Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Heráclito tenía razón: todo pasa. El tiempo-espacio se curva dicen los físicos, lo que parece depender de la ley de la termodinámica, conforme a la cual el calor siempre pasa a lo frio y nunca a la inversa. Pero lo que es verdad en física no lo es en la dinámica del poder: allí no rigen las leyes de la termodinámica.

Por eso, que mucho se habla en el mundo de una justicia transicional para caracterizar procesos de cambio o transición de dictadura a democracia o de violencia a paz, es cuestión de reflexionar un poco.

No estoy seguro de que exista una justicia transicional, aunque no dudo de que hay políticas transicionales condicionadas por varios factores, según las circunstancias. Pero en general, el término se usa como si rigieran en la política las mismas leyes de la termodinámica, o sea, que toda transición sería del calor al frío.

Lamentablemente no es así, pues hay transiciones en sentido contrario y, por ende, existen políticas transicionales regresivas, que transitan de la democracia a la dictadura o de la paz a la violencia.

Son varias las naciones de nuestra región que viven esa política transicional regresiva y, por supuesto, también nuestro país. No es necesario mirar la casa vecina, porque entre nosotros se repite la misma regresión hasta en sus detalles, pues sólo nos diferencian algunos datos más o menos folklóricos o coyunturales. Basta mirarnos el ombligo para verificar que tenemos presos políticos -empezando por el escandaloso caso de Milagro Sala-,  jueces perseguidos por sus sentencias, censura de medios de comunicación, discurso único mediático, represión y letalidad policial, jueces dóciles, etc.

La economía argentina, agotó a increíble velocidad la nafta del tanque y ahora está consumiendo la reserva a cien millones de dólares por día. Mientras la banda toca a toda orquesta, ya se siente el roce del iceberg en el casco del Titanic, que sigue impertérrito rumbo al desastre.

Pero Heráclito tenía razón: todo pasa. El diluvio también pasó. Es hora de pensar qué hacer después del diluvio. La vida seguirá, el Pueblo Argentino también, quizá en una parte con la bronca propia del estafado, del que compró la máquina de hacer dólares que otros se están llevando y que, por desgracia, pagaremos todos.

Los males que dejará el diluvio son muchos, tanto materiales como inmateriales. Entre los últimos no será menor el desencanto con la llamada justicia, protagonista importante y clave de esta política transicional regresiva.

El método de repartir estiércol y otras inmundicias a través de los medios de comunicación monopolizados, para luego manipular a los jueces propios –como descaradamente reclamó el presidente- y obtener prisiones preventivas y condenas arbitrarias, es clave en esa transición regresiva.

Pero no podremos pensar qué hacer después del diluvio si no comprendemos qué es esta pesadilla que vivimos, esta especie de dictadura sin dictador y con uniforme escolar de democracia con trencitas y expresión infantil de globitos amarillos.    

Lo que la tradicional política transicional no ha visto antes es, precisamente, que en política no rigen las leyes de la termodinámica, porque si la única transición fuese hacia la democracia y la paz, llegaríamos a la conclusión de que todos estamos más o menos camino del Paraíso.

Las cosas no son así, en política hay transiciones hacia adelante y hacia atrás, porque el Estado de derecho es un modelo ideal nunca del todo realizado. Es útil como modelo orientador, pero a condición de saber que los Estados de derecho reales que hay en el mundo son corsés institucionales que contienen los esfuerzos de quienes buscan hegemonizar el poder, porque en toda sociedad hay quienes quieren hacerse del poder para manejarlo arbitrariamente en beneficio propio y de su minoría.

Justo es señalar que pocas veces esta hegemonización para la arbitrariedad enriquecedora, propia y de grupo, se ha visto tan clara como en el actual momento de nuestra pobre Nación.

Tienen todo el poder: los medios monopólicos creando realidades ilusorias, repartiendo inmundicias, los votos del Congreso mediante la extorsión a los gobernadores, los carpetazos amenazantes contra cualquiera, los jueces propios dispuestos a cualquier antojo, los jueces impropios amenazados; tienen todo menos un programa económico sustentable, porque su ciega voracidad los ha llevado a destripar a la gallina de los huevos de oro. Sólo por eso el diluvio llegará y también pasará.

¿Cómo se llegó a esto? Muchos se lo preguntan y no tienen una respuesta clara, porque no han caído en la cuenta de que el corsé institucional de nuestro Estado de derecho era demasiado débil, diría que completamente vulnerable. Y los gerentes de transnacionales y sus empleados supieron aprovechar hasta el último resquicio de institucionalidad defectuosa para hacerlo estallar. Ya no tenemos Estado de derecho, sino la voluntad arbitraria del grupo de chief executive officers y sus empleados y amanuenses que se hicieron del poder engañando con globitos y repartiendo estiercol.

¿Gobierno representativo, republicano y federal? El artículo 1º constitucional parece una ironía, una manifestación de buena voluntad, lirismo constitucional para escolares, de cuya irrealidad hasta los niños se dan cuenta. Después del diluvio nos espera la durísima tarea de tratar de hacer de esa ironía una realidad. No será tarea fácil.

Entre otras dificultades, no será menor la urgencia de curar la herida profunda que este poder arbitrario infirió a la democracia misma y, por supuesto, al Estado de derecho, porque debilita directamente nuestra cultura jurídica y cívica, de tan paciente y compleja formación. Para volver al Estado de derecho será necesario pensar una institucionalidad fuerte, inventar el nuevo corsé a la altura de las agresiones actuales, y eso importará poner nuevos límites institucionales al poder.

Pero la bronca de estafados y damnificados será grande. Muchos se rebelarán ante la propuesta de nuevos límites al poder: ¿Por qué limitar el poder? ¿Acaso no nos pasó esto por no ejercer suficiente poder? ¿No nos ha pasado por respetar demasiado los límites? ¿Acaso los otros respetan límites? ¿Siempre nosotros debemos ser los tontos? ¿Volveremos a ser tan idiotas y a respetarlos, cuando ellos nos ensucian, nos encarcelan y nos largan las policías de gatillo fácil?

Este es el daño inmaterial que está provocando la pesadilla que vivimos, porque mina la base misma de la democracia en el sentir popular. La verdadera brecha es la que están abriendo en la convicción democrática de nuestro Pueblo; es la herida que nos dejará esta reverberación repugnante de 1955.

Pero lo difícil no es lo imposible: lo superaremos. Cuando este vómito histórico colonialista de gorilismo tardío y vendepatria haya pasado, con esfuerzo y paciencia curaremos la herida. Nuestro Pueblo no es suicida ni violento por esencia, difícil pero no imposible es la tarea de restablecer la confianza en los límites institucionales, superando la bronca emocional con la prudencia de la razón.

Para eso es de vital importancia mostrar que la prudencia de la razón no es ingenuidad. A las preguntas del ciudadano indignado se debe responder que no queremos volver a respetar límites que otros no respetan y nos juegan sucio, sino establecer nuevos límites que debamos respetar todos, lo que importa una tarea bien diferente y nueva.

No se trata de reponer un corsé que no ajusta, que falla por todos lados, sino que nos urge pensar un nuevo corsé institucional, firme, realmente republicano, representativo y federal en serio.

La actual Constitución Nacional es poco menos que un papel que se usa cuando conviene a la riqueza concentrada y a los intereses colonialistas, pero que después se cuelga en lugar poco conveniente. Es indispensable un nuevo proyecto de Estado, adecuado a una sociedad más justa y a una Nación más soberana, institucionalmente sólido como para evitar que lo burlen los voraces de poder y dinero.

Debemos comenzar a pensar en la enorme tarea que habrá que llevar a cabo después del diluvio. Temas centrales de nuestro Estado y que debemos debatir y resolver son, por ejemplo: control del poder presidencial, gabinete de ministros, coparticipación federal, pluralidad de medios de comunicación, control legislativo del endeudamiento, titularidad de las bancas legislativas, financiación de partidos políticos, servicios de inteligencia, función de las Fuerzas Armadas, control de los cuerpos de seguridad, tribunal constitucional, casación nacional, consejo de la magistratura, defensa del medio ambiente, pueblos originarios, presupuestos participativos, consejo económico-social y un largo etcétera.

La bronca emocional no se puede contener con ingenuidad, sino con la prudencia racional activa, no pasiva ni mucho menos ingenua, que sólo puede estar dada por la firme decisión de una institucionalidad nueva y mucho más sólida, por un corsé con las menores fallas posibles, que impida el reflujo de una política transicional regresiva como la que sufrimos. 

Aunque la demolición sea muy fuerte, aunque los límites republicanos se hayan pisoteado como nunca en los últimos treinta y cinco años, en lo institucional debemos comprender que esta pesadilla no ha hecho más que derrumbar ruinas institucionales que ya no servían para contener a quienes había contenido, y el abuso descontrolado del poder arbitrario por parte de los oportunistas de turno, no es más que la mejor verificación de la inutilidad de las ruinas demolidas por la barbarie plutocrática.

Después del diluvio no será cuestión de reconstruir lo institucionalmente demolido, porque no sirve, sino de construir una nueva institucionalidad que, hasta donde sea humanamente posible, sea capaz de impedir que cualquier nuevo grupo de advenedizos oportunistas la pueda abatir en el futuro.

Buenos Aires, 15 de julio de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Por cierto, pasan cosas en el mundo, algunas insólitas, como que un arzobispo quiere darle un golpe de estado al Papa. Busco en internet datos del tal Viganò, original cura que parece volver a los tiempos de los Medici, pero para mi sorpresa no es florentino, sino lombardo de Varese y de rica familia. Leo más y parece que, peleando por la herencia, denunció a su hermana por “circunvención de incapaces” (un delito muy italiano que es aprovecharse de un loco), en este caso su hermana sería el incapaz que tuvo que ir en silla de ruedas a decirle al juez de Milán que estaba mal de las piernas, pero no de la cabeza y que el curita hermano se quería quedar con su cuota hereditaria.

Busco más y encuentro que se trata de un sujeto dedicado a la diplomacia, fue embajador en los Estados Unidos, fino él, delicado tratando con los poderosos. Disgustados por sus intrigas en busca de poder en el Vaticano, ni Benedicto ni Francisco lo hicieron cardenal y, para colmo, el primero lo alejó del Vaticano mandándolo como embajador y el segundo lo removió de esta función.  

Me lo imagino masticando rabia. Seguramente el púrpura le hubiese quedado bien, aunque quizá también le hubiese otorgado más semblante de vieja distinguida de barrio alto que de dignatario respetable. Pensará que esos egoístas le frustraron sus altos destinos como canciller, quizá como Papa. ¿Por qué no? Me lo imagino cargado de desprecio peninsular del norte contra los “terroni” del sur, afirmando que la culpa de todo la tuvo Garibaldi al unificar Italia. ¿Y qué decir lo que sentirá por este “sudaca” de mucho más al sur? Se hizo llamar Francisco y tuvo la osadía de emitir una encíclica en la que afirma que “este sistema no se sostiene” y va camino de hacer pelota el planeta. Se disculpará y avergonzará por estos exabruptos de cura sudamericano ante sus fieles amigos norteamericanos con los que tan a gusto se codeaba.  

Y para colmo, lo acusa por no haber condenado sin más pruebas que sus alcahueterías y, en lugar, haber esperado a que se prueben los hechos para después condenar. ¿Quién se cree este “sudaca” que exige pruebas antes de penar? ¿No le bastaba con su palabra de cura fino del norte? No haber creído en su palabra y no haber condenado sin más prueba, es para el cura fino un encubrimiento.

Sin duda que el perfil de este curita tortuoso indica graves errores de conducta, su actuación de intrigante resentido es manifiesta, demasiado notoria, especialmente cuando la completa con su histérica teatralización histriónica de víctima, cuya vida supuestamente corre peligro.

Cierro internet y pienso si habrá organizaciones con tendencia corporativa que generan errores de conducta de esta naturaleza. Sin duda que ciertos medios corporativos y burocráticos muy fuertes condicionan conductas, porque nadie se forma en una incubadora. No sé lo que pasa en la Iglesia, no conozco sus vericuetos internos, pero tengo experiencia de otra organización fuerte aunque mucho menos importante, que es el llamado “poder” judicial.

Por algún tiempo me dediqué a investigar qué pasaba con los juristas alemanes en tiempos del nazismo. Me interesaron sus peligrosas elucubraciones perversas y la posibilidad de supervivencia o renacimiento de sus tortuosas racionalizaciones de lo incalificable. Me perdí en algunas bibliotecas leyendo libros y artículos en gótico, hasta que finalmente publiqué un ensayo el año pasado.

Ahora observo con seria preocupación lo que sucede en la justicia federal argentina y en alguna provincial y, por cierto, no es lo mismo. Los nazis eran aberrantes, con finos bisturíes trataban de descuartizar las garantías penales y procesales más tradicionales, apelaban a metodologías diferentes y en cada una exploraban lo que les era útil para su perversa argumentación. Pero lo que observo en la justicia federal argentina es algo muy diferente: no se argumenta, simplemente se dice cualquier cosa, que poco o nada tiene que ver con el derecho.

No voy a pasar revista a las decisiones desopilantes: se pretende procesar por “traición a la Nación” (cuando nunca hubo guerra), se declaran imprescriptibles delitos de “corrupción” (serían más graves que los parricidios), se toman declaraciones a “arrepentidos” que si no se arrepienten quedan presos (a las brujas no se las torturaba para que confesasen, sino para que diesen algún nombre), se ordenan prisiones preventivas efectivas sin riesgo de fuga ni de interferencias (hay vínculos residuales), se hace lo mismo sin sentencia firme (total se sabe que se va a confirmar), se prohíbe a médicos atender pacientes cuando no tienen matrícula provincial (la nacional no sirve en Jujuy), y podría seguir largamente, pero no vale la pena.   

Nada de esto se racionaliza finamente, como hacían los nazis, sino que se ordena y basta. La consigna parece ser “lo hago porque tengo el poder de hacerlo”. No me ocupo aquí de motivaciones políticas de nivel manifiesto, sino que me pregunto por el proceso psicológico que lleva a estas decisiones.

No admito que alguien lo quiera explicar por corrupción o por amenaza de “carpetazo”. Me consta en muchos casos que nada hay de corrupción y en otros no conozco, pero presumo que tampoco. No creo que haya “carpetazos” amenazantes en tal cantidad y tampoco que haya tantos vulnerables a ese infame procedimiento. Es muy simplista y falsa esta explicación.

Este “lo hago porque tengo poder” es una conducta errónea que, cuando se reitera en una institución, hace algo más que sospechar un condicionamiento o, por lo menos, en el efecto que la cultura institucional o burocrática tiene sobre algunas personalidades predispuestas.

Es innegable que esos comportamientos no presentan la característica de racionalización perversa de los nazis ni tampoco la neutralización de valores (descripta por Sykes y Matza) propia –entre otros- de los genocidas, sino que el error de conducta se manifiesta con signos bastante inequívocos: quien procede de esa forma se considera invulnerable, está seguro de que no le pasará nada, no se imagina correr ningún riesgo, no toma consciencia de la transitoriedad y dinámica temporal, de la accidentalidad de la existencia, no está exento de una dosis de narcisismo, piensa en blanco y negro, a los “malos” nada, no se imagina el dolor del otro, no admite grises ni matices, en buena medida opera con pensamiento mágico. En síntesis, todo eso permite señalar que el carácter más saliente de esas conductas es la omnipotencia.

La omnipotencia es normal en la adolescencia, pero no en las personas adultas, donde no indica un buen nivel de salud mental o, al menos, señala un grado de inmadurez preocupante. Si esos comportamientos se reiteran en el “poder” judicial, cabe preguntarse si la institución no condiciona –al menos en algunas personalidades no muy maduras emocionalmente- una regresión a etapas superadas por la vida adulta (regresión adolescente) y, con pocas dudas, la respuesta parece que debe ser afirmativa, lo que no deja de ser preocupante.

Sabemos que la prisión –y en general todas las instituciones totales- provocan regresiones situacionales por efecto de condicionamientos externos (disciplina, horarios, vigilancia), pero en el caso judicial parece que la institución lo hace por condicionamientos internos, o sea, que neurotiza o, por lo menos, tiende a aumentar una previa base de inmadurez fijada en la adolescencia.

No es para nada insignificante desde el punto de vista político-institucional verificar que una institución como la “justicia” genera estos errores de conducta, sino que, por el contrario, resulta preocupante.

Más allá del lawfare, de la manipulación mediática y de todos los accidentes del poder de un gobierno que se debate en una más que previsible agonía por efecto de su manejo económico colonialista, subyace un fondo de omnipotencia en el comportamiento que nada tiene que ver con la coyuntura, sino que muestra errores de conducta individuales que se concretan en una clara patología institucional.

Será cuestión de reflexionar en miras al futuro, para estudiar las posibles formas de neutralización de esos condicionamientos. Será necesario plantear hipótesis a investigar. Quizá haya un estereotipo de “juez”, con demandas de rol que el sujeto internaliza y asume en forma omnipotente. Tal vez predomine el fomento de un desprecio por la política pasajera y una convicción de superioridad por la permanencia. Quizá algunos se miren al espejo a la mañana y no vean más a Juan, Pedro o Pablo, sino a Su Señoría. No cabe descartar que en la afirmación de “soy juez” se esconda un “ser” que ya no es más el estudiante, el novio o la novia, el abogado, sino alguien que “es” su trabajo, su función, su “personaje”. ¿Será que la institución –al menos en algunos casos- se traga la personalidad y la deteriora?

Son hipótesis, meras preguntas, pero se las tendría que formular y responder quien responsablemente reflexione y proyecte en el futuro alguna reorganización racional de nuestro “poder” judicial, que tan triste papel está jugando en estos tiempos.             

Septiembre 11 de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

A 10 meses de haber asumido la gestión el Frente de Todos, la realidad política y económica argentina no se ha tranquilizado, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional en ese sentido. El efecto de la pandemia es muy negativo en lo económico, pero debió haber contribuido a aplacar las diputas políticas en aras de enfrentar una situación sanitaria grave. No está ocurriendo.

A pesar de que el gobierno muestra una política prudente y sensata en lo económico, con una hoja de ruta en la cual la reprogramación de los compromisos externos juega un papel destacado, para poder utilizar el gasto estatal plenamente en los próximos años en función de normalizar la economía e incluso promover un cambio en la estructura productiva, el tipo de cambio oficial está siendo asediado, mientras los responsables del desastre macrista y todo el coro neoliberal insisten en que las soluciones son facilísimas, que hay que devaluar y bajar el gasto público, y que el gobierno es un fracaso económico.

Ni qué hablar del clima político. El encono es la palabra que mejor define la actitud de una oposición de derecha, que en su mayoría acompaña todas y cada una de las posiciones del poder económico que en su momento entronizó al macrismo en el poder.

Derecha que trabaja –al menos- en cuatro planos: el estrictamente partidario parlamentario, el judicial, el económico-social y el mediático.

En el plano parlamentario, el objetivo es el obstruccionismo y la paralización de la actividad legislativa, además de teñir la labor de los legisladores de un manto de sospecha “antidemocrático”. El bloque de Juntos por el Cambio actúa el libreto de una indignación republicana frente al intento completamente legítimo y democrático del gobierno de hacer valer su relativa mayoría parlamentaria. Se intenta imponer el poder de veto de los que perdieron las elecciones y limitar las acciones de gobierno a lo que le parece bien a los poderes fácticos.

En el campo judicial, se trata de utilizar todas las posiciones logradas en ese ámbito institucional por la derecha, para impedir que el gobierno pueda desplegar acciones más allá del libreto aceptado por el macrismo político y el poder económico. La modesta reforma planteada por el gobierno, que alivia algunas cuestiones pero no resuelve viejas taras de la justicia argentina, también es rechazada desde la oposición. El poder judicial está actuando plenamente en defensa del legado institucional macrista, de la impunidad del grupo vaciador de Vicentín, o de quienes están quemando miles de hectáreas de bosques impunemente.

En el económico-social, se sigue operando como durante todo el período democrático, generando aumentos de precios arbitrarios, operando sobre el dólar marginal, defendiendo posiciones de privilegio injustificables que dañan el crecimiento económico, y evitando el pago de los impuestos vigentes. Es rechazado un impuesto moderado a las grandes fortunas, planteado por única vez, mientras se continúa una tarea de desgaste del gobierno vía remarcaciones constantes y presión especulativa sobre el dólar.

En el plano mediático, los principales grupos comunicacionales están en guerra abierta contra el gobierno, desplegando una batería constante de mentiras y difamaciones, siguiendo un libreto según el cual el gobierno sería autoritario, estatista, opresivo y chavista, cuando no inoperante y responsable del estado del país. Para quien atiende a esos argumentos, el gobierno macrista y la pandemia nunca existieron. En esos medios ha dejado de importar la realidad de las acciones y la rigurosidad de los argumentos. Esta prensa formal es acompañada desde las redes sociales con una catarata violenta de insultos y falsedades, que apuntan a empoderar a una derecha agresiva y golpista, que niega cualquier tipo de legitimidad al gobierno actual. Estos espacios han comenzado a instalar “ingenuamente” en la opinión pública la duda sobre si Alberto Fernández terminará su mandato. Pregunta que está fuera de lugar en democracia, pero que ayuda a instalar entre el público la meta final de las acciones desestabilizadoras.

En otro tipo de plano habría que colocar al inadmisible cerco armado por la Policía Bonaerense en torno a la Residencia Presidencial de Olivos y a la Residencia del Gobernador Bonaerense, en ocasión de la protesta por mejores condiciones laborales de hace un mes. Un antecedente de insubordinación grave que no recibió una respuesta democrática clara. A pesar de no existir en este momento condiciones para un golpe institucional, el episodio escenificó una posibilidad que remite a otras situaciones ya ocurridas en América Latina, que contaron con el beneplácito de las potencias “democráticas”.

Explicar la asimetría:

Hay una completa desproporción existente entre la actitud del gobierno, que es moderada, dialoguista y respetuosa de las instituciones, y la furia radicalizada de la conducción de la oposición, que continúa atacando al gobierno con la misma actitud destructiva como en las épocas en que gobernaba Cristina Kirchner. Todos los denuestos son utilizados, no importa si coinciden con la realidad de la actual gestión o no. Todo lo actuado por el gobierno merece sospechas, ya que encubre a las malas intenciones que “se sabe” tendría el kirchnerismo.  Esa asimetría de una actitud institucional y democrática, versus una actitud entre boicoteadora y golpista, debe ser explicada para comprender su sentido político.

No sabemos cómo lee el albertismo, desde su actitud dialoguista, el ataque en todos los planos de una derecha en proceso de radicalización antidemocrática. Nos da la impresión que realiza un enfoque político-electoral de la situación, confiando en las artes de la negociación política y la disposición de los actores a jugar democráticamente y a arribar a puntos intermedios entre las posiciones.

Nosotros entendemos que el aparente estado de delirio y exaltación de la oposición no es irracional desde el punto de vista político, sino que es funcional a un objetivo que precede a éste gobierno, y que hunde sus raíces en la década del 2000.

Se trata de que la derecha económica, política y social local, en parte satelital de los Estados Unidos, ha definido al kirchnerismo como el principal enemigo político a derrotar.

La explicación de esta posición, casi fundante de todo el andamiaje político de Cambiemos, está en estrecha relación con el proyecto estratégico del poder económico local y global, y con el obstáculo que representa el kirchnerismo para ese proyecto.

La derecha económica local carece de un proyecto abarcativo de la Nación, pero cuenta con un plan de negocios, articulado con las oportunidades que ofrecía la globalización, para rentabilizar diversas actividades, aun cuando el resto del país y de su sistema productivo queden al margen y no sean viables ni económica ni socialmente. Los obstáculos son los derechos laborales, los derechos jubilatorios, las leyes y regulaciones estatales, los sindicatos, las organizaciones de desocupados, el entramado productivo de la economía popular, los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, el mundo universitario y científico. Todos esos actores sociales encontraron cobijo y pertenencia en muchas de las políticas kirchneristas y nutrieron su fuerza electoral.

La irrupción del kirchnerismo como espacio político amplio e influyente, fue una pésima noticia para el poder económico concentrado porque obturó negocios y planteó problemas distributivos que ya fueron dejados de lado en la agenda pública de muchos países latinoamericanos. Además, los Estados Unidos vieron con muy malos ojos la aparición de un conjunto de gobiernos en América del Sur y Central que se fortalecieron mutuamente en torno a la perspectiva de una política exterior autónoma y una región más integrada internamente.

El kirchnerismo, si bien no significó una reversión completa de las reformas neoliberales –que vienen desde la dictadura cívico-militar de 1976-, implementó un conjunto de políticas públicas más abarcativas hacia el conjunto de la sociedad, y mostró una actitud más independiente de las grandes corporaciones en muchos terrenos. Esa actitud autónoma fue acompañada por un trabajo contra-cultural de discusión de la visión ofrecida por los medios, de rescate de las capacidades y la creatividad locales. Uno de los aspectos que más enoja a los defensores de la globalización neoliberal fue la negativa kirchnerista a seguir el camino del endeudamiento permanente y a someterse a los dictados subdesarrollantes del FMI.

La figura que simboliza todo ese accionar, luego de la muerte de Néstor Kirchner, fue y es Cristina Kirchner.

El espacio político kirchnerista está estructurado en torno a su pensamiento y sus decisiones. Y ese espacio se transformó en el principal obstáculo político tanto para los negocios particulares de las corporaciones a costa del país, como para la colocación de Argentina dentro del conjunto de países latinoamericanos subordinados completamente a la geoestrategia norteamericana.

Intransigencia antikirchnerista:

La furia anti-k, por lo tanto, sólo tiene de “moral” o “republicano” un barniz para consumo publicitario. Ese encono encierra básicamente este conflicto de fondo con lo que el kirchnerismo expresa en este momento concreto de la historia argentina. Sin ser el “propietario” de una serie de valores vinculados a la equidad social, el desarrollo, la soberanía nacional, es la fuerza política que tiene la capacidad concreta para proyectarlos a la gestión estatal, frente al bando favorable a la debilitada globalización neoliberal, cuyos actores son locales e internacionales al mismo tiempo.

La decisión de Cristina de no presentar su candidatura presidencial y en cambio proponerlo a Alberto Fernández, tuvo al mismo tiempo el valor extraordinario de desalojar al inepto gobierno apoyado por el gran capital y los gobiernos occidentales, y el complejo efecto de constituir un gobierno de coalición entre sectores que no tienen exactamente las mismas prioridades políticas, económicas, y culturales.

La derecha local, en cambio, si bien es amplia y variada, y contiene diversos espacios, cuenta con una dirección unificada, en torno a los intereses del gran empresariado local y en última instancia, con la orientación estratégica de los Estados Unidos. Eso le otorga orden y potencia en la ejecución y despliegue de acciones del más diverso tipo, pero convergentes en una estrategia final: la neutralización completa del gobierno del Frente de Todos.

La neutralización implica despojarlo completamente de toda arista diferenciada de la anterior gestión macrista, continuadora a su vez de la gestión de la Alianza y del menemismo, prolongaciones  a su vez de las políticas antinacionales inauguradas en la última dictadura cívico-militar.´

Para evitar que el gobierno del Frente de Todos logre imprimir a su gestión un sesgo popular y nacional, la derecha explora 3 caminos:

1. Que el gobierno, incluido el kirchnerismo, se vaya sometiendo de a poco a los poderes fácticos.
2. Que el gobierno se parta entre un ala “moderada” o “amiga de los mercados” y un ala más transformadora que sea desplazada. Debilitado, el gobierno se sometería completamente a los poderes fácticos y el kirchnerismo sería expurgado de todas las instancias de poder.
3. Que el gobierno persista en sus objetivos progresistas, y entonces caiga envuelto en un conjunto de circunstancias caóticas prolijamente orquestadas, y se abra el espacio para un gobierno radicalizado de derecha.

Introducir la grieta en el gobierno:

Desde el comienzo de la gestión, el gobierno es sometido a una intensa presión y boicot por parte de una oposición carente de todo espíritu colaborativo. La presión constante, ejercida sobre un gobierno que parece vacilar ante los conflictos que atravesaron a la democracia argentina en los últimos 37 años, cumple la función de amedrantar a los tomadores de decisiones, colocarlos a la defensiva, para que se sometan más o menos completamente a los poderes fácticos. Inundarlo de suficientes problemas y litigios para que lo que hay en él de voluntad transformadora se ahogue en una cotidianeidad marcada por infinitos obstáculos.

La infantil acusación de que Alberto Fernández es un títere de Cristina Kirchner no da cuenta de la realidad, pero delata la intención política opositora de introducir una grieta entre ambos líderes, y entre dos estilos de gobierno: si el Presidente toma alguna decisión que se salga del libreto neoliberal, es inmediatamente acusado de ser un “títere K”, cosa que sirve para galvanizar al fanatizado público anti-k. Pero más allá de los recursos de los medios para desgastar y desprestigiar al gobierno, no cabe duda de que existe una voluntad de quebrar la unidad política del Frente de Todos. Es que se deberán tomar varias decisiones difíciles en los próximos meses, y lo que se busca es crear una disputa insalvable entre un sector más propenso a acordar con el establishment local y que posee una mirada más convencional de la política, y el sector con mayor vocación transformadora, al que se trata de encorsetar bajo el infamante nombre de “kirchnerismo”.

Pero eso no quita que se siga abonando, entre tanto, al desarrollo de la tercera opción, es decir, la desestabilización completa del gobierno de los Fernández para facilitar su reemplazo prematuro.

Si se mira con atención los movimientos en torno al dólar, encierran todas las potencialidades deseadas por la derecha: desgastan a la gestión, provocan tensiones entre los funcionarios y áreas del Estado, y crean un clima de falta de gobernabilidad. Si el gobierno no toma medidas efectivas, las maniobras especulativas pueden llegar a provocar una devaluación no deseada. No hace falta resaltar que un salto del dólar, en el actual contexto de penuria económica provocada por la pandemia, puede tener un efecto muy duro sobre el bolsillo de la amplia mayoría de la población –la base de sustentación del Frente-, favoreciendo en todos los sentidos a una reducida minoría.

¿Qué hay frente a la derecha?

El estilo político de Alberto Fernández ha desarmado la argumentación sobre el estilo y los modos de Cristina como causante del fastidio de “la gente”. El argumento sobre la falta de diálogo y la intolerancia no se sostienen. Sin embargo, el embate desestabilizador continúa como si gobernara Cristina.

Sin duda hay un equívoco en el actual micro-clima político nacional. La pandemia ha restringido severamente la capacidad de expresión y movilización de los espacios populares, propiciando al mismo tiempo el agigantamiento mediático de la vociferación derechista.

Pero sería incorrecto explicar la apariencia de fuerza de la derecha por un hecho sanitario.

La realidad es que el espacio popular, democrático, en el que se encuentra el kirchnerismo, lleva mucho tiempo inmovilizado y desorganizado, y no encuentra la forma de expresarse con nitidez en la escena pública. Este estado de inacción es previo a la pandemia, y se hizo muy claro en el último año del gobierno macrista, a pesar del descalabro económico y social provocado por esa gestión.

La falta de organización, de respuesta rápida y clara a los debates planteados, la aparente falta de brújula política, la ausencia de formación de cuadros políticos y sindicales y de difusión política en general, redunda en la debilidad del espacio popular.

Es imprescindible superar estas limitaciones, porque son las que aprovecha la derecha para atacar y arrinconar al gobierno democrático, creando una falsa sensación de potencia incontenible.

Antes de las elecciones se decía que “sin Cristina no se puede, pero que con Cristina sola no alcanza”.

Hoy, la situación podría sintetizarse diciendo: “Sin el Gobierno no se puede mejorar el país, pero que con el gobierno sólo no alcanza para poder avanzar en los cambios que se necesitan”.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2020.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Por fortuna, nada es omnipotente en esta tierra, aunque haya muchos factores de enorme poder que en ocasiones provocan catástrofes. Con frecuencia se señala que en nuestro país hay dos factores de poder retardatarios, que serían el monopolio mediático y la “justicia”, pero sería un error creer que su ejercicio de poder es autónomo u originario.   

Los monopolios mediáticos son propios de nuestra región, pues en el hemisferio norte no se admite la desregulación que permite acaparar sin límite diarios, televisión, radio y medios virtuales. En consecuencia, no puede haber jueces prevaricadores que, combinados con esos monopolios mediáticos, criminalicen a opositores y garanticen impunidad a gobernantes delincuentes.   

Si estos fenómenos son propios del Sur y extraños al Norte, no se requiere mucho para concluir que su poder es “derivado”, son simples medios del actual colonialismo financiero. En el siglo XVII nos ocupaban territorialmente y mandaban virreyes, en el XIX se valían de nuestras oligarquías locales, en el XX alienaban a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas alucinándolos con una tercera guerra mundial, pero ahora corrompen nuestras democracias para insertar agentes locales y endeudarnos astronómicamente.

Por supuesto que, para el poder financiero del Norte, ejercer la presidencia de un país del Sur es una “tarea menor”, pero también lo es la de los monopolios mediáticos que operan como partidos únicos al estilo del “Pravda” o del “Völkisches Beobachter”, y también la de los jueces prevaricadores: son piezas de su tablero.  

Pero incluso es una “tarea menor” la de los propios políticos del Norte, que son rehenes de los “chief executive officers” de las corporaciones financieras y que operan detrás del telón o en la casilla del apuntador y que, a su vez, hacen lo que “deben hacer”, o sea, cometer “macrodelitos” (estafas, golpes de estado, administraciones fraudulentas, extorsiones, ecocidios, trabajo esclavo, etc.), pues si no lo hacen los reemplazan por otros más inescrupulosos, para lo cual siempre hay facinerosos bien vestidos y mejor dispuestos.

Este marco de poder permite comprender nuestros fenómenos de patología institucional, que llegan a su punto más alto con el caso de Milagro Sala y su gente. Pero también nos muestra de qué manera perfectamente armoniosa encajan las piezas de los dos hechos locales más significativos de estos días: la declaración de la vicepresidenta, que desnudó con insuperable síntesis y claridad el entramado de la “causa del memorándum”, y la revelación del envío de armas a los golpistas de Bolivia.

Los dos episodios encajan perfectamente: había que eliminar a Cristina Kirchner y a Evo Morales, porque ambos obstaculizaban el endeudamiento, la entrega de recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la venta a precio vil de todo el patrimonio estatal, la derogación de la legislación laboral y la entrega de la previsión social a sociedades de ladrones.

Los colonizadores, desde Cortés y Pizarro, siempre buscaron oro, lo económico es lo que cuenta. Por eso se ensañaron con Boudou, lo hicieron condenar con una vergonzosa sentencia en que la prueba es que “Fulano dijo” que “Mengano le dijo” y que “Zutano parece que lo saludó”, todo en base al testimonio falso que se pagó con un hotel y una Corte Suprema que consideró que no valía la pena reparar en esas minucias.  

Como bien dijo Cristina, son intereses, los mismos que inventaron que la tentativa de acuerdo con Irán tenía por objeto levantar las órdenes de captura internacionales, pero el juez se negó a tomar testimonio al Director de Interpol que lo negaba rotundamente. Este juez, que junto con el ahora descalificado Moro brasileño, posaban rodeando a un sonriente presidente de nuestra Corte Suprema, en el más sincero prevaricato judicial inventó una “traición a la Nación” sin guerra contra la letra expresa de la Constitución y, como a la alzada le pareció demasiado flagrante, alzándose contra el derecho lo reemplazó por la “doctrina” de los “vínculos residuales” para negar excarcelaciones, inédito argumento de otro prevaricato judicial. Todo basado en un mamarracho escrito por mano ignota, con “cortes y pegues” de computadora, incoherentes y reiterativos, firmados por un fiscal “estrella” con cuentas raras en el exterior y que guardaba en su caja una versión alternativa, elogiosa sobre los mismos hechos.

Por cierto, le hicieron perder la última esperanza de vida a Héctor Timerman. La Corte Suprema, en la solemnidad de panteón del cuarto piso del “palacio” miró todo en silencio, o quizá no tanto, no sabemos.

El “juez Botet”, en plena “fusiladora”, procesó a Perón por “traición a la Patria”, que no es lo mismo que “traición a la Nación”: la primera (artículo 29 CN) es dar la suma del poder público, la segunda (artículo 119) consiste “únicamente en tomar las armas contra la Nación, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”. Pero el juez “gorila” tomó la precaución de procesar a todos los legisladores. En la payasada del memorándum no se procesó a todo el Congreso de la Nación, pues se dio por descontado que los diputados y senadores eran inimputables del primer inciso del artículo 34 del código penal. A quien había que eliminar era a Cristina Kirchner.        

Pero también había que matar a Evo Morales, el “dictador” que quería reelegirse con fraude electoral denunciado por personal internacional, haciendo coro con quienes adelantaban las tragicómicas denuncias que poco después haría en su país Mr. Trump, aunque en su caso, sin funcionarios internacionales que le hiciesen coro y sin jefes de las fuerzas armadas que exigiesen la renuncia de Biden. Si bien hay pedazos de Sur en el Norte, están sólo habitados por ricos en melanina, pues allá no dan resultado algunos métodos del Sur.

Nuestro ex-presidente Macri (y digo “nuestro” con vergüenza, porque debo reconocer que, aunque fuese por el 1%, lo votó nuestro Pueblo), denostó a Evo, participó en la tentativa de su homicidio negando la autorización para que pasase por nuestro espacio aéreo, rompió la tradición de asilo de nuestra Nación, elogió a un régimen de no derecho en que una señora, a la que llamó “presidenta elegida”, con el 3% de los votos se hizo poner la banda presidencial por un militar y enarboló sacrílegamente la Biblia para resaltar el carácter racista de su régimen.

Ese régimen de no derecho encarceló, quemó domicilios, armó grupos civiles, violó la inmunidad de sedes diplomáticas, secuestró personas, encarceló a quien quiso, negó los salvoconductos de salida a los asilados en embajadas, puso sitio a las embajadas amenazando con invadirlas, le hizo perder el embarazo a la secretaria de Evo y, sobre todo, mató a unas cuarenta personas. Con este último propósito, la “presidenta elegida” según Macri, llevó a la práctica lo que hubiese sido el ideal de su ministra de seguridad: emitió un decreto eximiendo de responsabilidad penal a todo policía que disparase matando o hiriendo a la gente que manifestaba. Y para ese servicio impune, Macri mandó los cartuchos con que esos asesinos racistas que quemaban la Wiphala dispararon contra las “mujeres de polleras”.            

Este sujeto ahora se hace la víctima, imagino su indagatoria que, al igual que muchas de ladrones de menor dimensión que escuché en mi vida, primero negará el hecho, luego lo minimizará y, por último dirá “yo no sabía nada, esto es un garrón”. Espero que cuando lo convoquen no sea sólo por contrabando calificado y se olviden del art. 219 del código penal.  

En verdad, no ahorramos papelones trágicos en nuestra historia reciente, como cuando vendimos armas a uno de los beligerantes en un conflicto frente al cual la Argentina era garante del tratado destinado a evitarlo y, para colmo, las armas eran inútiles; fue una estafa.

Nos reivindica la impecable actuación de nuestro presidente que, junto con el mexicano, que también honró la tradición de su Nación –que los argentinos conocen bien- salvaron la vida de Evo y de su vicepresidente. Gracias a eso podemos seguir mirando nuestra bandera sin la mancha de la traición y del crimen, podemos sentir orgullo de que ondee sobre nuestras cabezas.

Pero en la tentativa de eliminación de Cristina Kirchner con el memorándum y de Evo Morales con la prohibición de paso del avión mexicano por el espacio aéreo argentino y de otros territorios gobernados por sujetos del “grupo de Lima”, no estuvieron sólo Macri, los patéticos jueces jugadores de tenis, los golpistas bolivianos, la señora “presidenta elegida”, los medios monopólicos, los deformadores de opinión de la televisión, los funcionarios internacionales que emitieron “informes provisorios”, alguna cabeza complaciente de organismo internacional, la Corte Suprema argentina mirando para otro lado, los racistas bolivianos, algunos intelectuales elitistas argentinos, las tribunas de doctrina, pues todos ellos cumplieron “tareas menores”, fueron simples piezas fungibles en el tablero del poder. Tan fungibles son que, cuando dejan de ser útiles o pierden eficacia en sus “tareas menores” las descartan y hasta las dejan a las fieras, le retiran cobertura para demostrar que son impolutos y no se comprometen con esos “errores”.

Los que mueven los hilos están en sus oficinas lujosas en rascacielos a miles de kilómetros, sin mostrar el rostro, detrás del telón o en la casilla del apuntador. Ninguna de las piezas locales tiene poder propio, sólo cumplen las “tareas menores” para las que les pagan, con dinero, falso poder, efímera fama o sólo con la ratificación de su autopercepción de superioridad, pues algunos salen muy baratos.

Por suerte, Cristina Kirchner y Evo Morales sobrevivieron. Nuestros Pueblos siguen sus luchas. Pero el tardocolonialismo financiero también sigue vivo. Debemos seguir observando el mapa del poder con atención, no distraernos con las patéticas piezas locales. No se trata de anécdotas pueblerinas, cuestiones de “campanario”, estamos en el mundo, en nuestra América, complicada por cierto, no hemos neutralizado las amenazas, sólo salvamos a algunos. Con toda razón la vicepresidenta dijo en un momento, casi como síntesis o corolario de lo que explicó claramente: “piensen un poco”.     

Buenos Aires, 23 de julio de 2021.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por Raúl Lemos*

(para La Tecl@ Eñe)

Comencé a escribir estas líneas días antes del enésimo bochorno del Poder Judicial, esta vez con su Corte Suprema ya en nivel de descomposición, dirimiendo con promiscuidad poder interno. Y expuesta en vidrieras y góndolas como espejo social maldito ante el que una parte de la clase media resiste mirarse.

La persecución ideológica implementada por un ex presidente y una parte no menor de su gabinete junto a tribunales federales, cámaras de apelación y casación ante la mirada ausente de la Corte Suprema, cuando no inspirando ideológicamente la herramienta preventiva para la caza de opositores, es quizá la causa de mayor gravedad institucional registrada desde la vuelta de la democracia.

La gravedad radica en la reunión en la persona del ex presidente de La Nación de los roles de ideólogo y ejecutor de la persecución a través de la Mesa Judicial y cuyos rastros históricos nos llevan a la privación de la libertad, la tortura y la desaparición forzada, aunque esta vez, la banda que asoló la República no pasó del primero de los delitos.

La causa avanzó raudamente en un juzgado federal de Lomas de Zamora hasta que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, la remitió a Comodoro Py adónde fue paralizada.

La procacidad de este sistema judicial no es compatible con la vigencia del sistema Republicano. Mientras un sector importante de clase media hace como que “ya estamos acostumbrados”, “ya sabemos que es así”, “esto no tiene arreglo” o directamente justifica la peligrosidad de uno de los tres poderes del Estado, se está renunciando ya no sólo a ser un país normal, sino a forzarnos a todos a simular que tan mal no se está. Todo bajo la premisa falsa de que ese enjambre de delaciones e intereses no nos tocan ni de lejos. Y la verdad es que vivimos cada vez peor. Sustrayéndonos de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, aunque no se tenga interés y menos participación personal en las operaciones ilegales que se lanzaron como rayo contra la principal fuerza opositora.

El cuerpo social es responsable por aceptación, dispensa y omisión de alertas ante el prevaricato, las demoras procesales y la atribución de competencias “oportunas” dictadas con abyección y sin disimulo. Todo en aras de una línea ideológica continua que atraviesa a una parte de la sociedad que tributa al elitismo, la discriminación de clase, la apropiación y conservación de bienes a como dé lugar, y desentendida a esta altura casi por completo del bien común.

Mientras tanto seguimos dando vueltas en la misma calesita perversa que cada tanto se detiene, tiembla o hace ruidos espantosos.

Sin minimizar su impacto, es curioso como corrió por la epidermis social una especie de escalofrío ante la carta reciente de la Vicepresidenta. Y ¿qué pasa con la andanada otrora semanal, de decisiones y vuelcos judiciales alevosos violatorios y vejadores de la legalidad? La pregunta puede aparentar inocencia, pero ¿cómo es posible que un presidente haya propuesto la designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no haya sido llevado a un juicio político ante las cámaras del Congreso y, mucho más que eso, no haya sido desautorizado en las urnas inmediatamente posteriores? o ¿por qué no fueron juzgados por esa vía los cortesanos que fallaron a favor del 2×1? o ¿cómo pudo una jueza del máximo tribunal esquivar la finalización de su mandato al haber alcanzado los 75 años de edad mediante un amparo judicial y la complacencia de un Ejecutivo que no apeló, y que vaya a saber en cuántas causas ella podría sospecharse falló de manera parcial en devolución de gentilezas? O la persistencia en sus lugares de un Procurador y un Fiscal Federal que socavan la institucionalidad encubriendo y delinquiendo a la vista de todos.

Ahora todo se precipitó. Aunque va a tardar un tiempo y pasar más agua por debajo del puente para que se pueda visualizar un contorno definitivo del superior de los tribunales judiciales, la quizá más “prolija”, con prescindencia de derechos humanos y previsionales, Highton de Nolasco, renunció.

Se abre un escenario incierto en torno a dos cosas: una vacante y una hoguera. Esta última es la que enciende la oposición con napalm criollo, como la de que no van a prestar en el Senado ningún acuerdo a nadie para cubrir ese lugar de aquí a 2023, forzando la idea de que van a volver y este Gobierno está de paso. Con ese descaro y empecinamiento insisten en una desestabilización que no estrenan hoy: con ella llegaron en 2015 al poder formal y a ojos vista es todo lo que tienen para ofrecer. Ni un segundo dejaron pasar desde su eyección del poder para decidir que la manera de escaparle al bulto que dejaron en diciembre de 2019 y a la presión con que la ultraderecha los acorrala, es triplicar cada apuesta y jugar a todo o nada. La movida es burda y harto evidente pero es la pulsión de esta derecha. Y la que ellos perciben les aprueba el sector social que los apoya.

Lamentable y objetivamente pareciera haber un acuerdo entre el Presidente y la oposición, y obviamente la “justicia” misma, en que la Corte no debe ser modificada. Ni en sus nombres ni en su diseño; no fue lo que hizo Néstor Kirchner. Tal vez esta inesperada circunstancia modifique esa inercia y aparezca una punta en el ovillo. No es una partida fácil pero si ni siquiera se la intenta todo se puede volver aún peor.

No es materialmente posible salir adelante con un Poder Judicial funcionando como un garito de indulgencias y/o influencias y/o dilaciones a contramano de la legalidad que surge de nuestro contrato social. Así se cristaliza un status quo bajo el que ningún gobierno se va a atrever a tomar decisiones que sabe serán torpedeadas por alguna corporación perjudicada recurriendo a este Poder Judicial. Sea para no malgastar la oportunidad, sea para no sumar otro problema a los muchos que ya tiene para gobernar un país tan imprevisible. Es inadmisible.

En cualquier caso el resultado es la anomalía campeando en todos los rincones reales o simbólicos de la Nación. Y la consecuencia no es sólo la decadencia y el atraso reciclados enseñoreándose en una sucesión de recidivas inacabables que saturan ánimos ciudadanos sin nunca terminar de ver luces al final de tantos túneles.

También hay daños tangibles que lastiman cuerpos y repugnan sentimientos elementales sobre los que se asienta la coexistencia. Les ocasionaron la muerte a dos chicos idealistas e inocentes en el Sur. En una de las causas, la de Maldonado, intervino un juez que luego tuvieron que esconder detrás de otro levemente más disimulado que lo más trascendente que hizo fue convalidar como verosímil la “permanencia inadvertida” durante dos meses del cuerpo de Santiago en el agua sin deteriorarse y a unos metros más arriba del lugar de su desaparición, luego de innumerables operativos de búsqueda en la zona. Y por toda declaración pública luego de la “concurrida” pericia sobre el cuerpo, se apuró en aclarar que no había signos físicos de violencia. ¿Y la muerte por qué se produjo? ¿Y el accionar del jefe de gabinete de la entonces ministra de seguridad mandando gendarmes a reprimir ilegalmente dentro de un predio privado sin orden judicial que lo autorice? Preguntas y más preguntas que se acumulan como las de la pericia de la bala de la Prefectura que asesinó a Rafael Nahuel por la espalda en Bariloche.

La causa de los espías trata centralmente sobre la persecución a una ex presidenta y demás integrantes de un gobierno elegido en las urnas que cuando perdió por apenas un punto y medio entregó el poder formal al vencedor sin decir esta boca es mía. Luego fue perseguida e hiperindagada a razón de ocho audiencias en un mismo día por un innombrable y formidable exponente de quién lo menos que puede decirse es que jamás debió haber sido juez. Quienes en el borde de lo democráticamente ominoso aplaudieron esto rabiosamente, lo justificaron porque se lo hacía a Cristina. Sin embargo, a pesar de una justicia a tiro de cualquier influencia en poder y en dólares, y de la animadversión ostensible contra la exPresidenta, no pudieron probarle nada. Si no, aún estaría presa como lo está Milagro Sala en el laboratorio de la impunidad de Jujuy. Todo ello al tiempo que el mismo expresidente que conducía la cacería, se inmunizaba en la causa del Correo o tejía otros negocios con autopistas, parques eólicos y quién sabe cuántas cosas más en ese mientras tanto deplorable para la República; el segundo desde el retorno de la democracia e in crescendo.

No hay posibilidades reales de emerger como país más previsible y razonable con un Poder Judicial así. Es sólo ilusión fantasía o espejismo con el que desde arriba hacia abajo, y de un costado al otro, lo que en verdad ejecutamos como sociedad es un paso de comedia diario de parteners de la corrupción sistemática que no es precisamente la de la política, aunque allí también more la debilidad humana de adueñarse de lo ajeno. Pero como dice el refrán, es una tentación inevitable ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el propio. Y es menos ríspido para el mandante o ciudadano común usar como blanco móvil de broncas y frustraciones colectivas compactadas en capas geológicas, a los funcionarios de turno para descargar sobre ellos la culpa única y exclusiva por la imposibilidad de hacerse cargo de los excesos individualistas propios. No es casual el grado de agrietamiento y desencuentro coexistencial, pues esas debilidades humanas profundizadas y extendidas como mancha de aceite, son disvaliosamente más determinantes que cualquier disfunción particular o privada, llámese corrupción o lo que sea.

Así se consolida en el tiempo un tránsito de autoengaño que va de la frustración a la euforia y vuelta a la frustración, con la aceptada, al tiempo que errónea, certeza de que ese círculo enfermo es lo que más le conviene a cada quien.

En un país así, todo vale, todo se legitima y se naturaliza. Nos estamos convirtiendo, si no es que ya lo hemos conseguido, en un aguantadero en grado delincuencial/social de egoísmo a ultranza, individualismo y conveniencias sectoriales y particulares a escala nacional y barrial.

Lo  penoso y que contrasta, es de lo que somos capaces como conjunto cuando nuestras capacidades son estimuladas primordialmente con un sentido constructivo comunitario. Increíblemente flotan en el espacio exterior dos maravillas de lo más avanzado y exquisito de la ciencia mundial, como los dos satélites de construcción genuina nacional que un analfabeto intelectual próximamente “profesor” ni dudó en llamar “heladeras” antes de entregárselos al mercado.

El Poder Judicial en un régimen republicano es parte constitutiva y vital: si funciona bien no se lo nota, si lo hace con arbitrariedad pasa a ser el depositario no visible ni responsable de algo para lo que no está concebido ni diseñado como es administrar la cosa pública. No será con órdenes operativas, pero sí como árbitro último ante el que lo corporativo espurio siempre va a recurrir para imponer sus intereses y ellos contrabandear los suyos.

Ello configura hoy el mayor obstáculo y una limitación inaceptable a la que muchos se han acostumbrado. Se admite mansamente que no se puede hacer más que repudiarlos a través de encuestas que los posicionan como la institución más desprestigiada de la democracia. Empero, al momento de ejercer la voluntad popular con el voto se produce un divorcio “mágico” entre ese poder de elegir, el único que tenemos, y la no convalidación ni de los usufructuarios ni de las operaciones que realizan: las decisiones arbitrarias de jueces socialmente vilipendiados sobre funcionarios cuya responsabilidad están más que a la vista, no necesitan de ninguna sentencia que oriente el sentido del bien que debe primar en los ciudadanos comunes en el momento más importante que tiene la democracia, el del cuarto oscuro.

A Cristina Fernández la persiguieron por los cuatro costados y a pesar de prácticamente todo el andamiaje judicial federal confabulado, y el formidable aparato publicitario de cables, radios, diarios con que cuenta en especial la corporación mediática Clarín, no pudieron probarle nada, y una a una van naufragando esas causas. En cambio Macri, con todo el pus que emerge y el pasado turbulento y proverbial de ilícitos que lo precede, luego de casi dos años, recién ahora ha sido citado a una indagatoria cuya fecha debió aplazarse pues parece que los torpes y zánganos ahora dan clases en universidades del exterior…

Allí están la deuda externa, tanto la privada con sus beneficiarios del poder económico concentrado y funcionarios, como el Ministro de Finanzas y la deuda a 100 años con su fondo de inversión Noctua Partners. Tampoco hubo formalidades administrativas mínimas, ni pasó por el Congreso, la contracción con el FMI de una  deuda que va a figurar en el libro Guinness y cuyas consecuencias ya mismo están condicionando dramáticamente a la Argentina.

Claro, podremos imaginarnos sin demasiado esfuerzo las pruebas que un ex presidente que siempre se dedicó a espiar debe poseer contra quienes fueron sus cómplices en el Poder Judicial, de mínima por las flagrancias e ilegalidades que cometieron junto a él, amén de otras. Y también por el riesgo subyacente si él llegara a caer preso.

Pero lo que más daño nos hace como sociedad es la justificación, aunque provenga de una parcialidad social con capacidad de influencia, en aras de posiciones ideológicas y políticas que pretenden dejar capturado un perjuicio tan milmillonarios como burdo en la órbita de la política, cuando en verdad se trata de los intereses económicos poderosos y privados de siempre a los que la democracia, en estas latitudes, les sienta peor que mal.

El desencuentro y contradicción entre democracia y capitalismo es creciente y ostensible y se va tornando vital la necesidad de una dilucidación y un desenlace en torno a él: que capas medias se empecinen en ignorarla no discriminando entre una cosa y otra con el daño que ello nos provoca, pone blanco sobre negro como en una radiografía, hasta qué lugares del cuerpo social se han extendido las metástasis del cáncer que nos corroe.

Hay una diferencia abismal entre el país que dejó el kirchnerismo en 2015 y el estado catastrófico económico, social e institucional en que quedó la Argentina en 2019. Por más porfiada y sofisticada que sea la negación jamás podrá evitar que lo evidente se vea.

Que los “concesivos” con un gobierno tan corrupto como oligárquico se expliquen a sí mismos, si pueden hacerlo frente a un espejo indeformable, por qué tres gobiernos supuestamente tan corruptos como los que tuvimos de 2003 a 2015 le hicieron tanto bien al país. Y si dudan, sólo tienen que tomar como prueba sus vidas, pasares y entornos luego de aquél gobierno. Las pruebas con cuya omisión este Poder Judicial hunde cada día a la República con su pesada ancla.

La Plata, 12 de octubre de 2021.

*Miembro fundador e integrante de la Mesa Provincial del Partido Solidaridad e Igualdad.

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Por Hugo Presman*

(para La Tecl@ Eñe)

La Argentina es un laboratorio único en el planeta. Los ciudadanos que superan los setenta años han vivido tres dictaduras, la proscripción de las mayorías populares, el apaleamiento de científicos y universitarios, intervención de las Universidades, el bombardeo a Plaza de Mayo, clivajes como el Cordobazo y el 19 y 20 de diciembre; el retorno en dos oportunidades del mayor político del siglo XX, proscripto y exiliado durante 18 años, dos hiperinflaciones, una deflación, la ilusión de hacer la equivalencia entre el peso y el dólar, múltiples corridas bancarias y cambiarias, alzamientos militares, el terrorismo de Estado, la desaparición conocida como la muerte argentina, una guerra perdida, disparadas del dólar, sometimiento al FMI, pagarle todo al FMI y volver endeudarse con el FMI por una cifra impagable. Odios ancestrales, fractura que viene del fondo de la historia, corralito y corralón, desagio, plan Bonex;  una figura menor que en cuatro años llega a jefe de gobierno y en 12 a presidente logrando el mérito de agrupar a todo el anti peronismo, y cuatro años caer derrotado por ocho puntos a pesar del apoyo de todo el poder local e internacional, para dos años después ser el instrumento utilizado para castigar al oficialismo y la pandemia jugando como un indulto a sus tropelías. Hasta el experimento actual por el cual quien fuera presidenta por dos ejercicios, designa a su presidente reservándose el lugar de vicepresidenta, ganando ampliamente; pero transcurridos los primeros 99 días de su asunción, el nuevo gobierno debe empezar a transitar las aguas tormentosas de la pandemia. La enumeración es meramente descriptiva y pueden agregarse seguramente cientos de otros hechos significativos. 

Una sociedad y un partido popular al que le parece normal que una presidenta designe a dedo a su vicepresidente en el 2011 y ocho años después el mismo dedo postule a su compañero de fórmula. Es una sociedad a la cual la educación neoliberal fragmentó ideológicamente, separó a través de la ayuda estatal a los que están en el mismo escalón social, consiguió que un pobre denueste a otro pobre si uno de ellos recibe subsidios.

En los 38 años de democracia la sociedad incorporó una gran cantidad de derechos al mismo tiempo que la situación social es una pendiente profunda que llevó del 12% de pobreza que dejó la atroz dictadura establishment-militar, al 42% actual que en las franjas juveniles llega al 54%. La premisa de Raúl Alfonsín que con la democracia “se come, se cura y se educa”, parece, 38 años después, una mueca impresentable. Un país que es una fábrica de alimentos conoció y convive con escenas de hambre inimaginable, con una educación degradada y una salud pública que libra una lucha desigual con el desorden y la estrechez de recursos. Al mismo tiempo en muchos lugares la escuela es la única presencia del ESTADO.  En medio de esta declinación la Argentina tiene islas de modernidad como el Conicet, la Comisión de Energía Atómica, el INVAP y la Universidad Pública. 

Es una sociedad que desactivó el papel de las Fuerzas Armadas pero padece fuerzas policiales penetradas por la corrupción y el narcotráfico. Un sistema judicial que acentuó el bill de indemnidad de los poderosos. Un creciente desprestigio de la política en muchos casos justificado pero que deja a los sectores populares desprovistos de la principal herramienta de cambio de una sociedad.

Un planeta que se inclina hacia la derecha mientras irrumpen expresiones impúdicas que ponen en vigencia aquello que en muchos casos, el hombre no sólo desciende del mono sino que en muchos casos sigue descendiendo. Ahí están desde los antivacunas a los terraplanistas, desde los libert-arios a los que quemaban barbijos.   

Todo ello produce una primera paradoja: cualquier habitante de la Argentina percibe la profundidad de la crisis pero al mismo tiempo franjas enormes quieren moderación o pretenden políticas que son responsables de esta decadencia. Una segunda paradoja es que la gravedad de la situación exige medidas drásticas, pero eso se da de patadas con el espíritu de “no hagan olas”. Es una propuesta inviable como querer comer un huevo pero sin romper la cáscara. Alberto Fernández en sus primeros dos años intentó administrar la crisis, haciendo algunos goles, algunos muy importantes que el tiempo reconocerá, pero recibiendo unos cuantos en su arco, algunos importantes autogoles.  Está claro que se hizo una política de contención, muy lejos de una de redistribución.

La Argentina es un país saqueado. Los dólares que se fugan vía contrabando, a través de puertos privatizados, por sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, por los mil agujeros del sistema financiero, por evasión fiscal, son luego los dólares que faltan y es la contrapartida del endeudamiento.

No se necesita una revolución que carece de protagonistas en este contexto. La Revolución Rusa tuvo de protagonistas a los obreros y campesinos y la cubana a la juventud preferentemente universitaria y a los campesinos. 

Sólo se necesitan medidas en defensa propia que en una sociedad sometida y colonizada son considerados violatorios de la propiedad privada, donde los poderosos cuentan en muchísimos casos con el amplio apoyo de las víctimas.

El electorado fluctuante que define las elecciones es muy tributario del accionar de los medios. La contradicción de tratar de cambiar una situación crítica con moderación en una sociedad en pendiente hacia la derecha es un oxímoron. En el resultado electoral del Frente de Todos, Cristina perdió alrededor de 7 puntos y quedaron vacíos los casilleros de Fernández y Massa, reducidos a la inexistencia. Toda acción transformadora debe acompañarse del trabajo previo de abonar el terreno, demostrar las ventajas de la acción que se emprende y que lo peor es mantener el status quo. El caso Vicentin es paradigmático: perdió el Estado y los productores que confiaron en Vicentin. Implementada sin convicción y sin persuasión, permitió que los que iban a ser perjudicados vean en la intervención del Estado una solución dañina para sus intereses. Si previamente no se explican claramente las ventajas, en este escenario en pendiente hacia la derecha la derrota está garantizada.

El gobierno está agrietado por diferencias conceptuales y por confusiones de propios y ajenos. Sergio Massa posiblemente hoy electoralmente se representa a sí mismo, pero tiene inserción en el poder económico nacional e internacional. Los votos en casi su totalidad son de Cristina apoyada por la Cámpora. Alberto Fernandez trata ahora de establecer su propia base de sustentación constituida por los gobernadores, la mayoría de los intendentes y de los movimientos sociales junto con la casi totalidad de los sindicatos que conforman la CGT.

Son dos visiones del país separados en los discursos y parcialmente en los hechos. Por ejemplo en el tema FMI, la negociación se extendió largamente por razones electorales. Contra lo esperado, el gobierno salió muy debilitado de las PASO y psicológicamente mejorado de las elecciones del 14 de noviembre en donde una pequeñísima levantada lo posicionó como un derrotado con la moral en alza, que pasó de una catástrofe a haber impedido una hecatombe, ante un vencedor desmoralizado por haber triunfado por una diferencia inferior a la esperada, que no le asegura un triunfo en primera vuelta como especulaba para el lejanísimo 2023. 

Alberto Fernández y Cristina Fernández quieren acordar con el FMI. El presidente desde la cancha y Cristina desde la tribuna. Alberto no ha logrado ni la ampliación del pago a 20 años ni que no le cobren la sobretasa (4%) de la habitual del 1% originaria, a pesar de que el Fondo, violando sus estatutos, le prestó un monto superior a la participación accionaria de la Argentina. Tampoco la concesión de cuatro años sin pagos. Aparentemente sólo serían dos. Cristina desde la tribuna, desde donde muchas veces baja al campo de juego y coloca funcionarios, exige un buen acuerdo con alguien que nunca concedió un buen acuerdo para el pueblo del país deudor. Es un partido de truco donde Argentina y el Fondo saben que no se puede pagar la enorme deuda a 10 años. Lo que se concierta es una nueva negociación para adelante como una especie de default diferido. A su vez la ruptura con el Fondo no está contemplado porque las reservas líquidas alcanzan para un mes de importaciones y porque las consecuencias serían insoportables por la relación de fuerzas y la derrota cultural corporizada en el voto adverso del cuarenta por ciento de la población.

Está claro que en el Frente de Todos, el kirchnerismo es el sector más radicalizado con Cristina Fernández, la que manifiesta la mayor claridad sobre la situación. Sobre ella misma hay una confusión de propios y extraños: el poder la ve como una revolucionaria y los propios como una estadista a prueba de errores. La realidad sin anteojeras permite avizorar que no es ni una cosa ni la otra. La amalgama electoral diseñada por Cristina se ha reflejado en una ecuación neutralizada, porque en un país profundamente presidencialista se cuenta con un presidente que es menos que un presidente y una vicepresidenta que es más que una vicepresidenta. Cuando el conflicto estuvo a punto de llegar a la ruptura, se designó de común acuerdo a Juan Manzur como un pretendido primer ministro con un alegado volumen político que en dos meses se desinfló.  

Las zancadillas entre el binomio de los Fernández han sido en algunos casos simbólicas y en otras ocasiones desembozadas. Para dar un ejemplo de estas últimas: la protagonizó el Presidente en la presentación del libro “Evo: Operación Rescate” del periodista español Alfredo Serrano Mansilla. Ahí Alberto Fernández dirigiéndose a Evo Morales le dijo: “Tengo una sana envidia por el compañero que tenés cuya lealtad ha sido puesta a toda prueba y jamás defeccionó, me refiero a Álvaro García Linera”  

Pero por encima de los desaguisados en el oficialismo, aquí hay un responsable gigantesco que es Cambiemos con una política colonial cuya mayor hipoteca es la deuda con el FMI. Nicolás Dujovne, quien tiene la costumbre de hablarse encima, reconoció desde un principio que el kirchnerismo le dejó una deuda muy baja en relación con el PBI y ahora que lo mejor que hicieron es dejarle a su sucesor la deuda con el Fondo porque lo condiciona a niveles superlativos. Traducido: ataron al cuello del país un futuro colonial.

Alberto Fernández comienza el segundo tiempo de su gobierno. No solamente con la cancha embarrada por una coalición de poder económico, medios dominantes, poder judicial adverso, establishment internacional adverso, oposición que no tiene el menor pudor para reconocer algunas de sus horribles fechorías, actuando como aquel joven que mató a los padres y luego pidió la absolución alegando que era huérfano, y encima con la pelota que es propiedad del Fondo hasta que se levante la deuda. En ese increíble escenario hay que hacer los goles que mejoren significativamente la vida de los argentinos.  

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2021.

*Periodista. Coconductor del programa radial EL TREN, con 18 años en el aire.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Las críticas a nuestro Poder Judicial y en especial a nuestra Corte Suprema suelen centrarse en las conductas de algunas personas. De eso se deduciría que cambiando a las personas se resuelve el problema. Hasta el momento no se escuchan voces que levanten un poco la vista y se percaten que el problema está en la estructura institucional de nuestro Poder Judicial y que, por ende, si todo se limita a cambiar personas, nada impedirá que más temprano que tarde se reiteren los mismos problemas.

Cuando existen gravísimos defectos institucionales, es posible que no se hagan manifiestos mientras quienes ocupan las funciones sean sensatos y medidos, pero llega el momento en que incluso quienes presentan estas virtudes se ven tentados ante el espacio de poder que el defecto institucional les ofrece.        

No es posible explicar en los cortos espacios de la TV y ni siquiera en los de la radio cuáles son estas fallas institucionales, por más que sean de dimensiones astronómicas, porque en verdad lo que sucede es que ningún poder judicial del mundo tiene una estructura tan inexplicablemente irracional como el nuestro. Visto desde lo institucional, cabe decir que llama la atención que no funcione todavía peor.

Sin embargo, no es para nada difícil entender cuáles son esas fallas estructurales, por lo que, dejando de lado tecnicismos y detalles que confunden al ciudadano no formado en derecho, trataremos aquí de mostrarlas de la manera más sencilla posible, porque no se trata de una cuestión reservada a los juristas, sino de un problema central de la política que afecta a todos los ciudadanos y todos deben comprenderlo y participar en la discusión.

I. Empecemos por señalar cuáles son las estructuras judiciales que existen en el mundo.

Dado que nuestra Constitución asigna a los jueces la función de controlar la adecuación de las leyes a la Constitución (el llamado control de constitucionalidad), dejamos fuera de esta enumeración las estructuras de los judiciales de los países en que a los jueces no se les encomienda esa función (como Gran Bretaña) o que tienen controles previos (como Francia). También omitiremos los que mezclan elementos, para remitirnos a los que podemos considerar los modelos puros y que, a juzgar por sus resultados, pueden considerase los más positivos.

A. Estados Unidos: Suprema Corte. Es la máxima instancia de control constitucional de normas y cuando declara una ley inconstitucional, de allí en adelante ese es el criterio obligatorio para todos los jueces del país (se llama estar a lo decidido, stare decisis).

Cuando la Suprema Corte norteamericana considera de entrada que un planteo de inconstitucionalidad de una ley no tiene sentido, no lo trata (ese descarte selectivo de entrada se llama certiorari) y debido a esa facultad es que resuelve solamente poco más de unas cien causas por año.  

Como en Estados Unidos los códigos (civil, penal) son provinciales, su interpretación queda a cargo de los jueces de cada provincia (llamadas Estados).

B. Necesidad de la casación. Pero en los países que tienen códigos únicos (como nosotros y Brasil, aunque seamos federales) y que, por ende, rigen para todo el país y pueden interpretarse de formas muy diferentes, necesitan que haya jueces que unifiquen (un poco al menos) esas interpretaciones, porque de lo contrario una conducta sería delito en un lugar y no en otro o un contrato se podría celebra en un lugar y ser nulo en otro, pese a estar ambos regidos por la misma ley. Esta unificación de interpretación o jurisprudencia se llama casación, porque casan (rompen) las sentencias para sentar sus criterios, que son obligatorios para todos los jueces del país.

Por ende, en esos países se requiere que los jueces controlen la constitucionalidad y también ejerzan la casación (fijen los criterios interpretativos de las leyes). Esto se hace de dos maneras.

B.1. Corte constitucional y tribunal de casación. En Europa continental (Alemania, Italia, España, etc.) hay cortes constitucionales que controlan la constitucionalidad de las leyes (con pocos jueces) y cuando la deciden prácticamente es como si la ley fuese derogada y, por separado, también tienen un tribunal de casación (con muchos jueces) divididos en salas por materia y su interpretación es obligatoria para todos los jueces del país.  

B.2. Corte única con una sala constitucional. El América Latina algunos países han optado por tener un único tribunal con muchos jueces y dividido en salas, y una de esas salas es la sala constitucional, que se ocupa en última instancia del control de constitucionalidad, en tanto que las otras ejercen la casación. También lo que decide el tribunal, tanto la sala constitucional como las de casación, es obligatorio para todos los jueces del país.

II. Ahora veamos lo que sucede en la Argentina.

(A) En cuanto a la composición y poderes de la Corte. (a) Lo primero que llama la atención es que prácticamente en ningún país del continente ni de Europa el máximo tribunal tiene cinco jueces. (b) Lo segundo es que esos cinco jueces se supone que deben ejercer el control de constitucionalidad, la casación, el gobierno del Poder Judicial y ahora han manoteado el órgano que selecciona los candidatos a jueces y administra el presupuesto o debiera hacerlo (Consejo de la Magistratura). (c) Como es obvio, en toda república se evita la concentración de poder, menos en la nuestra, en que bastan tres votos para hacer mayoría y decidir en todo eso.   

(B) En cuanto a la constitucionalidad de normas. Conforme a la Constitución, al igual que en Estados Unidos, nuestra Corte Suprema decide en última instancia la constitucionalidad de las leyes (ejerce el control de constitucionalidad), pero para llegar a esa instancia de Corte es necesario superar años de instancias previas y la Corte tampoco tiene términos o plazos para resolver (todos los otros tribunales los tienen).

(C) En cuanto a los efectos de lo decidido por la Corte. No menos llamativo es que lo que resuelve la Corte sólo sirve para el caso, pero no es obligatorio para todos los jueces, de modo que cada juez o tribunal del país puede seguir considerando constitucional la ley declarada inconstitucional y viceversa (no existe el stare decisis norteamericano). Cada interesado deberá demorar otros tantos años en llegar hasta la Corte que, como puede haber alterado su composición, podría cambiar de criterio (y ya no considerar inconstitucional la ley).

(CH) En cuanto a la casación. En verdad, nuestra Corte ni nadie se hace cargo de la casación en sentidos estricto en lo nacional, de modo que una acción puede ser delito de un lado de un puente y del otro lado –en otra provincia- por la misma acción le pueden dar al sujeto una medalla.

(D) ¿Qué es lo que hace en lugar de casación? En lugar de la casación y sin que lo diga la Constitución (porque su versión histórica siguió el modelo norteamericano), a lo largo de los años la Corte se atribuyó a sí misma (pretorianamente se dice) algo que no se sabe bien qué es, pero que consiste en la potestad de anular cualquier sentencia que considere arbitraria y dictar u ordenar dictar otra. No es propiamente casación porque (a) su criterio no es obligatorio para todos los jueces del país y (b) porque hace uso del certiorari (con que los norteamericanos descartan los planteos de inconstitucionalidad que consideran infundados) para aplicarlo a estos casos de arbitrariedad y, por ende, nuestra Corte los rechaza en más del 95% de ellos (se invoca el artículo 280 del código de procedimiento civil, aunque las causas sean penales).

(E) ¿Cómo trabaja? De este modo nuestra Corte Supremaemite (entre los certiorari y las sentencias) unas 17.000 resoluciones por año, es decir, una cada media hora sin contar las horas de sueño ni los sábados y domingos. Es obvio que esto es por completo ficcional: la capacidad de trabajo y lectura todo ser humano la tiene limitada y los jueces de la Corte también, porque no dejan de ser humanos.

(F) ¿Jueces omniscientes? Para declarar una inconstitucionalidad basta con saber derecho constitucional y ni siquiera demasiado, porque debe tratarse de supuestos algo burdos, dado que toda declaración de inconstitucionalidad es un hecho de gravedad, en cierta forma contralegislativo, que no puede ejercerse por sonseras. Pero para hacer casación –aunque sea en la extraña e incompleta forma de arbitrariedad asumida por nuestra Corte- es necesario un acabado conocimiento de la materia de que se trata, a cuyo estudio hay personas que le dedican toda la vida y sus investigaciones llenan bibliotecas.

Como nadie conoce todas las materias jurídicas con la exigencia que debe tener nada menos que una instancia máxima, es claro que esta estructura obliga a los jueces de nuestra Corte Suprema a sentenciar en materias que no son de su especialidad. Se llaman multifueros a los tribunales que entienden en todas las materias, pero extrañamente, nosotros tenemos tribunales especializados en las instancias menores y cada vez tendemos a especializarlos más, porque queremos que los jueces conozcan bien la materia en la que juzgan, pero curiosamente nuestra instancia máxima, la Corte Suprema, es multifuero.   

(G) Síntesis. (a)Nuestro control de constitucionalidad es defectuoso y de trámite engorroso, largo y no seguro. (b) La falta de una verdadera casación y del stare decisis norteamericano hace que nunca sea del todo previsible lo que vayan a resolver nuestros jueces en cualquier instancia.

(H) Comparación con el mundo. Comparando lo que acabamos de describir en (II) con las estructuras que señalamos en (I), se verifica que nuestra estructura judicial no se corresponde con ninguna de aquellas, no porque hayamos inventado una mejor, sino porque caímos en una serie de incoherencias que hacen que nuestro Poder Judicial, en sus máximas instancias, no proporcione ninguna seguridad jurídica.

Por fortuna, la cultura jurídica de nuestro país tiene un nivel bastante alto que permite que en instancias inferiores las cosas no marchen de forma caótica, pero cuando se producen fenómenos de concentración de poder y de claras inconductas judiciales, como en el fuero federal penal de Buenos Aires, las instancias máximas resultan ineficaces.

Según la estratificación de sus instancias, nuestro Poder Judicial puede ser mirado desde abajo y observar cierto orden, pero cuando se lo mira desde arriba es caótico.

III. ¿Cuáles serían las posibles soluciones?  

A. Posibilidades políticas y soluciones institucionales

Cabe aclarar algo bastante obvio: cuando hablamos de eventuales soluciones, nos referimos a las posibilidades institucionales y no a su viabilidad política. Si bien en resolver el problema institucional debiera coincidir todo nuestro arco político, porque se supone que en un estado de derecho y en una democracia todos tienen interés en que funcionen de la mejor manera posible, sobre todo cuando se trata de una rama del gobierno que fija los límites y cuida las reglas del juego político, no incurrimos en la ingenuidad de creer que esta suposición responda a la realidad, pues bien sabemos que priman odios e intereses sectoriales y económicos. En consecuencia, lo que digamos aquí a título casi ejemplificativo, se refiere exclusivamente al plano de las posibilidades institucionales.   

B. En el marco de la vigente Constitución.

B.1. No se adaptaría a nuestro texto constitucional una Corte numerosa con una sala constitucional. Tampoco sería posible privar a la Corte Suprema de su extraña no-casación por arbitrariedad y darla a un tribunal inferior, dejándola como tribunal constitucional, con la competencia que le asigna la letra de nuestra ley máxima, pues ésta la podría retomar en cualquier momento, como siempre por vía de excepción que luego se vuelve regla. Dicho de otro modo: ninguno de los modelos puros que hay en el mundo se podría adoptar sin reformar la Constitución Nacional.

Por ende, en el marco constitucional vigente se debería pensar algo racional pero provisorio, hasta que un día se pueda articular una reforma constitucional y adaptar a nuestra realidad nacional alguno de los modelos que funcionan bastante bien en el mundo.

B. 2. Sin pretensión alguna de monopolio de la verdad, se nos ocurre que quizá la mejor posibilidad sea convertir a la Corte Suprema en un tribunal de control constitucional y al mismo tiempo en un tribunal de casación o de la particular potestad que se fue atribuyendo desde hace casi un siglo.

Este remiendo transitorio no sería imposible, si se ampliase el número de jueces a quince o más y se los dividiese en salas especializadas para la llamada arbitrariedad.

En lo que hace al control de constitucionalidad y a la competencia originaria en general, se puede articular un procedimiento interno ágil con la participación de todos sus miembros (hay tribunales que, fijadas las posiciones, nombran jueces relatores y luego los otros pueden agregar sus votos particulares si les queda algo por decir). Esto no alargaría el tratamiento porque los casos de inconstitucionalidad no son muchos más que los que trata la Suprema Corte norteamericana.  

C. En el marco de una eventual futura reforma constitucional.

Aunque políticamente esté lejana esta posibilidad, algo como lo que exponemos en B.2 puede ser un primer paso en esa dirección, porque si en una futura Constitución se decidiese adoptar una estructura europea de Corte Constitucional –que en el derecho comparado han dado los mejores resultados- bastaría con que en el texto se crease ese tribunal y dejase a la actual Corte Suprema ampliada y dividida en salas como un tribunal de casación en serio. No se removerían jueces, lo que siempre es discutible y susceptible de ser aprovechado aviesamente, pues sólo se le modificarían en parte las funciones del tribunal.

Una estructura de esa naturaleza estaría mucho más a la altura del nivel de la ciencia jurídica argentina. Más aún: impulsaría a ésta a profundizar la constitucionalización de todo el derecho, a ahondar incluso en el ejercicio del control de convencionalidad que nos imponen nuestros compromisos internacionales incorporados a la Constitución y, además, a criticar la jurisprudencia de casación, porque sabríamos a qué atenernos cuando nos referimos a disposiciones de nuestros códigos y leyes nacionales.

Es mentira que una Corte Constitucional no se adapta a un país federal, porque Alemania y Austria lo son. Por el contrario, permitiría pensar en una mayor federalización del Poder Judicial: no hemos hecho la cuenta, pero creemos no equivocarnos si afirmamos que, a lo largo de los ciento sesenta años de su historia, la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema fueron porteños. La impronta de la primera Corte mitrista después de Pavón no la hemos superado.

Creemos que es imprescindible abrir el debate en estos términos y no centrarse en personas o grupos de personas, que siempre pasan, vienen y van. Tarde o temprano llegará la hora de dotar a nuestro Poder Judicial de una estructura menos defectuosa, porque los espacios de viabilidad política son imprevisibles, dependen de imponderables, pero el primer paso ya lo podemos dar, comenzando por discutir y reflexionar sobre el tema. De otro modo, cuando llegue el momento, podríamos desperdiciar la oportunidad o usarla mal. 

Buenos Aires, 14 de enero de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA

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Por Carlos Zeta*

(para La Tecl@ Eñe)

Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

Barón de Montesquieu

A los años virtuosos de principio de siglo, que sembraron un momento histórico para la Patria Grande, le sucedió un periodo de fuerte desgaste de las conquistas políticas, sociales, económicas, culturales y democráticas y una ofensiva desenfrenada contra los/as principales referentes de esa hora inolvidable. Las armas desplegadas no fueron las “clásicas” de la reacción, sino una aceitada articulación de procesos judiciales selectivos con una intensa cobertura mediática. El lawfare irrumpía de manera desembozada.

La pantalla de esta acometida se basa en una proclama con cierto olor de neutralidad política: la “lucha contra la corrupción”, aunque oculta poco y esconde mal su verdadero objetivo, que es el desestabilizar gobiernos que signaron el inicio del milenio con base en dos ejes fundamentales: la justicia social y la afirmación soberana.

El filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, aun en plena conciencia de la manifiesta (aunque, quizá, difícilmente previsible 274 años atrás) imperfección con la que postuló la división de poderes, jamás hubiera imaginado esta deriva.

Para Montesquieu era preciso confiar la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. El Poder Judicial, para el señor de la Brède, debía controlar “los excesos de la democracia”.

Ese poder es hoy, en la Argentina, ninguna otra cosa que la más grande, la más fuerte y la más extendida organización criminal realmente existente. Y eso no solo y no tanto porque efectivamente es el papel que desempeña —en plena e indubitable conciencia de sus actos— sino porque lo hace en nombre de la República (esa palabrita), es decir en nombre de la “cosa oficial”, de la “cosa pública”, de “lo público”.

En fin, del “pueblo”.

El crimen es brutal, cruel, artero, impiadoso, porque lo perpetra una organización creada para protegernos, precisamente, del delito. No tener conciencia de ello nos torna tanto más indefensos/as, tanto más vulnerables, tanto más blancos móviles para que acierten el tiro con el que nunca han dejado de soñar: quebrar el espinazo de la patria que es su tradición nacional-popular, eso que nos gusta llamar peronismo.

Y es que en algo siguen al pie de la letra al jurista francés: en este sur del mundo no hay mayor exceso de la democracia que el peronismo.

En un breve texto titulado “Noticia”, que precede a la primera novela de esa pentalogía insuperable que dio en llamar La Guerra Silenciosa, Manuel Scorza escribió: “Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia”.

Pues bien, para eso debemos ganar la calle, una vez más: para proteger a los justos de la justicia.

Así que a arremangarse nomás. A decirles, una vez más, dónde está el pueblo. Que este, como todos los partidos difíciles de nuestra historia, se resuelve en las calles y en las plazas que es donde nos conquistamos lo que hoy está en peligro: un país.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2022.

*Editor. Docente.

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Por Alejandro Grimson*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde 1987 no hay una amenaza tan grande para la convivencia democrática como lo que pasó ayer y lo que está pasando en este momento. Es decir, estamos atravesando días que se asemejan mucho a lo que vivimos a inicios de la construcción de estos 40 años de democracia. Y realmente está amenazada la convivencia democrática porque se sostiene públicamente durante días y días el alegato de un fiscal que no aporta una sola prueba. Es lógico que haya gente que dude. Es legítimo que lo haga. Pero la Constitución Nacional no da lugar a dudas porque tiene un principio: hay inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y no hay ninguna prueba. ¿Por qué no hay ninguna prueba? Si hubiese una sola prueba la hubieran mostrado y la gente la hubiera podido leer en los diarios.

Dijo hoy Carlos Pagni en el diario La Nación: “Todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen las causas Hotesur y Los Sauces, que podríamos identificar como antikirchneristas, que dicen ´bueno, todavía hay mucho para estudiar, para probar concretamente una conexión´. Y agregó: “Hay varios argumentos en toda esta denuncia que realizan Cristina Kirchner y sus funcionarios. El primero ya lo mencionamos, que no hay pruebas concretas que la vinculen”. El columnista estrella de La Nación también advirtió: “No vaya a ser que después, lo que hoy es una catarsis, un desahogo, una sensación de que se repone un equilibrio en la Justicia general de las cosas, sea frustrado porque en los expedientes es imposible de ser demostrado”.

En la misma línea pero en el Canal Todo Noticias, el periodista Hugo Alconada Mon señaló que «hasta ahora no hay un solo papel, una sola prueba, que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y cualquier miembro de la familia Kirchner son socios en el sentido estricto de la palabra”.

Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, se sumó a las voces críticas y consideró que “no hay elementos contundentes” para condenar a la vicepresidenta. 

Estamos ante un nuevo escándalo de persecución a una dirigente política con un plan político orquestado, observado incluso por los habituales detractores de Cristina Fernández. Esto mismo ya sucedió en Brasil, en Ecuador y se repitió en Bolivia.

El mecanismo fue el siguiente: Convencieron a través del aparato mediático a un sector de la sociedad de que Cristina Fernández es culpable. Así, puede verse como héroe a cualquier tribunal que la llegue a condenar. Eso fue lo que sucedió en Brasil cuando el juez Sergio Moro se convirtió en héroe al condenar a Lula sin pruebas, con todo el aparato mediático detrás. En términos concretos, la Justicia brasileña encarceló a Lula para que no pudiera competir en unas elecciones presidenciales que lo tenían como firme candidato. Exactamente el mismo modus operandi. Como en Brasil, algunos funcionarios del Poder Judicial funcionan al servicio de los sectores antidemocráticos.

Es decir, a través de mecanismos espurios hay un riesgo gravísimo de que el Poder Judicial se entrometa en procesos electorales donde los gobiernos se eligen en las urnas. Por eso, desde 1987 -último alzamiento militar carapintada- nunca hubo una amenaza más grande a la convivencia democrática que la que estamos viviendo en estos días. Y por eso no queda otra solución que convocar desde todos los sectores sociales y políticos a una gran movilización. Los organismos de derechos humanos, los sindicatos, la cultura, el arte, la ciencia y las ideas. Todos tenemos que participar de la movilización más amplia, democrática y popular para exigir el fin de esta persecución. Es fundamental que no se pueda condenar a una persona sin una prueba porque eso plantearía el peor de los escenarios para la convivencia democrática.

Después de escuchar hoy a Cristina Fernández, con argumentos contundentes, uno se pregunta cómo podría un juez impartir justicia sin permitir el absoluto derecho a la defensa. Como la respuesta está en la misma pregunta, la sociedad argentina debe autoconvocarse a una alerta democrática. El riesgo es inmenso. Y sólo los argentinos y argentinas con movilización podrán defender cada uno de sus derechos.

Si hay un dirigente opositor que sea democrático tiene que levantar la voz contra esta vergüenza. Esto es un escándalo para la República, para la división de poderes, para los procedimientos judiciales. Esto tiene que ver con la libertad. Uno lucha por la libertad de los que piensan distinto. De otra manera, no es un compromiso con la libertad.

Tratar de condenar sin pruebas a una líder popular, como lo están intentando con Cristina Fernández, es abrir el camino más peligroso para la convivencia democrática.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2022.

*Doctor en Antropología. Asesor presidencial.

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Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

Afrontar las consecuencias de vivir en un sistema político de democracia de baja intensidad puede ser una estrategia de poder válida siempre que se tenga en mira un proyecto de país diferente al que se fue configurando al amparo, precisamente, de esa democracia «light» que es preciso superar.

El significante «estrategia de poder» deviene apropiado aquí, pues lo que está en juego no es la humedad en la medianera y la consiguiente pelea entre vecinos, sino la eterna negación del derecho a la vida a los sectores pobres y marginados de la sociedad junto a otro derecho: la libertad de las personas que se proponen hacer de la política el instrumento para superar, precisamente, aquella injusticia que es inadmisible no sólo porque implica violencia y la opción de defenderse de esa violencia, sino también porque, para reproducirse como violencia y como injusticia clasista requiere, en un escenario global interdependiente, subordinar la soberanía del Estado nacional a las agendas geopolíticas y geoestratégicas diseñadas por otros en otra parte del mundo.

El designio de excluir a Cristina Kirchner de la competencia electoral se veía venir y ahora ya empieza a reverberar en el borde del sistema político como silueta espectral que amenaza configurarse en modo tangible y sólido y funcional al designio de una derecha ideológica que actúa en la Argentina en coincidencia con otras derechas  continentales y aun mundiales que hallan  en el poder judicial la herramienta sustitutiva de lo que ayer era la dictadura militar o la lisa y llana eliminación física del liderazgo «anómalo» vivido como peligro antisistémico.

Afrontar las reglas de una democracia falsificada implica, en primer lugar, no «huir ante la primera citación» como hacen los macristas (Arribas, Rodríguez Simón), según denunció la ex Presidenta. También implica defenderse dentro del estrecho margen que deja al acusado un procedimiento penal manipulado inicuamente por jueces y fiscales. Así, el pueblo que está en condiciones de atender  a la parodia de juicio que se ha montado en el Tribunal Oral Federal N° 2 ha podido también tomar nota de hechos relevantes.

Por caso, si es cierto (y parece que lo es) que algunos contratos de obra pública imponían a la empresa constructora la obligación de financiar la obra, ¿cómo es posible que Luciani no haya visto el DNU (que FIRMÓ GABRIELA MICHETTI Y NO MACRI), en el cual se nulificaba esa obligación empresarial y, como sustituto, el Estado «ponía» de su bolsillo 40 mil millones de pesos para realizar la obra de marras? Esa plata la debía oblar, según contrato, la empresa y no el Estado. Se trata del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

También en esa línea, un contrato de locación prueba que alguien alquila y que otro paga por ese alquiler; pero no prueba que locador y locatario sean socios. Y un contrato de compraventa prueba que alguien vende y que otro compra; pero no prueba que vendedor y comprador sean socios. La existencia de una sociedad se prueba mediante el contrato de sociedad. Esto es lo que  el fiscal Luciani seguramente debe de saber pero hace el desdoroso papel de aparentar no saberlo porque las instrucciones que lo condicionan (o las presiones que recibe) lo obliga a  acusar a como dé lugar, aunque sea sin pruebas.

También se sabe ahora lo que antes se sospechaba: «Pararon lo de López cuando en la punta del ovillo aparecieron los macristas. Eran ellos los dueños de los 9 millones de dólares», Cristina dixit.

Por esto y por todo lo demás, es un extemporáneo despropósito salir a mentar el indulto a  Cristina. Cristina no cometió ningún delito. Cristina «perdonada» es el trofeo que ansía la derecha. No son lecturas leguleyas las que hacen falta cuando la historia quema. Pero no es casual que se apele a esas lecturas. No es la verdad la que habla aquí, sino el «régimen de verdad» que el «dispositivo» académico produce. Es la ideología del «encierro» a varias puntas.   Pues es, también, pretender encerrar en el derecho lo que nada tiene de jurídico. Ese encierro es vivido por los que lo padecen como garantía de que nada se desmadrará y de que seguiremos  andando sobre seguro, sobre una seguridad de la que no disfrutan, por cierto, los que tal vez se estén preparando, aun sin saberlo, para «otro 17». La política es demasiado trascendente como para dejarla en manos de los abogados, excepción hecha de Lenín y de Fidel Castro, claro, pero ellos, como abogados, fueron unos buenos políticos.

Y ahí esta AMLO, sin la melena al viento, ni el puro en la boca, ni el traje verde olivo que lo transfiguraría en lo que no es, sino, más bien, con el porte y la parada de un empleado de oficina, pero cuando habla, cuando dice su gesto y su palabra, cuando calla, cuando expresa y cuando actúa … ahí aflora el «ereignis» heideggeriano, ahí está el hecho, el acontecimiento que lo eleva al tope del podio en el que figuran los revolucionarios en contexto. López Obrador, el presidente de México,  acaba de denunciar, junto a sus colegas Arce, Petro y Alberto Fernández, que el poder judicial de la Argentina le da la razón al Informe de la relatoría especial de las naciones unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los jueces involucrados en causas contra CFK.

En suma, no se puede gobernar la Argentina cuando gobernar es ajustar a sangre y fuego. Salvo que Cristina no exista más, proscripción mediante, pues con ella enfrente y en la calle, todo verdor perecerá, sobre todo cuando ese verde es la holganza y el placer de vivir para una caterva de oligarcas, y dolor y sinfuturo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y viejos/as que también son argentinos o, mejor, que son los que ponen el sacrificio cuando hay que defender a la Argentina.

Vienen por ustedes, dijo Cristina, y con ese «ustedes» se refería «ellos», a los que acabo de enumerar. Vienen a disciplinar, y cuentan para eso con un entramado mediático monopólico y con el poder judicial. Y esa es la «anomalía» que interpela al pueblo, a los trabajadores y a un eventual futuro gobierno que quiera ser del pueblo y de los trabajadores.

Ahora bien, de la perversidad de clase de la derecha nada nuevo hay para decir. Salvo que, con enemigos como esos, no se discute, se los neutraliza para que no puedan seguir haciendo daño. De eso se trata.

Y así, el «conflicto jurídico» exigía, con toda evidencia, su puesta en clave política. Ahora las cosas se van nitidificando, valga la espantosa palabreja  que acabo de perpetrar.  Ahora son «ellos» contra «nosotros», y la hipocresía empieza a perecer. Ellos son Lorenzetti, Rosatti y las asociaciones de «magistrados», que se hacen eco, a coro, de los «peligros» que afronta esa «justicia» que un fiscal ignaro y una alzada «borinskiana» se aprestan a cebar en la persona de la dirigente política que expresa todo lo que ellos detestan, y que detestan con razón pues esa dirigente política es, más allá de si ella lo quiere así o no, el «acontecimiento» con virtualidad suficiente como para avivar la llama mortecina que, si fuera incendio, quemaría -qué duda cabe-  los privilegios de esos pocos que el poder judicial  tutela contra los muchos que claman, aun sin saberlo del todo, por la vindicadora ordalía popular que, en todas la épocas históricas, ha sido el umbral de avances, de progresos, de justicias sin comillas.

Pero para que los movimientos telúricos de la política sean eficaces en clave obrera, popular y soberana, es imprescindible comenzar a desbrozar la maraña que impide abrir, en la tupida selva de los personalismos inconducentes, las picadas que conducen a una indispensable condución política unificada del conflicto social. De no, el fracaso será el próximo puerto de arribo.

Alguien tiene que convocar a la emergencia, en los conurbanos, de una alternativa unitaria y democrática que exprese, en el nivel político, la alianza de clase de los trabajadores y el pueblo y que, simultáneamente, no asuste a la clase media sino que también la convoque a vivir mejor en un país soberano, industrializado y con calidad de vida para todos. Las utopías, en este siglo, juegan su actualidad y persistencia, en el escenario global. Éste y lo que en él acontece, también forman parte del programa.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2022.

*Abogado, periodista y escritor.

jchaneton022@gmail.com

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