Por Angelina Uzín Olleros*

(para La Tecl@ Eñe)

Señora de ojos vendados
que estás en los tribunales
sin ver a los abogados,
baja de tus pedestales.
Quítate la venda y mira
cuánta mentira…

María Elena Walsh

La Casa de Gobierno de San Salvador de Jujuy está rodeada por cuatro estatuas de Lola Mora: la Libertad, el Progreso, la Justicia y la Paz; hasta hoy perdura el debate entre algunos historiadores y comentaristas locales sobre la Justicia sin la venda en los ojos en la versión que ella esculpió en mármol de carrara. La doxografía ofrece constancia de la respuesta que dio en su momento Lola, dijo que la Justicia debe ver a quiénes juzga.

La venda es un símbolo de imparcialidad, de docta ignorancia, los jueces no deben saber  quiénes son los destinatarios de sus sentencias.

En su debate con los pensadores utilitaristas John Rawls retoma desde la izquierda liberal la tradición platónica y se define heredero de la concepción contractualista. Hace un rodeo para proponer un estado originario en el que la justicia se cubre con el velo de la ignorancia para dar una teoría imparcial de cómo nos debemos organizar en ese momento inaugural del contrato social. Al decir de Jorge Dotti, Rawls no propone nada nuevo, retoma a los filósofos contractualistas e intenta esbozar una nueva teoría de la justicia en la que, en definitiva, los más favorecidos deben ayudar a los desfavorecidos; agregamos en el actual sistema capitalista.

Un sistema que se caracteriza por la acumulación por parte de unos pocos, que genera deuda a los que no tienen propiedad privada y que a enormes poblaciones del planeta les exige vender su fuerza de trabajo. Resignificamos una y otra vez la perspectiva marxiana pero el núcleo duro permanece, ante la Justicia estamos todas y todos en situación de desigualdad, quién más tiene menos teme, porque sabemos que las cárceles están habitadas por los pobres o en terminología rawlsiana los desfavorecidos o menos favorecidos. La Justicia es un concepto, otra cuestión es el Poder Judicial, que como su nombre lo indica es un Poder y por lo tanto decide la culpabilidad o la inocencia de las y los acusados, impone un castigo, absuelve, determina…

Cierta vez le pregunté a un juez en ejercicio cómo definía la justicia y respondió “hacer cumplir la ley” acto seguido le pregunté por la exégesis, es decir, la interpretación de la letra de la ley y me dijo que habían muchas posturas al respecto. El conflicto de interpretaciones no es solamente una propiedad de la Filosofía del Derecho, en su contexto de aplicación las leyes están sujetas a distintas lecturas y apreciaciones. Aún cuando la Justicia esté personificada con sus ojos vendados, los jueces y fiscales ven a quiénes juzgan.

Para el liberalismo en general las desigualdades son inevitables, el precio de la libertad es ése, cada una es propietaria de sí misma, cada uno es propietario de sí mismo. Abandonadas y abandonados a nuestra suerte la libertad aparece como una decisión individual; pero sabemos que no todas ni todos tenemos las mismas posibilidades de libertad material. El liberalismo anudado al republicanismo propone la independencia de los poderes, en Argentina un grupo político partidario insiste en oponer republicanismo a populismo, astucia de la razón o astucia de la conveniencia; populismo es un concepto demonizado, por lo tanto es preferible la libertad de la desigualdad a la igualdad de oportunidades bajo la protección de un Estado de derecho presente.

Las organizaciones y los movimientos sociales también han sido desprestigiados en algunos medios de comunicación, como los gremios y los sindicatos, bajo el lema de la mala administración, el permanente latiguillo de la corrupción, siempre es preferible pensar que los pobres son autoculpables de su desdichada situación y que quienes gozan de derechos merecen su bienestar porque se han esforzado. Entre el sujeto real y el imaginario se abre una brecha y ésta posibilita la construcción de una otra o de un otro que es responsable de los males de la sociedad.

Muchos casos de criminalización de la protesta social y del abuso de prisiones preventivas han sido protagonistas en los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio, que demuestran la fragilidad del argumento liberal republicano. El caso de Milagro Sala en Jujuy es un claro ejemplo: en el mes de enero de 2016 fue detenida en San Salvador de Jujuy, acusada por el Gobierno de esa provincia de instigación a cometer delitos y sedición, debido a un acampe de protesta contra el gobernador de la provincia Gerardo Morales. A los pocos días de su detención, el fiscal del Estado provincial amplió la denuncia a Sala para incluir asociación ilícita, fraude y extorsión. Luego, fue liberada por la primera causa, pero en el mismo acto ordenaron su prisión preventiva por la nueva acusación.

La forma y el motivo de la detención han sido criticados por personalidades nacionales e internacionales calificados como una detención arbitraria. En concordancia, la Procuraduría de Violencia Institucional resolvió que efectivamente Sala ha sido privada de manera ilegal de su libertad. ​Amnistía Internacional exigió su inmediata liberación y en el mismo sentido se expresó la Organización de los Estados Americanos.

En octubre de 2016 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una opinión que solicita al Gobierno de la República Argentina liberar de inmediato a la señora Milagro Sala, y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación. En 2017 se conocieron correos electrónicos que dan cuenta de la coordinación entre el gobernador, el fiscal del Estado provincial, el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la presidenta del Superior Tribunal de Jujuy con el objetivo de justificar el mantenimiento de la prisión preventiva de Milagro Sala.

Como la estatua de Lola la justicia en manos de algunas juezas y algunos jueces ve en Milagro el estigma de una militante social y política que debe ser expulsada del sistema de reparto, porque ella encarna el peligro para una estructura que quiere conservar la pirámide de poder en la que muy pocos deciden el destino, la culpabilidad y la inocencia de las ciudadanas y ciudadanos. La venda para Lola es el símbolo de la ceguera que debe evitar la justicia, pero para el Poder Judicial de Jujuy el inexistente velo de la ignorancia garantiza la desigualdad ante la ley.

Paraná, 16 de enero de 2021.

*Dra en Ciencias Sociales. Máster en Filosofía. Docente en UADER y UNR. Escritora.

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Por Diego Tatián*

(para La Tecl@ Eñe)

En enero de 2016 Milagro Sala fue puesta en prisión preventiva, condición en la que permanece hasta ahora de manera ilegal. Ese mismo año, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba le concedió por unanimidad de su Consejo Directivo el “Premio José María Aricó” por considerarla una de las más importantes dirigentes sociales de la historia, y a través de ella a la Organización Barrial Tupac Amaru.

Poco tiempo después, con motivo de una visita a la cárcel de Alto Comedero, Milagro nos hizo llegar esta carta conmovedora, que con el tiempo se carga de sentido histórico y valor testimonial, y que aquí reproducimos. Es, esencialmente, una carta a los y las estudiantes. La lucha de las universidades, dice allí, es parte de muchas otras luchas y debe integrarse a ellas.

Pocos meses después de habérsele concedido la distinción, los abogados de Milagro consultaron a la Facultad si podía enviarse nuevamente el diploma del premio, ya que una patota había entrado a su casa y le había sustraído todos los reconocimientos recibidos por su labor social, como parte de un hostigamiento físico, psicológico y simbólico constante, que no se ha interrumpido hasta hoy.

Desde hace más de siete años, Milagro es una presa política del gobierno de Jujuy y está siendo destruida poco a poco por la vejación continua que se ejerce sobre su persona. Como resultado de la persecución y el hostigamiento de todos estos años, Milagro se encuentra actualmente grave de salud, internada en una clínica de San Salvador. De manera innecesaria, amedrentadora y como prolongación de un invariable contenido de crueldad que arrastran los siglos, el gobernador mandó a rodear el lugar de personal policial.

Hace unos días, el Presidente de la Nación viajó a Jujuy para visitar a Milagro, en un gesto de alto contenido político, de indudable importancia simbólica e insuficiente. La inacción institucional frente a la bestial violencia ejercida desde el Estado contra una dirigente social que impulsó una obra colectiva en favor de los sectores más olvidados, sumió a la Argentina en un irreparable retroceso en materia de derechos humanos y en una inopia democrática. No existe expresión para designar la saña con la que los poderes públicos, económicos y mediáticos de una provincia ejecutan de manera sistemática la destrucción psicológica, física y política de una ciudadana que no aceptó el destino impuesto por un atávico desprecio de clase. Esa expresión debería dar cuenta del proceso por el cual el odio personal de quien ejerce la primera magistratura de Jujuy acaba convertido en odio de Estado.

Cuando habla, el rostro indio de Milagro es seco, diáfano y hermoso. Su castellano parece hospedado por lenguas desconocidas que retumban en cada palabra y lo vuelven puramente americano. La revolución indigenista de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru no parece un hecho del pasado cuando esa mujer pequeña que emplea las palabras con fuerza arrolladora atraviesa con su mirada paciente, sino una memoria viva y una emancipación aún abierta. Como tampoco es cosa olvidada la decapitación y descuartizamiento de Tupac Amaru por los colonizadores en la Plaza de Armas de Cuzco, aunque a nosotros ese día de 1781 nos resulte lejano. No lo está para las comunidades que heredaron su tragedia.

La escritura de Milagro es tan lúcida y clara como su oralidad. La carta con motivo del Premio Aricó, concluía con un legado simple forjado en el sometimiento de muchos siglos. “Desde la cárcel los insto a militar, a servir, estudien mucho pero no abandonen la realidad que vive nuestro país. Mucha gente sufre, necesita ayuda, solución a sus problemas y para eso son importantes los intelectuales comprometidos… Que los estudiantes salgan a defender el trabajo de sus padres, su universidad, los derechos que logramos en los últimos años y que le costaron la vida a cientos de estudiantes en La noche de los lápices… Por todo esto los insto a defender nuestro país, que hoy los necesita. Hasta la victoria siempre, Milagro Sala”.

Córdoba, 1° de julio de 2022.

*Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias de la cultura (Scuola di Alti Studi Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Italia). Investigador del Conicet.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Alguna vez un personaje extremadamente reaccionario me dijo: “Soy tan conservador que, si Dios me hubiese pedido consejo, le hubiese respondido que era mejor dejar el caos”. Recuerdo esas palabras ahora, cuando la actual situación judicial en nuestro país es abiertamente caótica, en el auténtico sentido del desorden universal precedente al cosmos, es decir que produce la sensación de una regresión hacia el caos.

Aquí y en todo el mundo hubo dictaduras horripilantes, en las que cualquier habitante corrió el riesgo de ser asesinado, pero respondían a un “orden” criminal, sangriento, cruel, sucio, cobarde, repugnante, asqueroso, pero “orden” al fin.

Ahora y aquí, por lo general no corremos esos riesgos, sino el de ir presos que, si bien es menor, no por eso es menos repudiable, y tampoco es producto de un “orden” de aquellas características, sino del “desorden” caótico. Bajo el criminal “orden” genocida argentino, todos los habitantes fuimos potenciales desaparecidos, pero ahora, bajo el “desorden” caótico, todos somos potenciales presos. No se puede negar que es menos grave, pero eso no sirve de consuelo.

Podemos decir que estamos todos en libertad condicional y que, en cualquier momento, puede sernos revocada por un grupo de jueces ubicados en posiciones estratégicas y que invocan argumentos jurídicamente aberrantes, como una “traición a la Nación” sin guerra o la invención de “vínculos residuales” o sencillamente ninguno, porque la arbitrariedad no los necesita.  

La Corte Suprema tomó la gravísima decisión de habilitar la “presencialidad” en las escuelas, sin solicitar la opinión de ningún perito, es decir, con el solo conocimiento epidemiológico de sus jueces omniscientes.

También cuando se le hizo saber que la prueba decisiva para condenar a un ciudadano había sido la declaración de un testigo sobornado con un hotel, puso un sello que decía que eso no le interesaba.

Cuando se le observó que en trece causas había intervenido el mismo juez instructor y los mismos jueces de alzada y casación, después de demorar su decisión algunos años, reiteró que solo es competente cuando media sentencia condenatoria o prisión preventiva efectiva y que esos otros detalles no configuraban ninguna gravedad institucional.

La misma Corte consideró que el Consejo de la Magistratura no estaba compuesto en forma constitucional, que en verdad nadie sabe ni puede decir cuál es, porque la Constitución no lo dice. Pero dejó que funcionase así durante años hasta desempolvar el viejo expediente para tomar el control del Consejo, devolviendo vigencia a una ley derogada por el Congreso de la Nación. De ese modo, en el futuro no tendrá necesidad de “secuestrar” a otro senador para que no llegue a tiempo para votar la destitución de un juez molesto, y de paso, también podrá controlar el concurso en el caso de los jueces “trasladados” a dedo por un Ejecutivo.

Esa misma Corte fue la que quiso aplicar el cómputo del “2×1” a los genocidas que nunca habían estado en prisión preventiva y, ante el escándalo y la masiva manifestación popular, dos de sus jueces modificaron su criterio, pero nada menos que haciendo aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, so pretexto de acatar una “ley interpretativa”, que no existe en el derecho penal, pues las leyes penales las interpretan los jueces. Es la primera vez en toda nuestra historia en que se resolvió algo semejante, quizá siguiendo la doctrina alemana o soviética, pero de los años cuarenta.

Acaba de resolver que cualquier noticia, por infamante que sea, debe quedar en “Google” para siempre, aunque al parecer hubo un cambio de criterio extraño en el curso de la toma de decisión.    

Fueron sometidas a vejámenes ante las cámaras de televisión personas que podían haber ido a pie a prestar declaración indagatoria, sin que la Corte Suprema ni los jueces de mayor competencia -todos responsables de la superintendencia- llamasen la atención a quienes habían ordenado o tolerado esas nuevas picotas.  

El viejo truco de iniciar actuaciones por el mismo hecho con diferente calificación estuvo al orden del día, violando el elemental principio que prohíbe volver a enjuiciar al que fue absuelto o sobreseído. Tampoco llamaron la atención pretendidos sorteos, cuyos resultados desmienten todas las teorías de la probabilidad. Y menos aún las numerosas maniobras que hacen que todas las causas que interesan a los poderes fácticos vayan a dar a los mismos tribunales y pasen por los mismos dos jueces de casación, que visitaron quince veces a Macri, por antigua amistad o para jugar al paddle.

La regla es clarísima: se creó un fuero de atracción, como si fuese una quiebra o una sucesión, para que esos jueces persigan y condenen a los funcionarios del gobierno anterior al 2015 y encubran a los del gobierno del 2015 al 2019. Incluso se amenazó a pretendidos “arrepentidos” para que declarasen contra cierta persona, so pena de quedar en prisión preventiva efectiva, con la participación de un fiscal que se ampara en sus fueros para eludir su indagatoria por extorsión, mientras espera que el fuero de atracción absorba su causa y lo exima de toda responsabilidad.

Y ahora la enfermedad de Milagro Sala -la presa política por excelencia del país- hace que su caso vuelva a la primera plana, después de siete años de prisión arbitraria, durante los cuales ninguno de los poderes del Gobierno federal hizo nada por resolver la escandalosa situación del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. Demás está decir que la Corte Suprema de la Nación no tomó ninguna decisión frente al caso, que duerme empolvado en algún cajón. Si Milagro está en arresto domiciliario es por disposición de la Corte Interamericana, a la que ahora desafía el Gobernador y manda personal a que se meta sin previo aviso en el cuarto de la enferma y la despierte para darle una cédula de notificación. 

Todos saben que el Gobernador hizo que su Legislatura ampliase el número de jueces del Superior Tribunal, para cubrir de inmediato esas vacantes con los diputados que habían votado la ampliación. Además de que en ese poder judicial todos parecen ser parientes, como el Gobernador aspira a una “re-reelección” inconstitucional, obliga a renunciar a seis de los nueve jueces del Tribunal.

Por efecto de un acuerdo espurio con el principal opositor, el gobernador dispone de la mayoría absoluta en la Legislatura, lo que le permite amenazar a toda la magistratura de la provincia con destituciones por juicio político. De los tres jueces que quedan en el Tribunal, uno fue el ministro de seguridad que detuvo a Milagro.

El Presidente de la República no puede indultarla, porque el inc. 5º del art. 99 de la Constitución Nacional solo lo habilita a hacerlo “por delitos sujetos a la jurisdicción federal” y Milagro es prisionera de la llamada “justicia” provincial.  

Lo cierto es que los jueces que mantienen presa a Milagro están incurriendo en graves delitos, admitidos por algunos de ellos en dichos “en off” pero divulgados, en que expresaron que lo hacen porque no se podría gobernar con ella libre. Queda claro, pues, que no son decisiones impugnables y opinables, sino resoluciones tomadas por el dolo directísimo de privar ilegalmente de libertad a una persona, es decir, que desde hace siete años –y hasta este momento- se está cometiendo un gravísimo delito continuo que nadie interrumpe.

El art. 5º de la Constitución Nacional manda que en las constituciones provinciales “se asegure su administración de justicia”; el 6º dice: “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.

El art. 29º conmina con “la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” que las legislaturas provinciales otorguen a los gobernadores “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público”. La omisión de la Legislatura de Jujuy para hacer cesar la sumisión de sus jueces al Gobernador implica que acepta que éste ejerza la suma del poder público y desconozca la forma republicana de gobierno, como lo demuestran los hechos.  

¿Pero la omisión de impulsar la intervención federal, al menos al judicial provincial, conforme al art. 6º constitucional, por parte del Congreso Nacional y del propio Ejecutivo como colegislador, no es acaso una suerte de participación o facilitación por omisión en el delito del art. 29 constitucional?

No es ningún argumento válido que el proyecto de intervención no obtendría la mayoría en el Congreso Nacional, porque incluso en ese caso, al menos salvarían su responsabilidad quienes impulsasen el proyecto o lo votasen nominalmente; hasta ahora el silencio o la omisión compromete a todos, si no jurídica al menos éticamente.

Digámoslo más claramente: se está cometiendo un delito de privación ilegítima de libertad en Jujuy, cuya Legislatura deja que su Gobernador ejerza la suma del poder público, lo que configura también el delito del art. 29 constitucional y, no obstante, los tres poderes del Gobierno federal permanecen impasibles: la Corte “cajonea” la causa y los otros dos ni siquiera tienen el mínimo gesto de impulsar la intervención prescripta por el art. 6º constitucional, cualquiera sea el resultado.

Si se pronunciase la Corte Interamericana ordenando al Estado hacer cesar la prisión de Milagro, el Gobierno federal no podría alegar su impotencia, porque se lo prohíbe la Convención Americana (art. 28). Sería lamentable que la intervención federal se dispusiese por imperio del derecho internacional, cuando al asumir todo funcionario nacional jura no solo cumplir la Constitución, sino también “hacerla cumplir”.      

Después de reflexionar lo anterior, ocupo en un café una mesa junto a la ventana y observo pasar a la gente. Nadie se da cuenta de estar en libertad condicional, aunque dentro de un rato cualquiera de esas personas pueda ser Milagro, o alguna de las otras víctimas del “lawfare”. Si se lo hiciese notar, algunas me dirían “yo no soy político, no tengo nada que ver” y hasta no faltaría quien me dijese “no sé nada de política ni me interesa”.

Pero, sé muy bien que mañana vendrán por los competidores en el mercado, por quienes protestan en las calles, después por empresarios pymes, por sindicalistas, por vendedores de empanadas caseras o de globos, y, como observaba Bertolt Brecht, luego será tarde. De todas formas, pienso que, conforme a la teoría del caos, este es inestable y al final se organiza. No es verdad que sea mejor regresar al caos y mucho menos decirle a Dios que se equivocó. Mejor tomamos el café mientras vemos cómo se puede organizar el caos para volver a la República. 

Buenos Aires, 9 de julio de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

La represión de Gerardo Morales sobre el pueblo jujeño ha hecho que muchos recordaran la célebre frase de Karl Marx “la Historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa”, en respuesta a Hegel, que decía que la Historia tendía a repetirse.

Marx deslizó esa frase en su obra el XVIII Brumario de Bonaparte, en la que analiza las circunstancias que rodearon al autogolpe que un sobrino mediocre de Napoleón realizó en 1851, enviando a las tropas a ocupar las imprentas para evitar que salieran los periódicos, a detener a dirigentes de la izquierda y reprimir al proletariado.

El 20 de junio CFK –que no cita a Marx- recordó que Morales fue un alto funcionario del gobierno de la Alianza, cuyo presidente abandonó la casa de gobierno en helicóptero aquel 20 de diciembre de 2001, en medio de un tendal de muertos y heridos provocados por el accionar ilegal policial. Durante esa jornada, las Madres de Plaza de Mayo fueron reprimidas por primera vez de manera salvaje. De eso, los radicales no vuelven más.

Para rematar, CFK habló de una “Argentina circular” en alusión a un 20 de junio, pero de hace cinco años, cuando el FMI otorgó a Mauricio Macri 50.000 millones de dólares.

En noviembre de 2001, un mes antes de dejar el gobierno en medio de la masacre, De la Rúa viajó a EE.UU. para reunirse con George Bush a quien explicó su “plan de austeridad” que implicaba reducción de salarios y jubilaciones. 

En el juicio por los muertos y heridos del 20 de diciembre de 2001, uno de los procesados, Enrique Mathov, secretario de Inseguridad de De la Rúa, sostuvo que la hipótesis que manejaba el gobierno en ese entonces era que el país podía sufrir “atentados” como consecuencia del apoyo dado a las “medidas” adoptadas por Washington para combatir el “terrorismo”.

Para quien quiera conocer o rememorar en detalle cuáles fueron esas medidas no tiene más que leer lo que difundió Wikileaks sobre los crímenes masivos cometidos por EE.UU. con la excusa del combate al “terrorismo”. (Por cierto, por haber difundido esos crímenes, Julian Assange lleva años preso, a la espera de que Gran Bretaña decida si lo extradita a EE.UU. para que lo encierren de por vida). 

El mismo 20 de junio la CIDH emitió un comunicado manifestando su preocupación por la represión a los manifestantes y aludió a que la reforma constitucional se realizó sin pedir opinión de las comunidades indígenas, tal como indica el Convenio 169 de la OIT.

Mientras tanto, se conocía la existencia de ingresos a viviendas sin orden judicial, detenciones masivas con desconocimiento del paradero de las personas, la utilización desproporcionada de la violencia, y detenciones con vehículos particulares, como hizo la dictadura en el ingenio Ledesma para secuestrar a los dirigentes sindicales.

Como los tiempos cambian, no fue necesario evitar que salieran los diarios. Bastó con publicar noticias falsas en canales de TV y en los portales de internet. Por ejemplo, Clarín acusó a la convencional del FIT, Natalia Morales, de amenazar con un golpe institucional, y uno de sus titulares sobresalientes del 21de junio aludía a que el jefe de la Policía jujeña dijo que los disturbios se organizaron en Buenos Aires y, como prueba, mencionó que uno de los detenidos tenía tonada porteña.

La seriedad de Clarín va de la mano con la que ostentaron el día anterior los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio, al decir que las manifestaciones fueron una respuesta a lo ocurrido en el Chaco, cuando los reclamos vienen sucediendo desde mucho antes de la desaparición de Cecilia Stryzowski. Restaron toda importancia a los reclamos de los manifestantes al acusar al gobierno nacional de organizarlos, como si no tuvieran de qué quejarse, tanto por los salarios de miseria, como por el riesgo que corren las tierras en las que habitan las comunidades indígenas, como consecuencia de la avidez empresarial por el litio.

Un paso más dio Patricia Bullrich ante una pregunta de una periodista sobre el comunicado de la CIDH. La presidenta del PRO y precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, dijo que no era la primera vez que la CIDH opinaba sin estar en el lugar –en referencia a la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida durante un operativo de Gendarmería en la Patagonia-, minimizando la intervención del organismo y dejando en claro la importancia que los órganos internacionales de protección a los derechos humanos tendría para un eventual gobierno de JxC.

En la tarde del 21 de junio, el presidente Alberto Fernández dijo que instruiría al ministro de Justicia y DD.HH. a iniciar acciones legales, e instó a Morales, de modo definitivo, a que cesara la represión y buscara canales de diálogo. Aclaró que no era él quien lo pedía, sino el pueblo y los organismos internacionales que defienden los DD.HH. Tal vez un ingenuo viera en la palabra “definitivo” el origen de una pedida intervención federal, que muchos, con razón, creen más lejos que Mercurio.

Al comunicado de la CIDH se agregó el de Amnistía Internacional en similares términos y alertando que, de avanzar con la reforma constitucional, inevitablemente sería impugnada judicialmente y comprometería la responsabilidad del Estado Argentino. Luego se conoció el de la ONU, que mencionó la represión desproporcionada y la existencia de heridos de gravedad por el uso de armas, y el de Human Rights Watch, sosteniendo que la reforma contradice estándares de DD.HH., dado que restringe la protesta social.

De todos esos comunicados, los grandes diarios no dicen una palabra y se limitan a difundir fotos de los detenidos y a hablar de supuestos prontuarios suculentos. No sólo comparten seriedad con JxC; también, intereses y objetivos.

Negar el derecho a la protesta es cercenar las garantías constitucionales y maniatar la democracia, dijo el presidente, que pidió no utilizar a Jujuy como prueba de ensayo para expoliar al pueblo, tal como quieren algunos.

El pueblo jujeño dijo basta y su reclamo se hizo eco en los trabajadores de varias ciudades argentinas. Ahí está la pulseada. Mientras tanto, Bullrich escoge de candidato a vicepresidente a Luis Petri, el autor de una de las leyes más liberticidas, la que prohíbe la libertad condicional para determinados delitos. Con la ley Blumberg vigente, que subió a 50 años la pena máxima, esta gente se asegura cárcel inhumana para rato, y para el sector social al que siempre apunta.  

Buenos Aires, 22 de junio de 2023.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.

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Por María Pia López*

(para La Tecl@ Eñe)

Milagro Sala fue detenida un 16 de enero, hace diez años. Lo hizo el gobierno provincial, en manos de Gerardo Morales, para liquidar lo que señalaba como un contrapoder. Eran los tiempos del macrismo, que vistos desde el presente parecen anticipación. Esa detención lo fue. Pensamos a Jujuy, tanto quienes gobernaban como quienes nos alarmamos y opusimos, como un laboratorio de estrategias represivas destinadas a destruir los movimientos populares y condenar a las y los líderes más notables a procesos judiciales bajo supuestos cargos de corrupción o desacato de alguna índole.

Milagro no fue elegida al azar. Conducía una organización social con notable capacidad de acción, constructora de barrios, de cooperativas productivas, de lugares de ocio. La Tupac Amaru construyó ochocientas viviendas, centros de salud, talleres. Desplegaba movilizaciones enormes y fiestas reparatorias. Jujuy fue la provincia donde más tarde comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. Remolones jueces, preferían evitar mover casos como el de las desapariciones vinculadas al Ingenio Ledesma. Tanto que su dueño, Carlos Blaquier, murió impune, y que Olga Aredes, que buscaba a su marido desaparecido, marchó durante años sola en la plaza de San Salvador. Pero algún día Milagro entró a la sede judicial, acompañada de una movilización de la Tupac, y el juicio demorado comenzó a andar.

Eso no se lo perdonó la élite. Tampoco que además de considerar el hambre y las necesidades evidentes de las personas de los barrios populares, pensó en otras como las piletas de uso público que engalanaban la vida colectiva. No le perdonaron la idea de que les pobres, además de comida, quieren y merecen placer y alegría. Como no se le había perdonado a Eva esa Fundación soñadora que inventaba palacios para huérfanes y chiques pobres y ciudades infantiles para jugar. Milagro es constructora, organizadora, templaria del orgullo popular. A ella y a la Tupac le temían, y se dedicaron a su desarme mediante la persecución judicial y la destrucción de toda la obra.

Fue laboratorio porque probaron hasta dónde podían llegar. Si podían contra una organización de la envergadura de la Tupac y una líder como Milagro, ¿contra qué y quiénes no iban a poder? Hubo movilizaciones inmediatas de protesta -recuerdo en esos días enfrente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires- y una movilización feminista con la consigna de Jallalla Milagro. Sin embargo, los poderes políticos y judiciales siguieron adelante con una revancha de clase que la convertía en sujeto de sacrificio. Todo, entre la repetición de una cantinela mediática largamente ensayada que ponía lo hecho bajo la sospecha de corrupción.

A diez años, pero fundamentalmente cuando entre esos años hubo un gobierno nacional de origen peronista, lo hecho suena a poco. Milagro sigue cautiva. Y eso, en nombre de las dificultades legales de decidir su liberación -ya que estaba castigada por el aparato judicial provincial-, es una de las tristezas de un poder conforme con su propia impotencia. Si Jujuy fue laboratorio es porque se empezaba a probar allí la dificultad de reaccionar, de movilizar las fuerzas suficientes, de comprender el horizonte que se abría, que no era el de una amenaza a un grupo de militantes ni a una organización, sino la puesta a prueba de un mecanismo de persecución judicial que llegó hasta quien fuera presidenta del país.

Contra Milagro acumularon una pila de expedientes amañados, la condenaron a prisión, murieron uno de sus hijos y su marido, ella está enferma y sigue siendo hostigada por el aparato judicial en cada uno de esos trámites. Ensañados contra un cuerpo y una historia que son emblemas de lo que quieren combatir.

Así pasó una década: lo que allí era el trazo insinuado de un poder destructivo, hoy es la materialización de una estrategia fascista de reconversión entera de la vida social. El pasaje del laboratorio Jujuy al experimento Argentina: la destrucción de todas las instancias de preservación del lazo social no mediadas por el mercado. Eso requiere el ataque a los movimientos sociales, a su capacidad de construir alternativas, modos de vinculación, redes cooperativas. También supone el ataque a las instituciones claves de sostenimiento de lo público, como la salud y la educación; y la corrosión de la política como actividad capaz de afectar y modificar la vida de las personas. El experimento es la desertificación: ¿cómo viviremos si solo queda el mercado?

Cuando se cumplió un año del golpe militar de 1976 -estamos a meses de la conmemoración del medio siglo-, Rodolfo Walsh escribió una carta a la Junta que gobernaba. Detalló los crímenes, las desapariciones, los fusilamientos, las torturas sin límite de tiempo, los campos de concentración. Y aclaró: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”.

La persecución judicial, el law fare, la represión, la actual habilitación a los servicios de inteligencia para realizar detenciones, el amparo a la violencia institucional, están, hoy también, al servicio de producir la miseria planificada. El laboratorio Jujuy fue el del desarme de un contrapoder para esa estrategia; el experimento Argentina, la continuidad del plan del Proceso por otros medios. En 2016, cuando Milagro fue encarcelada, se cumplían 40 años del golpe.

La larga insistencia de las clases dominantes argentinas produce, una y otra vez, cacerías de militantes. Esta vez, lo sabemos, tienen a su favor el orden autoritario y fascista que se derrama desde Estados Unidos, que tiene en un brazo una billetera -con la cual condicionó las elecciones en nuestro país- y en el otro la fuerza armada con la que golpea e invade, asesina a sus ciudadanxs y deporta migrantes. Nada de eso debe ser un llamado al silencio frente a la injusta cárcel de Milagro. Por el contrario, en la rebeldía contra ese dictado de un poder judicial que actuó y actúa bajo mandato de revancha, debemos encontrar el gesto ético, el llamado a fundar otro modo de hacer política, que no acepte el menoscabo de preguntarse por lo que conviene, sino que afirme lo irreductible de un compromiso. El de desmontar cada uno de estos actos cuyo horizonte es el empobrecimiento de las mayorías y su sujeción a un orden que las condena al descarte.

La nota contine lenguaje inclusivo por decisión de la autora.

Martes, 13 de enero de 2026.

*Socióloga, ensayista, investigadora y docente.

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La entrada Del laboratorio al experimento – Por María Pía López se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.