Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Luego de la derrota electoral de 2015, el espacio kirchnerista recibió un durísimo ataque organizado y planificado que apuntaba a su desaparición, o a su fragmentación hasta la insignificancia política.

A esa derrota se había llegado con problemas internos no menores, escenificados por la ausencia de un candidato que representara en un sentido profundo el recorrido político de los 12 años previos. El nombre Scioli fue el resultado de una transacción entre el espíritu rebelde que corporizaba Cristina Kirchner y el espíritu conciliador de otros sectores amplios del peronismo que no concordaban con las políticas kirchnersitas, o con los enfrentamientos que ésas producían con el poder corporativo, mediático o internacional.

Pero a partir de la llegada del macrismo, con la derecha en el poder del Estado, se desató un aluvión de ataques en los más diversos planos contra ese amplio espacio que reivindicaba la trayectoria seguida desde 2003, incluyendo los conflictos que se habían asumido, y el conjunto de valores sintetizados en las políticas y el discurso “nacional y popular”. En el terreno económico, la idea repetida incansablemente por Cristina había sido la del crecimiento con inclusión. Todo eso debía ser desterrado de la política argentina.

La organización piramidal –por encontrarle un formato no del todo adecuado- del kirchnerismo, su falta de estructuración política en niveles intermedios, lo hicieron depender notablemente de Cristina, quien a su vez fue bombardeada desde el primer día por la derecha gobernante, tratando de destruirla política y humanamente. Pero sobre todo dañar su imagen pública, cosa que lograron parcialmente, lo suficiente como para mellar en parte su fuerza electoral, lo que fue sintetizado en la expresión “con Cristina no alcanza”.

El hostigamiento comunicacional y judicial sobre Cristina, se extendió a todo lo que fuera “K” transformado en letra infamante, que sintetizaba la idea de delito, de autoritarismo, de insensatez y de desconexión del mundo, frente al “buen sentido” y la “decencia” que encarnaba el presidente Mauricio Macri.

La maniobra era de más largo aliento, porque apuntaba –y apunta- a estigmatizar como kirchnerista-chavista (ahora también comunista) a cualquier política nacionalista, redistributiva o de transformación clara de estructuras económicas, sociales o institucionales.

Por ejemplo: discutir y modificar la Constitución Nacional sería caer en el peligroso kirchnerismo. Modificar al corrupto poder judicial sería peligroso kirchnerismo. Poner coto a la difusión de mentiras y manipulaciones en los principales medios de comunicación, sería peligroso kirchnerismo.

En esos cuatro años macristas en los cuales el alto empresariado argentino mostró la total inconsistencia de su plan de gobierno, el espacio nacional y popular pasó por momentos de esperanza casi mágica, luego de desaliento porque no se producía un diciembre del 2001 macrista, y de zozobra cuando Cambiemos ganó las elecciones de medio término con el 42% de los votos. “Se quedan 20 años” fue la sensación de muchxs.

El programa económico macrista se reveló como un desastre que empezó a hundirse a sólo dos años de haber iniciado una gestión con total apoyo del establishment local e internacional, y los segundos dos años fueron de caída económica y social acelerada.

Si los hechos objetivos estaban claros, en términos de lo deplorable de las políticas macristas, en el terreno de la lucha política la cosa era diferente. Parte del peronismo apoyó al macrismo, la CGT se mostró moderadísima frente al rumbo claramente anti obrero del gobierno, y muchísimos de los intendentes y gobernadores de ese origen se mostraron “neutrales”, influenciados y hasta atraídos por el militante apoyo del mundo de los negocios al macrismo.

Además, la deserción de los pocos medios que se consideraban nacionales y populares, y la casi total mordaza y asfixia económica sobre espacios de opinión e información alternativos contribuyeron al monopolio que ya venían ejerciendo y disfrutando los medios del establishment. El gravísimo problema comunicacional democrático, que no se logró resolver durante el gobierno kirchnerista, se agudizó con el gobierno del poder corporativo.

Ni qué hablar de la función partidista-militante del poder judicial y de la persecución y encarcelamiento ilegal de figuras opositoras. Todo hecho con el beneplácito de norteamericanos y europeos (las famosas “democracias liberales”), y de toda la satelital derecha latinoamericana.

Los 4 años macristas no fueron años de crecimiento del espacio nacional y popular, aunque se podría pensar que era un momento especialmente propicio para que mucha gente entendiera de qué se trataba realmente el verso del republicanismo y las buenas ondas.

Ese crecimiento no ocurrió no sólo por la abrumadora propaganda política disparada por un sistema mediático casi completamente sintonizado con la derecha, sino por la falta de palabra y organización del espacio alternativo. El kirchnerismo no creció en estructuración interna, y aunque se agregaron nuevos espacios al campo popular, la dispersión y la falta de trabajo colectivo continuaron. A pesar del daño social provocado en forma creciente por el macrismo, a pesar del desempleo, de la caída salarial, del deterioro de las condiciones de vida que empezó a llegar a sectores medios, no se fortaleció un polo alternativo con una mirada claramente crítica del proyecto neoliberal.

Cristina leyó el cuadro, nacional y global, y maximizó el uso de las fuerzas disponibles aprovechando el malestar creciente con el ajuste del macrismo y el FMI, y propuso una figura presidencial a la que se percibía más “moderada” que Cristina, más convocante a fracciones peronistas alejadas de la conducción K, y menos urticante para los poderes fácticos.

A pesar del pronunciado declive económico social, los meses finales de Macri no presenciaron una ola de luchas y de demandas sociales in crescendo, ni una impugnación acentuada, sino una sorprendente tranquilidad, que muchos interpretaron vinculada a la existencia de una salida electoral posible y viable. Hubo muchas pequeñas luchas, pero ninguna confluencia en un gran programa alternativo.

El kirchnerismo, por obvias razones, siguió a su líder, quien se incorporó disciplinadamente al dispositivo institucional albertista, y por lo tanto el gobierno contó con un respaldo sólido proveniente del bando K y del peronismo “moderado”, que estaba volviendo de su romance con el neoliberalismo, que ya no ofrecía perspectivas político-electorales-laborales interesantes.

Apenas comenzada la gestión, y mientras se intentaba encontrar la forma de resolver el tema del grave endeudamiento y de la reactivación productiva, apuntando incluso a mejorar el perfil de la estructura económica argentina, irrumpió la pandemia y cambió el orden de prioridades sociales, favoreciendo un clima de acercamiento popular en cuestiones muy básicas, como la preservación de la vida. Eso se ha reflejado en el apoyo a la figura y el estilo de conducción de Alberto Fernández.

Pero los actores siguen siendo los mismos de diciembre 2019: un empresariado concentrado que no tiene ningún proyecto viable de país y sólo formula sus demandas particulares en tono imperativo y amenazante, un sindicalismo dónde sólo una minoría de la dirigencia está comprometida con sus bases y con una política de transformación, clases medias individualistas e influidas por los medios cuya lealtad política es volátil. Despolitización y desinformación en vastos sectores de la sociedad. Sectores militantes e intelectuales muy valiosos pero dispersos y con limitados vasos comunicantes con las grandes masas de la población.

Las mentalidades no han cambiado desde el resultado electoral de diciembre, donde una derecha con una gestión pésima y fracasada, pero capaz de movilizar odios y prejuicios, logró cosechar el 40% de los votos.

¿Las manos atadas?

El problema reside en el amplio espacio nacional y popular.

Cristina tiene hoy sus movimientos y declaraciones acotadas dadas sus responsabilidades institucionales. Bajo ella, no han crecido líderes fuertes, con amplia representatividad y capacidad de formulación propia de agenda, aunque abunden lxs dirigentes jóvenes capaces y valiosxs. Esa riqueza, hoy inexplotada, se puede observar en el propio gabinete de Alberto Fernández y también en provincias, sindicatos, universidades y municipios. Mucha y muy valiosa gente que no tiene organización, no está vertebrada y que no recibe ni participa en la formulación de lineamientos generales de orientación política. Un gran desperdicio de capacidades claramente comprometidas con un sentido solidario de comunidad.

Es claro que no me refiero a la evidente necesidad de “apoyar a Alberto” frente a los depredadores sociales, sino a qué políticas, que orientación estratégica, se va a buscar en el actual gobierno. ¿Cuál es la crítica que efectuamos al macrismo? ¿Que le fue mal? ¿Que no supo implementar propuestas con las que en el fondo coincidimos? ¿Que las porciones de comida en los comedores escolares era demasiado pequeñas? ¿Que las bicisendas son muy caras?

Tener más claro un rumbo estratégico, una caracterización de cómo está el país y qué país queremos, ayudaría incluso en las cuestiones coyunturales.

¿Cómo pararse, por ejemplo, frente a cosas “mínimas”, como los aumentos de precios, realizados en abierto desafío a lo que ha dicho el propio Presidente? ¿Se deben denunciar o se deben tolerar en función de no debilitar? Denunciar puede ser recuperado por la derecha -que incluye a los mismos que aumentan los precios- como elemento de creación de malestar frente al gobierno. Pero tolerar los aumentos sin denunciarlos es también aceptar otra forma de desgaste, que es la desvalorización de la palabra presidencial y la aceptación del deterioro de los ingresos de las mayorías. Mayorías que hoy por hoy no tienen elementos para entender por qué ocurre la inflación, pero que tenderán a reclamar a las autoridades por estos deterioros en su nivel de vida.

Más allá de cada hecho puntual, está en disputa el poder. Debemos ser claros en eso.

Las fuerzas más retrógradas ya tienen un norte claro: en cualquier circunstancia no ven ningún problema en seguir y profundizar el programa neoliberal, la transferencia de riquezas del trabajo al capital, como si eso llevara a alguna parte.

Pero es desde el espacio popular dónde hace falta superar la actitud del “aguante”, o de la “resistencia”. Mientras la derecha no tiene ninguna inhibición para gobernar e imponer los rumbos a toda la sociedad, los amplios espacios políticos populares han incorporado un temor profundo a herir la sensibilidad de los sectores de poder.

Por supuesto que ha habido varias oportunidades en las últimas décadas en las que cuando el enemigo ataca, en forma violenta y autoritaria, la reacción natural es la defensiva. Pero no se puede transformar ese comportamiento en una actitud permanente.

La derecha no pide disculpas cuando gobierna, porque hace “lo que hay que hacer”, o sea, el conjunto de necesidades de diferentes fracciones del capital que necesitan ganar más dinero. Y esto es aceptado por una parte de la sociedad que orbita ideológica y culturalmente en torno a ese núcleo de negocios, y de alguna forma también por el resto, que no cuenta con un discurso claro y alternativo al proyecto de los ricos. Un discurso nacional vigoroso y preciso.

Pero hoy, además, hay que tomar en cuenta que nos encontramos en un momento absolutamente excepcional, en el cual el Estado argentino se está haciendo cargo de sostener todo el andamiaje social con transferencias descomunales de ingresos hacia amplios sectores sociales, y donde los propios neoliberales de los países centrales están tomando medidas completamente heterodoxas para evitar un derrumbe económico y social gigantesco.

Voces del pasado en un espacio público que cambió:

La derecha continúa con su esquema habitual de medios, redes y un núcleo de público cautivo al cual logran transitoriamente sumar otras franjas si el tema es lo suficientemente “popular” y convocante, como el tema de la seguridad, aunque sea ficcional. Es un dato político.

Continúan fieles al mismo proyecto neocolonial y subdesarrollado de siempre, el mismo conjunto de ideas que vienen machacando desde el golpe de 1976. No importan los desastres provocados por el “proceso”, el menemismo y Macri. No hay allí autocríticas, arrepentimientos ni deserciones. El gran elemento organizador de ese espacio es el capital concentrado y transnacionalizado, y la sintonía con los lineamientos que emanan de la mayor potencia planetaria, los Estados Unidos.

El gobierno, en este grave cuadro económico, intenta transmitir racionalidad y sensatez, que se diferencian del fundamentalismo neoliberal de la derecha. Se busca crear un clima de moderación, de intercambio de ideas, de permeabilidad y de no confrontación, para construir una mayoría ampliada que dé sustento a algunas políticas nacionales importantes.

Sin embargo, tenemos la impresión de que este set de ideas y de actitudes, originados y concebidos en los duros años finales del gobierno de Cristina y durante el período macrista -como contrapunto inteligente y social frente al fundamentalismo macrista-, no están acordes a los nuevos tiempos y desafíos.

Esto es así, porque es un tiempo en el que se deberán extremar esfuerzos colectivos para cubrir las necesidades básicas de todxs e impulsar la economía. Vamos hacia un escenario pos-pandemia en el que quedará una economía achicada aquí, en la región y en el mundo, cruzado por vientos proteccionistas más fuertes que los que soplaban hasta 2019. Más tensiones, más conflictos, y menos amabilidades. Más políticas de fuerza que acuerdos multilaterales.

La pandemia, sumada a los problemas estructurales que arrastra el país y al agravamiento provocado por el macrismo, ha hecho que los márgenes para tomar políticas consensuadas se achiquen. La institucionalidad neoliberal global, los famosos “derechos de propiedad” que en realidad son derechos a apropiarse de rentas que podrían ser públicas y servir a la comunidad, son hoy una traba completa a la necesaria libertad de los estados para actuar eficazmente.

Mientras los actores de la política y la economía continúan con sus comportamientos rutinarios, la realidad se ha vuelto más apremiante.

Un ejemplo de esto son las enormes compras de alimentos que debe efectuar el Ministerio de Desarrollo Social. Los proveedores cartelizados le reclaman precios por arriba de los de mercado, y amenazan con no venderle. No estamos hablando de la decoración de la Casa Rosada, que puede esperar, sino de la comida de 11 millones de argentinxs.

¿Puede el Estado esperar a los consensos, con actores largamente acostumbrados a la condescendencia, sino a la complicidad, de los funcionarios públicos? La derecha mediática, mientras tanto, acusa al gobierno tanto por aceptar sobreprecios, como por no aceptarlos.

Y el gobierno continúa preso de una inhibición aprendida a lo largo de todo el trayecto democrático –“no insistas con políticas que enojan a los poderosos”- reforzada por este estilo moderado para no parecer “agresivo” frente al aparato comunicacional incólume de la derecha.

“Agresivo”, “soberbio”, “autoritario”, es el arsenal de adjetivos que tienen preparado contra cualquiera que quiera defender con resolución los intereses populares.

Es en este cuadro político-social que resulta imprescindible que se vuelva a escuchar la voz, o las voces, del amplio, variado y rico campo nacional y popular. El debate público no puede estar dado entre las voces múltiples de la irracionalidad neoliberal, y un gobierno atrapado en la inhibición de “no parecer autoritario”… frente a los representantes de la irracionalidad. La derecha ha logrado ocupar el lugar de acusador y juez en la arena de la discusión política, espacio que le ha ido cediendo el campo popular por falta de solidez política y discursiva.

Es hora de que comience a expresarse con toda su diversidad la fuerza latente en nuestro país, la de los que realmente están comprometidos con el destino de Argentina y su gente. Los que consideran a nuestra Patria su casa, y no un mero lugar de negocios.

El campo nacional no puede seguir sometido a la mirada disciplinadora de la derecha liberal, a los límites que pone ese sector para defender derechos espuriamente conseguidos, a los límites que establece a las políticas públicas de los gobiernos populares.

Un gobierno como el actual necesita un vigoroso y organizado espacio popular, para no estar sometido a los empellones constantes de una derecha corporativa que aspira a volver al gobierno para seguir acumulando a costa del deterioro interminable del país.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2020

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada El silencio de un sector fundamental – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Después de 8 meses de gestión del gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en un contexto totalmente anómalo marcado por una peligrosa pandemia, corresponde hacer una reflexión sobre el nocivo comportamiento de la derecha local, no sólo por la ya transcurrido, sino por cómo deberemos afrontar los próximos desafíos de gobernabilidad.

La conformación de la actual derecha política argentina:

Una rápida revisión de la historia de las últimas dos décadas nos muestra una trayectoria precisa del espacio de la derecha política. La construcción del espacio Cambiemos fue una operación de marketing político, que expresó las fuerzas que confluyeron al calor del conflicto acaudillado por el “campo” contra el gobierno kirchnerista por la Resolución Nº 125. Tanto en las movilizaciones de ese conflicto, como en las sucesivas marchas de furiosos por el dólar, por Nisman y otras, se pudo observar la construcción de un espacio que era cómodamente conducido desde los principales medios y las redes sociales, irreductiblemente enemigo del gobierno kirchnerista.

En ese espacio donde no falta gente capaz, se destacó, insólitamente, la figura de Mauricio Macri, lo que ya da un indicio de la baja eticidad de toda esa construcción política. Cambiemos fue en buena medida un engaño político-electoral, con un componente muy intenso de trabajo publicitario, que fingió una pluralidad, moderación y ecuanimidad que desaparecieron al instante de ingresar en la Casa Rosada: “Dejar lo bueno y cambiar lo malo”. Sin esa “pluralidad” no hubieran podido atrapar diversos sectores de votantes, pero la pluralidad era para ganar elecciones, no para gobernar. Llegaba al Estado el poder económico real. Lo predicado en campaña era puro palabrerío “para la gilada”.

Lo hecho en materia económica e institucional durante el gobierno macrista es una demostración, para todo aquel que quiera verlo, de la impostura de su proclamado republicanismo y legalismo. Desde la manipulación del Poder Judicial y la neutralización de los órganos de control del Estado, hasta el acuerdo con el FMI, todo fue ilegal, pero no importaba. Así fueron también los negocios irregulares que se vienen conociendo entre el gobierno macrista y testaferros empresariales del grupo. Todo cubierto por un montaje completo de manipulación sistemática de la opinión pública.

Desde el gobierno, el espacio se dedicó a cumplir su función política primordial: tratar de destruir política y humanamente al kirchnerismo y rediseñar el mapa político argentino al gusto de las corporaciones, tratando de construir un sistema bipartidista con dos formaciones políticas que aparentaran ser diferentes, pero que coincidieran en el sostenimiento del neoliberalismo. Lo explicitó Macri en Davos en 2016, mientras le levantaba el brazo a Massa.

Fue tan mala la gestión, tan grosera la repartija de negocios entre las fracciones corporativas que sostenían al gobierno, sin la menor preocupación por realizar una política económica sostenible, que la caída de la actividad fue estrepitosa y a pesar de la intervención norteamericana para salvar al macrismo vía FMI, la derrota fue imparable.

La derecha otra vez en la oposición:

Ya desde el llano, los objetivos, el núcleo duro de las orientaciones del espacio siguen siendo los mismos: resguardar los negocios para las corporaciones, impulsar el desplazamiento hacia la marginalidad de todo lo que huela a intereses nacionales y necesidades populares, y promover la completa subordinación política y diplomática a las potencias occidentales.

Todo el resto de temas de agenda política es de menor importancia, por lo que se tolera en ese amplio espacio a gente que piense en forma diferente. Para el núcleo dirigente del espacio, ni siquiera el liberalismo político es real, sino más bien un recurso discursivo de ocasión.

Como oposición los comportamientos hablan por sí solos: obstruccionismo, irresponsabilidad, boicot a acciones públicas necesarias, mala fe. Hasta los vitales cuidados por la cuarentena sufren el hostigamiento mediático, de sus comunicadores y de sus líderes más extremistas, y el boicot solapado de los “moderados”.

Ejemplos de este oposicionismo irresponsable hay cientos: las reacciones frente al intento de aliviar la situación de la pandemia en las cárceles, tergiversado para producir un cacerolazo; las reacciones frente a la monumental estafa de Vicentin, tratando de defender a los estafadores; las reacciones frente al espionaje realizado por el gobierno macrista a diversos sectores, disimulando los evidentes delitos; las reacciones y el comunicado salvaje frente al asesinato del ex secretario personal de Cristina Fernández; las nulas reacciones frente a las declaraciones secesionistas de Cornejo, Presidente de la UCR; las reacciones obstruccionistas frente al intento de Alberto Fernández de adecentar un poco al impresentable Poder Judicial; las reacciones frente a la negociación externa con los fondos de inversión, apoyando sistemáticamente la posición de los acreedores externos; las reacciones de rechazo a un mínimo impuesto de emergencia sanitaria a las grandes fortunas…

Esos posicionamientos públicos son acompañados por una masiva campaña de denostación mediática hacia el Presidente, la Vicepresidente, el Frente de Todos y todas y cada una de sus medidas.

A eso se agrega el recurrente llamado a cacerolazos siempre a favor del poder concentrado y agitando los fantasmas que caracterizan la agenda de la derecha: el miedo a los pobres, al Estado, la hostilidad al sindicalismo, la defensa de los propietarios hagan lo que hagan, y del aparato de desinformación de la derecha.

La difusión de rumores alarmistas es parte de los ingredientes de la campaña opositora, junto con el uso intensivo de información falsa que apunta a mantener a sus fieles en un estado de indignación furiosa.

Por todo lo mencionado, que no agota todos los recursos utilizados, parece que el objetivo de esta derecha no es realizar una oposición democrática y acumular méritos ante la opinión pública para retornar al gobierno dentro de poco más de 3 años, sino más bien atacar constantemente, por cualquier motivo al gobierno, para desgastarlo, debilitarlo y desplazarlo del poder del Estado lo más rápido posible.

Salvo que… el gobierno aceptara subordinarse completamente a sus demandas sectoriales, lo que restaría inmediatamente presión destituyente, aunque no cambiaría la voluntad del núcleo duro de reinstalar en la cabeza del Estado a personal absolutamente confiable y manipulable.

¿Cómo se explica ese comportamiento sistemático?:

Llamamos derecha a un amplio conglomerado en el que existen varios partidos políticos, medios de comunicación concentrados, sectores importantes del poder judicial, operadores en las redes sociales, directivos de grandes empresas -agrarias, industriales, financieras, de servicios-, oligarquías provinciales, profesionales especializados principalmente en negocios, embajadas extranjeras y sectores sociales diversos con mayor presencia de sectores medios altos y altos. Todos estos componentes mantienen cierto grado de independencia cotidiana, tienen intereses y agendas separadas, pero actúan en conjunto en relación a ciertas cuestiones claves que hacen a la estrategia de fondo del espacio, dado que están vinculados tanto por dirigencias en común como por algunos ejes ideológicos y políticos estructurantes compartidos.

Alguien puede sostener que un espacio social tan amplio presenta necesariamente un cuadro complejo, ya que está compuesto por una importante diversidad de actores, sensibilidades políticas y actitudes públicas. Algunos incluso pueden manifestar posturas progresistas en diversas cuestiones públicas.  Por lo tanto, sería un grave error considerar a este bloque uniforme y macizo.

Electoralmente, después de un gobierno pésimo, Juntos por el Cambio recibió el 40% de los votos, lo que significa que a pesar de la realidad de sus hechos, reciben una adhesión considerable. Parte de esta adhesión se logra por ser una fuerza “anti”.

Y su peso social es apreciablemente mayor, dada la convergencia con poderes económicos concentrados, oligopolios mediáticos y la presencia difundida de la hegemonía cultural global del neoliberalismo que moldea la subjetividad de todos.

Si bien es atendible el argumento de la diversidad de ese espacio, se pueden realizar dos objeciones en relación a su adhesión sincera el régimen democrático:

1 – El liderazgo de ese variado espacio no es democráticamente electo, ni representa a la diversidad, sino que es vertical, ordenado en base a la estructura del poder económico y social realmente existente, que es extra política. Ese reducido círculo ha seleccionado para la gestión específicamente política a personajes extremistas y agresivos -Patricia Bullrich, es uno de esos casos-, sin compromiso democrático alguno, y leales al poder más concentrado, local y extranjero.

2 – El común denominador ideológico-cultural de todos, la argamasa que les otorga un punto de identidad común a liberales, conservadores, radicales, libertarios, peronistas menemistas, es el rechazo tajante al kirchnerismo, que representa en ese mundo el mal absoluto, en una inédita reutilización de los exitosos métodos del maccarthismo norteamericano.

¿Quién dirige a la derecha?:

La pregunta que surge, ante una bien organizada campaña de hostigamiento y agresión al gobierno democrático de Alberto Fernández, es ¿quién gobierna ese amplio espacio?

La estructura de conducción no aparece visible ante la sociedad, aunque por descarte debe decirse que no son los votantes, ni los que cacerolean, aquellos que conducen, crean las consignas, promueven los climas y diseñan los objetivos. Ellos cumplen una función completamente subordinada, y están sometidos a una constante acción de desinformación y agitación mediático-comunicacional. Tampoco son parte de la conducción los diversos operadores mediáticos y sociales, que sirven profesionalmente a la conducción, con completa convicción sobre las tareas que desempeñan. Tampoco los partidos políticos del espacio son quienes toman las principales decisiones, ya que sus líderes están intelectualmente subordinados a las demandas de las corporaciones y a la orientación global de “Occidente”.

Quedan finalmente los verdaderos conductores estratégicos del espacio: probablemente en esa conducción en las sombras preponderen grandes empresarios y banqueros, locales y extranjeros, asesorados por intelectuales orgánicos, y en diálogo y coordinación política con poderosos vecinos de Norte.

No es ninguna novedad que norteamericanos y europeos apoyan en toda nuestra región a los peores gobiernos, los que garantizan una amplia y profunda integración subordinada de nuestros países a la economía mundial. Los golpes en Brasil y Bolivia son dos ejemplos de lo que apoya “occidente” en nuestra región. Las potencias atlánticas aíslan y combaten a los países y liderazgos independientes que apuestan a un mundo multipolar.

En el campo de la orientación económica, que subordina o condiciona al resto de las cuestiones, lideran los negocios empresariales, desvinculados de cualquier proyecto de desarrollo nacional.

Por eso, siempre en el primer lugar de las propuestas económicas aparecen la reforma laboral y previsional, para ganar a costa de los trabajadores y jubilados, y las rebajas impositivas para ganar a costa del conjunto de la sociedad, y no aparece ninguna idea que tenga que ver con la construcción verdadera de un capitalismo competitivo a través de la inversión productiva privada y el desarrollo científico-tecnológico. Las excusas para la no inversión, que ya es endémica, son para variar, la “amenaza del populismo”. Incluso durante el gobierno macrista.

El antikirchnerismo es el basamento doctrinario central

Pueden estar a favor o en contra del aborto. A favor o en contra de la AUH. A favor o en contra de las medidas de contención de la pandemia. Algunos pueden ocuparse de la ayuda social, o de la defensa del medioambiente. Pero la contraseña distintiva de todo ese espacio es: “Cristina NO”.

El anti-cristinismo tiene que ver con atacar el liderazgo del campo popular realmente existente.

Un liderazgo que se ha mostrado irreductible ante las campañas de insultos y ataques que recibe desde más de una década por parte de la derecha real.

Fue tragicómico ver cómo, a la muerte de Néstor Kirchner, connotados enemigos e ideólogos mediáticos derechistas empezaron a relativizar el desprecio militante a su figura, y le empezaron a encontrar “aspectos positivos”.

Cristina está viva, y convergen en su respaldo numerosos y amplios espacios políticos que representan a la mayoría de la población.  Pero si Cristina fuera neoliberal y condujera al rebaño a la resignación de la pobreza, no habría ningún problema con ella, ni recibiría la interminable retahíla de epítetos que le han propinado. Lo mismo ocurriría si liderara masas embrutecidas, sin capacidad crítica ni valores “peligrosos”, como fue el caso de Fujimori o Bolsonaro. El problema que tiene la derecha con el kirchnerismo es que con todas sus dificultades y contradicciones, encarna en un cuerpo político competitivo la defensa de la Nación frente a las fuerzas desintegradoras de la globalización, y de los intereses populares frente a la voracidad del capitalismo de rapiña. 

No hace falta, en absoluto, contar una historia idealizada del kirchnerismo.

Si se advierte que el kirchnerismo no fue un proyecto anti-capitalista, sino un proyecto capitalista que se planteaba “crecimiento con inclusión social”, entenderemos que la furia que la clase dominante argentina proyecta e inyecta en la sociedad no puede entenderse en términos de una disputa entre sistemas sociales antagónicos, sino entre concepciones sociales y concepciones internacionales incompatibles.

En lo interno, el sentido democratizador de las políticas públicas del kirchnerismo, y su opción por la autonomía de la política en relación al poder económico, fueron cuestiones cruciales. En lo internacional, su alianza con líderes latinoamericanos para sostener un entramado regional autónomo, y su apuesta a un mundo multipolar, junto con su irreverencia frente al capital financiero global, fueron puntos de quiebre frente a la lógica política de la globalización neoliberal.

Por eso el anti-cristinismo que caracteriza de punta a punta a la derecha local, quiere decir que están todos, sabiéndolo o no, orbitando en relación al proyecto del Norte para toda América Latina: Cristina NO, Lula no, Evo no, Correa no, Chávez no. Es América Latina independiente NO.

Hay que entender que, más allá de las ideas que sus integrantes se hagan de sí mismos, estamos en presencia de un campo político que a cualquier dilema moral que se le presenta, lo resuelve preguntándose “¿Qué le hace más daño a Cristina y al kirchnerismo?”

Un grupo, por más grande que sea, dedicado a eso no puede ser un espacio ni democrático ni republicano. La razón es que es un artefacto político que nació, que fue diseñado desde su origen, para enfrentar lo nacional y lo popular desde el llano o desde el gobierno, y que continuará haciéndolo porque esa es su razón de ser. En cada enfrentamiento con “lo K” han ido dejando de lado todos y cada uno de los principios, valores y argumentos en torno a los cuales armaron su discurso público.

La función política de la demonización del kirchnerismo y de Cristina:

No es que el kirchnerismo sea perfecto ni mucho menos. No hace falta endiosar ni idealizar la experiencia gubernamental kirchnerista ni su desempeño como oposición al macrismo. Ni presentar a Cristina como líder popular infalible y perfecta. Esas imágenes deben quedar circunscriptas al ámbito religioso.

Con sólo ser capaces de realizar un debate histórico serio frente a esa intensa experiencia colectiva, alcanzaría para madurar como sociedad.

Pero donde claramente se nota que no se trata de realizar un debate conducente sino de eliminar a un rival político, es en la incapacidad de la derecha para argumentar seriamente, con datos e información, y la necesidad inmediata de llevar el debate hacia la irracionalidad y la furia, apelando a todos los instrumentos de poder que están a su alcance, para imponer por la fuerza de su poder fáctico su versión de la historia.  

Detrás de todo esto, hay una voluntad autoritaria de arrojar de la escena local a esta fuerza con sus contenidos y valores, y reemplazarla por el esquema semicolonial de plena dominación ideológica de la población que ya ha sido implantado en varios países de América Latina. Afortunadamente el modelo más acabado de dominación, Chile, se está derrumbando a pedazos, a pesar de toda la apuesta del orden global a erigirlo como “modelo” regional.

Es que resulta central, en el actual momento nacional, comprender el papel político del antikirchnerismo. Si se parte del punto nodal del pensamiento de la derecha argentina, Cristina y el kirchnerismo son lo peor, y ya no hace falta ni discutirlo, ni mucho menos probarlo. No hay ni puede haber nada peor que eso, y todo lo que se haga contra “eso”, bien hecho está, lo que habilita incluso las prácticas golpistas.

Pero la furia anti-k también sirve en el corto plazo para el amedrentamiento al gobierno nacional, en la medida que la derecha lo somete constantemente a la acusación de ser un “títere K”, o de tomar medidas “K”, o de tener actitudes “K”. Es una política de la inhibición de las capacidades del gobierno nacional para actuar, para salir a discutir sus propuestas en forma defensiva y para correr absolutamente el eje del debate público hacia “las únicas posturas sensatas”, las que benefician con exclusividad al poder concentrado.

Si el gobierno nacional fuera permeable a la extorsión de ser marcado como “K”, Alberto Fernández debería estar dedicando su valioso tiempo no a gobernar, sino a pensar cómo hacer para que la derecha no lo etiquete como “K”, y cómo se defenderá cuando así lo etiqueten por tomar alguna medida de defensa de lo nacional o de protección de las mayorías.

El mantra del anti-kirchnerismo sirve a la derecha para educar a la población en el rechazo de ciertos valores fundamentales para que cualquier país pueda funcionar como comunidad nacional: la solidaridad con el prójimo, la protección social, los derechos laborales, un modelo de sociedad equitativa, la defensa del patrimonio nacional, o la protección de los derechos de usuarios y consumidores. Todo eso es rotulado de hecho como “K” por la derecha local, y luego bombardeado mediáticamente. Van llevando con el argumento “anti-k” a sectores sociales medios hacia posiciones cada vez más conservadoras y pro-empresariales.

Parece claro que si no se revierte mediante un vigoroso debate público la demonización del kirchnerismo, el propio Alberto no va a poder gobernar sino haciendo constantes pedidos de disculpas a los que tendrían la “autoridad” para juzgar todo lo que ocurre en la sociedad. En el peor de los casos, debería desistir de tomar medidas populares, y debería revertirlas luego de lanzarlas, pidiendo disculpas “por parecer K”.

No es sólo un problema de justicia histórica abordar el tema del kirchnerismo para exorcizarlo de su connotación acusativa e infamante. Tampoco es el problema, legítimo, del respeto político mínimo que se le debe a una de las minorías democráticas más grandes del país.

Es un problema político actual, porque la furia “anti-K” es una estrategia de la derecha para quebrar el espacio político del gobierno, o de llevarlo por la vía de la inhibición a la completa intrascendencia política y social, preanuncio de su futura derrota electoral.

En tanto la derecha sea capaz de seguir imponiendo su imagen “de guerra” del kirchnerismo, es decir, su escala de valores retrógrada y antisocial, tendrá capacidad para imponerle su mirada, y también sus intereses, al resto de la sociedad.

Buenos Aires, 1° de agosto de 2020

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada ¿La derecha local no tolera el pluralismo? – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

A 10 meses de haber asumido la gestión el Frente de Todos, la realidad política y económica argentina no se ha tranquilizado, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional en ese sentido. El efecto de la pandemia es muy negativo en lo económico, pero debió haber contribuido a aplacar las diputas políticas en aras de enfrentar una situación sanitaria grave. No está ocurriendo.

A pesar de que el gobierno muestra una política prudente y sensata en lo económico, con una hoja de ruta en la cual la reprogramación de los compromisos externos juega un papel destacado, para poder utilizar el gasto estatal plenamente en los próximos años en función de normalizar la economía e incluso promover un cambio en la estructura productiva, el tipo de cambio oficial está siendo asediado, mientras los responsables del desastre macrista y todo el coro neoliberal insisten en que las soluciones son facilísimas, que hay que devaluar y bajar el gasto público, y que el gobierno es un fracaso económico.

Ni qué hablar del clima político. El encono es la palabra que mejor define la actitud de una oposición de derecha, que en su mayoría acompaña todas y cada una de las posiciones del poder económico que en su momento entronizó al macrismo en el poder.

Derecha que trabaja –al menos- en cuatro planos: el estrictamente partidario parlamentario, el judicial, el económico-social y el mediático.

En el plano parlamentario, el objetivo es el obstruccionismo y la paralización de la actividad legislativa, además de teñir la labor de los legisladores de un manto de sospecha “antidemocrático”. El bloque de Juntos por el Cambio actúa el libreto de una indignación republicana frente al intento completamente legítimo y democrático del gobierno de hacer valer su relativa mayoría parlamentaria. Se intenta imponer el poder de veto de los que perdieron las elecciones y limitar las acciones de gobierno a lo que le parece bien a los poderes fácticos.

En el campo judicial, se trata de utilizar todas las posiciones logradas en ese ámbito institucional por la derecha, para impedir que el gobierno pueda desplegar acciones más allá del libreto aceptado por el macrismo político y el poder económico. La modesta reforma planteada por el gobierno, que alivia algunas cuestiones pero no resuelve viejas taras de la justicia argentina, también es rechazada desde la oposición. El poder judicial está actuando plenamente en defensa del legado institucional macrista, de la impunidad del grupo vaciador de Vicentín, o de quienes están quemando miles de hectáreas de bosques impunemente.

En el económico-social, se sigue operando como durante todo el período democrático, generando aumentos de precios arbitrarios, operando sobre el dólar marginal, defendiendo posiciones de privilegio injustificables que dañan el crecimiento económico, y evitando el pago de los impuestos vigentes. Es rechazado un impuesto moderado a las grandes fortunas, planteado por única vez, mientras se continúa una tarea de desgaste del gobierno vía remarcaciones constantes y presión especulativa sobre el dólar.

En el plano mediático, los principales grupos comunicacionales están en guerra abierta contra el gobierno, desplegando una batería constante de mentiras y difamaciones, siguiendo un libreto según el cual el gobierno sería autoritario, estatista, opresivo y chavista, cuando no inoperante y responsable del estado del país. Para quien atiende a esos argumentos, el gobierno macrista y la pandemia nunca existieron. En esos medios ha dejado de importar la realidad de las acciones y la rigurosidad de los argumentos. Esta prensa formal es acompañada desde las redes sociales con una catarata violenta de insultos y falsedades, que apuntan a empoderar a una derecha agresiva y golpista, que niega cualquier tipo de legitimidad al gobierno actual. Estos espacios han comenzado a instalar “ingenuamente” en la opinión pública la duda sobre si Alberto Fernández terminará su mandato. Pregunta que está fuera de lugar en democracia, pero que ayuda a instalar entre el público la meta final de las acciones desestabilizadoras.

En otro tipo de plano habría que colocar al inadmisible cerco armado por la Policía Bonaerense en torno a la Residencia Presidencial de Olivos y a la Residencia del Gobernador Bonaerense, en ocasión de la protesta por mejores condiciones laborales de hace un mes. Un antecedente de insubordinación grave que no recibió una respuesta democrática clara. A pesar de no existir en este momento condiciones para un golpe institucional, el episodio escenificó una posibilidad que remite a otras situaciones ya ocurridas en América Latina, que contaron con el beneplácito de las potencias “democráticas”.

Explicar la asimetría:

Hay una completa desproporción existente entre la actitud del gobierno, que es moderada, dialoguista y respetuosa de las instituciones, y la furia radicalizada de la conducción de la oposición, que continúa atacando al gobierno con la misma actitud destructiva como en las épocas en que gobernaba Cristina Kirchner. Todos los denuestos son utilizados, no importa si coinciden con la realidad de la actual gestión o no. Todo lo actuado por el gobierno merece sospechas, ya que encubre a las malas intenciones que “se sabe” tendría el kirchnerismo.  Esa asimetría de una actitud institucional y democrática, versus una actitud entre boicoteadora y golpista, debe ser explicada para comprender su sentido político.

No sabemos cómo lee el albertismo, desde su actitud dialoguista, el ataque en todos los planos de una derecha en proceso de radicalización antidemocrática. Nos da la impresión que realiza un enfoque político-electoral de la situación, confiando en las artes de la negociación política y la disposición de los actores a jugar democráticamente y a arribar a puntos intermedios entre las posiciones.

Nosotros entendemos que el aparente estado de delirio y exaltación de la oposición no es irracional desde el punto de vista político, sino que es funcional a un objetivo que precede a éste gobierno, y que hunde sus raíces en la década del 2000.

Se trata de que la derecha económica, política y social local, en parte satelital de los Estados Unidos, ha definido al kirchnerismo como el principal enemigo político a derrotar.

La explicación de esta posición, casi fundante de todo el andamiaje político de Cambiemos, está en estrecha relación con el proyecto estratégico del poder económico local y global, y con el obstáculo que representa el kirchnerismo para ese proyecto.

La derecha económica local carece de un proyecto abarcativo de la Nación, pero cuenta con un plan de negocios, articulado con las oportunidades que ofrecía la globalización, para rentabilizar diversas actividades, aun cuando el resto del país y de su sistema productivo queden al margen y no sean viables ni económica ni socialmente. Los obstáculos son los derechos laborales, los derechos jubilatorios, las leyes y regulaciones estatales, los sindicatos, las organizaciones de desocupados, el entramado productivo de la economía popular, los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, el mundo universitario y científico. Todos esos actores sociales encontraron cobijo y pertenencia en muchas de las políticas kirchneristas y nutrieron su fuerza electoral.

La irrupción del kirchnerismo como espacio político amplio e influyente, fue una pésima noticia para el poder económico concentrado porque obturó negocios y planteó problemas distributivos que ya fueron dejados de lado en la agenda pública de muchos países latinoamericanos. Además, los Estados Unidos vieron con muy malos ojos la aparición de un conjunto de gobiernos en América del Sur y Central que se fortalecieron mutuamente en torno a la perspectiva de una política exterior autónoma y una región más integrada internamente.

El kirchnerismo, si bien no significó una reversión completa de las reformas neoliberales –que vienen desde la dictadura cívico-militar de 1976-, implementó un conjunto de políticas públicas más abarcativas hacia el conjunto de la sociedad, y mostró una actitud más independiente de las grandes corporaciones en muchos terrenos. Esa actitud autónoma fue acompañada por un trabajo contra-cultural de discusión de la visión ofrecida por los medios, de rescate de las capacidades y la creatividad locales. Uno de los aspectos que más enoja a los defensores de la globalización neoliberal fue la negativa kirchnerista a seguir el camino del endeudamiento permanente y a someterse a los dictados subdesarrollantes del FMI.

La figura que simboliza todo ese accionar, luego de la muerte de Néstor Kirchner, fue y es Cristina Kirchner.

El espacio político kirchnerista está estructurado en torno a su pensamiento y sus decisiones. Y ese espacio se transformó en el principal obstáculo político tanto para los negocios particulares de las corporaciones a costa del país, como para la colocación de Argentina dentro del conjunto de países latinoamericanos subordinados completamente a la geoestrategia norteamericana.

Intransigencia antikirchnerista:

La furia anti-k, por lo tanto, sólo tiene de “moral” o “republicano” un barniz para consumo publicitario. Ese encono encierra básicamente este conflicto de fondo con lo que el kirchnerismo expresa en este momento concreto de la historia argentina. Sin ser el “propietario” de una serie de valores vinculados a la equidad social, el desarrollo, la soberanía nacional, es la fuerza política que tiene la capacidad concreta para proyectarlos a la gestión estatal, frente al bando favorable a la debilitada globalización neoliberal, cuyos actores son locales e internacionales al mismo tiempo.

La decisión de Cristina de no presentar su candidatura presidencial y en cambio proponerlo a Alberto Fernández, tuvo al mismo tiempo el valor extraordinario de desalojar al inepto gobierno apoyado por el gran capital y los gobiernos occidentales, y el complejo efecto de constituir un gobierno de coalición entre sectores que no tienen exactamente las mismas prioridades políticas, económicas, y culturales.

La derecha local, en cambio, si bien es amplia y variada, y contiene diversos espacios, cuenta con una dirección unificada, en torno a los intereses del gran empresariado local y en última instancia, con la orientación estratégica de los Estados Unidos. Eso le otorga orden y potencia en la ejecución y despliegue de acciones del más diverso tipo, pero convergentes en una estrategia final: la neutralización completa del gobierno del Frente de Todos.

La neutralización implica despojarlo completamente de toda arista diferenciada de la anterior gestión macrista, continuadora a su vez de la gestión de la Alianza y del menemismo, prolongaciones  a su vez de las políticas antinacionales inauguradas en la última dictadura cívico-militar.´

Para evitar que el gobierno del Frente de Todos logre imprimir a su gestión un sesgo popular y nacional, la derecha explora 3 caminos:

1. Que el gobierno, incluido el kirchnerismo, se vaya sometiendo de a poco a los poderes fácticos.
2. Que el gobierno se parta entre un ala “moderada” o “amiga de los mercados” y un ala más transformadora que sea desplazada. Debilitado, el gobierno se sometería completamente a los poderes fácticos y el kirchnerismo sería expurgado de todas las instancias de poder.
3. Que el gobierno persista en sus objetivos progresistas, y entonces caiga envuelto en un conjunto de circunstancias caóticas prolijamente orquestadas, y se abra el espacio para un gobierno radicalizado de derecha.

Introducir la grieta en el gobierno:

Desde el comienzo de la gestión, el gobierno es sometido a una intensa presión y boicot por parte de una oposición carente de todo espíritu colaborativo. La presión constante, ejercida sobre un gobierno que parece vacilar ante los conflictos que atravesaron a la democracia argentina en los últimos 37 años, cumple la función de amedrantar a los tomadores de decisiones, colocarlos a la defensiva, para que se sometan más o menos completamente a los poderes fácticos. Inundarlo de suficientes problemas y litigios para que lo que hay en él de voluntad transformadora se ahogue en una cotidianeidad marcada por infinitos obstáculos.

La infantil acusación de que Alberto Fernández es un títere de Cristina Kirchner no da cuenta de la realidad, pero delata la intención política opositora de introducir una grieta entre ambos líderes, y entre dos estilos de gobierno: si el Presidente toma alguna decisión que se salga del libreto neoliberal, es inmediatamente acusado de ser un “títere K”, cosa que sirve para galvanizar al fanatizado público anti-k. Pero más allá de los recursos de los medios para desgastar y desprestigiar al gobierno, no cabe duda de que existe una voluntad de quebrar la unidad política del Frente de Todos. Es que se deberán tomar varias decisiones difíciles en los próximos meses, y lo que se busca es crear una disputa insalvable entre un sector más propenso a acordar con el establishment local y que posee una mirada más convencional de la política, y el sector con mayor vocación transformadora, al que se trata de encorsetar bajo el infamante nombre de “kirchnerismo”.

Pero eso no quita que se siga abonando, entre tanto, al desarrollo de la tercera opción, es decir, la desestabilización completa del gobierno de los Fernández para facilitar su reemplazo prematuro.

Si se mira con atención los movimientos en torno al dólar, encierran todas las potencialidades deseadas por la derecha: desgastan a la gestión, provocan tensiones entre los funcionarios y áreas del Estado, y crean un clima de falta de gobernabilidad. Si el gobierno no toma medidas efectivas, las maniobras especulativas pueden llegar a provocar una devaluación no deseada. No hace falta resaltar que un salto del dólar, en el actual contexto de penuria económica provocada por la pandemia, puede tener un efecto muy duro sobre el bolsillo de la amplia mayoría de la población –la base de sustentación del Frente-, favoreciendo en todos los sentidos a una reducida minoría.

¿Qué hay frente a la derecha?

El estilo político de Alberto Fernández ha desarmado la argumentación sobre el estilo y los modos de Cristina como causante del fastidio de “la gente”. El argumento sobre la falta de diálogo y la intolerancia no se sostienen. Sin embargo, el embate desestabilizador continúa como si gobernara Cristina.

Sin duda hay un equívoco en el actual micro-clima político nacional. La pandemia ha restringido severamente la capacidad de expresión y movilización de los espacios populares, propiciando al mismo tiempo el agigantamiento mediático de la vociferación derechista.

Pero sería incorrecto explicar la apariencia de fuerza de la derecha por un hecho sanitario.

La realidad es que el espacio popular, democrático, en el que se encuentra el kirchnerismo, lleva mucho tiempo inmovilizado y desorganizado, y no encuentra la forma de expresarse con nitidez en la escena pública. Este estado de inacción es previo a la pandemia, y se hizo muy claro en el último año del gobierno macrista, a pesar del descalabro económico y social provocado por esa gestión.

La falta de organización, de respuesta rápida y clara a los debates planteados, la aparente falta de brújula política, la ausencia de formación de cuadros políticos y sindicales y de difusión política en general, redunda en la debilidad del espacio popular.

Es imprescindible superar estas limitaciones, porque son las que aprovecha la derecha para atacar y arrinconar al gobierno democrático, creando una falsa sensación de potencia incontenible.

Antes de las elecciones se decía que “sin Cristina no se puede, pero que con Cristina sola no alcanza”.

Hoy, la situación podría sintetizarse diciendo: “Sin el Gobierno no se puede mejorar el país, pero que con el gobierno sólo no alcanza para poder avanzar en los cambios que se necesitan”.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2020.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada Explicar la asimetría – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Durante 2020 el escenario que había imaginado el Frente de Todos antes de las elecciones cambió drásticamente.

En lo inmediato el FdT enfrentaba alguna metas prioritarias: hacer frente a la crítica situación social, reactivar la economía para volver a crecer luego de dos años muy malos y evitar el default provocado por la política económica macrista -tanto con los acreedores privados como con el FMI-. El estallido de la pandemia del COVID 19 empeoró todos los problemas internos.

El gobierno frente al nuevo cuadro procuró poner un piso a la caída de la economía vía ayudas a millones de personas y empresas, evitó las quiebras masivas y el hambre, y logró reestructurar la gran deuda con los acreedores privados. Logró efectivamente que el daño no fuera mayúsculo y pudo resguardar a los sectores más castigados del hambre. Hasta empezó a impulsar una difícil reactivación en condiciones muy complejas.

Sin embargo, la realidad económica no se agotó allí.

El gobierno de Alberto Fernández se encontró con los problemas que no había logrado resolver el kirchnerismo (inflación que deteriora los ingresos populares, mercados altamente concentrados, faltante de dólares en relación a las necesidades del país, estado carente de mecanismos efectivos de regulación económica y de recaudación impositiva), agudizados por el macrismo, que gobernó en función de los intereses privados de las diversas fracciones económicas locales y extranjeras que dominan el país.

Todos esos problemas están hoy pendientes de resolución, y apenas han sido disimulados por la abrumadora pandemia.

El gobierno no mostró tener, durante su primer año, una clara orientación práctica en el sentido de ir desmontando todas las restricciones que pueden afectar negativamente su accionar. Su programa de gobierno explícito parece haber sido concebido para un contexto de normalidad económica y política del que lamentablemente carecemos.

Reafirmó su voluntad de revertir la grave desigualdad social, pero pareció carecer de una hoja de ruta para enfrentar los desafíos concretos. Más bien osciló entre diversas ideas, tratando de mostrarse siempre flexible y “no dogmático”, como ocurrió en el caso de la quiebra fraudulenta del grupo Vicentin, donde no pudo resolver ni encauzar el problema en un sentido socialmente útil, ante la hostilidad manifestada por diversos factores de poder contrarios a cualquier forma de intervención del estado en la economía.

Procedió correctamente, por ejemplo, a prohibir los desalojos de los inquilinos en dificultades, pero éstos se continuaron produciendo. Congeló precios, que continuaron moviéndose más allá de las disposiciones gubernamentales, desgastando la palabra oficial. Suspendió los despidos, pero algunos grupos económicos los concretaron igual. Es decir, serias dificultades para hacer cumplir la Ley, por más legítima que sea.

La Provincia de Buenos Aires sufrió durante 2020 una rebelión policial con ribetes opositores. En el momento cúlmine, parte de esa fuerza rodeó amenazante la Quinta Presidencial y la Residencia del Gobernador. La reacción oficial fue buena en cuanto a la forma de resolver las demandas razonables de esa fuerza, reasignando partidas presupuestarias injustificadamente otorgadas a la CABA, pero fue muy débil en cuanto a castigar la inaceptable situación de coerción armada al gobernador y al Presidente de la Nación. El mensaje que recibió la sociedad fue de debilidad oficial frente a un evidente cuadro de anomia institucional.

Ante la pandemia el gobierno adoptó inicialmente una posición clara de cuidado de la población, de protección para que la gente no tuviera que salir a trabajar, y de evitar daños irreparables en el tejido económico. Pero fue progresivamente cediendo a una presión de inspiración individualista de poco control y de concesión a las presiones empresarias para relajar todo. No sostuvo su discurso inicial de privilegiar la vida, de que las empresas ganaran menos, sino que lo fue disolviendo gradualmente, sin caer nunca en el negacionismo abierto de la oposición. La palabra oficial sufrió varias desmentidas por parte de la vida real.

Afortunadamente, hacia fin de año logró concretarse la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una reivindicación histórica que ahora deberá ser implementada en forma adecuada en todo el país. Ya hay señales de rebelión conservadora –incluso en el propio poder judicial- para impedir su aplicación.

En lo político-económico el gobierno pareció guiado por correctos criterios favorables a la producción y la reparación social, pero tratando al mismo tiempo de respetar el objetivo político de la no confrontación con intereses poderosos.

La predisposición constante al diálogo y la flexibilidad del oficialismo, sin embargo, no fueron valoradas por la oposición más dura, que manifiesta sistemáticamente una actitud intransigente y desestabilizadora, tanto en la arena partidaria-institucional como en la comunicacional.

En el terreno mediático esto se expresó en una constante denigración del gobierno y de sus figuras principales, en la abierta tergiversación de los hechos políticos y de una interpretación siempre retorcida sobre las decisiones gubernamentales. El importante logro del arreglo con los acreedores privados fue completamente menospreciado y disimulado por los medios.

Por el contrario, la reacción de “los mercados” locales –es decir, los grandes intereses concentrados-, se expresó en un clarísimo intento de desestabilización cambiaria, a partir de la acción concertada de operadores en diversos mercados marginales que incrementaron la demanda, conjuntamente con la retracción de la oferta de dólares por parte de las empresas exportadoras, más la militante participación de la gran prensa que desató una andanada de rumores para inquietar al público y embarcarlo en la corrida cambiaria. Con mucha dificultad el gobierno logró contener transitoriamente la situación, cuando ya estaba afectando la provisión de bienes al mercado, debido a razones especulativas. Debemos señalar que esa transitoria tregua cambiaria se logró sin haber desmantelado los mecanismos económicos que permiten a sectores muy concentrados poder realizar chantajes cambiarios al gobierno de turno.

Parece insólito, pero el gobierno nacional se ve obligado a luchar defensivamente contra sectores influyentes del sector privado para tratar de estabilizar la economía y evitar una situación potencial de caos social. Esas corporaciones concentradas locales son mucho más severas en sus reclamos de ajuste de los ingresos populares y del gasto público que el propio Fondo Monetario Internacional y tratan de consolidar un cuadro de situación social altamente regresivo.

Es decir, lo que ha logrado el gobierno hasta el momento, más que formular un sendero positivo de expansión y mejora generalizada, es evitar que se haga más daño al tejido productivo y social del país. La actitud opositora privada no le da respiro ni le facilita ninguna política pública.

Por otra parte, las grandes mayorías por el momento no logran tener una presencia significativa en la escena pública.

La inacción de los sectores populares se explica en parte por las restricciones de movimiento y concentración que impone la pandemia, y a la natural espera de quienes apoyaron al F de T de las medidas de un gobierno que se considera amigo. Los diversos espacios políticos populares parecen desactivados, a la espera de novedades positivas que emanen de la acción estatal.

Esto no ha sido interpretado así por la derecha económica y política, que parece suponer que el gobierno no representa a nadie, o que se representatividad se ha ido evaporando. Las vacilaciones gubernamentales sólo agregan mayor audacia al campo opositor, que en algunos casos apuntan a poner en tela de juicio la autoridad gubernamental, o la capacidad de las instituciones democráticas para hacer cumplir las leyes.

Tampoco ayudan a fortalecer al campo popular las posiciones de la cúpula de la CGT –teórica representante de los intereses de los asalariados-, que suscribió a mitad de año un documento emanado de la Asociación Empresaria Argentina, entidad ultra conservadora y partidaria de mayor inequidad social y precariedad laboral. Es difícil encontrar en todo el espectro político posiciones más antipopulares, y la dirigencia cegetista las ha refrendado, en clara confrontación, por derecha, con la orientación general del gobierno.

Las lecciones sobre el Estado que ya nos dejó la pandemia:

2020 fue marcado por la expansión global del COVID-19. La desgracia de la pandemia fue una gran ocasión para ver cómo funcionan las sociedades en relación a un fenómeno externo. Especialmente si son capaces de auto organizarse, aprender, y de tomar las medidas más adecuadas para minimizar el impacto humano de la crisis sanitaria.

Con la pandemia vemos que los estados mejor preparados para enfrentarla tienen:

1) capacidad de planificación y gestión, utilizando diversos recursos tecnológicos.

2) capacidad de recopilación de información y de elaboración racional para aprender de la misma,

3) capacidad de movilización organizada y efectiva de recursos humanos adecuados. Pero sobre todo,

4) poseen autoridad ante la sociedad para tomar las medidas que hagan falta desde el punto de vista colectivo, sin tener que prestar demasiada atención a corrientes ideológicas delirantes o a la cháchara individualista que antepone los caprichos personales a las necesidades de protección de toda la sociedad.

Los estados que mejor gestionaron la pandemia tienen poder de coerción y suficiente validación social para aplicar las mejores medidas para evitar el desastre. Y poseen autoridad política sobre la inmensa mayoría de la población, lo que hace más sencillo tratar con los casos que se salen de la norma.

El fracaso de los Estados Unidos (¡ya superaron los 400.000 muertos!) en gestionar la pandemia, no es precisamente debido a las grandes capacidades de planificación, gestión, recopilación de información, etc. que tiene ese país, sino debido al boicot realizado desde el propio poder ejecutivo (Trump) al despliegue de las medidas de protección, atropellando a los propios científicos norteamericanos, y potenciando un individualismo egoísta muy difundido en aquella sociedad. Una pésima interpretación de la idea de “libertad” combinada con muy preocupantes ideas oscurantistas difundidas desde la cúpula del Estado.

En nuestro caso, las debilidades se manifestaron en un boicot generalizado de los principales medios de comunicación a la información veraz y a las medidas de cuidado tomadas por el gobierno. Este boicot se efectuó –y efectúa- en estrecha coordinación con un discurso opositor irresponsable que aludía a supuestas “libertades” y “derechos conculcados”. A estos hechos premeditados y alevosos, se suman las preexistentes debilidades de las instituciones estatales -como la poca capacidad y pericia de la policía y otros cuerpos para hacer cumplir las disposiciones, combinada con la anomia en los comportamientos individuales y la falta de conciencia colectiva que debería ser el principal soporte de las medidas de cuidado generalizadas. La derecha local, al igual que la norteamericana, apeló a un uso absurdo del concepto de “libertad” para promover el agravamiento del estallido pandémico.

En pocos lugares del mundo se ha observado la brutal falta de cohesión nacional que se puso de manifiesto en Argentina. Aquí presenciamos el uso escandaloso de las mentiras y rumores más disparatados por parte del bloque opositor para debilitar los cuidados públicos, y el boicot al propio proceso de vacunación promovido por fuertes intereses locales asociados seguramente a intereses geopolíticos y económicos norteamericanos.

El gobierno, no supo sostener con firmeza y convicción el buen rumbo que había determinado en un comienzo. Ni supo dar cuenta públicamente, comunicando y explicando con claridad, las dificultades humanas y limitaciones económicas que presenta un hecho epidemiológico de este tipo.

Acertó en encarar un amplio abanico de opciones de compra de vacunas, dada la insuficiente capacidad local para arribar a un producto local. De más está decir que nuestro país, con políticas públicas adecuadas, sostenidas en el tiempo, estaría en perfectas condiciones de alcanzar un grado significativo de soberanía científica y sanitaria que no la haga depender de situaciones inmanejables en otras latitudes.

Políticamente se perdió la oportunidad para plantear un buen debate sobre los efectos dramáticos del individualismo irresponsable y sobre la dañosidad social del oscurantismo y desinformación mediática. Hubiera sido una instancia de maduración política, que no se supo aprovechar. Aparentemente no hay ningún actor político que entienda la relevancia pedagógica de ese debate, o que esté dispuesto a encarar ese desafío.

Desde el principio de la pandemia hemos sostenido que al neoliberalismo global no sólo no le importa una gran cantidad de muertos, sino que considera como positivo económicamente que el COVID pueda dejar en el camino a una gran cantidad de gente mayor –que ya “no produce ni consume”- y a sectores vulnerables que sobrecargan los sistema de seguridad social a los que esta ideología desprecia y pretende descartar. Frenar las economías para salvar gente es para el neoliberalismo un doble mal, y ha tratado de boicotear los cuidados públicos en todas partes.

El neoliberalismo local tiene exactamente la misma lógica, y tanto en el discurso como en la práctica, intentó potenciar la pandemia minimizando los riesgos, instando a no cuidarse, presentando la desaprensión como una epopeya de libertad. Lamentablemente no se encontró con un claro y potente discurso de lo público, de la responsabilidad, y de las prioridades que debe tener una sociedad que se respete a sí misma.

La naturaleza del actual gobierno:

La experiencia kirchnerista puede ser analizada como un antecedente significativo de lo que puede esperarse del gobierno del Frente de Todos.

Recordemos que el kirchnerismo, luego de una primera etapa comandada por Néstor Kirchner muy exitosa, se encontró con una brutal oposición a partir del 2008, destructiva y desestabilizadora. La etapa que comandó NK fue básicamente keynesiana en lo económico, en el sentido que se basó en una fuerte expansión del gasto público y la demanda privada, que a su vez impulsó más la recuperación del empleo y los ingresos de las mayorías. No implicó ninguna confrontación estructural con los poderes fácticos, que habían quedado transitoriamente descolocados por el fracaso descomunal de la “convertibilidad”. Hasta allí, prácticamente todo el peronismo acompañó al gobierno K, porque todos los sectores económicos mejoraron su situación.

Pero cuando el núcleo sojero se lanzó contra el gobierno de Cristina Fernández a comienzos de 2008, encabezando un sorprendentemente amplio abanico social, una parte del peronismo empezó a retirarse de la confrontación, a la que no estaba dispuesto. En ese abandono de la experiencia kirchnerista participaron desde sectores importantes del sindicalismo peronista, del tradicional peronismo territorial articulado en las viejas estructuras del PJ, hasta figuras políticas reconocidas como Alberto Fernández o Felipe Solá.

Lo que mostró la crisis de 2008 fue que había una parte del peronismo que sólo está dispuesta a apoyar una reactivación en la cual “todos ganan”, pero no otro tipo de situación conflictiva en la que esté involucrado el poder económico. Entendemos que en el conflicto que se abrió en forma permanente desde 2008 entre el establishment y el kirchnerismo, no sólo hay un componente de disputa distributiva (AFJP, YPF, controles cambiarios y de precios), sino que lo que parece inadmisible para la elite corporativa local es que un gobierno –en la etapa democrática abierta en 1983- adquiera una fuerte autonomía política e intelectual, tanto en la política doméstica como en la internacional.

Cristina Kirchner logró a pesar de todo sostenerse en el gobierno y obtener la reelección por amplio margen, pero ya se había producido el desgajamiento de una parte del peronismo, que comenzó a jugar claramente con la derecha política (macrismo) y económica. Massa sirvió en ese escenario para debilitar las posibilidades de continuidad de un kirchnerismo vigoroso, lo que terminó empujando a una respuesta defensiva del espacio de Cristina: la candidatura de Daniel Scioli.

Ya en esa candidatura estaba prefigurada una suerte de admisión: buena parte del peronismo no se bancaba seguir confrontando con el establishment y con poderes globales, como los representados por los fondos buitres, apoyados indirectamente por el gobierno norteamericano. Una parte del peronismo –afuera y adentro de kirchnerismo- no quería ni pelear ni profundizar más, y Cristina accedió a promover un candidato a la medida de ese ánimo disminuido.

Cuatro años de constante ataque del macrismo, de los medios hegemónicos –hace ya 13 años que no cesan un día de denostar a CFK- y de un poder judicial politizado y conservador, no contribuyeron a fortalecer al kirchnerismo, que sin embargo supo sostener un extendido campo de lealtades bien ganadas por la gestión de los 12 años.

El macrismo protagonizó una gestión calamitosa, que carcomió su relato de modernidad y eficiencia. Pero seguía sin resolverse el problema de la construcción de una mayoría electoral alternativa. CFK leyó el cuadro y apostó a reintegrar en un único espacio electoral a los pedazos desgajados en el período previo.

El cálculo fue bueno, salió bien, y Alberto Fernández demostró sus grandes dotes de operador y negociador político, rearmando el barco peronista. Volvieron los sindicalistas conservadores, el justicialismo “de centro”, los caudillos provinciales, los intendentes políticamente neutros, los amigos de los poderes fácticos. Eso favoreció que diversas franjas electorales despolitizadas, sin grandes ideas ni convicciones más allá que su situación individual, y que habían sido transitoriamente captadas por el marketing macrista, volvieran a apostar a que el peronismo sería menos inclemente que el gobierno de los CEOs.

Diferencias entre 2021 y la gestión de NK:

Pero ahora volvemos al punto de partida: la coalición política Frente de Todos tiene una composición similar al primer kirchnerismo –aunque el cristinismo propiamente dicho tiene un peso importante-, donde efectivamente estaban todos, salvo algunos personajes vinculados al pasado y electoralmente acabados. Y eso significa que como conjunto diverso prefiere no sostener confrontaciones con los poderes fácticos, sino protagonizar una alegre reactivación en la que “ganen todos”, como ocurrió entre 2003 y 2007.

La novedad de la situación es que la derecha no es la misma que en los primeros años K. Se ha organizado y unificado tras un liderazgo sumamente reaccionario e ignorante, y ha protagonizado un gobierno calamitoso, a pesar de lo cual fue premiada con el 40% de los votos.

Es muy autoconsciente de su poder, ha aceitado su dominio y coordinación comunicacional, su presencia en puestos clave del poder judicial, y sus contactos permanentes con Estados Unidos, la Unión Europea y la derecha degradada de toda América Latina. Y ha decidido construir una valla infranqueable a los deseos reformistas de este gobierno: no se acepta nada, ninguna medida, ningún diálogo, ningún acuerdo.

Todas las propuestas de políticas públicas que no les convengan abiertamente serán rechazadas, y cualquier cambio regulatorio –aunque sea menor- será denunciado como chavismo, dictadura y otras desmesuras.

Así rechazaron la intervención estatal en una empresa vaciada y denunciada internacionalmente, así rechazaron el modesto Aporte de las Grandes Fortunas, así condenaron un cupo a la exportación de maíz, de la carne o el aumento de retenciones. También rechazan cualquier control de precios y cualquier medida de mínima contención de las exorbitantes ganancias empresarias en los sectores más concentrados.

Esta oposición ha formulado una estrategia de ofensiva permanente. La racionalidad y la sensatez de los argumentos han sido dejadas de lado, y ha detectado que el F de T es débil en varios de esos planos. A diferencia del kirchnerismo puro, que con sus limitaciones había estructurado un discurso propio y tenía un liderazgo orgulloso de sí mismo, la actual coalición no tiene un discurso fuerte, vacila, y no quiere confrontar.

Lo vamos a decir con total claridad: para lograr lo básico, lo mínimo, que es la reactivación económica, en la cual coinciden todas las fracciones gubernamentales –que convengamos que es un horizonte muy limitado para un país con el enorme potencial de la Argentina-, el gobierno deberá confrontar.

No porque quiera confrontar, ni porque haya variado su filosofía o talante político. Tiene que asumir que tendrá que sostener ciertas confrontaciones porque si no está condenado al inmovilismo y a un creciente deterioro político y electoral.

Para garantizar una mínima recomposición de los castigados ingresos populares deberá evitar que los saltos de los precios internos devoren toda mejora en salarios, jubilaciones y otras transferencias a millones de argentinos. Y en los precios internos se resume una estructura de poder en la cual se establecen las súper rentabilidades de sectores poderosos y concentrados.

En el período kirchnerista 2003-2007, la reactivación que ya se había iniciado en los últimos meses de la gestión de Duhalde, fue fuertemente impulsada por las medidas de NK. Fue tan exitosa, que prácticamente garantizó el primer triunfo electoral de Cristina.

Recién en ese momento, cuando se vio que había surgido un liderazgo alternativo, independiente de los poderes fácticos y que estaba al comando del Estado nacional, ahí la derecha empezó con la confrontación destituyente.

En el caso de Alberto Fernández, no sólo no tuvo tiempo de reactivar a causa de la pandemia, sino que desde el minuto inicial de su gobierno arrancaron atacándolo en todos los frentes, incluyendo el intento fallido de golpe de mercado cambiario. El boicot sigue, y es incesante, como lo señalábamos antes. La derecha más extrema está tan exacerbada, que parece considerar un objetivo valioso el completo fracaso del gobierno. Incluso de sus más modestas ambiciones en materia de reactivación.

Puede comprenderse que frente a un bloque de poder muy importante lo sensato sea no buscar confrontaciones innecesarias. Lo que aquí planteamos es que el bloque de poder dominante parece decidido a trabar, impedir o bloquear las acciones gubernamentales necesarias para mejorar la situación económica y social del país. ¿Qué es preferible hacer?

Si al mismo tiempo no se ejecutan acciones para ir revirtiendo la debilidad de las capacidades estatales, sus posibilidades de intervención y regulación, el cuadro defensivo se prolongará indefinidamente. Eso se puede observar en lo que ocurre en el mercado cambiario –donde relativamente pocos agentes están en condiciones de desestabilizar la economía-, en los mercados en donde se forman precios fundamentales (el de alimentos, por ejemplo) –donde también un puñado de productores y distribuidores pueden generar inflación o desabastecimiento-, en las capacidades recaudatorias siempre menguadas –donde la evasión nunca tiene castigo-, en la capacidad de supervisión sobre el comercio exterior y lo que ocurre en los puertos –se va del país mucha más mercadería (cereales y oleaginosas, pesca, minería) de la declarada-, etc.

Entre los elementos que pueden explicar esta inacción en materia de fortalecimiento institucional y político del Estado, no cabe duda que hay ausencias programáticas claras en el F de T y un falta de debate interno –y con conclusiones precisas- sobre las limitaciones que debió enfrentar en su momento la gestión kirchnerista para poder asentar un modelo social y económico más igualitario.

Si lo que se busca es seducir a un electorado moderado, que es ideológicamente bastante conservador pero sensible a la situación económica, no parece inteligente sacrificar la economía aceptando el inmovilismo para que la derecha no los asuste, porque los va a asustar el bolsillo y siempre la derecha tendrá algún cuento chino para decirles, aprovechando que tiene un ascendiente ideológico cultural sobre ese sector.

Actitud:

En los inicios de la gestión de Alberto Fernández ocurrió un hecho revelador. El gobierno comenzó a asistir alimentariamente a 11 millones de personas, para lo cual el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Daniel Arroyo, debió negociar compras masivas con diversos proveedores de productos alimenticios. Ante el trascendido que el gobierno había accedido a pagar a éstas grandes firmas mayoristas precios superiores a los de mercado, el ministro explicó que la situación social era sumamente grave, apremiante, y que los proveedores privados que exigían precios desmesurados “se le plantaron”. Es decir, amenazaron con no aprovisionar al Estado salvo que se aceptaran esos precios de saqueo.

He aquí un núcleo central que viene marcando a la gestión de Alberto Fernández.

No termina de asumir el papel vital que tiene el Estado Nacional para que la Argentina pueda revertir sus problemas y salir a flote.

El Estado Nacional, sus representantes, deben colocarse de otra forma frente a los intereses privados. El estado nacional no es un actor más, no es un negociante más, no es una pata más de una mesa de negociación.

El Presidente no es un CEO más, ni es un mediador más, ni es un técnico que “promedia” o pondera intereses sectoriales, según la capacidad de cada cual de “apretar”. Es el conductor responsable de la Nación Argentina. Y debería quedar absolutamente claro, por lo menos para los funcionarios públicos, que la Nación es muchísimo más importante que cualquier interés sectorial que la componga.

Dado que la función vital del Estado Nacional es garantizar la viabilidad social, sanitaria y económica de la Argentina, no puede pararse como mendicante en ningún tema.

Ni puede someter a debate sus principales decisiones estratégicas.  El impresionante descalabro de Vicentin, producto de empresarios estafadores, pero también de “fuerzas vivas” y políticas telecomandadas por los estafadores, y por jueces teledirigidos por los estafadores, es una lección de lo que no debe hacerse, y de lo que puede esperarse de un estilo que acepta el diálogo sin una brújula propia, y sin ponderar la calidad de los actores y de los intereses en juego.

En el caso de lo ocurrido con las compras gubernamentales de alimentos para 11 millones de compatriotas, debería ser inconcebible la expresión “se plantaron”. Debería desatar toda la capacidad de acción del Estado en todos los niveles para que ese episodio bochornoso no vuelva a repetirse. No se trataba de los honorarios de un decorador de la Casa Rosada, sino del acceso a la comida de millones de personas. La extorsión al Estado no debería tener la más mínima cabida. Y no debería quedar impune.

Tampoco en otros temas la extorsión debería ser la regla: “miren que si no voy a echar gente”, “miren que si no va a faltar mercadería”, “miren que si no, no voy a invertir o me voy a ir del país”. Es inadmisible que el Estado Nacional sea llevado a las patadas por cualquier fracción privada y que no pueda sostener su propia agenda de políticas públicas.

Hace falta otra actitud del elenco gubernamental, y de la fuerza política que lo respalda, si se pretende gobernar con eficacia a la Argentina en 2021.

Con otra actitud política se podrá recomponer la autoridad pública, otorgar credibilidad a las decisiones del Estado, y garantizar la gobernabilidad imprescindible para promover el crecimiento y mejorar la espantosa distribución del ingreso que hoy existe en nuestro país.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2021.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada No hay gobernabilidad sin autoridad política – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Introducción:

El comunicador y publicista de derecha Marcelo Longobardi realizó recientemente un servicio útil a la verdad en la sociedad argentina al referirse, con franqueza, a la necesidad de un “reformateo autoritario” de la sociedad argentina.

Si bien la palabra formateo proviene del mundo de la informática, se entiende que al tratarse de la sociedad alude a un replanteo completo de las reglas de funcionamiento de la misma. En la informática, un formateo puede resultar una tarea bastante sencilla, destinada a permitir resolver una situación en la cual quedó trabada la normal operación de una computadora. En la vida social y política, ningún formateo parece sencillo, ni pacífico.

En el caso de la Argentina, tenemos que analizar qué sería lo que está trabado desde la perspectiva del establishment económico argentino, de quien Longobardi es parcialmente vocero, para ver qué es lo que quieren reformatear.

Amargura y frustración en la derecha dura:

Sectores de la elite de negocios argentina no pueden ocultar su indignación y furia por el hecho de haber sido desplazados de la conducción del Estado Nacional por un frente partidario que no manejan plenamente, y que contiene a sectores políticos, encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, a los que han  tratado desde su gobierno como enemigos.

La elite de negocios argentina promovió y usufructuó el golpe de 1976, que si bien dañó severamente a los sectores populares y al futuro del país, no fue capaz de construir una herencia partidaria sólida que fuera custodia de su legado.

Luego del interregno alfonsinista volvieron decididamente al poder asociados con el menemismo y la Alianza, larga década en la que controlaron los resortes fundamentales del país, tanto por la transferencia de las capacidades regulatorias del Estado al sector privado, como por el control que ejercían sobre el sistema político y de buena parte de la opinión pública.

Las profundas inconsistencias de su programa de gobierno llevaron al estallido de todo el esquema en 2001, lo que abrió las compuertas a una nueva experiencia de signo popular, con el kirchnerismo. Utilizando todas las capacidades de desgaste político, económico y comunicacional, más el aporte externo de los fondos buitres y del aparato hegemónico global liderado por los norteamericanos, lograron desplazar al kirchnerismo y reinstalarse en el gobierno, en lo que parecía un período de control del país sin final a la vista, para realizar con plenitud sus negocios sectoriales.

La gestión macrista, que se inició con poderosísimos apoyos locales e internacionales resultó pésima, la que provocó la derrota electoral de un nuevo gobierno del establishment  argentino. Este sector no parece capaz de procesar con lucidez y sobriedad lo ocurrido.

El resentimiento de la derecha argentina se acrecienta constantemente, dada su imposibilidad de hacer una autocrítica sobre el devenir de sus propios gobiernos.

¿Por qué este sector de elite que agrupa diversos intereses corporativos concentrados es incapaz de autocriticarse, y por qué no hay un sector interno que rompa esa unidad superficial, para decir: “Nosotros tenemos responsabilidad en este desastre”?

Realizar un diagnóstico serio sobre su propia incompetencia implicaría un ajuste de cuentas con sus propios intereses, que demostraría la labilidad de un espacio social cuyo único programa en común es debilitar al Estado, apropiarse de rentas de privilegio y someter a los sectores sociales subordinados.

El problema político central de la derecha económica y política es que no tiene un proyecto económico viable. Es el factor que está detrás de sus reiteradas caídas.

Pero sus mayores capacidades ideológico-comunicacionales, su jerarquía de poder interna que cuenta con liderazgos claros y que provee de una estructura organizativa muy eficiente, y el contexto global de ofensiva de la derecha en las últimas décadas son las herramientas que le dan capacidad de volver al gobierno. Para fracasar nuevamente.

Ante esa imposibilidad político-ideológica, prefieren duplicar su odio y desprecio, y demonizar al enemigo “populista” que sería el responsable de todos los males y de todos los fracasos, lo que los lleva a caer en una versión infantil y ridícula de la historia argentina. Ya son tres oportunidades (Dictadura, menemismo, macrismo) en las que el establishment falla, y en que se ve desalojado del poder gubernamental por su propia incompetencia.

A pesar de la estrategia albertista de apaciguamiento democrático se los puede observar, a través de sus medios, como una oposición jurada y furiosa, que no se atiene a ninguna regla de juego ni ética ni democrática.

Desde el 10 de diciembre de 2019 presenciamos una constante prédica mediática de furia y odio contra la actual gestión, caracterizada por la moderación y el espíritu dialoguista. Furia y odio con el que educan y manipulan sistemáticamente a cientos de miles de argentinxs: no les ofrecen ideas y propuestas posibles, sino fantasías ideológicas imposibles y resentimiento contra la realidad que las frustra.

Función política del odio:

Ese odio es multiuso. En principio sirve para blindar y fidelizar a su propio electorado, impermeabilizado subjetivamente en relación a los argumentos racionales y a la información que contradice el relato derechista.

Pero también sirve para construir una disposición violenta, que puede ser activada en diversos escenarios alternativos. No hace falta que ocurran “hechos” específicos que la derecha puede considerar lesivos a sus intereses. Si un gobierno no les responde completamente, es leído como lesivo a sus intereses.

Se puede observar que, a pesar de los reiterados fracasos de ese sector social, su asertividad crece, así como su intolerancia a la pluralidad democrática, que implica el reconocimiento de la existencia de otros sectores con otros intereses en la sociedad.

La aparición de un electorado furioso e irracional ocurrió durante la gestión de Cristina, en principio por el conflicto de los productores sojeros contra el gobierno, y luego fue incorporado a las prácticas movilizatorias de la derecha, que intentó comportarse como si estuviera frente a un gobierno chavista, denunciando libertades perdidas inexistentes.

Todo el período macrista fue aprovechado para realizar una representación pública del libreto “se robaron todo” –muy usado en toda la región-. Más allá de la realidad y las pruebas, el veredicto emocional de un sector de la población se continuó afianzando, y significó en la práctica un veto a la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. La reacción furiosa y delirante, si ella era electa, estaba garantizada.

La lógica comunicacional en el campo político del macrismo es la siguiente: si la capacidad argumentativa es baja o nula, se incrementa la emotividad, el odio. Para el establishment, cuanto menor sea su capacidad de ofrecer prosperidad en la realidad concreta, mayor es el recurso al  odio y la irracionalidad social.

Y para la derecha en general, y ahí aparecen los longobardis, cuanto menor sea la capacidad de usar las instituciones democráticas para avanzar en sus propios negocios, más odio y disposición a removerlas.

La existencia hoy  de instituciones democráticas, de sindicatos, de partidos políticos alternativos, de medios de prensa que no controlan, es un obstáculo para el cumplimiento de sus demandas sectoriales, y reaccionan frente a esa situación preguntándose por qué no eliminar todas estas molestas restricciones a su “libertad”.

Seguramente, sectores internos de la derecha concluyeron que el fracaso macrista se debió a no haber aplastado mucho más las instituciones, reprimido las protestas, y silenciado aún más a la prensa. Fujimori sería el ídolo secreto de este sector extremista y antidemocrático.

La teoría detrás del reformateo autoritario

La impaciencia ante los “contratiempos políticos” inesperados por el establishment, el malestar ante la existencia de sectores sociales que tienen otras demandas y necesidades, la premura por ganar más y de eliminar todo tipo de factores que restrinjan la rentabilidad, la sensación de impunidad del capital global otorgada por la desaparición imaginaria de la amenaza comunista, la impunidad real que ha tenido el poder económico local –que no ha sido visualizado entre los responsables de las crisis económicas-, y el contexto global que invita a nuevos avances sobre los derechos y el nivel de vida de las mayorías, están detrás de la idea del reformateo autoritario. No es nuevo en nuestra región.

El argumento es el que proporcionó en su momento al pinochetismo triunfante en Chile el economista de la Escuela de Chicago Milton Friedman: para que el mercado funcione bien, y pueda ofrecer todos sus frutos, en ciertas sociedades subdesarrolladas primero hay que suspender la democracia para hacer las reformas necesarias que posibiliten dicho auge de los mercados. Hechas las reformas neoliberales, y conquistado el camino “a la prosperidad”, se puede volver a la democracia, ya que no habría fuertes impugnaciones al modelo debido a la abundancia lograda.

Todo este “razonamiento” es un hilo de falsedades encadenadas.

El neoliberalismo en la periferia latinoamericana no lleva a ningún sendero de progreso colectivo. No hay un solo caso. En América Latina el ejemplo gastadísimo es el modelo chileno. 17 años de dictadura brutal para instalar la “economía de mercado”, luego 30 años de instituciones controladas por el poder económico y militar. Sin embargo ese modelo está recibiendo un repudio considerable luego de décadas de dominación y súper ganancias empresariales pero con muy escasa mejora para las mayorías. Ese es el “techo”, el súmmum posible del neoliberalismo latinoamericano.

El mercado –en realidad, el control de los grandes capitales sobre la principales fuentes de renta- no funciona ni puede funcionar bien en América Latina en los términos de las fantasías de “prosperidad”, “oportunidades” y todo el despliegue de ficciones para las masas a los que nos ha acostumbrado la derecha regional y sus medios.

El capitalismo periférico, conducido por sus dueños, es exactamente esto que hay ahora, y no otra cosa. Los dueños del capitalismo periférico sudamericano son un sector social con una disposición completa a la adaptación al orden global promovido desde los países centrales a favor de sus multinacionales. Ese orden reserva para las economías sudamericanas un lugar de proveedores de recursos naturales “al mundo”, incompatibles con tener sociedades prósperas e integradas.

Si existiera dentro del establishment argentino un sector con un proyecto diferente, socialmente incluyente y económicamente viable, tendría que aparecer y expresarse, y formular una crítica a las políticas económicas implementadas por los gobiernos empresariales. Además usar su poder para construir una alternativa política. Pero hace décadas que ese sector concentrado, presunto portador de progreso real para el conjunto del país, no aparece.

Al contrario. Las comunicaciones públicas, los documentos con análisis y propuestas que emanan de las entidades más poderosas y abarcativas de la elite, como la Asociación Empresaria Argentina, o el Foro de Convergencia Empresarial, son pura ideología sin sustento serio, diseñados para justificar transferencias de ingresos de la sociedad hacia sus empresas. Nada más.  

Foto: Agencia Télam.

Ideologías de guerra civil

Impaciencia, frustración, urgencia.

La derecha, en todo el planeta, necesita buscar culpables de las insatisfacciones crecientes provocadas por el reino del neoliberalismo y la pandemia. Y en la Argentina también.

Un simple paseo por las redes y sitios donde la derecha se expresa más abiertamente, sin tapujos ni afeites democráticos, nos permite avizorar un paisaje donde furia y sentimientos agresivos se combinan con falta de argumentos, delirios de la guerra fría, y fantasías de jardín de infantes sobre un supuesto capitalismo de la abundancia.

Hablan con imágenes que retrotraen a la sociedad norteamericana de consumo y abundancia de los años ´50, que sería fácilmente implementable en Argentina, si no fuera porque la bloquean los políticos, los populistas, los negros, los gremios, los tibios, los derechos humanos, los abogados laboralistas, las garantías constitucionales y todo lo que habitualmente se suele considerar como instituciones características de una sociedad plural y civilizada.

La bestialización de las opiniones en los espacios de derecha parece no tener límites. Además de mostrar una profunda degradación cultural y moral, preocupa por una deriva hacia la violencia muy similar a la de los fascismos europeos de los años 20 del siglo pasado.

La creciente disposición a la violencia –por ahora verbal- es el único puente que une a ambos momentos históricos, porque las realidades son muy diferentes. El fascismo europeo surgió en el contexto del miedo al avance del comunismo, fenómeno político radical que atemorizaba no solamente a las elites europeas, sino a sectores medios de esos países. Y esa reacción se transformó en un nacionalismo expansionista, con fuerte protagonismo estatal en el impulso de la producción industrial y la protección social.  

El actual autoritarismo latinoamericano no aparece frente a una radicalización popular que cuestione el sistema, sino frente a demandas mínimas de protección social, de empleo, o de mejora de la economía nacional, que parecen ser inaceptables para los sectores más reaccionarios. La radicalización de la derecha latinoamericana no constituye una ruptura con sus fracasos tradicionales, sino que apunta a profundizar las políticas ya fracasadas: la destrucción del estado, la extranjerización económica, la desindustrialización, la represión social sin propuestas de progreso.

Se van sembrando ideologías de guerra civil. No son meras discrepancias, sino que incluyen una fuerte denegación no ya de las opiniones de los otros, o del mero derecho a expresarlas, sino que empieza a aparecer una tendencia a denegar la existencia del otro, por innecesaria, o perjudicial, o parasitaria.

El argumento izquierdista de la lucha de clases, en la cual la clase explotada tiene derecho a sublevarse para terminar con la explotación a la que la somete otra clase, aparece transmutado en manos de la derecha radicalizada en un esquema inverso: la existencia de sectores que “crean valor” frente a otros sectores parasitarios, que “viven de los que crean valor”.

En el mundo de la derecha internacional, “crean valor” las empresas, o dicho en forma menos velada, los empresarios. Que estarían soportando el tremendo peso de todo el resto de la sociedad, que los molesta con sus pedidos y demandas. Una suerte de un capital autonomizado de la sociedad, que está desconociendo los fundamentos mismos del orden social que hace posible el funcionamiento de las empresas.

Ese argumento sobre la explotación económica a la que está sometido el capital, es acompañado por la idea de que lo que ocurre en las elecciones es que gana el partido de los parásitos, que utiliza recursos extraídos de los que “crean valor” para “comprar” a los votantes parásitos, mediante políticas redistributivas.

La democracia de los parásitos sería así intolerable para el bando de los que realmente valen, que son los que crean valor. “Crear valor” es una expresión relativamente reciente del capitalismo financierizado, que no es exactamente equivalente a producir riqueza, sino a producir ganancias, que es otra cosa.

Pero mientras que para el socialismo, eliminar la explotación equivale a erradicar las instituciones sociales que la hacen posible  –la propiedad privada de los medios de producción-, en la actual ideología de guerra civil de la derecha, las fantasías pasan por la desaparición física, o la reducción a la insignificancia de los sectores sociales percibidos como “costo” innecesario. 

Foto: Afp.

Furia y desprecio para todos y todas:

De ese sector crecientemente extremista de la derecha local surgen incesantemente ataques contra las universidades públicas, incluso contra la UBA en general, como si se tratara de un centro de adoctrinamiento marxista. Cualquiera que forma parte de la sociedad civilizada y conoce mínimamente la UBA sabe perfectamente la distancia que hay entre ese ámbito académico y un espacio de militancia revolucionaria.

También la furia irracional se extiende nada más y nada menos que hacia el CONICET, que constituye la gran esperanza nacional en términos de investigación y desarrollo para aportar al progreso del país. Parece increíble este tipo de ataques a quienes se forman para aplicar la ciencia a resolver problemas productivos y sociales. Tildan a los científicos de parásitos, de ñoquis, y se ridiculiza sus investigaciones y sus logros. Todo lo importado es mejor.

Una campaña de denostación de las capacidades científicas sería inconcebible en países desarrollados. Pero estamos en presencia de una derecha periférica muy degradada, completamente hostil al estado, a la idea de soberanía y verdadera correa de transmisión de las necesidades de los países centrales en las sociedades periféricas.

El desprecio, por supuesto, se traslada a todo lo que ha significado el impacto del movimiento de mujeres en la sociedad y su poderoso mensaje igualitario.

De ese clima delirante, de esa ciénaga del pensamiento, que muestra hostilidad ya no hacia la izquierda, sino hacia la socialdemocracia, e incluso a sectores de centro, salió la persona que amenazó de muerte a la legisladora progresista norteamericana Alejandra Ocasio Cortés, los grupos de twiteros que insultan groseramente a gente que simplemente argumenta en defensa de criterios distintos a los de la derecha, o los que pusieron las bolsas fúnebres con el nombre de Estela Carlotto en una manifestación antisanitaria en Plaza de Mayo.

Cerrados sobre sí mismos, enclaustrados en un ámbito de agitación auto-radicalizante, resta saber quiénes son los factores que promueven y financian estas corrientes hostiles a la democracia en cualquiera de sus acepciones.

La ineficacia congénita de los reformateadores autoritarios

La derecha local, autoritaria o no tan autoritaria, ha mostrado en sus reiterados ensayos su incapacidad estructural para crear un modelo neoliberal viable y tolerable para la sociedad, a pesar de haber contado con condiciones políticas y económicas de inicio muy favorables para lograrlo.

Un nuevo “reformateo autoritario” sería conduciría a otro desastre, ya que se centraría en despojar aún más a los trabajadores y sectores medios de sus ingresos y reprimir sin límites y por tiempo indefinido no sólo las protestas sociales, sino el propio derecho de opinión y de información.

Un intento así por parte de la derecha, más allá de la forma que asuma, puede ser muy duro y doloroso para las amplias mayorías. Pero el cúmulo de contradicciones e inconsistencias económicas que arrastran los proyectos de derecha los conduce a la inviabilidad y a la auto desestabilización, y terminan envueltos en el propio caos que generan tanto sus políticas económicas como las consecuencias sociales de las mismas.

Reformateo popular:

La pregunta hipotética sería: ¿Qué haría un futuro gobierno popular frente a un nuevo espectáculo grotesco de desgobierno neoliberal? ¿Actuar otra vez como bombero de la crisis provocada por los irresponsables? ¿Tratar de remendar los desastres de endeudamiento, de cierre de empresas, de desempleo masivo, de derrumbe del nivel de vida de la mayoría, volviendo a tener que soportar el asedio de los fracasados y las miles de trabas que han ido construyendo para el ejercicio de la soberanía popular?

¿Pero qué pasaría si un proyecto con inspiración en las mayorías no tuviera las restricciones que se han construido desde el golpe cívico militar de 1976, si no tuviera que sufrir el constante cepo del aparato judicial reaccionario que hoy condiciona la Argentina, si no tuviera que nadar en contra de la deformación que los monopolios mediáticos le imponen a la opinión pública, si pudiera contar con el conjunto de instrumentos de regulación que el estado –durante los gobiernos liberales- le fue cediendo al sector privado para que presione, extorsione y condicione a voluntad las políticas públicas?

En realidad lo que estamos viviendo desde 1983 –un legado de la dictadura que ha sido profundizado en cada nuevo ciclo neoliberal-  es una democracia condicionada por los poderes fácticos, que ejercen un control tal sobre los resortes centrales de la vida política y social, que el voto popular tiene cada vez menos peso en la determinación del rumbo del país.

Es decir, vivimos en una democracia limitada y trabada, de la cual ya tenemos reiteradas pruebas de insuficiencia o de abierta impotencia para cumplir con las aspiraciones populares debido al conjunto de restricciones que le han ido imponiendo.

El actual estado institucional del país, que no satisface a la derecha dura porque considera que aun así es un obstáculo para mejorar sus rentabilidades, no puede satisfacer tampoco a los que estamos convencidos de que Argentina tiene suficientes recursos para proveer de un considerable grado de bienestar a todxs sus habitantes.

La trampa de una democracia reducida a una serie de rituales institucionales, pero vacía de su contenido profundo, nos obliga también a imaginar una reconfiguración democrática que libere a las instituciones representativas de las restricciones conservadoras que limitan el ejercicio pleno de la soberanía popular.

Ya no basta con el objetivo alfonsinista de que “un Presidente electo le transfiera la banda presidencial a otro Presidente electo”, sino que ambos presidentes deben poder cumplir sin trabas institucionales ni boicots de las corporaciones con el mandato popular recibido.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2021.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

El crecimiento de la economía, pero sin mejorar la distribución del ingreso y el nivel de vida de la población, es una meta conservadora.

Los experimentos neoliberales nos acostumbraron en Argentina a decrecer o a estar estancados, por lo que crecer ya nos parece un resultado positivo, pero no alcanza.

Para llegar a ser una sociedad en donde valga la pena vivir, crecimiento y distribución tienen que ir de la mano. Los pésimos resultados de las gestiones neoliberales han bajado tanto la vara, que las metas conservadoras parecen progresistas, pero no lo son.

El gobierno del Frente de Todos no está logrando modificar esa distribución muy regresiva del ingreso dejada por el macrismo, y es importante analizar por qué, ya que las metas explícitas del Frente apuntan en una dirección progresista, o digamos peronista originaria.

Una de las razones importantes de esta dificultad es que el Estado ha sido despojado –desde la dictadura cívico-militar para acá-, de instrumentos regulatorios y de intervención en la economía, necesarios para lograr cierto grado de gobernabilidad económica, y no los ha recuperado hasta el presente.

Ni siquiera se ha derogado la ley de Reforma Financiera antinacional de Martínez de Hoz. Desregulaciones, privatizaciones, disolución de organismos de control, colonización del Estado por agentes de las corporaciones, han sido un combo inmovilizante, que sólo empezó a ser revertido, en cierta medida, durante la gestión kirchnerista.

El Estado nacional no sólo ha sido despojado de instrumentos básicos de control en las gestiones neoliberales. También ha sido endeudado, puesto en una situación de permanente penuria presupuestaria por esas mismas gestiones, situación que lo condena a tener menos capacidades en general para inducir cambios significativos en cualquier orden de la vida pública.

Pero también, y tan importante como los problemas objetivos que mencionamos antes, las fuerzas que encarnan y buscan un proyecto común, colectivo, abarcativo, han perdido peso e influencia ante las ideologías de la insolidaridad, el individualismo feroz y el desprecio por el destino común.

La derecha ha ido asumiendo cada vez con más claridad un tono agresivo, de rechazo a la igualdad social y a cualquier intervención del Estado en la economía, y ha conseguido acumular un electorado importante, que avala –sabiéndolo o no- el debilitamiento del Estado a favor de las corporaciones, no importa si locales o extranjeras.

En ese contexto, que no es sólo local sino internacional, se ha producido un debilitamiento de los sectores populares, tanto en términos materiales producto de la desindustrialización, el desempleo y el empobrecimiento a lo largo de décadas, como en términos político-ideológicos, a través de una creciente vaguedad en el discurso y en la endeblez argumental de sus representantes.

Queremos abordar con más detalle este punto, que nos parece un requisito para avanzar en las tareas de reconstrucción nacional.

El gobierno de Alberto:

La gestión de Alberto Fernández ha sido marcada duramente por la emergencia de una grave pandemia, que desplazó las metas originariamente trazadas en el 2019. Tan importante ha sido la irrupción del COVID 19, que impregnó todas las políticas públicas. Y muchos de los conflictos y enfrentamientos latentes en la sociedad argentina se expresaron, precisamente, en torno a la gestión de las acciones públicas para enfrentar la pandemia. Pandemia y economía han estado estrechamente relacionadas, y nos parece oportuno tomar ciertos episodios políticos que nos permiten visualizar las tensiones que afronta un gobierno con buenas intenciones, pero que es amedrentado por los poderes fácticos, sin atinar a transparentar ante la sociedad el tipo de presiones que debe soportar.

El manejo de la pandemia:

Recordemos que originariamente el gobierno mostró una fuerte predisposición a tomar medidas activas de protección del conjunto social, que incluían medidas de aislamiento y de necesaria paralización económica, que afectaron a una enorme cantidad de habitantes.

Si bien el gobierno apuntó a asistir en un grado amplio a los afectados, lo cierto es que después de unos meses, se vio fuertemente presionado por “los mercados” a reducir el déficit fiscal, amenazado con la posibilidad que le armaran –y le armaron- una corrida cambiaria con la excusa de que “había mucho dinero en circulación”.

A lo largo del año 2020, se observó una menguante presencia pública educativa en los medios, se diluyó la publicidad de prevención y cuidado, y se fue reduciendo la distancia que separaba al gobierno nacional del enfoque negacionista “simpático” del Jefe de Gobierno de CABA, Rodríguez Larreta, quien no cesaba de dar “buenas noticias” que tenían que ver con desmontar progresivamente la medidas protectivas, basándose exclusivamente en la premisa de no gastar un peso en ayuda a personas o pequeñas empresas.

Es más, en la provincia de Formosa, donde se tomaron las medidas más rigurosas para evitar que se introdujeran focos de contagio, que lograron un éxito sanitario rotundo con un solo muerto durante 2020, Juntos por el Cambio organizó un fuerte movimiento de resistencia “en nombre de la libertad”, apoyado por los grandes medios nacionales alineados en la política de boicot a los cuidados, lo que a su vez llevó al gobierno nacional a presionar a esa provincia para que se “alineara” con el resto de las provincias… en restricciones más laxas. La premisa reiterada por el Presidente de respeto por el valor del federalismo quedó así dejada de lado en este caso, en función de las predilecciones ideológicas del neoliberalismo opositor.

Para este año, en el cual continúa la pandemia en el mes de agosto, avanza la campaña de vacunación, y aún se registran cientos de muertos diarios -mientras observamos la amenaza latente de la variante Delta-, no se previó en el presupuesto ningún gasto especialmente aplicado a la protección antipandémica, y se debilitó la voz y la presencia pública dedicada a esta problemática.

Las medidas de protección en general se aplicaron con mucha laxitud, sin controles eficientes, y quedando “a voluntad” de los diversos actores, tanto institucionales como personales en los distintos puntos del país y en los lugares de ingreso desde el exterior.

La gente responsable se cuidó y cuidó a los demás, y la gente no responsable no, casi como si fuera una cuestión de opiniones y gustos personales contribuir o no a esparcir el virus que resultó letal para más de 100.000 compatriotas.

Un enfoque liberal antisocial primó sobre prácticas más organizadas y protectivas, que se pudieron implementar en diversos lugares del mundo porque el Estado tuvo más decisión política, y las oposiciones no asumieron actitudes negacionistas.

“El IFE va al dólar”

En el medio de la pandemia, del empobrecimiento de sectores amplios, de la caída en el valor real de la mayoría de los salarios, se produjo en los meses de agosto, setiembre y octubre una arremetida cambiaria contra el dólar oficial. Sectores privados actuaron sobre el dólar paralelo en sus diversas variantes, esparciendo rumores de devaluación acompañados por la prensa conservadora más influyente. No lograron el cometido de forzar una devaluación –que hubiera sido socialmente catastrófica-, pero lograron algunas disrupciones en la cadena productiva, y la generalización de remarcaciones que aceleraron la inflación en los meses subsiguientes, sin ningún justificativo real.

Los economistas neoliberales, con presencia en casi todo el espectro mediático, sostuvieron la versión de que como el gobierno estaba realizando mucho gasto público financiado con “emisión monetaria” (o sea, gastaba sin pedirle la plata a los bancos), eso era lo que provocaba inflación.

Luego se supo, también muy asordinadamente, que empresas habían declarado importaciones por valores muy superiores a la realidad, o que habían pagado una parte sorprendentemente alta de sus compromisos externos, todas excusas para obtener dólares del Banco Central, más “baratos” que en los mercados marginales. Se descubrió, también, que 2.000 empresas que recibieron aportes del Estado para que pudieran pagar los sueldos y no despidieran personal, también compraron ilegalmente dólares. Esas maniobras también contribuyeron a mermar las ya escasas reservas oficiales, reforzando la incertidumbre y la inestabilidad cambiaria.

El gobierno prefirió no hacer olas en relación a todas esas maniobras, no denunciarlas pública y judicialmente, y dejarlas pasar como si se tratara de “otra travesura de los mercados”.

Ahí vemos una clara señal de debilidad política y discursiva. No se puso a la luz de toda la sociedad un conjunto de maniobras que fueron al mismo tiempo extorsivas y desestabilizadoras, con numerosas complicidades revestidas del conocido discurso pseudo técnico de “la lógica de los mercados”.

Pero vemos un problema aún mayor en las declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo, semanas después de concluido lo peor de la corrida cambiaria, que buscaban la explicación de la corrida cambiaria en que “el IFE[1] fue al dólar”.

Allí encontramos un problema serio. No sólo porque esa interpretación ocultaba en este caso la responsabilidad de las maniobras especulativas del sector empresarial, sino porque revela una traba conceptual preocupante tratándose de un gobierno popular: si toda expansión monetaria orientada a incrementar la demanda de los sectores populares es interpretada como una potencial generadora de corridas cambiarias, devaluaciones, y saltos inflacionarios, nada económicamente expansivo ni promotor de mejoras en la vida popular se podría hacer.

Dicho de una forma más gráfica: si se aceptara la extorsión de los mercados, y se la transformara en “saber económico”, cada vez que el gobierno pretendiera mejorar el acceso de los sectores postergados a una mayor cantidad de bienes y servicios, “los mercados” tendrían un supuesto aval  “técnico” para mover los precios de forma tal que los sectores populares pierdan el poder adquisitivo ganado por efecto de las políticas públicas.

En materia de política económica, el Estado carecería de autonomía para moverse, ya que la parte concentrada del sector privado movería las palancas del dólar y los precios, para disciplinar al gobierno.

Una cosa es que este fenómeno esté ocurriendo, producto de décadas de ofensiva neoliberal sobre la sociedad. Otra cosa es que supongamos que eso es natural, y que lo debamos aceptar.

Lo preocupante es que esas fueron declaraciones del Ministro de Economía, de formación heterodoxa, y del Jefe de Gabinete, de procedencia peronista. ¿Estaban convencidos de lo que decían, o lo hacían para congraciarse con los operadores de “los mercados”, asumiendo posiciones conservadoras en sintonía con la ideología antiestatal que caracteriza al empresariado más concentrado?

Si fue para tranquilizar a los mercados, disimulando su responsabilidad en la desestabilización económica, se estaría aceptando que de hecho los mercados cogobiernen el país junto con las autoridades democráticamente electas. ¿Cómo se llama un régimen político así? Al menos parecería necesario revisar las definiciones tradicionales de democracia y república.

Habría que buscarle un nombre nuevo a un sistema de cogobierno constituido en parte por autoridades políticas emanadas del voto popular, que reflejan todos los matices de opinión existentes en la ciudadanía, y por otra parte por autoridades fácticas emanadas de las distintas fracciones del capital, con visiones conservadores y retrógradas de la sociedad.

¿Por qué se acepta esta situación? ¿Se trata de la “nueva normalidad” de una democracia sumamente restringida?

El telón de fondo de las decisiones en pandemia:

Hemos aprendido mucho en la pandemia sobre cómo funciona la sociedad y el estado.

Al comienzo, vimos que era concebible una situación en la que para evitar olas masivas de contagios se tuvieran que suspender actividades que favorecían el contagio masivo, y por consiguiente el Estado debía ayudar a subsistir a los sectores obligados –por razones de interés general- a desactivarse.

Si ese principio pareció sensato, no fue tan claro cómo poder implementarlo, dada la sociedad realmente existente, tanto por sus comportamientos individuales y grupales, las capacidades o debilidades del Estado, y las ideas que circulan, chocan y prevalecen en el conjunto social.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, para reducir los daños de la pandemia –muertos, enfermos, desborde del sistema sanitario, deterioro sicológico, etc.- es fundamental que el Estado tenga capacidad organizativa, autoridad política, y poder de disciplinamiento suficiente para reorientar transitoriamente los recursos sociales hasta que se pueda retornar a cierta normalidad.

Como estaba involucrada la subsistencia material de millones de personas, al Estado le tocaba asumir claramente tareas redistributivas de emergencia para que todos coman, tengan acceso a servicios públicos básicos, reciban los cuidados sanitarios necesarios,  y no sufran ninguna situación que implique un deterioro permanente de su condición social.

Parte de eso se logró, pero también empezó rápidamente a operar políticamente la contratendencia encabezada por la derecha en todas sus vertientes, orientada a desmontar la ayuda masiva, por peligrosa para el statu quo económico.

Si se observa con atención, un Estado empoderado, que asume con eficacia una tarea de protección colectiva, que se represtigia como un aparato organizativo útil ante la sociedad, que demuestra lo valioso de emprender acciones económicas redistributivas, no es lo que figura en los planes del establishment económico argentino.

Para cumplir la hoja de ruta neoliberal, se requiere un Estado desprestigiado, lejano, corrupto, ineficaz, que se adapte al libreto “libertario” sobre lo maligno que es el Estado. Recordemos que en algún momento, el ministro Arroyo aludió a la posibilidad de implementar una forma de “ingreso universal”, como una forma estable de garantizar un piso mínimo a toda la sociedad. Eso fue rápidamente archivado, junto con las partidas presupuestarias específicas para la pandemia.

¿Sacar conclusiones estratégicas sobre las características que debe tener nuestro sistema de salud, sobre la deforme concentración geográfica de nuestra población, sobre la calidad y distribución de la vivienda urbana, sobre el presupuesto y orientación del sistema científico y tecnológico nacional, sobre las producciones estratégicas imprescindibles para garantizar cuidados masivos en el territorio nacional? Grandes temas que emergieron, para ser rápidamente sepultados por cuestiones menores, ya que no forman parte de la agenda de “reformas estructurales” del neoliberalismo local.

Que el neoliberalismo argentino no quiere abordar ninguna de éstas cuestiones es entendible, porque caen fuera de su mirada, que no guarda relación alguna con los problemas sustanciales de la Nación.

Pero que en el campo nacional esto no se aborde, no se exponga a la luz pública para promover la discusión –que tiene implícita la saludable decisión de tener un destino común- muestra un quietismo de ideas sorprendente.

El telón de fondo de esta discusión es si Argentina va a continuar con un Estado impotente para cambiar las cosas, completamente funcional al establishment económico y social, o si se va a asumir la gran tarea de construir un Estado eficaz y activo en relación a una agenda popular.

La complejidad de la situación:

Transcurrida una parte ya importante del mandato de Alberto Fernández, y más allá de los efectos de la pandemia, el gobierno presenta algunos rasgos poco nítidos, que nos hacen pensar en la influencia e incidencia del pensamiento de derecha en el propio espacio nacional y popular.

Un aspecto que ha sido reiterado en numerosos análisis es la falta de un discurso convincente, nítido, que permita distinguir con claridad las metas actuales de lo realizado por la derecha. Da la impresión de que existe en numerosos funcionarios un sometimiento permanente a la mirada de la derecha, y que el gobierno parece no contar con herramientas ideológicas internas para lidiar con el problema.

Al sistema de valores individualista, irresponsable y cipayo de la derecha no se lo está enfrentando con claridad con un sistema alternativo de ideas. Desde el Ejecutivo se han dicho muchas cosas interesantes, señalado problemas relevantes y cuestionado aspectos centrales del funcionamiento de la justicia, de la economía, de la relación de las grandes empresas con el Estado, de las relaciones con el FMI y el endeudamiento.

Sin embargo, ninguno de estos ejes importantes ha perdurado, se ha mantenido invariable. No parece haber ejes estables de la acción pública. Cambian, se desvanecen, aparecen otros, lo que resta credibilidad a las prioridades públicas.

No queda claro si esto se relaciona con las dificultades institucionales y políticas que se encuentran en cada paso que se quiere dar, hecho palpable, o a una cierta inconstancia y falta de perseverancia en el abordaje de cuestiones estratégicas.

Tampoco se terminan de enunciar metas ambiciosas, que entusiasmen a grandes sectores, más allá de cuales sean sus preferencias políticas. No se construye una agenda popular fuerte.

Estas limitaciones ¿son atribuibles exclusivamente a la innegable presión conservadora de la derecha en todos los niveles, o también a miradas y actitudes internas que debilitan la potencia de la acción estatal?

La fragilidad:

No cabe duda de que una parte de la derecha partidaria, mediática, empresarial y judicial es destituyente o golpista. Partidaria del “reformateo autoritario” por el que debería pasar la Argentina que no los obedece. Todo lo que hacen todos los días lo muestra en forma evidente.

¿Alcanza eso para explicar por qué el gobierno se comporta como se comporta?

La duda se traslada a nuestro terreno ¿cuán frágiles somos políticamente? Si la auto percepción de fragilidad político-institucional del gobierno del Frente de Todos impregna el comportamiento de los funcionarios, la beligerancia de la derecha habría cosechado sus frutos en términos de inmovilidad estatal.

Pero ¿estamos usando todos los instrumentos de los que se dispone en política, todas las herramientas comunicacionales y organizativas, estamos movilizando todas nuestras fuerzas, todas las capacidades existentes en nuestro espacio, activando todos nuestros músculos en la disputa política?

Y si no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? ¿Por límites políticos, ideológicos, culturales, o para evitar herir susceptibilidades de las fuerzas amenazantes?

La estrategia de evitación de choques y conflictos:

Los vaivenes del gobierno en relación a avanzar con políticas públicas o detenerse y conformarse con lo que “se puede” ¿responden a una lectura de la correlación de fuerzas?

Aquí es importante distinguir entre dos cuestiones: una es la realidad de la correlación de fuerzas –suponiendo que fuera posible evaluar “objetivamente” tal cosa-. Esa realidad debe ser reconocida para no cometer errores en la acción política. La segunda es qué se hace en relación al problema.

Si se toma la “correlación de fuerzas” como un hecho exterior al gobierno, estático, determinada por fuerzas inmanejables, no hay demasiado para hacer sino adaptarse, en nombre del realismo político, a un cuadro desfavorable para realizar transformaciones. Si en cambio esa correlación se considera modificable, a través de la acción gubernamental, la movilización popular y la voluntad política, se pueden determinar cursos de acción para fortalecer al gobierno, ampliar sus márgenes de libertad de acción, acrecentar y tonificar su respaldo popular y poder avanzar hacia las metas deseadas.

Precisamente uno de los elementos clave para fortalecer al gobierno lo hemos señalado antes: un discurso claro y distinto, alineado con los intereses y preocupaciones mayoritarias y diferenciado de la agenda machacona de la derecha.

Si no se acepta y se asume la confrontación de ideas, si no se disputa la opinión pública apuntando a convencer y atraer ciudadanxs que carecen de una clara definición política, si se acude a subterfugios para no chocar discursivamente con la derecha mostrando algo que puede leerse como falta de convicción, queda un vacío que es llenado por discursos irracionales con fuerte contenido emotivo, y la correlación de fuerzas empeora constantemente. No se puede regalar la “opinión pública” por no parecer confrontativo con quienes confrontan sistemáticamente, porque se van reduciendo las posibilidades de gobernar.

Es cierto, la derecha ha logrado construir un público fiel, no por sus logros, sino por su capacidad publicitaria muy bien trabajada, que aprovecha exitosamente los prejuicios y la desinformación de mucha gente. Pero si no se cambia esa distribución de la opinión pública, si no se apunta a informar y esclarecer a parte de ese 40% que fue capaz de aprobar con su voto el desquicio macrista, y se le habla a muchos otros indecisos no embanderados con ningún bando, siempre los conservadores tendrán una plataforma desde la cual presionar y acotar al gobierno popular.

Y ese cambio implica un esfuerzo extraordinario, no realizado hasta la fecha, de confrontación discursiva, de instalación de temas, de pulverización de imágenes ficcionales que promueve la derecha para sostener su apelación sobre sectores de la sociedad.

Para un gobierno de base popular como el actual, asediado por una derecha que no es democrática ni ética, pero sí sumamente hábil comunicacionalmente, el conservadorismo propio consistiría en resignarse a la actual configuración de opiniones políticas en la sociedad y actuar en base a esa configuración limitante.

El miedo:

Rehuir la confrontación puede ser un acto de sabiduría en ciertos momentos, y un acto peligroso para uno mismo, en otras circunstancias. Depende. No es una regla sagrada. Es importante que esta decisión se base en el cálculo político y no en climas vinculados a la acción psicológica constante de la derecha.

Se nos ocurre que el miedo es un aspecto de la realidad política que debe ser abordado. No desde un enfoque de “riña de gallos” -¿quién es más macho?- sino como elemento subjetivo a tener en cuenta porque pretender ignorarlo puede llevar a decisiones políticas equivocadas.

El evitar la denuncia y las sanciones a los comportamientos antisociales de la derecha, tanto en la pandemia como en las prácticas económicas que hacen saltar al dólar e incrementar sistemáticamente los precios de los alimentos. ¿Puede responder a un miedo personal de los principales funcionarios sobre las represalias personales de todo tipo que puede desatar sobre ellos la derecha –como ya ha mostrado el macrismo en su reciente gestión-, o a un miedo colectivo, es decir, un “achicamiento histórico” de la fuerza del Frente de Todos –o de los sectores nacionales y populares- en relación a otros sectores sociales antagónicos e históricamente muy agresivos?

Insistimos: el miedo “social” puede devenir, genuinamente, de una percepción de la fortaleza del campo antipopular, tanto a nivel local como regional, teniendo en cuenta la enorme cantidad de recursos que despliega Estados Unidos para respaldar a las derechas globalizadoras latinoamericanas.

Pero en lo local ¿a quién se le tiene miedo? ¿A sectores de la clase media y a la clase alta, que viven odiando todo lo popular? ¿Al diario La Nación y su editoriales cada vez más extremistas e ideologizados?

La capacidad vocinglera de la derecha puede afectar las percepciones del campo popular, atrayendo la mirada y ocupando el centro de sus propias preocupaciones. ¿A la mirada de quién un gobierno popular debería rendir pleitesía, más que a sus propias bases, a las grandes mayorías, o al legado de sus líderes históricos?

Alguno podría argüir que la democracia nos exige tener en cuenta la mirada de los diversos actores políticos. Claro que sí, si se trata de actores políticos democráticos. Pero cuando actúan como enemigos acérrimos, sin reglas, sin límites, en actitudes autoritarias que abonan el golpismo ¿también se debe respetar esa mirada?

Y en el terreno económico, donde ciertos temas generan fuerte controversia ¿tenemos que hacer caso a la mirada retrógrada e ineficaz del poder económico, ya fracasada durante la gestión Macri? ¿Tenemos que bajarles los impuestos, degradar las relaciones laborales y despedir empleados públicos, porque cierta cúpula empresaria cree en esas políticas subdesarrollantes y se ofusca porque no se avanza en sus deseos?

¿A quién debería escuchar el gobierno para que los poderes fácticos a través de sus medios no lo demonicen? ¿A los economistas fracasados? ¿A los CEOs inescrupulosos? ¿A los medios de la derecha a los que ya no les importa ni el país ni sus habitantes, sino sólo sus negocios? ¿A los sectores sociales que tienen su patrimonio afuera de la Argentina y dan lecciones sobre cómo atraer inversiones y generar “confianza”?

Si el miedo es al golpismo, tema que nunca abandona la agenda política de la derecha regional, entonces pensemos en eso y tengamos políticas en esa dirección. Pero no dejemos que el miedo al golpismo desvíe, distorsione o finalmente anule las líneas directrices por las cuales fue elegido el Frente de Todos.

¿Apaciguar?

El intento por apaciguar a la derecha económica no le ha dado buenos resultados al gobierno, ya que este sector está haciendo fracasar sus objetivos estratégicos de mejorar la situación de las mayorías.

Para apaciguar a este sector no se han denunciado con fuerza y claridad diversas maniobras delictivas detectadas por organismos públicos, no se ha acudido a sanciones que correspondería aplicar, no se han utilizado herramientas legales para acotar los daños que realizan. Parece temerse que los que realizan actos ilegales se enojen y se vuelvan más desestabilizadores aún.

Al mismo tiempo, se nota un estado de desmovilización en la propia fuerza, que trasciende a la pandemia. No sabemos en qué medida este fenómeno está vinculado a una estrategia de apaciguamiento con la derecha, pero en todo caso puede hacerle creer que las acciones antipopulares de los mercados (remarcaciones, desabastecimientos, abusos a los consumidores) le pasan desapercibidas a la población, que estaría sumida en una pasividad indolente.

Desde el gobierno se han desalentado las movilizaciones políticas, incluso cuando estaba rodeada amenazadoramente la Quinta de Olivos por una facción lumpen-macrista de la policía bonaerense. La desmovilización de las fuerzas populares, sin embargo, no afectó en lo más mínimo a la voluntad desestabilizadora de la derecha.

La situación con la que se encuentra el gobierno es que no podrá gozar de la simpatía de ningún sector de peso del poder económico, porque éste reclama controlar al Estado, a los funcionarios, y a las políticas oficiales. Entonces se trata desde el gobierno de reducir al mínimo la animosidad de las corporaciones con el gobierno popular, sin lograr por ello que cese el boicot y las políticas de bloqueo.

Se ha buscado “aquietar la economía”, pero sin controlar a los desestabilizadores económicos o arrebatarles parte de los mecanismos que usan para condicionar al gobierno ¿No será un autoengaño?

¿Sirve, a su vez, “aquietar a la sociedad” en medio de la permanente ofensiva neoliberal, destinada a hacer fracasar al gobierno? ¿Desalentar la expresión de demandas, de entusiasmo, de fervor popular, no es una muy mala forma de apaciguar porque conduce al auto debilitamiento?

Promover la pasividad de la sociedad para no enojar al poder económico ¿no es favorecerlo?

Volvemos a la pregunta; ¿con quién hay que quedar bien?

En última instancia, más que un golpe abiertamente antidemocrático, el ideal de la derecha es empujar al gobierno a cometer algún grave error que lo exhiba agrediendo a su propia base social (por ejemplo, como fue en su momento el “Rodrigazo”, que dañó a la clase obrera y sectores medios en el gobierno de Isabel Perón).

Al privarlo de apoyo político, abandonado por las mayorías, envuelto en el desorden y la impotencia, el Frente de Todos sería pasible de recibir una paliza electoral en 2023 por parte de los verdaderos enemigos del pueblo.

Eso debe saberlo el Gobierno, y no puede confundirse.

Referencias:

[1] Ingreso Familiar de Emergencia, una transferencia de 10.000 pesos otorgado por el Estado a más de 9 millones de personas en 3 ocasiones a lo largo de los meses más agudos de las restricciones establecidas para frenar la pandemia.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2021.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada Jugar al empate – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Hace aún pocos días, el 5 de enero, el Presidente de la Nación y su Ministro de Economía convocaron a una reunión a todos los gobernadores del país, sin distinciones partidarias.

No se trató de alguna inauguración que habilitara la congratulación mutua, o del anuncio de alguna “buena noticia” de interés general. Ni tampoco un decorativo evento diplomático internacional.

Lo novedoso de este muy importante encuentro es que se trataba, ni más ni menos, que de poner al tanto al país sobre el estado de las críticas negociaciones con el FMI. La actividad, además, fue transmitida en vivo por diversas redes de comunicación.

Es decir, existió la voluntad del gobierno de exponer frente a toda la ciudadanía, una situación que dista de ser feliz, armónica o alentadora, y que tiene una enorme importancia para el futuro del país. Exponer el conflicto fue, sin duda, una decisión política.

Sin embargo, no asistieron los gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio, que se autoexcluyeron. El boicot de la derecha política se entiende en el marco de la minimización que hace del endeudamiento que provocó y del daño que éste le provoca al desarrollo del país. En términos históricos, es la derecha argentina la que generó este ciclo largo de endeudamiento y dependencia financiera, que renueva en cada gestión presidencial que realiza.

Lamentablemente no se usó la cadena nacional para darle todavía más fuerza política al evento. El gobierno, en ese aspecto, se mantuvo fiel a su estilo “moderado”, y no le dio la importancia comunicacional central que tiene un conflicto que puede determinar el destino de la actual gestión.

Desde el punto de vista democrático no formal sino sustancial, representa un paso significativo en darle participación, al menos en materia informativa, al pueblo sobre decisiones que lo afectarán severamente. Estamos aún lejísimo de contar con un pueblo bien informado y bien preparado para analizar las consecuencias de las decisiones políticas y económicas. Pero no es frecuente, en nuestra historia, que se le ofrezcan elementos significativos para que pueda empezar a posicionarse activamente frente a su propia realidad.

“Sendero fiscal”

La exposición que realizó el ministro Guzmán fue sumamente clara, y planteada en términos comprensibles para gente medianamente informada. Realizó diversas consideraciones que le dieron marco al mensaje central, entre las que mostró que el FMI no había accedido a los pedidos argentinos de prolongación del plazo y de reducción de los intereses.

Cabe deducir de lo dicho por el Ministro que si bien el organismo internacional ha admitido recientemente que el enorme préstamo (injustificable en términos estatutarios del propio Fondo) había fracasado en sus objetivos, sigue sin tomar en cuenta la irregularidad institucional, la magnitud insólita del préstamo, así como tampoco el actual contexto mundial de pandemia y crisis económica.

El FMI ha vuelto a actuar nuevamente en el caso argentino –después de un breve período de flexibilización discursiva producto del miedo a la desestabilización económica y social que generó la pandemia del COVID en los países centrales- como un autómata ajustador sin capacidad de realizar análisis económicos serios, ni evaluar las consecuencias sociales y políticas de sus pretensiones.

Guzmán centró los puntos de discrepancia con el organismo internacional en el “sendero fiscal”, figura que representa el ritmo en que el Estado Nacional irá arribando a una situación de equilibrio fiscal (¿en cuánto tiempo?, ¿de qué forma?)

El “equilibrio fiscal” implica que el estado argentino se ponga en condiciones de recaudar lo necesario para comprar los dólares con que pagará los compromisos externos. Para el fondo, ese equilibrio se logra recortando gastos, no aumentando ingresos del fisco. El recorte del gasto público, según la mirada fondomonetarista, es doblemente beneficioso: por un lado genera recesión interna, con lo cual caen las importaciones, lo que permite que el país ahorre más dólares para pagar a sus acreedores, y permite que lo recaudado no se “desperdicie” en promover producción y empleo, sino en comprar los dólares al sector privado para pagar los compromisos externos.

Recordemos que dada la gigantesca deuda de corto plazo generada por el macrismo, se le exige a nuestro estado que esté en condiciones de afrontar los pagos de la deuda –también provincial y hasta municipal- no sólo con el FMI, sino con otros organismos internacionales (Banco Mundial, BID, Club de París, etc.), y también con los grandes acreedores privados, que son básicamente grandes fondos de inversión del norte. A esa enorme suma a vencer próximamente, hay que agregarle los 80.000 millones de la deuda privada acumulada por grandes corporaciones que operan en nuestro país, y que también requerirán dólares para pagar sus compromisos externos.

Se ha configurado un cronograma de vencimientos externos tan abultados  que muestra una muy elevada probabilidad de que Argentina entre en default en los próximos años, cuando se terminen los “años de gracia” de la deuda con los privados y con el FMI.

Guzmán lo expuso con claridad: El gobierno argentino plantea compatibilizar la meta del equilibrio fiscal con la del crecimiento económico, o sea, proteger la continuidad de la actual reactivación en marcha, mientras que el FMI plantea avanzar rápidamente hacia el equilibrio fiscal –con todas las medidas complementarias para lograrlo-, lo que ahogaría ya mismo la reactivación, congelaría la situación social en su actual estado de extendida precariedad, y transformaría al Estado nacional básicamente en una aspiradora de recursos cuyo único fin es juntar dólares para enviarlos al exterior.

Cabe recordar que en la anterior ocasión en la que un gobierno -que pretendía ser progresista- decidió acordar con el FMI (1984, Alfonsín), no se le explicó a la población lo que se estaba haciendo, se retiró el tema de la deuda externa del debate público y se prefirió cambiar la agenda de temas económicos relevantes, alineándola discursivamente con los requerimientos del acuerdo con el organismo internacional. Es una advertencia: Si la deuda se dejara de discutir es porque ganaron los acreedores externos y sus socios locales.

Pero vale la pena resaltar el punto principal: El gobierno nacional le está diciendo a todo aquel que quiera enterarse que las negociaciones con el FMI no están bien, y que ese organismo, con respaldo de los Estados Unidos, está pidiendo que los argentinos posterguen, tal vez por una década, sus aspiraciones de mejora económica.

¿Se aprovechó esta oportunidad para generar un gran debate?

Es entendible que la derecha quiera minimizar la cuestión. Toda su propaganda apunta a echarle la culpa al gobierno, a Alberto, al kirchnerismo, al peronismo, de que las cosas estén mal. No hay ningún análisis económico detrás. No hay historia, porque no los absolvería. No hay mundo, porque ahí están sus amigos Trump y Lagarde. No hay pandemia, que sólo ocurre aquí. Hay puro ejercicio de la mentira diseñada con fines políticos, usando la gran máquina publicitaria con la que cuentan y la ignorancia a prueba de balas de su público fanatizado.

La deuda externa no existe, el sometimiento a través de las finanzas no existe, el mundo es bueno pero los argentinos son malos. Su aparato político hace maniobras de confusión, con supuestas argumentaciones “técnicas” para disimular su posición ajustadora. Además, han pedido que el gobierno les certifique que lo que pide el FMI sea efectivamente así. Juntos por el Cambio pone en duda lo que el Ministro Guzmán ha planteado, y está requiriendo pruebas de que lo que se relata es lo que ocurre realmente. No quieren depender de la versión oficial, de la que desconfían. Es que quieren respaldar realmente al FMI, y no a una versión “distorsionada por los K”.

No cabe duda alguna que la formación ideológica y los vínculos internacionales de Juntos los lleva a adherir incondicionalmente a las exigencias económicas del FMI y a las exigencias políticas de alineamiento internacional de los Estados Unidos, y rechazar las metas de mejora distributiva que plantea el gobierno actual. Pero hay algo políticamente más bastardo en este posicionamiento de JxC: Lograr a través de diferentes acciones que el gobierno actual se hunda aplicando las recetas económicas que ellos favorecen, así vuelven a ocupar el Estado y proceden a una etapa superior de entrega y vaciamiento.

Pero lo que SÍ sorprende es el comportamiento del gran espacio nacional y popular, que no ha visto en este notable acontecimiento de apertura de información relevante, una extraordinaria oportunidad para abrir un gran debate nacional sobre el rumbo del país, sobre por qué estamos así, y qué podemos hacer para evitar ser sometidos por organismos internacionales, grandes potencias (Estados Unidos y la Unión Europea) y sus socios locales, a una situación de penuria permanente, sin horizonte de progreso.

El contexto en el que discurrimos es que una parte significativa de la sociedad argentina sigue sin enterarse de lo que pasó con la deuda, ni entender qué está pasando y qué se está negociando, y mucho menos aún vislumbrar la complejidad de lo que se está jugando a futuro para su propia vida.

Y lo que se llama Frente de Todos, salvo honrosas excepciones, no está haciendo nada importante como tal para que crezca la consciencia colectiva del problema. Se comporta como lo que Perón descalificaba como “partido demo-liberal burgués”, o sea, como esos aparatos partidarios llenos de políticos profesionales, que una vez que obtienen el voto, se desentienden de la tarea política profunda para ceñirse a la tarea parlamentaria, las negociaciones de oficina, o la participación comunicacional que determinen los medios del régimen.

Señalamos en otras oportunidades que el estado de desmovilización lleva mucho tiempo y que no parecen existir iniciativas serias para poner en pie una organización que movilice las enormes energías y recursos humanos que tiene el espacio nacional y popular. Más allá del lamento cansador sobre las capacidades comunicacionales del enemigo, no surgen iniciativas importantes ni de organización, ni de movilización, ni de fortalecimiento, ni de contestación al discurso miserable de la derecha.

Se debe reconocer que el Presidente Fernández, que ha rechazado la confrontación e incluso la mera alusión a la existencia del conflicto social o político, ha estado muy osado en esta apertura pública de la información.

Si bien no ha expuesto todo, ha puesto cartas muy importantes sobre la mesa, que deberían disparar una andanada de definiciones, de debates y de formulación de escenarios posibles para las fuerzas populares.

Evidentemente, el Presidente ha percibido que las fuertes presiones norteamericanas vía FMI no son casuales, que apuntan a doblegar el alineamiento externo argentino, y ha entendido que las medidas que se le exigen a su gobierno van a comprometer la propia estabilidad de las autoridades nacionales.

La crisis nacional es profunda, pero no irreversible:

Esta situación con el FMI constituye una inmejorable oportunidad para un gran debate nacional… ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué queremos que sea la Argentina? ¿Por qué estamos así? ¿Ante las presiones del sistema de poder global, sólo queda subordinarse? ¿Y si NO, cuáles son los caminos a seguir?

Pensé que debería usar la frase UN GRAN DEBATE NACIONAL, pero me doy cuenta que recurrir a expresiones prefabricadas tiene hoy varios problemas.

En principio porque hace rato que no se debate en serio en nuestro país.

No sólo con la derecha cipaya local, que está alineada geopolíticamente y no está dispuesta a debatir, fiel a su historia antidemocrática.

Tampoco hay debate serio en las diversas fuerzas que componen el Frente de Todos.

Parece que las ideas, las visiones de país, las propuestas concretas en todos los terrenos, no tienen mucha importancia. Se discuten personas, que encarnarían ideas, pero esa es una lectura parcial de la historia del propio peronismo.

Perón, sin duda, fue una figura personalmente formidable. Pero no era una personalidad carismática y vacía: Rebosaba de ideas sobre lo que había que hacer con el país, sobre la configuración del poder internacional, sobre la cultura, las mentalidades, los comportamientos de los actores sociales, etc. etc. Perón, sin ideas, no hubiera ocupado jamás el lugar que ocupó en la historia nacional.

Y a pesar de toda su dimensión, hubo otras grandes figuras de la política y del pensamiento argentino que debatieron con él, no sobre los objetivos nacionales, sino sobre los métodos para lograrlos.

El espacio que pretende continuarlo, en cambio, parece carente de ideas importantes, y sobre todo, completamente reacio a abrir el debate sobre qué hacer en este momento crucial de la Patria. A lo sumo, recurre a la idea de resistir… resistir… resistir, en una especie de hilo de resistencias interminables sobre una partitura histórica que ejecuta, implacablemente, la derecha local.

El campo nacional y popular parece haber extraviado la voluntad de poder y de cambio estructural que sí muestra permanentemente la derecha local, de la mano de sus socios mayores del norte.

La otra palabra que cuesta pronunciar es la palabra NACIONAL.

¿Qué es lo nacional a esta altura de la neo-colonización latinoamericana? ¿Quiénes encarnan esa lucha por la Nación, cuáles son sus objetivos? ¿Tiene sentido hoy esa lucha, o será mejor que con lo que queda de Argentina, las multinacionales hagan algo, a ver qué sale?

La derecha local tiene una ventaja: ya ha decidido. Sus dos ejes ordenadores son las políticas definidas por los norteamericanos, y la acumulación de capital sin importar qué ocurra con los humanos que habitan el territorio argentino. Ese es el marco de la lucha que todos los días tiene frente a sí el actual gobierno para conducir el país, contra la rapacidad salvaje de los actores económicos locales.

El espacio nacional, en cambio, no sabe cómo pararse frente a las fuerzas enormes de la globalización, frente a los socios locales de ese proceso en el que tanto hemos retrocedido, y frente a su propio gobierno, muy ambiguo sobre los caminos a seguir. Las bases se encuentran sin indicaciones ni orientaciones claras. Todo es confusión.

Pero volvemos al punto inicial: El gobierno nos ha dicho muy claramente que estamos frente a una seria encrucijada histórica. Casi la ha descripto, aunque sin subrayar su dramatismo.

Pero lo ha dicho.

Quienes SÍ tienen consciencia de los senderos que se bifurcan, de las implicancias históricas de los caminos a seguir, quienes conservan aún el anhelo de Nación soberana y de un país integrado, tienen que empezar a actuar.

Buenos Aires, 17 de enero de 2022.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La entrada Dejar de crecer por diez años – Por Ricardo Aronskind se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

El FMI es indefendible.

Fue creado al final de la segunda guerra mundial, cuando el capitalismo entraba en su período keynesiano, y su función era acotada a ayudar a países que tuvieran transitoriamente problemas de balanza de pagos, dándoles financiamiento de corto plazo para que sus problemas particulares no se transformaran en problemas de todo el sistema económico mundial. Una vez superado el desequilibrio externo, el FMI se iba.

Pero con la mutación del capitalismo global hacia el neoliberalismo, el FMI asumió funciones mucho más importantes y amplias para acelerar el proceso de globalización a favor del capital financiero de los países centrales. Hizo de verdadero “abrelatas” de las economías periféricas, obligándolas a conectarse con el mercado financiero mundial, desregular su sistema bancario interno, abrirlo a la inversión de la gran banca internacional, y transformarse en partes muy rentables del gran casino mundial que estaba promoviendo Estados Unidos y sus países aliados.

Por otra parte, el FMI es básicamente la expresión de los intereses de los Estados Unidos y sus aliados europeos y japoneses, que tienen mayoría para manejar al organismo con comodidad. La fuerza política del FMI deriva de las grandes potencias que están detrás, avalando con su poder diplomático y económico lo que el organismo exige (a los países periféricos solamente).

Si el FMI tuviera el mismo respaldo que Médicos sin Fronteras, a nadie le importaría.

Y desde ya que estas naciones centrales tienen una noción muy precisa sobre cómo desean que esté configurado el orden internacional, y las jerarquías que en ese orden le corresponden a los diversos estados. El FMI, por consiguiente, contribuirá a la configuración de ese orden, utilizando nada más y nada menos que el poder condicionante de las finanzas.

Una vez dicho esto, consideramos una necesidad política entender por qué el FMI se ha transformado en un actor tan importante en la vida Argentina desde 1976 para acá.

FMI ¿causa o consecuencia?

La relación con el FMI es un resultado de la historia nacional, no su inicio.

El actual acuerdo con el FMI no es una “refundación” de la Argentina, sino la desembocadura de un largo período de retroceso nacional promovido DESDE ADENTRO de nuestro país. No es el Fondo el que nos llevó a la actual postración, sino que el Fondo ha servido para la realización de estrategias políticas domésticas que subdesarrollan a nuestro país. Y hoy también es así.

El FMI en la Argentina es producto de la política local, no de una invasión externa que nos obligó a someternos. El FMI nunca llegó a la Argentina de la mano de una flota extranjera, o de una intervención forzada por potencias extranjeras. El FMI es sistemáticamente convocado por fuerzas políticas locales, que de una forma u otra llegaron al gobierno y ejercen el poder, tanto vía golpes militares como por estafas electorales: jamás anunciaron que lo van a convocar.

Entender esto es empezar a reorganizar no sólo nuestra comprensión de la trayectoria que ha venido siguiendo nuestro país, sino a pensar formas más efectivas para que pueda concretarse en algún momento un NUNCA MÁS al FMI.

Queremos partir de algunos elementos que nos parecen evidentes:

Es claro que el FMI no ha sido convocado nunca por gobiernos que intentan representar los intereses nacionales.

También sabemos que las políticas del FMI, representan un punto de confluencia entre intereses locales e intereses internacionales. No son exclusivamente intereses “externos” a los de los actores locales.

No es cierto que las políticas del FMI sean rechazadas por todo el arco político social, ni que afecten negativamente a “todos los argentinos”.

¿Cuánto de los acuerdos que se firman con el FMI son producto de las rutinas burocráticas fondomonetaristas y en qué medida recogen también las demandas y ambiciones de grupos de poder local?

¿Acaso los planes del FMI dañan a todo el país por igual, o sólo a los sectores populares, empresarios nacionales y sectores ligados al desarrollo del mercado interno?

Hoy, en la Argentina actual, en la que opera una derecha política y económica cada vez más desinhibida y que expresa con bastante brutalidad sus ideas, ya es imposible seguir ignorando una realidad: la derecha local tiene una total coincidencia programática con el FMI. Incluso a veces excede las recomendaciones del organismo en cuanto a primitivismo social.

Todas las políticas fondomonetaristas orientadas a achicar el estado, a debilitar al polo del trabajo, a desbaratar la industrialización y el desarrollo tecnológico nacional, a extranjerizar áreas estratégicas de la economía, a transformar en negocios a los derechos fundamentales, cuentan con el pleno y completo aval de la derecha local.

En el caso del acuerdo anunciado recientemente, hasta hubo sectores locales que se quejaron ¡de la blandura del FMI! Son aspirantes a reemplazar al macrismo “por derecha”, economistas “liberales” financiados e impulsados por sectores del poder económico local.

¿Cómo podrían estos sectores locales estar en contra de las reformas estructurales, si disfrutaron de ellas en los noventa, con las privatizaciones, la apertura importadora, el dólar barato, las jubilaciones privatizadas, la mercantilización de la salud y de la educación, y cuanto negocio se les suministró desde el Estado?

Claro, son políticas tan nocivas que terminan en graves crisis políticas internas y profundos cuestionamientos sociales. En ese momento es cuando hace falta llamar a la “caballería” del exterior.

El FMI como un jugador local más:

Pero queremos ir un poco más lejos: estos sectores internos no sólo coinciden con el FMI, sino que el FMI, en términos de la disputa de intereses locales, es un extraordinario refuerzo POLÍTICO en las pujas que se establecen en la arena política local.

El FMI, al presionar a gobiernos que no coinciden con los objetivos de los sectores dominantes locales a hacer las políticas que estos sectores quieren –o a acotar o abandonar sus objetivos transformadores- juega un papel político extraordinario en la política nacional.

Al FMI se lo presenta como un factor “externo”, que “nos obliga” a hacer cosas que “se les ocurrieron a ellos”, cuando en realidad es UN REFUERZO traído de afuera para dar mayor soporte a las ambiciones de fracciones de poder económico local.

El FMI opera como un reaseguro fundamental para que continúen las políticas anti-desarrollo y de negocios privados, aun cuando cambie el signo político de los gobiernos.

Argentina presenta la particularidad de ser un país que no pudo ser íntegramente colonizado por el neoliberalismo global en sus instituciones, sus partidos políticos y en el pensamiento general de la población.

Por eso es importante que, más allá de quien gane las elecciones y ejerza el poder democráticamente establecido, haya una parte fundamental de las decisiones públicas SUSTRAÍDA de lo que se ha votado. Nada más y nada menos que las políticas económicas, que condicionan las políticas sociales, científicas, industriales, etc.

Esto se vio muy claramente cuando se derrumbó la dictadura cívico-militar de 1976: la dictadura se tuvo que ir, pero los condicionantes de deuda externa, que obligaron a recurrir al FMI como forma de evitar un default, llevaron a que el primer gobierno democrático tuviera que asumir enormes limitaciones de política económica.

Pero además llevó a que el gobierno de Alfonsín debiera tratar con el mismo poder económico que había sostenido la política de ataque a la industrialización y de promoción del endeudamiento del ministro Martínez de Hoz. A ese poder económico, llamado hacia el final de la dictadura “la patria financiera” y la “patria contratista” debió respetarlo y tratar de adaptarse a sus demandas.

Estar bajo las condicionalidades del FMI llevó a no investigar las características de la deuda tomada durante la dictadura, y a consagrar la impunidad del poder económico corresponsable de las políticas de represión y exterminio.

Siempre, subyacente, la amenaza del default, momento a partir del cual se desata el caos económico interno, la conmoción social, y el derrumbe de las autoridades políticas de turno, hasta que pueda llegar alguien con el suficiente poder político (y de fuego) para poner bajo control la situación.

Un caso de estudio: el macrismo

Del reciente período de gobierno macrista, contamos con muchos elementos históricos para reconstruir cómo ocurrió.

De por sí el macrismo debió parte de su llegada al poder de la lucha de desgaste, sistemática y muy bien organizada a nivel internacional ejecutada por los fondos buitres contra el gobierno de Cristina Kirchner, que precisamente intentó cerrar todos los litigios con las finanzas internacionales que había heredado.

Los buitres no sólo trabaron esa posibilidad, sino que lograron la complicidad de los tribunales norteamericanos, y de la propia presidencia de los Estados Unidos, encabezada por Obama. Fue el gobierno norteamericano el que rechazó la opción disponible de presentarse en el juicio para frenar un fallo aberrante que ponía patas para arriba todo la lógica del salvataje de empresas o países. Los buitres, mostraron su capacidad para condicionar tanto a los jueces, como a la política norteamericana. El efecto para nuestro país fue que se generó artificialmente una asfixia financiera que limitó los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, poniendo esa gestión bajo la amenaza del golpe de mercado interno. Buitres y especuladores locales de la mano, asociados, apostando en contra y dañando a un gobierno popular.

Macri es entonces también hijo de esa circunstancia.

El gobierno macrista abrió las compuertas de par en par a los fondos de inversión internacionales, que vinieron a aprovechar que un gobierno amigo les presentaba servidos en bandeja negocios casi garantizados, para entrar con sus fondos, ganar altos intereses –que no se consiguen en el primer mundo-, y salir cuando quisieran.

Esa fue una POLÍTICA CENTRAL del macrismo, poco visualizada porque hubo muchas otras cosas en juego y muchos actos simbólicamente aberrantes.

A comienzos de 2018, el panorama financiero internacional cambió y la Reserva Federal empezó a abandonar la política de tasa de interés cercana a 0. Los mismos fondos que estaban ganando en Argentina decidieron no seguir poniendo plata en el país, y todo el esquema armado por el gobierno macrista –esquema rentista totalmente desvinculado de la producción de riqueza genuina- se empezó a desmoronar.

En ese momento, Macri convocó al FMI para que suministrara los fondos destinados a facilitar que los grandes inversores privados internacionales abandonaran al país sin sufrir pérdidas cambiarias importantes, y para vender divisas aun baratas a los grupos locales, que también olfatearon la crisis financiera por exceso de timba que promovió el macrismo.

Estados Unidos avaló, porque si alguien tiene poder de lobby sobre cualquier gobierno norteamericano son los financistas internacionales. Pero además porque también se apuntaba a dos objetivos norteamericanos permanentes en relación a la Argentina: ayudar a que un gigantesco descalabro no se produzca bajo la gestión de un gobierno subordinado (en ese caso Macri), pero además, por la magnitud del préstamo, tener capacidad para condicionar a nuestro país ya no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, independientemente de quien gobierne.

Aquí es fundamental visualizar la relación estrecha, profunda, que hay entre actores locales e internacionales. Entre capitales locales e internacionales. Entre negocios locales e internacionales. Entre coincidencias políticas e ideológicas locales e internacionales.

En este juego el FMI es un subproducto de otros actores más importantes, que coinciden en hacer negocios con nuestro país, manteniéndolo en una situación de constante dependencia y subdesarrollo.

Como se comprenderá, en este juego la democracia está de adorno, vaciada de contenido sustancial. El voto popular queda devaluado como forma de ordenar las políticas públicas. El poder fáctico toma la pomposa forma institucional de “Acuerdo con el FMI”, avalado por las grandes potencias.

Conclusiones:

Se comprende la furia y frustración que nos genera a numerosxs argentinxs la reiteración de la llegada del FMI.

Pero creemos que se pone un énfasis exagerado en la presencia de un organismo que no es otra cosa que la expresión de un proyecto político interno, de dominación y control de nuestro país, a punta de pistola financiera. El FMI no debe llevar a invisibilizar el problema de fondo.

La incapacidad de la cúpula empresarial local para ofrecer a nuestra sociedad un proyecto económico viable y aceptable, los lleva a reforzar su control coercitivo con la ayuda del FMI que contribuye a maniatar a gobiernos que no les responden plenamente (Alfonsín, Fernández).

Se entiende más aun, en la perspectiva histórica, lo que hizo Néstor Kirchner cuando aprovechó un buen momento exportador argentino para saldar en 2005 la deuda completa con el FMI, que en ese momento no era impagable. Eso le permitió sacar al Fondo de la arena política argentina, debilitando así el bloque de poder local que se le oponía. Esa acción, más que una dimensión económica, tuvo un impacto político notable, porque CAMBIÓ la CORRELACIÓN de FUERZAS a favor de las políticas populares.

Pero entonces, sería mucho más importante empezar a pensar cómo enfrentar a ese proyecto local, empobrecedor y extranjerizante, que es el que tiene vigencia permanente, más allá de la presencia o ausencia del FMI. El FMI es claramente el subproducto de la lucha interna por el proyecto de país. Su presencia es sólo la constatación de quien va ganando en la puja interna, pero también de la incapacidad de esa elite local por asentar su control sobre el país ofreciendo logros concretos.

Bien lo supo Cristina Kirchner que, liberada de las ataduras del Fondo, tuvo que enfrentar un ataque y boicot sistemático contra su gobierno, por el hecho de tener una política económica inclusiva y una política exterior autónoma.

No es el Fondo el problema.

Es el proyecto neoliberal globalizante de la elite argentina.

Buenos Aires,18 de marzo de 2022.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

INTRODUCCIÓN

Pasados casi dos años y medio de gestión del Frente de Todos, más de la mitad del mandato constitucional, contamos con una serie de elementos de juicio para sacar conclusiones sobre las características de este gobierno.

La caracterización del gobierno del Frente de Todos ha sido un serio problema teórico y político, porque ha obligado a un esfuerzo para superar las clasificaciones fáciles y rápidas.

El gobierno de Alberto Fernández no es un gobierno neoliberal, ni es un gobierno kirchnerista. Es un gobierno que expresa en buena medida el universo conceptual de Alberto Fernández y de su entorno construido a lo largo de décadas de actividad pública.

Que el gobierno no puede ser calificado como “kirchnerista” es en realidad algo que el Presidente deseaba que pasara, y lo está logrando, con resultados en diversos planos que también están sujetos a controversia.

La presencia de Cristina en la Vicepresidencia de la Nación ha sido también un motivo de confusión y de malentendido, aprovechado por la derecha para tratar de instalar que este gobierno es “K” –con la connotación oprobiosa que ese sector le da a esa letra-.

Pero también es motivo de desorientación para todo el espacio progresista, nacional y popular, y de izquierda, que existe en la coalición gobernante, por la evidente disonancia entre las connotaciones que despierta el nombre de CFK y la práctica política y discursiva de la actual gestión.

CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO ALBERTISTA SEGÚN SUS DICHOS Y ACCIONES

Da la impresión que en la figura de Alberto Fernández conviven buenas intenciones, deseos genuinos de mejora social, espíritu humanista, con un fuerte respeto por la formalidad de las instituciones deformes que tiene la Argentina, y por la autoridad extra-democrática del poder económico sobre diversos aspectos de la vida del país.

Es evidente que toda la lógica de acción de este gobierno no tiene nada que ver con el imaginario al que terminó asociado el kirchnerismo.

Vale recordar que en un país que se estaba resignando a la obediencia de los grandes partidos políticos a los dictados de las corporaciones, el kirchnerismo fue una sorpresa que entusiasmó a millones, pero que generó una furia indescriptible en los sectores sociales que rodean u orbitan bajo la lógica política del capital concentrado.

De ese sector social autoritario e intransigente en relación a sus intereses, surgió la versión del “extremismo” de los Kirchner, de su “soberbia” y “autoritarismo”, y de la ficciones sobre su “chavismo” y su voluntad expropiatoria y antiempresaria.

No hubo en eso improvisación, sino un largo y sistemático trabajo de implantación de imágenes falsas en sectores de clase media, que terminaron conformando la masa electoral cambiemita, y también la masa de caceroleo y de protagonistas de las marchas republicanas a favor del dólar libre y demás causas dictadas desde el poder económico y la derecha.

Lo cierto es que, desgraciadamente, buena parte del peronismo que se retiró del gobierno de los Kirchner desde que empezaron conflictos severos con el poder corporativo y mediático, tomaron esa versión ficcional, machacada por la derecha, y adhirieron a ese discurso que ponía en eje en la supuesta vocación “conflictiva” de Cristina, que sería innecesaria en un país que estaría dispuesto al diálogo, pero que era llevado a la confrontación por la personalidad, el estilo y los modales de una persona que era seguida o por fanáticos ideológicos, o por pobres infelices comprados con prebendas estatales.

Parte del peronismo que no quería la confrontación con los factores de poder, que tiene un instinto conservador y resignado en su visión del mundo, que está perfectamente adaptado al subdesarrollo estructural de la sociedad y a la falta de proyecto nacional de la clase dominante argentina, tomó el discurso anticristinsta de esa clase y lo hizo suyo.

Alberto tomó de ese “marco conceptual” el espíritu de buena parte de las frases que hizo famosas, hablando contra la grieta –otro éxito comunicacional de la derecha-, mostrando moderación y rechazando las confrontaciones.

La idea era -y es- que nadie pudiera acusar a su gobierno de “hegemonismo”, que en el léxico de la derecha quiere decir “gobierno popular que acumula poder y lo ejerce”. El gobierno de Alberto Fernández se ha caracterizado, desde el primer día, por no querer acumular poder, y mostrarle todos los días a la clase dominante que no les disputa el poder, ni pretende debilitar el poder fáctico que han acumulado en las últimas décadas sobre la sociedad argentina.

Alberto no quiere ganar, o al menos no quiere que alguien piense que quiere ganar. Desde el comienzo de la gestión, la preocupación es demostrar afabilidad con los factores de poder, salvo alguna arremetida verbal accidental. Se juega, en todo caso, a empatar. Es lo que pasó con la Ley de Emergencia de diciembre de 2019, apenas unos días de asumido el gobierno, quien se autoimpuso una traba legislativa en materia de retenciones a la exportación agropecuaria, como señal de buena voluntad hacia “el campo”, renunciando a un instrumento muy importante para regular los precios internos de los alimentos.

Alberto tiene como límite a su imaginación política la mirada retrógrada del diario La Nación. La tribuna de doctrina reaccionaria lo ha maltratado constantemente, y lo ha puesto bajo la sospecha de presunto “kirchnerismo”. Eso empuja al gobierno a demostrar con hechos que no hay nada de confrontativo en él, no hay nada de “malo” en términos de lo que la derecha local identifica como malo, y que se guía por el principio de la colaboración voluntaria.

En un país en el cual la clase dominante sólo respeta de la Constitución Nacional el principio de propiedad privada, toda imposición desde los poderes democráticos es vista por este sector como un inicio de autoritarismo que no puede soportar.

El albertismo parece haber incorporado, por convicción o por conveniencia, esta mirada de la elite argentina. El problema se vuelve de fondo cuando esa actitud deriva en la internalización en el espacio peronista de la mirada de la derecha, como si fuera un principio legítimo.

A los intereses corporativos se los consulta, se les pide, se respeta su veto, no se los critica en público y en lo posible no se piensa por afuera del marco tolerable por ese sector. Sólo con un altísimo consenso social se les pide algo más allá de lo que están dispuestos a dar, como el impuesto por única vez que se le pidió a una minoría súper rica en el contexto de pandemia. Consenso social que por otra parte no se trabaja políticamente, sino que se toma de lo que se genera espontáneamente en la sociedad. El Frente de Todos hace nulo trabajo político, salvo el que deriva de la tarea de gestionar con muchas limitaciones propias, e impuestas por el poder dominante.

Estamos hablando de una sociedad que está ultra intervenida en las ideas e “información” que circulan desde los medios y las redes, por las terminales del poder económico. No hay “opinión pública espontánea” sino opinión pública construida. Si el pensamiento crítico se calla y no se expresa, todo lo que circula es pensamiento retrógrado, al cual luego se supedita mansamente el gobierno. Ese es un punto llamativamente diferente al del gobierno kirchnerista, que daba una batalla comunicacional y conceptual clara a las ideas imperantes. Ofrecía, mal o bien, una versión alternativa de los cosas, y con eso generaba pluralismo democrático.

Así, el “volver mejores”, si se acepta el marco conceptual de la derecha, es volver más dóciles, menos audaces, más previsibles y más predispuestos a un diálogo “vinculante” con un sector que no es portador de un proyecto válido para toda la población, sino de estrechos intereses particulares. Al reducir la distancia con la mirada del poder económico, se reduce el arco de lo posible.

Lo mismo se puede decir de la expresión “es con todos”. Tomando como punto de referencia el momento en que diversas fracciones peronistas se fueron desgajando del gobierno kirchnerista, a medida que este mantuvo un rumbo independiente de los dictados de los poderes fácticos, la expresión “es con todos” parece aludir a la convocatoria a la unión del kirchnerismo de 2015, con todos los otros espacios peronistas (intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales) que se alejaron por diversas razones de la órbita de Cristina.

Pero ese “es con todos”, como parte del marco conceptual incorporado de la derecha, tiene especialmente problemas con lo que la clase dominante odia del kirchnerismo, como por ejemplo 678, como símbolo de un espacio crítico y develador del hipócrita discurso republicano de la derecha local.

Si. Es con el kirchnersimo -¿cómo podría ser de otra forma, si fue la base del triunfo del Frente de todos?-, pero es con un kirchnerismo silenciado, desmovilizado y neutralizado. En ese papel quedará maniatada la propia Cristina, que por responsabilidad institucional deberá limitar fuertemente su aparición pública y el tenor de su crítica.

No podemos dejar de señalar que de por sí el kirchnerismo dista mucho de ser una fuerza política organizada, que esté en condiciones de aprovechar el gran caudal de adhesiones y de recursos que posee a lo largo del país para incidir en la dinámica social. Por diversas razones políticas y de estilo, el kirchnerismo no ha desplegado todo su potencial transformador, y la presencia de su líder indiscutida en tareas pública ha reforzado su inactividad de los últimos años.

Un aspecto en el que la tradición peronista de la que abreva Alberto Fernández –el peronismo porteño- confluye con los deseos de la derecha local, es en el tema de la movilización popular.

El estilo del Presidente es más formal, más vinculado a las negociaciones y a los encuentros de dirigentes, que a la presencia fuerte de sectores sociales en las calles. Esa particularidad argentina, odiada por el antiperonismo en tanto manifestación de poder popular, y comenzada a utilizar por la derecha golpista en los años de Cristina para sus propios fines, no es del agrado presidencial, y no se alienta en ningún sentido esa presencia “extraña” en las calles. Presencia que se desalentó incluso cuando la Quinta Presidencial estaba rodeada de bandas policiales de la Provincia de Buenos Aires. Es otra forma de decirle al poder “somos buenos, no mordemos, no incluimos ninguna práctica política inquietante”.

En el espacio de lo que parece ser “el albertismo”, nunca queda claro cuánto hay de “no conviene hacer tal cosa porque no da la relación de fuerzas” y cuánto hay de “eso no lo vamos a hacer porque no creemos en eso”.

La relación con la clase empresarial se entiende fundamental, y no es que CFK no quisiera también establecer una buena relación. No hay discrepancias entre los socios de la coalición en relación al modelo capitalista. Las diferencias aparecen en relación a qué grado de autonomía tiene que tener el Estado en relación a los sectores dominantes, y cuán posible es, a través de consensos, generar un modelo de desarrollo socialmente potable.

En su momento, el kirchnerismo acrecentó su potencia política, mediante el entusiasmo y las esperanzas que generaba en vastos sectores de la sociedad. Esa adhesión le permitía negociar en una forma más fuerte con sectores del capital. El albertismo, dada la influencia más significativa de la ideología de las corporaciones en su esquema, parece apuntar más a la moderación de las expectativas populares, y a la depresión de las pasiones, para buscar la confluencia con el modesto horizonte económico que surge de las presiones empresariales internas y del FMI.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL Y MODERACIÓN DISFUNCIONAL:

La discusión sobre los estilos de gobierno y sobre los matices del capitalismo periférico argentino es opinable. Cuanto más sereno sea el escenario económico-social, más es la diversidad de opiniones admisible.

Pero ocurre que el panorama local fue sacado de un estado socialmente aceptable -como lo era hasta 2015- para ponerlo en un lugar de fuerte inestabilidad económica a través del gobierno macrista. Inestabilidad financiera, pero también inestabilidad fiscal, monetaria y de la actividad económica, que acentuó el desempleo y la pobreza.

Eso recibió el gobierno de Alberto, que dado su talante, no utilizó sus primeros 100 días para tomar medidas fuertes de cambio de rumbo. Luego estalló la pandemia, que tampoco fue aprovechada como una ocasión excepcional para tomar medidas excepcionales, como por ejemplo un mayor control sobre los precios de los productos básicos mientras millones no tenían empleo. Nada de eso se hizo, como tampoco crear un esquema de aprovisionamiento popular que debilitara a los monopolios que controlan rubros clave de la canasta familiar. Podemos inferir que esto tuvo -y tiene- que ver con no disgustar a los monopolios y a los medios que los expresan.

Lo cierto es que a pesar de haber llegado a arreglos con los acreedores externos privados, y con el propio FMI, la desconfianza de los financistas globales continúa, y Argentina no consigue crédito a tasas razonables.

Por lo tanto, el gobierno debe financiarse a tasas muy altas con los actores locales, lo que genera una explosiva situación de endeudamiento interno. Los monopolios continúan remarcando alegremente, lo que obliga a elevar la tasa de interés interna para que los depósitos no se pasen al dólar, obliga a elevar el gasto público para apoyar el acceso a los alimentos de amplios sectores populares, crecen las lógicas presiones sindicales para recuperar el salario real y se profundiza la velocidad de la devaluación requerida para que el tipo de cambio no se retrase.

Y vino la guerra en Ucrania, que aceleró un proceso inflacionario internacional que venía en marcha ya desde 2021. Ahora son los precios de ciertos alimentos, los fertilizantes y los costos de la energía los que están subiendo en el mundo, y aquí.

Mientras todo esto pasa, sectores del poder económico interno no aceptan que se tomen las medidas imprescindibles para proteger a la población. Mientras Indonesia, principal exportador mundial de aceite comestible prohíbe las exportaciones de ese producto, y la India prohíbe la exportación de trigo para no hambrear a su población, en Argentina se impone el veto sobre la posibilidad de poner retenciones o cupos a la exportación, así como de aplicar leyes antimonopólicas o de abastecimiento para frenar la especulación privada.

La situación, hay que decirlo con claridad, es grave y peligrosa.

Contiene elementos que podrían poner fuera de control variables sociales y económicas fundamentales. No es sencillo el panorama, porque el cuadro externo parece deteriorarse aún más, debido a una crisis financiera en ciernes en los Estados Unidos.

Estas situaciones en todo el mundo, y también en Argentina, obligan a los gobierno a acciones mucho más audaces que las habituales para mantener el control sobre el timón económico, y exigen a los estados autonomía de decisión en relación a los intereses particulares, para salvaguardar valores elementales, como la paz social y la vida de los habitantes.

Pero resulta que el actual gobierno argentino no cree en ese tipo de políticas, atrapado en la mirada conservadora de la derecha antisocial local, y pretende actuar como si viviéramos en tiempos “normales”, moviéndose con mucha parsimonia en relación a hechos económicos que se suceden y potencian constantemente. No sólo se mueve así, sino que no alerta a la población sobre lo que está ocurriendo. Actúa una realidad que no es tal.

Hoy la moderación es una idea inadecuada para guiar la acción en relación al cuadro internacional y local en plena evolución.

Ahora precisamente la prudencia en la acción de gobierno requiere un tipo de comportamiento público mucho más audaz y decidido del gobierno nacional. Un gobierno cuyo instinto conservador parece inadecuado para las circunstancias excepcionales en las que vivimos.

Buenos Aires, 23 de mayo de 2022.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

A pesar de las dificultades que entraña el tiempo presente, es al mismo tiempo una ocasión importante para aprender un conjunto de lecciones sumamente útiles para el movimiento popular.

Además de los factores externos que condicionan nuestra realidad, también ha habido errores propios de magnitud, que ayudan a entender el porqué de la fragilidad económica y política del gobierno en el momento actual.

El mal procesamiento de las dificultades de la pasada gestión kirchnerista, tanto por falta de debate interno profundo y comprometido, como por lecturas superficiales de los problemas enfrentados –funcionales a una estrategia de apaciguamiento con el establishment-, llevaron al diagnóstico que impregnó la actual gestión gubernamental. Nunca es tarde para aprender de la experiencia, sobre todo para quienes quieren seguir haciendo política en la Argentina y transformar la realidad del país.

Una crisis económica provocada:

La actual crisis cambiaria es una crisis provocada.

No es una crisis “necesaria”, que no podía o pueda ser evitada. El país productivo está en un buen momento, y esa es la base necesaria para que todo funcione bien. Hay capacidad instalada ociosa, hay gente que necesita trabajo, y hay gente con capacidad de consumo y que quiere gastar en el mercado interno. Lo insólito, en realidad, es que se viva esta situación de incertidumbre y de amenaza económica a partir de las presiones sobre el dólar y los precios.

Sin embargo, sectores económicos locales con buena coordinación –a partir de compartir intereses y una misma visión sobre el país-, y con capacidad de apelación sobre sectores de la población, son capaces de generar un clima de zozobra, de desasosiego e incertidumbre que los favorece tanto económica como políticamente.

En la creación de este clima político-económico volátil vinculado a las escasas reservas de dólares en el Banco Central, deben identificarse cuatro causas recientes:

1. Una cuestión provocada por el macrismo: el endeudamiento gigante en los primeros dos años de gobierno con fondos de inversión extranjeros, y luego la fuga de esos fondos y de lo aportado por el FMI (44.000 millones de dólares), por parte de agentes locales y los propios fondos de inversión extranjeros, derivaron en una aguda falta de reservas en el Banco Central de la República Argentina.
2. Una cuestión provocada por el gobierno actual: el carecer de una política seria y sistemática de cuidado de las reservas del Banco Central, como parte de una estrategia más abarcativa de construir gobernabilidad económica, para poder concretar las metas fijadas por la propuesta electoral del Frente de Todos.
3. Una cuestión provocada por el capital concentrado que opera en el mercado local, tanto exportador como importador, tanto agrario como industrial y financiero: apostar a forzar devaluaciones que valoricen sus posiciones (privadas) en dólares, y los dólares que reciban desde el exterior.
4. Una cuestión provocada por los formadores de precios locales, cuyo comportamiento central se explica por la dolarización de sus beneficios, lo que los lleva a indexar los precios finales en toda circunstancia al valor del tipo de dólar más alto del momento, aun cuando pueda fluctuar o bajar. Los precios no bajan en ninguna circunstancia, y los aumentos son generados por las más diversas causas, reales o especulativas.

En este momento estamos en presencia de una ofensiva del sector privado concentrado contra el Estado nacional y el resto de la sociedad para establecer el tipo de cambio que favorezca aún más a los primeros.

En caso de que logren forzar al gobierno a realizar una devaluación, será para beneficio de los sectores exportadores y los grandes tenedores de divisas y en contra de todo el resto de la sociedad, que se verá empobrecida.

Es un hecho que los sectores agrarios ahora están retaceando las ventas de sus productos, lo que genera una presión sobre las reservas, mientras que el año pasado y este, un conjunto de grupos económicos requirieron montos excepcionales de dólares para “pagar deudas” al exterior –no adecuadamente monitoreadas por el Banco Central- y ahora para “importar insumos”, que el Banco Central tardó mucho en empezar a retacear. Dada la carencia relativa y transitoria de dólares, si el gobierno no les vende “dólares oficiales”, considerados baratos, los privados presionan a través de los dólares marginales, ya sea el blue, u otros dólares de cotización legal.

A esto se suma, gracias a la inquietud que generan los medios, y a la extrema sensibilidad de los sectores medios altos frente a estos episodios, una demanda de dólares precautoria, “por si” pudiera ocurrir una devaluación.

La clave aquí es el poder social que tienen estos sectores concentrados para imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad, y la capacidad para hacer participar a los sectores subordinados en su visión sesgada de la economía.

Responsabilidades:

Sobre el macrismo, poco hay para agregar en relación a todo lo que se ha dicho: una política económica antinacional y antiproductiva, de endeudamiento externo y de especulación, que favoreció principalmente al capital financiero y a ciertos bolsones corporativos vinculados al núcleo empresarial macrista.

Dejó una herencia complicadísima, ya que lo correcto hubiera sido en ese momento inicial declarar el default de la enorme deuda recibida, para impulsar una reestructuración de largo plazo, acompañada por una nueva política económica. Se puede aducir que la población votante del Frente demandaba una mejora rápida en sus condiciones de vida, y no ingresar en una situación conflictiva y traumática, por lo menos hasta que se terminara la negociación.

Desde la conducción del Frente evidentemente se optó por eludir esa situación traumática que hubiera exigido un comportamiento muy audaz y decidido de todo el Frente, que agrupa a casi a todo el peronismo, caracterizado por una gran heterogeneidad. Precisamente el diseño original del Frente era una concesión al centrismo que aparentemente reclamaba el gran peronismo.

Una estrategia equivocada para un gobierno con objetivos populares:

A esta altura, transcurridos más de dos años y medio de gestión, parece cada vez más claro que lo que dañó la política económica en general, y la acumulación de reservas en el Banco Central en particular, fue la orientación política estratégica del gobierno.

Esa orientación, que permeó todos los comportamientos del gobierno, tanto hacia adentro de su estructura de gestión como hacia la sociedad, consistió en una actitud de diálogo y búsqueda de acuerdo con el capital concentrado, y sus aliados mediáticos y judiciales, para buscar algún tipo de gobernabilidad económica y política que le permitiera al gobierno avanzar en el cumplimiento de sus metas. Si bien buscar diálogos y consensos, en abstracto, no tiene nada de reprochable, en la realidad concreta argentina se chocó con dos problemas archi-conocidos: 1) el capital concentrado en argentina no suele dialogar con gobiernos democráticos, sino a imponerles condiciones. Cuanto más débiles políticamente son los gobiernos, ni siquiera aceptan el diálogo por razones tácticas, y 2) el gobierno tiene que tener ideas alternativas a las del poder económico sobre cómo encarar los problemas económico-sociales, para que existan bases para llegar a un “consenso” entre partes diferentes. Si el gobierno carece de discurso propio, o está pronto a diluir sus convicciones, esto es aprovechado por el poder económico.

Una de las posibilidades para explicar esta actitud inicial es la suposición de base existente en la cúpula del Ejecutivo, que no había intereses encontrados en la sociedad, sino más bien desencuentros y malentendidos en el terreno de la política, y que si se eliminaba la “desconfianza” se podría interesar a las diversas fracciones del capital en una reactivación económica que “beneficiaría a todos”. Es totalmente claro que la única meta en la que coinciden todas las fracciones del Frente de Todos –por cierto muy limitada- es en la reactivación económica.

Otros interpretan que esta búsqueda de los consensos tenía que ver con una lectura cruda y realista no sólo de la relación de fuerzas existentes en la sociedad, sino de las serias dificultades de la gestión de Cristina Kirchner en su último mandato. Según esta lectura, no había condiciones para ningún tipo de enfrentamiento frente a una derecha empoderada y agresiva, y por lo tanto había que avanzar por la senda del acuerdo, demostrándole al capital concentrado que este era un gobierno que no sólo no le era hostil, sino que era amistoso y que compartía convicciones con el establishment en cuanto al estilo que se pretendía de una gestión que quería ser recordada por su  “moderación”. La definición de moderación, aplicada a una gestión de gobierno por el establishment argentino, incluye no hacer nada que afecte o menoscabe los intereses de la elite económica, mantener las autoridades políticas un tono cordial y acrítico en toda circunstancia económica, aceptar pasivamente las actividades ilegales de esas fracciones, y fundamentalmente, estar dispuestos a absorber por parte de los políticos toda la responsabilidad de lo que ocurra en el campo económico, aun cuando no sea el Estado el que controle las principales variables para orientar la economía.

¿Cuán débil era el gobierno del Frente de Todos en su origen, y cuán fuertes eran los sectores concentrados en 2019? El gobierno contaba con su base social, constituida por vastos sectores de ciudadanía, sindicatos, organizaciones partidarias, sociales y populares, a quienes había desmovilizado en los meses previos a las elecciones. Los sectores concentrados contaban con Juntos por el Cambio y sus legisladores, premiados luego de su pésima gestión con el 40% de los votos, con el respaldo de Estados Unidos y el establishment financiero internacional, con los grandes medios que logran manipular la información y la subjetividad de una importante fracción de la población, y con sectores estratégicos del poder judicial.

La decisión del Poder Ejecutivo, que tiñó por completo la gestión hasta el presente, fue la de no confrontar con fracciones empresariales concentradas, ni tampoco ir construyendo poder propio, ya que eso sería visto como una amenaza por los poderes fácticos.

Esa elección implicaba no recuperar para la nueva gestión partes del Estado ocupadas por el funcionariado macrista. Así, en áreas como la Cancillería, el Banco Central, Obras Públicas, se mantuvo a personal fiel al macrismo, es decir, a los Estados Unidos. En la Comisión Nacional de Valores, se puso a un funcionario amistoso con “los mercados”, es decir, con los especuladores bursátiles.

La inacción, o lo intrascendencia de acciones menores en materia de reforma del Poder Judicial fue muy significativa, y más allá de las palabras bien intencionadas, es un claro mensaje de respeto a un statu quo completamente favorable logrado por el poder corporativo en ese sector clave de las instituciones republicanas.

Tampoco se quiso enunciar un discurso político claro y distinto en relación al sentido común preponderante, que pudiera molestar a las fracciones del capital, de alguna forma representadas por los editoriales del diario La Nación. Ser capaces de enunciar un discurso público claro y distinto era un elemento fundamental para la comunicación oficial y para convocar a la ciudadanía detrás de políticas públicas progresistas, que serían previsiblemente atacadas mediáticamente por los sectores conservadores. A pesar de todas las capacidades disponibles, no se creó un discurso capaz de convocar y movilizar en torno a la acción gubernamental.

Excusas:

Ha sido frecuente escuchar, por parte de diversos voceros gubernamentales, que la pandemia estalló “apenas transcurridos 90 días de gestión”, cosa que es cierta.

Pero cabe recordar que es casi un lugar común de la política mundial, para cualquier gobierno democrático que quiera cambiar algo, que los primeros “100 días” son importantes para fijar la impronta de lo que será la gestión, y eventualmente tomar medidas de peso, aprovechando la adhesión social y cierto desconcierto opositor.

No hay mucha diferencia entre 90 y 100 días. Lo que sí difiere es si un gobierno viene a cambiar cosas, siente la urgencia y la premura por cambiar cosas, o si su principal preocupación es no inquietar a sus enemigos ni ser percibido como “peligroso” por sus detractores.

Lo que ocurrió es que esos 90 días no sólo no se avanzó en algún plan de medidas significativas, sino que se sancionó una Ley de Emergencia Económica –necesaria- pero que incluyó ¡un tope a las retenciones a las exportaciones agropecuarias!

Es decir, que en vez de tomar medidas audaces, cuando aún se cuenta con el calor y el aliento del triunfo en las urnas, se fue presurosamente a mostrar al poder económico –en este caso al agro concentrado- que el gobierno se auto-ataba las manos para que vieran que no tenía voluntad de modificar las cargas a este sector, definidamente opositor.

De haber existido una visión estratégica más clara, que trascendiera la mera reactivación económica, desde ese momento ya se hubiera podido trabajar en la concreción del importante Gasoducto Néstor Kirchner, en el sentido de poner en marcha rápidamente el nuevo proceso licitatorio. No hay excusa pandémica para esto, sino morosidad y falta de mirada estratégica, ya que hoy podríamos contar con esa herramienta de distribución energética y de ahorro de divisas que tanta falta hacen hoy.

Luego, con el estallido de la pandemia, el gobierno se encontró un panorama complejísimo, que enfrentó con bastante orden y racionalidad. Recordemos que el Presidente llegó a tener una imagen positiva entre la población cercana al 80% en aquellos día difíciles de la pandemia. Era una excelente base para crear una imagen propia, la de un funcionario protector y ocupado del cuidado de la población. Ese cuidado podía, perfectamente, ser traducido en políticas de disciplinamiento de actores económicos predatorios, que atentaran contra el bienestar de las mayorías. No se hizo.

En vez de utilizar una circunstancia tan extraordinaria como es una pandemia mundial para autonomizar al Estado de las presiones sectoriales, y utilizar el consenso público sobre la evidente emergencia para disciplinar mínimamente a sectores económicos, se optó por avanzar en la dirección opuesta. Fueron los días en que el ministro de Desarrollo Social debió aceptar pagar sobreprecios a los proveedores de alimentos del Estado, porque –como dijo Daniel Arroyo-, “se me plantaron”. Es decir, que en plena pandemia, eran las corporaciones privadas los que extorsionaban a un Estado que se tenía que encargar de que comieran diariamente 9 millones de argentinos. Era tal el espíritu de “no enojarse a cualquier costo”, que el episodio se dejó pasar al olvido instantáneamente. Ni siquiera esa extorsión motivaba enojo oficial y en el ámbito político del Frente de Todos.

En vez de sancionar, castigar y enfrentar, movilizando la indignación ciudadana, se convalidó pasivamente que los precios de los alimentos y de los medicamentos, durante la pandemia, subieran por arriba del promedio de los otros bienes y servicios.

El capital, expresado crudamente por el ex presidente Macri, pensaba que lo que correspondía en la pandemia es que “se murieran los que se tuvieran que morir”, para no frenar los negocios.

El gobierno optó por un camino encomiable, optando por la protección de las personas, pero se frenó luego de unos meses porque le comenzaron a hacer una corrida cambiaria, durante setiembre y octubre de 2020. En vez de denunciar y sancionar a los inescrupulosos que estaban haciendo timba financiera en un momento tan duro para la población, buscando dañar aún más a los debilitados bolsillos de las mayorías populares, el gobierno optó por retirar el IFE, con el argumento que -como expresaron sucesivamente los ministros Guzmán y Cafiero- “se iba al dólar”.

Es difícil explicar la claudicación económica y política que encierra esta decisión: como las ganancias que hacían sectores empresarios las trataban de dolarizar comprando dólares en negro, hubo que eliminar la importantísima ayuda otorgada a 11 millones de personas para que sobrevivieran, así “los mercados” no tenían la excusa de la “enorme emisión monetaria” para seguir timbeando. Similares emisiones se vieron en muchos lugares del mundo, sin ningún tipo de corrida cambiaria ni ataque especulativo. Vale recordar que el gasto enorme en ATP (ayuda a las empresas para que pagaran los sueldos y no despidieran personal) y el IFE (subsidio directo a personas sin trabajo), debió ser cubierto exclusivamente con deuda interna y emisión, dado que el macrismo había provocado el cierre del crédito internacional a nuestro país. Finalmente, y después de muchos debates internos, se atinó a exigir una contribución discreta a las grandes fortunas, por única vez.

No nos vamos a extender sobre el episodio Vicentin, una verdadera exhibición de falta de voluntad política para avanzar en una muy interesante iniciativa para que el Estado pueda asumir un rol más importante de control y regulación nada menos que en el tráfico de granos. Una oportunidad única, desperdiciada por la falta de motivación y del ejecutivo, que implicaba por supuesto, un choque contra diversos factores de poder. Era tan calamitosa la quiebra de Vicentin, eran tantos los delitos cometidos contra propios y ajenos, que con sólo informar adecuadamente a la opinión pública, encarando una verdadera campaña de difusión y debate político, se hubiera podido conseguir un consenso a favor de la intervención estatal. ¿Qué hubo? ¿Falta de comprensión sobre el valor de recuperar tamaña empresa? ¿Ausencia completa de una estrategia de fortalecimiento estatal? ¿Temor a la reacción de los privados?…

Tampoco nos extenderemos en las idas y vueltas institucionales con la llamada Hidrovía, ya que en este caso era facilísimo el trámite para retomar el control de la actividad de dragado del Paraná –y direccionamiento del tráfico portuario- simplemente por efecto del vencimiento de la concesión, pero se mantuvo la no decisión al respecto, lo que genera serias dudas sobre las intenciones del Ejecutivo en este terreno, en el mismo sendero elegido de “no enojar” a los intereses privados, locales o extranjeros.

El ministro Guzmán, ocupado de las negociaciones para reordenar la deuda externa, le prestó poquísima atención a la inflación, a pesar de que formaba parte de un gobierno que se proponía mejorar los ingresos de las mayorías, cosa que el aumento constante de precios impedía. Toda la “administración” de los abusos inflacionarios –como la ola remarcatoria que siguió en los meses posteriores al intento especulativo de setiembre-octubre de 2020-, también por parte del ministro Kulfas fue sumamente precaria y condenó al fracaso a cualquier intento de recuperación del salario real. No se opuso ninguna traba de ningún tipo a ese proceso de deslizamiento inflacionario, ni se buscaron estrategias alternativas para abastecer a la población a precios justos.

En el 2021, conjuntamente con una paulatina aceleración de los precios –que fue respondido con un pedido de información por parte del gobierno, que a su vez fue respondido por la no entrega de información por parte de las grandes empresas formadoras de precios-, se observó cómo el sector bancario comenzó a aprovechar la situación de desequilibrio fiscal provocada por la pandemia, para reclamarle cada vez más títulos públicos con mayor grado de indexación a la inflación o al dólar al gobierno. De a poco, el gobierno iba entrando en una trampa de dependencia financiera con otro sector cuya lógica sectorial colisiona de frente con las necesidades productivas del país. Los banqueros –alias “mercados”- empezaron a volverse sibaritas de la deuda pública, aumentando su grado de veto e intromisión en las decisiones públicas.

El descuido del tema inflacionario resulta inexplicable en un gobierno preocupado por la “macroeconomía”. La inflación ascendente, que no se podía justificar por los costos, ni por el movimiento del dólar oficial, ni por la presión salarial, obligaba a aumentar la tasa de devaluación, lo que a su vez aceleraba el movimiento de precios “porque subió el dólar”. Al mismo tiempo, para que los ahorristas en los bancos no hicieran presión sobre el dólar marginal, había que ir subiendo la tasa de interés, que no podía desconectarse completamente de lo que se les cobraba a las empresas pequeñas y medianas para otorgarles crédito. La inflación retroalimentaba el fenómeno financiero especulativo, y comenzaba a dañar la dinámica económica.

Pero disciplinar a los formadores de precios no era algo que figurara en el manual de conducción del gobierno. Pedidos, solicitudes, imploraciones a las empresas, pero ninguna acción que pusiera algo de orden en un contexto crecientemente anómico, donde el Estado renunciaba voluntariamente a poner orden. El propio Presidente, comentaba en un programa de televisión, que la “Ley de Góndolas”, sancionada para tratar de mejorar aunque fuera parcialmente la situación de los consumidores, “no se cumple”. No sabemos si Alberto Fernández advertía la erosión a la que sometía al poder del Estado y de la Ley, admitiendo que la ley quedaba a voluntad de quienes quisieran cumplirla, sin sanción alguna.

Hambre, y hambre de políticas públicas:

La agudización de los problemas económicos en 2022, ha llevado a un cuadro de enorme penuria para el 40% de la población, y de dificultades crecientes para otro 30%. El incremento local de los precios de los alimentos tuvo fuentes externas evidentes, como los problemas de logística global y de tensiones inflacionarias en el período 2021, y sumada la guerra en Ucrania y las torpes sanciones occidentales, que generaron un cuadro de disrupción internacional innecesario.

Pero tan importante como los datos internacionales objetivos, es el comportamiento de los actores locales, tanto porque no aceptan separar más claramente el precio local del internacional mediante modificación a los niveles actuales de retenciones –imponiendo un veto político al gobierno-, como porque trasladan en forma desmesurada el aumento de costos –o de ganancias pretendidas- al precio de los productos.

Ahora le agregaron la corrida cambiaria, otro curro de los especuladores para aumentar precios y despojar a lxs argentinxs de sus ingresos. El gobierno continúa yendo por detrás de los acontecimientos, tomando medidas tardías e insuficientes, no explicando, y no convocando a contraponer la movilización popular al poder de los especuladores.

Esto ha creado un cuadro de indefensión colectiva, conformado por la actitud salvaje y depredadora de un conjunto de empresas alimentarias y grandes exportadores agropecuarios, y por la pasividad sorprendente del gobierno frente a esta situación. Ante el peligro del hambre, el gobierno del Frente de Todos carece de la suficiente determinación para enfrentar con todos los instrumentos económicos disponibles esta situación.

La precondición de poder hacer algo en serio, efectivo y no discursivo, es poder decir “el hambre es inadmisible en nuestro país y no lo vamos a tolerar”.

Es decir, implica el abandono de la estrategia política claudicante elegida por el gobierno hasta el presente, de “no irritar a los mercados”. Actitud complaciente que no sólo abarca a las empresas normales, que producen y quieren ganar plata normalmente, sino tampoco a los monopolios, especuladores y desestabilizadores financieros que pretenden rentas extraordinarias en un momento difícil de la sociedad argentina. ¿Son un bloque único, o se puede diferenciar entre unos y otros?

No sabemos si el gobierno podrá realizar este cambio interno fundamental. Pero es imprescindible para que la ministra Batakis cuente con los instrumentos que le permitan revertir la situación.

Sí sabemos que hasta ahora el gobierno ha seguido un camino de derrotas económicas, que lo colocaron frente a un severo riesgo de gobernabilidad.

No se trata de confrontar porque sí. No se trata de optar entre ser un pendenciero o ser un pusilánime. No se trata de abrir 500 frentes al mismo tiempo.

Se trata de poner, por delante de la híper-sensibilidad e intransigencia de los privilegiados -a los que no les está yendo nada mal-, las necesidades imperiosas de la mayoría nacional de vivir decentemente, cosa que nuestro país está en condiciones de garantizar.

Buenos Aires, 20 de julio de 2022.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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