Por Claudio Altamirano*

(para La Tecl@ Eñe)

Una violación a la ley de ética pública

Desde el punto de vista legal, las acciones de Milei podrían infringir la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que exige a los funcionarios evitar cualquier conflicto de intereses o situaciones que comprometan su imparcialidad. En este caso, la gravedad del hecho es evidente: sin la intervención del presidente, la estafa no habría ocurrido.

El fraude del memecoin

En la plataforma Solanas se creó un memecoin sin ningún tipo de utilidad real. Si cualquier ciudadano común recomendara su compra, el impacto sería nulo. Sin embargo, cuando lo hace Milei, en su carácter de economista conocido y presidente de la Nación, miles de personas confiaron en él y corrieron a comprar la criptomoneda. ¿El resultado? Un fraude de 110 millones de dólares, en el que el 80% de las monedas estaban previamente reservadas por un grupo reducido que aprovechó la confianza de la gente para enriquecerse.

El problema no radica solo en la promoción y lanzamiento de un activo financiero de alto riesgo, sino en el uso de la imagen presidencial para avalarlo. En una democracia, la autoridad de un presidente debe estar al servicio de la ciudadanía, no de intereses privados u oscuros entramados financieros. Si el mandatario y su círculo más cercano utilizaron su posición para beneficiar directa o indirectamente a ciertos actores del mercado cripto, estarían incurriendo en un abuso de poder.

El riesgo de la captura del Estado

El «Criptogate» expone el peligro de la captura del Estado por intereses privados. Desde su asunción, Milei ha promovido un modelo de gestión en el que la regulación es vista como un obstáculo y el mercado como un ente infalible. Sin embargo, esta postura abre la puerta a la desprotección de la ciudadanía frente a posibles fraudes financieros. Si el presidente y su círculo validan activos de dudosa legitimidad, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado como garante de la transparencia económica?

El gobierno de extrema derecha de Milei, que predica la autorregulación del mercado y la minimización del Estado, demuestra sus falencias cuando un escándalo como este estalla. Los gobiernos existen, en parte, para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estafas. Al desentenderse de este rol y, peor aún, participar activamente en la promoción de inversiones especulativas, el gobierno libertario erosiona la confianza pública en las instituciones y reduce la política a un mero negocio.

Corrupción y descomposición de la confianza pública

El caso muestra una peligrosa mezcla entre lo público y lo privado. Karina Milei, «El Jefe», concentra un poder inusual actuando como una «primera ministra» de facto. En una degradación institucional, el Senado rechazó exigirle rendición de cuentas pese a su rol en el «Criptogate», lo que evidencia abuso de influencia y un sistema de decisiones opaco y propenso a la corrupción.

A esto se suma la conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima, lo que allana el camino para su posible privatización y genera nuevas dudas sobre la transparencia de la gestión gubernamental. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio.

En paralelo, la conformación de una comisión investigadora en el Senado fracasó por un solo voto. Paradójicamente, el senador Peteco Veschi, miembro del bloque de la UCR y promotor del proyecto, junto con algunos de sus propios compañeros de partido, votaron en contra, evidenciando la hipocresía y la complicidad en la impunidad del presidente.

El libertarismo como fachada del saqueo

El «Criptogate» revela una contradicción fundamental en el discurso de Milei. Mientras predica la libertad económica y el fin de la casta política, su gobierno se ve envuelto en un escándalo que refleja los vicios más clásicos del clientelismo y la corrupción. La diferencia es que, en lugar de repartos discrecionales de obra pública o sobornos a funcionarios, el saqueo adopta la forma de especulación financiera digital.

Milei y su entorno han roto el pacto de confianza que debería sostener la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Si el presidente puede utilizar su poder para enriquecer a ciertos actores económicos en perjuicio de los ciudadanos comunes, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de la democracia argentina? La ética pública no es un detalle menor en el ejercicio del poder: es la base de toda gobernabilidad. Y hoy, esa base está resquebrajada.

Buenos Aires, 24 de febrero de 2025.

*Educador, escritor y documentalista argentino.

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