Por Jorge Alemán*

(para La Tecl@ Eñe)

Compruebo que a muchos compañeros y compañeras les resulta cómodo soslayar el problema de la Democracia.

De inmediato se la confunde (versión ‘70) con la Democracia burguesa o con una expresión eurocéntrica, o como una astucia por todos conocida del imperialismo yanqui.

Es cierto que la democracia actual está absolutamente emplazada y capturada por el  capitalismo y sus dispositivos mediático-judiciales. Se han bombardeado países y se han masacrado pueblos enteros en nombre de la democracia. Y, también es cierto que las corporaciones del Capital bloquean a las acciones auténticamente democráticas.

Pero precisamente este empeño de los poderes mundiales en imponer o borrar a la democracia es lo que nos tiene que orientar en relación al verdadero desafío de lo que está en disputa.

Si defendemos el peronismo histórico es precisamente porque logró una experiencia política conjugando la igualdad y la justicia con la democracia. El peronismo fue una revolución sin Gulag.

Si estamos orgullosos de los movimientos nacionales y populares latinoamericanos en nuestra contemporaneidad es por la extensión de su recorrido democrático en todo el tejido social.

Y, ¿cómo defender el enorme legado histórico de Madres, Abuelas e Hijos si somos indiferentes a la radicalización de la democracia? 

Y nuestro ejemplo mundial, los juicios por la Verdad y la Memoria, ¿cómo no amar ese acto fundante si nos hacemos los distraídos hacia la cuestión de condenar el bloqueo a Cuba, el golpe contra Allende, el golpe de la dictadura genocida, el golpe contra Evo, las masacres en Colombia etc., si nos situamos por fuera de la lógica democrática?

¿Y los grandes desafíos del feminismo, del LGTBI, Trans, Queer y su potencial conexión con los movimientos sociales? Su potencial transformador es insistir en más democracia, en otra democracia.

La democracia no es un ente eterno y esencial que se aplica como un sistema neutro a cualquier caso, como la piensan las grandes potencias occidentales. Pero tampoco es aquello que se rechaza desde supuestas posiciones de izquierda que sin saberlo están habitadas por un nacionalismo decimonónico, provinciano, que se conecta con ese romanticismo europeo, antesala de los fascismos.

La democracia nunca está por fuera de los antagonismos, es parte central de la lucha popular y su identidad se juega en la construcción de los sujetos políticos del antagonismo.

Regalarle el término a las derechas cuando se ultraderechizan no es sólo entregar una pieza clave sino un legado fundamental de todas las luchas latinoamericanas por su Emancipación.

La Emancipación será democrática o no será.

Madrid, 20 de julio de 2021.

*Psicoanalista, escritor y poeta. Autor de los libros «Capitalismo. Crimen perfecto o Emancipación» y Pandemónium, notas sobre el desastre. Su último libro publicado es Ideología.

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Por Ricardo Rouvier*

(para La Tecl@ Eñe)

El camino democrático implica aceptar sus reglas, entre otras, someterse al veredicto de los electores que otorgan legitimidad y continuidad al régimen. El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, reza el distanciamiento propio de la democracia indirecta, que se convierte en una oportunidad de grieta entre las necesidades de las sociedades y su realización. Prueba de este distanciamiento fue expresado por el ausentismo en las PASO; luego, en menor medida en la elección general, y el voto a posiciones iconoclastas de derecha o de izquierda.

La escasez no solo define a la economía como ciencia sino también a la política. Las elites políticas se han convertido en una nueva aristocracia en paralelo con la evolución de la acumulación desigual de la riqueza. Y esas élites aportan a la construcción de la  subjetividad, que separó masa de pueblo, pueblo de clase, y clase de individuo. Convirtió al sujeto de cambio, en sujeto de consumo, y generó millones de descartados. Para los cuales creó la seguridad social para mantenerlos como tales, y salvar el alma sistémica. ¿Dónde está la escasez, entonces? Está en la insuficiente satisfacción de la sociedad civil con la sociedad política.

El Estado y su burocracia dominan los dispositivos de ejecución, aprobación y aplicación de las leyes, y la elección y el procedimiento de los jueces. Este modelo político se estructura en la sociedad civil sobre la base de un contrato implícito, que supone, entre otras cosas, legalizar el triunfo de unos sobre otros. Desde la modernidad, el propósito es evitar la guerra entre todos, por lo tanto la ley es privativa del vencedor. Esto es el gobierno, y como sabemos el poder es otra cosa. Esa otra cosa está en la sala de máquinas del sistema, que asegura la base material, la reproducción y la evolución de cada época: la continuidad hegemónica.

Por ahora, no hay asalto al Palacio de Invierno, ni Comuna de París (decimos por ahora debido a la posibilidad desconocida del retorno en espiral de la historia). Ese cambio no ha sido aún metabolizado por sectores reformistas que le imprimen revolución a lo que es transformación democrática, y que incluye la posibilidad de construir alternativas intrasistémicas.

Pero, localizar dónde está el poder no significa que la política, la economía, las ideologías, la cultura, la comunicación son un mero reflejo de su causa. Pero su margen de innovación tiene un límite: dichos órdenes no deben poner en cuestión el latido del corazón.

El músculo representa la propiedad de los procedimientos de la producción y reproducción de riqueza y ese es el punto vital. La política como las otras estructuras tienen autonomía relativa, como diferenciación de épocas anteriores, lo que permite un juego entre instituciones que es más complejo que antes. Y más complejo que cuando comenzó la etapa burguesa en la historia. La ciencia y la tecnología están a la cabeza del desarrollo y logran satisfacer  las demandas de dominación que garantiza los procesos de reproducción ampliada del capital, y los límites de ese conocimiento se extienden según el ritmo de las necesidades. La tecnocracia no es otra cosa que la respuesta desde el conocimiento aplicado a la resolución de los problemas que surgen de la autoproducción del sistema. Los mecanismos de dominación son siempre los mismos: consenso y coerción; pero varían sus modalidades, lo que permite verificar que el progreso existe, usufructuado por algunos y nunca por todos, pero ahí está a la vista de los que no pueden ingresar al sistema.

Es imprescindible que esta dialéctica entre super e infra, metáfora del marxismo, sea revisada evitando el determinismo, y el economicismo; y avanzando hacia un más profundo conocimiento del poder. Hay una base indudable, inamovible que hemos llamado la sala de máquinas; pero en la cubierta del barco ocurre la conquista o no del gobierno y sus posibilidades actuando dentro de la democracia en que se puede facilitar u obstaculizar el  dispositivo de creación de riqueza, que produce y se reproduce sin fin. Si se limita la especulación financiera, si se adoptan posturas autonómicas, se estimularán las distancias entre lo que el sistema promete y  el colectivo reclama. O sea, la hegemonía no es el paraíso: hay luchas, disputas, competencia, pero lleva seis siglos de existencia. 

Siguiendo con este esquema señalamos el error que iguala a Macri, con Alberto Fernández, o a Cristina en función de la prevalencia del sistema económico de base. Es una ingenuidad suponer que la concentración económica se detiene porque asume tal o cual Partido o Coalición. Sí; hay prevención o resistencia respecto del populismo por parte del poder económico, porque no se abandona el territorio de la ganancia así porque sí. 

Un gobierno de contenido nacional y popular tiende, y eso lo diferencia, a darle lugar a la intervención del Estado, como máxima institucionalidad de la sociedad política, para  atacar o limitar los procesos de concentración y centralización del capital que incrementan las desigualdades y afectan el patrimonio nacional.  Pero, además, debe poner en marcha la organización democrática de los sectores populares con el objeto de anteponer poder frente al poder instituido. Son dos tares: gestión y construcción política.

Hay que construir otro poder instituyente para la toma de conciencia de las energías del país que se encuentran ahogadas (la desigualdad y la pobreza frenan los procesos productivos) por la forma que van adoptando los mercados si uno los deja en estado espontáneo. Eso agudiza la situación de dependencia, gobierne quien gobierne.  

Es necesario advertir que un peligro real en la evolución reformista es que las instituciones de cambio como las centrales de trabajadores, los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles, culturales, etc., puedan mimetizarse con el desenvolvimiento adecuado de las superestructuras a la telaraña del poder. El límite entre la reforma y la nada es angosta, y esto es peligroso porque la conducta de uno puede ser funcional a su adversario.

La derecha o centro derecha se siente mucho más cómoda con el esquema de poder existente, y los mecanismos de construcción de la realidad. La tarea mayor, el esfuerzo mayor, es el de los reformistas y no de los que se sienten en el umbral de su casa a mirar el automatismo sistémico.

Es un error muy extendido creer que porque accede al poder Alberto Fernández o Néstor o Cristina Kirchner, el modelo neoliberal deja de existir en el país, sin comprender que la sala de máquinas sigue funcionando, y que se detiene si uno rompe las máquinas o les corta la energía que determinan su funcionamiento. Se difunde la idea que la época del neoliberalismo se agota en los cuatro años de Macri, confundiendo lo que es soporte o plataforma del sistema con su producido. Este error subestima al sistema hegemónico, y sobreestima la potencia del subsistema político en el alcance de la transformación. Por eso, es necesario profundizar el estudio del vínculo entre infra y superestructura, discordancia de la historia, lo inarmónico y las contradicciones en los procesos en las fuerzas políticas y sus fracciones.

Un buen ejemplo de la  relación entre lo estructural con el subsistema político lo encontramos en “El 18 brumario de Luis Bonaparte” de Marx cuando dice que la Revolución Francesa fue la “gran revolución política de la burguesía que abrió paso al despliegue sin trabas de las relaciones sociales capitalistas, un cambio social cualitativo, determinante, del que ya no se podía volver atrás. Por eso cuando vino la restauración monárquica, no pudieron cambiar las relaciones sociales de producción.”

El consenso del sistema no es el mismo que el consenso de una propuesta política de una coalición o Partido. Esto último otorga razón al voto; a su encierro superestructural. El voto no es revolucionario, queda dentro de la cárcel de cristal de los consensos de superficie, pero es una parte imprescindible de la democracia, desde donde se puede contar con los dispositivos para acceder al poder subterráneo. Ese es el camino del poder de la democracia hacia el poder real, en tiempos pasivos de la historia.

Por ejemplo: la Economía Solidaria que comprende el cooperativismo y el mutualismo, en alianza con las pymes y las empresariales de origen nacional, pueden constituirse como una fuerza social destinada a evitar la propagación de la que son víctimas: la concentración económica. Este es un interés sectorial que rápidamente adquiere la lógica del interés general. Impulsan la extensión del empleo formal y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Según información de la agencia oficial Télam (2 de julio del 2021), el cooperativismo representa el 10% del PBI. Sin embargo, no tiene equivalencias en el discurso público, y no solo desde la centro derecha, sino tampoco, en forma suficiente, en el Frente de Todos. Y es una herramienta de acumulación social de poder contra la concentración y la centralización factible de impulsar alternativas dentro de este régimen. Cuando se habla de la Economía Solidaria se la entiende mal como sinónimo de seguridad social, y se está evitando considerar la alternativa de producción y empleo, bajo el cuidado ambiental. Esta inhibición no es casual, es parte de una subjetividad subordinada a la deificación del interés individual. Y verificamos, como si fuera casualidad, que la praxis de cualquier fuerza política va en paralelo con su fuerte personalización. O sea, que la política también se concentra.

Nos asomamos a las jornadas electorales recientes sabiendo, por lo que hemos dicho, que el camino de las urnas separa al gobierno de los factores de poder que están exentos del veredicto electoral. Esto no impide que muchos votantes concurran a las urnas a elegir un cambio radical hacia la justicia social.

El peronismo, con sus variantes, que integra el Frente, es la fuerza política más poderosa que fundó la Argentina moderna, y qué desde la política, dio lugar a la expansión económica y la integración social, a través de la industrialización, empoderamiento de la clase trabajadora, la urbanización; en definitiva, la superación del modelo agroexportador. Generó un sueño revolucionario que todavía se mantiene (aunque su compromiso y nivel merece otra nota) De allí que buena parte del discurso público desde los dirigentes, pero sobre todo de sus militantes, refieren a un Perón propio y amenazan con el trasplante del sistema. Pero, en realidad, el peronismo conlleva en su impronta la promesa transformadora  y el desmentido de la misma.  

El voto peronista del 14 de noviembre fue el más bajo de su historia. Su componente principal fue el voto kirchnerista que explica el 33,87%. El voto duro ha resistido la avanzada de Juntos y el descenso propio, pero no ha impedido, salvo en la tercera sección electoral, desbordar hacia el interior, incluidos los distritos en que no ganó. Esto pone en peligro el dominio de los dirigentes locales sobre sus territorios y aleja la posibilidad de reforma. El continuo éxito del kirchnerismo en la populosa región bonaerense, ratifica su geopolítica del conurbano, pero también reitera su dificultad para crecer en la olvidada clase media. El peronismo más ideologizado es el que más inhibiciones presenta en pescar en la laguna de al lado.

Entre la elección presidencial del 2019 y la elección legislativa del Frente, se registraron cinco millones cien mil votos menos. Más allá que ambas elecciones no son completamente equivalentes, sí se puede decir que la pareja presidencial no pudo retener una parte importante de los votos. Si el peronismo mantiene el 30% es competitivo, pero tiene pocas posibilidades de acceder al gobierno el 2023, excepto si se da una recuperación muy significativa de la gestión del gobierno de AF. Recuperación sería restaurar la actividad productiva, disminuir la desocupación, bajar la pobreza, disminuir la inseguridad y parar la inflación. Todo eso durante los próximos dos años. ¡!Nada menos!!

Si volvemos a leer los resultados desde el esquema histórico que hemos desplegado en esta nota, decimos que hubo un voto antisistema que quedó refugiado, como pasa en otros países, en la derecha de corte liberal y autoritaria; con un moderado crecimiento de las fracciones de izquierda. A eso hay que agregarle el significativo ausentismo que expresa la desilusión de parte de la ciudadanía sobre el subsistema.

Hubo ausencias de propuestas de cambio profundo, porque el escenario estuvo dominado por la coyuntura, y  la orientación dominante se focalizó en la gestión y disparó el voto castigo. Hace dos años apuntó a Macri y ahora giró la sentencia hacia el gobierno de A. Fernández. El poder siguió inaccesible y seguro; le alegraron los resultados que ponen más lejos a los que quieren meter las narices donde no deben.

Sin duda hay inquietudes de las multinacionales sobre la situación de nuestro país en el marco de la dependencia y post-pandemia; por la reducción del mercado interno, la presión impositiva, la normalización macroeconómica, para mantener o recuperar la tasa de ganancia. La experiencia histórica indica que se hacen negocios con las guerras, con las pandemias y con la recesión de los países también; aunque esos negocios tengan la forma de enclaves acotados para algunos. 

Es indudable que la concentración achica la oferta horizontal de los mercados favoreciendo el avance vertical, por eso muchos países cuentan con una legislación que sanciona los monopolios u oligopolios, de dudosa aplicación.

Otra consecuencia de la proyección electoral es que un retorno de la coalición Juntos al gobierno en el 2023 retrasaría las reformas que debe emprender el actual gobierno nacional. Ahora, el Frente que ha estado ocupado en la lucha antipandémica y en la resolución de la situación financiera y económica, y en sus disputas internas, todavía no ha convocado, si retóricamente, a transitar contra la concentración y a favor de la producción nacional, y a una democracia que cumpla sus promesas.

Con todo por hacer, el Presidente ha prometido una larga deuda que tiene el peronismo con sus afiliados: el voto. La dedocracia, como el clientelismo y el nepotismo, son modalidades del subsistema político, copiada de la etapa oligárquica que dominaba la superficie de la política antes que llegara el vendaval del ´45.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021.

*Lic. en Sociología. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Las Reglas del manual para jueces del lawfare

1. Es sabido que la persecución mediático-judicial de líderes políticos (llamada lawfare) es uno de los medios que el colonialismo financiero emplea para neutralizar los movimientos nacionales en su guerra híbrida contra los Estados de derecho y las democracias de nuestra América.

Pese a las variables locales, su empleo regional va perfilando algunas notas comunes y una de ellas parece ser el método de elaboración de sentencias condenatorias, es decir, cómo hay jueces que logran condenar sin pruebas, pero citando autores prestigiosos y dando la impresión de que se trata de sentencias serias, razonadas, hasta ilustradas y muy trabajadas por quienes las suscriben.

Al parecer, el 6 de marzo del año próximo tendremos otra muestra de este tipo de sentencias, al conocerse los fundamentos de la condena argentina a la vicepresidenta y otros procesados. Veremos si metodológicamente implicará alguna innovación pero, por lo menos con la experiencia regional recogida hasta ahora nos permitimos bosquejar aquí esta suerte de lineamiento general para un manual práctico de elaboración de sentencias de lawfare -digno de mayor desarrollo- que, si bien puede ser útil a los jueces que se ocupan de esta deplorable tarea, también lo podrá ser para el público desprevenido.  

2.  Ante todo, lo primero que deben hacer los jueces encargados de este penoso trabajo, es rodearse de buenos empleados, cuya obsesividad puedan explotarla al máximo, para que tomen nota pormenorizada de lo que sucedió a lo largo de todo el proceso. También deben proveerse de algún dependiente con mayores fijaciones obsesivo compulsivas, que sea capaz de leer ese largo relato, para encargarse de suprimir o minimizar los argumentos defensivos, incluso con algunos adjetivos descalificantes, aunque no demasiado peyorativos. De esta forma, la sentencia dedicará más o menos la mitad a esta descripción meticulosa, que ocupará cientos de fojas.

Por otra parte, los empleados también deberán contabilizar una enorme cantidad de decretos, contratos, resoluciones administrativas y otros documentos, cuanto más numeroso mejor, para que ocupe también muchas fojas y proporcionen la impresión de una abundantísima prueba, aunque no prueben nada más que lo que indica su propia naturaleza jurídica.

3. Con esto los jueces lograrán que, más de la mitad de las por lo menos mil fojas de cualquier sentencia de lawfare, la ocupe el resultado de esa labor paciente de los funcionarios administrativos del tribunal y, por supuesto, no de los jueces.

Todo eso se facilita ahora merced al uso de la computadora, que permite cortar, trasladar y eliminar párrafos enteros, sin necesidad de los viejos papeles carbónicos y correctores, propios de la mecanografía de los románticos tiempos de la máquina de escribir manual, cuando era humanamente casi imposible llenar semejante cantidad de papel.  

De este modo, los jueces podrán firmar una sentencia que impresione por su voluminosa extensión, aunque con certeza, ninguno de ellos la haya leído en su totalidad. Esto presenta también la ventaja de que su lectura sea dificilísima para cualquier persona normal. Pero, lo cierto es que el no avisado, que se encuentre ante semejante volumen de papel sin conocer este método de construcción, puede inclinarse a creer que se trata de una obra técnica largamente elaborada y meditada por los jueces.  

4. Seguidamente, los jueces del lawfare deberán encargar a sus colaboradores la recopilación de muchas citas de los libros de doctrina que escribimos los penalistas, en especial referidas a los tipos y figuras legales en función de los cuales acabarán condenando. Siempre hay cerca un estudiante de derecho curioso, informado del último grito de la moda doctrinaria.

Aquí los jueces no deben olvidar de encargarle al colaborador curioso que recoja algunas citas de autores alemanes, porque eso, además de la sensación de cientificidad, cumple otra función importante, que luego explicaremos. Quien lea transversalmente esos mamotretos notará que hay nombres repetidos, que se supone que por alguna razón se los invoca, aunque a veces ésta no tenga mucha explicación.  

Los autores vernáculos no cotizamos mucho para esta parte de supuestas citas de autoridad doctrinaria y científica, aunque conviene que de vez en cuanto los jueces del lawfare nos citen, al menos a propósito de algo periférico al núcleo de lo que se supone que trata o debe tratar la sentencia. Si las citas de autores extranjeros son en lengua original, es mucho mejor, pues eso proporciona la sensación de un conocimiento doctrinario más universal por parte de los jueces.

5. Por cierto, los jueces que firman estas sentencias deben superar el principal obstáculo, que siempre consiste en la notoria falta de pruebas de cargo, cuestión que deben disimular al máximo y muy cuidadosamente. Para eso es bueno que omitan toda referencia a la valoración de la prueba como la historia de un hecho pasado, o sea, no deben hacer mención alguna de las etapas heurística (cuáles son las pruebas admisibles), de crítica externa (cuáles son auténticas y cuáles falsas), de crítica interna (cuáles son verosímiles y cuáles no) y de síntesis o conclusiones. Esto no debe ni mencionarse: en esto el silencio absoluto es lo más saludable.  

A veces, las pruebas de cargo se reducen a declaraciones de supuestos arrepentidos cooperadores, que son otros procesados, es decir, personas que tratan de mejorar su situación procesal o que declararon presionados por la amenaza de una prisión preventiva en la etapa de instrucción del proceso.

No es raro que aparezcan memoriosos que, sin razón alguna, solo por ocurrencia o deporte, se dedicaron a escribir cuadernos, algunos quemados que vuelven de sus cenizas, otros escritos en tiempo presente cuando se supone que son memorias y, para colmo, con el código de barras arrancado, para que no sea posible saber cuándo se fabricó ese soporte de papel. Alguno incluso puede haber sido escrito en tiempo brevísimo, aunque con muestras de una capacidad de memoria fuera de lo común, registrando cifras que indican hasta centavos.  

6. Al redactar la brevísima parte medular de la sentencia, los jueces del lawfare deben esmerarse para minimizar la importancia de la condición de procesado del supuesto arrepentido. En especial no deben decir ni una palabra acerca de que la cooperación de otro procesado debe limitar su eficacia al descubrimiento de nuevas pruebas y no respecto del contenido de sus dichos, puesto que en eso es lógico que los declarantes busquen eximirse de responsabilidad y cargarla sobre los otros procesados. Así, si se tratase de un robo, la cooperación del arrepentido sería eficaz cuando permitiese descubrir dónde se oculta la cosa robada, pero no en la medida en que se limite a acusar a los otros y a tratar de liberarse de su propia responsabilidad.

7. En este punto es muy importante que ni se mencione el detalle de que se trata de otros procesados, porque esa es una forma de ocultar que, en realidad, lo que están haciendo es reintroducir el llamado testigo de la Corona, deslegitimado por Beccaria y todos los autores del Iluminismo desde el siglo XVIII, pero del que se valieron todas las inquisiciones y también los ingleses para colgar de las torres de Londres a los lores opositores que consideraban traidores. Mejor ni media palabra a este respecto.

8. De todas formas, para salir del atolladero de la orfandad probatoria cargosa, los jueces tienen varios recursos. Entre los que son recomendables hay uno que ya se ensayó con singular éxito, consistente en una pirueta doctrinaria que desconcierte con facilidad al lector no especializado e incluso al experto perdido en el fárrago confuso de los cientos o miles de fojas.

El primer paso que deben dar los jueces del lawfare en este sentido, consiste en una remisión masiva a toda la voluminosa documentación que contabilizaron por amontonamiento los empleados, por más que sean conscientes de que no prueban nada más que la existencia misma de esos documentos. Así, mediante todos los adverbios y expresiones adverbiales posibles o extraídas del diccionario de sinónimos (evidentemente, claramente, incuestionablemente, sin lugar a dudas, indudablemente, obviamente, naturalmente, etc.) deberán afirmar sin más que está terminantemente probado que se cometieron múltiples actos de cohecho.

El cohecho es un delito que consiste en hacer u omitir por precio o promesa un acto propio de la función. Los jueces deberán afirmar en su sentencia que queda fuera de toda duda que estos delitos los cometieron en conjunto todos los procesados, mediante un reparto de la tarea, o sea, que ninguno de ellos cometió un cohecho completo, sino una parte del cohecho.

Esto último es lo que se llama coautoría funcional por reparto de la empresa criminal. Para eso es necesario que los jueces sentenciadores del lawfare tampoco digan una sola palabra acerca del detalle de que sólo pueden ser autores o coautores quienes tienen la potestad funcional de realizar u omitir el acto, dificultad de la que, si se viesen muy forzados, podrían salir inventando que está probada una asociación ilícita o banda de delincuentes; pero mejor evitar este recurso, porque se meten en problemas.

9. Respecto de la coautoría funcional es bueno que los jueces citen a todos los doctrinarios, pues solemos decir lo mismo: esta forma de coautoría se da cuando, por ejemplo, en el asalto a un banco, un sujeto amenaza al público para que no se mueva, otro embolsa los fajos de billetes que le entrega el cajero y otro aguarda en la puerta con un vehículo en marcha.

En esto no hay problema, todos coincidimos, sólo que los jueces de estas sentencias deberán cuidarse de no mencionar el pequeño detalle de que, en ese totum revolutum de la remisión a la supuesta prueba documental que siempre conviene calificar de abrumadora, no existe prueba alguna de lo que hizo cada uno de los supuestos intervinientes: es como si en el caso del asalto al banco se quisiese condenar a cualquiera de los tres coautores, pero  sin probar que apuntaba al público, que embolsaba los fajos de billetes o que estaba aguardando a sus compinches con el coche en marcha o, peor todavía, sin ninguna prueba de que alguno de los tres hubiese estado en el banco.

10. Aquí es muy recomendable y hasta necesario que los jueces invoquen a los colegas alemanes, eligiendo la teoría que les parezca más conveniente, para darle un viso de cientificidad a la superación de este escollo y también para confundir al lector. Así, podrían citar a un prestigioso doctrinario como Roxin, para apropiarse de su teoría del aparato organizado de poder, que este autor inventó para explicar la coautoría de los miembros de las SS y de la Gestapo, en el tiempo en que se juzgaba a Eichmann en Israel.

Pero si a los jueces y a los medios de comunicación dominantes les parece exagerado aplicar esa construcción a todo un gobierno electo democráticamente, pueden elegir, con cita del mismo autor, la categoría que enunció como delitos de infracción de deber. Estos delitos serían los que exigen que el autor tenga un especial deber hacia el bien jurídico, lo que podría llegar al infinito, pues son muchos los casos de autores que tienen este deber especial en hechos cometidos en ejercicio de cualquier actividad. Así, no solo infringen deberes específicos los funcionarios públicos, sino también los padres, los docentes, los sacerdotes, los votantes, los ingenieros, los médicos, los veterinarios, etc.

11. ¿Pero para qué acudir a este concepto de delito de infracción de deber? Pues, para algo que los colegas alemanes citados jamás admitirían, porque se trata de una directa y mal disimulada perversión procesal de sus teorías. Pero como los jueces del lawfare saben que los alemanes nunca tendrán noticia de eso, pueden hacerlo sin inmutarse y quedarse tranquilos.

Con esa tranquilidad de conciencia, los jueces (o algún colaborador más instruido que se lo proyecte) pueden argumentar, siempre un tanto confusamente para que no salte a la vista la pirueta y pueda darse la impresión de que se trata de una deducción de lógica pura, que como todos los funcionarios que en conjunto se repartieron la tarea de cometer cohechos infringieron sus deberes de funcionarios, no es necesario probar en qué consistió la intervención de cada uno de los supuestos coautores, bastando con afirmar, por remisión al totum revolutum de la supuestamente abrumadora prueba documental, que todos infringieron en conjunto sus deberes.    

Es notorio que esto es un espectacular salto lógico realmente acrobático, pero se trata del punto más delicado de la sentencia que, por ser tal, los jueces del lawfare deben esmerarse tratando de mantenerlo lo más oculto posible entre los cientos y cientos de fojas de lo que firman.

12. De lograr disimular bien este enorme salto lógico, realmente de trapecio circense sin malla de contención, los jueces evitarán que el lector desprevenido o perdido en la hojarasca de la voluminosa sentencia, se percate de que se eludió probar lo que cada uno supuestamente hizo en el supuesto cohecho cometido en conjunto con reparto de la tarea, al igual que como se lo hace en el ejemplo del asalto al banco.

De no disimularlo con los mejores y más hábiles recursos, quedaría claro, en detrimento de la credibilidad de la sentencia, que los penalistas podemos coincidir o criticar las teorías de los autores y colegas que se citan, pero el más mínimo respeto debido a su seriedad científica nos permite asegurar, con la más absoluta certeza, que ninguno de ellos suscribiría este uso procesal perverso de sus construcciones, destinado a obviar la prueba de lo que debiera probarse.

Como este es el secreto clave de la sentencia de lawfare, los jueces nunca deberán permitir que lo descubra cualquiera que tuviese la extraordinaria capacidad obsesiva de leer detenidamente esos cientos y hasta miles de fojas.    

13. Por último, como toda sentencia de lawfare debe proscribir -o al menos estigmatizar- al principal condenado, especialmente si estuvo a cargo del poder ejecutivo por elección popular, se hace necesario dar por cierto que era el jefe de toda la maquinaria de cohecho.   

Para eso hay varios caminos, siendo el más fácil la afirmación rotunda de que no podía ignorar que se cometían los cohechos. Incluso aunque algún corrupto los hubiese cometido, siempre deberá presumirse en la sentencia que el titular del ejecutivo proveniente de un movimiento popular –no los otros- es una suerte de hermano mayor omnisciente que todo lo controla. Aunque este recurso no deja de ser grosero, siempre será más sutil que algunas afirmaciones un tanto insólitas, que los jueces del lawfare debieran evitar como, por ejemplo, atribuirle al funcionario de mayor jerarquía un poder de influjo psíquico. Es aconsejable no inventar conceptos tan increíbles, ser prudentes, no excederse, porque de lo contrario dejan demasiado a luz sus intenciones y pueden caer en el ridículo que, como sabemos, no tiene retorno.   

14. No podemos dejar de señalar que para este rápido esbozo de manual para jueces del lawfare, nos inspira en buena medida la sentencia del llamado caso Sobornos de Ecuador, contra Rafael Corres y toda la plana mayor de su gobierno y de su partido, porque es muy ejemplar en la materia, debido a la transparencia con que aplica el método reseñado.  

Por descontado que, conforme al objetivo actual, dejamos de lado la insólita situación institucional del Ecuador, que hizo que, de los nueve jueces que intervinieron en las diferentes instancias, siete fuesen interinos y, al igual que la procuradora, todos hayan sido nombrados por el partido opositor a los condenados. También omitimos señalar que el tribunal que debía revisar la sentencia aceleró los tiempos y convocó audiencias en plena pandemia, para notificar su decisión confirmatoria la víspera de la apertura de la inscripción de candidatos para la elección popular, impidiendo así la candidatura de Correa y de la plana mayor de su partido.

Si bien estos son datos coyunturales, conviene de paso mencionarlos, porque cualquiera de las sentencias de esta naturaleza se pronuncia siempre en un contexto institucional más o menos caótico.  

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA.

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