, lo que puede causar terror a gente que vive en las villas seguramente no es lo mismo que lo que causa terror a quienes viven en barrios acomodados. Podríamos decir, entonces, que la noción de terror está estrechamente ligada a intereses sectoriales, lo que explica la dificultad para acordar definiciones.

Durante el gobierno de Cristina Fernández la ley fue modificada y se calificó como terrorismo actos que se originan en motivaciones políticas, como obligar a la autoridad pública a realizar un determinado acto o abstenerse de realizarlo. Además flexibilizó la figura al quitarle el requisito de la conexión internacional (cuestión en la que acordaron Patricia Bullrich y compañía), con lo que el agravante podría alcanzar a cualquier miembro de una organización política local.

Desde el ámbito de los derechos humanos fuimos y seguimos siendo muy críticos con la existencia de esta figura, tanto por el agravamiento de penas, como porque se trata de una herramienta típica de gobiernos autoritarios y se acude a un concepto –terrorismo- cuyo alcance queda al arbitrio de quien lo aplica, dotando a los jueces, una vez más, de una discrecionalidad por demás peligrosa.

Las palabras de Bergoglio son dignas de ser celebradas, aunque es de lamentar que los principios por los que manifiesta preocupación e interés provengan del ámbito religioso, en lugar de originarse en las instituciones estatales laicas y/o en los partidos políticos, que deberían estar preocupados por la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2022.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.

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