Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando Cristina Kirchner advertía ya en diciembre de 2020 “un gran desafío obviamente va a ser la economía. Sergio (Massa) decía que la economía va a crecer en 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas. Porque la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas”, tal vez rememoraba lo acontecido en los años noventa donde de la mano del peronismo en su fase menemista, la economía crecía junto al desempleo, la pobreza y la inequidad distributiva.

Al respecto un reciente informe de coyuntura, el N° 38 de CIFRA CTA, señala que: “Uno de los hechos más notables de esta recuperación (del año 2021) fue la debilidad que encontró el proceso de recuperación de los salarios reales a pesar de la reducción del desempleo. La caída del salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2,3% en 2021, en tanto que la de los no registrados fue del 7,1%. La perspectiva es negativa si se tiene en cuenta la aceleración del proceso de inflación en febrero y marzo de 2022 (4,7% y 6,7%, respectivamente). Bajo esas circunstancias, se acentúa la tendencia regresiva en términos de la distribución del ingreso que se inició en 2018. La caída en la participación de los asalariados en el ingreso fue del 48,0% al 43,1% entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 51,8%. A la inversa, el excedente apropiado por los empresarios subió del 50,5% al 54,3% del PIB entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 46,4%. Esto explica que la reactivación económica haya estado empujada por la inversión y, en menor medida, las exportaciones, mientras que el peso del consumo privado se desplomó a un nivel más bajo que el de la gran crisis de 2002 (61,8%).”

Este diagnóstico se ve reflejado en el cuadro de apertura, donde se observa la paradoja aparente de que, con el diseño actual de política económica, cuanto más se crece, más desigual resulta el patrón distributivo, a punto tal que la desigualdad supera incluso a los niveles del año 2019, cuando Mauricio Macri tuvo que abandonar su sueño de ser reelecto.

También se patentiza en el cuadro de ingresos familiares del INDEC relevado en el cuarto trimestre del año 2021.

Así las cosas, no por casualidad, como señala la comunicóloga Carla Pelliza, el término más usado por Cristina Kirchner en EuroLat fue “desigualdad” y sus acepciones.

Según informa el informe económico de abril de ACIEN, para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la carrera entre salarios y precios en los últimos cuatro años resultó claramente a favor de los segundos. 

Durante ese período los trabajadores del sector privado formal perdieron en PODER DE COMPRA el equivalente a 6,3 sueldos mensuales mientras que los que están en el sector informal resignaron 10 haberes. 

El reporte del IARAF dice que, en los últimos 48 meses, los asalariados formales estuvieron 30 meses en los que sus haberes perdieron contra la inflación, los informales resignaron poder de compra a lo largo de 34 y los empleados públicos durante 33 meses. Al comparar los ingresos nominales con la inflación, los sectores más perjudicados serían los trabajadores informales que perdieron 8,5% de poder adquisitivo en promedio por año. 

Le siguen el sector público con 6,1% y los jubilados que perciben el haber mínimo con el 5,3% de pérdida promedio anual. Los asalariados formales perdieron a razón de 4,5 puntos a lo largo del período. Visto de otro modo, el IARAF precisa que si se toma la cantidad de bienes y servicios que se podían consumir con un salario entre febrero de 2017 y enero de 2018, en los últimos 48 meses los asalariados registrados perdieron el equivalente a 6,3 sueldos, los informales 10 y los empleados públicos 7,9. 

Más del 60% de la población percibió un INGRESO PROMEDIO de $ 52.550 a fines de 2021, según el INDEC. El 77% de dichos ingresos provino de fuentes laborales. El INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN OCUPADA fue de $ 55.512, mientas que el INGRESO MEDIO DE LOS ASALARIADOS FORMALES ascendió a $ 68.879. 

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenado según el ingreso de la ocupación principal, fue de $ 19.941. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $ 53.608, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivalió a $ 130.534. 

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.026.021 personas con ingreso promedio de $ 55.823. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $ 68.879 (+54,4% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $ 28.592 (+53,1% interanual). 

Por eso tampoco extraña que el valor de la canasta básica de pobreza para un hogar metropolitano de cuatro miembros fijada en $89.690 supere al salario medio de la economía y el 15% de los trabajadores registrados privados, el 41% de los cuentapropistas y el 45% de los trabajadores no registrados sean considerados “trabajadores pobres”.

Se trata de ocupados plenos que no logran acceder a ingresos que les permitan superar la línea de pobreza de su hogar. Un fenómeno que se instaló en los años 90, recrudeció con Macri y aún persiste de manera robusta.

Toda esta descripción es para reforzar la idea de que la crisis de ingresos fue la responsable central de que el oficialismo perdiera más de cuatro millones de electores en la elección de medio término. Votantes que, sin embargo, no fueron a engrosar el acumulado de la coalición neoliberal, sino que permanecieron en sus casas, fueron al voto en blanco o a otras opciones preferentemente de izquierda, aunque en CABA también optaron discretamente por Javier Milei, en las barriadas más castigadas y pobres.

Reiteramos, la base electoral que en 2019 acompañó al FDT y no lo hizo en 2021 no quiere votar a la coalición neoliberal, no lo hizo en 2021 y no lo hará en 2023. La sociedad no se “derechizó” en absoluto, tan solo dio el mensaje claro de que con esta política económica y el nivel de ingresos que supone, se incumplió el pacto electoral del año 2019 y no acompañó.

Es tan evidente este hecho que, por caso en La Matanza, el partido más extendido y emblemático de Buenos Aires, el FDT perdió en 2021 un total de 250.000 votos respecto al año 2019, de los cuales fueron a Juntos por el Cambio tan solo 19 votos.

Para volver a unir por abajo el quebrado FDT debe rediseñarse la política económica, modificar paulatina pero claramente el patrón distributivo, mejorar los ingresos familiares y entonces sí, como bien plantea el presidente Alberto Fernández, “el que quiera hacerles creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!».

Buenos Aires, 22 de abril de 2022.

*Director Consultora Equis.

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Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

En este duro tramo de la vida nacional que atravesamos, los sectores populares estamos pagando muy caro todos y cada uno de los errores conceptuales que venimos arrastrando y que no hemos logrado clarificar.

No me refiero aquí a las grandes cuestiones estratégicas, que merecerían debates serios y rigurosos, sino a cuestiones muy básicas, casi se diría que las más cotidianas, en las cuales la derecha neoliberal ha logrado construir un entramado discursivo de temas que le importan, y que se ha transformado también en la escala de valores de muchísimos argentinos. La derecha ha sabido sobreimprimir sus propias palabras y conceptos a las desorientaciones populares.

Vamos a tomar dos temas de estricta actualidad, para ver hasta qué punto reina la confusión en las mayorías, y hasta qué punto no se está haciendo nada efectivo –remarco la palabra: efectivo- para revertir este estado de confusión colectiva y de hegemonía de los sectores dominantes sobre la población.

EL FRENO DE LA INFLACIÓN

¿Es la inflación el principal problema de la población? Hay una mayoría que seguramente contestará que sí, que es lo más preocupante.

Sin embargo, nos atrevemos a afirmar que no es el mayor problema real de ellos.

Contestan que la inflación es su mayor problema porque están orbitando lisa y llanamente en el mundo conceptual que propone e implanta cotidianamente la derecha económica. Y así están siendo preparados, los sectores populares, para conceder políticamente la “victoria” sobre la inflación al grupito lumpen y reaccionario que nos gobierna. Se ha logrado que identifiquen la baja de la inflación como el mayor logro económico al que el pueblo puede aspirar.

En realidad, el principal problema económico de la mayoría de los argentinos –problema que seguirá en aumento en los próximos meses- es que sus ingresos son cada día más insuficientes. Su capacidad de consumo se ha derrumbado en estos últimos meses.

Es cierto: los salarios reales cayeron en promedio un 20% con el gobierno de Macri, 5% durante la gestión de Alberto Fernández, y ahora han caído otro 20% durante los cortos meses del gobierno de Milei. A las jubilaciones y a los trabajadores informales les ha ido aún peor.

Recordemos: salario real es equivalente a nombrar el poder de compra del salario, la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir. Eso es lo que nos interesa. El poder de compra, no el nivel de precios, ni los aumentos nominales de salarios.

Nos importa cuánto se puede comprar, qué gastos se pueden afrontar, cual es el nivel de vida que se puede sostener con lo que se recibe mensualmente.

Ese debería ser el núcleo de la preocupación popular, y no si baja la tasa de inflación.

Claro, la gente está acostumbrada a percibir a los constantes aumentos de precios como los causantes de la caída de su poder adquisitivo, pero en realidad esa caída es la la combinación entre dos magnitudes: sus ingresos, y sus gastos.

No sólo es un problema que sus gastos crezcan mes a mes, o semana a semana, por culpa del aumento de precios de bienes y servicios, sino que el otro problema es que sus ingresos crezcan poco o nada en comparación a los precios. Lograr que los precios dejen de subir, en ese sentido, es importante, pero se trata sólo de la mitad del problema.

El otro gran tema es el aumento de sus ingresos –salarios, jubilaciones, transferencias públicas-, cosa que la derecha mediática y los partidos de la derecha en un sentido amplio, han borrado del radar colectivo. Han logrado que el foco social se ponga exclusivamente en la suba de precios.

Se ha instalado de tal forma que el problema es “el aumento de precios”, que parece que si eso se lograra detener, debería ser recibido con algarabía por los sectores populares, y demostraría cuán popular es este gobierno. Es más: nadie puede imaginar que los precios se retrotraigan, para adaptarse a la capacidad de consumo popular.

Consideramos que quien aspire a representar auténticamente los intereses populares tiene que rechazar tajantemente esta trampa económica y discursiva.

El eje de la lucha popular es por la recomposición del poder adquisitivo de sus ingresos, y no por que pare la inflación. En todo caso, esto último es sólo parte de una solución completa, que ocurrirá cuando recuperemos la capacidad de comprar lo que podíamos comprar hace, por ejemplo, una década.

Porque lo que se viene con el gobierno de Milei en los próximos meses, en el mejor de los casos, es que la inflación –o sea el aumento generalizado de precios- se reduzca, pero no pare. Y que el poder de compra de los ingresos de la mayoría quede hundido, o porque se fue degradando por la por la alta inflación que aceleró este gobierno, o porque se empezará a sentir crecientemente el impacto del desempleo y los efectos de la profunda recesión sobre las posibilidades de recuperación salarial.

Pero incluso si por un momento se lograra la “inflación 0” y el gobierno proclamara la “victoria” sobre ese “flagelo” constituido ideológicamente como “el peor problema de la economía” (¡no es cierto!), el poder de compra de la mayoría quedaría brutalmente erosionado. Se congelaría en un nivel por el piso para vastos sectores medios y algunos sindicatos bien pagos, y por debajo de la línea de pobreza en el caso de muchos millones de trabajadores argentinos de rubros más golpeados o desorganizados.

Es decir, gracias a su hegemonía política e ideológica, la derecha podría ofrecer a las masas un resultado que las congelaría en una situación de penuria, que ellas deberían festejar como un logro extraordinario que agotaría las demandas que puedan tener en materia económica.

Lo que aquí está en juego es cuál es el programa económico mínimo de los sectores populares: ¿vivir aceptablemente bien o que no sigan subiendo los precios? Puede ocurrir que los precios suban poco, producto de una economía derrumbada, pero jamás les ofrecerán que sus ingresos alcancen para cubrir razonablemente sus necesidades.

De esa cuestión elemental deberían ocuparse quienes aspiran a representar a las mayorías, pero no existe una voz clara en ese sentido. Ni siquiera existe una batalla argumental que impugne la “consigna” que introdujo la derecha como techo a las aspiraciones populares.

LOS SUELDOS DE LOS LEGISLADORES

Gran ruido mediático está causando el incremento de la dieta de los senadores de la Nación.

El twittero reaccionario que hoy nos gobierna, ganó las elecciones agitando a las masas contra una supuesta casta que sería la responsable de los problemas y las carencias populares.

El argumento no es nuevo, ya que se usó, por ejemplo, en las postrimerías de la “convertibilidad” para echarle la culpa a “los políticos” del derrumbe de ese engendro rentístico financiero de los sectores dominantes locales y extranjeros.

La incitación contra los políticos es fácil por dos razones: 1) porque hay unos cuantos políticos que efectivamente dejan mucho que desear, ya sea por razones morales, por incapacidad o porque promueven políticas antipopulares que dañan a la población, y 2) también porque son mucho más visibles y famosos que los empresarios, banqueros y otros poderes más influyentes que no son tenidos en cuenta por las masas, por despolitización o desinformación.

Que en el radar masivo aparezcan los políticos como enemigos, y no los dueños del país y promotores de las políticas económicas que arruinan la vida de las mayorías, es un triunfo extraordinario de los intereses concentrados, de los cuales Milei es un representante novedoso.

El rechazo a la política y los políticos podría tener un sentido progresivo si se supiera identificar quién es quién entre los políticos, para quién trabaja y de qué vive, pero lo que hemos presenciado es que se realiza una generalización –en especial cuando fracasan los gobiernos de derecha- donde todos los políticos, y toda la actividad política democrática es puesta en discusión y condenada como una práctica delictiva, además de responsable de los males económicos del país. Ejemplo de esta falta de consistencia en el análisis, es que la deuda externa, su generación y los efectos que produce sobre la vida de la mayoría, no sea un tema que haya entrado en la consciencia colectiva.

Dentro de este paquete de confusiones aparece también la absurda conexión entre el “gasto político” y los salarios infames que cobran muchos argentinos. Obsérvese que desaparecen del análisis las patronales, las decisiones empresarias, la dominación social que se vive, y aparece como argumento exclusivo que los políticos ganan “mucho”, mientras el pueblo gana “poco”.

Todo este “razonamiento” desemboca, provisoriamente, en que ya que los políticos son una lacra, deberían ganar poco. Y se sugiere –el mileísmo es exactamente eso- que si la casta ganara poco, eso permitiría que las mayorías ganen “más”. Desapareció también en el camino la noción del papel fundamental de la política económica, y sólo habría una conexión entre ingresos “altos” de funcionarios, e ingresos “bajos” de los laburantes.

¿Cómo puede ser que después de 40 años de democracia sigan circulando estas supercherías, y no se haya podido instalar un debate público serio sobre cómo es la distribución del ingreso en el país, sobre cómo y quiénes determinan los salarios en una economía capitalista, porqué es necesario el gasto público, también en el funcionamiento de instituciones políticas que canalizan la deliberación popular, y cuál debería ser la remuneración adecuada para personas que tienen a su cargo responsabilidades ejecutivas y legislativas relevantes para el bienestar general?

Alguien podría decir que en el marco de un régimen social que ha sido vaciado prolijamente de sus características democráticas, especialmente en las cuestiones económicas, es merecido que los legisladores que participan de ese juego de engaño a los votantes sean repudiados. “¡Qué se jodan por participar de la farsa!”

Todo eso sería digno de consideración, si no fuera que la radicalidad de tal impugnación termina allí, en el nivel de la política convencional, y no penetra en la comprensión acabada de un sistema de dominación social, en el que los poderes fácticos, los medios, la judicatura y un conjunto de actores tienen un papel decisivo en la configuración de una economía que mantiene a las mayorías en un estado de pauperización completamente innecesaria.

Todos estos problemas y confusiones conceptuales que venimos arrastrando hace décadas, y que no clarificamos, aparecen cuando los senadores aumentan su dieta de 1.700.000 pesos a 4 millones. Eso genera inmediatamente una agitación mediática que confirma y reafirma la estupidez que Milei instaló bajo la figura de la “casta”.

La reactualización del valor real de los sueldos debería ser una demanda masiva de la sociedad, pero en cambio de reclamar la generalización de mejoras salariales, se dispara una reacción de bronca frente a quienes tuvieron la posibilidad institucional de recuperar sus ingresos. Se exige el inmovilismo salarial universal, y se denuncia el “privilegio” de que ellos pueden definir sus propios salarios.

Claro, está de fondo la acusación generalizada de que los legisladores “no sirven para nada”. Acusación de cuño antidemocrático, que puede derivar en el reclamo de entronizar a un Videla o a un Fujimori en un poder ejecutivo sin limitaciones republicanas. Porque si los senadores y los diputados y los concejales no sirven para nada, ¿para qué pagarles el sueldo? ¿por qué no suprimir los cargos directamente? Justamente los que representan a los ciudadanos, gracias a estos razonamientos instalados en la población, deben ser eliminados de la nómina de pagos estatales.

La interpelación real y genuina a los legisladores, que debería ser: ¿para qué intereses legislan?, se transforma gracias a la trampa “pueblo versus casta” en el premio consuelo de ¡que ganen poco como todos los demás!

Se mezclan en este confuso debate muchos elementos diversos, desde la calidad de la representación política, qué quieren realmente los representados y de qué forma eligieron a sus representantes, cómo forman sus propias opiniones los ciudadanos y como formulan sus propias demandas, hasta cuál es una estructura distributiva deseable para un país en donde sea bueno vivir.

Todos esos temas, articulados en esta coyuntura candente, deberían llevar a preguntarse: ¿cuáles son las características reales de este régimen social en el que efectivamente vivimos, que parece no ser capaz de cubrir las aspiraciones y deseos de la mayoría nacional? ¿Quién gobierna efectivamente la orientación de un país que no puede desplegar todo su potencial desde hace décadas?

Más dañinas que las ideas retrógradas que circulan en la sociedad, son las carencias políticas y organizativas que hoy por hoy tenemos.

Parece increíble que conceptos económicos tan precarios como falaces se hayan convertido en sentido común de sectores mayoritarios, pero la realidad debe ser reconocida para poder cambiarla.

Y a la realidad la cambiarán actores con convicciones claras, capaces de enfrentar las confusiones que circulan entre las mayorías, y que posean voluntad de transformación y miradas estratégicas que trasciendan lo coyuntural.

Buenos Aires, 25 de abril de 2024.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por Hernán P. Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

La estrategia argentina de fijación de precios de los combustibles, basada en el criterio de paridad de exportación (export parity), se presenta como un gesto de apertura al mundo: una supuesta modernización que alinea al país con las reglas del mercado global. Pero detrás de esa retórica de eficiencia, lo que se esconde es un mecanismo de transferencia regresiva de ingresos que, en lugar de apuntalar el crecimiento interno, debilita el poder adquisitivo y limita las capacidades del Estado.

Desde mayo de 2024, el precio internacional del crudo (medido por la canasta OPEP) se redujo un 26,6%. En línea con esa baja, el precio de la gasolina en Estados Unidos descendió un 12,6%. En contraste, en la Argentina el litro de nafta —medido en dólares oficiales según datos del IAG— aumentó un 6%, aun considerando la reciente reducción del 4% ordenada por el Ministerio de Economía. En otras palabras: mientras el mundo ajusta a la baja, Argentina incrementa sus precios. En lugar de converger hacia estándares globales de eficiencia u objetivos nacionales de crecimiento, se construye una “paridad” artificial que recae sobre el bolsillo de los consumidores. Recordemos, para poder seguir el hilo de este artículo, que en las últimas décadas, a pesar de todos los problemas que tuvo la Argentina, nunca desancló el precio de los combustibles al dólar oficial.

La paradoja de fondo es evidente: Desde 2023 la Argentina es exportadora neta de petróleo. Sin embargo, actúa como si fuera un país dependiente del crudo importado. El precio interno se fija replicando el valor de exportación, ignorando por completo los menores costos locales de producción y refinación. Ni los fletes, ni los impuestos diferenciales, ni los costos internos, ni la capacidad de pago de la población, forman parte del cálculo. Se impone así una lógica diseñada para maximizar utilidades externas, aplicada directamente sobre el surtidor local.

El resultado roza el absurdo: En un país donde producir un barril cuesta entre 35 y 45 dólares (según datos del propio sector, recordar también los precios de barril criollo) y donde la refinación nacional es más barata que la media internacional, los consumidores pagan precios similares —e incluso superiores— a los que se abonan en economías con ingresos mucho más altos. Según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), llenar un tanque de 50 litros cuesta hoy USD 51 en Argentina, frente a USD 41 en Estados Unidos. Es decir, con ingresos considerablemente más bajos, los argentinos abonan un 19% más por cada litro de nafta.

Y esto no ocurre en un entorno de libre competencia. Aunque el discurso oficial invoca al mercado, lo cierto es que el sistema de comercialización de combustibles en Argentina está altamente concentrado. No hay competencia efectiva, sino una cartelización de hecho donde los precios internacionales funcionan como piso, no como techo. En este contexto, los márgenes empresariales se tornan opacos y el Estado se repliega de su función reguladora. No hay política energética: Hay captura del regulador.

Este esquema opera en paralelo a un ajuste fiscal que recorta subsidios, pero no fortalece los ingresos de la población. El Ejecutivo justifica las subas de precios como parte del esfuerzo por reducir transferencias al sector energético. Pero lo hace sin diseñar mecanismos compensatorios que resguarden la capacidad de compra de los hogares. El impacto es claro y regresivo: Se encarece la movilidad —tanto pública como privada—, se elevan los costos logísticos y se presiona la estructura de precios en toda la economía. Los efectos inflacionarios de segunda ronda afectan más intensamente a los sectores de menores ingresos.

Además, se genera una paradoja fiscal: Precios más altos reducen el volumen de ventas, y esa caída en las cantidades vendidas implica también una baja en la recaudación por impuestos específicos. El Estado pierde recursos, los hogares pierden poder adquisitivo, y las empresas ven incrementados sus costos operativos. La supuesta “competitividad” que se busca queda ahogada en una estructura de costos artificialmente inflada.

Y esto sucede incluso cuando el frente externo energético da señales positivas. La balanza energética de Argentina muestra saldos superavitarios sostenidos gracias al crecimiento de las exportaciones de gas, petróleo y electricidad. Pero los dólares que ingresan por esa vía no se traducen en mayor disponibilidad neta: el tipo de cambio mantenido regulatoriamente bajo estimula las salidas de divisas por turismo y consumo externo. Así, los ingresos por Vaca Muerta terminan neutralizados por gastos en el exterior. Lo muestra con claridad el balance sectorial cambiario del BCRA: buena parte de lo exportado en energía se pierde en viajes y tarjetas, según los últimos informes del IAG. El problema no es el yacimiento: es el diseño del modelo macroeconómico.

Este escenario deja una enseñanza clave: Exportar más no garantiza desarrollo si los dólares no se reinvierten localmente. Una economía que logra excedentes energéticos, pero no puede canalizarlos hacia la producción y la infraestructura, está destinada a repetir ciclos de restricción externa. Ni siquiera Vaca Muerta podrá compensar esa fuga estructural si no hay una redefinición profunda de las reglas de juego.

Y sobre esto pesa una omisión aún más estructural: la ausencia de una estrategia de transición energética. Mientras el mundo avanza hacia la descarbonización y discute cómo reconvertir su matriz productiva, la Argentina sigue atada a la exportación de crudo sin agregado de valor, sin diversificación y sin política industrial asociada. El mismo esquema se replica en minería con los minerales críticos. Una transición energética orientada al desarrollo no puede limitarse a vender más gas: debe ser el motor de una reindustrialización con empleo, innovación y tecnología. Y para eso, hace falta política, no liberalización ciega.

En nombre de la eficiencia, se ha impuesto un régimen de precios que traslada renta desde los consumidores a los grupos más concentrados del sector. Incluso en firmas de mayoría estatal, como YPF, prevalece hoy una lógica empresarial pura, sin criterios de política pública. Se gestiona con mentalidad privada, no con vocación de desarrollo nacional.

Es momento de repensar esta arquitectura. No para volver a subsidios descontrolados ni para volver a esquemas alta regulación sobre el comercio exterior, sino para recuperar la energía como herramienta de transformación. Un país con petróleo propio no puede darse el lujo de condenar a su población a precios internacionales sin considerar sus ingresos. Estado y mercado no son excluyentes: sólo producen desarrollo cuando interactúan con racionalidad y propósito compartido.

Fuente: elaboración de IAG en base a Surtidores.com.ar, BCRA y precios promedio de EEUU.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2025

*Instituto Argentina Grande (IAG)

IG: @hernanpherrera

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