Por Roberto Caballero*

(para La Tecl@ Eñe)

El día que decidió homenajear al policía que mató a un asaltante por la espalda en la Casa Rosada, Mauricio Macri tenía muy claro lo que quería hacer y decir con semejante gesto, porque conocía de antemano el video que desmentía la versión que asumía como propia, precisamente, durante esa esperpéntica celebración. Patricia Bullrich luego tradujo el mensaje, sin rodeos: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía. Y estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito (…) Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”.

El caso del policía Luis Chocobar, el celebrado sargento Chirino de Cambiemos, confirma que tanto la de Santiago Maldonado como la de Rafael Nahuel no fueron muertes azarosas, luego torpemente encubiertas desde el Poder Ejecutivo, sino el producto de una nueva política de seguridad que asigna a los efectivos de todas las fuerzas la potestad de tomar la vida de cualquier persona, aún cuando la situación no lo requiera. La versión policial será, en adelante, la única versión válida de los hechos. Los policías pasarán a ser, además, jueces que aplican sentencias extrajudiciales y cualquiera de estos crímenes irreversibles será reivindicado como un acto en cumplimiento del deber. Es la implantación de una política garantista, pero de la impunidad.

Volvamos a la escena de la Casa Rosada. Chocobar estaba (lo sigue estando) procesado, es decir, investigado por un supuesto homicidio cometido en exceso de la legítima defensa. Sin embargo, el presidente lo recibió como un héroe. Hay una causa abierta, no hay sentencia definitiva, otro poder del Estado (el Judicial) todavía trata de determinar las circunstancias que produjeron la muerte de Pablo Kukok, de 18 años. Pero Macri saldó el asunto, absolvió en público al policía y lo puso como ejemplo, a la vez que cometía una grosera falta a la división de poderes tan cara a los sentimientos republicanos que voceaba en campaña. Las justificaciones de Marcos Peña (quien admitió que el presidente había visto el video) y de Bullrich fueron en el mismo sentido. Sin embargo, fue Jaime Durán Barba quien reveló los fundamentos más profundos de la nueva doctrina: “La gente en las encuestas nos pide la pena de muerte”.

El video conocido masivamente horas después del encuentro entre Macri y Chocobar refleja que la versión del policía, que es la versión que Macri toma como propia, no es cierta. Las imágenes son nítidas. Kukok huía cuando fue abatido en medio de la calle de un disparo por la espalda. Chocobar había dicho que estaba en riesgo su vida, que Kukok intentó agredirlo con un cuchillo y que entonces disparó para protegerse. No es lo que se ve en el tape. Lo que allí se confirma es que Chocobar practica una ejecución a plena luz del día, mientras Kukok escapaba. El que atravesaba en diagonal la calle era un asaltante huyendo. Minutos después, ese mismo asaltante, se convertía en víctima de un asesinato.

El gobierno demostró que no le importa la verdad de los hechos, como tampoco importó en los casos de Maldonado o Nahuel. Importa garantizarle a las fuerzas de seguridad la certeza de que hagan lo que hagan, existe un compromiso del Estado macrista con su impunidad. Es la puesta en marcha de un Estado encubridor de los crímenes propios, sean estos cometidos para reprimir la protesta social o el delito callejero.

Esto es mucho más que desatarles las manos a las fuerzas de seguridad. Se trata de algo todavía más grave. Es asumir que de ahora en adelante cualquier policía, gendarme o prefecto se va a conducir en cualquier procedimiento con una norma no escrita que está más allá de las leyes de verdad que rigen para todos. ¿Qué es, sino la aplicación de una pena de muerte, lo sucedido con Kukok? Peor aún, ¿en qué se convierte este asesinato, si es nada menos que el presidente de la Nación, quien recibe al policía ejecutor como un héroe? Todo crimen avalado por el Estado se convierte en un crimen político.

No es un error, no es un exceso. Esto es una decisión política, que involucra al Jefe de Estado y a las fuerzas de seguridad comprometidas con el control social, a través del miedo. El gobierno está convencido de que la sociedad puede disculparle tarifazos, caída del poder adquisitivo y hasta ajustes salvajes contra los más débiles, pero que de ninguna manera estaría dispuesta a vivir sin un orden garantizado, aunque este orden sea injusto y represivo.

Quizá esto sea cierto para una parte de su voto duro. Quizá ese voto duro vaya en busca de la periferia amplia que reivindica las salidas punitivistas. Es probable que las encuestas no le mientan a Durán Barba, y haya una mayoría que verdaderamente respalde “la pena de muerte”. Habrá que ver esos sondeos con más detalle. Difícilmente se identifique la pena de muerte con ejecuciones extrajudiciales. En otros países, donde existen leyes que penan con la extinción de la vida la comisión de determinados delitos, intervienen jueces, fiscales y jurados. Existen discusiones sobre las metodologías más o menos cruentas. En ningún caso la aplican los policías por la libre, según la nueva doctrina que impulsa Cambiemos.

Cambiemos ratifica que el mal puede ser banal. Un gobierno necesitado de apoyos, que resuelve el día a día según los focus group que encarga a un publicista, es un gobierno que puede habilitar vagones para mascotas en el subterráneo y también la pena de muerte ilegal justificándose en el humor social de un momento, quitándole toda trascendencia al bien más preciado, que es la vida humana.

El argumento según el cual Chocobar ese día no salió a matar y Kukok sí salió a robar, que traza una línea divisoria entre el servidor público y el ciudadano a ser reprendido, esquiva que los delitos y las penas que los castigan deben tener una proporcionalidad. Es verdad, quizá Chocobar salió ese día a la calle sin pretensión de convertirse en homicida. Salió policía de su casa y terminó convertido en delincuente, en apenas unas horas, por tomar decisiones erradas, que el Ejecutivo rescata ahora como heroicas. La Justicia resolverá, con todas las garantías del debido proceso, si es condenado. Pero Kukok está muerto. ¿Se la buscó? No está acá ni siquiera para hacerle esa pregunta. Fue ejecutado por la espalda por un agente estatal. Esa no es la pena que marca el Código Penal.

El efecto que buscó Cambiemos quizá esté logrado. Habrá gente que se sentirá más protegida ahora que la Casa Rosada habilita las ejecuciones extrajudiciales a mano de la policía de gente que incursiona en conductas que el Código Penal castiga como delitos. La historia enseña, en cambio, que los órdenes represivos, como el que pretende imponer Macri desde su asunción, dan una sensación de control en el corto plazo, pero van erosionándose a sí mismos con el correr del tiempo, porque las imágenes de violencia gratuita a repetición generan terror a la vez que deslegitiman a sus promotores. Es un efecto dialéctico del cual nadie escapa.

El cacerolazo nocturno del 18 de diciembre pasado fue una respuesta espontánea a la represión del mediodía. Fue un límite social, como aquella impresionante movilización en contra del 2×1. Ver a la Gendarmería, una fuerza de seguridad militarizada, disparando a mansalva contra manifestantes. Ver a la policía en sus motos atacando a cualquiera que pasara por la zona del Congreso. Todas escenas de guerra civil no declarada, lejos de apuntalar al presidente y sus políticas, abrieron una caída en su imagen sin precedentes. Incluso entre sus adeptos.

Vuelve a equivocarse el gobierno con Chocobar. Su llegada a la Rosada se tomó en este contexto de pérdida de apoyos ciudadanos. “El punitivismo siempre paga”, podría ser el comentario reflejo que motivó esta decisión, si fuera exclusivamente demagógica, aunque también trasunta de ideología, eso es innegable. Pero algo de la materialidad económica empieza a gestar un malestar que Cambiemos, por primera vez, no puede domar tan fácilmente. El policía “héroe” se parece demasiado a los policías “represivos” que reciben a los despedidos en el Hospital Posadas, en el INTI, en el Senasa, como antes lo hicieron en Pepsico, Cresta Roja o Río Turbio.

No es que no haya público para los nuevos “Pattis” o “Malevos Ferreyras” que Cambiemos promueve. Lo hay, como en todo el mundo. Pero no son consecuencia de mayorías estables, ni hegemonías permanentes. No son la parte concluida de nada. Son consensos volátiles. Expresan un momento, que cada tanto –y peligrosamente, es cierto- se vuelve a repetir, hasta que vuelven a remitir, y eso también es verdad.

La dictadura cívico-militar, por caso, duró siete eternos años, pero no logró extenderse más allá de eso, porque la pena de muerte extrajudicial, la vejación sistemática a ciudadanos y la ausencia de libertades constituyen prácticas siniestras y criminales que terminan siendo repudiadas a la larga, incluso, por aquellos que las alentaron desde la enjundia o la indiferencia. Por eso pudo juzgarse a los militares represores y por eso cuesta tanto hacerlo con sus ideólogos empresarios que, a principio de los ’80, advirtieron que había que comenzar a despegarse y borrar las evidencias que los comprometían con esos crímenes.

Cada represor, cada genocida en el banquillo, todos lo sabemos, esconde un ideólogo que lo estimuló a convertirse en un monstruo y que luego, cuando los cadáveres se contaban de a miles, se excusó en la ignorancia exculpatoria. El Estado terrorista no puede ser eterno, porque ninguna sociedad puede convivir con sus horrendas prácticas y sus horrendas consecuencias por mucho tiempo, aunque hayan servido para saciar su sed de venganza al principio de los tiempos.

Pasa lo mismo con el Estado policial. Cada Chocobar que es aplaudido no es otra cosa que el preludio a un rechazo que tarde o temprano sucede, porque ninguna excepcionalidad criminal avalada por el Estado -en este caso, el gatillo fácil o la ejecución extrajudicial- puede transformarse en recurso permanente sin cultivar un futuro repudio social. No, mientras el pacto civilizatorio democrático básico inaugurado en 1983 con el Nunca Más, impregne las conciencias de millones de argentinos y legitime, como hasta ahora viene ocurriendo, las instituciones democráticas, aun con sus insuficiencias.

No es novedad: aún los gobiernos de derecha, como el de Macri, tienen que lidiar con los derechos y garantías que la Constitución reconoce a sus ciudadanos. Y el cumplimiento de esos derechos y garantías son ineludibles, sobre todo, para aquellos que ejercen la administración temporal de los asuntos públicos. El mensaje bestial del macrismo con Chocobar, aunque peligroso y amenazante, no modifica el repudio último que las leyes imponen a cualquier asesino que mata por la espalda, y más aún cuando lo hace con un arma provista por el Estado.

No hay “focus group” que valga en estos casos, porque si Kukok o su familia no reciben justicia en la Argentina, como puede presumirse mientras Mauricio Macri ejerza la presidencia, será el sistema interamericano de derechos humanos el que ponga las cosas en su lugar, aunque sea dentro de un tiempo. Ese pacto fue incorporado a la Constitución en 1994. Estaba vigente antes de que llegara Macri al gobierno y seguirá estándolo cuando se vaya, salvo que modifique la Carta Magna y la sociedad entera renuncie a esos derechos y garantías que hacen posibles la convivencia y las libertades en las sociedades modernas.

La impresión es que Macri tiene un problema con la democracia. No se siente parte de sus exigencias. Supone que no lo comprometen. La realidad le va a demostrar en algunos años que la omnipotencia mal llevada, una de las patologías más recurrentes de los que ejercen el poder, confunde más de lo que aclara y complica más de lo que resuelve. Entonces deberá dar explicaciones de sus actos, como cualquier otro ciudadano, y descubrirá para qué demonios sirven las leyes que protegen la vida y la libertad de las personas, aún la de aquellos que hacen las cosas mal.

O muy mal, como en su caso.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018

*Periodista. Conductor del programa radial Caballero de día, por Radio del Plata. Director de la revista Contraeditorial

La entrada Doctrina Chocobar: una política garantista, pero de la impunidad – Por Roberto Caballero se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Horacio González*

(para La Tecl@ Eñe)

A mediados de los años 20 el joven Walter Benjamin escribió su famoso trabajo sobre la violencia, donde figura la palabra “crítica”. Crítica de la violencia. No era un alejamiento de la violencia, pues con la palabra crítica quería significar qué se podía desentrañar de esta palabra cuya referencia es casi toda la historia de la humanidad, su oscura dimensión propiciatoria; su relación con el mito y el derecho, y con su capacidad de crear sociedades nuevas o prometer masacres sagradas.

Es uno de los trabajos más conmovedores y sorprendentes de Benjamin, mantiene un manto teleológico permanente y para algunos, inscribe allí el futuro de su propia obra y el destino de su propia vida. Lo recordamos repentinamente ante el asombro que nos produce el asesinato de Estado producido por un simple policía, que se sumergió en las hondonadas más profunda del desprecio por la vida humana, y en su trágica acción –pudo haber durado 5 o pocos más minutos-, comprimió todo el drama de una época.

En las reflexiones de Benjamin –festejadas en su momento por Carl Schmitt, pues permitían pensar en el derecho y su destrucción a través de distintos tipos de violencia-, se pasa por un momento en que el autor afirma que en los estratos de la vida popular tiende a aprobarse la pena de muerte. En un tejido oscuro de la conciencia colectiva.

Lógicamente, no hizo ninguna encuesta, no salió a preguntar por los alrededores de Berlín, Viena o Moscú. Tenía una amarga convicción que se podría explicar de muchas maneras, no sólo por el tembladeral de la Gran Guerra –allí la muerte es otra cosa, no una lección estatal, aunque algo de eso tiene-, sino por su cuestionamiento al modo en que se invoca lo popular por parte de las socialdemocracias, que a su juicio, debía pasar antes por despejar un conocimiento más profundo sobre la relación de las capas populares ante el espectáculo de la muerte del delincuente  por parte de la ley de Estado.

Este espectáculo, que no era fácil detectar entre los fundamentos últimos del feudalismo en relación a la potencia de castigo que mantenían lo poderes dinásticos, podía ser el creador de la línea que separase “normalidad” y “anormalidad” como supuesta muralla entre el bien y el mal. Se basaría quizás, en un secreto deseo de la sangre, sorbida del cuerpo del desdichado sorprendido en algún infortunio o un daño, involuntaria o  no. Así se le ofrecía una cabeza a la comunidad aldeana que se fortalecería con su propio terror y su propio contento en ver un ahorcado en la plaza o una espalda donde brotan hilos definitivos de sangre. Allí hay una forma de gobierno.

¿Qué querría decir que el pueblo ansía secretamente “la pena de muerte”? Es posible que Benjamin estuviese describiendo ácidamente el comienzo de una violencia mítica, purgación genérica de las sociedades que quieren recubrirse con una capa pseudo moral a sabiendas de sus confidenciales proyectos diarios para vulnerarla. Podemos juzgar la frase benjaminiana como un gran lamento y también como una orientación intelectual para amonestar al partido del progreso, que idealizaba la vida popular como una escena pastoril, ajena a sedimentos históricos de dominaciones e injusticias ejercidas por los señores de la sangre, que hacían emanar su poder del ejercicio, sobre la servidumbre, de una tropelía que simultáneamente parecía enclavada en la propia conciencia de los más masacrados por la indigencia, el hambre, la necedad, el deseo de consuelo en el mal del otro, de un igual.

Reescritura del contrario social, de la fundación del Estado. Esa sangre derramada por el Estado alimentaba el amor por los príncipes. De lo popular emanaba la brujería, el hurto pequeño, el asesino que quería liberarse en el interior de su cortijo de sus propios fantasmas de senilidad o locura… Todo eso era motivo del castigo supremo que no era el Feudo el que lo hacía, eran los mismos siervos los que lo soñaban para seguir justificando su ignorado ludibrio.

En la Argentina gobierna un pensamiento primitivo, en tiempos que se dicen tecnológicos, que parte del mismo principio del escarmiento mortal oscuramente deseado por los ciudadanos. La ciudadanización a través del efecto que produce una muerte sacrificial, un ladronzuelo que huye y al que hay que matar por la espalda, lanzado sobre él los dardos incendiarios del Estado, apenas dos balas o más, nueve milímetros, lo que sea, en una escena donde la violencia que rompía todo indicio de derecho y los restos de cualquier ley, se podían considerar llamados a reagrupar el medievo nacional alrededor de sus patricios o patricias. ¿Pero puede ser esto?

Verdaderamente, no es digno, no tiene fundamentos decir que “el pueblo quiere la pena de muerte”. Por más difícil que sea representar hoy la idea de un pueblo con porciones de homogeneidad heredadas de pedagogías anteriores, no podemos, no debemos creer que eso sea cierto. Pues Durán Barba lo cree. Dice que ha hecho encuestas, no solo aquí, en otros países, los menciona: Chile, Ecuador, Brasil, todos quieren la pena de muerte. O algo parecido de lo que ocurrió en La Boca, la muerte por un brazo policial al margen de la ley. Durán Barba aclara: yo no estoy de acuerdo con eso, pero las encuestas lo dicen. Esta frase tiene un alto índice de obscenidad, es lastimosa, artera, sólo repudiable en las alturas de la mayor repugnancia. Es decir, partiendo de que cree que las encuestas son una “ciencia”, está justificando científicamente un asesinato.

Que el Presidente lo haya recibido a Chocobar y felicitado en un despacho oficial, significa producir un acto de Estado ligado al terror, al condicionamiento de los jueces a los que aún les falta condicionar y a los ciudadanos en general. El policía Chocobar estaba contento. Es un apellido del norte del país. Podemos imaginar quizás su vida. Pudo ser hace siglos alguien que festejaría el daño que las fuerzas militares producían en otra comunidad o en otro vecindario, o al revés, pudo tener ancestros campesinos que sufrieron de muchas formas los estilos de coacción de conquistadores, encomenderos, políticos conservadores, policías rurales, guardia pretorianas.

Pero no, ahora por fin salía de su duda, algo le decía que había pasado un límite, pero igual no sabría bien decir si le había gustado matar o no a un hombre, a un muchacho que corría después de un robo, pensando que solo con su velocidad zafaba. Un juez quiso imputarlo. Por eso tenía dudas Chocobar. No había leído la Encuesta de Durán Barba. Pero todo se desvaneció en ese momento, con la ministra felicitándolo, con el presidente distendido y locuaz en las medida que le es posible, que le decía que sí, que sí, que todo eso estaba bien y que debía haber muchos miles y miles de Chocobar, y que luego otros policías replicaban “somos Chocobar”, y que las encuestas estaban a full, que por lo tanto la Ciencia aprobaba. Pensó entonces que matar a un hombre era reconstruir la sociedad… o ser un héroe… Volver al barrio con la frente alta.

La escena pedagógica le recordaría difusamente que pudo ser castigado como en alguna lejana escuela del interior del país, desprovista y despintada, pero ahora él era el Estado, una de sus formas, una de sus espadas, una forma de la ciencia, una racionalidad de gobierno. Por fin Chocobar no sólo era felicitado por sus superiores que acaso antes lo maltrataban, ahora era la Encuesta, el Estado, el Pueblo. ¡Maldición! ¡No es así!

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018

*Sociólogo, ensayista y escritor. Ex Director de la Biblioteca Nacional

La entrada La pena de muerte – Por Horacio González se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

En momentos de esperanza para la Argentina es bueno no dejar de echar un vistazo sobre nuestra región y, en particular, sobre el modelo de Estado que impulsa el colonialismo financiero, mediante el endeudamiento astronómico, la supresión de subsidios y planes sociales y la imposición de fuertes ajustes presupuestarios en perjuicio de los más débiles.

Es claro que este nuevo colonialismo erosiona nuestros Estados, que se van alejando del modelo de Estado de Derecho, se abren brechas de odio en las sociedades y renacen prejuicios de toda índole, muchos marcadamente racistas, resabios no superados de las anteriores etapas colonialistas, dando lugar a una particular mezcla de coetaneidad de elementos no coetáneos.  

El programa ideológico del colonialismo financiero es claro: formatear sociedades con un 30% de incluidos y 70% de excluidos, conteniendo a los últimos mediante una creación de realidad mediática única y monopólica y, de no ser suficiente, con represión brutal y desembozada.

La ideología con que se encubre esta realidad reemplaza hoy a las esgrimidas por los totalitarismos de entreguerras en cuanto a confrontación con las libertades, la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho.

Dicho groseramente, es clarísima la confrontación de Friedrich von Hayek -uno de los máximos teóricos del autodenominado neoliberalismo-, sosteniendo que nadie tiene derecho a nada por el mero hecho de haber nacido, con la famosa nota de Rousseau, que sostenía que siempre alguien debe tener algo que lo motive a sostener el contrato.

Efectivamente: todo Estado de Derecho –para generar un orden– debe ser en alguna medida social pues, cuando esta condición se pierde y muchos quedan sin nada, sólo resta procurar el orden por medio de la mentira y la represión, hasta que todo se desbarata en el desorden.      

Es clarísimo que el neoliberalismo no es una ideología liberal. Por el contrario, cabe afirmar –confrontando a von Hayek con Rousseau- que es su antípoda, lo que en el plano real se verifica y también explica la especial empatía de los Chicago boys con la dictadura de Pinochet.

Pero, ante todo, el neoliberalismo es una ideología. Toda ideología es un sistema de ideas que puede ser racional o irracional, según sirva para acercarse a la realidad develándola o alejarse de ella encubriéndola. Por eso, no siempre una ideología es encubridora –concepto sólo negativo que le asignaba Marx-, sino que las hay también que permiten acercarse a la realidad, cuestión a dilucidar por la crítica de las ideologías.

De allí que las ideologías –cuando son encubridoras- al excluir o neutralizar datos de realidad- ocultan el mundo (o parte de éste) a sus seguidores, que acaban creyendo que están haciendo lo que en realidad no hacen o no haciendo lo que en realidad hacen.

El neoliberalismo es, pues, una máscara que encubre las pulsiones totalitarias del corporativismo financiero transnacional y del colonialismo por endeudamiento de nuestra región, valida de un grosero reduccionismo economicista seguido de su aberrante antropología del homo economicus.

Sus seguidores creen que se alejan del modelo de Estado de Derecho para ordenar mediante la violencia punitiva y represiva la sociedad 30 y 70 bajo la forma de Estados de policía, que sería su ideal políticamente antiliberal.

Pero no son sólo sus cultores los que lo creen, sino también solemos creerlo sus críticos. La vieja polarización de modelos ideales de Estado entre los de Derecho (todos iguales ante la ley) y los de policía (todos igualmente sometidos a la voluntad arbitraria del que manda), proveniente de lo confrontación de entreguerras entre democracias y totalitarismos, nos ha encasillado y –ni ellos ni nosotros- tenemos las ideas claras respecto de qué sucede con los Estados a medida que este colonialismo nos aleja del Estado de Derecho, puesto que no es verdad que los conduzca en el sentido del modelo de policía, sino a otro diferente y no suficientemente observado.  

En efecto: el modelo de Estado de policía requiere cúpulas fortísimas y verticalizantes, como eran Stalin, Hitler, Mussolini, los genocidas nuestros de la seguridad nacional. Pero las cúpulas del poder estatal de nuestra región tienden a ser cada vez más débiles e inestables: su principal preocupación –como domadores de potros o novilleros- es resistir los corcoveos para que no los  revuelquen por el suelo.

Aunque no en todos los países el proceso alcanza el mismo grado de avance ni mucho menos, vale la pena reparar en las situaciones más dramáticas de Estados apartados del modelo de derecho, porque existe la seria amenaza de que se marche lentamente por el mismo camino en toda la región.  

Lo que vemos en esas situaciones extremas y dolorosas es que sus policías (seguridad, inteligencia, etc.) se autonomizaron y montaron sistemas de recaudación propios (suele llamárselo corrupción) que, naturalmente, requieren un aparato de coerción, o sea que montan también su propio sistema de penas (extorsiones, torturas, detenciones ilegales). Como también eliminan a los rateros de pequeña monta (ejecuciones sin proceso, letalidad policial), éstos se protegen refugiándose en organizaciones más estructuradas (delincuencia de mercado llamada organizada, o sea, oferta de servicios ilícitos).

La delincuencia de mercado también tiene su propio sistema de recaudación y de penas (venganzas mafiosas), pero en ningún país puede subsistir sin una relación alternativa o selectiva de cooperación/conflicto con las policías autonomizadas, de modo que se establecen vasos comunicantes.

De este modo, la población va siendo sometida a diferentes exigencias de recaudación y a sus respectivos sistemas de penas  –incluso contradictorios-, por lo que suelen generar grupos de autodefensa que acaban montando también sus aparatos de recaudación y de penas, lo que acrecienta el caos en la sociedad.

Cuando a la cúpula débil se le reclama insistentemente por el caos social, trata de mostrar un poder que no tiene y –como pretendida medida preventiva- autonomiza más a sus agencias policiales, lo que realimenta todo el proceso de caos social.

Al agravarse la situación, como medida desesperada, la débil cúpula decide echar mano de las fuerzas armadas, degradándolas a funciones policiales. Como éstas no están entrenadas para la prevención y seguridad interior, comienzan cometiendo errores y luego atrocidades; finalmente, terminan montando también sus propios sistemas autónomos, al igual que las policías.

El resultado es que el caos social se acrecienta aún más y, al perder prestigio y respeto público las fuerzas armadas, se lesiona gravemente la defensa nacional. El Estado se debilita, es decir, sucede todo lo contrario de lo que sería un Estado de policía verticalizado, pues se configura un modelo de Estado deteriorado cuya capacidad de recaudación y de ejercicio del poder punitivo se habrá desperdigado en múltiples poderes fácticos de grupos. Cabe agregar que estos grupos con poder fáctico distan muchas veces de ser pacíficos entre ellos, pues disputan áreas y competencias, lo que desconcierta más a la población e incremente la violencia y la vivencia del caos.   

Una sociedad caotizada y un Estado deteriorado son perfectamente funcionales al colonialismo, porque su soberanía se debilita al máximo en dos sentidos: (a) por un lado –considerando que el titular de la soberanía es el pueblo-, el caos social presidido por el miedo paraliza y anonada, dificultando al máximo que buena parte de éste opte por las mejores soluciones políticas (las más racionales); (b) por otro lado, el deterioro del Estado agrede a las instituciones elementalmente necesarias a todo Estado, o sea, las que hacen a la seguridad interior y a la defensa nacional.  

Es menester estar atentos a este proceso y a lo que nos enseñan las experiencias más dolorosas para poder intervenir interrumpiéndolo, porque es ahora bastante claro que, a medida que nuestros Estados se alejan del modelo de derecho, no marchan –como creen los neoliberales y a veces nosotros mismos– hacia el de policía, sino rumbo a un nuevo modelo que requiere mayor análisis: el Estado deteriorado.

El proceso de deterioro estatal sólo puede contenerse reforzando el monopolio del poder recaudador y punitivo en los Estados en que aún no se haya pluralizado demasiado, lo que requiere mover la aguja nuevamente hacia el lado del Estado de derecho, con la contención jurídica de esos poderes inherente a ese modelo y, por ende, revertir las pulsiones autonómicas de las  agencias del Estado y, en su caso, neutralizar el poder fáctico de los grupos que lo hubiesen asumido.

Por cierto, es mucho más fácil reforzar un poder que no se ha perdido del todo, que recuperarlo cuando se ha desperdigado hasta el límite de comprometer muchas veces el propio control territorial, que es elemento básico de la soberanía. En estos casos no hay fórmula sencilla, puesto que se hace necesario reconstruir y restaurar todo el armado institucional básico del Estado para recuperar el monopolio de la recaudación y del poder punitivo con control jurídico.

No son bravuconadas verbales las que resuelven estas situaciones, que sólo sirven para debilitar aún más al Estado. En cualquier caso, el objetivo estratégico será fortalecer al Estado evitando o revirtiendo su deterioro, mediante el sostenimiento –o en su caso la recuperación- del monopolio estatal del poder de recaudar y penar, debidamente acotado por el poder jurídico. En cuanto a las tácticas, en los casos extremos, son difíciles de señalar, aunque sea fácil descartar los descaminos paradojales.

A diferencia de lo que muchas veces creímos –y de lo que creen los propios neoliberales- la degradación de nuestros Estados de Derecho no marcha hacia modelos de policía, sino hacia un nuevo modelo de Estado débil y colonizado, que es el Estado deteriorado cuyos síntomas deben detectarse y neutralizarse lo más prematuramente posible, porque siempre es más sencillo prevenir que reconstruir. No olvidemos que, si bien los ideologizados creen estar marchando hacia sus distopías sociales por vía de Estados de policía, hay otros poderes fácticos más allá de le región, que son perfectamente conscientes de la funcionalidad colonialista del modelo de Estado deteriorado.   

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2019

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada ¿Hacia dónde van los Estados en Latinoamérica? – Por Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.