Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

Inteligencia remite al conjunto de actividades informativas con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones de naturaleza compleja. Es una categoría conceptual que acaso sintetice la necesidad de conocer y la gestión de las informaciones, elementos esenciales para la vida política y para la definición de elecciones estratégicas en distintos ámbitos de la vida pública. Su campo de aplicación primigenio es el ámbito militar. Sobre el tema existe una bibliografía de ficción literaria y una producción cinematográfica profusas, que marcan la ampliación del espionaje del sector bélico a otros ámbitos: económico, científico, político, diplomático, criminal, industrial, comunicacional, informático, religioso. Los servicios de información y seguridad, más comúnmente servicios secretos, son organismos militares o civiles que desarrollan actividades de espionaje, contraespionaje, recolección de informaciones con vistas a tutelar la seguridad del Estado. Uno de los personajes emblemáticos de este submundo es James Bond, perteneciente al MI6 (Secret intelligence) británico, protagonista de las novelas de Fleming. Otros tantos personajes surgieron de la confrontación entre el occidente liberal y occidente/oriente comunista en ese arco de tiempo suspendido entre el final de la Segunda Guerra y la caída del muro del Berlín: Bridge of Spies de Spielberg o Das Leben der Anderen de Henckel von Donnersmarck. De esa industria cultural se desprende una “teoría de la inteligencia y el espionaje” integrada por la búsqueda de informaciones para conjeturar los designios del antagonista y evitar también crisis internas con ramificaciones internacionales; tareas de propaganda y contrapropaganda; manipulaciones de informaciones; penetración ideológica en el campo del adversario, etc.

Acaso las primeras huellas de la inteligencia/espionaje se encuentren en el segundo libro de la Biblia. Moisés, antes de guiar el éxodo de los hebreos del antiguo Egipto a la Tierra prometida envía a 12 hombres a explorar Canaán para saber qué tipo de pueblo la habita, si es poderoso o débil, numeroso o acotado, para averiguar si sus ciudades están fortificadas o si se organizan en campamentos abiertos, sin la protección de murallas. Algo muy parecido sucede en los capítulos de Il Milione de Marco Polo. Este veneciano que vivió en la corte de Kublai Kan cuenta cómo empezó a viajar hacia oriente por orden del Kan para registrar qué comían las poblaciones que encontraba, qué animales tenían, cómo conservaban los alimentos, cuáles eran sus costumbres, armas, caballos, tipo de organizaciones. Hoy leemos este libro como una novela, si bien su escritura se acerca más al protocolo de la práctica de la información preventiva. Otro libro, que hoy se vende casi como si fuera un texto de autoayuda, Sobre el arte de la guerra, atribuido a un general que vivió en el VI siglo a. C. –Sun-Tsu–, le dedica un capítulo a los espías e indica que son sujetos a quienes hay que pagarles dos veces, para evitar su traición. Propone una tipología de cinco agentes secretos, que con su trabajo coordinado constituyen una especie de tesoro, de “red divina”. Sobre las reflexiones vertidas en ese libro se creó en Japón una organización dedicada al espionaje: los Ninjas. En la guerra de Troya, las actividades de espionaje las llevó a cabo el hombre de los mil nombres: Ulises. Los speculatores en Roma eran soldados que operaban en las legiones, guardias del cuerpo del comandante y espías. Es el despreciable personaje de Quintus en Gladiator, de Ridley Scott. Ariel, en The Tempest de Shakespeare es un espíritu mágico y todopoderoso, y espía de Próspero. Alejandro III instituyó la Ojrana (protección) en Rusia: una policía secreta que tenía el objetivo de reprimir cualquier tipo de subversión y que ejercía su control sobre escuelas, universidad, prensa, justicia. Victor Serge le dedica un capítulo en Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (Madreselva, 2010).

Cuando la inteligencia es practicada por los Estados se engarza con otro concepto: el de seguridad nacional. Ahí la categoría concierne a la recolección de información y análisis de datos que inciden en la toma de decisión del poder político para la salvaguarda de un país de potenciales amenazas internas y/o externas. Seguridad nacional es prevención estratégica para evitar eventos non gratos relativos a la emergencia de tal o cual amenaza. En el ámbito de los Estados hay estructuras que se dedican expresamente a esa “teoría política de la información” y para llevar a cabo su trabajo adquieren rasgos de secretismo (y en algunos casos hasta de clandestinidad). El carácter secreto de los servicios atañe a al menos tres aspectos: la sensibilidad de las informaciones, las formas y los procederes de las investigación, y la preservación de las fuentes. El secretismo tiene que ver con la eficacia del servicio y su capacidad de evitar las distintas dimensiones de la amenaza. Además de los propios Estados la inteligencia es practicada también por sujetos y agencias privadas con objetivos que son a su vez privados. Ahí tenemos las novelas de Paco Ignacio Taibo II con Belascoarán Shayne y más acá, la serie Killing Eve y el contrapunto entre Villanelle y Eve Polastri. No estaría bien terminar este veloz contrapunto sin mencionar algo consabido en la cultura de las izquierdas revolucionarias y literarias: el caso de Rodolfo Walsh. Tomó partido por la Revolución Cubana, trabajó en Prensa Latina y se desempeñó como “criptógrafo”. Ayudó a dectectar mensajes cablegráficos, a desencriptar sus claves secretas y contribuyó a localizar a los mercenarios que en 1961 desembarcaron en Playa Girón con el objetivo de invadir la isla.

La inteligencia es una suerte de espejo del país en el que se recoge. Implica un proceso de recolección de información que luego comporta momentos descriptivos, situacionales y especulativos que están repletos de innumerables inferencias. Su valor reside en la capacidad de proveer informaciones y datos acompañados de un juicio acerca de su confiabilidad. Se trata de una contribución de conocimientos puestos a disposición del decisor público acerca de alguna amenaza latente o concreta para el interés nacional y que puede provocar riesgos de naturaleza política, militar, económica, financiera, energética, sanitaria, etc. Si esa cadena lógica articulada por las legalidades propias del Estado de derecho se quiebra, porque en sus tejidos se manifiesta alguna forma de la ilegalidad, entonces aparece (por ejemplo) el espionaje macrista, que por estos días alcanzó estado público. Sorpresivamente, lxs espiadxs en la Era Macri no figuran en la agenda informativa de los medios ideológicos de este país (los diarios con distribución nacional). ¿Sorpresivamente? Por medio de la denuncia de Cristina Caamaño –interventora de la Agencia Federal de Inteligencia– descubrimos que una parte de los servicios de inteligencia con el macrismo se “reperfilaron” para dedicarse al espionaje interno de personalidades vinculadas a la actividad política, a la actividad intelectual, periodistas, dirigentes, sindicalistas, dependencias de fuerzas policiales y un gobernador, espiadxs sin orden judicial. El listado de direcciones de mails apareció en una computadora dentro de la AFI. Para la propia interventora de la AFI hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. Pero ese procedimiento muestra más bien formas integradas de (i)legalidad. En esas maniobras espurias no hay errores sino mensajes. Estamos frente a otra madeja mafiosa que debe ser desenredada. Las mafias son sistemas de poder. Y la relación con el poder es un elemento constitutivo de la ‘Ndrangheta. La externalidad de la ‘Ndrangheta, su ilegalidad digamos, va permeando progresivamente el poder, la legalidad, hasta teñirlos y hacerlos funcionar con su propia lógica. Si estuviéramos frente a una manifestación estética podríamos hablar de grotesco, dado que es un hallazgo que tematiza elementos de índole distinta y contradictoria que se mezclan. Pero aquí estamos frente a un fenómeno social y político en el que legalidad e ilegalidad conviven. Para entender el fenómeno ‘ndranghetista hay que imaginar un espacio tripartito. En el primer sector operan los sujetos que producen bienes y servicios ilegales. En el segundo, los sujetos que los comercializan. En el tercero, los que gobiernan el territorio en el que esos bienes y servicios circulan. Este último es determinante para controlar los flujos electorales (condicionar los resultados), resolver disputas (ejercitar la justicia), condicionar la economía (alterar las reglas).

Luego de la denuncia de la titular de la AFI empezó a hablarse de “espionaje ilegal”, “proceso sistémico de inteligencia ilegal”, “producción de inteligencia ilegal”, “aparato de ilegalidad total”. Desde ya, estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional –que el macrismo había implementado incluso a nivel de CABA cuando en 2009 espió a funcionarios, empresarios, legisladores opositores, dirigentes gremiales, integrantes de la AMIA y de la colectividad judía, y hasta a un familiar del propio Macri– pero es un error conceptual y metodológico destacar sólo el aspecto ilegal de esas prácticas. Poner en foco la ilegalidad reduce la comprensión del fenómeno denunciado y que ahora será investigado. No estamos ni frente a la ilegalidad total ni a formas de inteligencia ilegal. Si desde junio de 2016 la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde una computadora de ese organismo y si esas tareas no fueron ordenadas por un magistrado (es decir, se llevaron adelante sin una orden judicial), sino que fueron dispuestas por alguna autoridad de la propia estructura de inteligencia, entonces se trata de inteligencia (i)legal. Con “(i)legal” quiero expresar el sentido de la manifestación de una cosa que se da en otra que es (o debería ser) su opuesto. También en este caso estamos frente a un emergente más de una práctica mafiosa propia de la cultura macrista. Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos (in)imaginables de la legalidad.

Buenos Aires, 2 de junio de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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(para La Tecl@ Eñe)                                                          

Postemilla.1 Absceso que supura. 2. Punta visible de un tumor

Una de espías. Los empeños de los narradores que trabajan en torno de esa máquina de entramados y suspenso que es la novela de espionaje, deberán esforzarse para no quedar súbitamente fuera de juego. No es fácil estrujar la imaginación cuando el rubro, en el plano de los hechos concretos y noticiables, se descontrola. No es fácil si nada menos que un presidente hace metástasis con la persecución y el fisgoneo y llega casi a la casi imposible hazaña de patrullar su sombra. Pariente del policial e hija del realismo crítico, el género tiene cumbres como John Le Carré y Graham Greene y posee muy buenos cultores por estos pagos. Pero hoy todo es tan burdo que para ficcionalizar alrededor la AFI acaso la comedia negra calce como un guante.

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Palabra de ex. “Si la pandemia me hubiera tocado en ejercicio de la presidencia en vez de fabricar millones de barbijos yo hubiera fabricado 45 millones de lupas. Seguro que alguno hubiera identificado el virus. No se la iba a llevar de Arribas”.

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Thriller político. A y B integran el mismo proyecto político. A consigue triunfar en la ciudad principal y eso lo empina al gobierno de su país. Cuando esto sucede B ocupa el lugar de A con el que siempre compartió los servicios de espionaje de C, D, E, F, G… y el resto del abecedario. Al entronizarse A en la presidencia, B le cede los mejores fisgones profesionales que habían acompañado a ambos en la ciudad. B sabe que para A espiar es un recurso político, una pasión malsana, y hasta recuerda las ocasiones en que se habían revolcado de risa juntos con los videoinformes sobre la vida sexual de un juez díscolo. B, como todo delfín que se precie, sabe que A lo va a espiar por lo tanto usa a los mismos pesquisas para estar al corriente de lo que hace su jefe. Las cosas se complican cuando todo se descubre y A llama a B y a sus laderos, y les dice: “Ni se les ocurra posar de víctimas”. Todos firman un comunicado que se explaya sobre la conducta impoluta de A.

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Un diálogo posible.

-Diputada…

-Ex diputada.

-Bien, ex diputada y en todo caso, doctora.

-Está bien, sigo siendo doctora.

-Doctora, no le conviene moverse en el terreno. Por varias razones la van a identificar inmediatamente.      

-Pero a mí me gusta la acción. Y estoy adelgazando ¿no se nota?

-Mire,  doctora. Confórmese con ser autora intelectual. No es poco.

Buenos Aires, 1 de julio de 2020

*Escritor, dramaturgo, poeta y periodista.

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@  Eñe)

Vicentín

Vicentín es una Sociedad Nacional radicada en Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe. La sociedad familiar se inicia en 1929 y en sus inicios se trata de un comercio modesto de acopio y ramos generales. 1929 es un año clave en términos nacionales y mundiales, muy parecido al 2020, al menos en términos económicos, pues estalla el crack (que como ahora pone en evidencia la fragilidad del capitalismo) y se produce la caída de Wall Street. Su contrafrente mundial es la llamada Great Depression. En ese entonces en la Argentina se asiste a una desvalorización de la producción agrícola y ganadera, el valor de las exportaciones cae vertiginosamente, hay quiebras en masa, reducciones salariales y lxs empleadxs públicxs durante meses no reciben sus haberes. Esa crisis afecta a todos los sectores sociales nacionales. Las vacas de las clases señoriales no tienen salida, pero los sectores más castigados, como siempre, son lxs obrerxs, lxs empleadxs y el proletariado rural. En ese contexto de desastre Vicentín abre sus puertas. Y en esta gran crisis pandémica parecería completar su ciclo. De paso, si la pandemia nos muestra algo ese algo son tres emergentes, al menos: el tamaño de la desigualdad internacional, la extensión de la precariedad laboral, y la existencia de políticxs que voluntariamente presentan la vida de grandes sectores sociales como prescindibles y descartables.

Volviendo a Vicentín, en 1959 se funda la sociedad anónima (S.A.). Algunos años más tarde, activa una planta desmontadora de algodón y una fábrica de aceite, esto es: una molienda de semillas de algodón, lino y maní. En 1966 la firma incorpora en su planta de Santa Fe el proceso de extracción por solventes, y así aumenta exponencialmente su producción. Es en pleno Onganiato que se inserta de lleno en el sector agroindustrial. En 1979, en San Lorenzo, Vicentín pone en marcha una planta de molienda de soja y girasol, y en Ricardone activa nuevas plantas desmontadoras de algodón. En la última dictadura desaparecen 22 trabajadores, señalados por la propia patronal. Esto quiere decir que su fortuna en parte se amasa “sobre la sangre y los derechos de sus obreros, sobre las libertades gremiales de sus delegados, el espionaje y la persecución de sus trabajadores, la corrupción planificada de los representantes sindicales. Por lo menos 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con el ejército mientras estaban desaparecidos. La empresa Vicentín fue cómplice de la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad, para asegurarse obreros dóciles, obedientes y familias aterradas”. Este es un extracto del trabajo de lectura imprescindible de Ana Fiol, “La empresa Vicentín y el terrorismo de Estado”[1]. En 1982 Cavallo estatiza la deuda privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentín pasan a ser del Estado, esto es: empiezan a cargar sobre los hombros de la clase trabajadora argentina. En 1985 Vicentín duplica su capacidad de extracción en la planta de Ricardone e inaugura su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Empieza a tener puerto propio. Y disponer de un puerto significa implementar formas sistemáticas de evasión fiscal. Este momento es importante porque Vicentín empieza a exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets (material aglomerado o comprimido de diferentes materiales) desde su propio puerto, ubicado a orillas del Río Paraná. En 1997, activa la tercera planta de molienda de soja en San Lorenzo. Y ya en el siglo XXI, con la Algodonera Avellaneda, incursiona en el rubro textil y arma otra planta, especializada en cuestiones de hilandería y tejeduría. Adquiere también el complejo frigorífico FRIAR, tres plantas industriales que procesan carne para el mercado interno y externo. FRIAR cuenta también con 50 locales de venta al público en 15 provincias (de un total de 23). En 2007, pone en marcha Renova, con OMHSA, sociedad controlada de Grupo Glencore. Con este movimiento inaugura la planta más grande de biodiesel del país. En 2008 compra la marca Estrella y empieza a procesar algodón hidrófilo. En 2010 incorpora Molinos Río de la Plata a Renova y junto con OMHSA arma un nuevo puerto y una planta de crushing para generar energía en Timbués (Santa Fe). En cuanto a Renova, se trata básicamente de una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades hacia Suiza y Paragauay. En 2012, Vicentín pone en marcha una planta de bioetanol a base de maíz o sorgo, también en Avellaneda.

Al 31 de noviembre de 2018 las empresas controladas o vinculadas con Vicentín S.A.I.C. son 20: Río del Norte S.A. (año inicio actividad: 1993; ubicación: Reconquista; actividad: portuaria), Vicentin Paraguay S.A. (2005; Paraguay; comercio de granos), Vicentín Europa S.L. (2005; Madrid; Comercial), Oleginosa San Lorenzo S.A. (2004; Avellaneda; Oleaginosa), Diferol S.A. (s. f; Reconquista; Inversión), Enav S.A. (2006; sin ubicación; elaboración de jugos), Renova S.A. (2006; sin información de ubicación; biocombustible), Tastil S.A. (2008; Montevideo; comercial), Emulgrain S.A. (s. F.; Santa Fe: Comercial: aceites y lecitinas), Algodonera Avellaneda S.A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Buyanor S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), FRIAR S. A. (s. f.; Reconquista; Frigorífico), Sir Cotton S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Juviar S. A. (2017; sin información de ubicación; elaboración de jugos), Playa Puerto S. A. (2017; sin información de ubicación; orden y pesaje de camiones), Vicentín Brasil Comercio e Exportação e Importação de Cerais ME (2017; Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil; comercialización de granos), Sottano S. A. (2017; Mendoza; elaboración de vinos), Biogas Avellaneda S. A. (2018; Avellaneda; comercialización de biogas), Renopack S. A. (2018; sin información de ubicación; fraccionadora de aceite), Teminal Puerto Rosario S. A. (s. f.; Rosario; portuaria).

Algunos datos relevantes del último quinquenio: en 2015 la deuda que Vicentín tenía con el Banco Nación era de 150 millones de dólares. En 2018 exportó el 87,3% de su producción, mientras que la facturación de la empresa había crecido en un 92,4%, superando el 35% de crecimiento del año anterior y el 66,7% de 2016. Para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor factutración en la Argentina. A lo largo de 2019 el Banco Nación le otorgó 24 créditos y 39 préstamos. El 2 de diciembre de 2019 Vicentín le vendió casi el 17% (16,67%) de sus acciones a Oleaginosa Moreno e Hijos (Glencore, que es un trader mundial de granos). El 5 de diciembre se declaró en estrés financiero y en situación de cesasión de pagos. A fin del año pasado, la deuda que había acumulado con el Banco Nación era de 300 millones de dólares, cuando en el período 2015-2018 había expandido vertiginosamente su facturación. Según la AFIP, subdeclaró exportaciones. O sea, cometió un delito[2]. Y el total de la deuda financiera local de Vicentín es de 27.623.318.106,98 pesos[3]. De todo esto desciende que la historia política de Vicentín está cruzada con la historia del gran capital.

El caso Vicentín es mucho más relevante que la resolución 125 que –en 2008, a tres meses de arrancar el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario. Más relevante y por ende más peligroso en términos de conflicto social y político. Mientras que la 125 modificaba un porcentaje de la captación de la renta agraria, la expropiación de Vicentín pone en tela de juicio la propiedad de un medio de producción del agro. Al respecto, vale la pena leer las importantes consideraciones de José Luis Livolti, referente del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) de Santa Fe en “Se tocan estructuras, se afectan intereses”[4]. Pues bien, si Vicentín no llegara a expropiarse en función de la justa iniciativa política del gobierno del Frente de Todxs, el Estado nacional –fragilizado luego de la pauperizción de la vida implementada por la Alianza Cambiemos– quedaría con menos recursos. Si Vicentín no se expropia habrá una miseria creciente en un país en el que vastos sectores sociales padecen miseria y hambre. El conurbano está explotado, hay ollas emergentes autogestionadas. Valga un ejemplo de esas miserias y hambres: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento –institución de educación superior ubicada a menos de 50 km de CABA– creó el Fondo Solidario de Emergencia Social y Sanitaria, destinado a la compra de alimentos para los comedores que funcionan en su área de influencia. Y Vicentín tiene que ver con la cuestión alimentaria (que por cierto está atravesada por vertientes genéricas), con el cambio en el modelo productivo, con la pérdida de la soberanía alimentaria o en todo caso con el derecho humano a una alimentación sana. Si Vicentín no se expropia la redistribución de la riqueza existente también se verá afectada vertiginosamente. Si Vicentín no se expropia se mantienen intactos los privilegios de una minoría explotadora y exportadora, implicada en este caso en delitos de lesa humanidad. La manera de minimizar esos privilegios es la expropiación, que implicaría un movimiento –por mínimo que sea– hacia la igualdad.

Para generar la intervención y posterior expropiación de Vicentín –luego de un necesario debate en el Parlamento nacional–, no basta la iniciativa del gobierno nacional ni de un Presidente en permanente estado pedagógico. Más bien: es imperiosa la unidad política del movimiento popular, un debate público sobre la cuestión de la expropiación y la recreación de la idea de movilización social, en un momento en el que la puesta de cuerpos militantes en la calle es una imprudencia. Se vuelve un imposible en este instante de torbellino pandémico, en el cual una porción mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propio el sentido de la defensa de la vida. Y con todo es inevitable pensar cómo movilizarnos en este contexto.

Auscultaciones ilegales-de-Estado

Mientras tanto, la derecha vernácula piensa en la cuestión Vicentín y agita las figuras de “atropellos institucionales” y “retrocesos institucionales”. Presentan la intervención y eventual expropiación de Vicentín como inconstitucional e ilegal y además agitan la idea de que el gobieno del Frente de Todxs pretende quedarse con todos los sectores productivos. ¿La mafia vernácula pone la lupa sobre Vicentín para tapar la cuestión de las escuchas cambiemitas? Pues no, pretende ocultar algo más grave: el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina entre 2015 y 2019. Las formas de la auscultación macrista responden a la lógica de la inteligencia interior con fines privados, esto es: en beneficio de una facción política. Y usar bienes comunes, del Estado, en beneficio particular es un delito (como subdeclarar exportaciones) que como tal debe ser perseguido por el Estado de derecho.

Cuando la cadena lógica articulada por las legalidades propias del Estado de derecho se quiebra, porque en sus tejidos se manifiesta alguna forma de la ilegalidad, entonces aparece el espionaje macrista: un espionaje ilegal de Estado. Por medio de la denuncia de Cristina Caamaño –interventora de la Agencia Federal de Inteligencia– descubrimos que una parte de los servicios de inteligencia con el macrismo se “reperfilaron” para dedicarse al espionaje interno de opositorxs políticos, científicxs, académicxs, intelectuales, hombres de la Iglesia, cuadros políticos propios, propagandistas ideológicos encuadrados en las filas cambiemitas, presxs políticxs y familiares del ex presidente de la Nación, sin que mediara orden judicial alguna. El primer listado de direcciones de mails de los personajes espiados apareció en una computadora de la AFI. Para la propia interventora, hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. “En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. Igualmente […] se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri”[5]. Estos tipos de procedimientos más que inteligencia ilegal muestran más bien formas integradas de legalidad e ilegalidad. Estamos frente a otra madeja mafiosa que está siendo desenredada de manera dispersa en 12 causas judiciales distintas. Las mafias son organizaciones criminales secretas que configuran sistemas de poder. Y la relación con el poder constituido es un elemento constitutivo de la ‘Ndrangheta: la mafia calabresa. La externalidad de la ‘Ndrangheta, su ilegalidad digamos, va permeando progresivamente el poder, la legalidad, hasta teñirla y hacerla funcionar con su propia lógica. Si estuviéramos frente a una manifestación estética podríamos hablar de grotesco, dado que es un hallazgo que tematiza elementos de índole distinta y contradictoria, que se mezclan. Pero aquí estamos frente a un fenómeno social y político en el que legalidad e ilegalidad conviven.

Luego de la denuncia de la titular de la AFI empezó a hablarse de “espionaje ilegal”, “proceso sistémico de inteligencia ilegal”, “producción de inteligencia ilegal”, “aparato de ilegalidad total”. Y los medios de comunicación, incluso aquellos progresistas con un sentido ético, empezaron a repetir esta falacia. Desde ya, estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional –que el macrismo había implementado incluso a nivel de CABA cuando en 2009 espió a funcionarixs, empresarixs, legisladorxs opositorxs, dirigentes gremiales, integrantes de la AMIA y de la colectividad judía, y hasta a un familiar del propio Macri– pero es un error conceptual y metodológico destacar sólo el aspecto ilegal de esas prácticas. Poner en foco sólo la ilegalidad reduce la comprensión del fenómeno denunciado. No estamos ni frente a la ilegalidad total ni a formas de inteligencia ilegal. Sino frente a operatorias de una legalidad-ilegal, por más paradójico que parezca. Desde junio de 2016 la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde una computadora de ese organismo. Y esas tareas no fueron ordenadas por un magistrado (es decir, se llevaron adelante sin una orden judicial), sino que fueron dispuestas por alguna autoridad de la propia estructura de inteligencia. Entonces, se trata de inteligencia ilegal llevada a cabo por servicios legalizados por el Estado conducido por la Alianza Cambiemos. Estamos frente a una manifestación mafiosa, del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del Estado de derecho. Cuando hablamos de mafia nombramos tres planos que se intersecan:

1. organización de la estructura represiva +
2. organización de la teoría de la información y la comunicación (telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia) +
3. instauración de la economía criminal (legal e ilegal).

Ese doble Estado oculto es una suerte de realidad secreta que cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad institucional crea fricción con el poder constituido y genera para-estatalidad, para-economía, para-legalidad. Es el Estado de derecho trenzado con el Estado de excepción. Ese entrelazamiento produce un nuevo código: el Estado mafioso. En este sentido, cuando digo que las escuchas macristas son (i)legales quiero indicar que se balancean sobre el filo sutil que separa la legalidad y la ilegalidad. Articulan un organismo cuya operatoria vuelve opaca e indistinguible la separación de lo legal y lo ilegal. Con (i)legal quiero expresar el sentido de la manifestación de una cosa que se da en otra que es (o debería ser) su opuesto. El concepto de ilegal se usa para hacer referencia a todo aquello contrario a lo establecido por la ley, el Estado. Todo lo que contradice o no respeta la ley, el Estado, es ilegal. O, dicho de otro modo, no es legal. Pero cuando es el propio Estado el que emite una señal que va en contra de la ley –porque ha sido copado por un doble Estado oculto– estamos entonces frente a una ilegalidad de Estado, a una “ilegalidad legal”, a una forma mafiosa de activación política. El caso de las escuchas representa un emergente de una práctica mafiosa propia de la cultura ‘ndranghetista-macrista. Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos (in)imaginables de la legalidad.

Esa trama dialógica y ese equilibrio sutil entre lo legal y lo ilegal se manifiesta en los contactos entre el falso abogado Marcelo D’Alessio –espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), factotum de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, conocedor del crimen organizado, operador de la violencia privada– y Carlos Stornelli, el fiscal federal del caso de las fotocopias de los cuadernos. Por otra parte, la banda D’Alessio estaba integrada también por los dos ex comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk –que mediaban entre D’Alessio y Arribas, el titular de la AFI macrista–, el espía Rolando Hugo Barreiro y el periodista Daniel Santoro, sospechado de llevar a la tapa de Clarín las informaciones proporcionadas por el propio D’Alessio, obtenidas por medio de procedimientos extorsivos. Esa organización no se ocupó sólo de la extorsión a un empresario (Pedro Etchebest), sino de muchas extorsiones a expensas de otros empresarios, coacciones, armados de causas y declaraciones falsas, espionaje comercial de empresas petroleras, hasta llegar al espionaje del ex marido (Jorge Christian Castañón) de la actual esposa de Stornelli. Además de Etchebest extorsionaron a Mario Cifuentes, Pedro Erasmo Barreiro y Víctor Palomino Zitta, al aduanero Gabriel Traficante, llevaron a cabo un acto de coacción en contra del ex gerente de la petrolera PDVSA en la Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, con el objetivo de que implicara en actividades irregulares a funcionarixs del último gobierno kirchnerista, prepararon cámaras ocultas contra los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, participaron en el armado de la declaración falsa del empresario y financista Leonardo Fariña, y espiaron al ex gobernador radical de Corrientes, Ricardo Colombi. D’Alessio y compañía se dedicaban también al rubro del lavado de dinero. El falso abogado ofreció sus servicios en operaciones de ingeniería financiera que llevó a cabo con una organización criminal: el grupo “Buenos Aires”, integrado por el propio D’Alessio, su jefe Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti. Ese grupo tiene la configuración de una estructura intermedia que facilitaba maniobras financieras trasnacionales por cantidades sorprendentes de dinero. Con esta estructura está vinculado también otro personaje: Aldo Eduardo Sánchez, argentino nacido en Totoras (provincia de Santa Fe), con pasaporte italiano. Esta organizción tenía el objetivo de colocar fondos de origen ilícito en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlas luego en los circuitos legales. Es más, simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras ilegales. Este es otro ejemplo de la convivencia de la ilegalidad con la legalidad.

El escurridizo contacto entre lo legal y lo ilegal ha sido identificado también por el Juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. El 30 de junio emitió una orden de captura de 22 sospechosxs implicadxs en la cuestión de las escuchas. En la causa 14149/2020, caratulada “Melo Facundo y otros s/asociación ilícita y otros” declara que: “Se investiga […] a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 […]. En efecto, se destaca que algunas de las maniobras habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas” (p. 3)[6].

Estas consideraciones remiten a la detención de Jorge “El Turco” Sáez (ex inspector de la Policía de la Ciudad y ex agente del Servicio Penitenciario), Facundo Melo (abogado y ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia), Leandro Araque (ex policía de la Ciudad), María Belén Sáez (hija de Jorge), Diego Dalmau Pereyra (Director de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno cambiemita, sucesor de Stiuso, oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia, implicado en los seguimientos de la actual Vicepresidenta), Emilio Matta (agente de la AFI que se ocupaba de las tareas de espionaje en el Instituto Patria y de los seguimientos de Florencia Macri), Andrés Patricio Rodríguez (vínculo entre la organización criminal “Super Mario Bros” y el Servicio Penitenciario), Daiana Romina “Bucky” Baldassarre (agente de la AFI, ahijada de Sáez, implicada en los seguimientos de Nicolás Massot y de Florencia Macri), Denisse Aya Tenorio (ex agente de la AFI que se ocupaba de espiar a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, sus abogados, familiares para luego transmitir las informaciones a la AFI) y Susana Martinengo[7]. Ésta última –Coordinadora de Documentación Presidencial en la Era Macri– recibía los informes de inteligencia de los servicios (Melo, Sáez y Araque) directamente en Casa Rosada. Es problable que los entregara directamente a Darío Nieto, el ex secretario personal de Macri. Según la fiscal Cecilia Incardona, Nieto “sería uno de los que habría recibido los resultados de las tareas de inteligencia ilegal que desplegaban los agentes de campo”. Además, Martinengo, trabajaba con Macri desde 2007, cuando éste revistaba como jefe del gobierno porteño. Los nombres señalados, entre otros, integraban el grupo de espías “Super Mario Bros”, una organización delictiva que tenía el objetivo de espiar a dirigentes políticxs opositorxs, dirgentes sindicales, referentxs de movimientos sociales, obispos. Incluida Florencia Macri, hermana del ex presidente, y su pareja, el italiano Salvatore Pica. La información recolectada por la organización llegaba a la Casa Rosada y paralelamente a la AFI, a través de Alan Ruiz, Director de Operaciones Especiales de la central, que respondía al titural del organismo: Gustavo Arribas. Anteriormente, Ruiz había sido funcionario del Ministerio de (in)Seguridad conducido por Patricia Bullrich, quien configuró la estructura represiva del sistema de poder cambiemita. Actualmente, Ruiz está detenido por la causa del espionaje a la actual vicepresidenta y está siendo investigado por el Juez Juan Pablo Augé. Acerca de Ruiz, en una nota interesantísima en El cohete a la luna, Alejandra Dandan dice: “Ruiz introdujo a Patricia Bullrich en el corazón de la investigación de la AFI. Llegó a la Agencia recomendado por la ex Ministra a realizar seguimientos a los opositores políticos y a los integrantes del espacio político del gobierno con los que había diferencias internas. Quienes lo conocieron en la Dirección de Operaciones Especiales dicen que le decía jefa a Bullrich”[8].

Pues bien, los medios al hablar de la operatoria de esta organización suelen emplear la figura de “información ilegal”, “espionaje ilegal”, “espías ilegales” y el propio Juez Villena acudió a la figura de la “asociación ilícita” para perseguir un delito. Pero en realidad nos encontramos frente a una asociación mafiosa dado que lo criminal se manifiesta operando dentro del Estado, pues lxs nombradxs ocupaban cargos públicos y lxs que no ocupaban cargos públicos operaban por igual dentro del Estado, que marca los contornos de la ley. Lamentablemente, no es posible acudir a esa figura (asociación mafiosa), propia del derecho penal, porque el código procesal penal argentino carece de ella. Pese a esa carencia, Villena ha identificado su existencia cuando habla de organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, pero para perseguirla recurre a lo que tiene a mano: la asociación ilícita, útil pero deficitaria. En este sentido, sería más que deseable una reforma de ese código para perseguir operatorias evidentemente activas en la vida pública nacional. Dicho de otro modo, el sistema judicial argentino no está preparado para investigar los delitos que cometió el macrismo o en todo caso tiene herramientas frágiles a las cuales acudir.

Otro ejemplo contudente de que estamos frente a una asociación mafiosa, puesto que se manifiesta el principio estructurante de la legalidad incrustada en la legalidad, nos lo ofrece la relación entre Facundo Melo y el narcotraficante Sergio Cristian “Verdura” Rodríguez. Éste señaló a Melo como el hombre que lo reclutó para poner una bomba en el domicidio de José Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Al respecto en la causa que estuvo instruyendo el Juez Villena se declara que “Las presentes actuaciones reconocen su inicio en la declaración indagatoria y sus ampliaciones prestadas por Sergio Cristian Rodríguez en el marco de la causa nro. FLP 141.377/2018 del registro de este Juzgado. De ellas se extrae que el nombrado manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada “Jugador”, quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre otras cosas, declaró que Facundo Melo actuó de intermediario entre el nombrado y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra, por lo cual en el estudio jurídico del agente se habría realizado dicha operatoria. Por último, describió que en otra oportunidad acudió al mismo estudio sito en la localidad de Lanús, donde Facundo Melo le entregó un artefacto explosivo, para que a modo de “susto” lo colocara en la puerta de un edificio sito en la calle Callao de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (p. 3).

Síntesis. La derecha vernácula (ab)usa de la intervención y expropiación de Vicentín no para tapar la cuestión de las escuchas y los espionajes, sino para velar el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina en los años de su gobierno. Esto es: una organización criminal –Super Mario Bros– cuyos integrantes formaban parte de un aparato estatal y paraestatal, que extorsionaban, que llevaban a cabo tareas de inteligencia, que estaban vinculados con el Servicio Penitenciario Federal (particularmente con el penal de Ezeiza, Melchor Romero y posiblemente Marcos Paz) y que tenían vínculos con altas representaciones del Estado: el Ministerio de (in)Seguridad y, acaso (aún está por demostrarse), con la propia Presidencia de la Nación entre 2015 y 2019. La cuestión de las escuchas remite menos a las escuchas que a la existencia de un sistema criminal integrado. La mesa judicial de Macri[9], los espionajes, las persecuciones son parte de una misma operación mafiosa: de ese sistema criminal integrado. En este sentido, no sería irrisorio unificar las causas (existen 12 causas judiciales distintas sobre la cuestión de las escuchas, cosa que indica cierto grado de sistematicidad y responsabilidad política) para que avancen y para que no haya destrucción de pruebas. Y tener presente una reforma del código penal.

Referencias:

^[1]https://www.enredando.org.ar/2016/04/27/la-empresa-vicentin-y-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3muTKS_mEoHgzOJUQugz4d_BPpZSKkantH37ZqmDrj0IAbY72qIJ732kU (27/4/2016).

[2] Esta recostrucción fue posible gracias a los materiales que me proporcionó el diputado de la Provincia de Santa Fe –por el Frente Social y Popular– Carlos del Frade. Esos materiales fueron elaborados por el propio Del Frade y por la Comisión de Información y seguimiento de la Empresa Vicentín S.A.I.C. de la Cámara de diputados de Santa Fe.

[3] Según el Informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Vicentín S.A.I.C. Auditoría de corte como consecuencia de la Intervención dispuesta por el DNU no. 522/20, junio 2020.

^[4] https://www.pagina12.com.ar/274173-se-tocan-estructuras-se-afectan-intereses (24/6/2020).

[5]Raúl Kollmann e Irina Hauser, “Cómo funcionaba la red de espionaje macrista”, https://www.pagina12.com.ar/275289-como-funcionaba-la-red-de-espionaje-macrista (29/5/2020).

^[6] El 3 de julio el Juez Villena fue apartado de la causa. El camarista federal de La Plata Roberto Lemos Arias dio curso al planteo de varios espías imputados. Estos pusieron en duda la imparcialidad de Villena: “los ex espías […] elaboraron informes, con tareas que habrían sido habilitadas desde el juzgado de Lomas de Zamora. La otra causa es aquella en la que el propio juez Villena había ordenado la intervención de teléfonos públicos del penal de Ezeiza, cuando investigaba al narco Mario Segovia y a una organización que producía explosivos” (Irina Hauser, “El juez Federico Villena fue apartado de la causa por el espionaje ilegal macrista”, https://www.pagina12.com.ar/276241-el-juez-federico-villena-fue-apartado-de-la-causa-por-el-esp, 3/7).

[7] La nómina completa de lxs integrantes de la organización criminal “Super Mario Bros” se pueden encontrar en los excelentes trabajos de Sofia Caram en Página/12, especialmente en “Espionaje ilegal: uno a uno, quiénes son y qué hacían los detenidos”, https://www.pagina12.com.ar/275719-espionaje-ilegal-uno-por-uno-quienes-son-y-que-hacian-los-de (1/7/2020).

[8] “La super María Bros”, https://www.elcohetealaluna.com/la-super-maria-bros/ (28/6).

[9] “las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales. En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca”, Kollmann/Hauser (29/6/2020).

Buenos Aires, 5 de julio de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

La entrada Vicentín y las auscultaciones mafiosas – Por Rocco Carbone se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Raúl Lemos*

(para La Tecl@ Eñe)

Comencé a escribir estas líneas días antes del enésimo bochorno del Poder Judicial, esta vez con su Corte Suprema ya en nivel de descomposición, dirimiendo con promiscuidad poder interno. Y expuesta en vidrieras y góndolas como espejo social maldito ante el que una parte de la clase media resiste mirarse.

La persecución ideológica implementada por un ex presidente y una parte no menor de su gabinete junto a tribunales federales, cámaras de apelación y casación ante la mirada ausente de la Corte Suprema, cuando no inspirando ideológicamente la herramienta preventiva para la caza de opositores, es quizá la causa de mayor gravedad institucional registrada desde la vuelta de la democracia.

La gravedad radica en la reunión en la persona del ex presidente de La Nación de los roles de ideólogo y ejecutor de la persecución a través de la Mesa Judicial y cuyos rastros históricos nos llevan a la privación de la libertad, la tortura y la desaparición forzada, aunque esta vez, la banda que asoló la República no pasó del primero de los delitos.

La causa avanzó raudamente en un juzgado federal de Lomas de Zamora hasta que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, la remitió a Comodoro Py adónde fue paralizada.

La procacidad de este sistema judicial no es compatible con la vigencia del sistema Republicano. Mientras un sector importante de clase media hace como que “ya estamos acostumbrados”, “ya sabemos que es así”, “esto no tiene arreglo” o directamente justifica la peligrosidad de uno de los tres poderes del Estado, se está renunciando ya no sólo a ser un país normal, sino a forzarnos a todos a simular que tan mal no se está. Todo bajo la premisa falsa de que ese enjambre de delaciones e intereses no nos tocan ni de lejos. Y la verdad es que vivimos cada vez peor. Sustrayéndonos de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, aunque no se tenga interés y menos participación personal en las operaciones ilegales que se lanzaron como rayo contra la principal fuerza opositora.

El cuerpo social es responsable por aceptación, dispensa y omisión de alertas ante el prevaricato, las demoras procesales y la atribución de competencias “oportunas” dictadas con abyección y sin disimulo. Todo en aras de una línea ideológica continua que atraviesa a una parte de la sociedad que tributa al elitismo, la discriminación de clase, la apropiación y conservación de bienes a como dé lugar, y desentendida a esta altura casi por completo del bien común.

Mientras tanto seguimos dando vueltas en la misma calesita perversa que cada tanto se detiene, tiembla o hace ruidos espantosos.

Sin minimizar su impacto, es curioso como corrió por la epidermis social una especie de escalofrío ante la carta reciente de la Vicepresidenta. Y ¿qué pasa con la andanada otrora semanal, de decisiones y vuelcos judiciales alevosos violatorios y vejadores de la legalidad? La pregunta puede aparentar inocencia, pero ¿cómo es posible que un presidente haya propuesto la designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no haya sido llevado a un juicio político ante las cámaras del Congreso y, mucho más que eso, no haya sido desautorizado en las urnas inmediatamente posteriores? o ¿por qué no fueron juzgados por esa vía los cortesanos que fallaron a favor del 2×1? o ¿cómo pudo una jueza del máximo tribunal esquivar la finalización de su mandato al haber alcanzado los 75 años de edad mediante un amparo judicial y la complacencia de un Ejecutivo que no apeló, y que vaya a saber en cuántas causas ella podría sospecharse falló de manera parcial en devolución de gentilezas? O la persistencia en sus lugares de un Procurador y un Fiscal Federal que socavan la institucionalidad encubriendo y delinquiendo a la vista de todos.

Ahora todo se precipitó. Aunque va a tardar un tiempo y pasar más agua por debajo del puente para que se pueda visualizar un contorno definitivo del superior de los tribunales judiciales, la quizá más “prolija”, con prescindencia de derechos humanos y previsionales, Highton de Nolasco, renunció.

Se abre un escenario incierto en torno a dos cosas: una vacante y una hoguera. Esta última es la que enciende la oposición con napalm criollo, como la de que no van a prestar en el Senado ningún acuerdo a nadie para cubrir ese lugar de aquí a 2023, forzando la idea de que van a volver y este Gobierno está de paso. Con ese descaro y empecinamiento insisten en una desestabilización que no estrenan hoy: con ella llegaron en 2015 al poder formal y a ojos vista es todo lo que tienen para ofrecer. Ni un segundo dejaron pasar desde su eyección del poder para decidir que la manera de escaparle al bulto que dejaron en diciembre de 2019 y a la presión con que la ultraderecha los acorrala, es triplicar cada apuesta y jugar a todo o nada. La movida es burda y harto evidente pero es la pulsión de esta derecha. Y la que ellos perciben les aprueba el sector social que los apoya.

Lamentable y objetivamente pareciera haber un acuerdo entre el Presidente y la oposición, y obviamente la “justicia” misma, en que la Corte no debe ser modificada. Ni en sus nombres ni en su diseño; no fue lo que hizo Néstor Kirchner. Tal vez esta inesperada circunstancia modifique esa inercia y aparezca una punta en el ovillo. No es una partida fácil pero si ni siquiera se la intenta todo se puede volver aún peor.

No es materialmente posible salir adelante con un Poder Judicial funcionando como un garito de indulgencias y/o influencias y/o dilaciones a contramano de la legalidad que surge de nuestro contrato social. Así se cristaliza un status quo bajo el que ningún gobierno se va a atrever a tomar decisiones que sabe serán torpedeadas por alguna corporación perjudicada recurriendo a este Poder Judicial. Sea para no malgastar la oportunidad, sea para no sumar otro problema a los muchos que ya tiene para gobernar un país tan imprevisible. Es inadmisible.

En cualquier caso el resultado es la anomalía campeando en todos los rincones reales o simbólicos de la Nación. Y la consecuencia no es sólo la decadencia y el atraso reciclados enseñoreándose en una sucesión de recidivas inacabables que saturan ánimos ciudadanos sin nunca terminar de ver luces al final de tantos túneles.

También hay daños tangibles que lastiman cuerpos y repugnan sentimientos elementales sobre los que se asienta la coexistencia. Les ocasionaron la muerte a dos chicos idealistas e inocentes en el Sur. En una de las causas, la de Maldonado, intervino un juez que luego tuvieron que esconder detrás de otro levemente más disimulado que lo más trascendente que hizo fue convalidar como verosímil la “permanencia inadvertida” durante dos meses del cuerpo de Santiago en el agua sin deteriorarse y a unos metros más arriba del lugar de su desaparición, luego de innumerables operativos de búsqueda en la zona. Y por toda declaración pública luego de la “concurrida” pericia sobre el cuerpo, se apuró en aclarar que no había signos físicos de violencia. ¿Y la muerte por qué se produjo? ¿Y el accionar del jefe de gabinete de la entonces ministra de seguridad mandando gendarmes a reprimir ilegalmente dentro de un predio privado sin orden judicial que lo autorice? Preguntas y más preguntas que se acumulan como las de la pericia de la bala de la Prefectura que asesinó a Rafael Nahuel por la espalda en Bariloche.

La causa de los espías trata centralmente sobre la persecución a una ex presidenta y demás integrantes de un gobierno elegido en las urnas que cuando perdió por apenas un punto y medio entregó el poder formal al vencedor sin decir esta boca es mía. Luego fue perseguida e hiperindagada a razón de ocho audiencias en un mismo día por un innombrable y formidable exponente de quién lo menos que puede decirse es que jamás debió haber sido juez. Quienes en el borde de lo democráticamente ominoso aplaudieron esto rabiosamente, lo justificaron porque se lo hacía a Cristina. Sin embargo, a pesar de una justicia a tiro de cualquier influencia en poder y en dólares, y de la animadversión ostensible contra la exPresidenta, no pudieron probarle nada. Si no, aún estaría presa como lo está Milagro Sala en el laboratorio de la impunidad de Jujuy. Todo ello al tiempo que el mismo expresidente que conducía la cacería, se inmunizaba en la causa del Correo o tejía otros negocios con autopistas, parques eólicos y quién sabe cuántas cosas más en ese mientras tanto deplorable para la República; el segundo desde el retorno de la democracia e in crescendo.

No hay posibilidades reales de emerger como país más previsible y razonable con un Poder Judicial así. Es sólo ilusión fantasía o espejismo con el que desde arriba hacia abajo, y de un costado al otro, lo que en verdad ejecutamos como sociedad es un paso de comedia diario de parteners de la corrupción sistemática que no es precisamente la de la política, aunque allí también more la debilidad humana de adueñarse de lo ajeno. Pero como dice el refrán, es una tentación inevitable ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el propio. Y es menos ríspido para el mandante o ciudadano común usar como blanco móvil de broncas y frustraciones colectivas compactadas en capas geológicas, a los funcionarios de turno para descargar sobre ellos la culpa única y exclusiva por la imposibilidad de hacerse cargo de los excesos individualistas propios. No es casual el grado de agrietamiento y desencuentro coexistencial, pues esas debilidades humanas profundizadas y extendidas como mancha de aceite, son disvaliosamente más determinantes que cualquier disfunción particular o privada, llámese corrupción o lo que sea.

Así se consolida en el tiempo un tránsito de autoengaño que va de la frustración a la euforia y vuelta a la frustración, con la aceptada, al tiempo que errónea, certeza de que ese círculo enfermo es lo que más le conviene a cada quien.

En un país así, todo vale, todo se legitima y se naturaliza. Nos estamos convirtiendo, si no es que ya lo hemos conseguido, en un aguantadero en grado delincuencial/social de egoísmo a ultranza, individualismo y conveniencias sectoriales y particulares a escala nacional y barrial.

Lo  penoso y que contrasta, es de lo que somos capaces como conjunto cuando nuestras capacidades son estimuladas primordialmente con un sentido constructivo comunitario. Increíblemente flotan en el espacio exterior dos maravillas de lo más avanzado y exquisito de la ciencia mundial, como los dos satélites de construcción genuina nacional que un analfabeto intelectual próximamente “profesor” ni dudó en llamar “heladeras” antes de entregárselos al mercado.

El Poder Judicial en un régimen republicano es parte constitutiva y vital: si funciona bien no se lo nota, si lo hace con arbitrariedad pasa a ser el depositario no visible ni responsable de algo para lo que no está concebido ni diseñado como es administrar la cosa pública. No será con órdenes operativas, pero sí como árbitro último ante el que lo corporativo espurio siempre va a recurrir para imponer sus intereses y ellos contrabandear los suyos.

Ello configura hoy el mayor obstáculo y una limitación inaceptable a la que muchos se han acostumbrado. Se admite mansamente que no se puede hacer más que repudiarlos a través de encuestas que los posicionan como la institución más desprestigiada de la democracia. Empero, al momento de ejercer la voluntad popular con el voto se produce un divorcio “mágico” entre ese poder de elegir, el único que tenemos, y la no convalidación ni de los usufructuarios ni de las operaciones que realizan: las decisiones arbitrarias de jueces socialmente vilipendiados sobre funcionarios cuya responsabilidad están más que a la vista, no necesitan de ninguna sentencia que oriente el sentido del bien que debe primar en los ciudadanos comunes en el momento más importante que tiene la democracia, el del cuarto oscuro.

A Cristina Fernández la persiguieron por los cuatro costados y a pesar de prácticamente todo el andamiaje judicial federal confabulado, y el formidable aparato publicitario de cables, radios, diarios con que cuenta en especial la corporación mediática Clarín, no pudieron probarle nada, y una a una van naufragando esas causas. En cambio Macri, con todo el pus que emerge y el pasado turbulento y proverbial de ilícitos que lo precede, luego de casi dos años, recién ahora ha sido citado a una indagatoria cuya fecha debió aplazarse pues parece que los torpes y zánganos ahora dan clases en universidades del exterior…

Allí están la deuda externa, tanto la privada con sus beneficiarios del poder económico concentrado y funcionarios, como el Ministro de Finanzas y la deuda a 100 años con su fondo de inversión Noctua Partners. Tampoco hubo formalidades administrativas mínimas, ni pasó por el Congreso, la contracción con el FMI de una  deuda que va a figurar en el libro Guinness y cuyas consecuencias ya mismo están condicionando dramáticamente a la Argentina.

Claro, podremos imaginarnos sin demasiado esfuerzo las pruebas que un ex presidente que siempre se dedicó a espiar debe poseer contra quienes fueron sus cómplices en el Poder Judicial, de mínima por las flagrancias e ilegalidades que cometieron junto a él, amén de otras. Y también por el riesgo subyacente si él llegara a caer preso.

Pero lo que más daño nos hace como sociedad es la justificación, aunque provenga de una parcialidad social con capacidad de influencia, en aras de posiciones ideológicas y políticas que pretenden dejar capturado un perjuicio tan milmillonarios como burdo en la órbita de la política, cuando en verdad se trata de los intereses económicos poderosos y privados de siempre a los que la democracia, en estas latitudes, les sienta peor que mal.

El desencuentro y contradicción entre democracia y capitalismo es creciente y ostensible y se va tornando vital la necesidad de una dilucidación y un desenlace en torno a él: que capas medias se empecinen en ignorarla no discriminando entre una cosa y otra con el daño que ello nos provoca, pone blanco sobre negro como en una radiografía, hasta qué lugares del cuerpo social se han extendido las metástasis del cáncer que nos corroe.

Hay una diferencia abismal entre el país que dejó el kirchnerismo en 2015 y el estado catastrófico económico, social e institucional en que quedó la Argentina en 2019. Por más porfiada y sofisticada que sea la negación jamás podrá evitar que lo evidente se vea.

Que los “concesivos” con un gobierno tan corrupto como oligárquico se expliquen a sí mismos, si pueden hacerlo frente a un espejo indeformable, por qué tres gobiernos supuestamente tan corruptos como los que tuvimos de 2003 a 2015 le hicieron tanto bien al país. Y si dudan, sólo tienen que tomar como prueba sus vidas, pasares y entornos luego de aquél gobierno. Las pruebas con cuya omisión este Poder Judicial hunde cada día a la República con su pesada ancla.

La Plata, 12 de octubre de 2021.

*Miembro fundador e integrante de la Mesa Provincial del Partido Solidaridad e Igualdad.

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