Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda es un condicionante para el desarrollo del país, recursos que debe disponer el Estado para impulsar el mercado interno y la imprescindible obra pública, dado nuestro déficit de estructura (puertos, rutas, vías férreas, hidrovías, represas, etc.), no se pueden hacer por el pago de la deuda.

Es más, la teoría económica dice que solo se concibe el endeudamiento para financiar gastos de capital, sin embargo, el gobierno de Cambiemos se endeudó irresponsablemente por unos 129.000 millones de dólares, y no se explica por las obras que se realizaron en los cuatro años de gestión de Cambiemos, esa magnitud de deuda.

Al 9 de diciembre de 2015, último día de gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública bruta alcanzaba el 52,6% del PIB, de los cuales, solamente alrededor de un 9% del PIB era con bancos y fondos de inversión financiera y conformaba un total del 16,5% del PIB con el resto del sector privado, un 6,4% del PIB con organismos internacionales de créditos, tipo Banco Mundial, BID, CAF, etc. y la mayor parte era intra sector público (el 29,7% del PIB)

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva a que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeuda 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB que se estima en 352.300 millones de dólares) y modificó drásticamente su composición donde, al deberle más de 44.000 millones de dólares al FMI, los organismos internacionales pasan a tener acreencias por el 21,4% del PIB en 2019 y, la deuda en poder del sector privado el 38,9% del PIB. Que se agrava por los vencimientos que se superponen este año 2020 y los próximos.

La deuda con los bonistas privados se estima en unos 112.000 millones de dólares, de ese monto, los grandes bancos y fondos de inversión tienen en su poder aproximadamente unos 88.500 millones de dólares en 34 títulos de deuda con condiciones y plazos distintos y son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), Ashmore Group (Que es el administrador de activos financieros más importante de Gran Bretaña), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en no menos de 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a que el conjunto de acreedores acepte un plan de pago que permita un sendero de crecimiento del PIB y de las exportaciones, que el ministro Martín Guzmán al diseñar el plan en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 12 de febrero de 2020, sostuvo que, las exportaciones deben crecer a una tasa del 4,5 al 5% anual y el PIB en tono al 2% anual.

Para ello debe diversificar las ventas externas y sin nombrarlo se refirió a Vaca Muerta, a la minería y a darle mayor valor agregado a las exportaciones agrícolas.

De esa manera dijo el ministro, se genera una macroeconomía consistente que debe ser apoyada por el acuerdo de precios y salarios coordinados por el Estado nacional y, una política fiscal que debe tender a equilibrar sus cuentas, en un escenario que denominó “alcanzable y realista” que implica alcanzar el equilibrio fiscal y converger a un superávit fiscal primario (antes del pago de los servicios de la deuda) para el año 2023, entre el 0,6% y 0,8% del PBI (unos 2.600 a 2.800 millones de dólares), cuando el total del gasto público nacional (que es en pesos) es del equivalente a 85.000 millones de dólares (un 24% del PIB)

También concedió otro escenario, que se podría alcanzar el equilibrio fiscal, con una economía en recuperación y en 2022 se alcanzaría el equilibrio fiscal primario y en 2023 un 1% o 1,2% del PIB de superávit fiscal primario.

Si bien no lo dijo explícitamente, es obvio que implícitamente está planteado suspender el pago de los intereses y del capital adeudado hasta el año 2023, en que se alcanzaría un superávit primario de las cuentas públicas nacionales, con el fin de utilizar los recursos que iban a pagar los servicios de la deuda, en apuntalar la inversión pública, mejorar las jubilaciones y pensiones, y estimular el mercado interno, etc.

LA POSTURA DE LOS GRANDES FONDOS TENEDORES DE TITULOS DE DEUDA ARGENTINO.

Por un lado, y la conducta adoptada por el fondo Fidelity lo demuestra, que al poseer directa o indirectamente más del 25% de los Bonos BP 21 de deuda externa de la Provincia de Buenos Aires, inhiben de cumplir la cláusula de acción colectiva que si el 75% delos acreedores aceptan el plan der pago, el 25% restante lo debe acatar.  

Y es la conducta que adoptaron en mayor o menor medida los grandes fondos de administración de activos, sobre todo tras las elecciones PASO, en que sabiendo el fin del gobierno de Macri, mientras que otros inversores trataban de salir de las posiciones argentinas, ellos compraban a precios muy por debajo de su valor nominal, con lo que se explica que, pese a las fuertes órdenes de venta en los mercados internacionales, no derrapaba tanto el valor de los títulos de deuda argentinos.

Ese es el verdadero estado de situación y esos acreedores tienen un solo fin, maximizar sus ganancias a como dé lugar. Lo demostraron en su momento los fondos buitres cuando tras ser aprobado su pago por el Congreso de la Nación a comienzos del año 2016, con el pretexto que ello permitiría la reinserción de la economía argentina en el mercado de crédito mundial y, llegaron a tener una ganancia hasta de un 1.180% sobre el capital invertido e incluso, nuestro país hasta pagó los honorarios legales de la demanda, como es el caso del fondo NML Eliott de Paul Singer, según demostraron Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en el artículo que publicaron en el New York Times el 1 de abril de

El jueves 13 de febrero vencían los Bonos Dual (AF 20) por $ 105.000 millones, que se habían constituido mayoritariamente en dólares (y se ajustaban en pesos y en dólares, y el precio del dólar creció desde julio de 2018 a febrero 2020 en un 300% de $ 20,20 a $ 63.-) pero se pagan en moneda nacional, bien solo aceptaron canjearlo menos del 10% de sus poseedores (y que se infiere que eran inversores locales), y se sabe que dos grandes fondos (Black Rock y Templeton) son sus mayores poseedores, quienes pretendían otro título también ajustado por dólar linked (El bono dollar-linked o atado al dólar consiste es una obligación nominada en dólares, pero pagadera en pesos al tipo de cambio oficial)  y en un plazo de un año. El gobierno nacional no aceptó y decidió el martes 11 de febrero 2020 pasar en forma unilateral el vencimiento del capital al 30 de septiembre 2020. Obviamente al día siguiente descendió en un 30% ese título que se paga en pesos, cuando esos bonos estaban a un 80% de la paridad (recordemos que los que están en dólares la paridad es el 45% o menos).

La realizada por el gobierno es una jugada de riesgo, por un lado, se demuestra lo que dice el comunicado del Ministerio de Economía que no están dispuestos a dejarse «chantajear» por los fondos, pero por otro lado se está perjudicando a los bonos en pesos en general.

El día miércoles 12 de febrero, el Ministerio de Economía adjudicó $ 6.400 millones en dos tramos de Letras del Tesoro con tasa Badlar (Lebad), en una licitación que contó con baja participación de inversores privados y en la que se obtuvo bastante menos de los $10.000 millones que se esperaba recaudar (Básicamente lo compraron instituciones públicas, la ANSeS y los bancos públicos).

LA PUJA ENTRE EL GOBIERNO Y LOS GRANDES FONDOS ACREEDORES

El gobierno definió un plan de reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Los grandes fondos de inversión han adoptado una posición de tratar de cobrar lo máximo posible.

En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.

Pero entre ambas posiciones, la del gobierno que es pagar a partir del año 2023 y solamente el superávit primario, en el mejor de los casos unos 4.000 millones de dólares anuales y, la de los “fondos” que quieren cobrar lo más rápido posible, hay caminos intermedios  

De no ponerse de acuerdo la Argentina volvería a defaultear total o parcialmente la deuda y la experiencia no es buena, recordemos el default tras la guerra de Malvinas o la del año 2001 con un dólar que crece sideralmente y empobrece a la población por descender el poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos fijos (jubilaciones y pensiones) y derrapar los activos medidos en moneda dura (lo que favorece la extranjerización de nuestra economía).

Tampoco es bueno para los acreedores porque no cobran y lo más probable que cuando lo hagan sea con una quita de capital

Como siempre el tiempo dirá lo suyo, pero lo que es seguro, independientemente de la resolución del problema, es que se debe investigar a dónde fue cada uno de los 129.000 millones de dólares en que se endeudó el gobierno de Cambiemos, que son los que nos empujaron al actual estado de situación.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

En primer lugar se debe ver que la deuda externa incrementada en más de 100.000 millones de dólares por el gobierno de Cambiemos, en un 86% se fugó. Esto es, el país se endeuda y una minoría se apropia de esos dólares a precio vil, precio atrasado ex profeso para que la bicicleta financiera funcione y lo fugan, lo sacan del país, de manera tal que según informara el BCR, en el gobierno de Cambiemos se fugaron, técnicamente lo denominan Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior, 86.200 millones de dólares, con el agravante, por ejemplo, que los cien primeros compradores (personas físicas o jurídicas) lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Se endeuda el Estado y se beneficia una minoría rentística.

Pero lo planteado en el primer párrafo no invalida que la Administración Nacional tomara deuda por más de cien mil millones de dólares por los cuales colocó títulos públicos cuya lámina valía cien dólares, que quienes lo compraron lo hicieron muy cerca de ese valor y que, tras la corrida encabezada por el JP Morgan, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley y otros en abril de 2018, que fueron los que vendieron en esa fecha los títulos argentinos a bajo precio porque prefirieron pasarse a dólares (que compraron, por ejemplo, el 25 de abril de 2018 a $ 20,20 y a los tres meses valía más de $ 40.- cada dólar), prefirieron ganar el 100% o más en tres meses que esperar con el título de deuda. Obviamente eso empujó a la baja en el precio de mercado de todos los títulos de deuda y también del valor de las acciones de las empresas argentinas.

Ante esa situación irremediable se acuerda con el FMI por lo que se logra reflotar al gobierno de Macri. El modelo y la alianza de Cambiemos siempre fue insustentable, siempre fue de corto plazo y a la espera de que los “planetas se alineen”, para generar excedentes a favor de los beneficiados de la Argentina (no más del 2% de la población) y los rentistas del exterior (que como vivimos, una parte le pagaron los buenos servicios a Macri sacando los capitales, no bien vieron o creyeron que el modelo no le garantizaba seguir extrayendo la ganancia que acumularon) y, es allí donde aparecen los actualmente principales poseedores de los 21 títulos de deuda Argentina comprando por la mitad de su valor o menos, y esperando cobrar el 100%, que son los fondos de cobertura BlacRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.  

El gobierno argentino hizo la primer propuesta de canje global el 19 de marzo de 2020, donde se imponía un período de gracia hasta el 2023 y los títulos nuevos tenían una tasa de interés del 0,5% anual,  que no fue aceptada por la mayoría de los bonistas

En el ínterin vencieron con fecha 22 de abril 2020 los intereses de tres títulos de deuda incluidos en la oferta de canje antedicha, por 503 millones de dólares, que no se pagó, con lo que la Argentina, de hecho, entró en cesación de pagos.

Finalmente con el objetivo de obtener la reestructuración de la deuda de los títulos en jurisdicción extranjera, el gobierno argentino extiende nuevamente el plazo de las negociaciones con los acreedores hasta el 24 de julio de 2020 y, con la propuesta de canje de los títulos de deuda ante la SEC (Comisión Nacional de Valores de los EEUU) del 6 de julio, prorroga esa aceptación hasta el 4 de agosto 2020.

El problema se suscitó con el grupo Ad-Hoc que lidera BlackRock quién propuso que en el canje de la deuda de la Argentina de los títulos en jurisdicción extranjera se utilice la cláusula Indenture 2005: «Los Nuevos Bonos serán emitidos bajo la Indenture 2005 existente con modificaciones adicionales especificadas debajo», se lee en el comienzo de la página 15 de la contrapropuesta presentada por el grupo Ad Hoc a Martín Guzmán el último 8 de junio. El documento además exige que cualquier deuda posterior argentina también sea emitida bajo la «indenture 2005» hasta que se terminen de pagar estos bonos, es decir, una suerte de condena a convivir con la amenaza de que cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de sus poseedores hasta el año 2046 (vencimiento final de la deuda refinanciada)

Detrás de la idea de estas cláusulas se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se obliga a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas. En cambio, las probabilidades de ir a juicio y perder y terminar pagando todo -más punitorios- son altas. Más si estas se conjugan con cláusulas RUFO (si a un bonista le pagan más que al otro, este tiene derecho a que le abonen la diferencia) que dilatan en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los litigantes que no sea el mismo de los que entraron en el canje y con ventanas de tiempo amplias para litigar por el impago de capital o de intereses de 10 y 5 años respectivamente. Todo esto también forma parte de la «indenture 2005».

En otras palabras, basta con que algún bonista reúna el 15% de los bonos elegibles con el «indenture 2005» y decida rechazar la oferta de la Argentina para que la reestructuración sobre estos bonos no se realice. Y tanto el grupo Ad Hoc de fondos acreedores que encabeza BlackRock como el grupo de los Bonistas del Canje superan cada uno ese 15% actualmente, por lo que no fue aceptada por la Argentina.

LA PROPUESTA DEL 6 DE JULIO 2020

En ese marco la Argentina presenta el lunes 6 de julio 2020 ante la SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos) una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera presentada el 21 de abril de 2020. Esta oferta modificada estará sujeta a partir del día lunes 6 de julio  a un período de suscripción que vencerá el día 4 de agosto del corriente año.

Asimismo, del Ministerio de Economía de la Nación informan que en los próximos días enviarán al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

La presente oferta, así como el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer, según lo afirma el Presidente de la Nación, Alberto Fernández: “…es el máximo esfuerzo que podemos hacer” y agregó: “Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que están postergados”.

La propuesta Argentina consiste en:

1) Aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los “Bonos 1,00% 2030 en USD”) o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos 0,5% 2030) que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde e incluyendo la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive.

Permitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin efecto.

2) Los títulos de deuda que se canjean por nuevos conforman 21 series distintas en moneda y jurisdicción extranjera que ascienden a un total de 66.238 millones de dólares[1] y que por ley nacional se le reconoce la prórroga de esa jurisdicción. Para estos casos se dan 12 propuestas distintas que van desde a) los Bonos con interés anual fija del 1,00% en USD 2030 (vencerán el 4 de septiembre de 2030);  b) los Bonos con interés anual fija del 0,5% en Euro 2030 (Vencerán el 4 de septiembre de 2030); c) los Nuevos Bonos 2030 en USD (Vencerán el 4 de septiembre de 2030) que devengan tasas de interés variables que van del 0,5% al inicio a 1,750% al vencimiento final; d) los Nuevos Bonos 2030 en Euros: (Vencerán el 4 de septiembre de 2030) devengarán intereses del 0,125% anual a partir de la Fecha de Liquidación; e)Los Nuevos Bonos 2035 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2035 devengarán intereses anual variable que va de 0,125 a 5% al final; f) los Nuevos Bonos 2035 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2035 – devengarán intereses anuales variables de 0,125% al 4,0%. g) Los Nuevos Bonos 2038 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2038 – devengarán intereses anuales variables de 0,125 a 5,000%; h) Los Nuevos Bonos 2038 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2038 – devengarán intereses anuales variables del 0,1250 al 4,250%; i) Los Nuevos Bonos 2041 en USD Vencerán el 4 de septiembre de 2041 – devengarán intereses anuales variables desde 0,125% a 4,875%; j) Los Nuevos Bonos 2041 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2041 – devengarán intereses anuales variables desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% al 4 de septiembre de 2041: 4,50%; k) los Nuevos Bonos 2046 en USD: Vencerán el 4 de septiembre de 2046 – devengarán intereses anuales variables desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% y al 4 de septiembre de 2046: 5,000%. l) Los Nuevos Bonos 2046 en Euros: Vencerán el 4 de septiembre de 2046 devengarán intereses anuales desde la fecha de Liquidación al 4 de septiembre de 2021: 0,125% y al finalizar al 4 de septiembre de 2046: 4,125%.

CONCLUSIÓN

La propuesta, como lo reconoce el mismo ministro Martín Guzmán, es un esfuerzo desmesurado porque cualquiera sea la alternativa elegida por los acreedores de canje de títulos va costar pagar, y condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Por otra parte, la Argentina pasa a ser el primer caso de un canje de deuda en plena pandemia y es vista por muchas naciones que están en una situación semejante.

El objetivo del gobierno es alcanzar las mayorías necesarias para activar las cláusulas de acción colectivas del 66% en algunos títulos y en otros del 75%, y poder avanzar en un canje generalizado ya que de conseguirse ese piso de adhesiones todos los tenedores se verían obligados a ingresar y no habría riesgos de litigios en Nueva York, de allí la considerable mejora en los intereses y en los plazos que hacen que en promedio el valor actual de los títulos sea de más del 50%, cuando en el mercado nadie los compra si no es a un menor porcentaje

El fondo Blackrock dejó trascender que se opone pese a que tiene fuerte participación en empresas Argentinas y le convendría que la economía local se recupere, pero pesa también que de aceptar la quita formal (hoy por ejemplo el BONAR 2024 devenga una tasa de interés anual en dólares del 8% y como se compra a menos del 50% de su valor nominal la tasa de interés real, si se pagará, es más del 16%), sería un ejemplo a seguir por muchos países.

El gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda. 

Finalmente no es lo mismo defaultear con Paul Singer que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los EEUU, que con Larry Fink, Presidente de Blackrock que reconoce que administra activos por 7 billones de dólares (más de 20 veces el PIB argentino).

La propuesta Argentina ya está presentada, ahora le toca jugar a los acreedores si la aceptan o no. De esa respuesta depende el tema de la deuda que por su magnitud y escala de vencimientos es imposible cumplir los compromisos originales.

Defaultear no le conviene a nadie, y los acreedores también lo saben

Notas:

[1] La deuda externa bruta nacional asciende al 31/12/2109 a U$S 323.065 millones y representaba  a esa fecha, el 91% del PIB. Una parte, U$S 66.238 millones están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera (sobre los que el gobierno argentino les plantea un canje); otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional (sobre los cuales el gobierno nacional enviará un proyecto de ley de restructuración para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO).

Buenos Aires, 7 de julio de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte, 66.238 millones en esa divisa están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y es sobre los que el gobierno argentino presentó el 6 de julio de 2020 ante la SEC[1] de los EEUU, un canje de los mismos  con nuevos plazos y nuevas tasas de interés y que con fecha 3 de agosto 2020 logró un principio de acuerdo con el grupo acreedor Ad-Hoc y otros encabezados por Blackrock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo[2]

Otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción argentina y su restructuración por ley para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO[3] que incluye a títulos públicos denominados en dólares emitidos bajo legislación argentina, que tienen un monto en circulación total de U$s 41.717 millones, equivalentes a 12,9% de la deuda total.

El Comunicado dado a conocer por el Ministerio de Economía de la Nación el martes 4 de agosto 2020, explica los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC el 6 de julio de 2020, que consiste en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos que van desde el año 2030 a vencimientos al año 2046. La modificación realizada básicamente es adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio, por una parte y, por otro lado, la amortización del capital de los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

De esta manera, el primer pago de intereses se realiza en el año 2021 y el capital comienza a amortizarse en el año 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta el año 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto de esta parte de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran de 33.664 millones de dólares para ese lapso.

Entonces, el primer gran logro del acuerdo es que estamos en medio de una pandemia de características inusitadas, con la mayor parte de la población guardando aislamiento obligatorio, con nueve millones de personas desocupadas que deben ser asistidas por el Estado con $10.000 por mes, con una ayuda a 2.340.360 empleados de 245.000 empresas con una asistencia mensual de uno y hasta dos salarios mínimos vital y móvil de $ 16.875; con el aprovisionamiento y puesta en funcionamiento de los programas de salud, etc., que al priorizarse, tornaban incumplible los vencimientos de la deuda.

El segundo logro es que descomprime la presión cambiaria, esto es, sabiendo que  hay una previsibilidad en los pagos, que el año pasado se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 15.990 millones de dólares, y este año se siguen vendiendo alimentos que conforman el 65% de nuestras ventas al mundo, y que por el freno del nivel de actividad disminuyó más que proporcionalmente las compras al exterior, tras el acuerdo con los acreedores, los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial incluso mayor que el del año 2019, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor del dólar “blue” o paralelos en sus distintas versiones, al dólar oficial

Y el tercer logro, no menor, es que acordado el plan de pago de la deuda con los principales bonistas, no solo se van a sumar la gran mayoría de los acreedores, sino que va a ser el marco adecuado para anular la cláusula “Indenture 2005” por la que cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de sus poseedores hasta el año 2046 (vencimiento final de la deuda refinanciada). Detrás de la idea de esa cláusula se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se obliga a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas o nulas.

CÓMO SIGUE LA HISTORIA

El acuerdo en el frente externo permitirá canalizar los recursos y las políticas a aumentar la producción y generar trabajo. La Argentina no tiene un problema de ahorro; un país que en los cuatro años de la gestión de Cambiemos fugó 86.200 millones de dólares al exterior lo que tiene que hacer es fiscalizar y controlar la evasión fiscal y las dobles contabilidades. Paralelamente, uno infiere que nuestra clase dominante después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos,  en que las acciones de las principales empresas argentinas valían en diciembre de 2019 la mitad que en diciembre de 2015, por ende todas las grandes compañías que operan en el país perdieron patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.

La Argentina solo puede crecer si crece el poder adquisitivo y el número de los trabajadores ocupados. El único modelo de desarrollo (crecimiento con distribución del ingreso) es si nuestro mercado interno se fortalece y, queda demostrado en la gestión de Cambiemos, que la integración a los mercados financieros mundiales no solo es en una sociedad espuria en contra del pueblo argentino sino que termina perjudicando a los empresarios, si no que le pregunten a los Rocca, Acevedo-Urquía, Bulgheroni, Eurnekían, Pérez Companc, Pagani, Madanes Quintanilla, etc. etc., si a ellos nos les toca cuando el abogado Dennis Hranitzky[4], representante del grupo financiero Exchange Bondholders Group, uno de los acreedores importantes, se atrevió a decirle al gobierno argentino cuando presentó la primer propuesta de pago: “Lo que nos tienen que mostrar (en la propuesta) es un sacrificio que duela”.

La Argentina cuenta con abundantes recursos naturales, la pampa húmeda, valiosos minerales, petróleo y gas, una cantidad importante de trabajadores disponibles y una capacidad ociosa considerable en su industria y comercio, y con un potencial muy fuerte en la construcción. Ordenado el tema de la deuda y superada la pandemia tiene todas las condiciones para crecer y hacerlo en forma sostenida y distribuyendo ingresos, todo ello depende de fijar grandes objetivos y caminos para llegar al mismo, que sea consensuado por la población y que se lleve a cabo con responsabilidad y disciplina.

Pero, independientemente del acuerdo con los bonistas, porque se trata de una deuda legal autorizada por el Congreso de la Nación en la gestión de Cambiemos,  se debe saber a ciencia cierta qué hicieron con los dólares los mayores compradores de los 86.200 millones de esa divisa fugados del país, porque inferimos sin temor a equivocarnos, que son los verdaderos dueños de los títulos de deuda argentinos  que Blackrock y el grupo  Exchange Bondholders Group administran.

Referencias:

[1] SEC por su sigla en inglés, es la Comisión de Valores de los EEUU

[2] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, más de 25 veces el PIB argentino.

[3] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[4] Dennis Hranitzky  fue el abogado de Paul Singer (NM Elliot) que embargó la  Fragata Libertad en octubre de 2012, en el puerto de Ghana, hoy es abogado de Exchange Bondholders Group.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte de esa deuda, 66.137 millones, estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos, que van a ser diez títulos de deuda, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimiento que van desde el año 2030 a vencimientos al año 2046, sobre los cuales se pagará solamente el interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024.

Paralelamente, por la cláusula RUFO[1], igual trato se da a los títulos de deuda de jurisdicción nacional y por la ley respectiva, se permite canjear dichos títulos de deuda que ascienden al equivalente a 41.715 millones de dólares. Si bien todos están denominados en dólares, algunos se pagan en dólares y otros en pesos al tipo de cambio oficial (dólar linked). Adicionalmente, los tenedores de títulos elegibles con vencimiento hasta 2024 tienen la opción de canjear sus tenencias por nuevos bonos en pesos ajustables por inflación (BONCER), con vencimiento en 2026 y 2028. La opción de canje por BONCER no tiene quita nominal pero se realiza a un tipo de cambio implícito predeterminado ($70,815 por dólar).

En síntesis, prácticamente 104.000 millones de dólares se canjean por títulos que devengan interés y comienza amortizar capital en el segundo semestre de 2024, por lo que se oxigenan las cuentas de la administración de Alberto Fernández, que finaliza su mandato el 9 de diciembre de 2023.

Quedan afuera del canje de títulos de deuda la serie de los Bonos Par 2038 emitidos en el año 2010, tanto en dólares como en euros, que significa una deuda externa de 600 millones de dólares. Sus titulares podrían iniciar juicio a la Argentina, pero es un porcentaje tan pequeño sobre el total que tampoco se descarta que ingresen al canje (en las mismas condiciones que los demás títulos canjeados, por la cláusula RUFO).

La otra parte es la deuda con el FMI, unos aproximadamente U$s 45.325  millones; otros aproximadamente U$s 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones en esa moneda es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$s 11.200 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero con cláusulas de ajustes propias.

El acuerdo fue un éxito porque la diferencia con los vencimientos originales es abismal. El acumulado a pagar a los bonistas con jurisdicción extranjera al 31 de diciembre de 2024 es de  unos 6.200 millones de dólares (cuando los vencimientos originales de los títulos canjeados hubieran significado de 33.664 millones de dólares para ese lapso). Paralelamente los títulos en jurisdicción local abonaran el equivalente a unos 3.910 millones de dólares, conformando un total de 10.100 millones de dólares en cuatro años, suma que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para todo ese lapso.

LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

 Cumplida la negociación con los tenedores privados de los títulos de deuda argentino, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, resta modificar el compromiso con el FMI que obligaba a pagar en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG[2]), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.325 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina. En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Brasil, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los grandes medios de comunicación siempre funcionales  a los EEUU, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[3], que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

Fiel a la política externa de los EE.UU el FMI va a endurecer su posición, por lo que creemos que las propuestas de ese organismo internacional van a ser básicamente dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, hecho que es imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 el FMI proponía que se privatice el Banco de la Nación Argentina) y hasta volver a intentar que se reimplante el sistema de capitalización previsional.

El Gobierno de Alberto Fernández le escribió a las autoridades del FMI para decirle que no va aceptar un plan de ajuste y que solo va a pagar con crecimiento económico; igual pasó con los acreedores privados encabezados por grandes fondos de inversión como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton entre otros, y aceptaron porque si no, no cobraban. El caso del FMI es distinto porque es un organismo internacional del que somos miembro y no pagar va a ser presentado como una actitud hostil hacia el resto de las naciones que lo componen, pero la verdad es que los EE.UU lo que tratan es de que la Argentina se subordine a sus designios y eso es lo que no puede hacer un país soberano.

Referencias:

[1] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[2] Derechos Especiales de Giro, es una canasta de moneda que emplea el FMI para ajustar el valor del crédito otorgado, al 31 de julio de 2020 la paridad era 1,4076 dólares por DEG.

[3] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.

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Por Daniel Rosso*

(para La Tecl@ Eñe)

Tranquilizar el lenguaje

La palabra política suele sorprender: como si fuera un hechicero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le hizo decir a Marcelo Bonelli lo que la administración de Alberto Fernández dice habitualmente. Lo fue guiando con sus preguntas hasta que sucedió el sortilegio: el discurso del gobierno terminó pronunciado por uno de los periodistas orgánicos del mayor grupo concentrado de medios de la Argentina. La grieta por un instante desapareció y los dos lados de la frontera ideológica coincidieron en un discurso común: en que la gestión de Macri fugó, por lo menos, una parte de la deuda que contrajo.

«¿Cuánto le debemos al FMI?», preguntó Guzmán. «54 mil millones», dijo Bonelli. El ministro corrigió: «El Gobierno anterior tomó un préstamo de 55 mil millones y le debemos 45 mil millones».

Guzmán repreguntó: «En qué momento pasó eso». «Con Macri», respondió Bonelli. «¿Y para qué se usó esa plata?», volvió a preguntar el ministro. El periodista respondió: «Parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva».

Es evidente que el grupo mediático, que sabe cómo atacar las declaraciones del oficialismo, no supo qué hacer con las preguntas de Guzmán. Obligado a responder, en el vertiginoso tiempo televisivo, Bonelli terminó contestando con las palabras del gobierno. El Periodismo de guerra balbucea cuando se le pide respuestas. Está preparado para atacar, no para contestar. La maquinaria bélica cruje cuando no se les ofrece un blanco. Por eso, la estrategia del gobierno no es sólo tranquilizar la economía: también es tranquilizar el lenguaje. Mientras, la oposición mediática tiende a hacer lo contrario: agitar y tensionar los discursos. 

Una sociedad en estado de conversación

El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno en conversación. A través de las reuniones con los productores rurales, con los grandes empresarios y con los sindicalistas, ha puesto a conversar y a debatir a la totalidad del sistema económico. En simultáneo, a través de las sesiones extraordinarias en el Parlamento, ha puesto a dialogar al conjunto del sistema político.

Es un gobierno con una utopía gramatical: en él, las palabras circulan, se relacionan, se enfrentan, se encastran y acuerdan. No está mal: la conversación pública es uno de los rasgos específicos de la democracia. La inflación, en cambio, es el territorio de la economía concentrada. Por supuesto: ésta es un fenómeno multicausal y tiene diversas explicaciones. Pero aquí privilegiamos su dimensión de puja distributiva y de hecho de fuerza por parte de los actores con mayor poder relativo dentro de las cadenas de valor.

Mientras la democracia pone a circular horizontalmente las palabras, la economía concentrada hace subir verticalmente los precios. Son dos lenguajes: el de la política y los argumentos, por un lado, y el del poder económico y la fuerza corporativa, por el otro. ¿Qué es lo que intenta el gobierno con el análisis de las cadenas de valor? Tratar de que la inflación ya no sea un fenómeno sin sujeto, es decir, sin los responsables de que los precios suban. Por eso, para Alberto Fernández, conversar es transparentar. Es decir: hacer visible la estructura legal del saqueo al que son sometidos los consumidores argentinos.

Es una gran apuesta: llevar la lógica de la inflación, como hecho de fuerza, al interior de la democracia, como lógica de la deliberación. La democracia, de este modo, avanza: intenta discutir allí donde hasta ahora ha habido mayoritariamente decisiones arbitrarias. Por eso, la inflación es también una categoría política: porque en ella se imponen las decisiones unilaterales del empresariado concentrado. No por casualidad, varios de los movimientos desestabilizadores contra los regímenes constitucionales desde 1983 fueron “golpes hiperinflacionarios”. La inflación es una sucesión de hechos de fuerza de los cuales las hiperinflaciones son sus condensaciones. La inflación sin control, entonces, es más una continuidad que una ruptura con el régimen dictatorial. No es un dato menor la decisión gubernamental de intervenir en las cadenas de valor: con ella, la democracia intenta ingresar en uno de los espacios donde se mantiene cierta lógica predemocrática, la de la formación de los precios. Si ello se logra, las cadenas de valor, además de una secuencia de acumulación privada, pasarían a ser un circuito de deliberación pública.

Una oposición que busca desesperadamente una dictadura

Mientras tanto, Juntos por el Cambio necesita tener enfrente un gobierno autoritario para, por contraste con él, construirse como una oposición republicana y democrática. En esa línea, la UCR dio a conocer un documento llamado «Manifiesto por la esperanza democrática», firmado por Mario Negri, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, entre otros, en el que llaman a la construcción de un “polo republicano”. Sostienen: «un ejercicio de creatividad política requiere conformar un polo de poder republicano lo suficientemente amplio, estable y visionario, que dispute con chances de éxito y con propuestas claras la conducción del Estado, pero que además esté dispuesto a garantizar el pluralismo y a recuperar el sentido del lenguaje político, distorsionado por el despotismo demagógico en sus manifestaciones más autoritarias”.

Por supuesto, algo falló: los firmantes del documento se intentan diferenciar de un autoritarismo que no es fácil de encontrar en el estilo de Alberto Fernández. Más aún: lo que tienen enfrente es un gobierno que hace conversar a todos los integrantes del sistema político y económico. La UCR es un partido en busca de un contraste que no encuentra. Por eso, en la búsqueda desesperada de un dictador llegan hasta Gildo Insfrán. Para ser Alfonsín necesitan la dictadura genocida. Pero, como no la tienen, inventan campos de concentración en Formosa. Es la política como utilería: Mario Negri imitando a Alfonsín y enfrentando a un supuesto autoritarismo kitsch – nerista.

Entre la conversación y la fuerza

El lenguaje debe ser tranquilizado, pero la fuerza del Estado debe ser sostenida.

Hay una dialéctica implacable en el estilo presidencial: mientras más deja sin contraste a la oposición a través de su conversación permanente, más le resta al Estado el uso de la fuerza legítima contra las corporaciones. Por el contrario, mientras más despliega sus políticas transformadoras más se ofrece como contraste “autoritario” para la oposición “democrática”. La conclusión es sencilla: la intervención discursiva de Juntos por el Cambio consiste en convertir políticas populares en estilo autoritario. La respuesta del gobierno, la mezcla exacta entre comunicación defensiva y estrategia transformadora, es combinar conversación y uso legítimo de la fuerza.

Llevar la democracia a lugares a donde aún no ha llegado – como los controles de precios – exige de la conversación pero también del uso de la fuerza legítima que le fue delegada al gobierno en las elecciones.

Si la inflación es un hecho de fuerza, garantizar su control reclama otra fuerza: la que emana legalmente del Estado.

Los grandes medios construyen escenarios donde esa fuerza del Estado democrático es considerada ilegitima: por ejemplo, si el presidente afirma que va a aplicar retenciones o cupos de exportación lo que dicen es que está  amenazando. No sólo no quieren la intervención del Estado: actúan como si el Estado – y su representación democrática – debieran disolverse.

La democracia debe existir sin Estado y las elecciones deben desaparecer luego de realizarse.

Proponen una democracia que funcione sin la memoria de sus resultados. 

Es el intento de imponer un nuevo régimen de desapariciones en el marco de la economía mediática concentrada: si no pueden evitar el triunfo de un gobierno popular y no logran dividirlo o debilitarlo, entonces intentan dejarlo sin memoria y sin historia inmediata. De allí que, en ese marco, el ideal para ellos es que el gobierno converse eternamente.

Es decir: que actué como una parte más y no como quien fue elegido para tener la última palabra. Para ellos, la gestión gubernamental debe intervenir como si no se le hubiera delegado el poder. Debe ser un lugar vacío. Por eso los medios concentrados y la oposición denuncian que el “vacío” de la actual administración es ocupado por el poder vicepresidencial. Es el peor de los vacíos: el que ha sido llenado por el fin de la conversación.

Entonces, junto al indudable acierto de poner a toda la sociedad a conversar, es necesario eludir la trampa antidemocrática: la que desconoce que las elecciones existen, que concentran el poder en uno de los contendientes y que éste, con los instrumentos del Estado en sus manos, tiene la responsabilidad de llevar a la práctica las políticas por las que fue votado.

La imputación por parte de la Secretaría de Comercio Interior a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención o falta de entrega de sus productos para la comercialización, es una buen ejemplo de intervención del Estado utilizando la fuerza de la ley en contra de la fuerza arbitraria de la economía concentrada.

Paradójicamente, la conversación interminable entre iguales es la negación de la democracia.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2021.

*Sociólogo, docente y especialista en Comunicación. Ex Subsecretario de Medios de la Nación.

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