Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

No es la primera vez que las agencias especializadas de los Estados Unidos intensifican su actividad de contrainsurgencia preventiva en la región centro y sudamericana. Por su envergadura, recordamos el Brasil de los iniciales años 2000.

Villa Lugano, ahora, como continuum de Rosario y su banda de Los Monos, exhibe un formato similar a aquella cruzada brasileña.

Allá, la parada represiva alcanzó su punto de ebullición en las periferias pobres de San Pablo y Rio de Janeiro. Millones de personas llevan allí más de medio siglo de barro, aguas servidas y tiempo libre, es decir, no existen para la economía formal y para los gobiernos formales. Se acercaba el fin del milenio y surgió allí, en medio de esa fuerza social potencialmente antisistémica, una sigla cuya presencia, de ahí en más, completaba la coreografía indispensable para que el entrenamiento antisubversivo, en vivo, no dejara nada librado al azar y tuviera la eficacia que se requiere ante esta «nueva amenaza». A semejanza de las formaciones clandestinas que se describen en el «Mini-manual del guerrillero urbano» de Carlos Marighella, apareció de la nada, en los suburbios paulistas, el Primer Comando de la Capital (PCC), a fines de los ’90.

El territorio urbano de Brasil en aquellos años 60/70 conoció organizaciones guerrilleras insertadas en las favelas que, desde esa cobertura de seguridad que les proporcionaba el apoyo de la población pobre, incidieron en la política nacional con nombres como VPR/MR-8 de Carlos Lamarca o ALN del citado Marighella.

Los enfrentamientos de esas organizaciones con las fuerzas represivas se desenvolvieron en un formato idéntico, en lo sustancial, al que exhiben hoy las guerras urbanas entre la represión policíaco-militar y el narcotráfico. El «Primer Comando de la Capital», en el Brasil actual, fue diseñado a semejanza formal de aquellas conducciones político-militares de Lamarca y Marighella  y luego plantado por la contrainsurgencia estadounidense en la región como una manera de estirar músculo preventivamente ante la siempre latente posibilidad de turgencia de escenarios de rebelión social incontrolable.

Lo que está ocurriendo en Villa Lugano es una puesta en escena similar a la paulista y mejorada en algunos aspectos. Aquí, «el narcotráfico» no tiene sigla pero los narcotraficantes se guarecen en las casas como si fueran guerrilleros perseguidos por la policía, con la imaginativa innovación de que aquí es la población pacífica y de a pie, la gente de trabajo y los buenos vecinos los que le señalan a la policía dónde se esconden los narcos y claman por su eliminación. Si el futuro deparara escenarios de protesta social en los conurbanos argentinos, la única diferencia con lo que ocurre en Villa Lugano hoy es que los insurgentes no serían un símil trágico, como los narcos, sino pueblo pobre insurreccionado contra el odio de Dios y contra el capitalismo, que es su epifenómeno. Lo que no se puede adivinar es si los vecinos denunciarían a los partisanos de la era global o los invitarían a cenar. El tiempo dirá. Si es que ese tiempo llega, lo cual es dudoso.

El santo y seña para que irrumpa la criminalidad narco en un barrio pobre y para que estos devotos de la Auxiliadora del sicariato procedan a amedrentar a quienes sólo desean la paz, es parte de la geopolítica de la droga en América Latina. La militarización del barrio vecino a Liniers y a la General Paz, con los policías entrando a las casas, anticipan un fenómeno de plausibilidad razonable en un eventual escenario de insurgencia social. Asimismo, la saturación policial de un territorio previamente delimitado -como ocurrió en Lugano- son hechos reminiscentes de los métodos con que se combatió y se eliminó a la mentada insurgencia urbana brasileña e, incluso, al propio Marighella, que cayó en una cita envenenada. En Lugano se agrega al color local el enfrentamiento entre bandas, un guión que no se escribe ni se escribirá al azar sino en dependencia directa de las demandas del funcionalismo sistémico penal que inspira la actividad de contrainsurgencia preventiva que las fuerzas de seguridad (y, en algunos casos, los ejércitos) despliegan en América Latina con una independencia relativa de los decisores políticos, es decir, de los gobiernos. El narco es una función de las guerras de 5° generación adaptadas a América Latina.

El narcotráfico no tiene una dinámica propia de impulso endógeno. Esto implicaría aceptar que unos pobres sin vínculo alguno con el mercado y con la política compran los insumos y fabrican el producto y que otros pobres de solemnidad residentes en otro país adquieren el producto para comercializarlo en villas y lugares de pobreza generalizada, todo ello sin que nadie pueda hacer nada para meterlos presos. Pero el fenómeno es de otra índole. El narco tiene una procedencia y una emergencia y es una función de la dominación (y del control que le es inherente) que el poder hegemónico en la región reproduce, desde hace medio siglo, porque los territorios al sur del Río Bravo sin el estrago de la droga implicarían el peligro supremo de la autonomía y, con ella, de la pérdida, para la potencia en declive, de una región del mundo que, históricamente, sustentó buena parte de su desarrollo y crecimiento como potencia mundial y que hoy le sigue resultando imprescindible.

Se trata de impedir que el enemigo se forme, pues no hay solución a mano para evitar que el funcionamiento sistémico no produzca lo que está llamado a producir: más y más miseria y marginalidad. Entonces, esa geopolítica pergeñada por los planificadores del «Hemisferio Occidental» tiene que salir a administrar la contención del fenómeno que desataron con la implosión de la URSS y que no está en la naturaleza de las cosas solucionar: «No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. Es eso. Es otra lengua…».

Marcola es el que dice eso. Lo dice en una entrevista para la cadena O’Globo. Marcola es Marcos Camacho y Marcola es su «nombre de guerra», remedo grotesco de un pasado por cierto diferente y que las batutas maestras del diversionismo ideológico procuran imitar en lo formal. Marcola se escapó muchas veces de sus prisiones. Cuando alguien es enemigo en serio de la paz y de la democracia occidentales, Estados Unidos lo manda a lugares de los que no se puede escapar: Guantánamo o Abu Grahib. Ahora, Marcola está preso de nuevo … en San Pablo. Tal vez vuelva a escapar. Si es que antes no se jubila. Su vida y su elemento fueron la violencia, el crimen.

El capo del PCC brasileño agrega en esa entrevista: «Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en «super stars» del crimen.  Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos «globales». Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros «clientes». Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos …».

No está mal lo que dice este muchacho. Casi para avivar giles.

La primera pregunta que inspira esta tirada es, ¿se trata de un criminal autónomo o de uno funcional a la represión contra las luchas sociales? La segunda pregunta es casi una respuesta a la primera: ¿cómo se entra a un territorio controlado por estos subagentes de la policía con el sano propósito de hacer política de izquierda, política anticapitalista?

Hay que dejar de mirar el fenómeno del narcotráfico en nuestra región como una cuestión local de cada país y de naturaleza policial, como «delito federal» y en un pie de igualdad, en cuanto a su tratamiento, con la delincuencia común.

Comienza a incrementarse la violencia en el mundo. Las políticas de rango estratégico para la Casa Blanca se desarrollan en específicas regiones del mundo que no son, precisamente, Latinoamérica. Nuestro continente al sur del Río Bravo reviste, en esa agenda estratégica, una importancia secundaria. Sólo Venezuela y Cuba entran en el cuadrante de cuestiones a tratar en un capítulo especial de la política exterior.

En cuanto a la primera, el cambio de régimen sigue siendo punto de arribo para el Departamento de Estado y en ese sentido va la decisión de Biden no sólo de mantener las sanciones contra Venezuela sino de incrementarlas para maximizar el daño todo lo posible.

En lo referido a Cuba, puede decirse, sintéticamente, que en la visión del colectivo que asesora a Biden, la desestabilización de ese sistema socialista y la injerencia en sus asuntos internos se hacen más asequibles con relaciones diplomáticas que sin ellas. Biden retomará la agenda que impulsó EE.UU. cuando el presidente era Obama y él su vicepresidente.

El resto del capítulo latinoamericano se agota en el tema migraciones masivas como nueva amenaza. Y el narcotráfico -según decimos- como factor legitimante de intervenciones sesgadas en las cuestiones de seguridad de nuestros países.

Luchar contra el narco, entonces, es luchar por construir la masa crítica suficiente como para encarar el problema de modo estructural, yendo a sus causas y rechazando enérgicamente el programa de las derechas -tributario ideológico de la DEA- que propone reprimir las barriadas pobres militarizándolas previamente, en una busca aparente de eficacia técnica en pos de la seguridad vecinal, cuando lo que se está haciendo, en realidad, es aplicar un programa de contrainsurgencia preventiva funcional a una eventual represión de movilizaciones obreras y populares y que jamás podrían -esos delincuentes- actuar en el territorio si desde los Estados se los combatiera con la concepción ideológica adecuada y con el rigor y la eficacia con que se trata a los terroristas en otras partes del mundo. El narco y cómo erradicarlo no es una cuestión técnica, es una cuestión ideológica y política.

En el área «Hemisferio Occidental» del Departamento de Estado, las cosas se ven como las ve Marcola: «¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de «solución» ya es un error.

¿Ya vio el tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo? ¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una «tiranía esclarecida» que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del Legislativo cómplice. Y del Judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país, tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales. Nosotros hacemos hasta conference calls entre presidiarios… Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea: es imposible. No hay solución».

Un hombre culto, Marcola. Habla como un cuadro que sabe muy bien qué es lo que pasa.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2021.

*Abogado, periodista y escritor.

jchaneton022@gmail.com

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Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

“Cristina narcotraficante” es lo único que faltaba para que la derecha argentina descendiera un peldaño más en la escalera que conduce al sótano de las inmundicias con las cuales se ha pretendido y se pretende, en toda nuestra región, empujar a la proscripción a dirigentes así ninguneados de “populistas” y que son, en realidad, competidores electorales a los que no se puede derrotar en las urnas y a los que se procura excluir de tal competencia mediante el uso recurrente de la calumnia. Como razón adicional legitimante de tal felonía, la derecha argentina no pierde de vista el guion conceptual elaborado en las usinas ideológicas transnacionales en el marco de la estrategia de contrainsurgencia preventiva, guion que la Rand Corporation y afines globales han formulado en sus documentos desestabilizadores, con la locución “impedir que el enemigo se forme”. Y en la Argentina, tal “enemigo” -que no es otro que el pueblo empujado a los márgenes como epifenómeno de los “ciclos largos” del capitalismo periférico- siempre puede, en tal alucinada visión de las cosas, estar formándose alrededor de Cristina, o de Lula, o de Arce, o de Pedro Castillo…

Ahora, esa derecha ha apelado a uno de sus sumos sacerdotes para construir una narrativa plena de sugerencias insidiosas, forzadas estulticias y aviesas insinuaciones, todo más cerca, así, del «cuarto poder» que de la profesión de informar.

El periodista Carlos Pagni -que de él se trata- en una columna reciente (https://www.lanacion.com.ar/politica/el-malabarista-de-la-ilegalidad-nid04012023/?utm_source=Email&utm_medium=email&utm_campaign=REG_Pagni), ha apelado al desafortunado recurso de renovar la eficacia de esa gastada calumnia que identifica a líderes insumisos y obstinados en el soberanismo con el tráfico de drogas, que  todo ello, al fin y al cabo, es lo que se escucha como letanía cuando se viaja a Washington.

Y así, no es ya -como antes- la «triple frontera» sino la provincia de Santiago del Estero, la que ha devenido terreno de operaciones de tráfico de drogas organizado y dirigido -así lo dice Pagni- por Cristina Fernández de Kirchner, a dúo y a capela con Gerardo Zamora, el gobernador, más algunos actores de reparto en el desarrollo de una tragedia a la que sólo le faltaría el coro griego para que el dislate fuera completo. Es una lástima, porque cuando el profeta de La Nación decide no atender ningún pedido y regirse por sus propios criterios, sus  trompetas anunciadoras del doomsday suenan más verosímiles.

El Isaías posmoderno se hace eco, en esta nueva etapa dedicada a reverdecer infundios, de los dichos de un tal señor Farah, a quien presenta como experto en detectar redes criminales y de corrupción en todo el mundo menos en el Estado de Delaware o en la Ucrania de Zelensky. Y lo que promueve el delito federal en aquella «provincia kirchnerista» es -según el tal Farah- el hecho de que en Santiago del Estero el poder judicial está sometido al Ejecutivo. Este sometimiento -ha descubierto el señor Farah, que todavía tiene en agenda un viaje para conocer la Argentina- ocurre en Santiago, no en Jujuy, donde Gerardo Morales es un paladín del iluminismo republicano y la división de poderes.

También agita Pagni el esperpento del «Primer Comando de la Capital», aquella célebre construcción de la DEA diseñada, por esta agencia, en formato guerrilla urbana (PCC) en el marco de su política latinoamericana de contrainsurgencia preventiva. Esta caricatura de organización armada urbana, ahora estaría dirigida, -se infiere del relato de Pagni- a través de una línea telefónica directa entre «Marcola» -el fundador- desde el penal de San Pablo donde pasa sus días, y el Instituto Patria en el barrio de Congreso.

Pero el uso del sofisma en ausencia de razones argumentadas por parte del periodista, aflora cuando deja descansar unos minutos al demoníaco kirchnerismo para centrar sus afanes en la colusión obscena entre la Corte Suprema de Rosatti y el gobierno de Larreta en CABA. Se escandaliza el periodista agitando un prejuicio del derecho público occidental que él ni sospecha que pueda ser un prejuicio, sino que le acuerda el estatus de hierático sacramento en el catecismo laico de la iglesia universal del derecho constitucional. Se trata de la inaceptabilidad de las conversaciones privadas para servir como prueba en un expediente penal. Esto, en la pluma del licenciado Pagni, es un logro de la civilización occidental equiparable al culto de hiperdulía de una Virgen devenida Teotokhós (la que da la vida sin pecar) según lo tiene dicho la teología cristiana católica desde el concilio de Trento en el siglo XVI.

Dice Pagni que «… la Constitución no resguarda la privacidad de las comunicaciones, a pesar de que, sino porque en esos intercambios puede haber mensajes impresentables. (Los destacados en itálica son míos). Si todos los chats fueran angelicales, no habría necesidad de protección», agrega el periodista.

Pero esto es, como todo sofisma, un razonamiento capcioso, porque oculta algo. En esos mensajes puede haber delitos, no «mensajes impresentables». Y lo que oculta ese sofisma es que el delito no siempre es condenable, para ciertos sistemas judiciales. No lo es, por ejemplo, cuando sirve a un fin funcional a la reproducción del mismo sistema judicial. Ello así, porque en los sistemas políticos del occidente capitalista (de los cuales, el judicial es un subsistema), el delito es un componente estructural. No puede ser de otra manera, toda vez que las superestructuras políticas son una función de un dispositivo material (Foucault dixit) que funge como base que sustenta todo el edificio superestructural, y que tiene en la exacción legalizada que sufre el trabajo asalariado, una condición de posibilidad, su ethos identitario y la forma de afirmación del ser de esas superestructuras y su voluntad de afirmarse en el ser y de persistir en el tiempo como relación social de expoliación y despojo.

Estas son las razones últimas que explican de dónde proceden unas sedicentes garantías constitucionales que en algún instante histórico emergieron como el non plus ultra del derecho público devenido reserva textual (la expresión es de Luis Gusmán) consagrada como escritura codificada presuntamente en favor de  las libertades ciudadanas. Pero, hay que repetirlo, la conceptualización de que la escucha privada -por ilegal- no puede ser esgrimida como prueba, no es ninguna garantía ciudadana pensada por altruistas del derecho público, sino un ardid tramposo con que la ideología jurídica acude to support una dinámica del sistema político que requiere de cierta anuencia a la ilegalidad para sostenerse, al modo como la industria del entretenimiento hollywoodense cumple la esencial función de dar salida al dinero sobrante de la evasión y los tráficos ilícitos. Es el capitalismo… ¡!no el derecho…!! Y omitimos la interjección injuriante.

Una Constitución no sólo es una «hoja de papel», según la expresión de Lasalle; también es, sobre todo, una función de la reproducción de un orden económico y social. Esto relativiza un poco lo que, de ordinario, circula como interesado  mensaje sacralizador de las «cartas magnas». Pero no enerva la importancia de éstas.

Eso sí. Hay que decir que ningún demócrata genuino debería pensar en términos de principios categóricos y permanentes. La democracia ateniense dio lugar a una escuela filosófica: los sofistas. La democracia argentina, en cambio, cierra escuelas y sustituye la filosofía por el periodismo. Aquellos sofistas griegos, al principio, como Protágoras o Gorgias, era hombres honestos; los sofistas argentinos suelen ser sinvergüenzas profesionales. Esta adjetivación procede de Barrows Dunham cuando se refiere a los enemigos de Sócrates.

Síntesis: el uso como prueba de un dato obtenido en la privacidad podrá ser, de suyo, deplorable, pues no es lo mejor. Pero aquí, hasta hoy, nadie ha pretendido fundar en tales datos prueba alguna; sino que se trata, solamente, de dar inicio a una acción penal cuando las presunciones son numerosas, precisas y concordantes y exhiben a unos actores del sistema político incurriendo en graves delitos contra la Constitución. Gravedad institucional, como dice la derecha cada vez que quiere eliminar de la competencia política a un adversario al que teme enfrentar en las urnas.

Buenos Aires, 16 de enero de 2023.

*Abogado, periodista y escritor.

jchaneton022@gmail.com

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Por Rodrigo Codino*

(para La Tecl@ Eñe)

En El Salvador, Honduras y Guatemala, la situación de las prisiones es objeto de fuertes cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos que se traducen en muertes, torturas, tratos degradantes y hacinamiento.

Hágase justicia, aunque el mundo perezca reza una oración escrita en la entrada de la cárcel de Comayagua, ciudad que fue la capital de Honduras en el esplendor de las Provincias Unidas de Centroamérica. El noble sentido atribuido al adagio latino Fiat justitia et pereat mundus en el siglo XVI, poco tiene que ver con lo que puede significar actualmente esta frase en las prisiones que reciben cientos de miles de detenidos en esta parte del mundo.

En este mismo sitio, hace algo más de una década, murieron calcinadas más de trescientas cincuenta personas dando lugar a la mayor tragedia en un penal Honduras. Por este hecho fueron condenados el director del establecimiento y otros responsables que debían velar por las vidas de los alojados en este centro penitenciario, pero se ocuparon más de proteger las inmediaciones del edificio que de salvaguardar la integridad de quienes encerrados eran alcanzados por las llamas y cuyo destino estaba tan sellado como las puertas de sus celdas

Once años más tarde, más de cuarenta mujeres detenidas murieron quemadas y otras, por proyectiles de armas de fuego, en otro centro penitenciario a las afueras de Tegucigalpa, situación que le costó la dimisión al ministro de seguridad y causó la conmoción de la comunidad internacional que observó con preocupación lo que venía ocurriendo en las prisiones hondureñas hacía tiempo.

En 2015, en una granja penal de Guatemala, situada en las proximidades de la capital, se produjo la muerte de diecisiete detenidos -presuntamente motivado en un enfrentamiento entre pandilleros-, lo que elevó a cuarenta la cifra de homicidios intramuros en ese año en las cárceles del país.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en varias oportunidades los hechos de violencia y muerte que con repetición ocurrían en las prisiones guatemaltecas y exigió que se tomaran medidas para garantizar el derecho humano a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

En 2022, la sobrepoblación carcelaria en este país alcanzó cifras espeluznantes que afectaron gravemente las condiciones de detención de sus reclusos. Mientras que la totalidad de los centros penitenciarios en Guatemala fueron previstos para alojar a cerca de siete mil detenidos, las personas privadas de libertad llegaron a casi veinticinco mil, de las cuales más de un 45% se encontraba en prisión preventiva, o sea, casi la mitad no había tenido sentencia firme, lo que indica que en los procesos penales el encierro es la regla.  

En El Salvador -al igual que en Honduras y en Guatemala- la situación de las prisiones es objeto de fuertes cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos que se traducen en muertes, torturas, tratos degradantes, hacinamiento. Ésta se agravó, en los últimos años, por la política criminal llevada adelante por el presidente Nayib Bukele -recientemente reelecto para un nuevo mandato- que impuso, desde el 2022, un encierro masivo de personas nunca antes visto en la región.

En 2019, como antecedente de esta política, el Plan de Control Territorial sirvió de excusa para declarar la emergencia en los centros penales con aislamiento de los detenidos y prohibición de visitas. En esa oportunidad se señaló que la mayoría de los homicidios intencionales que se cometían en este país, entre ellos contra la Policía y el Ejército, se ordenaban desde las cárceles por miembros de las pandillas.

En marzo del año siguiente, se ordenó una nueva emergencia en la que las autoridades penitenciarias dispusieron otra vez un aislamiento de pandilleros detenidos por tiempo indeterminado. Al mismo tiempo, Bukele manifestó públicamente que todos los presos debían permanecer en un encierro absoluto en sus celdas, incomunicados las veinticuatro horas del día y sin que ni un rayo de sol pudiera alcanzarlos.

Dos años más tarde, el presidente de El Salvador envió al Congreso un proyecto de ley que tenía como objeto medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los hechos de violencia. Dicha ley, sancionada por la Asamblea Legislativa, estableció un estado de excepción en el país, que aún rige a través de prórrogas interminables, en el que se suspenden garantías constitucionales, entre ellas, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, la libertad de reunión y asociación, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de intervenciones telefónicas sin autorización judicial.

Durante este estado de excepción, el gobierno salvadoreño construyó el Centro de Reclusión Antiterrorista (Cecot), la prisión de máxima seguridad más grande del continente, con capacidad para albergar a cuarenta mil personas.

En este período, que lleva casi dos años de vigencia, la cifra de detenidos estremece: cerca de ochenta mil personas se encuentran privadas de libertad en El Salvador, lo que equivale al 1% de la población del país.

Estos países centroamericanos, con cifras exorbitantes de homicidios intencionales, son algunos de los más violentos del mundo conforme datos provenientes de organismos de Naciones Unidas.

Las víctimas de estos hechos en esta región, en la que la pobreza y desigualdad social es estructural, impacta por sus cantidades pues sin existir conflictos bélicos estas muertes representan una continuidad sin interrupción de aquellas masacres, matanzas o genocidios que ocurrieron durante los regímenes dictatoriales del siglo pasado.

En la violencia extrema actual del denominado triángulo centroamericano, que integran El Salvador, Honduras y Guatemala, no puede omitirse la estrecha vinculación con la circulación de una de las mercancías prohibidas más codiciadas del mundo. Hacer referencia a la cocaína deviene inevitable para comprender este fenómeno que no es novedoso pero que se profundiza en sus consecuencias.

Conviene recordar que la guerra contra las drogas impulsada desde Estados Unidos bajo los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush en los años ‘80 y ‘90 del siglo pasado, creó el escenario más favorable para la intervención militar de ese país en nuestro continente, como también facilitó la incursión de una agencia de procederes y financiamiento dudosos que había sido fundada durante la presidencia de Richard Nixon en 1973: la Drug Enforcement Administration (DEA).

Las toneladas de cocaína que circulan en Centroamérica hacia Estados Unidos, desde hace más de treinta años, con la consecuente  violencia que desata en estos países, guardan relación con los cambios que ocurrieron respecto a quienes monopolizaban la producción y transporte en los países andinos como de aquellos que podían servir de intermediarios en América Central con la finalidad de asegurar que esta mercancía llegara a destino.

El derrocamiento del presidente Manuel Antonio Noriega, causado por la invasión militar norteamericana en Panamá, la muerte de Pablo Escobar Gaviria y el encarcelamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela en Colombia, produjeron que el comercio y la distribución de cocaína se transformaran. A ello se sumó, además, el fracaso del Plan Colombia que consistía en la erradicación -con la asistencia económica y militar norteamericana- de cultivos ilícitos de coca.

Este nuevo contexto internacional fue propicio para que actores de otros países pasaran a ser los protagonistas: por un lado, el control de la actividad principal de la cocaína recayó en manos de organizaciones de México; por otro, el 70% de lo que se producía en Colombia con destino a los Estados Unidos transitaba ahora por Centroamérica, principalmente por Honduras, El Salvador y Guatemala, antes de llegar al país azteca.

Desde esta época, entonces, cobraron relevancia en el tráfico de cocaína a quienes se los indica como responsables casi exclusivos de la extrema violencia en estos países: la mara Salvatrucha (MS13) y la mara Barrio 18 (B18).

 Sin embargo, la duda conduce necesariamente a pensar que sin otros partícipes este negocio sería dificultoso en cualquier país. El entramado indispensable para poder llevar a cabo un traslado de tal envergadura sería imposible sin la complicidad, entre otras, de las fuerzas de seguridad policiales, militares o penitenciarias, según sea el caso.

Cabe resaltar, por otra parte, que la sospecha recae sobre otras esferas que requieren una organización de algún modo sofisticada: podrían estar involucradas personas que integren organismos públicos como también quienes participen en algunas empresas privadas nacionales o trasnacionales

Ha de señalarse, asimismo, que los delitos vinculados al narcotráfico son tan complejos que las acciones criminales son diversas, múltiples y comprenden desde la fabricación, transporte, facilitación, comercialización hasta el contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc.   

Por la importancia global que representa esta economía paralela que mueve miles de millones de dólares por año, deviene demostrativo indagar algunos aspectos sobre los poderosos intereses que se encuentran por detrás del polvo blanco. La afirmación de que la cocaína andina es un commodity mucho más lucrativo que el litio o que el petróleo, no hace más que indicar la dificultad para abordarlos.    

 A contrapelo de lo que se sostiene y difunde públicamente en cuanto al éxito que tiene una mayor represión y persecución penal estatal, la realidad muestra que en la lucha contra la cocaína las virtudes no existen.

Las muertes intencionales en la región no cesan de aumentar intra o extramuros; miles de personas encarceladas siguen siendo insuficientes para asegurar una distribución pacífica para aquél que pretenda manejar los hilos del negocio; se requieren medidas cada vez más extremas para garantizar el lucro que va cambiando de manos.

La economía subterránea que se expande año tras año en los países de nuestra región puede ser más significativa que los ingresos que recaudan los propios Estados para su funcionamiento, e incluso, puede poner en crisis la gobernabilidad de un país.

Esta situación permite vislumbrar el momento en que se echa mano del poder punitivo, que hace su aparición triunfal con discursos de mano dura como si fuera el único remedio eficaz para una enfermedad terminal.

Muchas veces el sistema penal se invoca como solución para acabar con la violencia delictiva que se les atribuye exclusivamente a  organizaciones criminales, con omisión de la necesaria complicidad de agentes estatales o personas de la actividad privada; otras, ocultarse -voluntaria o involuntariamente- que servirse de aquel puede ser útil para los intereses de quienes pretenden quedarse con una parte de los beneficios poniendo fin a una competencia o a un monopolio en el tráfico ilegal de cocaína.

Según la ONU, el aumento de la producción, de la distribución y del consumo es récord absoluto actualmente en toda América; los países productores son tres: Bolivia, Perú y Colombia; las incautaciones en crecimiento, en casi todos los países, no obstaculizan la circulación en expansión; el triángulo centroamericano sigue siendo una de las principales vías por las cuales transita el oro blanco que llega a los Estados Unidos, primer consumidor mundial.

Los datos que surgen del Informe Mundial sobre la cocaína (2023) contrastan con el éxito de la política criminal de la que hace gala el presidente Bukele y los funcionarios de su gobierno.

Cabría preguntarse, entonces, en un país militarizado como El Salvador, quiénes son aquellos que transportan la mercancía prohibida sin ser alcanzados por el encierro estatal, si las fuerzas de seguridad desplegadas por todo el país forman parte de esta estructura criminal, si reciben los beneficios de las regalías obtenidas por la distribución hacia algún país fronterizo, de tránsito o de consumo final o acaso, por la venta en el mercado local.

Quizás deberíamos reflexionar seriamente sobre un modelo que se señala exitoso, advirtiendo que: a) priva de libertad al uno por ciento de la población de un país; b) suspende garantías constitucionales por tiempo indeterminado; c) permite encarcelamientos por meras sospechas; d) aumenta la circulación de un alcaloide prohibido por la misma geografía; e) bajo otras manos que controlan la distribución de cocaína alcanza mayor volumen; f) nuevos actores escapan a la persecución punitiva con protección estatal; g) la prisión aglutina grupos humanos que se seleccionan por su pertenencia a sectores sociales previamente determinados ; h) aumenta el valor de la mercancía por la amenaza  penal que pesa sobre hipotéticos competidores; i) se utilizan judicialmente como sinónimos, definiciones jurídicas imprecisas tales como el terrorismo y el narcotráfico para justificar encierros; j) el sistema de administración de justicia sirve de instrumento de legitimación por defecto al enriquecimiento sin causa o al lavado de dinero; k) la liquidez monetaria ilícita permite solventar gastos con fondos que evitan por su misma naturaleza ser fiscalizados; l) la prohibición de la cocaína favorece el florecimiento de una economía paralela cuyo volumen es muchas veces superior a los ingresos de los propios Estados; ll) existe un serio riesgo para la salud de los consumidores si se altera la calidad del producto para obtener ganancias a menor costo.       

 Tal vez, frente a los innumerables interrogantes que nos surgen, podríamos enunciar el anhelo para que esta inexorable tragedia humana a la que asistimos se detenga a través de una mirada consciente de lo que se abate sobre la población latinoamericana.

Solo tenemos una certeza: no habrá ninguna pena que alcance a silenciar la crítica hacia este modelo punitivo que propicia con fervor que perezca el mundo, o al menos una porción de los que habitan en él.       

Buenos Aires, 29 de febrero de 2024.

*Doctor en Ciencias Penales. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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Por Marcelo Brignoni*

(para La Tecl@ Eñe)

Este escrito, a diferencia de muchos otros anteriores, tiene una diferencia que quiero advertir desde el inicio. Tal vez sea un poco autorreferencial. Rosario es mi ciudad, la que está en mi corazón no importa donde viva. Es el lugar donde nací, la patria de mi infancia. Es la casa del hipotecario de la UOM de Barrio Las Delicias donde me crié, es mi lugar en el mundo.

Rosario atraviesa una situación tremenda, absolutamente previsible por otro lado. Desde hace 15 años la debacle es indetenible, aunque ha habido una “política de Estado” en la que han coincidido todos los gobiernos nacionales y provinciales, y que su sola enunciación seguramente me hará pasible de críticas diversas y masivas, la política de hacerse los boludos, mientras como nos dice Fito Páez, matan a pobres corazones.

Quienes hemos tenido alguna responsabilidad institucional en este periodo señalado, hemos fracasado y no alcanza con echarse las culpas mutuamente o con escuchar a “monos sabios” que ni siquiera son de Santa Fe, que nos explican ahora que ellos “tenían la posta” pero que no los dejaron trabajar cuando ejercieron esa posibilidad. Entre inútiles y corruptos, Rosario cambio su fisonomía de aquellos buenos viejos tiempos y ojalá no sea de modo definitivo.

La sociedad rosarina acompañó, entre ingenua y esperanzada, la idea emitida por medios de comunicación contratados al efecto de que había una campaña porteña “anti rosarina” y que lo de mi ciudad “no era tan grave”. Con esa anestesia, el dolor que iba creciendo no se notaba tanto.

En Rosario, como en cualquier otro lugar con problemas de narcotráfico, lo último que hay que mirar es a los “soldaditos” y a los “sicarios”. Ellos, aunque muy visibles y violentos, son solo el síntoma de la situación. El narcotráfico no prolifera en ningún lugar sin financistas blanqueadores. Desde Al Capone para acá, el crimen organizado no puede funcionar sin contadores y abogados propios y jueces y fuerzas de seguridad “alquiladas”. Como parte de la asociación ilícita, vendrán después empresarios que transformen el dinero del delito en inversiones palpables y bienes inmuebles duraderos. Por ejemplo, Alberto Padoán, el muchacho de Vicentin, esa empresa tan prístina y honesta, fue electo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y solo lo echaron cuando fue imposible sostenerlo. La Bolsa, una “institución modelo” de mi querida ciudad.

Nadie quiere mirar para ese lado, tampoco buena parte de la sociedad, sobre todo la nueva burguesía rosarina, pobladora creciente de incipientes y numerosos nuevos barrios cerrados, la que no quiere que le digan que su vecino es narcotraficante porque le resulta más cómodo pensar que los narcos son esos “negritos de motomel” de alguna villa de la periferia rosarina.

Así llegamos hasta acá, donde gran parte de la sociedad rosarina votó masivamente a un candidato que les decía que la mafia es mejor que el estado. Hasta ese lugar de autoflagelación nos trajo la negación de la realidad y el “progresismo finlandés” que, ocupando lugares estratégicos en el último gobierno nacional, puso énfasis en una agenda que no tenía nada que ver con los problemas reales de humildes y trabajadores, y que además los trató de idiotas por no entender que la “inseguridad” no era tan grave y que era una campaña de “la derecha”.

Los Insaurralde de la política, que no son patrimonio ni de un solo lugar ni de un solo partido político, hicieron el resto para construir un sentido común general de desesperación ante la ausencia de opciones de esperanza entre lo existente.

También hay que sumar al análisis el poder inmenso acumulado por el dinero del narcotráfico, mucho más peligroso para la democracia que el narcotráfico en sí, porque es el encargado de darle músculo financiero a campañas electorales multimillonarias, que, sin embargo, nos dicen que se financian con rifas y bonos contribución.

Suponer, además, que un policía tiene que arriesgar su vida y la de su familia por 350 mil pesos al mes, es otra hipocresía absolutamente extendida, sobre todo en sectores sociales que gastan ese dinero mensual tan solo en vinos, y que nos dicen que “nadie hace nada”.

El combo es muy pero muy peligroso y sin una movilización social que ponga bajo la lupa a los “nuevos ricos” rosarinos vinculados al poder judicial, las fuerzas de seguridad, los agentes de bolsa, las empresas constructoras, la dirigencia política y los profesionales del derecho y la economía, solo seguiremos acumulando muertos, sicarios, policías y civiles, todos hermanados por una condición: su pobreza.

Mientras tanto, la corrupción estructural del establishment rosarino, ese que mira para otro lado y dice “yo no tengo nada que ver”, seguirá llenándose los bolsillos de dinero manchado con sangre.

Los milagros en política no existen, lamentablemente.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2024.

*Analista político.

La entrada DISCULPAS A ROSARIO – POR MARCELO BRIGNONI se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Hugo Presman*

(para La Tecl@ Eñe)

Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que su hermana Karina es Moisés y que él es Aarón. Más allá de su mesianismo, de sus conocimientos históricos falsificados y superficiales, es fácil deducir que la historia que escriben los hermanos Milei en la Argentina tiene rasgos muy diferentes. Es una mezcla de los pesares de egipcios y judíos. Milei y Karina nos introducen en la esclavitud que los judíos padecían en Egipto y han decidido que los argentinos padezcan las 10 plagas que Dios arrojó sobre los egipcios.

En su discurso poblado de superlativos, Milei nos prometió ser en 30 años EE. UU., pero ha tomado una diagonal por la que primero declaró su admiración por ser Paraguay y ahora nos convierte en colonia norteamericana con la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios de la Argentina y un pliego de condiciones explícito e implícito, descarado, una intervención impúdica en las elecciones por parte del Imperio en favor de su sirviente en nuestro país. Es tan vergonzoso el golpe de estado financiero ejecutado por timberos de los dos lados del mostrador que “La Década Infame”, “El Estatuto Legal del Coloniaje” de la Fusiladora, los planes económicos de los golpes militares, la dictadura que perpetró el terrorismo de Estado y los planes de Martínez de Hoz, Menem-Cavallo, y Macri, que parecían cumbres Everest del cipayismo, empalidecen ante el Plan Milei de destrucción y una vocación colonial insuperable. En su cerrazón austríaca, en su ignorancia de profundidad insondable, en su genuflexión extrema ante los poderosos, en su desconocimiento de los conceptos de soberanía y patriotismo, se encierra un drama que los argentinos deberían castigar abrumadoramente el 26 de octubre. La dilapidación de recursos en 20 meses, la necesidad de salvatajes cada 4 meses de la autoproclamada “mejor presidencia de toda la historia”, el ajuste brutal sobre la mayor parte del pueblo argentino, las escenas de crueldad inaudita, el bulying que le sucede, la insensibilidad extrema elevada a la categoría de valentía, la represión cotidiana, la mentira como política de estado, la destrucción planificada de la Argentina moderna, las escenas bizarras de un Presidente dando un concierto de destrucción de canciones en medio de una corrida cambiaria, conforman un espectáculo bochornoso que convierten a la Argentina en un fenómeno mundial de denigración profunda. Los trece viajes del presidente argentino a los EE. UU., que es inversamente proporcional a la falta de visitas a las provincias argentinas, y su genuflexión extrema ante el poder político y económico del imperio, degradan al país a un nivel único en su historia. La única visita oficial a Washington,  con concesiones excepcionales, pero con un trato de amo a esclavo, típico del que tiene vocación de alfombra por lo que es inevitable que lo pisen, llevó a que el Secretario del Tesoro hablara expresamente de dejar atrás al peronismo y años de retroceso, al tiempo que había advertido anteriormente “que las empresas estadounidenses invertirán en la Argentina en caso de un resultado electoral positivo” y Donald Trump dijera ahora impúdicamente: “Milei debe ganar, si el presidente no vence, no seremos generosos con la Argentina.”.

A esto se suma el asesor del gobierno norteamericano Barry Bennet, (1) también contratado por el Estado argentino, socio del sospechoso empresario de las valijas Leonardo Scatturice, (dueño de la Low Cost Flybondi) en “Táctil Global”, quien vino a sondear la gobernabilidad después del 26 de octubre y a alentar el ingreso de gente de Mauricio Macri en el futuro gabinete, saciando la inveterada sed de negocios del hijo de Franco. Esa es la hipótesis de mínima. De máxima una entente febril de Mauricio Macri y algunos gobernadores que fueron cómplices de Milei en los dos primeros años, en asociación con la intervención norteamericana y con los mismos apoyos económicos nacionales e internacionales gobernando y dejando a Milei en el mismo papel de Alberto Fernández en el año final de su mandato. Todas las fantasías pueden ser desarticuladas con el terremoto político de una paliza electoral. Lo que debe quedar claro que de ambos lados del mostrador hay timberos en estos días cambiarios tumultuosos y economía real paralizada, que ganan tiempo para poner a salvo los intereses de los especuladores que representan.   

El descaro del presidente norteamericano y sus funcionarios fue precedido por las declaraciones del futuro embajador norteamericano en la Argentina que llegará después de las elecciones, en las que ha dicho: “Hay veintitrés provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros… Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias para tener una verdadera asociación con esos gobernadores y asegurarnos de eliminar la corrupción”. Mi papel es asegurarme de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece. Ella [en referencia a Cristina Kirchner] está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal”. Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países. Sigue habiendo un movimiento kirchnerista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. Trabajaré para garantizar que los recursos de la Argentina, su energía y sus minerales críticos, beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de la Argentina en su reapertura a los mercados globales. Por lo tanto, es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales y consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente.  Me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. La Argentina es un socio en América del Sur. La Argentina es esencial, crítico, para oponerse a los regímenes autoritarios como Venezuela y China”.

Trump es más binario aún: para él el peronismo y el kirchnerismo especialmente, son comunismo, y Milei ahora los denomina “Socialismo del siglo XXI”.

Pensar que Spruille Braden, el embajador norteamericano en la Argentina que encabezó hace 80 años, en apenas los cinco meses que permaneció en el país, la oposición a Perón, era al lado de estos energúmenos, un diplomático brutal de finos modales. (2)

Como en todas las aventuras neoliberales se despliega con mayor o menor intensidad el plan DADA (Devaluación, Ajuste, Deuda, Apertura de la Economía) al cual hay que agregar una S, implícita en las experiencias de la Revolución Fusiladora, de la dictadura establishment-militar, de las de Menem y Macri, pero que Milei las lleva a un grado superlativo: la S de subordinación. El Plan DADAS de destrucción de la Argentina, tiene distintos ejecutores, los mismos instigadores, similares beneficiados, los mismos eternos perjudicados. 

Por otro lado, como una venganza de la historia, la paradoja es que el Presidente que vino a destruir el Estado Argentino es salvado provisoriamente por un … Estado extranjero.

Que el mercado que idolatra y que considera sin fallas lo arrinconó y lo puso de rodillas, y en esa posición desdorosa pidió desesperadamente auxilio a Trump. Eso no le impide celebrar la suma de su Cancha Rayada, Vilcapugio y Ayohuma diciendo “Estamos haciendo historia” Su alejamiento de la realidad se refleja en el título de su último libro: “La construcción del milagro”.

Narcotráfico             

El gobierno cierra los centros de atención de las adicciones, dejando sin atención a miles de pacientes. La motosierra no perdona a los que sólo le originan gastos al Estado. El mercado no está para acoger a los débiles sino a los sobrevivientes de la contienda darwiniana. En las villas, el retraimiento del Estado es ocupado por los narcos cuyos jefes viven en elegantes barrios cerrados. En el Diario.Ar del 5 de octubre, puede leerse: “Los curas villeros hacen frente a la retirada del Estado y al avance narco y sostienen: Muchos chicos arrancan a los 10 años… Nosotros elegimos vivir en las villas para intentar llegar antes que la droga, la violencia y las armas; hablamos de las tres C de la vida: capilla, colegio y club que se oponen a las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”.

El gobierno de Javier Milei ha abierto, desde sus promesas y hechos concretos, el territorio nacional al accionar del narcotráfico. El principal caballito de batalla del anarco-capitalista fue la dolarización, algo que facilita el accionar de los grandes cárteles. Tomemos la experiencia de Ecuador: La periodista especializada Cecilia Diwan explicó las consecuencias que trajo en el país latinoamericano la política adoptada en el año 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad: «Favoreció a que entren los narcos porque facilitó al lavado de dinero”. El periodista Cristian Carrillo en El Destape escribió: “Con la dolarización se cierra el círculo para un país abierto al narcotráfico. Sin ingresar en juicios de valor, … la experiencia internacional muestra que los países dolarizados son propensos a este tipo de contrabando y al lavado de activos.” Siendo panelista, Milei aseguró en el 2019 en el Paraguay: “Lo que hace el contrabando es evitar el fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. La única vaca sagrada es el culo de los políticos.”.

Siendo presidente sancionó un exitoso blanqueo diciendo:“A mí no me importa de dónde sacan los dólares, nadie tiene por qué saber de dónde vienen”. El blanqueo era tan generoso que hasta los 100.000 dólares era gratis y podía depositar el importe en una cuenta especial el día del vencimiento y retirarlo el día siguiente.

Aplaudió la evasión impositiva y llegó a sostener: “La gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes. El que no se pudo escapar, lo lamento. El otro no hizo nada malo»; “El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón.” Al ser consultado respecto de quienes cumplen las leyes y pagan sus impuestos, respondió: “Quizás [esa persona] no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema. Si todos hubieran logrado hacer lo mismo quizás los políticos hubieran dejado de robarnos».

Muy curiosa la forma que considera adecuada para combatir el narcotráfico: “Es un problema de seguridad, no se lo combate con la economía. Se lo combate con el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. No usa la economía para combatir el otro delito”. Por eso, antes los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que tienen los bancos, un sistema en el que se alerta al Banco Central o a la Unidad de Información Financiera (UIF) acerca de cualquier movimiento fuera de lo común en una cuenta, sostiene: “Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Con esto, se va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados y nadie tiene por qué saber de dónde los sacó. Si hubo un robo se combate el robo, no genera una distorsión económica para combatir un delito.» Es el mismo Presidente que dice que lucha contra el narcotráfico y deja todos los canales disponibles para viabilizar el lavado, desmantela los controles y facilita una de las dificultades mayores de uno de los negocios más voluminosos y rentables. Más pruebas de un gobierno favorable a los narcotraficantes: en junio de este año, con el objetivo de atraer los dólares no declarados de los argentinos, el gobierno nacional curiosamente o no tanto, lanzó un régimen simplificado de ganancias con opción voluntaria de adherirse, en el que los contribuyentes quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar el patrimonio, para los períodos fiscales iniciados el 1 de enero del 2025.

La desesperación por el ingreso de dólares a un modelo por el cual se han escurrido en 20 meses 85 mil millones de dólares, lleva a que la DDJJ de ganancias prescindan del aspecto patrimonial, con lo que se pierde todo elemento de control. ¿De quién fue esta maravillosa propuesta? Fue presentada en la Casa Rosada por “un personaje cristalino” como José Luis Espert, el titular de ARCA Juan Pazo y el ministro de Economía Luis Caputo.

Sobre Espert y su vinculación con el narcotraficante Fred Machado ya se ha escrito y demostrado lo suficiente. Lo que no deja de llamar la atención es que el abogado del narcotraficante y del Presidente de la Nación sea el mismo, Federico Oneto, el ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires acompañando a Carolina Píparo. Nada puede sorprender en un Presidente al cual la falta de escrúpulos y su mitomanía nos dejan perplejos. A medida que se acumulan las pruebas contra Espert, lo sigue defendiendo afirmando que es una opereta del kirchnerismo en la cual estarían siendo cómplices la justicia del estado norteamericano de Texas y el Banco of América. Es el mismo presidente que retuitea un mensaje de la drogueríaLa Suizo Argentina de la familia Kovalivker sobre su código de ética y predisposición hacia la justicia, cuando dos de sus socios intentaron escaparse y dificultaron los allanamientos. Los mismos que posiblemente se hayan hecho cargo del alquiler y gastos del show presidencial en el Movistar Arena. Los que según la denuncia del otro abogado de Milei Diego Spagnuolo, socio de Oneto, encargado de la Agencia Nacional de Discapacidad, concentraban las coimas exigidas a los laboratorios que proveían los medicamentos para los discapacitados que se elevaban hacia la Secretaria General de la Presidencia, casualmente la hermana del presidente, Karina Milei a cargo del Ejecutivo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estaba al tanto de las dificultades de Machado en la Justicia norteamericana y mantuvo silencio. Sobre uno de los informes de la Dirección de Inteligencia Criminal con ayuda de Homeland Security de EE. UU. de carácter confidencial, escribió Raúl Kollmann en Pagina/12 del 12 de octubre: “revela que Fred Machado estaba acusado de fraude, cargamentos de cocaína, e incluso dice textualmente que financió la campaña electoral de 2019 de José Luis Espert. Por otro lado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se lo informó al Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que Espert había hecho 36 viajes en aviones de Machado.”.

Ahora se le suma a la Ministra, que hay tres pedidos en la Justicia para que se investigue el nexo entre Machado, Lácteos Vidal y Patricia Bullrich. Según Tiempo Argentino del 16-10-2025: “La aparición de la firma Lácteos Vidal y sus propietarios en el mismo listado en el que figura el pago de 200 mil dólares a José Luis Espert de parte del empresario acusado de narco “Fred” Machado ya tiene eco en la Justicia. Son tres las denuncias en las que se pide investigar si existió un nexo delictivo entre ambas partes, y una de ellas pone el foco sobre un aporte económico a la campaña presidencial 2023 de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Si faltara un broche de oro a este gobierno y su relación con los narcos, está el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defensor de los más importantes narcotraficantes del país. Ahora el famoso estudio del Ministro usa el subterfugio liberatorio aduciendo que está a cargo de sus hermanos. Defendió a Mameluco Villalba, narcotraficante multi condenado con un extenso prontuario judicial, a Mario Segovia “El Rey de la Efedrina”, al ex intendente de Paraná Sergio Varisco condenado a seis años y medio por el vínculo con una banda de narcotraficantes. Apenas algunos casos. Un abogado penalista puede defender a quien quiera, pero un abogado de narcotraficantes resulta irritante y sospechoso que sea el ministro de Justicia. 

Colonia y narcotráfico

Tenemos una historia con hitos brillantes. Con héroes individuales y colectivos. No lucharon y muchos murieron en el exilio o asesinados, para que una banda de apátridas nos deje huérfanos de Patria. La elección del 26 de octubre debe ser una trinchera para que no concreten su vocación de colonia y la colonia un reino del narcotráfico. El domingo 26 de octubre conviene ir a votar recordando dos frases memorables de San Martín: “Seamos libres y lo demás no importa nada”, “Los argentinos no somos empanadas que se comen así nomás, con abrir la boca”.

No es cierto como afirma el gobierno que “lo peor ya pasó”: estos dos años en el purgatorio son el acostumbramiento, el entrenamiento, para que los próximos dos años transcurran en el infierno.

El futuro puede ser diferente, porque cuando el futuro no es promesa se convierte en amenaza.

Hay una urna y un voto que debe ser una trinchera. La experiencia de las facultades delegadas, de haberle dado un cheque en blanco a un presidente con claros desequilibrios y un programa colonial, ha sido como era de prever un cataclismo. Un gobierno que administra sin presupuesto, no respondiendo a los pedidos más elementales como sobre el destino de las 37 toneladas de oro, que desconoce al Congreso a través del veto y luego cuando el Parlamento respalda la ley vetada, evita ejecutarla, o cuando algunos de sus funcionarios se niegan a concurrir a los requerimientos de diputados y senadores, se está cercano a un conflicto de poderes. Pero ¿dónde está la sorpresa? Todo estaba claro, para quien quisiera ver, teniendo en cuenta que el Presidente entre tantas barbaridades llegó a decir: «Si tengo que elegir entre el Estado y la Mafia, elijo la Mafia porque la Mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y la Mafia compite». O aquella memorable que “La justicia social es una aberración”.

Hay que sincerar el slogan publicitario del gobierno transformándolo: Si la Libertad Avanza, la Argentina sigue retrocediendo hacia el abismo.

Referencias:

-Según el portal Letra P del 15 de octubre: El Estado argentino contrató a través de la SIDE los servicios de Tactic –Scatturice y Bennett– para vincular a los gobiernos argentino y estadounidense. A su vez, una empleada de Scatturice, Laura Belen Arrieta, es la que entró con sospechosas valijas por el Aeropuerto Jorge Newbery. A pesar de estar todo grabado por las cámaras del aeropuerto, de observarse como Arrieta habla con la autoridad aeroportuaria que llama por teléfono a alguien que autoriza a Arrieta pasar con numerosas valijas sin revisar, la causa no avanza. No es de extrañar: la tiene el juez Pablo Yadarola, uno de los viajeros invitados por Clarín a Lago Escondido.

-“El 21 de mayo de 1945, Braden presentó sus credenciales de nuevo embajador de los EE.UU. Durante más de cuatro meses sería el conductor virtual de la oposición. Su vertiginosa actuación habría de inyectar energía a las fuerzas opositoras y aún después de su alejamiento tendría decisiva proyección. El banquero Carlos Alfredo Tornquist -ex director de la CHADE- habría de resumir en una carta a Braden la significación de su presencia en la Argentina: “Usted fue para todos nosotros- le escribió en vísperas de su partida- la columna vertebral de una sana reacción…….A poco de llegar, la oficina de Braden, a tres cuadras de la Casa Rosada, estaba constituida en virtual sede del estado mayor opositor….”  “El 45. Crónica de un año decisivo” Felix Luna Editorial Jorge Álvarez 1969 Páginas 100,101,102.   

Lunes, 20 de octubre de 2025.

*Periodista. Co-conductor del programa radial El Tren.

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