Por María Pía López*

(para La Tecl@ Eñe)

Anoche, hubo cacerolazos en muchos puntos de la ciudad. En uno del barrio de Once, a veces llamado Balvanera, el grupo se iba engrosando. Había niñas y niños que llegaron cantando “¡los abuelos, los abuelos!”. Las personas más grandes hacían voz de su memoria emotiva y conjugaban el “¡que se vayan todos!” con “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!” Un grupo que venía del trajín de todo el día en el congreso, traía canciones más largas, como “señor, señora, no sea indiferente, le pegan a los viejos en la cara de la gente” o “ellos no quieren la libertad, solo ajuste, bala y a privatizar”. Había otras, que se cantaban entre el sonido retumbante de las cacerolas, los tachos, las latas y las bocinas. Porque el síntoma de esa noche fueron las bocinas solidarias, los autos que pasaban y paraban a saludar. Lo que hace cada transeúnte rápido, que está en la calle como lugar de circulación y no de protesta, es un síntoma importante del descontento. Hay malestar, bronca, hastío.

Más temprano llegaba a la zona de Congreso, antes del horario de la concentración y el tránsito se detenía en Rivadavia no por un corte de manifestantes de a pie -que estaban un poco en la vereda y un poco en la calle- sino porque había autos que se frenaban para tocar bocina y detenían la circulación general. La protesta de los miércoles de jubiladas y jubilados desbordó: el hartazgo de ver esos cuerpos apaleados movilizó algo del honor que se juega en la defensa de los más débiles. El gobierno y sus fuerzas represivas cultivaron la exacerbación de esas imágenes que, si para su núcleo duro son la legitimación festiva de la crueldad, para gran parte de la sociedad rozan lo intolerable. En ese plano, y ante la quietud pactista de parte del mundo sindical y la impotente pasión legislativa de la oposición política, es que conmovió el llamado de las hinchadas. Ser hincha de un club es ser parte de una comunidad, de un nosotros que se constituye por una pasión común. Ser parte de un común es templarse en defenderlo: nos pasa en una universidad, en un club, en una iglesia o un sindicato. Lugares en los que el lazo con otras personas se hace vivo y nos reconocemos como partes de algo. Una camiseta indica esas pertenencias y la llevamos con más orgullo que tristeza.

Una hinchada no es una barra brava, sino el sentir de un entusiasmo que nos conmueve. En cada hinchada habrá votantes del gobierno, pero también hay, como se vio en estas semanas, personas que sienten que deben actuar de un modo arriesgado y honorífico. Bancar los trapos. El pasaje es bien interesante, porque allí donde fracasan las banderas políticas, se politizan las banderas de otras identidades. Por eso, el gobierno responde con un gesto tan pavote que, si no estuviera apoyado en las intenciones asesinas claramente demostradas, podría causarnos infinita risa: un volante atribuido al Frente de izquierda, en el que explicaría, con pelos y señales, su estrategia conspirativa.

Hizo dos movimientos en su trama narrativa: ese burdo volante mal escrito, puesto a circular por el vocero presidencial y sus múltiples ecos; y la producción mediática del reemplazo de hinchas por barras, para atribuirles la responsabilidad de la violencia, una amenaza a la vida institucional y una decisión destructiva. No es lo que se veía en la plaza de los dos Congresos, donde la represión empezó antes del horario de concentración y antes de cualquier disturbio. Los periódicos conservadores no dejaron de agitar la idea de barras bravas, cuando la bravura que se veía en la calle era la de las y los jubilados que sostenían, como cada miércoles, la parada.

El dispositivo represivo es también narrativo. El del miércoles 12 de marzo fue muy semejante al que la ministra de Seguridad montó para la discusión de la Ley Bases. Se producen escenas de violencia, se enuncia un intento de golpe de Estado, se organiza una represión en pinzas y se dispone una cacería a lo largo de muchas cuadras. La diferencia, enorme, es que mientras las personas detenidas en aquel momento fueron prisioneras por mucho tiempo; esta vez una jueza dispuso la libertad durante la noche. Si el gobierno pudo presionar a la magistrada anterior con el conocido cincuenta y cincuenta, esta vez, por ese lado, su narrativa fracasó. Y se puso en escena con la más cruenta impunidad y desnudez: la ministra afirmó que el ataque a un fotorreportero, que hoy está en grave estado, era merecido por su filiación política. Cuando se muestran así es menos por fuerza que por debilidad.

Ahora bien, es una debilidad que no los lleva a la caída, sino al endurecimiento represivo, al recorte de la institucionalidad democrática, a la liturgia destinada a su núcleo duro. Mientras reprimían para causar disturbios, levantaban la sesión en la Cámara de Diputados. Aunque ayer el aire se teñía de las memorias dosmilunistas, no estamos en ese contexto: parte de la ciudad estaba conmovida, mientras otra seguía en el sostén de un cotidiano de compras, comidas, visitas. No fue así aquel diciembre, en donde todo ya estaba tomado por una fuerza de protesta, ira y preocupación. No es así, tampoco, porque hay una voluntad de los sectores dominantes de acompañar a este gobierno un tramo mayor, embarcados en la reforma de la estructura social argentina, en el desguace del Estado y en la redistribución regresiva de los ingresos. Quieren terminar con la idea de una sociedad con derechos, aunque eso significa arrojar al desván de los objetos perdidos al Estado de derecho.

Lo hicieron, lo sabemos, con la experiencia del terrorismo de Estado, y hoy lo están delineando con un nuevo tipo de orden autoritario, sostenido en el malestar social con las experiencias políticas anteriores y en una maquinaria de desinformación de la que conocemos su reverberación superficial, pero no el modo en que modifica las vidas enteras y el ámbito público. Ese orden postula una lógica de la enemistad y la exclusión: la idea de que muchas personas no merecen estar vivas, podrían ser aniquiladas o separadas de la reproducción de sus condiciones de vida, por su identidad sexo-genérica, su pertenencia política, su afirmación étnica, su avanzada edad o sus condiciones de salud. Ese orden pretende clausurar las posibilidades de experimentar otras apuestas políticas y vitales, esas apuestas que sostienen lazos no mercantiles.

El 1 de febrero se produjo una movilización inesperada, que puso en la escena pública los términos fundamentales de antifascismo y antirracismo. Sostenía así una intuición fundamental: el racismo es ese núcleo organizador de jerarquías, explotación y dominio, en el que se anuda la persistencia colonial, y está en la base de toda la jerarquización autoritaria de la sociedad. Y que esa jerarquización puede nombrarse como fascismo. No faltaron las advertencias historiográficas y los paladares negros de la politología, sobre la inadecuación de esta categoría frente a las experiencias de los fascismos del siglo XX. Tampoco las reticencias respecto de un término que no tendría una resonancia inmediata en la vida popular. Sin embargo, fascismo nombra esa explícita decisión de recortar la institucionalidad democrática hasta volverla una pura mascarada de actos de fuerza y someter la vida pública a unas condiciones represivas que ayer demostraron su dimensión mortífera. La grave situación de Pablo Grillo no es una anécdota más de una escena repetida, es un punto de quiebre, una advertencia del punto al que están dispuestos a llegar.

Frente a eso, solo es posible un frente antifascista. Un frente que se dibuja en las calles, que aparece en esas alianzas inesperadas, en esas movilizaciones preocupadas y festivas LGTBIQ+, en la revitalización de los feminismos en este 8 de marzo, en la politización de las hinchadas de fútbol. El gobierno actual logró tomar para sí la fuerza de la calle multitudinaria de los festejos del mundial, esas masas que se movían solas y sin Estado a la vista parecían dibujar el deseo de una emancipación respecto de las viejas políticas y las camisetas argentinas diluir las diferencias y antagonismos. En estos días, esa multitud se fragmenta y reaparece, en una de sus partes, como defensora de los clubes, la vida social, el lazo entre generaciones, los y las abuelas. Esta multiplicidad insinúa un nuevo frente. Que se anunciaba ayer en los bocinazos, que se aparece en nuestros deseos. Eso es lo que el gobierno intenta cortar a sangre, fuego y dólares frescos, mientras jadea con la respiración entrecortada por sus propias dinámicas de estafas, crueldades y trapisondas.

Ojalá seamos capaces de detener esa bacanal destructiva.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2025.

*Socióloga, ensayista, investigadora y docente.

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(para La Tecl@ Eñe)

La marcha del miércoles 12 de marzo iba a ser algo diferente porque los jubilados estarían acompañados, y, pensábamos que protegidos de los palos y gases que vienen recibiendo miércoles a miércoles en soledad, por la decisión de los hinchas de fútbol de acompañarlos. Y fue así; pero, de todos modos, el riesgo seguía presente.

Para poner en contexto el dramático estado de situación hay que recordar que el sentido de las marchas de los miércoles de los jubilados está cifrado en el reclamo por el aumento de sus haberes que en marzo de 2025, con el aumento del 2,2% (IPC de enero 2025) de la fórmula del gobierno de Javier Milei y sin el bono extraordinario de $ 70.000, congelado desde marzo de 2024, es de $279.122 ($350.000, con bono incluido) Es decir, un salario de hambre que condena a nuestros mayores a una existencia indigna, inhumana, si se tiene en cuenta que, según la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita $1.200.523 mensuales para no ser pobre y cubrir apenas sus gastos básicos en un escenario en el cual, además, la motosierra de Milei redujo los descuentos en remedios recetados y la ampliación de los de venta libre sin cobertura por parte del PAMI.

La cita para acompañar a nuestros jubilados el miércoles pasado era a las 17 horas, pero alrededor de las 16 comenzó el operativo de provocación y amedrentamiento que las fuerzas represivas al mando de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, iniciaron con el objetivo de que los miles de personas que intentaban llegar a la Plaza del Congreso nunca lo lograran. Y lo cumplieron desatando un infierno de gases, palos y balas de goma apoyado por enjambres de motos con avispones negros o azules armados hasta los dientes y camiones hidrantes que avanzaban por las inmediaciones del Congreso propalando, en clara referencia, una de las frases predilectas del presidente Milei: «¡Vengan, zurdos!». Una feroz cacería que combinó distintas fuerzas represivas liberadas en la Ciudad para matar, y que terminó con el fotógrafo y militante político Pablo Grillo, que estaba realizando su trabajo de fotoperiodismo freelance, tumbado en el suelo luego de recibir en su cabeza un proyectil de gas lacrimógeno disparado a muerte por la policía federal. Pablo, que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ramos Mejía – el hospital lleva el nombre del médico y diputado nacional que en 1904 publicó “Los simuladores del talento en la lucha por la personalidad y la vida”-, se debate aún entre la vida y la muerte.

Lo narrado hasta aquí da clara cuenta de que, como dijo el fiscal federal Félix Crous, estamos a dos estaciones de una dictadura, o algo muy similar a la fujimorización de lo que queda de la república y del Estado de Derecho en el país.

Es éticamente imposible calificar de Estado democrático a este sistema regido por los reyes de la timba financiera, del carry trade y el crawling peg y de la distribución regresiva de ingresos, más aún cuando se exhibe con siniestra crueldad la ausencia total de humanidad de un gobierno que ha resucitado el fantasma del enemigo interno para poner en vigencia leyes volcadas en el decreto 70/23 según las cuales todos somos potenciales terroristas.

Para quienes objeten esta caracterización, pueden recurrir como alternativa tranquilizadora de conciencias amantes de los tecnicismos políticos o historiográficos, a la escena de un Estado terrorista que inicialmente goza de legitimidad democrática pero que va minando, con el quiebre permanente de la Constitución Nacional, su legalidad. Una discusión muy parecida, y a esta altura de los hechos, estéril, sobre la propiedad fascista/racista del gobierno de Javier Milei. La socióloga María Pía López, en un artículo publicado en esta revista, echa luz sobre esta controversia: “El 1 de febrero se produjo una movilización inesperada, que puso en la escena pública los términos fundamentales de antifascismo y antirracismo. Sostenía así una intuición fundamental: el racismo es ese núcleo organizador de jerarquías, explotación y dominio, en el que se anuda la persistencia colonial, y está en la base de toda la jerarquización autoritaria de la sociedad. Y que esa jerarquización puede nombrarse como fascismo… fascismo nombra esa explícita decisión de recortar la institucionalidad democrática hasta volverla una pura mascarada de actos de fuerza y someter la vida pública a unas condiciones represivas que ayer demostraron su dimensión mortífera.”. Para tener en cuenta y profundizar: el proceso que lleva adelante Milei está más cerca de la fujimorización que del fascismo, que es mucho más serio y complejo.

La grave crisis económica que el gobierno afronta a pesar del ajuste brutal y la transferencia de recursos de los sectores populares (jubilados) hacia el poder económico, lo llevó a, por DNU, endeudarse otra vez con el FMI, prestamista de última instancia, vía una nueva reestructuración de deuda; esta es la realidad de un gobierno que necesita imperiosamente de dólares frescos desembolsados por el FMI para seguir pagándole al FMI y así intentar llegar a las elecciones de medio término sin devaluar y con el relato remendado del gobierno que ha hecho el ajuste más grande de la historia afectando a la “casta política”. No se festeja la devaluación, es obvio, porque perjudica directamente a la población de menores recursos, pero es el resultado del atraso cambiario que ha pulverizado el colchón de reservas en dólares obtenidas con el último blanqueo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió más de US$ 1.500 millones en los primeros dos meses de 2025 para contener la brecha cambiaria en torno al 15%.

Esta crisis, este desorden que aqueja al gobierno que sigue apostando a que la contención ficticia de la “variable traumática” de la inflación (gran definición de Alfredo Zaiat) sostenga los niveles de aceptación social de un gobierno golpeado desde el 14 de febrero por los efectos de la criptoestafa que promovió el presidente, y que se ven reflejados en la última encuesta realizada por la consultora brasileña Atlas Intel, que marca una caída de diez puntos de la imagen de Milei en un mes, de 55 por ciento de imagen positiva en enero a 45 en febrero, es lo que explica y alienta, no en su totalidad, claro, la vocación represiva del gobierno que es ejecutada por la ministra Bullrich. Esa disposición del espíritu represivo también puede tener su origen en un deseo dañado por pasiones que se inclinan hacia la mutilación del cuerpo social, digamos, aquella triste pasión que ve en el reclamo de un derecho, un obstáculo para la libertad de mercado. Un deseo siniestro.

También es claro que este momento político y económico no es el del 2001, pero la combinación de crisis económica, FMI y represión no augura puertos seguros para el destino de Milei y su gobierno. Y también explica la maniobra perpetrada por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que conduce su bloque, para levantar la sesión del mismo miércoles 12, con 128 diputados presentes en el recinto, sesión en la cual dos de los emplazamientos planteados eran para ratificar las autoridades de la comisión de Juicio Político y para que la comisión de Asuntos Constitucionales tratara el proyecto que deroga las facultades delegadas a Milei, contenidas en el decreto 70/23. ¿Peleas del bloque de La Libertad Avanza provocadas a propósito, como declaró la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz? Puede ser, como también es posible que se deban a la descomposición interna que sufre el propio gobierno, cuyas aguas servidas rozan la figura de la mujer de la rosa negra.

Por otra parte, el sistema de medios oficiales y comerciales sigue blindando al gobierno nacional, más allá de sus reyertas por la afectación de negocios económicos que incluyen la compra de Telefónica por Telecom y la entrada al país de Starlink, la red satelital de Elon Musk, que promete en su página: Internet “de alta velocidad estable, donde sea que viva, con un costo de $ 38.000 al mes”.

La cobertura de la violenta represión desatada sobre la marcha y los cuerpos de jubilados, hinchas de fútbol y autoconvocados que realizaron los portales de Clarín, Infobae y La Nación, no deja dudas al respecto: Clarín tituló: “Violenta Marcha. Destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barras bravas y militantes contra policías en el Congreso”; Infobae: “caos y violencia: así vivió el gobierno la protesta de los jubilados y los barras”; La Nación decidió destacar las declaraciones del Jefe de Ministros Guillermo Francos, quien sostuvo dos ideas que marcan la línea argumental oficial: la del accidente, para referirse al proyectil criminal que recibió Pablo Grillo, y la de “Golpe de Estado”, teoría maquiavélica que intenta maquillar, en todo caso, un autogolpe con fines distractores para sacar del centro de la atención pública el caso Libra, los desvaríos patoteriles de Santiago Caputo y la reacción tardía ante la tragedia que vive la ciudad de Bahía Blanca.

Ya no se trata de posverdad sino de posmentira.

Ocurre que la posición tomada por los medios comerciales es la de la complicidad: Cómplices, hoy, de este plan de ajuste y “miseria planificada”, en palabras de Rodolfo Walsh; también de la última dictadura cívico militar; del ocultamiento de la verdad sobre la represión en 2001; del asesinato de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán: “la crisis causó dos nuevos muertos”, del crimen en 2007 de Carlos Fuentealba, que terminó con la carrera política del gobernador Jorge Sobisch, y de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Toda una historia de complicidad en un tramo histórico que se recorta entre el 76/83 hasta nuestros días. Con relación a estos crímenes, el sistema de medios comerciales/oficiales respondió recurriendo a la versión gubernamental del Golpe de Estado, acusando principalmente al kirchnerismo – otra vez la figura del enemigo interno – de buscar un muerto para derribar a Milei. Las voces que repitieron esta argumentación tienen nombre: Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Jonatan Viale, Luis Majul, Esteban Trebucq, Cristina Pérez, Debora Plager, Luis Novaresio y el actor Baby Etchecopar. Algunos fungen de periodistas cuando en realidad hace mucho tiempo que han dejado de hacer periodismo para realizar tareas como operadores políticos; otros, nunca fueron periodistas. Una pena para un oficio que si se ejerce con calidad y profesionalismo es de gran utilidad cívica.

Este conjunto de hechos y acciones dramáticas que nos acercan al pasaje de un Estado autoritario en transición hacia un Estado totalitario en el que no se respetan las garantías básicas constitucionales, es el clima actual de época en el que vivimos. Podemos afirmar que no es un clima que sólo se da en estas tierras, que de australes ya poco conservan debido al cambio climático; basta con mirar al Norte: Allí rugen Trump, Steve Bannon y su MAGA (Make America Great Again), y el empresario que produce en base a ensayo, error y destrucción, y no por desarrollo científico.

Pero, quizás, ese clima social haya cambiado luego de la represión criminal del miércoles pasado. Un hecho que nos da una luz de respiro y esperanza es la valiente decisión de la jueza de la Ciudad Karina Andrade, que decidió liberar a los 114 detenidos que las fuerzas de Bullrich detuvieron sin prueba alguna de comisión de un delito. En su fallo, la jueza Andrade argumenta: “Corresponde abocarse a los fundamentos de la decisión. En ese sentido, comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después. A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.”

Léase, detenciones y apremios ilegales que violan el Estado de Derecho. El gobierno y los periodistas de los medios oficiales piden ya la cabeza de la jueza que hizo bien su trabajo, que es hacer justicia. Clarín en su portada del viernes 14 de marzo la describe como “jueza camporista”. Patricia Bullrich realizó un raid televiso para descalificarla utilizando el falso relato de la liberación de barras bravas, y el Ministro de Justica Mariano Cúneo Libarona anunció en un tuit de la red X que iniciará acciones para investigar a la jueza en el Consejo de la Magistratura por “posible incumplimiento de sus funciones”. El tuit fue retuiteado por el presidente.

Es claro como el agua clara: La jueza Andrade defiende algo que irrita profundamente al gobierno nacional: El Estado de Derecho y el derecho a la protesta. Leamos otro pasaje del fallo de la jueza: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”. La democracia tiene aún chances en una jueza valiente.

Nos enfrentamos a un presidente y a un gobierno que no cree en la democracia. La institucionalidad no es ni una preocupación ni un límite para Milei y Bullrich. El Estado democrático, para el presidente, es un nido de ratas, es excremento. Qué se hace con esa institucionalidad satanizada: se la destruye, se la aniquila. De nuevo oímos el eco tenebroso de las palabras del presidente: “Zurdos asquerosos, van a correr”.

Algo tendremos que hacer como sociedad antes que sea demasiado tarde, antes que el abismo del Tártaro nos habite con ese hijo de la Noche, el Sueño y la Muerte, poseedor de un alma despiadada.

Avellaneda, 14 de marzo de 2025.

*Periodista. Docente en UNDAV.

La entrada LOS JUBILADOS EN EL ABISMO DEL TÁRTARO – POR CONRADO YASENZA se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Julián Axat*

(para La Tecl@ Eñe)

Deseo De Una Mañana De Verano es el título en castellano del film Blow Up, dirigido en 1966 por el cineasta Michelangelo Antonioni. La historia está inspirada en un cuento de Julio Cortázar a partir de un relato del fotógrafo chileno Sergio Larraín, quien un día caminando por las callecitas de la Ile-Saint-Louis en París, saca algunas fotos al voleo, vuelve a su taller a revelar y algo le llama la atención en una de esas imágenes circunstanciales: al ampliarla descubre al fondo, en segundo plano, una pareja haciendo el amor contra una pared. Ese día cae de visita su amigo Julio Cortázar y Larraín le cuenta lo sucedido, entonces el escritor vuelve a su casa y escribe “Las babas del diablo” que incluye en su libro Las armas secretas (1959). Antonioni lee el cuento y decide convertirlo en Blow-up. Pero en la película, no es un acto sexual furtivo lo que pesca el fotógrafo, sino un crimen que se evidencia al ampliar el ángulo de la imagen en donde aparece un cuerpo. El protagonista vuelve al lugar para verificar sus sospechas y se encuentra un cadáver.

La anécdota la contó Juan Forn en uno de sus inolvidables viernes, y viene a cuento de los registros fílmicos y fotográficos de las marchas que circulan y son subidas a las redes sociales por estos días. El “efecto Blow up” es la saturación de imágenes en todos los planos que permite develar cada uno de los movimientos de los protagonistas, especialmente la de aquellos que ejercieron la represión y dejaron sus huellas. Allí los policías no pueden esconderse (ni siquiera los infiltrados) expuestos a las capturas de las imágenes que hablan por sí mismas, permiten la interpretación sin ambages en un análisis posterior a los hechos. Al hacer zoom se descubre -objetivamente- si son culpables o inocentes, si se disparó a 90 o a 45 grados tal como dice el protocolo o señala la ministra. Es decir, tarde o temprano se convierten (o convertirán) en prueba y juicio, sea del tirador escondido entre varios, el poli que golpea con su tonfa a una anciana, otro que aparece duro como drogado, etc. Y quizás esa sea la razón por la que deliberadamente dispararon sobre la vida de Pablo Grillo, porque su cámara podía hablar de los detalles, podía contar desde adentro de la marcha lo que las fuerzas policiales estaban haciendo.

Recuerdo que en los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 la existencia de cámaras no era por entonces la cantidad que existe ahora. Sin embargo, las pocas cámaras de algunos fotógrafos, como las existentes en algunos edificios públicos, permitieron en forma contundente reconstruir perfectamente la escena de los asesinatos y condenar al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y al secretario de seguridad Enrique Mathov, entre otros. La saturación actual de puntos de captación de imágenes a través de teléfonos, drones, cámaras, etc., hacen que las grandes marchas y protestas tengan ojos por todos lados. La cantidad de ojos es inaudita. Es decir, a veces el avance de la tecnología puede ser un sesgo discriminatorio o negativo (control facial, profiling, etc.), y a veces un ojo que todo lo capta puede poner límites a la violencia institucional desplegada, en tanto tenga capacidad de disuasión de los miembros de la fuerza que puedan sentirse observados en su accionar bajo análisis ex post.

El Mapa de la Policía, la red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la marcha del miércoles pasado hizo un llamado a la población para que los que asistieron y tuvieran imágenes grabadas de la misma las enviaran en crudo para ser procesadas. El resultado de ese cruce lo acaban de presentar junto a la revista Crisis y el CELS, y es un informe audiovisual preciso en el que revela la identidad del autor del disparo que hirió de gravedad al fotorreportero Pablo Grillo con una granada de gas, produciéndole pérdida de masa encefálica y fracturas del cráneo múltiples: se trata del gendarme de apellido Guerrero, legajo 103208, quien a las claras colocó la escopeta en forma horizontal para disparar y no a 90 grados como marca el protocolo. Ese número en la pechera (103208) sobre el traje color caqui (color que diferenciaba al gendarme de los otros), al ser agrandado por zoom funcionó como el “efecto Blow Up” de la película de Antonioni. Allí estaba el crimen. Bastó cruzar el dato con la nómina del personal policial afectado para dar con el nombre del autor.

La democracia es la que exige a la policía la identificación en la pechera con un número. El número que salta con el zoom y delata al autor del disparo no es un detalle, es -en todo caso- una defensa de lo que supimos conquistar como pueblo en todos estos años. Hay que estar atento, el autoritarismo va hacia el borramiento de esas identificaciones, como ahora pretenden prohibir los drones en las marchas o perseguir a los fotoperiodistas, no sería raro que en adelante modifiquen los usos de la tecnología para borrar las pruebas y desviar las imágenes.

La Plata, 19 de marzo de 2025.

*Escritor y abogado

La entrada EL EFECTO BLOW UP – POR JULIÁN AXAT se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Romina Cancinos*

(para La Tecl@ Eñe)

El miércoles pasado se cumplió una semana de la salvaje represión desplegada en la marcha de jubilados y un nombre continúa repitiéndose en medios de comunicación, redes sociales, carteles, partidos de fútbol, recitales y plegarias. Es el de Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que lucha por su vida luego de que un gendarme le disparara una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza.

Las imágenes de su ataque se viralizaron rápidamente despertando, una vez más, cuestionamientos hacia las fuerzas de seguridad y la ministra Patricia Bullrich. Sin embargo, la funcionaria no hizo más que defender el accionar de los efectivos, negar las acusaciones, lanzar amenazas y difundir mentiras.

En un primer momento, cuando Grillo ya estaba hospitalizado, Bullrich sostuvo en una entrevista televisiva que el fotorreportero estaba detenido y buscó desviar el asunto enfatizando en su militancia e ideología política. Luego, cambió la versión y aseguró que la herida fue ocasionada por un rebote del disparo en el suelo. En sus declaraciones más recientes, brindadas el lunes 17 de marzo, aseguró que la detonación fue oblicua.

Sin embargo, una investigación -basada en los aportes fílmicos y fotográficos de aquel día- permitió reconstruir el hecho y desmoronar la versión oficial. Fue elaborada por el colectivo Mapa de la Policía, con la colaboración de los peritos Rodolfo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto. En el informe queda en evidencia el mal desempeño de las fuerzas de seguridad. “Se observa en el video tanto el origen del disparo como la trayectoria del proyectil. La trayectoria está ligeramente inclinada hacia abajo y no impacta sobre ningún objeto intermedio ni el piso. Este comportamiento no se corresponde con ningún protocolo de uso de las granadas de gas y la trayectoria es directa hacia Pablo Grillo”, destaca el estudio. Por este ataque, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, debiendo ser operado en más de una ocasión.

La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta un dato aportado por Marcela Perelman, integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), durante una rueda de prensa: la pistola lanza gases utilizada en la represión estuvo prohibida en nuestro país, como todavía lo está en gran parte del mundo, hasta diciembre de 2023. Aunque es considerada un arma potencialmente letal y cuenta con el antecedente del asesinato de Carlos Fuentealba, Bullrich derogó la resolución que impedía su uso mediante el artículo 13 del llamado Protocolo Antipiquetes.

Vale mencionar que el ajuste a los más vulnerables y la brutalidad represiva no es algo novedoso en el historial de la ministra. Para contextualizar, se trata de la misma funcionaria que fue parte de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Durante la gestión del radical ocupó varios cargos. En 2001, como ministra de Trabajo, firmó junto al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, un decreto que recortó en un 13% el monto de las jubilaciones. En 2017, bajo el mandato de Macri y como encargada de la cartera de Seguridad de la Nación, Bullrich ordenó una brutal represión contra quienes se manifestaban en repudio a la Ley de Reforma Previsional, que implicaba un ajuste a los jubilados.

Se trata, también, de la misma ministra que hoy, nuevamente en el poder pese a haber salido tercera en las elecciones, es autora del ya mencionado Protocolo Antipiquetes. La misma que anunció la iniciativa de recompensar económicamente a quienes denuncien a los partícipes “violentos” de la marcha del pasado 12 de marzo (sin especificar cómo se comprobará la supuesta violencia ejercida). Para su fortuna, nada de esto ocurría hace algunos años cuando, durante la gestión de Alberto Fernández, encabezaba movilizaciones en rechazo a la cuarentena por Covid-19, muchas de ellas interrumpiendo el tránsito. De lo contrario, hubiese corrido el riesgo de ser gaseada, golpeada, detenida y hasta acusada de terrorista.

En ese sentido, cabe destacar que la represión del 12 de marzo no sólo dejó un herido en estado crítico, sino que durante la misma se hirió a más de 20 personas y se detuvo a 114. No obstante, la jueza Karina Andrade dispuso su inmediata liberación alegando irregularidades en las detenciones: “(…) Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados”. A su vez, la letrada señaló que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión.

La respuesta no tardó en llegar y Andrade se convirtió en blanco de un ataque liderado por funcionarios públicos, trolls libertarios y medios de comunicación. Además, fue denunciada por el Ministerio de Seguridad por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento. “No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones”, posteó Bullrich en su cuenta de X.

Pero las denuncias no sólo fueron realizadas por el Gobierno, sino también contra él -tanto en el país como en el exterior-. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), son algunos de los denunciantes. A ello se le suma la denuncia de Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que sufrió un traumatismo después de ser empujada por un efectivo y golpear su cabeza contra el suelo. Asimismo, la familia del fotógrafo declaró que iniciaría acciones legales contra el Estado.

Mientras tanto, las autoridades nacionales insisten en que el fin de la movilización era llevar adelante un golpe de Estado. La retórica gubernamental de “desestabilización” ya fue empleada durante la manifestación del 12 de junio de 2024, cuando se debatía la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada dejó 33 detenidos imputados por delitos como incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; atentado contra la autoridad; entre otros. En su momento, la jueza interviniente María Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28 de los apresados.

Ahora, los detenidos del 12 de marzo enfrentan un panorama acusatorio similar. En su cuenta de X, el vocero presidencial Manuel Adorni compartió la denuncia realizada por los supuestos delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. “Por querer acercarme a filmar cómo le pegaban a un pibe estuve 7 horas detenido”, dijo Augusto, uno de los detenidos, en una entrevista radial para El Destape; “Lautaro estaba saliendo de la escuela. Al estar todo cortado estaba buscando lugares para poder viajar. (…) Uno de los policías los acusó de tirar piedras. (…) Dos horas lo tuvieron así”, relató Mariela Gómez, madre del menor de 12 años detenido, en diálogo con María O’ Donnell en el programa radial De acá en más. Estos y otros testimonios, junto a las filmaciones del día, exponen detenciones arbitrarias.

Con ese clima, ante la mirada atenta del juez federal Martín Cormick, con habeas corpus presentados por la Red Federal de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, y bajo la lupa de organismos internacionales, se llegó a una nueva marcha de jubilados que superó en convocatoria a la de la semana pasada y coincidió con el debate, y posterior aprobación, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Gobierno desplegó un operativo que incluyó el vallado del Congreso de la Nación, más de 2.000 efectivos, participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cortes de calle, controles en medios de transporte y a ciudadanos, un helicóptero sobrevolando la zona de la movilización, advertencias en estaciones de trenes.

La manifestación ya no fue solo por el reclamo histórico de los jubilados, sino también por el fotorreportero. “Todos somos Pablo Grillo” se exclama en un sentido simbólico, pero este miércoles se movilizó sabiendo que todos podemos ser Pablo Grillo en el sentido más literal.

Lanús, 19 de marzo de 2025.

*Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Periodismo en UNDAV.

La entrada TODOS SOMOS PABLO GRILLO – POR ROMINA CANCINOS se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Miguel Gaya*

(para La Tecl@ Eñe)

Hay una línea que une el apaleamiento sistemático a los jubilados frente al Congreso de la Nación, la represión salvaje a minusválidos y familiares frente a la Casa de Gobierno, los gases arrojados a la cara de niñas menores de diez años y el disparo de una pistola letal contra un fotoperiodista, en el peor atentado contra la prensa desde el homicidio de José Luis Cabezas. Esa línea ata a la ejecutora vil de esa política con el silencio del presidente de la República. Conviene preguntarnos sobre la naturaleza de ese silencio, y de qué manera nos concierne.

Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación a caballo de un personaje inverosímil, inventado por los hermanos Milei como un microemprendimiento para ganar notoriedad y dinero. El personaje combinaba todos los elementos de la clase media agobiada en su peor versión cualunquista. Necio, ignorante, faccioso, tergiversador, misógino, antiperonista, individualista, negacionista, pero sobre todo y ante todo, bocón. Que hoy sea presidente habla más de la sociedad que lo eligió que de sus méritos o defectos. Convendría detenerse en ese detalle.
Ese personaje que parece salido de una cloaca por lo desaliñado y grotesco, exuda odio y rencor. Pero, sobre todo, grita. Su razón de ser era, y es, la incontinencia verbal. Se habla encima, con un contenido escatológico explícito que pregona a los cuatro vientos su condición de abusado rencoroso y furioso. Ejemplos de lo dicho inundaron todos los canales de televisión, proliferan en las redes, e incluso hoy los actos oficiales. Como se dice habitualmente, no califico, describo.

Sin las palabras, sin esas palabras actuadas, Javier Milei no es nada. Habla hasta el aturdimiento, propio y ajeno. Habla con razón y sobre todo sin ella, porque lo que vale es vociferar y, en lo posible, apabullar, enmudecer y anular a quien se ha elegido de adversario. Que rara vez le enfrenta, porque en estas tenidas de vituperios, el personaje habla solo. Confronta con el ausente. A lo sumo, tiene a su lado quien le da el pie para que se extralimite, como si el que funge a veces de interlocutor fuera en propiedad quien le da la razón para que se retroalimente en la diatriba. Hasta cuando quiere ser didáctico resulta dañino. Con la lógica del discurso y con la persona que elige de blanco. Porque no discute ideas, insulta personas ausentes.

Por eso, su silencio frente a la represión resulta tan atronador. No por inesperado, sino por estentóreo. Él, que hizo del hablar su razón de ser, calla ante una violencia tan cruel como injustificada.

Porque la violencia ejercida por las hordas desatadas por Patricia Bullrich no tiene justificación alguna. En ningún caso ha mediado provocación y menos peligro alguno para la paz social o aun para las fuerzas de seguridad o el orden instituido. Ni con todo el aparato represor desplegado, la inteligencia interior ilegal realizada, las detenciones arbitrarias a mansalva y las imputaciones inventadas han podido demostrar la comisión de un solo delito, excepto los suyos propios. La ministra de Inseguridad ha demostrado ser lo más peligroso que tiene hoy la República Argentina. Y ese es justamente el trabajo que ha asumido.

La treintena de jubilados que se reunían en la esquina de Callao y Rivadavia no molestaban a nadie. De haber habido un intendente a cargo de la seguridad de esta bendita ciudad de Buenos Aires, habría enviado un patrullero a monitorear el asunto y se hubiera olvidado del tema. Un oficial de calle con algo de calle habría negociado con los jubilados una vuelta olímpica al Congreso por la vereda, o acaso un carril de la avenida sin entorpecer el tránsito, y todos a casa y felices. El conflicto quedaba encapsulado y desactivado como la nota simpática de los miércoles.

Pero no. La ministra Bullrich se empeñó en transformar a esos viejos derrengados en el enemigo público n° 1, con intenciones destituyentes y todo. La violencia no se justificaba sino por lo ejemplificadora. Una lección que debían aprender no solo los apaleados, sino y sobre todo los que miraban por televisión. Ver, oír y callar son los derechos que nos consienten. Y obedecer más luego.

No resultó. Cualquier persona sensata lo hubiese sabido. Pero la Bullrich no es sensata. Con la obcecación de los necios siguió golpeando jubilados, porque en su mentalidad si no se entiende al primer golpe, se entenderá en los que siguen. Y lo que siguió es lo que conocimos: La respuesta social fue la solidaridad con sus viejos, y comenzó el principio del fin de la invulnerabilidad del gobierno.

Ahora bien, la Bullrich está allí porque, en sus términos rústicos, le prometió al presidente la paz social del garrote. No le pasaría a ella lo que a ella ya le pasó en el 2017, que provocó el principio del fin del gobierno que integraba en el mismo lugar de gendarme para todo. El presidente parece que le creyó, o no tenía a otro para el trabajo sucio, y parece que no puede hacer ahora más que seguir creyéndole, o sosteniéndola, hasta el fin de sus propios sueños.
Ahora bien, ¿el silencio del presidente es aquiescencia con su subordinada? Puede que sí, puede que crea que puede desentenderse de las minucias de gobernar. ¿Qué significa? Significa algo que a esta altura no sorprende a nadie: su absoluta despreocupación por cualquier cosa que no sea el sueño de su ombligo. La falta de empatía del presidente, calificada ya millares de veces como sociopatía, ya no asombra, aunque indigne. Lo que deberíamos preguntarnos es si ese desentendimiento sobre la suerte de los que le dieron el puesto que goza es lo único que debe preocuparnos.

No le resto importancia. Ni como realidad, ni como símbolo y mucho menos como síntoma de la sociedad que representa. A eso vamos.

Que el presidente prefiere la ceguera a abandonar sus sueños de grandeza, no es algo que le ocurra solo a él. Los pueblos del mundo ya han sufrido lo indecible por casos así. Lo que inquieta es el precio. Porque a la pregunta de cómo llegamos aquí le sigue cómo salimos.
Y podríamos salir más o menos enteros si no fuera porque hay, en lo descripto hasta ahora, otro silencio. Que no advertimos por el ruido que hace el del presidente. Es el silencio no de quienes lo secundan, sino de quiénes están allí para controlarlo, con la fuerza y el imperativo de la ley.

De quienes lo secundan, por convicción, ambición o pago, poco podemos esperar. Están en el lugar que están porque los hermanos Milei así lo quieren, y deben todo lo que hoy son a esa circunstancia, y a esa circunstancia subordinan su presente, su honra y su futuro. Allá ellos. Son, lejos, el conjunto más estrafalario y desastroso que hayamos visto como elenco gobernante, y hemos visto mucho y variado.

Lo que no tiene perdón ni explicación es el silencio de los demás. Aquellos que deberían actuar porque ese es su deber legal y deber ser ético. Me refiero, en principio, a jueces y funcionarios judiciales que dejan hacer y cometer delitos sin cumplir sus obligaciones. A funcionarios y jefes policiales que obedecen órdenes notoriamente ilegales. Pero también a funcionarios de toda índole, gobernadores, legisladores, intendentes, abismados en sus propios laberintos, desentendiéndose de una debacle institucional que ya los está arrastrando a la ignominia. Y hablo de empresarios y miembros de la clase dirigente, que en vista a los beneficios obtenidos y por obtener, rifan su propio futuro y dignidad a cambio de negocios inmediatos, y ruina futura, también para ellos.

Para bien o para mal, y pese a los deseos de quienes han apostado a este experimento desastroso, los argentinos habitamos un Estado nación. Que siendo un Estado fallido, un desastre social y ecológico, podrá ser un negocio para algunos, pero tarde o temprano será un desastre para todos. Y también para ellos.
Bien harían en tomar en cuenta este destino, si pensamos construir otro. Que no solo es mejor, sino además posible. Basta con honrar el pacto democrático que nunca terminaron de aceptar. No es difícil, tampoco fácil, pero se puede comenzar ahora. Antes de que redoblen las campanas.

Buenos Aires, 17 de abril de 2025.

*Escritor, poeta y abogado defensor de Derechos Humanos.

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