Por Iván Ambroggio*

(para La Tecl@ Eñe)

En «El mago del Kremlin», Giuliano da Empoli plantea que, en la era contemporánea, el poder se sostiene cada vez más en la construcción de narrativas, la percepción y la puesta en escena que en el ejercicio directo y visible de la autoridad. Y pocas veces esta máxima ha sido tan evidente como en la reciente imputación formal de Estados Unidos contra Raúl Castro Ruz. El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente cubano, de 94 años, de conspirar para asesinar ciudadanos estadounidenses y le atribuyó además cuatro cargos de homicidio y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, incidente que dejó cuatro muertos.

La acusación, presentada en Miami ante un gran jurado federal, no es un mero ejercicio jurídico tardío. Forma parte de una estrategia de máxima presión impulsada por la administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado y figura clave en la política hacia América Latina. Esta movida judicial arrincona simbólicamente al castrismo en un momento de profunda crisis en Cuba: apagones masivos, escasez extrema y un régimen que, aunque cohesionado, muestra fisuras en medio del deterioro económico.

Existen paralelismos claros con el caso de Nicolás Maduro. En ambos, Washington utilizó herramientas judiciales combinadas con presión económica y diplomática para debilitar regímenes hostiles. En Venezuela, acusaciones por narcotráfico precedieron una operación que culminó en la captura de Maduro en enero de 2026. En Cuba, la imputación revive un incidente de hace tres décadas y podría servir de fundamento para nuevas sanciones, mayor aislamiento y futuras medidas de presión.

En los dos casos, el exilio (cubano en Miami, venezolano en diversas ciudades) celebró las medidas como justicia histórica, y Trump y Rubio apelaron al apoyo de estas comunidades.

Las diferencias, sin embargo, son sustanciales y explican por qué una intervención directa en Cuba parece menos probable a corto plazo. Maduro fue detenido mientras ejercía el poder; Castro lleva años retirado, aunque sigue siendo una figura simbólica. El régimen cubano es más institucionalizado, ideológicamente cohesionado y experimentado en resistir presiones externas que el chavismo en sus últimos años. Una operación militar para capturarlo entrañaría importantes riesgos, entre ellos una eventual resistencia popular, el «baño de sangre” advertido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y los desafíos que supondría detener y trasladar a un acusado de edad muy avanzada.

A diferencia de Venezuela, donde la fragmentación interna parecía abrir oportunidades para una transición acelerada, Cuba exhibe una estructura estatal más cohesionada y resiliente. Buena parte de esa fortaleza descansa en el peso de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con presencia en sectores clave como el turismo, la banca, la logística y el comercio exterior.

La imputación parece orientada más a una estrategia de presión psicológica destinada a obtener concesiones que a una decapitación directa del régimen. Esta estrategia obedece a múltiples factores. En el plano internacional, Washington busca recuperar influencia en América Latina tras años de percepción de debilidad. Trump ha endurecido el embargo, impuesto bloqueos petroleros y señalado a GAESA como núcleo de la corrupción castrista. Rubio, hijo de exiliados cubanos, aporta conocimiento, trayectoria y credibilidad ideológica: su mensaje del 20 de mayo evocó la independencia de 1902 para proponer un «nuevo capítulo» con elecciones libres y economía sin control militar.

En el plano doméstico, la iniciativa busca consolidar el respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida, un Estado de gran relevancia electoral.

Aunque el respaldo a Trump entre esta comunidad se ha erosionado ligeramente por políticas migratorias estrictas, acciones duras contra el castrismo reactivan lealtades históricas. Con miras a las elecciones legislativas de medio mandato y a futuros procesos electorales, la administración proyecta una imagen de firmeza anticomunista, en contraste con políticas de acercamiento a Cuba como las impulsadas por el expresidente Barack Obama.

Es un cálculo político que une base electoral conservadora con narrativa de «justicia para las víctimas» y contención de influencias china y rusa en la región.

La imputación no es aislada: forma parte de un paquete que incluye sanciones, vuelos de vigilancia y ofertas condicionadas de ayuda humanitaria. Busca desgastar al régimen hasta obligarlo a negociar o colapsar internamente, evitando, al menos retóricamente, una escalada militar innecesaria. Trump sostuvo que Cuba atraviesa un proceso de descomposición interna y afirmó que el régimen «se está desmoronando».

En última instancia, esta política refleja cómo Washington escenifica su poder en un mundo multipolar combinando herramientas judiciales, económicas y simbólicas para proyectar fuerza sin costos excesivos. El futuro de Cuba permanece incierto. Mientras el régimen denuncia «soberbia imperial», muchos cubanos, exhaustos por la crisis, observan con una mezcla de esperanza y temor. La historia enseña que los imperios y las revoluciones envejecen; a veces, el cambio llega no por invasión, sino por el peso insoportable de su propio ocaso. En las páginas de la historia caribeña, el próximo capítulo se escribirá entre la resistencia y la necesidad de supervivencia.

Jueves, 11 de junio de 2026.

*Analista internacional, Profesor de Ciencia Política, escritor.

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