Por Conrado Yasenza

(para La Tecl@ Eñe)

-CY: Tanto en la declaración que acaban de hacer pública ustedes como jueces de la Corte Interamericana, como en la que hace días formulara la Comisión Interamericana, los dos órganos máximos del sistema continental de Derechos Humanos, les imponen deberes a los Estados miembros. ¿Cuál cree que será el acatamiento o la eficacia de estas declaraciones?

–RZ: Las declaraciones no tienen por sí mismas ningún valor vinculante para los Estados, pero creo que con ellas, tanto nosotros como la Comisión les advertimos los criterios con que resolveremos las cuestiones que se nos planteen en nuestros respectivos ámbitos de competencia.

Dicho más claramente: adelantamos que, de apartarse de las líneas, bastante elementales por cierto, señaladas para la emergencia, incurrirían en violaciones a los Derechos Humanos y, por ende, si fuesen denunciadas a la Comisión, entiendo que ésta está anunciando que en esos casos dispondría medidas cautelares o, más enérgicamente, pediría a la CorteIDH que ordene medidas provisionales y, por nuestra parte entiendo que estamos advirtiendo también que en esos mismos supuestos estaríamos dispuestos a ordenarlas.

En este sentido, creo que los dos organismos estamos anunciando cómo habremos de proceder y resolver.    

-CY: ¿Qué eficacia tendría esto respecto de los Estados miembros?

-RZ: Por lo menos, en lo que respecta a las medidas provisionales de la CorteIDH, son vinculantes para los Estados miembros, carácter que nunca les fue desconocido y hasta el presente se vienen respetando y los Estados les dan cumplimiento. Tenemos en la Corte un procedimiento de supervisión de cumplimiento y el nivel de acatamiento es bastante alto.  

-CY: Ustedes no se han referido a la cuestión de suspensión del pago de las deudas externas, como lo hizo la Comisión. ¿Es porque no comparten el criterio que señala la Comisión?   

-RZ: No puedo responder en nombre de mis colegas de la Corte, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en la necesidad de que se proceda como lo señaló la Comisión en su declaración, sólo que el FMI no está sometido a nuestra competencia, fijada por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo manifestado por la Comisión es a mi juicio correcto, pero como respaldo moral a nuestros Estados, no como algo que pueda tener fuerza jurídica vinculante respecto de un organismo que está fuera del sistema.

En cuanto al señalamiento de que este organismo debiera estar a la altura de las circunstancias, por elementales razones de necesidad en la emergencia, creo que estaríamos todos de acuerdo.

Por mi parte, como opinión meramente personal, entiendo que después de los recortes presupuestarios que este organismo ha impuesto en la región, incluyendo los que hacen a la salud pública y que son precisamente los que hoy ponen en peligro la vida de miles de personas, creo que tiene el deber moral de hacerse cargo de su responsabilidad, pero todo esto es un señalamiento ético, difícil de aceptar por quienes nunca han demostrado ni la más remota fibra de sensibilidad social y respecto de los cuales no tenemos facultades para imponerles nada, esto último es claro.  

-CY: ¿La Comisión o la Corte no podrían ordenar que los Estados posterguen el pago de la deuda?   

-RZ: Es una buena pregunta, de difícil respuesta, por cierto. Si lo que me preguntás es si directamente se podría ordenar una medida cautelar o provisional de “no pago”, tendría que pensarlo y me parece a primera vista dudoso, pero indirectamente estimo que sí.

Con esto quiero decir lo siguiente: para cumplir con la debida observancia de la Convención Americana en esta emergencia conforme a las pautas señaladas en la dos declaraciones, los Estados deberán concentrar sus esfuerzos presupuestarios en salud, alimentación, proveer ingresos de subsistencia a las personas del trabajo informal, a las que se encuentran en situación de calle, otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas para evitar su quiebra y consiguiente pérdida de fuentes de trabajo formales, etc.  

Es bastante obvio que semejante esfuerzo de inversión estatal, que puede llegar a requerir algunas medidas impositivas extraordinarias que se están discutiendo no sólo en nuestros países sino en el mundo todo, sumado a la paralización económica y a la consiguiente caída de la recaudación fiscal corriente, no dejará muchas posibilidades de continuar con el pago de la deuda. Prácticamente, todos los Estados se hallarían en una situación de incapacidad o cesación de pagos o directamente de falencia, siendo obvio que a quien no recauda y, por ende, no tiene dinero, no se le puede reclamar que pague.

-CY: Con respecto a la situación de los presos: ¿Cree usted que los Estados cumplirán las directivas del sistema interamericano?

-RZ: Espero que lo hagan con la urgencia del caso o que, de lo contrario, con la misma urgencia, los afectados o quien sea, nos planteen las diversas situaciones y, espero que, tanto nosotros como la Comisión, estemos en esa eventualidad a la altura de las circunstancias, tal como lo señalamos en nuestras declaraciones.

Las advertencias no son sólo nuestras, es decir, de la Comisión y de la Corte, sino de la OMS, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y hasta del Papa Francisco, que acaba de dedicarle el “Via Crucis” a los presos.

Nadie puede decir que ignora el peligro inminente de infección, pánico, violencia y motines, con resultados altamente letales para presos y personal.

No nos engañemos, aquí se juegan miles de vidas humanas y nadie podrá alegar en el futuro que lo ignora, puesto que todos tenemos plena consciencia de la ilicitud de esas penas en esas condiciones de cumplimiento, y si no se procede a hacer lo correcto, es porque dolosamente se está consintiendo la posibilidad de muerte de miles de personas, más de la mitad de las cuales, en nuestros países, ni siquiera están condenadas.

Estamos ante la inminencia de una hecatombe y los Estados que permitiesen la muerte de miles de personas en sus prisiones superpobladas, serían responsables internacionalmente, sin perjuicio de que sus autoridades resultasen responsables de delitos masivos de abandonos de personas.

-CY: Pero las autoridades de esos Estados saben que esas responsabilidades no se harían efectivas, porque están en el poder, y los presos y carceleros son gente pobre y sin poder.

-RZ: No nos olvidemos que dejar morir a miles de personas, con clara consciencia de que inevitablemente ese sería el resultado de su inacción, omitiendo las medidas urgentes reclamadas por todos los órganos responsables del mundo, sería una conducta típicamente dolosa de abandono masivo de personas, claramente caracterizada como crimen de lesa humanidad. Estos crímenes no prescriben, y creo que cualquier autoridad nacional en su sano juicio sabe que el poder siempre es pasajero y hasta diría que volátil. 

-CY: ¿Cómo sería el proceso de salidas sin que ello implique una sensación de alarma general en la población?

-RZ: Nadie propone salidas tumultuarias, sino justamente lo contrario, es decir, evitar estas decisiones irracionales y proceder racionalmente y con la debida calma. Es necesario que las prisiones queden con su capacidad de ocupación normal o incluso algo menor, llenas en un 70 u 80%. Para eso es necesario proceder rápidamente, pero con cordura y ordenadamente, es decir, que primera salgan con medidas alternativas los especialmente vulnerables a la infección y luego, quienes se hallan próximos a la libertad definitiva o condicional. Por último se debería graduar disponiendo lo mismo respecto de los presos imputados o condenados por delitos menores sin violencia física o sexual, hasta lograr esos porcentajes de ocupación, que permitirían guardar las medidas higiénicas respecto de los presos residuales que se mantengan en privación de libertad.

Justamente, procediendo de esa manera se evitarán las violencias que, por lo general, implican primero víctimas fatales y luego salidas tumultuarias y desordenadas. Pasada la pandemia, se vería quiénes no hubiesen agotado la pena y deberían volver a la prisión.

Las prisiones superpobladas, con escaso personal, con el orden interno manejado por los presos organizados en bandas que imponen servilismo al resto, incluso hasta sexual, con carencias sanitarias y de todo orden, son claramente tortura, como reiteradamente se ha dicho, más que prisiones son campos de concentración, que ningún discurso hipócrita de resocialización puede justificar. Pero en las actuales circunstancias, se convierten directamente en campos de exterminio, o sea que, de instituciones de privación de libertas pasan a ser trampas para ejecución de condenas a muerte.

-CY: Pasando a otro tema. ¿Considera que la prohibición de despidos es una medida constitucional y adecuada? ¿Cree que habría que tomar otras medidas?

-RZ: Entiendo que sí, saldremos de esta emergencia, el mundo será otro, pero deben preservarse las fuentes de trabajo y, en un mundo en el que se concentró riqueza de la forma en que se lo hizo, en que un 1% de la raza humana reúne una riqueza igual a la que necesita el 57% más pobre para subsistir o morirse con paciencia, se necesita que en algún momento los que más riqueza han reunido, ganen un poco menos o dejen de ganar al menos por un tiempo.

Pienso que son necesarias medidas para evitar la especulación, el acaparamiento y otras maniobras de alteración de precios por parte de desvergonzados e inescrupulosos que en la cadena de distribución explotan la situación para obtener ganancias indebidas.

-CY: ¿Cree que las medidas del gobierno argentino son correctas?

-RZ: Creo que hasta el momento el gobierno argentino hace lo correcto; basta mirar las consecuencias en los países que han omitido o retrasado medidas semejantes a las nuestras para reafirmar esta opinión. Ya pasará la emergencia y habrá tiempo de discutir detalles menores, evaluar más reflexivamente lo hecho, extraer las consecuencias que nos permitan acumular más experiencia y programar en miras al futuro, pero ahora no es el momento de detenerse en esto.

Buenos Aires, 15 de abril de 2020

Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos

http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.html

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Por E. Raúl Zaffaroni

(para La Tecl@ Eñe)

A los seres humanos nos quedan pulsiones, no instintos. Freud tenía razón en este punto. Algunos biólogos observaron que nacemos en estado fetal y en nuestros primeros meses continuamos creciendo a ritmo fetal, lo que nos permite desarrollar la cultura, o sea, que tenemos una etapa de feto social. La cultura es lo que ha permitido las maravillas de la humanidad.  

Nuestro narcisismo nos hizo creer que somos el centro del universo, y nos sentimos heridos cuando alguien nos reveló que girábamos alrededor del sol y no a la inversa, cuando otro puso de manifiesto que tenemos antepasados antropoides y, mucho más cuando otro nos explicó que teníamos un inconsciente.

Por eso, por nuestro narcisismo, también nos fijamos siempre en las maravillas humanas, las hacemos patrimonio cultural, pero reparamos mucho menos en los crímenes de la humanidad, es decir, en el patrimonio cultural negativo de nuestra especie.

Y las maravillas de la humanidad hacen que la tecnología avance, y con ella también las posibilidades de destrucción, de crímenes más atroces que los anteriores, lo que humanamente nos impone el deber de tratar de preverlos y evitarlos, lo que no es nada fácil, puesto que no es verdad que la historia se repite, porque jamás se repite, sino que se continúa.

Para tratar de atisbar el futuro en forma preventiva no podemos menos que recoger la experiencia del pasado, tratando de bucear en el patrimonio negativo de la humanidad, para llevar a cabo la dificilísima tarea de discriminar los signos que pueden ser constantes y separarlos de los circunstanciales.

Esa tarea indispensable tanto práctica como éticamente, obliga a poner especial atención en los episodios más atroces del patrimonio cultural negativo y, en particular, en los que presentan mayor riqueza de horror y de signos reconocibles.

A ese patrimonio cultural negativo, por desgracia,  pertenecen muchos genocidios y masacres, cada uno de ellos con un dolor que es propio y exclusivo de las víctimas, pero el horror, la enormidad, la atrocidad, esas son de la humanidad, no sólo porque las víctimas fueron seres humanos como nosotros, sino – fundamentalmente- porque también lo fueron los victimarios.

Fijar la atención sobre el nazismo y sus crímenes es indispensable para quien se proponga la empresa de atisbar el futuro con fines preventivos, por la enorme riqueza de datos significativos que tuvo.

Por supuesto que cada atrocidad es diferente, ojalá se presentaran siempre igual, porque sería sencillo prevenirlas. Es obvio que en el futuro no vendrá anunciándose con camisas pardas ni nada se puede comparar con ese pasado.

Pero el nazismo ofrece demasiados signos que es necesario indagar si no son constantes, porque sintetizó aberraciones que en los previos crímenes de la humanidad aparecían aisladas.

Un recorrido por el patrimonio cultural negativo de la humanidad permite verificar que la criminalidad nazi sintetizó todo lo que otros habían inventado, no tuvo nada de creativo: el racismo y el reduccionismo biologista era paradigma dominante en su tiempo; el antisemitismo era europeo y los antidreyfusianos lo habían reavivado; la persecución de gitanos y gays se pierde en el tiempo; la ley del más fuerte era spenceriana; el trabajo esclavo era propio del colonialismo; el odio nacionalista confundido con el racismo superior estaba en el libro de cabecera del Kaiser; el exterminio lo habían ensayado muchos y los propios alemanes con los hereros; la moderna tecnología de exterminio la proporcionaba la industria.

Lo original de los nazis en modo alguno fue su creatividad sino, por un lado, su brutalidad inconmensurable, la falta total de límites y escrúpulos con que llevó a la práctica y al extremo todo eso, con inexorable perversidad sin precedentes, al punto de aplicar la máxima racionalidad funcional moderna en la fabricación de cadáveres, es decir que lo original fue que presentó juntas todas las características que los otros crímenes ofrecen por separado.

Por otro lado, hay algo también original en los nazis y en que se repara poco, pero quienes nos dedicamos a las cuestiones jurídicas no podemos pasarlo por alto: es la extrema neutralización de valores y racionalizaciones. Hubo muchos otros crímenes horripilantes, pero a ninguno se lo intentó racionalizar con la fineza y elaboración de éste, en particular por los juristas. Quien se asome a estas racionalizaciones esperpénticas, no podrá menos que quedar alerta para siempre frente a cualquier elaboración de la que sospeche que está ocultando algo, en especial cuando tenga la seria intuición de que ese algo puede ser siniestro.

Semejante destructividad incalificable fue propia de un tiempo, es verdad, pero fue obra de seres humanos como nosotros y no vale el negacionismo del Sonderweg, del camino especial y, por ende, irrepetible. Ese racismo al revés no hace más que neutralizar la riquísima fuente de experiencia cultural negativa que tuvo esa aberración. Nada se repetirá, por supuesto, pero nada vacuna tampoco a la humanidad de nuevos horrores y, a falta de vacuna, por lo menos debemos hurgar en el pasado para intentar detectar los primeros síntomas.

La referencia a la mayor atrocidad y a su increíble esfuerzo de racionalización o de neutralización de valores es absolutamente inevitable, al menos para quien ceda su narcisismo antropológico y aspire a contribuir a la prevención de horrores futuros.          

  No se trata de comparar nada del presente con esa atrocidad, sino de mirarla como horror del pasado, pero no por ninguna vocación masoquista, sino para intentar descubrir qué semillas de crimen puede haber en el presente en miras al futuro. Esas semillas, por fortuna, pocas veces germinan del todo, pero nunca sabemos cuándo hallan terreno fértil.

Hoy hay muchas amenazas para la humanidad, desde destrucción socioambiental hasta producción de virus en serie, desde manipulaciones genéticas hasta productos de ingeniería artificial, desde financiarización extrema de la economía hasta destrucción de los más elementales principios democráticos y, en muchas de ellas vienen envueltas semillas semejantes a las del pasado.

 Escrutar el patrimonio cultural negativo de la humanidad en esta hora, y dentro de él la experiencia terrorífica del nazismo, es absolutamente inevitable, como fuente inagotable de advertencias para el futuro.

Como todo genocidio, el dolor es absoluta e innegablemente patrimonio exclusivo de las víctimas, pero la atrocidad con todos sus caracteres lo es de la humanidad toda, fundamentalmente, no lo olvidemos, porque lo hicieron seres humanos como nosotros, que ni siquiera fueron los asesinos colonizadores que mataban a otros seres humanos más ricos en melanina y que vivían en lugares distantes e ignotos, hablaban otro idioma y tenían otras costumbres, sino que lo hicieron con los vecinos con quienes hasta poco antes departían.

Buenos Aires, 18 de junio de 2020

*Profesor Emérito de la UBA  

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

No sorprende que un régimen de “no derecho” mienta, pues todos los que ejercen poder sin derecho lo hacen, siguiendo las enseñanzas del maestro Göbbels, que fue un buen sistematizador, pero tampoco el inventor de la mentira ni mucho menos. No obstante saber esto por viejísima experiencia histórica, por suerte seguimos siendo jóvenes en el sentido de no perder nuestra capacidad de asombro, elemento indispensable para filosofar y pensar, como decían los antiguos.

En este caso, se trata nada menos de que el régimen de “no derecho” boliviano pretende procesar a Evo Morales como “terrorista”. Y todo el edificio de ese disparate estaría apoyado en una supuesta grabación de conversación telefónica que no fue ordenada por ningún juez. Desde el comienzo de la patraña se olvidaron de la teoría del fruto del árbol envenenado, o sea, el principio elemental conforme al cual, cuando un proceso se basa en una prueba ilegal, todas las demás se caen.

Pero los diarios dominantes informan que se sigue adelante porque la veracidad de la llamada ilegalmente grabada se confirma con un “peritaje” colombiano que, obviamente, nadie controló, salvo ellos y algún sabio colombiano de incuestionable saber. Hasta donde sabemos, los peritajes se controlan por las defensas, que nombran peritos de parte, pero en este caso el régimen decidió que todo eso no es necesario.

También pretenden ignorar datos del dominio público, porque dicen no saber dónde vive Evo Morales y lo citan por edictos. Es obvio que esto responde a la intención de declararlo rebelde y seguir adelante con este insólito exabrupto, nombrándole algún defensor de oficio prevaricador que con seguridad lo dará por “confeso”, como ya lo están mintiendo los diarios bolivianos, inventando inexistentes declaraciones de Evo con la mayor desfachatez.

Sobre esa endeble base fuertemente mediática, los improvisados émulos de Vichinski del régimen boliviano solicitan la detención del ex-presidente en el penal de San Pedro, que es la cárcel de La Paz donde ya murieron 34 presos por el COVID.

En esa misma cárcel mantuvieron preso en condiciones humillantes al ex–ministro del interior, Dr. Carlos Romero, contagiándolo de COVID. Después de engorrosos trámites y una fianza insólita de 50.000 dólares, lo dejaron en arresto domiciliario e infectado, siendo una persona que padece hipertensión, obesidad, problemas coronarios y renales. Al parecer, mientras estaba en el penal, el superministro del régimen instruyó que no se le preste ayuda ni asistencia médica.

En tren de atrocidades, cabe mencionar que Patricia Hermosa, ex-Jefa de Gabinete está detenida y procesada por haber recibido llamadas de Evo Morales, detención en que la hicieron perder un embarazo y trataron de infectarla de COVID, puesto que con certificación médica se verifica que la mantuvieron durante horas con una paciente positiva.

Pero volviendo al caso del disparate con nombre de proceso contra Evo Morales, es obvio que se pretende detener a todos los que hayan recibido llamadas del ex-presidente para que el MAS se quede sin candidatos y, de este modo, proscribir al partido mayoritario.

Si alguien cree que esto pasa en Bolivia, pero no puede pasar entre nosotros, es bueno recordar que los argentinos no tenemos nada de que asombrarnos, pues lo mismo les pasó a los radicales yrigoyenistas en 1930 y a los peronistas en 1955 y, para mentiras, basta con leer los diarios hegemónicos de estos días y verificar los desmanes de los “anticuarentena”.

De paso es bueno tener presente que, aun cuando el “fruto del árbol envenenado” fuese verdad, eso no tiene nada de terrorismo, pues como máximo hubiese sido una “tentativa de rebelión” que, como cualquiera sabe, es un delito objetivamente político, que no puede dar lugar a extradición. Pero tampoco podría serlo, porque se olvidaron que a la fecha en que le imputan esa llamada, Evo Morales era el Presidente Constitucional y ellos los golpistas, o sea, los sujetos activos de la rebelión. ¿Quién era quién en esos días?

Leyendo el tipo del código penal que eligieron para armar este dislate, creemos que deberán extremar mucho la imaginación los armadores del magno embuste para explicar que Evo, habiendo salido en un avión militar mexicano para que no lo maten, formaba parte de una “organización armada” y que pretendía “subvertir el orden constitucional” (subvertido por un golpe de Estado) y “deponer al gobierno elegido constitucionalmente” (cuando él era el presidente constitucional).

El contexto en que se extrema el caradurismo hasta el punto de imputar por terrorismo a Evo Morales en ese mamarracho con forma de proceso, es harto complicado, puesto que el régimen de “no derecho” cambió trece ministros en seis meses y no parece muy segura la posición de la autoproclamada presidenta, al punto que los militares decidieron ascenderse por sí mismos, sin requerir el acuerdo del senado.

Las internas parecen ser demasiado fuertes y ha circulado la versión de que el anuncio de que la mandante padece el COVID, en definitiva, sería una maniobra para generar simpatía y mostrarse sufriendo al lado de la población en procura de solidaridad. Si bien esta versión puede no ser verdad, lo cierto es que al mentiroso se termina por no creerle nada. 

La conflictividad social también es parte del contexto de la invención del terrorismo de Evo. Pese a la cuarentena, se vienen registrando protestas contra el gobierno y hace unos días, en la zona sur de Cochabamba, estalló un serio problema con la población, que reclama acceso a alimentación y alivio impositivo, a lo que hasta ahora se está respondiendo con amenazas de persecución por parte de grupos vandálicos afines al régimen y corte del suministro de agua.

En este marco conflictivo, el régimen está aprovechando el COVID para tratar de controlar las protestas. En abril y mayo, se promulgaron dos decretos estableciendo que las personas que “desinformen o generasen incertidumbre a la población” en cuanto al COVID, serían penadas con hasta diez años de prisión, al tiempo que el ministro de Gobierno anunció un “ciberpatrullaje” a cargo de las fuerzas armadas y la policía para identificar y enjuiciar a los responsables.

De paso, bueno es recordar que el régimen de “no derecho” boliviano, desde el comienzo, se ha dado el lujo de ignorar las más elementales reglas del derecho internacional consuetudinario y convencional, y ahora lleva casi ocho meses negando el salvoconducto de salida a siete funcionarios del gobierno constitucional asilados en la embajada de México en La Paz, amenazando incluso con que sus bandas armadas violen la inmunidad de la sede diplomática ante la indiferencia policial. Entre los asilados hay una mujer y uno de ellos tiene una niña de corta edad con problemas neurológicos, pero ni la dignidad de la mujer ni razones humanitarias conmueven a los detentadores del poder sin derecho.  

Es posible que alguien piense que esta y otras llamadas de atención sobre el régimen de “no derecho” sean producto de simpatías “populistas”, pasando por alto que en nuestros países tenemos que agradecerle a los populismos la ampliación de la base de ciudadanía real.

Pero, salvo que se sostenga que el partido demócrata norteamericano también merezca ese calificativo por parte de quienes le asignan un sentido peyorativo, lo cierto es que siete senadores estadounidenses encabezados por Sanders dirigieron una carta al Secretario de Estado Pompeo, impetrando su apoyo para que se garanticen las elecciones libres en Bolivia y denunciando la crisis.

Desde el primer párrafo, la carta de los senadores demócratas es terminante: “Estamos cada vez más alarmados por el creciente número de violaciones de los derechos humanos y la restricción de los derechos civiles realizados por el gobierno interino de Bolivia. Estos comenzaron poco después de que el gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez llegara al poder en noviembre pasado cuando Evo Morales renunció, en medio de protestas generalizadas y la presión de las fuerzas armadas. Los informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones -enmarcadas como respuestas a la pandemia del COVID-19- que se usan para intimidar y socavar a los adversarios políticos del gobierno interino antes de las elecciones presidenciales y legislativas que actualmente se esperan llevar a cabo el 6 de septiembre”. Como puede verse, no se andan con medias palabras y, en ese mismo tono, sigue el resto del texto.

Esta carta encolerizó al embajador del régimen boliviano ante el gobierno norteamericano, que se permitió el lujo de imputar a los senadores valerse de Bolivia para hacer campaña electoral contra el presidente Trump. Es posible que el embajador sea un brillante diplomático, pero como polemista es muy pobre –aunque ni el mejor dispondría de argumentos serios-, porque su imputación indicaría que cree que, para decidir su voto, el electorado de Estados Unidos está pendiente de lo que sucede en Bolivia. Todo comentario sale sobrando. 

Buenos Aires, 11 de julio de 2020

*Profesor Emérito de la UBA

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Hay momentos de tormenta en que todo lo que se diga puede confundir y empeorar las cosas. En esos trances es necesario dejar que quienes están manejando la situación actúen, no molestar ni interferir. Pero después de la tormenta hay que ayudar a reflexionar.

Lo que pasó en la Provincia de Buenos Aires no es nuevo, sólo un poco más grave en lo simbólico institucional, pero viene precedido desde hace años por una serie de “acuartelamientos” policiales en varias provincias y también en la de Buenos Aires.

Desde hace años también, en África comenzaron los “golpes de estado policiales” y luego pasaron a América Latina: a Correa le hicieron un golpe en Ecuador, la policía le dio el empujón final a Evo en Bolivia, los hubo anteriores aunque no a nivel nacional en Río de Janeiro.

Empecemos por destrabar la maraña que hay en toda esta información, que viene de lejos. Ante todo, en Estados Unidos no podría suceder, pero no sólo por su posición hegemónica, sino porque no tienen “una policía”, sino más de 2.000 policías entre federales, provinciales y municipales. En Ecuador y en Bolivia hay una única policía, al igual que en otros países de la región (los carabineros chilenos, etc.).

Estados Unidos nos aconseja tener policías únicas, pero, como señalamos, ellos tienen más de 2.000. Hace unos años intentaron hacer una especie de “Escuela de las Américas” para policías. Cuidado con esto: no hagamos lo que los Estados Unidos nos dicen, hagamos lo que ellos hacen, imitemos su modelo en la medida de lo posible, que en esto no parece haberles dado tan mal resultado.

Nosotros copiamos en 1853 la Constitución de Estados Unidos, pero no copiamos su “policía de condado”, la local, municipal. Copiamos la policía borbónica, la de control y ocupación territorial. Desde que Rivadavia acabó con los cabildos, la policía local se acabó, empezamos a concebir a las policías como ejércitos de ocupación territorial y, además, confundimos todo.

Policía en definitiva es “gobierno de la polis” y no hay país del mundo que no tenga “policía”, porque sin “policía” no se gobierna. Costa Rica no tiene ejército, pero tiene policía.

Pero cuando decimos “policía” en nuestro país no distinguimos funciones. No estamos acostumbrados a pensar que una cosa es la función de seguridad callejera, otra la de investigación criminal, otra la de seguridad del Estado, otra la de seguridad de fronteras, etc.

Todas son funciones policiales, pero la única que parece funcionar más o menos bien en nuestro país es la de seguridad de fronteras, salvo la injerencia nefasta que tuvo la anterior ministra de seguridad, que espero no la haya arruinado. La de seguridad del Estado, mejor no hablar, porque la usaron para espiar y preparar procesos penales y extorsiones. 

Las de seguridad de calle y de investigación criminal las confundimos bajo el mismo mando, cuando son dos funciones, entrenamientos, infraestructuras y técnicas completamente diferentes.

La investigación criminal es básica, requiere una serie de conocimientos científicos –se llaman en conjunto “criminalística”- y si queremos eliminar la tortura, no hay otra forma que reforzar esta policía. Un viejo y sabio criminólogo mexicano decía siempre que “el laboratorio de criminalística reemplaza a la sala de tortura”.

Si queremos poner en vigencia el código acusatorio, las policías de investigación criminal deberían depender de los ministerios públicos, no de los ejecutivos. Eso de que dependen de uno pero están a las órdenes de otro, es un cuento que no funciona ni nadie lo cree en serio.

Por suerte, nosotros no podemos tener una policía única, gracias al sistema federal. Pero tenemos una deformación en la distribución poblacional y, por eso, tenemos la policía más numerosa en la Provincia de Buenos Aires.

No es posible mantener un control eficaz sobre una policía con semejante número de personas. Quien dice que la controla miente y, prueba de eso son los descontroles que se repitieron. Dicho más claramente: si bien por suerte no tenemos una policía única, tenemos algunas policías demasiado numerosas y con funciones mezcladas.

La imposibilidad de control eficaz se ha puesto de manifiesto con los sucesivos “acuartelamientos” y ahora, con más razón, cuando se ha visto claramente que fue infiltrada, que el desorden permitió que se metiesen “voceros” que no eran policías, un psicótico subido a una torre, cesanteados hablando ante las cámaras como si fuesen activos, en una palabra: el caos.

Para colmo de males, en lo que va de este siglo las cúpulas políticas de la Provincia tuvieron los discursos más contradictorios y desconcertantes imaginables, con pocas y temporales medidas racionales. No sólo se trata de una policía de imposible control eficaz, sino también con cúpulas políticas que cambian y bajan consignas contradictorias: es la frutilla de la torta caótica. 

No necesitamos pensar en el “sheriff” electo, pero sin ir tan lejos, podemos imaginar un discreto modelo de policías comunitarias. Miremos a España, por ejemplo, con sus policías comunitarias. Vayamos imitando a los Estados Unidos en alguna medida.

Pensemos en ir marchando hacia un modelo en que las policías dependan de los municipios, para la prevención de la conflictividad de calle común, sin perjuicio de una provincial, para casos más graves y con armas más poderosas. Esos casos no son diarios, por suerte no todos los días hay asaltos a bancos, rehenes, etc.

Si separamos la función de investigación criminal de la de seguridad corriente y la de intervención en casos graves, con sus respectivas especializaciones, obtendremos mejores resultados, tanto en la prevención como en la represión. Con todo junto y mezclado, en un cuerpo que tiene más personas que el ejército, nunca vamos a obtener mayor eficacia.

Por otra parte, saquémonos de la cabeza que la policía es un ejército. No lo es ni debe serlo. La Fuerzas Armadas tienen una función específica de Defensa Nacional, que nada tiene que ver con las funciones policiales. No todo uniformado es un militar, ni toda la policía está uniformada, y la policía es un servicio absolutamente civil y de primera necesidad.

No sé si es posible ahora en la Provincia de Buenos Aires, porque quizá se requieran reformas institucionales previas, pero más tarde o más temprano, al trabajador/a policial se le deben reconocer los derechos laborales. No hay razón para negarles el derecho de sindicalización, de paritarias, de petición colectiva, de discusión horizontal de las condiciones de trabajo.

Es inconcebible que cuando los/las trabajadores/as policiales quieren pedir algo colectivamente, lo hagan de espaldas a las cámaras, como si fuera una conferencia de prensa de un grupo terrorista y, además, tampoco sabemos quiénes son los que hablan y a quién representan.

En nombre de los/las trabajadores/as policiales hablan las cúpulas. No escuchamos a quienes ponen el cuerpo en las calles. Así no es posible crear conciencia profesional en ningún estamento o actividad, porque esta conciencia se adquiere y desarrolla en la discusión horizontal.

Sobra decir que se tratará de trabajadores/as que no podrán nunca tener derecho de huelga ni de trabajo a reglamento ni otra medida de fuerza que afecte el servicio, porque es un servicio de primera necesidad y ninguno de ellos puede tener ese derecho, en razón de la naturaleza misma del servicio.

Sobra más todavía decir que los/las trabajadores/as policiales no pueden cometer delitos, y amenazar con la presencia de armas. Las amenazas, coacciones y sediciones están en el código penal, incluso calificadas cuando se cometen con armas.

Pero que se descuente que no puedan cometer delitos –como cualquier otro ciudadano o trabajador- y que no puedan tomar medidas de fuerza que afecten el servicio  –como no lo pueden hacer las guardias de los hospitales-, no impide que se le reconozcan los derechos de sindicalización, de formular reclamos colectivos, de protestar pacíficamente, de discutir sus salarios, etc. Casi todas las policías europeas están sindicalizadas y funcionan bastante bien. Es interesantísimo tratar con los policías alemanes o con los de Scotland Yard.

Ningún problema de desorden se resuelve cuantitativamente, sino que debe resolverse cualitativamente, porque más gallos en el gallinero no lo ordenan; más policías entrenados de urgencia, en una institución desordenada, aumenta el riesgo de futuros descontroles; más cárceles para resolver la superpoblación, sirve para tener en el futuro más cárceles superpobladas; y así sucesivamente. El desorden se resuelve con orden, la desorganización con reorganización.    

Algún día lograremos distinguir funciones, tener policías comunitarias para mejor prevención, policías de investigación criminal más profesionalizados, distinguir entre conflictividad cotidiana y extraordinaria y reconocer los derechos de los/las trabajadores/as policiales. Pero para eso debemos pensar, planificar, no especular coyunturalmente y sólo ver los problemas cuando se producen las emergencias. Los argentinos no tenemos menos neuronas que los europeos y norteamericanos; nuestro problema es que a veces no las usamos.   

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020.

*Profesor Emérito de la UBA

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 Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Es necesario poner el máximo de cuidado para evitar que se pongan en ridículo valores fundamentales como la fe en el derecho y en la democracia, porque el ridículo no tiene vuelta, es disolvente. Y justamente, el peligro es que los disfraces y las caretas carnavalescas de democracia y juridicidad permitan poner en ridículo esos valores.

No nos causa ninguna gracia que alguien se atavíe de un modo tan grosero y burlesco, que pueda dar pie a que no sólo los enemigos del respeto al derecho y a la democracia, sino incluso los que no tienen del todo asumidos esos valores, se burlen de nosotros diciéndonos: ¿Esa es la democracia que nos muestras como camino? ¿Ese es tu derecho al que nos recomiendas respetar y cumplir? Y eso no nos causa ninguna gracia, porque fuera de esos caminos sólo está la violencia, que debemos evitar por todos los medios, porque allí está la muerte y las heridas difíciles de cicatrizar.

Pocas veces se ha ridiculizado al derecho y a la democracia como en el discurso ante la ONU de la autoproclamada “presidenta” del caos de no derecho que ejerce el poder de facto en Bolivia, porque ha logrado alcanzar uno de los puntos más altos de la fantasía pintoresca y burda.  

Una persona que ejerce el poder por obra y gracia de un golpe de Estado, pretende lanzar un discurso latinoamericano, enseñarnos democracia a todo el continente, instruirnos sobre lo que es el “Estado de Derecho”, cuando está sentada sobre las bayonetas, por cierto que tampoco muy seguras. Nos da lecciones de derecho quien por decreto se atrevió a declarar la impunidad de los homicidios de sus esbirros. Ni Hitler hizo eso, lo hacía y hacía cosas peores, por supuesto, pero no lo firmaba.

Se atreve a invocar “delitos” del gobierno constitucional a los armados por sus jueces nombrados a dedo o amenazados con quemar sus casas, quien autoriza a grupos de civiles armados a amedrentar, quien mete presas mujeres y les hace perder el embarazo, quien contagia a sus presos políticos con el virus.

Esa señora se permite hablar de delitos de lesa humanidad, cuando mandó masacrar a sus conciudadanos, cuando encerró en cárceles a los opositores, cuando está procesando con sus esbirros togados a los candidatos de la oposición. Esa señora que tiene el 4% de los votos y practica el terrorismo de estado se permite imputar de terrorista a Evo Morales, el verdugo llama verdugo a su víctima ¿Qué es esto?

Después de postergar tres veces las elecciones y obligada a llevarlas a cabo por las protestas populares, ahora dice que esas protestas trataron de impedirlas, y unos días antes tuvo que bajar su absurda candidatura, para ver si así logra unirse con todos los “gorilas”, incluyendo a los separatistas racistas, porque de lo contrario pierden las elecciones. ¿A quién se le podría ocurrir impedir las elecciones cuando ella misma reconoce que se las ganan?

Esa señora pretende enseñarnos derecho y democracia decretando desde su puesto de facto que el populismo ha muerto en Latinoamérica y que ahora sí, tenemos mayoría de gobiernos democráticos, que garantizan libertad y recuperaron las verdaderas democracias.

Se quiere vestir con los atuendos de la Revolución de 1952, pero se le escapa el elitismo propio de los “barones” del estaño y de quienes luego traicionaron esa revolución, porque no puede disimular su resentimiento por el pueblo que nunca la votó y habla de “castas populistas”. ¿De qué “castas” habla? ¿Es una casta la mayoría de su pueblo? ¿La considera una “casta de parias”? Sin duda, porque asume su posición “brahamánica”, llama “dictador” a Evo Morales y ofende a todos los dirigentes populares de nuestro continente considerándolos “caudillos con sus castas de parias”, de los que para ella felizmente se ha librado nuestra región.

Para esta señora las mayorías de nuestros pueblos son  “parias”, que no comprenden la democracia como ella la entiende: porque los pueblos no entienden qué es “democracia” para quienes con el 4% de los votos y el mandato legislativo vencido, se hacen del poder mediante  golpes de estado para entregar el litio a las corporaciones transnacionales. Es que los pueblos colonizados nunca entendieron la bondad de los colonizadores, y por eso los echaron.  

Primero nos dice que “comprende” al peronismo, y luego que nuestro gobierno es un populismo “kirchnerista” despreciable, que protege a Evo Morales. ¿Esa señora se olvida que existe el derecho de asilo? ¿Ignora que existe desde tiempos inmemoriales? Por supuesto que su caótico régimen de no derecho no lo conoce, por eso les niega los salvoconductos a los siete de la embajada de México y hasta amenaza la inmunidad de la sede diplomática con sus vándalos armados ante la indiferencia de su policía.

¿Esa señora garantizará las elecciones limpias y transparentes? Posiblemente, como el zorro en el gallinero, porque desde ya descuenta que no habrá suficiente control internacional, porque sabe que tiene de su lado a los que debían controlarla; descuenta que hay un zorro mayor que hará lo posible por proteger cualquier maniobra contra la mayoría.

Hoy está demostrado que no hubo fraude en las elecciones del 2019, pero la señora insiste y afirma que ella sí, desde su posición de facto y sin que nadie la haya votado, garantizará las elecciones limpias. ¿Quién le puede creer eso cuando todos los días procesa a algún candidato de la oposición?

¿Por qué le tiene miedo a la candidatura de Evo Morales a senador? Si tan dictador fue, el pueblo no lo votaría y ella no tendría necesidad de proscribirlo con el ridículo argumento de que no reside en el país, de donde tuvo que salir y no puede volver porque lo matarían.

Si tan dictador fue Evo, no tendría miedo que el MAS gane las elecciones en primera vuelta, porque lo que ella llama “la casta”, es decir, la mayoría del pueblo, no lo votaría.

Pocas veces la democracia ha sido tan ridiculizada como en ese discurso, en que esa señora, cabeza de un régimen de no derecho, sin votos y sin mandato, pretende desde su tambaleante posición de poder basado en la fuerza –no muy segura tampoco- ofender a las mayorías de nuestros pueblos latinoamericanos llamándolos “castas”.

Y para colmo se proclama “cristiana”, como el Sumo Inquisidor echando a Cristo, pero por lo menos, el personaje de Dostoyevski era más serio, menos tragicómico.

Pese a sus grandes esfuerzos por ridiculizar los valores, nuestros pueblos no caerán en la trampa y seguirán confiando en el derecho y en la democracia. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020 

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada Jeanine Áñez: Cabeza de un régimen de facto, sin votos y sin mandato – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

El Tercer Reich tuvo juristas a su servicio. Entre los más peligrosos –por su habilidad- se encontraba Carl Schmitt (1888-1985), a quien se menciona hasta hoy, incluso –curiosamente- por parte de la izquierda.

Schmitt había asesorado al Gral. Kurt von Schleicher (1888-1934), último canciller anterior a Hitler. Cuando los nazis asesinaron a Schleicher y a su esposa en la noche de los cuchillos largos, Schmitt se apresuró a escribir un artículo en el diario oficial del partido, justificando los asesinatos, lo que le valió una meteórica carrera política, aunque no muy larga.

Uno de sus mayores exabruptos fue la organización de un congreso de juristas, que concluyó recomendando que, cada vez que se citase a un autor judío, debía advertirse que lo era, para depurar al derecho alemán de toda contaminación. Poco después de esta sobreactuación, las internas del partico nazi le cortaron su carrera en la que ascendía demasiado rápido, por lo que tuvo que refugiarse en la universidad, donde continuó escribiendo sus racionalizaciones.

Al terminar la guerra fue preso un tiempo; para defenderse dijo que todos los juristas alemanes no nazis –como el respetable Gustav Radbruch- eran políticos, en tanto que él era un científico puro.

Pero lo que nos interesa ahora es un trabajo publicado en 1932, titulado El concepto de lo político (Der Begriff des Politischen), cuya lectura es ahora recomendable para comprender hasta dónde puede llevar la legitimación de lo que sucede en nuestro mundo actual.

Ni todos los nazis en su tiempo, como tampoco todos los que tratan ahora de acabar con el estado de derecho en nuestra región, leyeron a Schmitt; algunos porque nunca leyeron nada. Pero es necesario leerlo un poco, porque es el único que sin el menor prurito lleva hasta sus últimas consecuencias esa demolición en la que muchos se hallan comprometidos sin percatarse del destino final del tren al que se han montado.

En este sentido -como en otros- Schmitt resulta esclarecedor, porque su inmoralismo romántico es tal que no hay muchos que se animen a llevar sus racionalizaciones hasta lo último sin inmutarse ni sonrojarse, como también lo siguió haciendo en la posguerra, con su conferencia Teoría del partisano, en defensa de Raoul Salam, que es la mejor síntesis legitimante de los genocidios de seguridad nacional.

Es verificable que la lucha política muchas veces se encarniza y el opositor pasa a ser enemigo y se busca aniquilarlo, lo que no parece ser nada bueno para cualquiera que trate de resolver los conflictos en forma racional y, en lo posible, no violenta. Pero Schmitt hace un malabar muy particular y arbitrario a partir de esta verificación: para él, la disposición a llevar las cosas hasta el extremo de la guerra es la esencia misma de la política, dejando fuera de su definición el resto.

Toda definición es una tautología, porque contiene lo definido y, si lo definido como política se limita arbitrariamente a identificar a un enemigo y, de llegar el caso, estar dispuesto a aniquilarlo en una guerra –y a eso llamamos política-, toda tentativa de paz y de solución racional de los conflictos no es política.

Es menester tener cuidado con esto, porque no se trata de un autor torpe ni mucho menos y, por ende, si se pasa por alto la arbitrariedad de la limitación de esta supuesta definición previa, todo lo que se deduce a partir de allí resulta por completo coherente. Tengamos en cuenta que una trampa común del irracionalismo es partir de una premisa antojadiza y luego deslumbrar con deducciones de alta coherencia, lo que le permite disfrazarse de racional.

Schmitt comienza por recordar que en Francia, al término de las sangrientas guerras de religión, se llamaron políticos a quienes, encabezados por Jean Bodin, pensaron en un estado neutral, en que cupiesen todos los grupos, para afirmar seguidamente que este estado fracasó, por lo que procede a declararlo muerto.

Esto lo afirmaba en 1932, justificándolo con la crisis de la república de Weimar, que no creemos que tuviese mucho que ver con el estado que pensaba Bodin (a nuestro juicio un claro antecedente del fascismo), pero lo reafirmó en el prólogo a la reedición de 1963, sólo advirtiendo que, en la guerra fría, con el resurgimiento del partisano, no se podía distinguir nítidamente entre el enemigo bélico y el delincuente. Como es obvio, de ese modo legitimaba la guerra sucia.

Para procurar la esencia de la política, Schmitt la separaba del estado, apelaba a una distinción de fondo y, sin mayores explicaciones –que no las hay- afirmaba que en la estética, la esencia consiste en distinguir entre lo bello y lo feo, en la moral entre lo bueno y lo malo, en la economía entre lo rentable y no rentable, y en la política decide encontrarla entre amigo (Freund) y enemigo (Feind).

De este modo, resulta que la esencia de la política sería el poder de definir al enemigo, pero no en el sentido del mero opositor, del inimicus romano, sino en el del hostis romano, al que se privaba de todo derecho.

No usa la palabra enemigo metafóricamente, sino en términos reales: el enemigo es el extraño (Fremde), contra quien se puede llegar a la guerra, civil o internacional, aunque no necesariamente se alcance siempre una situación bélica, pero contra el que se está siempre dispuesto a llegar.

A partir de esto Schmitt invita al lector a perderse en finos hilvanes porque, por cierto, no dejaba de ser un ilustrado capaz de pasearse por todas las teorías políticas con comodidad, lo que le permitía embrollar todo con singular habilidad. Esto puede verificarse sin esfuerzo en el texto que comentamos (y está al alcance de todos en castellano y en el espacio virtual).

Pasando por alto aquí esas extremas finezas para ir a las consecuencias del punto de partida -de la definición tan particular como arbitraria de la política-, hay al menos cuatro que extrae el propio autor en su texto.

1) Si bien el liberalismo burgués del siglo XVIII tuvo su cara oscura, lo salvable de él, es decir, la idea de un estado con límites a su poder y capaz de resolver conflictos de modo más o menos racional, para Schmitt acabó, está definitivamente muerta. Como explicita en otros trabajos, donde explica que ese estado funciona más o menos en situaciones normales, afirma que no es capaz de hacerlo en las excepcionales, en que el Führer debe salir a la cancha a proteger (schützen) al derecho frente al enemigo. Al estado se lo habría deglutido la política, capaz de individualizar a su enemigo.

2) Quien en ese estado se resistiese a la guerra al enemigo sería un extraño (Fremde) y pasaría a ser un enemigo a destruir.

3) Si un día el mundo llegase a la pacificación total, es decir, a la desaparición de todas las guerras, ya no habría política, ésta desaparecería.

4) Nadie puede hacer una guerra en nombre de la humanidad, porque esto sería siempre falso, dado que la humanidad no tiene enemigos en este planeta.

Si bien no faltan guerras humanitarias que son simples pretextos, la inversa no es verdad, pero la consecuencia de esta afirmación –dada su definición de política- es que no es legítima ninguna política que invoque la humanidad. En esto Schmitt no fue muy creativo, porque empalmaba con la reacción europea del siglo XVIII, especialmente con Joseph de Maistre: conozco a franceses, ingleses o alemanes, pero no conozco hombres.

El mundo actual no es el de 1932 y tampoco el de 1963, cuando Schmitt reafirmaba lo dicho tres décadas antes, pero a casi seis décadas de esta reafirmación y pasada la guerra fría y el consiguiente mundo bipolar, reafirmaría una vez más sus ideas, en vista a la realidad, al menos de nuestra región.

Hoy se habla de lawfare, el equivalente a warfare, lo que haría feliz a nuestro autor. Se regodearía al ver cómo queman barbijos en el obelisco, los opositores se niegan a asistir a las cámaras, a discutir los proyectos, obstaculizan cualquier acción de gobierno, manipulan jueces, siembran el odio al enemigo, demuestran estar dispuestos a aniquilarlo, aunque hoy no puedan bombardear como en 1955, fusilar como en 1956 o ni siquiera a dar un golpe tan descarado como el de Bolivia.

De todas formas, Schmitt satisfecho nos diría ¿No ven que esto es la esencia de la política? ¿De qué estado de derecho con limitaciones me hablan ustedes? ¡Tontos!

Sí, esto sería la política schmittiana: destrozar públicamente a los enemigos por los medios monopólicos, inventarles procesos y clonarlos, hacer renacer de las cenizas cuadernos de escribas memoriosos, cambiar jueces en un tablero de ajedrez judicial, proscribir candidatos, buscar los jueces que los representen, tratar de dejar sin quorum a las cámaras legislativas, inventar nuevas prisiones preventivas, firmar disparates jurídicos, oponerse a todo, deslegitimar cualquier medida molesta aunque sea para salvar vidas, mentir descaradamente con datos falsos, incitar a la violencia al menos verbal –pero nunca se sabe cuándo el verbo pasa a la realidad-, dar direcciones y teléfonos incitando a que insulten a los que piensan diferente en sus casas, impartir instrucciones a los niños para que agredan a los hijos de quienes no piensan como ellos en las escuelas, gritar que todo eso es libertad de expresión, mostrar a los opositores en ropa de dormir y esposados, encubrir los negociados fabulosos de sus familiares y amigos, eso, todo eso sería la esencia de la política.

¿El estado de derecho? ¿Discutir proyectos? ¿Dar argumentos en favor y en contra? ¿Hacer que las instituciones democráticas funcionen? ¿Sentarse a resolver pacíficamente los conflictos? No sean ingenuos, viejos nostálgicos burgueses, soñadores de utopías pasadas, nos diría Schmitt. ¿No se dan cuenta que ese estado de ustedes ha muerto? ¡Era el estado neutro de los del siglo XVIII! ¡Querían resolver todo discutiendo, argumentando! ¡Si serán mentecatos! Eso acabó con Weimar, con la seguridad nacional, con los empeachments de golpes blandos, con las traiciones, con el golpe duro boliviano de noviembre, con la represión policial de las protestas en toda la costa sudamericana del Pacífico, ese estado ya desapareció para siempre.

El viejo Schmitt se reía de Kelsen y su confianza en el control de constitucionalidad. Murió casi centenario, pero si hubiese sido un fenómeno biológico y tuviese hoy 132 años, se reiría con mayor fuerza del control de convencionalidad y de los derechos humanos ¿Qué humanidad? Al igual que de Maistre, no conozco ningún humano abstracto, diría. Agitaría feliz su trabajo de 1932 y exclamaría ¡Esto sí que es política!

De todas formas, en estos días una sombra de pesar opacaría su sonrisa, al igual que la de algunos deplorables funcionarios internacionales, ante el pacífico triunfo del Pueblo boliviano imponiéndose sin ninguna violencia a una minoría golpista, dictatorial, entreguista, colonialista y racista, que masacró, encarceló, torturó y no ahorró límite alguno en la violencia contra el enemigo. Seguramente, ante el gesto del Pueblo de Bolivia, paciente, silencioso pero eficaz, Schmitt no tendría mucho empacho en afirmar, siempre imperturbable: ¡Esto no es política!

Schmitt puede permanecer imperturbable, porque advierte que al esencializar la política en la contradicción amigo-enemigo, no abre juicio acerca de si eso es bueno o malo, porque ese juicio corresponde a la ética, que es otra cosa. De ese modo, deja a lo que entiende como política fuera e independiente de toda ética, afirma limitarse a verificar la realidad, aunque es obvio que la recorta como quiere, porque si bien es cierto que la violencia y la guerra existen en la realidad, nada obliga a considerar –como él lo hace- que únicamente eso sea la política, o sea, que la política se agote en sus manifestaciones más negativas.

¿Puede separarse del todo la política de la ética? La cuestión viene de lejos –sería largo historiarla- pero para quienes piensan como Schmitt no tienen nada que ver y el viejo jurista del Dritte Reich nos respondería: son dos cosas del todo indiferentes, en la ética se contrapone lo bueno y lo malo, en la política sólo el amigo y el enemigo. Con su acostumbrada suficiencia agregaría: El científico no formula juicios éticos.

La consecuencia de este romanticismo intuicionista es que todo vale y, por ende, la vocación a la guerra y al aniquilamiento del enemigo también. Sembrar el odio hasta límites letales en el seno de los pueblos y entre los pueblos, para este pensamiento, no sólo es válido, sino que es la esencia misma de lo político.

Frente a este trabajo, elaborado con lujo de citas y fuegos artificiales doctrinarios, pero en el fondo claramente necrófilo, cabría preguntarle a Schmitt adónde llevó a Alemania. Seguramente, como todo ideólogo embrollón (igual que los neoliberales de nuestros días), cuando se le muestran los resultados letales de sus teorías llevadas a la praxis, respondería que fue porque las aplicaron mal, se desviaron o no fueron lo suficientemente ortodoxos en su aplicación. En otras palabras, aunque quizá no se animase a ser tan sincero, su respuesta en el fondo sería: ¡Fue porque el Führer no fui yo!

Debemos cuidarnos de estos devaneos románticos glorificadores de la violencia: la política no puede tener por esencia la disposición a la violencia total, no puede desconocer el derecho a la vida de nuestros semejantes, requiere siempre un límite ético. Si la política se vuelve violenta, también será política el esfuerzo por contenerla; tratar de contener y evitar la violencia es política, pero impulsar la muerte es pura necrofilia, no es política.

Es una perversión del pensamiento confundir la política con sus extremos patológicos, algo así como pretender definir la esencia de lo humano a partir de la verificación de comportamientos psicóticos. Nada nos autoriza a aniquilar a nuestros semejantes, Herr Schmitt, por muchas citas con que usted adorne sus macabras reflexiones, y menos a definir eso como la esencia de la política.

Esto es bueno que lo mediten quienes nunca lo leyeron, pero se comportan como si lo hubiesen leído. Schmitt muestra como nadie hacia dónde conduce ese camino. Quienes lo leyeron y son conscientes de lo que hacen, son otra cosa. No usemos adjetivos para estos últimos, porque caeríamos en la trampa que nos tiende en propio Schmitt.  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2020.

*Profesor Emérito de la UBA

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Este pedrusco que gira alrededor de una estrellita pequeña en medio de un suburbio galáctico, sigue dando vueltas y en su superficie estamos nosotros. Un vecino pasa y me dice “paren el mundo que quiero bajarme”. Es lo que decíamos de niños cuando la calesita giraba rápido.

El vecino no se equivoca, la calesita del mundo va muy rápido. No podemos calmarnos un poco y poner un poco más de atención a lo que hay a su alrededor.

En verdad, todo parece alucinante: un caos de hechos, discursos, publicidades, frases hechas y deshechas, que en otro momento moverían a risa. No es broma, pero repasemos un poco.

Hay una pandemia y muere gente, los ministros de economía del mundo tratan el tema, pero aquí se dice que es un invento de Alberto manejado por Cristina. La vacuna, si es rusa o china será comunista. Una deformadora de opinión bastante barata toma cualquier cosa en cámara, tratando de ridiculizar a los científicos. Opositores, terraplanistas y neonazis, encabezados por la ex-ministra de seguridad (encubridora de homicidios de mapuches) protestan contra las medidas de protección.

Pero también una ministra de educación insulta a los docentes y promueve la denuncia de los alumnos contra los maestros que emitan opiniones políticas, por supuesto contrarias al establishment que ella representa. El ex-presidente, fruto del monopolio mediático especializado en difamación, noticias falsas y el llamado “lawfare”, se escandaliza porque se publica que la ministra se formó en una institución que contaba con un asesino de las fosas Ardeatinas. Se pretende cobrar una propina a los pocos ricos extremos: se aúlla que viene el comunismo, a los aullidos se suman los votos del partido que fue de Yrigoyen y Alfonsín y la izquierda revolucionaria se abstiene de votar. Se quieren despenalizar algunos abortos, para sacarlos de la clandestinidad y ver si es posible reducir el número masivo de los que se practican diariamente y evitar muertes de mujeres pobres; es porque se quiere que todas las mujeres aborten para reducir la población. De repente aparece también la reunión de una “mesa” de zombis ex–militares que anhelan vestirse de policías. Se nos muere Maradona y el velatorio se matiza con algunos gases lacrimógenos.   

La calesita gira demasiado rápido y marea: el submarino desaparecido con toda su tripulación no se podía ubicar porque el océano es “demasiado grande”, y ahora parece que conocían su ubicación. Milagro Sala y su gente siguen presos por una familia de jueces. El Servicio Penitenciario Federal firmó un convenio con la jefatura de los espías para grabar las conversaciones de los presos políticos con sus abogados. Se cometieron prevaricatos desfachatados: una traición a la Nación sin guerra, excarcelaciones negadas por causas que no prevé ninguna ley, cuadernos que renacen de las cenizas, extorsiones a testigos para que se “arrepientan”, un procurador sin acuerdo del Senado está al frente del ministerio público, un fiscal procesado sigue en funciones representando a la “sociedad”, jueces movidos por decreto para “ingeniería política” siguen en funciones; la Corte da un espectacular “salto” porque es una “gravedad institucional” que los mal nombrados vuelvan a sus puestos. La televisión repone “Dinastía” en versión entrerriana, mientras se incendian dolosamente humedales para ejercer más plenamente el derecho de propiedad privada.  

Sin embargo, este popurrí que parece caótico, no lo es tanto, si consideramos que todos estos disparates están empaquetados cuidadosamente en celofán de regalo coronado con moño de seda: desaparecieron 86.000 millones de dólares.  

Ocultar semejante bulto no es fácil porque deja huellas a su paso, dado que los dólares se cobraron y no se invirtieron, es decir, que no hay obras, infraestructura, caminos, ferrocarriles, aviones, hospitales, sino que entraron y “se fugaron” según dicen. No se fugó nada, salieron por la puerta, no están, sólo nos queda la deuda. A quien siga la huella le será sencillo saber quiénes se beneficiaron. Por eso, no se debe tocar nada en la “justicia”. Apenas se quiere cambiar algo del disparate institucional que tenemos, gritan que es para lograr la impunidad de Cristina o de Saavedra por la indigestión fatal de Mariano Moreno –les da lo mismo- y, para colmo, se envuelven en la bandera, cuando se trata de garantizar la impunidad de los prestidigitadores que hicieron desaparecer los dólares.    

Pero los argentinos solemos creer que somos el ombligo del mundo y, en realidad, somos un pedazo del sur del mundo en el que estamos insertos. Si reparamos en lo que siempre nos presentaron como el modelo de democracia, vemos que su sistema electoral es mucho peor que el nuestro y ahora con un presidente que afirma que la elección que perdió fue fraudulenta. Como no puede llamar en su auxilio al pintoresco “diplomático” que maneja la organización continental (siempre presto para estos casos y para legitimar cualquier represión violenta), trata que su “Suprema” haga algún “per saltum” mientras convoca a los marginales racistas y filonazis de su país, aprovechando que allí se pueden comprar armas de guerra en el quiosco de la esquina, para que los chicos víctimas de “bullying” maten a sus maestros y compañeros, sin contar algunos psicóticos armados.

¿Y Europa con toda su milenaria cuna de civilización del Mediterráneo? Ahora no sólo lo llena de cadáveres de las víctimas tardías de sus viejos genocidios coloniales, sino que sus hospitales –algunos privatizados porque “lo privado funciona mejor”- están en trance de elegir a quiénes dejan morir, mientras sus gobiernos disponen “toques de queda” para tratar de parar las muertes.  

La calesita no es nuestra, es mundial. ¿Nos sorprende el envoltorio de celofán con moño de seda de 86.000 millones de dólares? ¿Acaso no vemos que está envuelto en un paquete mucho mayor? Ese es bien grande, porque contiene corporaciones internacionales que cometen macroestafas como la del 2008, extorsiones como los “holdouts”, administraciones fraudulentas que vacían economías, corrupciones astronómicas, explotación de trabajo esclavo, desestabilización de gobiernos, financiación de golpes de estado y muchos crímenes más. Todo este “organized crime” tiene un enorme aparato de “refugios” (que algunos llaman “paraísos” porque traducen mal el inglés) que encubren por reciclaje sus rentas, las inmensas defraudaciones fiscales y las ganancias de todos los tráficos ilícitos del mundo.

No es un detalle menor que esta calesita mundial altere brutalmente los delicados equilibrios ecológicos formados a lo largo de millones de años, extingan especies que controlan otras, quiten hábitats y alimentación a otras que buscan nuevos, todo esto altera la vida microscópica y genera virus en serie. Esta calesita mundial genera el riesgo de extinguir la habitabilidad humana del planeta y plantea una pregunta antropológica: ¿Somos una punta de lanza de la evolución o un error de la naturaleza?

Todo este envoltorio para regalo tiene un moño mayor, que es el 1% de la humanidad erigido en nueva oligarquía planetaria.    

Pero no todas son “pálidas”, porque también pasan otras cosas: el Papa denuncia la ideología pobre y reiterativa del neoliberalismo, aunque un obispo (por suerte jubilado) reivindique la meritocracia neoliberal. También había dicho “esto no se sostiene” y, es cierto, no da para mucho más.

Cuando los que defienden una situación absurda extreman su irracionalidad argumentativa es porque están asustados ante la perspectiva de un cambio en marcha que no pueden contener. No significa esto que se derrumbe un poder, pero al menos cruje y se tambalea, por más que conserve considerable potencial de daño. La extrema irracionalidad de la calesita mundial –y por derivación la regional y la local- señala que estamos frente a un cambio que no es menor.

No sabemos si debemos alegrarnos por la elección de Biden, pero por lo menos por la derrota de Trump. Como mínimo la difusión mundial de su discurso racista, discriminador, misógino, homofóbico y de primitiva y grosera vulgaridad reaccionaria, perderá fuerza. Los negros norteamericanos se hacen sentir, ahora no se callan.

En nuestra región, el golpe boliviano tuvo que recular ante la voluntad de un pueblo decidido, el racismo criminal boliviano que no tuvo empacho en disparar contra ciudadanos indefensos, perdió abrumadoramente. Los chilenos le torcieron el brazo a su oligarquía vernácula, que tampoco se había ahorrado disparar a la cara de manifestantes y reventar ojos, pero la constitución de Pinochet está muerta. En Ecuador la movilización popular impidió la proscripción del partido de Correa. En Brasil los negros, cansados de ser asesinados, también se pusieron de pie ante su daltónico gobernante. En Perú una muchachada hizo caer a un presidente y hociquear a todo un legislativo señalado como corrupto, aunque tampoco se fueron sin matar.   

Tánatos no se ha marchado, pero Eros avanza en la región. Ya antes de la pandemia nuestros pueblos se habían movilizado, pero ahora empiezan a moverse con mayor decisión. Los defensores del mundo que se tambalea tienen miedo, el pintoresco “diplomático” especializado en arrojar gasolina al fuego represor no alcanza para detenerlos, y el pánico los lleva a los extremos de irracionalidad discursiva en la calesita alucinante del mundo, de la región y de nuestro país.

No estamos ante un cambio menor, es una crisis en serio: las reacciones de extrema irracionalidad de los abanderados de la desigualdad del totalitarismo financiero y de su consecuente tardocolonialismo expoliador son una prueba de eso: “esto no se sostiene”, Francisco tenía razón.

La pregunta siguiente es hacia dónde vamos o, mejor, hacia dónde van los pueblos. Seguramente no estamos en las puertas de ningún paraíso, ni tampoco es deseable soñarlo, porque hasta ahora todas las promesas de paraísos futuros terminaron en genocidios: el último fue el “derrame de riqueza” de la torpe publicidad neoliberal, que ni siquiera alcanza el nivel mínimo de una ideología.    

Tendremos que poner el oído a lo que claman los pueblos, ayudar a pensar nuevas instituciones, nuevos modelos de sociedad. De todas las crisis resultaron nuevas creaciones institucionales y sociales; la presente no puede ser la excepción.

La norma internacional planetaria afirma que “todo ser humano es persona”, pero la mayoría de la humanidad y de los habitantes de nuestra región están muy lejos de ser tratados como personas. Es incuestionable que, si las instituciones que tenemos no han evitado este resultado, si vivimos en la región más desigual del mundo (con los coeficientes de Gini más altos del planeta), estas instituciones no sirven y necesitamos otras más eficaces.

No debemos deprimirnos ni pretender que pare el mundo, sino, en definitiva y pese a los horrores, debemos alegrarnos de vivir una etapa de cambio, que nos brinda la oportunidad de ser creativos, de contribuir a la superación de la crisis hacia un nuevo amanecer humano.

No creamos en distopías de ciencia ficción. Todos los pueblos –como no son más que muchos humanos juntos- se han equivocado en el curso de la historia, algunos bastante feo, pero ningún pueblo se suicidó.

Los que podemos pensar en las usinas de ideas, debemos hacerlo lo mejor posible, porque eso acallará las voces de nuestras conciencias, que nos reprochan ser privilegiados en un mundo racista, clasista, brutalmente defensor violento de privilegios. Si tenemos la suerte de no estar muertos en un callejón por una policía asesina ni ahogados en el Mediterráneo, y todavía sabemos leer y escribir, disponemos del inmenso privilegio que eso nos brinda y tenemos el deber de pagarlo con esfuerzo pensante.      

Debemos compensar el privilegio sabiendo escuchar a nuestros pueblos y ayudarlos a pensar, pero cuidándonos de no soñar paraísos. Mejor imaginemos purgatorios, porque son más humanos, dado que están llenos de personas con muchos errores, como todos nosotros.

De momento, nuestros pueblos no pretenden paraísos, se conforman con purgatorios, donde sea posible existir y coexistir con más dignidad, mayor solidaridad y menos odio y violencia física y social, aunque se deban soportar las incomodidades propias del lugar. Después de todo, por bueno que sea, un purgatorio no es un hotel de cinco estrellas, pero no se estaría tan mal como en este infierno y, además, se mantendría la esperanza del paraíso, que siempre seguirá siendo motora y dinamizante.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2020.

*Profesor Emérito de la UBA   

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

En el último tiempo, algunos tribunales desafían nuestra capacidad de asombro. En esto días ha causado profundo desconcierto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ)) en cuanto a la asignación de vacantes en las escuelas públicas.

Se difundió una versión errada, según la cual el TSJ habría decidido que las vacantes de todas las escuelas públicas de la CABA serían distribuidas dando prioridad a quienes careciesen de recursos para solventar el pago de su educación en una escuela privada. Cabe aclarar, ante todo, que no es eso exactamente lo resuelto.

El problema que plantea la sentencia del TSJ es otro, en apariencia no tan grave en cuanto a consecuencias inmediatas, pero sin embargo de mayor trascendencia institucional, porque no sólo es preocupante en cuanto al derecho a la educación, sino que se extiende a todos los derechos garantizados por la Constitución de la CABA.

Trataremos de explicarlo con la mayor claridad posible y evitando los tecnicismos, porque es muy importante que la población comprenda la trascendencia de la cuestión que se plantea y resuelve en la sentencia.  

En el caso se trata de una acción ejercida por una señora que inscribió a su niño en una “sala de dos años” en 2017 para el ciclo de 2018 y no se le asignó la vacante. El juez de primera instancia y la Cámara hicieron lugar al amparo y ordenaron que el gobierno asigne al niño una vacante allí o a distancia razonable o en su lugar se le pague un subsidio.

El fundamento de lo decidido por estas instancias sería el terminante texto del primer párrafo del artículo 24 de la Constitución de la CABA: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

El gobierno de la CABA recurrió lo decidido por la Cámara ante el TSJ, lo que dio lugar a la sentencia a que nos referimos.

No hubo unanimidad entre los cinco jueces del Tribunal. Tres de los jueces votaron por “hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad, revocar la sentencia impugnada y rechazar la acción de amparo”, o sea, que negaron el derecho que las dos instancias previas reconocían al niño.  

El cuarto juez, en un extenso voto bastante fundado, propuso -para decirlo en palabras entendibles- que se integre en un trámite colectivo donde se impetra lo mismo por parte de una organización civil y se resuelva en conjunto. Técnicamente se trata de lo que se conoce como una “acción de clase”. La quinta jueza voto por rechazar directamente el recurso del gobierno de la Ciudad, o sea, dejando firme lo resuelto por las instancias anteriores.

Así las cosas, cabe detenerse en los argumentos de los tres votos de la mayoría, que son los que deciden la cuestión, con argumentos que sustancialmente coinciden.

Con disculpas por la reiteración, pero es necesario volver al texto del referido artículo 24 constitucional y observar que tiene dos períodos, el primero de los cuales dispone que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. El segundo período dice que la enseñanza es obligatoria “desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Es decir, “obligatoria” para la familia, por supuesto, o sea que la CABA debe financiar toda la enseñanza, obligatoria y no obligatoria.

Sin embargo, la sentencia distingue donde la ley no distingue y, tratándose de enseñanza no obligatoria, como la Legislatura no se ocupó de arbitrar los recursos para el funcionamiento de toda la educación inicial, entiende que eso no lo pueden suplir los jueces y, por consiguiente, reconoce la vigencia de los reglamentos administrativos, que desde hace años establecen las prioridades en caso de carencia de vacantes para este tipo de enseñanza.

Más aún, avanza invocando por analogía –porque no es aplicable a los “derechos”, sino a las políticas sociales y servicios- la regla establecida en el artículo 17 de la Constitución: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”.

De la extensión analógica de este artículo a los derechos, deduce que es correcto otorgar preferencia en la educación inicial no obligatoria a quienes disponen de menores recursos.

Todo esto, que tiene apariencia de razonamiento lógico y, en realidad lo es, pero a condición de partir de una premisa tan falsa como peligrosa: como la Ciudad no creó las vacantes, las pocas que hay deben repartirse entre los que menos tienen.

Este criterio sería válido si la Ciudad hubiese padecido una catástrofe o incluso en los primeros años de vigencia de la Constitución de 1996, pero han pasado veinticuatro años de vigencia de ese texto y no hay ninguna catástrofe y nos encontramos en la ciudad con mayores recursos de toda la República.

De este modo, la sentencia presume –da por cierto sin prueba alguna- que la Ciudad omitió crear las vacantes “porque no pudo”, “por el alto costo”, etc.

Esto plantea un problema altamente discutido en el ámbito jurídico y que pone en peligro los derechos de todos quienes habitamos en este territorio.   

La cuestión de fondo que plantea la mayoría del tribunal es nada menos que la exigibilidad jurisdiccional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Este es un problema sobre el que todos los que vivimos en la Ciudad debemos estar suficientemente informados, para no ser confundidos, porque hace a los derechos de cada uno de nosotros y nosotras.  

Tradicionalmente se suelen dividir los derechos en “individuales” y “sociales”. Los últimos son de realización progresiva, obviamente, porque si fuesen de observancia absoluta, todos viviríamos en el paraíso, pero sabemos que eso es imposible en cualquier Estado.

Pero la “realización” debe ser “progresiva” conforme a los recursos y medios disponibles, es decir que eso no significa que el gobierno de la CABA pueda hacer lo que quiere con los recursos y postergar indefinidamente la realización de derechos, porque –quede claro- “progresivamente” no es sinónimo de “arbitrariamente”.

Si bien en la sentencia lo advierte, no por eso se lo aplica.

Estos “derechos sociales” están consagrados ahora en las constituciones de todo el mundo –a partir de la Constitución Mexicana de 1917-, a nivel universal se establecen en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y a ellos se agregan ahora los “ambientales” y de designan con la sigla DESCA. Como es sabido, están también establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy cuidadosa y detallada al respecto. Entre ellos se halla la disposición del mencionado artículo 24.

Como su consagración molesta a los gobiernos que pretenden disponer los recursos públicos como les da la gana, se argumentó y racionalizó –incluso por un amplio sector jurídico retardatario, aunque llegó a tener aceptación internacional- que no son exigibles ante los tribunales, o sea, que se trataría de una manifestación  de buena voluntad, generosamente establecida en las leyes fundamentales, pero a la que los gobiernos podrían atenerse cuando quisiesen y, si no les pareciere oportuno, podrían dejarlos para “más adelante”, sin que los ciudadanos tuviésemos posibilidad alguna de reclamar nada ante los tribunales.  

Así, si en vez de viviendas el gobierno decidiese construir palacios, quienes necesiten una vivienda no podrían reclamar nada ante los jueces de la Ciudad, porque se alegaría que es una cuestión de la Legislatura, a la que los jueces no pueden sustituir. Por supuesto que esto no significa que el gobierno deba entregarle una vivienda a cada habitante que la necesita, pero por lo menos deberá probar que realiza planes de vivienda, que los está intensificando, que aumenta la inversión presupuestaria, que “progresa” en la satisfacción del derecho a la vivienda.  

En uno de los votos, después de distinguir indebidamente el deber de la Ciudad respecto de la “educación no obligatoria”, se dice claramente: “Sentado que no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquél que lo solicite, sino que el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridades que establece la normativa vigente …”.

Como acabamos de ver, en el texto expreso esa obligación gubernamental existe, está consagrada en la Constitución, salvo que el gobierno pruebe que le es imposible cumplirla, pero en tal caso deberían exigirle los jueces que acredite los esfuerzos realizados, los avances obtenidos y la imposibilidad presupuestaria que, obviamente, para la ciudad más rica del país, no es muy explicable después de veinticuatro años de vigencia del texto constitucional, sin ninguna catástrofe por medio y a la vista de obras faraónicas publicitadas.

Los derechos se lesionan por acción y también por omisión y, cuando ante las omisiones de los gobiernos, los tribunales no verifican estos recaudos que garantizan la “realización progresiva”, los DESCA devienen letra muerta. Por esa razón, el problema que plantea la mayoría del TSJ es mucho más amplio que el del derecho a la educación, pues se trata nada menos que de la vigencia efectiva de todos los DESCA de quienes vivimos en la Ciudad.

Tuve el honor de presidir la Comisión de Redacción del texto de 1996, aprobado por unanimidad de los sesenta integrantes de todos los partidos representados en la asamblea que se reunía en la Biblioteca Nacional.  

No creo que ninguno de nosotros haya creído que perdíamos el tiempo aprobando un papel con una mera promesa de buena voluntad en cuanto a los DESCA, sino que no abrigamos la menor duda acerca de que los derechos que allí se consagraron tendrían vigencia y, para eso, serían “judiciables” ante tribunales que exigiesen la prueba de la racional “progresividad” de su cumplimiento.

Por eso, justamente, se estableció allí un TSJ al que se dotó de mayores poderes de control constitucional que los de la propia Corte Suprema nacional, con la finalidad de que los ejerza para la vigencia efectiva de todos los derechos que se consagraron en el texto.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2020.

*Profesor Emérito de la UBA  

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

El pueblo armenio ha sido uno de los más victimizados de la historia y en especial del siglo pasado. El genocidio contra los armenios perpetrado primero por el Imperio Otomano y luego por Turquía respondió a una política de limpieza racial con un pretexto religioso, puesto que los armenios son cristianos y la homogenización imperial otomana primero y la del nacionalismo panturco luego, eliminaron a más de un millón y medio de personas, la mayoría asesinadas mientras las empujaban a su desplazamiento forzado.

Fue uno de los crímenes más horrendos de la historia, que se cometió ante la indiferencia de todas las potencias, cada una preocupada por sus propios intereses en el reparto de poder posterior a la Primera Guerra Mundial. Todos dejaron solos a los armenios mientras los asesinaban.

Existe una controversia acerca de si, días antes de la invasión a Polonia, Hitler dijo a sus subalternos: “¿Pues quién habla todavía hoy de la aniquilación de los armenios?” (“Wer redet denn heute noch von der Vernichtung der Armenier?”). Sea cual fuere la verdad, bien podría haberla dicho, porque le hubiese cuadrado a la perfección.

Después del genocidio, Armenia pasó a ser una de las repúblicas soviéticas, con su territorio y población reducidos en relación con lo que había sido su extensión ancestral. Uno de sus vecinos era otra ex república soviética, esta con población turca: Azerbaiyán. Ahora ambas son repúblicas independientes. Sus capitales son Ereván y Bakú.

En el último año, de vez en cuando, nuestros periódicos dieron cuenta de que pasaba algo en el Cáucaso, con una serie de nombres complicados y algunas imágenes de guerra y en ocasiones con un mapa poco entendible. Lo cierto es que hubo miles de muertos y heridos, destrucción, ataques a población civil y nuevos desplazamientos.

Prescindamos del mapa, porque la dificultad de comprensión es que parece una colcha de retazos, resultado de arbitrariedades de todos los tiempos. Por eso, para entendernos, es preferible esquematizarlo del siguiente modo:

Armenia tiene unos tres millones de habitantes; Azerbaiyán, diez millones y, además, petróleo y gas, una economía tres veces superior y por ende más dinero. Cabe aclarar que en el actual conflicto no entra Najicheván, provincia milenaria armenia, hoy en poder de Azerbaiyán desde que fue arbitrariamente cedida por Stalin en 1921, pero que se trata de un enclave extraterritorial entre Armenia, Irán y Turquía, separado de su territorio.

El conflicto del año pasado se motiva en Nagorno Karabaj, un territorio con 150.000 habitantes armenios, que Stalin también dispuso que pertenecía a Azerbaiyán. Sin embargo, en dos plebiscitos su población se declaró primero armenia y luego independiente, constituyendo la República de Artsaj, con capital en Stepanakert, independencia que no está oficialmente reconocida en el plano internacional.

En una guerra entre 1991 y 1994, los armenios consiguieron controlar siete distritos de ese territorio, lo que le permitió establecer el llamado corredor de Lachín para comunicar a los armenios de Artsaj con la Republica de Armenia.

Este esquema, en el que Armenia reconoce la república de Artsaj y Azerbaiyán la considera un territorio ocupado, sin que en las tres décadas se haya resuelto la disputa, permite deducir que esa situación fue una permanente fuente de conflictos, alimentada por una “armenofobia” por parte de los azeríes (o azerbaiyanos), que son un pueblo turco, diferente desde siempre a los armenios cristianos, aunque lo religioso, como en toda guerra, es sólo un buen pretexto para incentivar el odio.

En el 2020 los azeríes se lanzaron sobre los siete distritos controlados por los armenios y penetraron profundamente dentro de Artsaj, llegando a ocupar su territorio hasta once kilómetros de su capital. Finalmente, Rusia medió para detener el fuego, en forma que el conflicto nuevamente queda postergado, aunque con notoria pérdida para Armenia.

Los azeríes consiguieron ese avance merced al apoyo turco, puesto que el presidente Recep Tayyip Erdogan se ha lanzado a una suerte de política destinada a recuperar el esplendor imperial otomano. Turquía no logró entrar en la Unión Europea, pero invierte mucho en armamento, cuenta con armas israelíes e interviene en Siria, Libia y Chipre.

Pese a que en marzo del 2020 el Secretario General de las Naciones Unidas había hecho un llamado al alto del fuego en todos los conflictos bélicos del mundo para apoyar la lucha contra la pandemia, en julio Erdogan amenazó a los armenios afirmando que Turquía culminaría “la misión que sus abuelos empezaron en el Cáucaso”, que no fue otra que el genocidio.

Un mes después, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que las negociaciones sobre Nagorno Karabaj “son prácticamente inexistentes” y agregó que “por todos los medios regresaremos a nuestras tierras”, para lanzar de inmediato una agresión militar en gran escala contra la República de Artsaj, violando el alto el fuego tripartito que había puesto fin a la guerra en 1994.

Turquía apoyó militar, política y diplomáticamente esa agresión: periodistas del New York Times identificaron aviones de combate F-16 turcos en imágenes satelitales; un avión militar turco derribó un avión armenio en el territorio de la República de Armenia; la BBC informó que desde días antes el gobierno azerí reclutaba reservistas y confiscaba camiones, sin contar con que durante meses realizó ejercicios militares conjuntos con Turquía, que tiene el segundo mayor ejército de la OTAN. Por supuesto que no ingresa a territorio azerí ningún periodista extranjero y sólo informan los medios locales y turcos.

Turquía reclutó terroristas mercenarios en Siria y Libia, que cometieron atrocidades contra la población de Artsaj. La presencia de estos yihadistas fue denunciada en declaraciones del presidente de Francia, del presidente ruso y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entre otras fuentes.

Los azeríes atacaron más de 190 asentamientos de población civil y el propio territorio armenio, incluso a cientos de kilómetros de la línea de contacto, utilizando drones militares de fabricación israelí. El mantenimiento de un puente aéreo Tel Aviv-Bakú generó una seria protesta diplomática de Armenia.

Dos acuerdos de cese del fuego humanitarios fueron violados por Azerbaiyán en octubre del 2020. Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron que las zonas residenciales de Artsaj fueron atacadas con bombas de racimo, zonas pobladas y bosques lo fueron con fósforo blanco, armas que están expresamente prohibidas por el derecho internacional humanitario.

La Catedral del Santo Salvador de Shushí, segunda ciudad y antigua capital de Artsaj, fue atacada dos veces por Azerbaiyán. Monasterios y conventos como el de Dadivank, construido en el siglo IX, y el de Kantsasar, del siglo XIII, corren riesgo de destrucción. Este patrimonio cultural testimonia la presencia milenaria y mayoritaria de los armenios en Karabaj, por lo que no sorprende que se intente su destrucción.

Armenia y la república de Artsaj no tenían razón alguna para iniciar hostilidades y habían apoyado desde siempre los llamamientos para negociar de los países mediadores, de los copresidentes del Grupo de Minsk, de Francia, de la Federación de Rusia, de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general.

El 10 de noviembre del 2020 y por iniciativa de Rusia se firmó una declaración de cese de fuego entre Armenia, Rusia y Azerbaiyán, que detuvo la guerra, pero con gran parte del territorio de la República de Artsaj hoy ocupado por el ejército de Azerbaiyán con el apoyo de Turquía. Rusia se comprometió a enviar tropas de paz en el territorio de Artsaj y se establecieron condiciones para monitorear el cese del fuego.

En rigor, si bien cesó el fuego, esto ha significado un triunfo para Erdogan desde el punto de vista geopolítico, porque logró meterse en algo así como el “Hinterland” de Rusia, pese a que Armenia forma parte de la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva), sin perjuicio de lo cual éste demoró en actuar.

En la medida en que no se reconozca la independencia del pueblo de la república de Artsaj conforme al principio de autodeterminación de los pueblos, permanecerá la amenaza de un nuevo genocidio por vía del desplazamiento forzado, del que este conflicto desatado el año pasado por Azerbaiyán y Turquía es un adelanto. Los antecedentes, sumados al “panturquismo” favorecido por la política del presidente Erdogan e intensificado por el gobierno de Azerbaiyán con su instigación a la “armenofobia”, no presagian nada bueno, no sólo para la pequeña República de Artsaj, sino para la misma República de Armenia.

La propaganda oficial turca habla de un “lobby” armenio en los países occidentales. Lo que hay de cierto en cuanto a este famoso “lobby” es que en el mundo existen fuertes voces en favor de Armenia, pero eso no se debe a ningún gran poder económico, sino a la propia acción turca, pues como resultado de la secular persecución y del genocidio, Armenia tiene tres millones de armenios en su territorio y ocho millones de armenios y descendientes fuera, lo que se conoce como la “diáspora armenia”, resultado de la acción genocida otomana primero y turca después.

Esa y no otra es la razón del apoyo que recibe esta causa en el mundo, ante el peligro de un nuevo episodio genocida. No estaría en modo alguno de más que nuestro Congreso Nacional emitiese una declaración de apoyo y un llamamiento a una paz digna y respetuosa en esta región.

Si bien nuestro país tiene problemas propios y nuestros vecinos también los tienen, una guerra de agresión desatada en medio de la pandemia y con antecedentes siniestros de genocidio merece la atención de la representación de nuestro pueblo.

De alguna manera, desde la convocatoria de nuestro Preámbulo constitucional, aquí han venido a encontrar amparo perseguidos de todo el planeta, sea por desplazamiento económico, por guerras, por persecución política, por genocidios y, en definitiva, nuestro hermoso mosaico pluricultural resulta del sometimiento colonial de nuestros originarios, del genocidio practicado contra ellos y de la sucesiva incorporación de desplazados del resto del mundo, que han venido a enriquecerlo. Por ende, ninguno de estos horrores es ajeno a nosotros.

Buenos Aires, 15 de enero de 2021.

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada ¿Otra vez los armenios se quedan solos? – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni* y José Manuel Martínez**

(para La Tecl@ Eñe)

El poder financiero del hemisferio norte somete a toda Latinoamérica a un “tardocolonialismo” que, a diferencia de los colonialismos precedentes, no ocupa territorios, no acuerda con oligarquías locales ni aliena a nuestras fuerzas armadas con doctrinas disparatadas.

Desde la “financiarización” de la economía, el poder del norte lo ejercen los ejecutivos de las corporaciones transnacionales, quienes para obtener más renta en menos tiempo (lo que deben hacer para que no los echen), se ven forzados a cometer “macrodelitos”, hasta configurar la mayor “macrocriminalidad organizada” del planeta, que oculta sus beneficios y los de sus agentes locales con un servicio de reciclaje encubridor en los refugios fiscales.

Para subordinarnos, esta “macrocriminalidad” instala monopolios mediáticos en nuestros países, que equivalen a los partidos políticos únicos de los totalitarismos de entreguerras, encargados de generar las candidaturas de sus agentes locales y llevar adelante sus campañas electorales. Una vez que los agentes locales tienen los gobiernos, descapitalizan estados, privatizan los servicios públicos, venden o regalan las empresas estatales y, finalmente, endeudan astronómicamente a los estados y los someten a los tribunales del prestamista.

En el caso argentino, la grosera glotonería de los agentes locales les hizo perder la elección en 2019 y tuvieron que entregar el gobierno, pero como era de esperar, esto no desbarató a los partidos únicos mediáticos ni a sus cómplices en las estructuras de poder, como el judicial.

En esas condiciones pasó el 2020 en nuestro país, mientras el mundo se convulsionaba con la pandemia y sus efectos llegaban a nosotros. Los glotones desplazados del gobierno, pero con el poder intacto del partido único de medios y el judicial, emprendieron una campaña permanente de obstrucción, estigmatización, difamaciones, noticias falsas, pero con particularidades, que no sabemos si son preocupantes o positivas.

En efecto: no es una publicidad conservadora, siguiendo la línea tradicional de quienes siempre quisieron mostrarse como racionales y serios, aunque nunca lo hayan sido, sino que promueve las mayores irracionalidades: desacreditación de la ciencia médica, apertura a cualquier fantasía, versiones desopilantes, denuncias de conspiraciones mundiales, todo mezclado y confundido y sin aportar nunca la menor prueba de nada de lo dicho.

Al parecer esto es reflejo de algo mundial, pues el regalo de reyes del 6 de enero en el norte es un buen ejemplo, al que se suma el desastre brasileño y quizá un previsible ocaso de los imitadores del rubio con jopo.

Por un lado, este abrazo de la publicidad tardocolonial a todas las irracionalidades, desde neonazis hasta “terraplanistas” y esperadores de UFOs, puede anunciar un futuro distópico, es decir, un totalitarismo algo parecido a los de entreguerras pero planetario, pero por otro, es posible que la pandemia no haya hecho más que acelerar lo que era inevitable y había dicho Francisco: “esto no se sostiene”. Puede ser que esta insensatez publicitaria responda al temor de quienes sienten que su poder se resquebraja. El final está abierto y los argentinos estamos aquí, en el fondo del mapa.

En esa circunstancia, tener el gobierno no es tener el poder y, en el curso del año 2020, la agresividad de los agentes de esa macrocriminalidad del norte no se detuvo, permanece intacta, soberbia, desfachatada, obstaculizando todo lo que puede al gobierno, descaradamente mentirosa y arriando a todos los irracionalismos posibles, alimentando odios “gorilas” como nunca, difamando a todo vapor.

El espacio comunicacional que deja el partido único mediático lo ocupa el periodismo que defiende la racionalidad del gobierno, pero pasa la mayor parte del tiempo en responder los disparates del partido único, en tanto que dedica muy poco espacio a difundir lo que el gobierno hace, es decir, que el partido único marca la agenda de la comunicación más racional.

Sin embargo, el gobierno ha hecho mucho. Entre otras cosas, quienes firmamos este artículo no sabemos si lo podemos hacer gracias al gobierno, porque no dudamos que si tuviésemos al de 2015-2019, quizá se hubiese hecho aquí lo mismo que en Brasil frente a la pandemia y, en esa ruleta rusa, podríamos no estar ahora en este mundo.   

Pero más allá de esta circunstancia afortunada, los medios deberían difundir hechos del gobierno, como la tarjeta “Alimentar” que, si bien se lanzó antes de la pandemia y porque la administración tardocolonial había dejado hambre en nuestro país –que es exportador de alimentos-, debió ampliarse durante la pandemia para que a ningún habitante le faltara un plato de comida. Es innegable que esto aportó muchísimo a la compra de alimentos en los sectores más vulnerables.

La “Asignación universal por hijo” fue un programa creado en octubre de 2009 y que reconocía como antecedente una iniciativa de Eva Perón que planteaba una “renta básica universal” en “La razón de mi vida”, donde proponía dotar a las mujeres de un ingreso desde el día de su matrimonio, con el objetivo de reforzar los lazos de familia. Planteaba también la posibilidad de asignar otro monto a las mujeres por cada hijo nacido y otras situaciones, hijos con discapacidad, etc.

Cuando se lanzó este programa en 2009, no faltó un copión local de las críticas norteamericanas a Obama, que dijo que ese dinero se iría en alcohol y drogas, o que las mujeres embarazarían para cobrarlo. Lo cierto es que, el año pasado, la pandemia reforzó la necesidad de este programa y actualmente se calculan en unos 3.600.000 los niños beneficiarios. Esto está salvando inteligencias, porque nadie ignora (salvo los comunicadores del partido único de medios) que la carencia de proteínas en los primeros años impide el normal desarrollo neuronal, entre otros problemas de crecimiento.

Otra de las prioridades fue la recomposición del poder adquisitivo de las jubilaciones que, en los cuatro años de administración tardocolonial, habían perdido más del 25%.  Se otorgaron aumentos por decreto y se sancionó la “ley de movilidad”, que establece cuatro aumentos por año, con la fórmula aplicada en la administración anterior al desastre de 2015 y se restableció la entrega gratuita de medicamentos, que el tardocolonialismo había suspendido.

El congelamiento de las tarifas de electricidad y gas preservó el servicio mientras la pandemia asediaba. La Telefonía celular, Internet y el cable de TV son hoy servicios públicos con tarifas preservadas para los usuarios. Todos estos congelamientos y la regulación estatal de los potenciales aumentos terminaron con un abuso que había llegado a límites inadmisibles, para beneficio de los amigos del poder de la anterior administración.

En otro orden, se sancionó la ley de economía del conocimiento y se ampliaron las fronteras de la tecnología creando al mismo tiempo puestos de trabajo. Al área de Ciencia y Tecnología se le restituyó su rango de ministerio y se aportaron recursos para reactivarla. El brillante desempeño de los científicos argentinos durante la pandemia, por ejemplo, con el tratamiento con plasma de infectados curados o el desarrollo del “suero equino hiperinmune” exime de mayores comentarios.

Agreguemos que en medio de la mayor crisis mundial se puso en órbita un satélite que brinda datos para la producción y el clima, desarrollado íntegramente en la Argentina, retomando el proyecto satelital que la administración tardocolonial había abandonado.

Un vivo reclamo de las mujeres, impuesto por la más elemental racionalidad, fue atendido al declarar seguro, legal y gratuito al aborto, pese a que muchos insistían que “no era el momento”, mientras mujeres pobres fallecían por efecto de abortos sépticos. Sin decisión política, continuarían estas muertes ante la indiferencia total, como suele suceder cuando las víctimas son pobres, mientras los sectores de mayores ingresos tenían acceso a abortos seguros en clínicas.

En el plano económico, después de la “pandemia política” de la administración anterior, la Argentina logró ordenar la deuda con los acreedores privados. Cuando pase la década que iniciamos, se verá que esto nos ahorró nada menos que 38.000 millones de deuda. Gracias a esta negociación, se evitaron pagar 7.000 millones de dólares en concepto de intereses en 2020.

A diferencia del gobierno tardocolonial, que pretendía que “volvíamos al mundo” porque su presidente dialogaba animadamente con el payaso del jopo rubio, en el curso del año pasado se recuperó el rol del país en el concierto internacional. Argentina estuvo en el G 20 fijando sus posiciones y se involucró en la preservación de la democracia y los derechos humanos en la región. El comportamiento frente al golpe de estado boliviano y la acogida de Evo Morales y García Linera en nuestro país, permitieron a Bolivia recuperar su democracia y fueron un ejemplo para el mundo. Es innegable que lo actuado en este plano durante 2020 deja atrás el bochornoso papel de la anterior administración, de su disparatada entrega de soberanía, del patético personaje con chistes de futbol y balbuceos incoherentes en los foros internacionales, con el Libertador “angustiado” por separarse de España y Rivadavia trayendo sus restos.

La salud pública se jerarquizó desde antes de la pandemia, devolviéndole el rango ministerial, pero generada la emergencia, el sistema de salud destartalado que había dejado la administración tardocolonial, fue rápidamente reparado. Se pusieron en operación hospitales construidos antes de 2015, que no habían sido inaugurados, se construyeron y habilitaron centros de emergencia en todo el país. El sistema sanitario, hasta este momento, está superando la crisis adecuadamente y a ningún argentino le faltó la asistencia médica que necesitaba.

La pandemia obligó a tomar medidas para preservar las fuentes del trabajo registrado, creándose el ATP (“Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”), que jugó un papel fundamental para evitar el desborde del índice de desempleo. Al mismo tiempo se impulsó la obra pública para favorecer que la economía no se detuviera.

También la previsión de la doble indemnización por despido fue un importante elemento disuasivo para evitar las “limpiezas” que suelen darse, sobre todo en los contextos de crisis y en las grandes empresas

Con el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (ley 27.605), se requirió el auxilio en la emergencia de los que más tienen, que se resistieron hasta el final con su habitual mezquindad, difundieron las peores mentiras y ocultaron que se trata de una medida tomada en varios países e incluso allí alentada por los propios empresarios. No se ahorraron apelar a “fantasmas comunistas”, en un despiste histórico que también los caracteriza.  

El “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) impidió que una parte de los sectores más vulnerables de la sociedad cayeran en la indigencia. Pero también se procuró ayudar a los sectores medios y a los profesionales independientes, con créditos a “tasa 0” que empezarán a pagar este año. También a las empresas endeudadas se les concedieron moratorias para que el Estado no las asfixiase.

Todo esto que, por cierto, no es poco, tiende a reconstruir el camino hacia un “estado social de derecho”, emprendido en los años anteriores al 2015, pero interrumpido y desbaratado por la “pandemia política” que comenzó ese año, con el pretexto de que esto y nuestra legislación laboral impedían la “lluvia de inversiones” que, obviamente, nunca llegó, aunque se produjo una “sangría de deuda” en que desaparecieron 86.000 millones de dólares, que no están en obras, sino en los refugios fiscales de la “macrocriminalidad”. 

Sin duda que mucho queda por hacer, pero contra todas las previsiones y mentiras, ha comenzó la vacunación y, ojalá pueda llegarse a la meta de que a mediados de este año tengamos a media población vacunada. Otro punto por resolver es que, si bien se bajaron 20 puntos porcentuales en la inflación, sigue siendo uno de los principales problemas, dado que es un veneno productor de distribución inequitativa del ingreso.

Lo cierto es que estamos en un bote en el mar convulsionado del poder mundial, y dentro del bote estamos en el cruce de dos modelos de sociedad y de estado: un gobierno que tira hacia el modelo “social y democrático de derecho” y un “tardocolonialismo” que pugna por el modelo de “estado atrofiado”.

Este último pretende que el “dios mercado” lo regula todo y que lo mejor es derogar toda legislación laboral (con el eufemismo “flexibilización”) y todo beneficio social, porque es la única manera de ser atractivos al capital productivo. Es significativo que este modelo no lo promueva el capital productivo, sino el financiero.  

Disputamos entre estos dos modelos mientras en la región los pueblos de toda la vertiente del Pacífico se movilizan, la macrocriminalidad del norte cruje y no sabemos del todo a qué mundo saldremos después de la pandemia, que parece tener un efecto revulsivo quizá semejante a la última guerra mundial. Cuando esa guerra terminó, el discurso dominante tenía los ecos del estado social de Roosevelt, se tipificaba el genocidio y se proclamaban los Derechos Humanos. Después esta tónica cambió, cuando los “sabios economistas” de adueñaron el Premio Nobel y comenzó la adoración del “mercado”, intocable por la política, supuestamente demagógica e ignorante de las leyes de su “ciencia económica”. Ahora, estos “científicos” se volvieron “antivacunas” y “terraplanistas”.

Es obvio que quedan otras tareas pendientes en la Argentina: la “justicia” del “lawfare” está intacta, pero la salud de la democracia demanda hacer algo, modificar la absurda e irracional estructura de ese poder del estado, algunos de cuyos integrantes incurrieron en manifiestos delitos de prevaricato. Hay algunas decenas de presos por persecución política, cuya situación se debe resolver, quizá con una amnistía, una comisión de la verdad, no sabemos, pero es menester resolver la cuestión, porque un gobierno republicano y democrático no puede tener presos por persecución política. Los partidos únicos de medios están intactos y, naturalmente, son incompatibles con el modelo de democracia plural que queremos. El poder tardocolonial está en plena acción y es altamente peligroso.

Pero nada de eso justifica ningún desánimo ni pesimismo, pues mucho se hizo en 2020 y estamos en lucha, como siempre, como toda Latinoamérica desde hace quinientos años. Y Túpac Amaru y Evita vuelven y, por más que los partidos únicos mientan, al volver siempre son millones. 

Buenos Aires, 22 de enero de 2021.

*Raúl Zaffaroni, Profesor Emérito de la UBA-

**José Manuel Martínez, Licenciado en Ciencias Políticas

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