Por Jorge Taiana*

(para La Tecl@ Eñe)

La reciente intervención militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, llevados a cabo de manera unilateral por Estados Unidos, constituyen una violacion a los principios que rigen el derecho internacional, en tanto vulneran de forma directa la Carta de las Naciones Unidas, en particular los principios consagrados en sus artículos 1 y 2.

Pero también es un hecho que marca un punto de inflexión en materia geopolítica, al ser la cruda expresión del accionar de una potencia cuya hegemonía se encuentra en repliegue, en el marco del agotamiento de un orden unipolar que, luego de la caída de la URSS, la había consolidado como actor dominante de la escena internacional. En las últimas décadas, el surgimiento de potencias como China, India, Turquía, Brasil, Indonesia, Rusia y otros países pertenecientes al llamado Sur Global, abrió la puerta a una configuración multipolar que, más que una tendencia pasajera, se reafirma y consolida como una realidad irreversible.

Este es el contexto en el que el presidente Trump se expresa en una retórica que busca reforzar la hegemonía estadounidense y la subordinación estratégica en aquellos espacios en los que percibe posibilidades mayores de control. El objetivo es asegurarse áreas de influencia en un mundo caracterizado por la interdependencia económica, producto de la globalización, imponiendo políticas vinculadas al comercio, a la producción, y otras medidas que restringen las cadenas de suministro con el objetivo de obtener ventajas estratégicas.

En este marco, cabe preguntarse si todavía existen condiciones para la unilateralidad en un escenario donde los márgenes de acción de los Estados Unidos se encuentran condicionados no sólo por las relaciones con otros Estados, sino también por la disputa tecnológica -en especial en el campo de la inteligencia artificial- y por actores no estatales como los grandes conglomerados multinacionales, el capital financiero y los gigantes tecnológicos. Asimismo, pretender revertir la presencia de otros países en la región mediante acciones militares y una retórica coercitiva, pareciera ser más una expresión de nostalgia hegemónica que una estrategia eficaz de reposicionamiento global. Lo ocurrido en Venezuela demuestra con claridad esta tensión. Por primera vez en dos siglos Estados Unidos invade un país de América del Sur y secuestra su Presidente para recuperar su hegemonía en América Latina y reafirmar una jerarquía hemisférica cuestionada por la dinámica multipolar.

La erosión que han sufrido en los últimos años los mecanismos de integración latinoamericana adquiere una relevancia particular. El debilitamiento de espacios como la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR redujo la capacidad de respuesta colectiva frente a las presiones externas, al tiempo que reforzó una lógica bilateral asimétrica que históricamente ha caracterizado la relación con Washington. Hace dos décadas, la experiencia del rechazo al ALCA en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, demostró que la región era capaz de articular posiciones comunes y avanzar hacia mayores márgenes de autonomía. Hoy, esa capacidad aparece sensiblemente erosionada en un momento en el que la necesidad de una voz regional coordinada se vuelve más urgente que nunca.

En lo que respecta a nuestro país, el posicionamiento del gobierno de Milei frente a los acontecimientos en Venezuela, rompe con una tradición en materia de política exterior que, a lo largo del tiempo, ha reivindicado la autonomía, el principio de no intervención  y la defensa del interés nacional. Desde la oposición de Roque Sáenz Peña a la Doctrina Monroe, que en la Conferencia Panamericana de 1889 dijo “America para la humanidad”, a la formulación de la Doctrina Drago en 1903, desde la neutralidad yrigoyenista a la tercera posición de Perón, existe una línea histórica en la política exterior argentina que, con avances y retrocesos, y salvo en determinados períodos, ha tendido a concebir la inserción internacional no como una subordinación automática, sino como un ejercicio de soberanía que busca espacios de mayor autonomía para el despliegue del interés nacional.

La reciente posición del gobierno argentino, que respaldó sin matices el accionar estadounidense, se inscribe en una lógica distinta: la de una política exterior ideologizada que, lejos de fortalecer la posición del país, lo coloca en una situación de alineamiento acrítico, incluso muchas veces en contra de nuestros propios intereses.

Nuestro país, al igual que el resto de la región, se enfrenta a la disyuntiva de aceptar una lógica de subordinación hemisférica o reconstruir -sobre la base de la integración regional, la cooperación, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo-, las capacidades necesarias para defender la soberanía, la integridad territorial, la legalidad internacional y la paz como bienes estratégicos.

La Argentina debe rechazar de manera categórica toda forma de intervención en los asuntos internos de otros Estados, no solo porque contradice principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y la prohibición del uso unilateral de la fuerza, sino también porque contribuye a profundizar una dinámica de inestabilidad y debilidad sistémica que pone en riesgo nuestras posibilidades de desarrollo.

Por último, la posición argentina debilita el reclamo histórico sobre Malvinas, basado en la defensa del derecho internacional, la integridad territorial y el rechazo a toda forma de imposición por la fuerza, así como también socava nuestra proyección en el Atlántico Sur, en la Antártida y en el paso interoceánico, todas áreas estratégicas que adquieren mayor relevancia a lo largo del siglo XXI.

Domingo, 11 de enero de 2026.

*Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Ex Canciller, Ministro de Defensa y Senador Nacional.

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