Por Nora Merlin*

(para La Tecl@ Eñe)

Las consignas populares son frases, restos de las luchas políticas que se inscriben en la memoria colectiva y participan de un ideario común. Por lo general, son fórmulas breves que condensan cadenas de palabras y múltiples sentidos que no precisan explicitación porque forman parte del código compartido de un grupo social. Se cantan o se gritan cada vez en las marchas, en la calle, en la Plaza, con la fuerza de la repetición ritual.

En este sentido, cuando decimos “Nunca más” los argentinos sabemos que fue la frase con la que el Fiscal Julio César Strassera cerró su alegato en 1984 sobre la labor de la Comisión Nacional acerca de la Desaparición de Personas (CONADEP), y que dio título al Informe publicado que surgió como resultado. “Nunca más” es una consigna que expresa el repudio al terrorismo de estado surgido del golpe realizado por las fuerzas armadas en 1.976, cuyo objetivo mayor fue imponer un plan neoliberal.

Hoy constatamos que hay otros modos de imponer el neoliberalismo, ya no se trata de un poder exterior sino de un dispositivo concentrado e invisible, económico y comunicacional. Un dispositivo que produce una nueva subjetividad: sin pasado, sin legado ni marcas simbólicas que nos constituyan como colectivo, configurando una masa sugestionada que se somete inconscientemente al poder real y que es capaz de votar en contra de sus propios intereses.

También verificamos en éstos dos últimos años que no hay neoliberalismo sin represión, censura y mentiras, sin medios de comunicación concentrados y justicia adicta al poder. ¿Cómo articular la lógica neoliberal con las demandas de los organismos de derechos humanos, tales como Memoria, Verdad y Justicia? Todo parece indicar que neoliberalismo y derechos humanos se excluyen.

Las consignas populares al formar parte de una memoria viva no se congelan para siempre en una significación, sino que se actualizan y se resignifican cada vez. A la luz de los nuevos acontecimientos del país nuestro querido e histórico “Nunca más” para sostenerse en su afirmación radical debe significar también “Nunca más neoliberalismo”.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 2018

*Psicoanalista – Magister en Ciencias Políticas – Autora de “Populismo y Psicoanálisis” y de “Colonización de la subjetvidad.”

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Por Alejandro Kaufman*

(para La Tecl@ Eñe)

Contra lo que pretende el negacionismo de exterminios y genocidios, sus inquisiciones no son sobre el pasado sino sobre el futuro, son diatribas contra los Nunca más en procura de vulnerar las barreras levantadas contra la repetición. Esas barreras consisten en repertorios que no son idénticos en la posterioridad de cada uno de los exterminios y genocidios, sino que se configuran de maneras situadas, con sus singularidades. Determinar rasgos recurrentes en las diversas experiencias límite solo puede inferirse de referencias testimoniales e históricas que concurren a formular el acervo que documenta lo acontecido. En cada uno de los eventos paradigmáticos, por lo general, esos acervos se nutren de lo multitudinario de las masacres, que dejan atrás, también en forma multitudinaria, sobrevivientes, descendientes, vecindarios, tramas institucionales, estatales y de la vida civil, círculos concéntricos que culminan en el conjunto de cada una de las sociedades adonde tuvieron lugar los hechos. Esa inmensidad multitudinaria, siempre objeto de negación desde su propio origen, es lo que los actuales negacionismos quieren mantener en el silencio, la omisión y el consentimiento.

El negacionismo refiere al futuro y no al pasado porque no es posterior a los hechos sino que los precede, solo que en su momento no fue advertido, o no fue reconocido, o fue hasta habilitado como apetencia, de un modo u otro. Se da cuenta así, con tal formulación paradójica acerca de la temporalidad, de un rasgo decisivo de los exterminios y genocidios, que reside en que las masacres son metonímicas de las transfiguraciones histórico sociales que sus perpetradores proyectan y realizan. El trazado exterminador es una intervención sobre el tiempo histórico social que consiste en borrar el pasado y reescribirlo. La solución final consiste en crear una in-existencia a través de la aniquilación, en el presente, de todo rastro viviente histórico de lo exterminado. Decir que es para forjar un olvido es insuficiente porque no es el olvido lo que se busca, sino crear una realidad alterna en la cual ese colectivo social odiado, vilipendiado e inculpado nunca haya existido. En ese sentido el negacionismo precede a cada holocausto, no solo porque la condición de posibilidad de su materialización requiere primero un apartamiento simbólico, segregación y criminalización del objeto colectivo de desprecio y asco, sino porque la propia operación discursiva -esto es, cuando se exponen “opiniones”- anticipa, y reproduce, el modo originario del aniquilamiento.

Esta precedencia discursiva del aniquilamiento ha sido observada desde siempre, ya sea por quienes dieron aviso del incendio, antes, o después de los sucesos, cuando se elevaron los interrogantes sobre cómo fue posible. De todo ello emergieron bases ético políticas y jurídicas fundantes de las instituciones políticamente correctas de la segunda postguerra mundial, y que en términos abstractos están vigentes, aunque han sido objeto de un continuo deterioro y desmentidas por múltiples acontecimientos incompatibles con tales fundaciones. Cualquier lista que se borronee será interminable, y se podrá comenzar con la guerra fría y el terror nuclear para mantenerse abierta porque a cada instante algún nuevo horror, en algún lugar del mundo, se sumará a la serie. Sin embargo, esas fundaciones no han sido todavía sustituidas por otras, sino que por el contrario no han hecho más que, como tales, perfeccionarse y actualizarse.

Los devenires histórico político mundiales de las últimas ocho décadas -prontas a cumplirse- son heterogéneos y contradictorios. Mientras el repertorio fundacional de un orden internacional adecuado a los derechos humanos ha ido evolucionando, en muchas otras instancias vemos grandes retrocesos y emergencias de nuevas barbaries, así como desentendimientos en las propias luchas por los derechos humanos.

En nuestro país, justificadamente orgulloso por grandes realizaciones en favor de oponer a la dictadura del 76 un estado de derecho sostenido por la memoria, la justicia y los derechos humanos, con todas las idas y venidas que conocemos, no obstante, entre las diversas deudas y pendientes que nos aquejan se cuenta la actitud generalizada hacia el negacionismo, al que tratamos como si fuera una opinión, que es la forma que pretende y con que se presenta, y con la que consiente buena parte de nuestra sociedad.

La experiencia postdictatorial argentina ha estado habitada por un paradigma punitivo de la memoria basado en el juicio y castigo a los culpables, con diversos logros, irradiaciones de índole diversa hacia otros aspectos de la vida en común, y omisiones, como ocurre con el negacionismo. Predomina una justificada aversión hacia toda censura, asociada con la dictadura genocida, así como se verifica la hegemonía de una ideología comunicacional amparada por una interpretación liberal de la primera enmienda arraigada en múltiples estratos sociales argentinos. Todo ello ha postergado la inquietud por el negacionismo hasta prácticamente la actualidad, en que su desenvolvimiento ha alcanzado tal magnitud que consiguió convertirse en un tema de preocupación más generalizado que hasta ahora.

De modo prevaleciente se ha instalado en la esfera pública, alentada por las formulaciones que rechazan problematizar jurídica e institucionalmente el negacionismo, una agenda binaria entre un supuesto punitivismo de opiniones, lindante con la censura o directamente censor, y una posición contraria favorable desde su punto de vista a la libertad de expresión. Según esta segunda actitud, el negacionismo es una opinión sobre el pasado y debe ser sometida solamente a debates con expertos sobre historia y memoria, sobre todo, sobre historia. Este punto de vista asimila el negacionismo del genocidio de la dictadura a otros discursos negadores de diversas realidades, algunos de ellos inocuos e inimputables, consintiendo de esta manera con lo que el negacionismo pretende ser: una opinión.

Desatiende esa posición, que por desgracia probablemente sea mayoritaria o al menos muy influyente, que pretenderse opinión es el ardid que la dictadura dejó a su paso, como esas minas o proyectiles que después de las violencias bélicas quedan sin estallar, latentes para hacerlo en cualquier momento: una amenaza sin plazo. El ardid consiste en simular un debate sobre la historia para encubrir la continuidad del dispositivo genocida, que no se limita a los acontecimientos del horror sino que comenzó bastante antes, a través del diseño del aniquilamiento simbólico precedente. Lo que se implica así es que el negacionista contumaz no es una conciencia libre que opina y juzga sino una agencia continuadora del proyecto genocida, y por lo tanto, mientras se limita todavía a “opinar”, una fuente de propaganda y acción encubierta del genocidio cuya consecuencia es deteriorar las barreras levantadas contra la repetición del horror. En nuestro país, un efecto adverso, o pendiente, del paradigma punitivo de la memoria es la premisa de que la punición de los horrores de la dictadura constituiría una condición decisiva del nunca más, sin advertir que la sucesión generacional de los perpetradores nos aproxima a dejarnos en un nuevo escenario en que tales juicios y castigos ya no tendrán efectos más que hacia el pasado, no sin un rédito simbólico valorable y hasta necesario en nuestra propia historia reciente, pero no suficiente en lo sucesivo.

Los acontecimientos del horror son la ejecución de una sentencia que prescribe la desaparición de un colectivo social definido por el agente perpetrador sin advertencia ni conocimiento inteligible por parte de la víctima. El suceso no se anuncia a las víctimas, que caen inermes y desprevenidas en la trampa letal. La sentencia es clandestina, y se la deniega en forma sistemática. Por otra parte no era creíble que tal suceso tuviera lugar. Con posterioridad al cese del exterminio en las distintas formas en que su interrupción ha ocurrido, se lo caracterizó y configuró en tanto verdad, memoria y justicia. Quienes sobrevivieron y sus descendencias encarnan el sustrato viviente de la memoria. Con mayor frecuencia se omite o no se explicita un aspecto decisivo de todo el asunto: la sentencia es irrevocable. Se le opone a la sentencia una contra sentencia: nunca más, fórmula orientada a impedir la repetición del horror. Fórmula necesaria que se presume eficaz, y que va acompañada de las múltiples tramas memoriales, jurídicas, culturales y sociales que conocemos. Sin embargo, la fórmula del nunca más contiene una omisión paradójica: elude el carácter irrevocable de la sentencia desaparecedora. Y esto es por su naturaleza clandestina, denegatoria de los hechos y adversa a toda juridicidad legítimamente instituida con posterioridad. Una vez impuesta la condena por la agencia perpetradora, y destituida tal agencia cuando se termina con la estatalidad criminal que le dio origen, en la nueva escena la condición perpetradora subsiste de manera transmutada en la civilidad resituada. Entonces, en magnitudes que no son idénticas a las originarias ni se pueden establecer con precisión, prosigue anhelando la formulación de la sentencia. En otras palabras, el colectivo social sentenciado a la desaparición, constituido por quienes sobrevivieron -de las distintas formas muy diversas en que ocurre la supervivencia-, llevan consigo por siempre el estigma de la condena. El olvido es la desmemoria o el descuido respecto de ese estigma, y el estigma, la razón decisiva por la cual el crimen del exterminio no tiene fin en este sentido que podríamos calificar como ontológico. Y es porque no tiene fin que hay que proseguir con el deber de memoria del nunca más, no porque se vaya a repetir algo que sucedió y ya no sucede, sino porque sigue sucediendo de modo irrevocable. Y el modo en que sigue sucediendo, en principio, consiste en volver al comienzo semiótico, a la exposición pública de la segregación y la estigmatización que van en procura de nuevas formas que resulten irreconocibles para el sentido común.

El negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Es por ello que en los países donde esos hechos tuvieron lugar resulta natural asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus neo formas embrionarias. Si el Imperio puede ostentosamente agitar su primera enmienda para oponerse a tales reconocimientos, no es porque los Estados Unidos sean más democráticos que países europeos, sino porque en estos últimos es donde radican poblaciones agentes del exterminio, como sucede asimismo con nuestro país. En la escena europea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se llevó a cabo la denominada desnazificación, fácil de olvidar su carácter coactivo mientras mantuvo una eficacia relativa -motivo de interés de la crítica cultural- durante un cierto lapso que vemos ahora caducar.

Susurros son estas líneas que abogan por profundizar advertencias y reflexiones. El propósito es calibrar la patente tragicidad que atraviesa el respectivo debate frente a banalidades y simplezas que se le oponen. No es un debate sobre punitivismo ni sobre libertad de expresión, sino una apelación a mirar de frente la prosecución de los hechos, situados por cronología en el pasado, pero manifiestos semióticamente en el presente como amenaza letal. Será otra vez el testimonio el que elevará la voz frente al vacío de lo real extenuado por la perpetración, pero será también la estatalidad quien deba asumir sus responsabilidades tan indelegables como irrevocable es el estigma que el horror instala para siempre, en el orden de lo imperdonable y lo imprescriptible. Son estas dos categorías que van más allá del presente las que el negacionismo lesiona, la condición de lo imperdonable y de lo imprescriptible, devenidas trivial habilitación del olvido. La sociedad y el estado no lo deben permitir. Imperdonables e imprescriptibles como son los hechos del pasado, transfieren la condición que los define a los enunciados que los invocan, como si no lo estuvieran haciendo, como si estuvieran hablando de otra cosa, como si de las duchas fuera a salir agua para el baño o como si los traslados fueran cambios de domicilio. No es sencillo instruir desde semejantes enunciados causas incriminatorias, no lo es jurídicamente, pero tampoco lo es en el dominio de la mera convivencia civil. Objeto de debate tiene que ser la instrucción de las causas como sucede con todos los crímenes, tanto en sede jurídica como en sede societal civil. Ningún crimen, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista ético político, cae definido por su propio peso, ni es obvio, ni es transparente, ni lleva en la frente su determinación. Por desconocer esta dificultad inherente a toda razón práctica es que se profieren tantas banalidades y anécdotas inocuas cuando se pretende con tanta extraña persistencia cuestionar el verdadero debate que sociedades como las nuestras deberán emprender, tarde o temprano.

Establecer responsabilidades jurídicas y políticas acerca de los negacionismos es ineludible, o debería serlo, por la gravitación que tales actos de habla ocasionan, del mismo modo que sucede con iniciativas homólogas en cuestiones de género y de racialización, entre otras, que solo inician un largo camino, un camino de conciencia, educación y responsabilidad, no necesariamente de censura ni de imposición arbitraria. Censuras y arbitrariedades son riesgos inherentes a la vida social, no susceptibles de prevenirse mediante simplificaciones y negligencias. Todo ello sin embargo atravesado de dificultades que no son mayores que las esperables de la insistencia en enfoques ingenuos y bien pensantes (en el mejor de los casos) ante el horror que congela el alma y no nos da tregua.

Buenos Aires, 25 de abril de 2022.

*Profesor universitario, crítico cultural y ensayista. Es profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales.

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Por Alberto Nadra*

(para La Tecl@ Eñe)

La Plaza, las plazas de toda la Argentina, desbordaron de una multitud multicolor que arrasó con los viejos, pero renovados intentos negacionistas.

Sin presencia policial, es decir sin provocaciones, no hubo “incidentes”, como muchos medios gustan llamar a la brutal represión del régimen.

Cientos de miles sembraron de alegría el territorio del dolor y la resignación. Si “la esperanza es la luz que alumbra el camino”, como escribió alguien que sabe del horror en carne viva, el periodista Luis Bruschtein, en las calles estuvieron quienes pueden rescatarla y protagonizar el cambio.

El gobierno miente cuando reclama “memoria completa”. Somos nosotros quienes la reclamamos desde aquel “digan que han hecho con los desaparecidos” que coreábamos en los días finales de la dictadura. O la denuncia a la “miseria planificada” para engordar a los privilegiados, que gritó Rodolfo Walsh, antes de ser asesinado.

¿Qué es “memoria completa”?

Memoria completa es juzgar, como no se hizo, a la “pata civil” de la dictadura que, en realidad, fue su cerebro: el bloque dominante, ese entramado de grandes empresarios, financistas, la patronal rural o la garra imperial, los que decidieron siempre, en dictadura en forma brutal, o guardando las formas durante los gobiernos elegidos por el voto.

Siempre lo han hecho,  a través de toda nuestra historia y cada vez que ven amenazados sus privilegios por el aumento y radicalización de la resistencia popular, de su propia incapacidad de encauzar la crisis que ellos mismos generan.

Ese fue el objetivo de la dictadura y es hoy el de este gobierno entreguista y represor.

Memoria completa es reivindicar a los 30.000, pero evitar el cerrojo numérico con el que nos quieren encerrar: reinstalar, con fuerza en el debate público, el plan sistemático de robo de bebés, las torturas, los cuerpos arrojados al mar en los vuelos de la muerte.

Memoria completa es gritar, como lo hizo la mayor movilización por el Nunca Más en democracia, y rechazar a las actuales marionetas de los artífices de aquel marzo de 1976. Este gobierno de entrega y hambre.

Negacionismo y resistencia popular

El negacionismo que repudiamos no se reduce a los crímenes ni al ocultamiento de la pata civil de la dictadura.

Desde 1983 tuvimos gobiernos serviles de esos intereses,  pero también los que dieron pasos en la búsqueda de justicia social, pero por temor o vacilaciones no fueron a fondo en los cambios para desplazarlos.

¿Por qué digo que el negacionismo no se limita a los crímenes de la dictadura y la responsabilidad civil?

¿Qué es lo que todavía falta? ¿Qué es lo que algunos niegan, otros ocultan, lo que muchos ignoran o prefirieren no ver?

Pues bien, lo que  ocultan los herederos de la dictadura y no reconoce la mayoría de la dirigencia tradicional es la persistente resistencia popular.

Los herederos de la dictadura acusan -hoy como ayer- de subversiva o desestabilizante toda protesta frente al ajuste y la miseria, y encima se indignan cuando nos defendemos de la violencia represiva.

Por su parte, la dirigencia tradicional teme ser desabordada por la movilización popular.

Jamás se ha propuesto, incluso entre quienes intentaron reconocer conquistas y derechos, asumir lo que debería ser el rol principal de un partido o frente popular: promover esa movilización, coordinarla, organizarla y darle un horizonte político, que es marcar el objetivo de cambiar el poder de manos.

La otra historia

Hoy no asumen el crecimiento de la protesta social, como ayer no asumieron la resistencia a la dictadura.

La dictadura y sus herederos reducen aquella resistencia a la heroica gesta de las Madres, a las que intentaron ridiculizar con el mote de “Las locas de Plaza de Mayo”.

Aunque no lo quieran, a ellos les hacen el juego los que desconocen los hechos heroicos de miles de argentinos, por ignorancia o para ocultar su propia cobardía.

Admito la cobardía, aunque no la comparta. No fueron fáciles aquellos tiempos sangrientos. Pero rechazo a los que se paran en un banquito para señalar desde sus presuntas alturas a los que nos jugamos en aquellos años, los que aquí nos quedamos y luchamos como pudimos.

30.000 de esos luchadores fueron desaparecidos y asesinados. Otros, sobrevivimos e intentamos dar testimonio, muchas veces en medio del preciso ocultamiento de enemigos y adversarios, pero en ocasiones, también, el silencio o la indiferencia de algunos compañeros.

En mi caso, formé parte de un conjunto de dirigentes que, desde el mismo mes de marzo de 1976, reconstruimos las Juventudes Políticas en medio del terror.

Esa fue la dirección política que impulsó la reconstrucción del arrasado movimiento juvenil, desde el sindical al agrario, de los estudiantes secundarios a los universitarios, en barrios, fábricas, entre los artistas vecinalistas y deportistas.

Recuerdo aquellos primeros encuentros con compañeros peronistas, intransigentes, democristianos, socialistas y algunos radicales, en citas clandestinas o temerarios encuentros en locales partidarios, la mayoría de los cuales nos cerraban las puertas en la cara.

Al frente se puso el movimiento obrero combativo, siempre en oposición a los colaboracionistas.

En ese mismo 1976 comenzaron jornadas de enfrentamiento como el Trabajo a Tristeza, de brazos caídos, jornadas que provocaron detenciones y secuestros en los lugares de trabajo.

En 1979 creció la resistencia y se produjo la primera huelga general y comenzaron las marchas obreras a la iglesia de San Cayetano.

“Paz, Pan y Trabajo” en la convocatoria pública, pero que las calles del barrio de Liniers, enfrentando la represión, la convertíamos en “Paz, Pan, Trabajo… la dictadura abajo”.

Esos mismos dirigentes juveniles, peronistas, comunistas, socialistas, radicales, estuvimos en los primeros encuentros de los familiares de desaparecidos en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y, en abril de 1977, en la Plaza de Mayo, cuando nació la leyenda de las Madres del pañuelo blanco, en medio de los gases y las detenciones.

Esta movilización fue creciendo y en 1982 se unió en los combates callejeros del 30 de marzo, en la masiva movilización en la que confluyeron todas las luchas tras la convocatoria de la CGT Brasil del cervecero Saúl Ubaldini, enfrentada a la entonces cómplice CGT de Azopardo.

Muy poco se habla o se escribe, y menos se investiga, acerca de estos hechos y así se desdibuja lo más trascendente: la combatividad creciente en nuestro pueblo, mucho antes de la derrota en Malvinas, que a contramano del discurso dominante, no fue el único motivo de la derrota dictatorial.

De barros, lodos y esperanzas

Han pasado 49 años y poco se dice acerca de cómo la cúpula de los partidos tradicionales contribuyó al blanqueo del horror y a generar y mantener la amplia base social que, sin duda, apoyó o calló frente a la dictadura.

Nada menos que 310 dirigentes de la Unión Cívica Radical fueron intendentes en aquellos años; 192 surgieron de las filas del Partido Justicialista; hubo 109 Demócrata Progresistas, 94 del Movimiento de Integración y Desarrollo, 78 de la Fuerza Federalista Popular y 16 Demócrata Cristianos, para citar los más numerosos.

Esto, también, es “memoria completa”, pues estos políticos fueron los protagonistas de la primera etapa de la democracia de la derrota, la mayoría de los gobernantes y legisladores. Ellos, y casi ninguno de los que protagonizaron la resistencia combativa.

Tampoco fueron los periodistas que se plantaron, casi 200 de los cuales continúan desaparecidos. En cambio, siguen dando cátedra sobre democracia y república, editorializando en los medios gráficos y televisivos, los mismos que escribían los panegíricos de Videla, Massera o Bussi.

Aquellos lodos trajeron estos barros, dice un refrán popular.

Mirar para otro lado fue trágico en aquellos años.

Pero también lo puede ser hoy.

No solo la partidocracia tradicional, sino buena parte de la del movimiento nacional y popular miran para otro lado mientras crecen las luchas, pero aisladas, sin dirección política y muy a destiempo con la destrucción de la economía y el trabajo argentino, la miseria y el dolor de millones.

La historia está para ser contada, pero para no repetirla y –sobre todo- para cambiar el futuro.

El futuro no es una promesa abstracta: es la multitud que este 24 de marzo inundó las calles, heredera de quienes resistieron en los años más oscuros.

Le esperanza no es un deseo pasivo, sino la lucha organizada de quienes hoy enfrentan el hambre, la represión y el saqueo.

La pregunta acerca de si habrá dirigentes a la altura, es también interrogarnos acerca de si seremos capaces de construir, desde abajo, una fuerza política que no tema a la movilización popular ni repita los silencios cómplices del pasado.

La memoria completa no es solo recordar, sino actuar: como los jóvenes en el ´76, como las Madres en 1977, como los obreros de San Cayetano.

El futuro no se mendiga, se conquista.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2025.

*Político, escritor y periodista.

Fotos: Leandro Teysseire, Guadalupe Lombardo, Jorge Larrosa, Sandra Cartasso.

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Por Carlos Caramello*

(para La Tecl@ Eñe)

“La peor derrota en todo es olvidar,

y es sobre todo lo que te lleva a la tumba”

Emmanuel Carrère

Perdimos. Lo que de lejos semejaba victoria se transformó en un fracaso abrumador. Depusimos las armas y entregamos los medios de construcción de sentido. Los combatientes se transformaron en mediadores. Los comandantes, en personeros de la corrección política. Y Jorge Born devino socio de Rodolfo Galimberti, su secuestrador… Perdimos.

Víctimas de una suerte de stress post traumático, militamos los desaparecidos, los nietos apropiados, los juicios de lesa humanidad… pero nunca explicamos con claridad contra qué habíamos peleado. Cuál era el modelo de país que trataban de imponernos. Qué derechos venían a conculcarnos. En síntesis: ofrecimos un techo, pero no les revelamos la intemperie.

Tampoco fuimos claros en el contra quiénes. Nos solazamos en bajar los cuadros: nos alcanzaban esos mamotretos pomposos vestidos de verde oliva. Culpables, claro -de tan imbéciles que fueron-, enredados en la madeja impredecible que se hila en una rueca de sangre y falsas valentías: el Ejército de San Martín transformado en un hato de cobardes siguiendo las órdenes impartidas a cuatro descerebrados desde la Escuela de las Américas.  

Los malos, los de verdad, fueron otros. Los no juzgados. Los titiriteros en las sombras, apropiadores de seres y fortunas ejerciendo sus íntimas perversiones en sótanos tapizados; evitando dar la cara que militares y algunos civiles ponían tan contentos a cambio de centavos o falsas honras. Esos. Los verdaderos monstruos, pasaron por debajo del radar con gestos de bonhomía como aquel de Franco Macri que donó las computadoras para el tribunal que juzgó a las Juntas. El mismo Franco Macri que inició el Proceso con 7 empresas y lo cerró con 46. Y acaso sea el ejemplo menos siniestro.

Perdimos cuando le dimos a Ernesto Sábato el prólogo del Nunca Más para que teorizara sobre sus propios demonios: la contradicción entre almorzar con Videla (que le dio una “excelente impresión” al escritor y lo definió como “un hombre culto, modesto e inteligente”) y, casi al unísono de esa mancada, golpearse el pecho por los muertos y desaparecidos que pusimos los peronistas… justo él, que era algo así como el epítome del gorila.

En la mesa de tortura de Clarín y La Nación apropiándose de Papel Prensa perdimos. Perdimos porque salimos por la derrota de Malvinas y no por el triunfo de la política. Y volvimos a perder cuando pusimos a dos viejitos sin carisma, como Lúder y Bittel, a representar lo que de combativo tenía la juventud. Cuando pintamos en las paredes “Somos la Rabia”, identificándonos con la progresía burguesa parisina de Mayo del ´68, sin asumir que éramos hijos de obreros y que estábamos saliendo del momento más rabioso y opaco de toda nuestra historia.

Ya veníamos perdiendo desde hacía mucho tiempo. Antes, incluso, de que se inaugurara el peronismo. Cuando el anti peronismo gobernaba y proponía un modelo de país: el centralista Congreso de Tucumán, la Constitución Unitaria de 1819, Caseros, Pavón, Curupaytí, la Generación del ´80, el fusilamiento de los peones de la Patagonia Trágica, el derrocamiento de Hipólito Irigoyen, la legalización de los Golpes de Estado por parte de la Corte Suprema en 1930…

Perdimos cuando Mitre nos birló la Historia para escribir una “oficial” en donde él quedaba como un héroe (pésimo general, peor traductor, pero excelso propagandista). Y volvimos a perder en los democráticos ´80s cuando les entregamos las universidades a los radicales que nos odian (quedan apenas tres y todavía nos dicen: “tienen razón, pero no podemos votar con ustedes”) y los negocios a los que habían craneado y financiado el Proceso.

Perdimos cuando Carolina Serrano, (a) Patricia Bullrich, miembro de la Juventud Peronista aunque hoy lo niegue, dedicó sus últimos treinta años a moler a palos a compañeros, someter y hambrear a jubilados, conculcar derechos laborales, pernoctar con la Mossad, coquetear con el tráfico de armas, disfrazarse de Annie Oakley para celebrar el 4 de Julio en la embajada, lavar dinero tostado y aplaudir como una foca dipsómana cuando el cosplayer de granadero se calotea el sable corvo, símbolo de nuestra soberanía, para devolvérselo al Ejército justo cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado más fatídico y sangriento de nuestra historia. Manyá la metáfora y decime si perdimos.

Perdimos cuando no nos animamos a ser lo que dicen que somos. Cuando “la vida por Perón” se transformó en “Perón o heridas leves”. Y nos ganó la corrección política. Y quisimos ser Ellos. Y cambiamos la militancia por el marketing. Y dejamos de formar cuadros y dirigentes para votar candidatos de diseño. Y los punteros se conformaron con los planes; y los sindicalistas con la caja y las listas se llenaron de notorios. Ni siquiera notables. Notorios…

“Perdimos, no pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón en volver a intentarlo” nos avisaba, allá lejos, Envar “Cacho” El Kadri. Sólo que esta vez no alcanzará con que nuestros jóvenes sepan “que no todo se compra ni se vende”. Debemos explicarles, con claridad, con certeza, mirándolos a los ojos, qué se puede comprar y qué vender. Y también quiénes quieren comprarnos y vendernos. Pero, sobre todo, que ese asimétrico arte del intercambio capitalista puede y debe consumarse a favor de la Patria.

*Licenciado en Letras, escritor, periodista y analista político.

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Por Angelina Uzín Olleros*

(para La Tecl@ Eñe)

«¿No sería mejor dejar las cosas donde están? Es decir: ¿no sería mejor aceptar el vacío, allí donde existe la vida y la muerte? ¿No sería mejor dejar de pensar? Dejar de hurgar en la memoria de un pasado maldito. ¿No sería mejor resignarse, aceptar, cómplices, el vacío por el que sus seres queridos se esfumaron como humanos y consolidar así, de una buena vez, con el poder de un Estado sin fallas, que desea su muerte? La propuesta “dejar las cosas como están”, sugiere un pacto, un acuerdo, una complicidad. Pacto entre las partes: una, acorralada por la ausencia. Otra: dueña de la vida y la muerte. Pacto que intenta ocultar los crímenes cometidos por los militares o, si acaso, atribuirles a las víctimas la intención agresiva y violenta que soportan.».

Juan Carlos Volnovich

La cita de Volnovich escrita en 1997 bien podría sintetizar lo que en el presente se denomina “fingir demencia” que significa: no pensar, no recordar, no cuestionar, vivir un tiempo actual suspendido sin pasado ni futuro. Hoy ¿cuál es el desafío frente a generaciones jóvenes de hacer memoria sobre lo acontecido en la dictadura del ’76? Ante qué prejuicios, olvidos, malentendidos, estamos siendo desafiados para mostrar y enseñar lo que significa un Estado que protege derechos y garantías constitucionales, frente a la promesa del poder ejecutivo actual de su destrucción junto al exterminio de los que representan un modelo político diferente. Bajo la premisa de la palabra “cambio” con presunta ingenuidad se sostiene que era necesario cambiar, sin advertir que el cambio viene de la mano de quienes quieren borrar de la memoria colectiva la dictadura porque son su continuidad por otros medios.

Sin lecturas ni análisis, ante la retirada del pensamiento crítico, no sólo los jóvenes sino también los adultos han optado por creer que el pasado es tan lejano que ya nada puede aportarnos su recuerdo y la búsqueda de lo que aconteció hace cincuenta años. Sin embargo, la sociedad no es un todo homogéneo; la pertenencia a un conjunto, cualquiera fuera este, tampoco es la pertenencia inclusiva “absoluta” a un conjunto coherente, sin matices, sin fracturas, sin grietas… Admitirlo nos conduce a admitir también que en la necesidad ética del discernimiento no podemos incluir a todos los particulares a un conjunto cerrado de individuos; tampoco pueden equipararse dos conjuntos diferentes bajo una misma lógica. Existen mundos en plural, el sujeto adviene a uno o algunos de esos mundos, pero cada mundo está sujeto a una lógica y esas lógicas no pueden ser equiparables entre sí.

La denominada «Teoría de los dos demonios” hizo esta operación que se objeta: equipara dos mundos, dos lógicas que no pueden estar como subconjuntos de un conjunto más amplio que intenta dar cuenta de la violencia ejercida/experimentada en los ’70. Ernesto Sábato, autor del Prólogo del informe de la CONADEP (1984), Nunca Más, admite esta teoría: “Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. (…) en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.”

Sábato en el Prólogo equipara bajo la definición de “terrorismo” a dos violencias que se distinguen por venir de diferentes sectores, pero que en “esencia” son lo mismo: son producto del terror. La comparación con lo ocurrido en Italia (también algunos comparan con España y la ETA) pierde de vista la complejidad propia del caso argentino, fundamentalmente porque los que fueron víctimas de la desaparición forzada no provenían de la extrema izquierda, ni mucho menos pertenecían -todos y todas- a grupos armados guerrilleros o terroristas, no fue una guerra. Sábato continúa diciendo: “Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje.”

A continuación, afirma: “De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de ‘excesos individuales’? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores.”

El escritor insiste en pensar a los verdugos como sádicos y perversos, ya Hannah Arendt advertía que no se trataba de monstruos; el discurso que se alimenta de los giros literarios tales como “el infierno”, “los demonios” “la perversión o el sadismo”, desvían el análisis necesario sobre la imputabilidad de lo cometido. Incluso en el último párrafo de este fragmento Sábato se anticipa a los argumentos de la futura, por entonces, Ley de obediencia debida: Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los “excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia”, revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

Los subalternos como víctimas de las órdenes impartidas por los altos mandos, es otra discusión ética y jurídica que se desprende de las responsabilidades ante los actos o acciones cometidos. Junto al débil argumento sobre las víctimas “algo habrán hecho” otro argumento responde a la misma lógica sobre los victimarios, “ellos no podían dejar de obedecer órdenes de sus superiores”. Sábato hace referencia también al posible número de víctimas y nuevamente sus palabras se orientan hacia lo que denomina “las fuerzas del mal”: “(…) tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.”

En el año 2006 a treinta años del Golpe se reedita el informe Nunca Más con un nuevo Prólogo, esta circunstancia también ha sido fuente de debates y discusiones, el reemplazo del Prólogo de Ernesto Sábato ha reavivado la disputa, a mi modo de ver imaginaria, por el patrimonio de los derechos humanos en Argentina. El segundo Prólogo, mucho más breve que el de Sábato, firmado por un organismo: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del que transcribo algunos párrafos a continuación: “Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas.”

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, junto a los Indultos formaron parte de una decisión política y legislativa que fueron derogadas para reabrir los Juicios y condenar a los genocidas, represores, responsables del denominado “Terrorismo de Estado”. En el segundo Prólogo se expone la siguiente situación: “A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales el 10 de diciembre de 1983 hubo grandes hitos como el informe de la CONADEP que hoy vuelve a reeditarse y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de ‘punto final’ y de ‘obediencia debida’ y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia federal. Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como demandas centrales de vastos sectores sociales. Como lo afirmaban las Madres de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional, ‘el silencio no será una respuesta ni el tiempo cerrará las heridas’.”

A continuación, el texto presenta una política de Estado que se afianza en tres pilares: Memoria, Verdad y Justicia amparadas en la categoría excepcional de Reparación: “Por ello recordar el pasado reciente con la reedición del NUNCA MÁS este año del 30 Aniversario del golpe de Estado de 1976, tiene un significado particular cuando a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Reafirmar el valor de la ética y de los derechos humanos en la profunda crisis heredada de la dictadura militar y de las políticas neoliberales no es una retórica declaración de principios en la Argentina posterior a los estallidos sociales de diciembre de 2001. Se trata de afianzar la ética de la responsabilidad en todos los órdenes de la actividad pública y la única manera de otorgar a las políticas públicas un contenido de justicia real y concreta.”

Pasaron veintiún años entre un Prólogo y otro, las diferencias son notables; en el de 2006 existe una clara referencia a los sucesos sociales y políticos ocurridos en esos años: las leyes de impunidad, los indultos, la política neoliberal de los ’90 (que daba continuidad al proyecto de la dictadura en términos económicos), la crisis del 2001… No sin valorar el aporte y la vigencia de este informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas tan cercano al fin de la última dictadura, el prólogo del 2006 remarca las políticas públicas y sociales en los términos de una “ética de la responsabilidad” y los “derechos humanos”. Remarcando también que en el año 2004 la ESMA se transformó en un espacio de memoria, espacio que reemplaza una “pedagogía del terror” por una “pedagogía orientada a la búsqueda de verdad y justicia” a través de la memoria colectiva.

Por último, quiero destacar el sentido que le otorgaba el Poder Ejecutivo en aquel momento: “El NUNCA MÁS del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crímenes del terrorismo de Estado -la desaparición forzada, la apropiación de niños, los asesinatos y la tortura- como a las injusticias sociales que son una afrenta a la dignidad humana. El NUNCA MÁS es un vasto programa a realizar por el Estado nacional, por las provincias y municipios y por la sociedad argentina en su conjunto, si queremos construir una Nación realmente integrada y un país más justo y más humano para todos.”

El informe de CONADEP significa para nuestra historia un “documento de la barbarie” en los términos que lo definía Walter Benjamin; una muestra de la injusticia y de los crímenes de lesa humanidad; al paso de los años, la distancia empírica con lo acontecido conspira contra el recuerdo,  con la premisa de recordar, rememorar para que sea un recorrido por los logros y las luchas durante los momentos posteriores al ’83; la verdad que aparece en sus múltiples facetas, en los testigos y los protagonistas, en las éticas que se ponen en juego en cada suceso, en cada organismo, significado que se la ha dado a ese período del horror. 

Max Weber fue quien realizó la distinción entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad en su conocida conferencia La política como profesión[1] Para Weber una ética de la convicción (Gesinnungsethik) está animada por la obligación moral y la intransigencia absoluta al resguardo de los principios; la ética de la responsabilidad (Verantwortungsethik) valora las consecuencias de sus actos y confronta los medios con los fines, las consecuencias y las diversas opciones o posibilidades ante una determinada situación.

Es una expresión de racionalidad instrumental, en el sentido que no sólo valora los fines sino los instrumentos para alcanzar determinados fines. Esta racionalidad instrumental, es la que conduce al éxito político luego de una profunda reflexión, no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Sería un error de la acción política plantearse exclusivamente una “racionalidad de los valores” para prescindir de lo fundamental: la racionalidad en las herramientas que han de conducir a la realización de estos valores. Hay, pues, en la política una ética implícita que no conocen los partidarios de la pureza, de la ingenuidad religiosa o del doctrinarismo dogmático de cualquier signo.

Un hipotético tercer Prólogo al Nunca Más debiera contemplar estas éticas y las políticas que se sostienen en ellas, en un tiempo donde todo lo actuado se quiere borrar y. más grave aún, se pretende reemplazar por un Mercado totalitario frente a un Estado mínimo que sólo pretende conservar privilegios para quienes se sitúan como cómplices desde lo judicial y legislativo. Un claro ejemplo es ver a quienes eran los defensores de la República y que hoy aceptan órdenes de otro poder sin ruborizarse siquiera. Escribir un texto como la continuidad de un debate amparado en los vaivenes de estos 50 años, teniendo en cuenta la necesidad de transmitir lo acontecido no solamente durante los años ’76 al ’83 sino también todo este tiempo que ha transcurrido desde aquel 24 de marzo.

Una transmisión[2], como afirma George Steiner (2003): “¿Qué significa transmitir (tradentere)? ¿De quién a quién es legítima esta transmisión? Las relaciones entre traditio, ‘lo que se ha entregado’y lo que los griegos denominan paradidomena ‘lo que se está entregando ahora’, no son nunca transparentes. Tal vez no sea accidental que la semántica de ‘traición’ y ‘traducción’ no esté enteramente ausente de la de ‘tradición’. A su vez estas vibraciones de sentido y de intención actúan poderosamente en el concepto, siempre desafiante él mismo, de ‘translación’ (translatio).”

Transmitir un legado, en lo heredado y en lo que se entrega pone en juego la fidelidad y la traición a lo que se recibe. Actualmente es oportuno reflexionar sobre estas cuestiones: cuándo la traición es moral y cuándo es consecuencia de una actualización de lo dado, lo recibido y lo que se entrega; reflexionar por otra parte sobre el vínculo entre “ética” y “deontología”. En principio, la ética intenta resolver el problema del acto moral; mientras que la deontología, que se traduce como ética profesional, es un conjunto de normas (la ética no puede reducirse a una normativa). La ética exige examinar críticamente nuestras acciones; estas acciones tienen consecuencias, repercusiones, alcances. Por tratarse de sujetos sociales, somos “alguien” en la medida que tramitamos y transitamos la existencia con “otros”.  

La tarea de la transmisión de un pasado, de un legado, de un patrimonio cultural y simbólico, en definitiva, es una actividad ética que se traduce en una fuerte decisión política, reemplazando una pedagogía del terror y de la crueldad por una pedagogía de la convivencia, de la igualdad ante la ley, del amor a la humanidad que habita en cada uno de nosotros y nosotras.

Referencias:

[1] Las diferentes traducciones del título varían entre profesión y vocación, esto se debe a la traducción del término “Beruf” que en alemán significa tanto una como otra.

[2] Esto se vincula también con la formación de “cuadros políticos”.

*Dra. Ciencias Sociales. Coordinadora Académica Maestría en Género y Derechos UNGS/UADER.

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La entrada ¿Escribir otro prólogo al Nunca Más? – Por Angelina Uzín Olleros se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Cynthia Ottaviano*

(para La Tecl@ Eñe)

El uso de la energía nuclear encierra en sí misma una dicotomía. Puede salvar vidas o destruirlas.

Algo similar parece ocurrir con la mayor innovación tecnológica, bélica y comunicacional del siglo XXI, la Inteligencia Artificial.

Puede aumentar la producción o destruir el empleo. Puede mejorar la calidad de vida o desestabilizar democracias. Puede microsegmentar el conocimiento de cada ser humano y ocultar el de las grandes corporaciones. Puede ser usada para múltiples formas de entretenimientos o para inteligencia, vigilancia y bombardeos.

Lo único seguro es que necesita de los recursos naturales que no todos los países tienen. Agua, litio, cobre, petróleo y tierras raras se concentran en Sudamérica como en ningún otro territorio mundial.

El mismo territorio que hace 50 años fue considerado por los Estados Unidos suficiente amenaza como para estructurar el Plan Cóndor, la mayor campaña de terrorismo de Estado desplegado por dictaduras locales, con la participación activa de los medios de comunicación, las empresas, los poderes clericales y judiciales.

A medio siglo de esa represión sistemática trasnacional, los Estados Unidos acaban de presentar su Plan de Acción de Inteligencia Artificial, luego de que los altos ejecutivos de compañías tecnológicas como Meta, OpenAI y Palantir fueran incorporados a la Reserva del Ejército con el grado de Teniente coronel, bajo la Doctrina Donroe, por la que los Estados Unidos volvieron sobre nuestra América al considerarla gran abastecedora de las materias primas básicas para el capitalismo de plataformas, vigilancia y financiarización.

En este escenario de reconfiguración mundial, resulta clave reflexionar sobre los problemas que no hemos podido solucionar en el campo comunicacional y los desafíos que parecen dejar impávidos a legisladores, funcionarias y funcionarios, tomadores de decisiones, referentes, defensores de derechos humanos y activistas (que parecieran no conocer aún sus implicancias.).

Al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, se observan por lo menos dos grandes encrucijadas. Por un lado, el capitalismo de plataformas y vigilancias mencionado, que con una opacidad inédita en el uso de algoritmos, bots, trolls e inteligencia artificial atentan contra las democracias con el uso de discursos de odio, Fake News e Infodemia, sin ningún plan de alfabetización ni corregulación eficiente que procure su verdadera erradicación.

Y por otro, las deudas pendientes del siglo pasado, como la censura empresaria, la concentración mediática, la mercantilización de la comunicación, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, la estigmatización y discriminaciones múltiples, con pérdidas incluso de conquistas clave en la actualidad como el Estatuto del Periodista Profesional, los medios públicos y las instituciones de promoción del audiovisual y de protección y promoción de los derechos de las audiencias, con la Defensoría del Público.

Todo ello, sólo posible con persecución a quienes ejercen el derecho humano a la comunicación, represión a las movilizaciones y reclamos, prohibición hasta de asambleas en los puestos de trabajo y modificación a la ley de inteligencia para dar carta blanca al considerar que toda investigación es encubierta, por ende, sin acceso al control ciudadano de ningún tipo.

Siembra exclusiones y cosecharás violencias ha sido la enseñanza básica de la humanidad, pero que aún parece no haber sido asimilada en la Argentina. Hace 50 años, en nombre de la libertad de expresión, se estructuró un genocidio. Y quienes debían custodiar la libertad de expresión, lo ocultaron.

Aún hoy, medio siglo después, en algunos casos ni han pedido perdón ni han reparado los daños hechos. Y lo que es peor, siguen llenando sus bolsillos con negocios nacidos durante la dictadura, bajo la opresión de su propio pueblo, editando manuales escolares, diarios, revistas, de papel , digitales, ampliando negocios en el ámbito de las telecomunicaciones, el campo y hasta las librerías.

Cómo esperar que en nombre de la libertad de expresión no se sigan multiplicando los discursos de odio para destruir las democracias (y a sus dirigentes.).

No ha existido violación a los derechos humanos en el mundo que antes no haya sido una violación previa al derecho humano a la comunicación. No hay violencia física, sin antes violencia mediática y simbólica. Las balas de hoy son las palabras hirientes de ayer.

De allí la urgencia de que los pueblos profundicen el camino iniciado con la libertad de prensa primero, muy confundida con la libertad de empresa, la libertad de expresión después y hoy el derecho humano a la comunicación, un derecho humano sistémico de las democracias en cuya centralidad están las personas, ya no periodistas, empresarios ni reyes.

Un derecho que profundiza la libertad de expresión, que la amplía al comprender no sólo el dar y recibir información, buscarla y difundirla, a título individual y colectivo, sino, también, de reclamar y construir colectivamente la comunicación, al reconocer los derechos de las audiencias, los nuevos sujetos de derecho de la comunicación, creando una institucionalidad específica para que esos derechos sean efectivos y si se vulneran poder reclamar y repararlos, sin capacidad punitiva, sino dialógica y pedagógica.

Resulta oportuno recordar que, en la Argentina, la consagración de este derecho humano a la comunicación no se concretó a través de una nueva Constitución, como en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Tampoco se reformó la Constitución como en México o Colombia, sino que se legisló.

Se construyó de manera participativa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, a su vez, creó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y otros Consejos específicos, toda una institucionalidad propia, autónoma y capaz de comenzar con la tarea postergada por las dictaduras, hoy destruida por la autoproclamada Ley de Modernización Laboral.

Es que no hemos hecho los deberes en el siglo pasado ni en este.

Hace más de 50 años, un grupo de intelectuales y activistas de todo el mundo, convocados por la Unesco y liderados por el irlandés Sean MacBride, luego de recorrer la gran mayoría de los países y de escuchar los reclamos de los pueblos, reconocía las discriminaciones en materia de comunicación, la circulación de la información en dirección Norte-Sur, la mercantilización, la concentración y la homogenización de los contenidos.

Para modificar esta realidad, proponía revisar los textos de los instrumentos internacionales a fin de promover una legislación internacional en el área, base de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

A pesar de la emergencia que señalaron, esas directrices fueron sepultadas por los intereses políticos, económicos e ideológicos de quienes propagan privilegios en lugar de derechos humanos, encabezados por los Estados Unidos.

Durante ese tiempo, en nuestra América se desoyeron estas aspiraciones a fuerza de tortura, persecución, fusilamientos y desapariciones.

Medio siglo después, la falta de memoria, verdad y justicia sigue hasta nuestros días. Genocidas sin condenas, cientos de nietos y nietas que no saben quiénes son, mientras un sector de la sociedad y sus familias los buscan sin ninguna contribución de los medios de comunicación concentrados, porque son los mismos que formaron parte del genocidio.

De esa manera, las praxis dictatoriales y el verdadero poder continuó enmascarado en la democracia. De hecho, a mediados de la década del ’80, en la Argentina, luego de la dictadura cívico militar, empresaria, clerical, jurídica y mediática, se llegó a conclusiones muy parecidas a las del Informe MacBride.

Quienes integraron el Consejo para la Consolidación Democrática (COCODE), creado por decreto por el Presidente Raúl Alfonsín, sentenciaron que la “democratización del sistema de medios de comunicación es una precondición para la consolidación de sistema democrático”, es decir que sin un sistema de medios plural, diverso y robusto no hay democracia.

A pesar de la certeza, el lobby del empresariado comunicacional surgido y fortalecido durante el genocidio, fue más fuerte que la razón y la necesidad democrática.

Tal vez allí anide una de las encrucijadas contemporáneas: los problemas irresueltos de ayer se complejizan hoy. Y no dejará de ocurrir por generación espontánea.

Seguirá ocurriendo de no modificar con urgencia la deriva autoritaria.

Medio siglo después, pueden reconocerse deudas profundas con la democracia y el pueblo que la reclama.

Quien promovió desde el Poder Ejecutivo la ley de democratización de la comunicación, tomada de las bases que la demandó durante décadas, se encuentra en injusta prisión, con proscripción política de por vida y sin siquiera poder ejercer el derecho a la comunicación básico.

Todo ello, luego de que intentaran asesinarla, siendo vicepresidenta del país, de acuerdo con el Tribunal que condenó a los responsables, en un clima de violencia política alto, teniendo como causal necesaria los discursos de odio diseminados por redes sociales y medios de comunicacional.

A la vez, los genocidas obtienen permiso hasta para hacer deportes y visitar familiares, siempre con la mano extendida a un indulto inconstitucional capaz de ser otorgado por quien resulta el mayor propalador de los discursos de odio, que no reconoce los derechos humanos más que como un “curro” y que accedió por el voto popular a la presidencia de la Nación hace dos años.

Sin derecho humano a la comunicación, no hay democracia. Una convención mundial, como la de mujeres, niñez y adolescencia, o personas con discapacidad, podría ser una arquitectura común para promover un nuevo orden mundial de información y la comunicación, base para la vida en comunidad.

Corregular el uso de inteligencia artificial, los bots, los trolls, las Fake News y la Infodemia resulta ineludible, tanto como garantizar el derecho a la vida junto con el derecho humano a la comunicación, los derechos digitales y los neuroderechos de manera integral.

Poco importa por dónde viaja la comunicación, si lo hace por el espectro radioeléctrico, la gráfica, el ecosistema digital y de inteligencia artificial o el analógico. Siempre será un derecho humano.

A su vez, si la comunicación es un derecho humano, toda comunicación es pública. Luego podrá ser de gestión privada, con o sin fines de lucro, de gestión social, estatal, universitaria, escolar o indígena. Por eso el Estado debe ser garante, y tiene la obligación de generar las condiciones de universalidad, equidad y justicia social.

A problemas comunes, soluciones comunes. Además de una convención, se necesita más y mejor periodismo, más y mejor comunicación, más conciencia, más derechos humanos, de manera de concretar las tres rutas de la cartografía que urge trazar: desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar a partir del compromiso, la solidaridad, la ética y la política del encuentro.

A 50 años del comienzo de la dictadura genocida, el Nunca Más al terrorismo de Estado debe ser también un Nunca Más al silencio, a los discursos de odio, a la concentración comunicacional y a las vulneraciones al derecho humano a la comunicación.

En la Argentina y en el mundo.

*Doctora en Comunicación, escritora, profesora UNLP/UNDAV, Presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID).

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La entrada Del Plan Cóndor al Plan de Acción de la IA. 50 años de Historia, la misma matriz destructiva, bélico comunicacional – Por Cynthia Ottaviano se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

El panorama político, en los años anteriores a 1976, exhibía, a trazo grueso, una «alternancia cívico-militar” en el poder del Estado que no expresaba sino la afinidad ideológica de la dirigencia política de entonces, con unas cúpulas militares que ya actuaban como posible opción de gobierno para «poner orden” en un país agitado por una actividad social cuyos protagonistas centrales eran, crecientemente, la organización obrera y una  actividad sindical  que tendía a rebasar a unas conducciones gremiales tradicionales, nada combativas y proclives a ponerse de acuerdo con las patronales para traicionar cuanto programa reivindicativo pudieran elaborar los cuerpos de delegados y comisiones internas de las fábricas.

El movimiento obrero no apelaba, entonces, sino a lo que, clásicamente, había sido su herramental de batalla: la movilización y la huelga. En tal contexto, y por un andarivel separado y nunca fusionado con el grueso del movimiento social, las organizaciones guerrilleras hacían sus propuestas metodológicas. Perón las alentaba desde el exilio. En febrero de 1970, el general les escribía a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP): «… el momento es para la lucha, no para la dialéctica política, porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia sino ante otra violencia mayor. El Pueblo está en su derecho de luchar por su destino hoy comprometido por la irresponsabilidad de estos traidores entregados al imperialismo yanqui. Los pueblos que no son capaces, o que no quieren luchar por su liberación, merecen la esclavitud. Pero mientras haya hombres que, como ustedes, están resueltos a esa lucha, la Nación no tiene nada que temer y el Pueblo puede enorgullecerse de contarlos en sus filas …” (Roberto Baschetti, «Documentos de la resistencia peronista», Puntosur editores, Bs. As., 1988, p. 387).

La espectacularidad adicional que asume la política cuando a su alrededor zumban las balas o detonan las bombas constituyó luego, cuando la Historia pidió la palabra, un escenario muy apto para sesgar narrativas y, consecuentemente, para elaborar una versión de lo ocurrido.

Ya de vuelta a las prácticas parlamentarias (1983), la consigna «Nunca Más” fue vendida por los «mass media” de aquel entonces como una suerte de consenso democrático alrededor de lo que querían y no querían los argentinos, a partir de ese momento, en materia de sistemas institucionales. Se incurría, de ese modo, en una asimilación forzada con la primavera posfranquista que, en España, había alumbrado unos pactos de convivencia entre partidos políticos, conocidos luego como «acuerdos de La Moncloa”.

El consenso tácito, empero, en la Argentina, no fue uno sobre democracia, Parlamento, derechos y garantías, sino otro que versaba sobre lo que se dejaba atrás. Y toda la sociedad estuvo de acuerdo en que lo que se dejaba atrás era un período de muchos años signado por la violencia política, cuyo epítome y manifestación más evidente había sido la actividad de unas organizaciones armadas que se legitimaban a sí mismas acuñando un eslogan: «la violencia de arriba, engendra la violencia de abajo”. El “Nunca Más” significó, así, ni dictadura militar, ni guerrilla.

Un debate se abrió paso, a partir de 1983, en el seno de los organismos de derechos humanos y de los partidos de izquierda y alas progresistas del radicalismo y del peronismo. Y el hecho de que ese debate nunca se saldara de modo convincente sería, luego, lo que abriría en la corteza externa de aquel presunto «consenso democrático”, las fisuras que, con el tiempo, pondrían en pie otra versión de la historia: la “memoria completa”, que es menos una sincera aspiración de verdad que un sofisma.

Aquel debate nunca saldado versaba sobre el enemigo de las dictaduras militares y se resumía en una dicotomía problemática: o los militares habían venido a combatir a la guerrilla; o habían venido a destruir la organización obrera. Y el hecho de que aquel debate nunca se saldara  consagró la idea más simplona, a saber, que la dictadura militar de Videla-Agosti-Massera había venido a poner un límite drástico a la «violencia guerrillera”, lo cual era una falsedad, interesada unas veces, de buena fe otras. Pues las dictaduras militares de este país (en particular las de Onganía y Videla) no venían –se supo luego- a combatir a la guerrilla sino a destruir la organización obrera cuyo hábitat natural no era ningún escenario rural ni urbano, al modo de los que dan cobijo a partisanos irregulares, sino unos establecimientos productivos en los cuales la asamblea en puerta de fábrica, los cuerpos de delegados y las comisiones internas negociaban, en un «inadmisible” equilibrio de fuerzas, con los gerentes patronales, acerca de salarios, ritmos de producción y condiciones de trabajo. Pero esta paridad de fuerzas al interior de las empresas devenía obstáculo insuperable para un modelo de país que el ministro José Alfredo Martínez de Hoz había ya diseñado precursoramente: en  los reportajes periodísticos que concedía, repetía como un mantra que él había venido a poner límites o a eliminar la intervención «distorsiva” del Estado en la actividad económica y a «liberar las fuerzas del mercado”, y estas ideas, así, eran y son las que siempre proclaman las derechas de este país. Milei es la continuación de Martínez de Hoz por otros medios.

Asimismo, a este acontecer argentino no le era irrelevante la geopolítica continental. Hay unas líneas de fuerza comunes en el proceso histórico que vinculan el 28 de junio de 1966 (golpe de Onganía contra Illia) con el 24 de marzo de 1976 (golpe de Videla contra Isabel Perón).

En efecto, una de las respuestas estratégicas que implementaron los Estados Unidos frente a la recién declarada revolución cubana, fue la realización de las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA), cónclaves castrenses donde se planificaba y coordinaba la represión contrainsurgente en un continente latinoamericano que, en realidad, no se hallaba inmerso en ninguna actividad armada generalizada que buscara la implantación del «comunismo” sino, más bien, entregado a la esperanza de que a las dictaduras que habían asolado el continente (auspiciadas y financiadas por Washington) las sucedieran sistemas de gobierno democráticos y pluralistas «elegidos por el pueblo”. La primera de aquellas reuniones castrenses fue celebrada en 1960 en Fuerte Amador, zona de soberanía norteamericana en el Canal de Panamá.

La contrainsurgencia como objetivo estratégico fundamental de los militares latinoamericanos dirigidos por los estadounidenses, queda de manifiesto ni bien se atiende al contenido de las sucesivas CEA que se realizaron a partir de 1960. Así, en el marco de la V° Conferencia realizada en los EE.UU. en 1964, el representante argentino, general Juan Carlos Onganía, intervino desarrollando lo que después el periodismo llamaría –con obsecuente complacencia- «doctrina West Point”, en virtud de la cual se declaraban legítimos los golpes de Estado cuando los gobiernos «violen las leyes o no den solución a los problemas nacionales”. Dos años después de esta declaración era derrocado Arturo Illia por el propio Onganía, quien iniciaba en nuestro país el primer ensayo general de la «doctrina de la seguridad nacional” que otro general, Roberto Viola, resumiría después así: “ … el concepto de legalidad pierde significación frente a la agresión marxista”. Estos dichos datan de 1979 con motivo de una visita a Bogotá del militar argentino.

La lúgubre vuelta de tuerca final a esta última «doctrina” la dio el representante argentino ante la XI° CEA, celebrada en octubre de 1973 en Montevideo, Jorge Rafael Videla, quien manifestó, en esa oportunidad: “Si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país”. Faltaban cinco meses para el 24 de marzo de 1976.

El continuum histórico se revela, así, más amplio: Onganía-Videla-Milei. Los une su carácter de instrumentos de «la libertad” al servicio del mercado. Los unen unas políticas económicas. Milei no es sinónimo de tortura en los «chupaderos», como los otros, pero sí de quita de derechos laborales después de destruir la organización.

El enemigo de ayer de estas políticas económicas era la organización obrera. Si lo que dejaba atrás el “Nunca Más” era la violencia como insumo de la política, esa violencia, con el tiempo, iba a  ser atribuible a todos. Es lo que hizo la “memoria completa”. Si en cambio, hubiera quedado claro para todos que la causa de las dictaduras no era la guerrilla sino la necesidad del capital de relanzar un nuevo proceso de acumulación que los derechos laborales obstaculizaban, lo «demoníaco” hecho política no habría encontrado auditorio. No había habido «demonios”. Ni uno ni dos. Había habido unas fuerzas armadas locales instrumentadas para matar o desaparecer a los delegados y representantes de una clase trabajadora que se oponía tanto a la pérdida de sus derechos como a la menguada soberanía nacional que le deparaban al país las alianzas geopolíticas de las dictaduras. Pero el caso es que nadie tuvo capacidad o voluntad, en aquel pasado, para saldar a fondo esa discusión. Hay que hacerse cargo.

Consecuentemente, la discusión, hoy, no debe versar sobre «Formosa” o sobre tal o cual coronel o militar, del grado que haya sido, víctima de asesinato. Y ello por la única y fuerte razón de que ese más de 60 % de los 30.000 desaparecidos eran obreros industriales y trabajadores que no empuñaban otras armas más que su disciplina y su asamblea en puerta de fábrica para defender sus derechos como seres humanos y como ciudadanos argentinos.

El de «memoria completa”, en suma, es un argumento simple y rudimentario que sólo prospera si la lectura de nuestro pasado también lo es. Y nuestra mayor fortaleza es que, a diferencia de ellos, podemos captar esas complejidades de la realidad, incluso las de un pasado que es un desafío no apto para criptocerebros y negacionistas insanablemente incapaces de reflexionar más allá de la paridad cambiaria.

Jueves, 26 de marzo de 2026

*Abogado, periodista y escritor.

Jchaneton022@gmail.com

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