Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Una mañana leemos los diarios y vemos que Clarín siempre puede superarse en eso de pasar los límites. El 5 de junio publicó dos notas en primera página que dejan en claro que, a pesar de su buena relación con el candidato presidencial Alberto Fernández, su línea no sólo continuará, al menos por ahora, en lo que dieron en llamar “periodismo de guerra”, sino que utilizarán munición de la más gruesa, sin importar la ética ni la legalidad.

La primera nota es sobre los jueces argentinos, entre ellos Raúl Zaffaroni, que fueron recibidos por el Papa Francisco. El mensaje que envía desde el título es que esos jueces son polémicos. Nada dice que Bergoglio, al dirigirse a los jueces, resaltó su preocupación por el uso indebido de procedimientos judiciales y la existencia de “juicio previo y mediático”. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales” dijo Francisco, y finalizó hablando sobre la necesidad de neutralizar la impropia actividad judicial en combinación con operaciones mediáticas paralelas. Clarín no lo escuchó. Mucho menos, que relacionase las operaciones mediático judiciales con la violación de derechos sociales, como viene sucediendo con Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina. De hecho, días atrás se conoció un mensaje del Papa al ex Presidente Lula -preso e inhabilitado políticamente por un proceso más que dudoso- en el que le transmitió que el bien vencería al mal. A eso debe agregarse que una de las críticas más fuertes que el Papa dejó trascender sobre la gestión Macri fue la derogación de la ley de medios que propiciaba la democratización de la información.

En la segunda nota Clarín exhuma viejas y conocidas conversaciones supuestamente mantenidas entre la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Secretario de Seguridad, Sergio Berni, luego de la muerte violenta del fiscal Nisman. Clarín dice que probablemente esos contactos se debieran a una operación para encubrir un crimen, como si no fuera natural que la primera magistrada se comunicara con el ministro del área pertinente para tratar un hecho de trascendencia institucional. Una jugada para acomodarse a los tiempos electorales a favor de Macri, utilizando una de las jugadas más canallescas de la época, la causa por la muerte de Nisman, que, luego del peritaje de los médicos de la Corte que no conformó al macrismo, ordenaron uno nuevo pero de la Gendarmería, a cargo de Patricia Bullrich, para decir que fue homicidio. Como no les da para decir que CFK lo mandó matar (¿o sí les da?) se conformarían con su encubrimiento.

En estos días se difundieron promiscuamente otras conversaciones, probablemente tomadas de los teléfonos de Ezeiza por orden del juez federal Federico Villena, presumiblemente para investigar posibles actividades de narcotráfico. (Todo es así, presumible). Esas conversaciones habrían sido mantenidas entre personas privadas de libertad, ex funcionarios del gobierno anterior con sus abogados; con lo que, a la violación al derecho a la intimidad, se le suma la violación al ejercicio del derecho de defensa -basado en la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, que el Estado tiene la obligación de respetar-, ambos derechos consagrados por nuestra Constitución y por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su profunda preocupación sobre la divulgación de esas escuchas.

Las escuchas telefónicas sólo pueden ser realizadas mediando orden de un juez. Esa orden tiene que ser debidamente fundada, porque de lo contrario es nula, no puede tener ningún efecto y podría implicar responsabilidad de quien la firmó. El juez -mucho menos, otros funcionarios-  tampoco puede utilizar escuchas telefónicas para hacer lo que se conoce como “excursión de pesca”, ver si de ese material surge algo que pueda ser investigado. Dicho de otro modo, sólo una investigación previa y determinada permite a un juez incursionar sobre derechos esenciales. No puede hacerlo por si surge algo en el devenir de la escucha, porque esa práctica está vedada por ley. La escucha es para corroborar una hipótesis, no para montarla.

Los jueces tienen la obligación de controlar debidamente las escuchas que ordenan, cuestión que lamentablemente no se hace. Eso permite el tráfico odioso e ilegal de conversaciones, que deriva en la comisión de crímenes -extorsiones, robos, estafas- por parte de los funcionarios que tienen a su cargo las escuchas -policías, agentes de inteligencia, funcionarios judiciales-. La práctica judicial -ilegal, por cierto- es que, salvo excepciones, la totalidad de los jueces dejan a cargo de agentes de inteligencia o policías, no sólo el control de las escuchas sino también su análisis, con lo que, además de generar un universo inconmensurable de crímenes estatales, dejan que sean esos agentes quienes, en definitiva, dirijan las investigaciones, en lugar de quien, por ley -el juez-, debe llevarlas a cabo y, a partir de las escuchas resuelven involucrar gente en las investigaciones, hacer seguimientos e, incluso, allanamientos. Eso pasa sobre todo antes de que se produzcan detenciones, momento en el cual los antecedentes llegan a los jueces. La situación no es nueva y se ha visto esencialmente en los casos de narcotráfico (con la inevitable participación criminal de agentes estatales) y no cambió mucho con la existencia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO, ex OJOTA), supuestamente bajo supervisión judicial. La Corte Suprema recibió del Relator para el derecho a la privacidad de la ONU cuestionamientos al sistema.

La novedad es que al lawfare aludido por el Papa Francisco se le ha sumado, durante la gestión Macri, la utilización impúdica, espuria e ilegal de escuchas por parte de operadores mediáticos, como Lanata, Majul, Wizñaki y Santoro, que, a su vez, reproduce operaciones judiciales en Comodoro Py, como la denuncia presentada por el fiscal rebelde Carlos Stornelli argumentando que de esas escuchas surgiría un plan para derribar la causa mal llamada de los cuadernos. (Quedan claros los motivos por los que, siendo católico practicante, Stornelli se sintió defraudado por Bergoglio como Papa).

En el medio de ese balurdo enmarañado, aparece la investigación sobre espionaje ilegal que alcanza a funcionarios públicos, periodistas y actores judiciales, y que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, en la que Stornelli está rebelde y no asistió a cinco llamados a indagatoria. Hoy Ramos Padilla tiene un legajo en el Consejo de la Magistratura -iniciado y abierto por el macrismo- que acaba de autorizarlo a tener acceso a las escuchas difundidas por los medios masivos. Esa difusión también dio pie a que las legisladoras Carrió y Oliveto formularan una denuncia/operación, que recayó en el juzgado de su socio Bonadío, quien, ni lerdo ni perezoso, pidió las escuchas para analizar las presentaciones.

Las escuchas no sólo tienen que derivar de orden fundada de un juez, sino que se las debe controlar de manera estricta para que su utilización sea al solo fin de la investigación preexistente. Y de haber difusión, alguien debe pagar la cuenta, que, por cierto, no puede ser barata.

La DAJUDECO dijo que Villena no ordenó destruir el material que no guardaba relación con su causa (de hecho, no hubo nada que tuviera nexo con actividades de narcotráfico, que es la excusa más utilizada para intervenir teléfonos) y que le pidió que lo entregara a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dirigida por el amigo de Macri, Gustavo Arribas. Debe haber una investigación exhaustiva para conocer los responsables de estas ilegalidades. El asunto es que no caiga en el Juzgado de Bonadío.

También el Consejo de la Magistratura debe iniciar actuaciones para analizar el “descuido” de Villena, por un lado, y, por otro lado, la conducta de Claudio Bonadío al hacerse de escuchas producto de una investigación que no le concernía y que afectaba sensiblemente derechos esenciales, sólo para enlodar el desempeño de Ramos Padilla, como quiere el macrismo. Tanto Villena como Bonadío deben responder por la violación a esos derechos humanos.

La bravuconada de pavonear al fiscal rebelde junto a Macri el día del Ejército es toda una señal mafiosa, a lo que se suma una mancha más al tigre de Stornelli, que, para hacer una denuncia a modo de autodefensa, utilizó livianamente escuchas telefónicas conociendo su ilegal procedencia. Pero ¿qué esperar de quien pone a un hijo veinteañero a trabajar en una de las actividades más miserables del ser humano? Buchón no es cualquiera. Pero para algunos es una vocación. 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019

*Abogado, DD.HH

La entrada Clarín, periodismo de guerra y Lawfare – Por Rodolfo Yanzón se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@  Eñe)

Vicentín

Vicentín es una Sociedad Nacional radicada en Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe. La sociedad familiar se inicia en 1929 y en sus inicios se trata de un comercio modesto de acopio y ramos generales. 1929 es un año clave en términos nacionales y mundiales, muy parecido al 2020, al menos en términos económicos, pues estalla el crack (que como ahora pone en evidencia la fragilidad del capitalismo) y se produce la caída de Wall Street. Su contrafrente mundial es la llamada Great Depression. En ese entonces en la Argentina se asiste a una desvalorización de la producción agrícola y ganadera, el valor de las exportaciones cae vertiginosamente, hay quiebras en masa, reducciones salariales y lxs empleadxs públicxs durante meses no reciben sus haberes. Esa crisis afecta a todos los sectores sociales nacionales. Las vacas de las clases señoriales no tienen salida, pero los sectores más castigados, como siempre, son lxs obrerxs, lxs empleadxs y el proletariado rural. En ese contexto de desastre Vicentín abre sus puertas. Y en esta gran crisis pandémica parecería completar su ciclo. De paso, si la pandemia nos muestra algo ese algo son tres emergentes, al menos: el tamaño de la desigualdad internacional, la extensión de la precariedad laboral, y la existencia de políticxs que voluntariamente presentan la vida de grandes sectores sociales como prescindibles y descartables.

Volviendo a Vicentín, en 1959 se funda la sociedad anónima (S.A.). Algunos años más tarde, activa una planta desmontadora de algodón y una fábrica de aceite, esto es: una molienda de semillas de algodón, lino y maní. En 1966 la firma incorpora en su planta de Santa Fe el proceso de extracción por solventes, y así aumenta exponencialmente su producción. Es en pleno Onganiato que se inserta de lleno en el sector agroindustrial. En 1979, en San Lorenzo, Vicentín pone en marcha una planta de molienda de soja y girasol, y en Ricardone activa nuevas plantas desmontadoras de algodón. En la última dictadura desaparecen 22 trabajadores, señalados por la propia patronal. Esto quiere decir que su fortuna en parte se amasa “sobre la sangre y los derechos de sus obreros, sobre las libertades gremiales de sus delegados, el espionaje y la persecución de sus trabajadores, la corrupción planificada de los representantes sindicales. Por lo menos 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con el ejército mientras estaban desaparecidos. La empresa Vicentín fue cómplice de la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad, para asegurarse obreros dóciles, obedientes y familias aterradas”. Este es un extracto del trabajo de lectura imprescindible de Ana Fiol, “La empresa Vicentín y el terrorismo de Estado”[1]. En 1982 Cavallo estatiza la deuda privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentín pasan a ser del Estado, esto es: empiezan a cargar sobre los hombros de la clase trabajadora argentina. En 1985 Vicentín duplica su capacidad de extracción en la planta de Ricardone e inaugura su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Empieza a tener puerto propio. Y disponer de un puerto significa implementar formas sistemáticas de evasión fiscal. Este momento es importante porque Vicentín empieza a exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets (material aglomerado o comprimido de diferentes materiales) desde su propio puerto, ubicado a orillas del Río Paraná. En 1997, activa la tercera planta de molienda de soja en San Lorenzo. Y ya en el siglo XXI, con la Algodonera Avellaneda, incursiona en el rubro textil y arma otra planta, especializada en cuestiones de hilandería y tejeduría. Adquiere también el complejo frigorífico FRIAR, tres plantas industriales que procesan carne para el mercado interno y externo. FRIAR cuenta también con 50 locales de venta al público en 15 provincias (de un total de 23). En 2007, pone en marcha Renova, con OMHSA, sociedad controlada de Grupo Glencore. Con este movimiento inaugura la planta más grande de biodiesel del país. En 2008 compra la marca Estrella y empieza a procesar algodón hidrófilo. En 2010 incorpora Molinos Río de la Plata a Renova y junto con OMHSA arma un nuevo puerto y una planta de crushing para generar energía en Timbués (Santa Fe). En cuanto a Renova, se trata básicamente de una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades hacia Suiza y Paragauay. En 2012, Vicentín pone en marcha una planta de bioetanol a base de maíz o sorgo, también en Avellaneda.

Al 31 de noviembre de 2018 las empresas controladas o vinculadas con Vicentín S.A.I.C. son 20: Río del Norte S.A. (año inicio actividad: 1993; ubicación: Reconquista; actividad: portuaria), Vicentin Paraguay S.A. (2005; Paraguay; comercio de granos), Vicentín Europa S.L. (2005; Madrid; Comercial), Oleginosa San Lorenzo S.A. (2004; Avellaneda; Oleaginosa), Diferol S.A. (s. f; Reconquista; Inversión), Enav S.A. (2006; sin ubicación; elaboración de jugos), Renova S.A. (2006; sin información de ubicación; biocombustible), Tastil S.A. (2008; Montevideo; comercial), Emulgrain S.A. (s. F.; Santa Fe: Comercial: aceites y lecitinas), Algodonera Avellaneda S.A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Buyanor S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), FRIAR S. A. (s. f.; Reconquista; Frigorífico), Sir Cotton S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Juviar S. A. (2017; sin información de ubicación; elaboración de jugos), Playa Puerto S. A. (2017; sin información de ubicación; orden y pesaje de camiones), Vicentín Brasil Comercio e Exportação e Importação de Cerais ME (2017; Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil; comercialización de granos), Sottano S. A. (2017; Mendoza; elaboración de vinos), Biogas Avellaneda S. A. (2018; Avellaneda; comercialización de biogas), Renopack S. A. (2018; sin información de ubicación; fraccionadora de aceite), Teminal Puerto Rosario S. A. (s. f.; Rosario; portuaria).

Algunos datos relevantes del último quinquenio: en 2015 la deuda que Vicentín tenía con el Banco Nación era de 150 millones de dólares. En 2018 exportó el 87,3% de su producción, mientras que la facturación de la empresa había crecido en un 92,4%, superando el 35% de crecimiento del año anterior y el 66,7% de 2016. Para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor factutración en la Argentina. A lo largo de 2019 el Banco Nación le otorgó 24 créditos y 39 préstamos. El 2 de diciembre de 2019 Vicentín le vendió casi el 17% (16,67%) de sus acciones a Oleaginosa Moreno e Hijos (Glencore, que es un trader mundial de granos). El 5 de diciembre se declaró en estrés financiero y en situación de cesasión de pagos. A fin del año pasado, la deuda que había acumulado con el Banco Nación era de 300 millones de dólares, cuando en el período 2015-2018 había expandido vertiginosamente su facturación. Según la AFIP, subdeclaró exportaciones. O sea, cometió un delito[2]. Y el total de la deuda financiera local de Vicentín es de 27.623.318.106,98 pesos[3]. De todo esto desciende que la historia política de Vicentín está cruzada con la historia del gran capital.

El caso Vicentín es mucho más relevante que la resolución 125 que –en 2008, a tres meses de arrancar el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario. Más relevante y por ende más peligroso en términos de conflicto social y político. Mientras que la 125 modificaba un porcentaje de la captación de la renta agraria, la expropiación de Vicentín pone en tela de juicio la propiedad de un medio de producción del agro. Al respecto, vale la pena leer las importantes consideraciones de José Luis Livolti, referente del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) de Santa Fe en “Se tocan estructuras, se afectan intereses”[4]. Pues bien, si Vicentín no llegara a expropiarse en función de la justa iniciativa política del gobierno del Frente de Todxs, el Estado nacional –fragilizado luego de la pauperizción de la vida implementada por la Alianza Cambiemos– quedaría con menos recursos. Si Vicentín no se expropia habrá una miseria creciente en un país en el que vastos sectores sociales padecen miseria y hambre. El conurbano está explotado, hay ollas emergentes autogestionadas. Valga un ejemplo de esas miserias y hambres: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento –institución de educación superior ubicada a menos de 50 km de CABA– creó el Fondo Solidario de Emergencia Social y Sanitaria, destinado a la compra de alimentos para los comedores que funcionan en su área de influencia. Y Vicentín tiene que ver con la cuestión alimentaria (que por cierto está atravesada por vertientes genéricas), con el cambio en el modelo productivo, con la pérdida de la soberanía alimentaria o en todo caso con el derecho humano a una alimentación sana. Si Vicentín no se expropia la redistribución de la riqueza existente también se verá afectada vertiginosamente. Si Vicentín no se expropia se mantienen intactos los privilegios de una minoría explotadora y exportadora, implicada en este caso en delitos de lesa humanidad. La manera de minimizar esos privilegios es la expropiación, que implicaría un movimiento –por mínimo que sea– hacia la igualdad.

Para generar la intervención y posterior expropiación de Vicentín –luego de un necesario debate en el Parlamento nacional–, no basta la iniciativa del gobierno nacional ni de un Presidente en permanente estado pedagógico. Más bien: es imperiosa la unidad política del movimiento popular, un debate público sobre la cuestión de la expropiación y la recreación de la idea de movilización social, en un momento en el que la puesta de cuerpos militantes en la calle es una imprudencia. Se vuelve un imposible en este instante de torbellino pandémico, en el cual una porción mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propio el sentido de la defensa de la vida. Y con todo es inevitable pensar cómo movilizarnos en este contexto.

Auscultaciones ilegales-de-Estado

Mientras tanto, la derecha vernácula piensa en la cuestión Vicentín y agita las figuras de “atropellos institucionales” y “retrocesos institucionales”. Presentan la intervención y eventual expropiación de Vicentín como inconstitucional e ilegal y además agitan la idea de que el gobieno del Frente de Todxs pretende quedarse con todos los sectores productivos. ¿La mafia vernácula pone la lupa sobre Vicentín para tapar la cuestión de las escuchas cambiemitas? Pues no, pretende ocultar algo más grave: el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina entre 2015 y 2019. Las formas de la auscultación macrista responden a la lógica de la inteligencia interior con fines privados, esto es: en beneficio de una facción política. Y usar bienes comunes, del Estado, en beneficio particular es un delito (como subdeclarar exportaciones) que como tal debe ser perseguido por el Estado de derecho.

Cuando la cadena lógica articulada por las legalidades propias del Estado de derecho se quiebra, porque en sus tejidos se manifiesta alguna forma de la ilegalidad, entonces aparece el espionaje macrista: un espionaje ilegal de Estado. Por medio de la denuncia de Cristina Caamaño –interventora de la Agencia Federal de Inteligencia– descubrimos que una parte de los servicios de inteligencia con el macrismo se “reperfilaron” para dedicarse al espionaje interno de opositorxs políticos, científicxs, académicxs, intelectuales, hombres de la Iglesia, cuadros políticos propios, propagandistas ideológicos encuadrados en las filas cambiemitas, presxs políticxs y familiares del ex presidente de la Nación, sin que mediara orden judicial alguna. El primer listado de direcciones de mails de los personajes espiados apareció en una computadora de la AFI. Para la propia interventora, hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. “En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. Igualmente […] se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri”[5]. Estos tipos de procedimientos más que inteligencia ilegal muestran más bien formas integradas de legalidad e ilegalidad. Estamos frente a otra madeja mafiosa que está siendo desenredada de manera dispersa en 12 causas judiciales distintas. Las mafias son organizaciones criminales secretas que configuran sistemas de poder. Y la relación con el poder constituido es un elemento constitutivo de la ‘Ndrangheta: la mafia calabresa. La externalidad de la ‘Ndrangheta, su ilegalidad digamos, va permeando progresivamente el poder, la legalidad, hasta teñirla y hacerla funcionar con su propia lógica. Si estuviéramos frente a una manifestación estética podríamos hablar de grotesco, dado que es un hallazgo que tematiza elementos de índole distinta y contradictoria, que se mezclan. Pero aquí estamos frente a un fenómeno social y político en el que legalidad e ilegalidad conviven.

Luego de la denuncia de la titular de la AFI empezó a hablarse de “espionaje ilegal”, “proceso sistémico de inteligencia ilegal”, “producción de inteligencia ilegal”, “aparato de ilegalidad total”. Y los medios de comunicación, incluso aquellos progresistas con un sentido ético, empezaron a repetir esta falacia. Desde ya, estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional –que el macrismo había implementado incluso a nivel de CABA cuando en 2009 espió a funcionarixs, empresarixs, legisladorxs opositorxs, dirigentes gremiales, integrantes de la AMIA y de la colectividad judía, y hasta a un familiar del propio Macri– pero es un error conceptual y metodológico destacar sólo el aspecto ilegal de esas prácticas. Poner en foco sólo la ilegalidad reduce la comprensión del fenómeno denunciado. No estamos ni frente a la ilegalidad total ni a formas de inteligencia ilegal. Sino frente a operatorias de una legalidad-ilegal, por más paradójico que parezca. Desde junio de 2016 la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde una computadora de ese organismo. Y esas tareas no fueron ordenadas por un magistrado (es decir, se llevaron adelante sin una orden judicial), sino que fueron dispuestas por alguna autoridad de la propia estructura de inteligencia. Entonces, se trata de inteligencia ilegal llevada a cabo por servicios legalizados por el Estado conducido por la Alianza Cambiemos. Estamos frente a una manifestación mafiosa, del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del Estado de derecho. Cuando hablamos de mafia nombramos tres planos que se intersecan:

1. organización de la estructura represiva +
2. organización de la teoría de la información y la comunicación (telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia) +
3. instauración de la economía criminal (legal e ilegal).

Ese doble Estado oculto es una suerte de realidad secreta que cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad institucional crea fricción con el poder constituido y genera para-estatalidad, para-economía, para-legalidad. Es el Estado de derecho trenzado con el Estado de excepción. Ese entrelazamiento produce un nuevo código: el Estado mafioso. En este sentido, cuando digo que las escuchas macristas son (i)legales quiero indicar que se balancean sobre el filo sutil que separa la legalidad y la ilegalidad. Articulan un organismo cuya operatoria vuelve opaca e indistinguible la separación de lo legal y lo ilegal. Con (i)legal quiero expresar el sentido de la manifestación de una cosa que se da en otra que es (o debería ser) su opuesto. El concepto de ilegal se usa para hacer referencia a todo aquello contrario a lo establecido por la ley, el Estado. Todo lo que contradice o no respeta la ley, el Estado, es ilegal. O, dicho de otro modo, no es legal. Pero cuando es el propio Estado el que emite una señal que va en contra de la ley –porque ha sido copado por un doble Estado oculto– estamos entonces frente a una ilegalidad de Estado, a una “ilegalidad legal”, a una forma mafiosa de activación política. El caso de las escuchas representa un emergente de una práctica mafiosa propia de la cultura ‘ndranghetista-macrista. Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos (in)imaginables de la legalidad.

Esa trama dialógica y ese equilibrio sutil entre lo legal y lo ilegal se manifiesta en los contactos entre el falso abogado Marcelo D’Alessio –espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), factotum de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, conocedor del crimen organizado, operador de la violencia privada– y Carlos Stornelli, el fiscal federal del caso de las fotocopias de los cuadernos. Por otra parte, la banda D’Alessio estaba integrada también por los dos ex comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk –que mediaban entre D’Alessio y Arribas, el titular de la AFI macrista–, el espía Rolando Hugo Barreiro y el periodista Daniel Santoro, sospechado de llevar a la tapa de Clarín las informaciones proporcionadas por el propio D’Alessio, obtenidas por medio de procedimientos extorsivos. Esa organización no se ocupó sólo de la extorsión a un empresario (Pedro Etchebest), sino de muchas extorsiones a expensas de otros empresarios, coacciones, armados de causas y declaraciones falsas, espionaje comercial de empresas petroleras, hasta llegar al espionaje del ex marido (Jorge Christian Castañón) de la actual esposa de Stornelli. Además de Etchebest extorsionaron a Mario Cifuentes, Pedro Erasmo Barreiro y Víctor Palomino Zitta, al aduanero Gabriel Traficante, llevaron a cabo un acto de coacción en contra del ex gerente de la petrolera PDVSA en la Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, con el objetivo de que implicara en actividades irregulares a funcionarixs del último gobierno kirchnerista, prepararon cámaras ocultas contra los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, participaron en el armado de la declaración falsa del empresario y financista Leonardo Fariña, y espiaron al ex gobernador radical de Corrientes, Ricardo Colombi. D’Alessio y compañía se dedicaban también al rubro del lavado de dinero. El falso abogado ofreció sus servicios en operaciones de ingeniería financiera que llevó a cabo con una organización criminal: el grupo “Buenos Aires”, integrado por el propio D’Alessio, su jefe Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti. Ese grupo tiene la configuración de una estructura intermedia que facilitaba maniobras financieras trasnacionales por cantidades sorprendentes de dinero. Con esta estructura está vinculado también otro personaje: Aldo Eduardo Sánchez, argentino nacido en Totoras (provincia de Santa Fe), con pasaporte italiano. Esta organizción tenía el objetivo de colocar fondos de origen ilícito en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlas luego en los circuitos legales. Es más, simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras ilegales. Este es otro ejemplo de la convivencia de la ilegalidad con la legalidad.

El escurridizo contacto entre lo legal y lo ilegal ha sido identificado también por el Juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. El 30 de junio emitió una orden de captura de 22 sospechosxs implicadxs en la cuestión de las escuchas. En la causa 14149/2020, caratulada “Melo Facundo y otros s/asociación ilícita y otros” declara que: “Se investiga […] a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 […]. En efecto, se destaca que algunas de las maniobras habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas” (p. 3)[6].

Estas consideraciones remiten a la detención de Jorge “El Turco” Sáez (ex inspector de la Policía de la Ciudad y ex agente del Servicio Penitenciario), Facundo Melo (abogado y ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia), Leandro Araque (ex policía de la Ciudad), María Belén Sáez (hija de Jorge), Diego Dalmau Pereyra (Director de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno cambiemita, sucesor de Stiuso, oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia, implicado en los seguimientos de la actual Vicepresidenta), Emilio Matta (agente de la AFI que se ocupaba de las tareas de espionaje en el Instituto Patria y de los seguimientos de Florencia Macri), Andrés Patricio Rodríguez (vínculo entre la organización criminal “Super Mario Bros” y el Servicio Penitenciario), Daiana Romina “Bucky” Baldassarre (agente de la AFI, ahijada de Sáez, implicada en los seguimientos de Nicolás Massot y de Florencia Macri), Denisse Aya Tenorio (ex agente de la AFI que se ocupaba de espiar a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, sus abogados, familiares para luego transmitir las informaciones a la AFI) y Susana Martinengo[7]. Ésta última –Coordinadora de Documentación Presidencial en la Era Macri– recibía los informes de inteligencia de los servicios (Melo, Sáez y Araque) directamente en Casa Rosada. Es problable que los entregara directamente a Darío Nieto, el ex secretario personal de Macri. Según la fiscal Cecilia Incardona, Nieto “sería uno de los que habría recibido los resultados de las tareas de inteligencia ilegal que desplegaban los agentes de campo”. Además, Martinengo, trabajaba con Macri desde 2007, cuando éste revistaba como jefe del gobierno porteño. Los nombres señalados, entre otros, integraban el grupo de espías “Super Mario Bros”, una organización delictiva que tenía el objetivo de espiar a dirigentes políticxs opositorxs, dirgentes sindicales, referentxs de movimientos sociales, obispos. Incluida Florencia Macri, hermana del ex presidente, y su pareja, el italiano Salvatore Pica. La información recolectada por la organización llegaba a la Casa Rosada y paralelamente a la AFI, a través de Alan Ruiz, Director de Operaciones Especiales de la central, que respondía al titural del organismo: Gustavo Arribas. Anteriormente, Ruiz había sido funcionario del Ministerio de (in)Seguridad conducido por Patricia Bullrich, quien configuró la estructura represiva del sistema de poder cambiemita. Actualmente, Ruiz está detenido por la causa del espionaje a la actual vicepresidenta y está siendo investigado por el Juez Juan Pablo Augé. Acerca de Ruiz, en una nota interesantísima en El cohete a la luna, Alejandra Dandan dice: “Ruiz introdujo a Patricia Bullrich en el corazón de la investigación de la AFI. Llegó a la Agencia recomendado por la ex Ministra a realizar seguimientos a los opositores políticos y a los integrantes del espacio político del gobierno con los que había diferencias internas. Quienes lo conocieron en la Dirección de Operaciones Especiales dicen que le decía jefa a Bullrich”[8].

Pues bien, los medios al hablar de la operatoria de esta organización suelen emplear la figura de “información ilegal”, “espionaje ilegal”, “espías ilegales” y el propio Juez Villena acudió a la figura de la “asociación ilícita” para perseguir un delito. Pero en realidad nos encontramos frente a una asociación mafiosa dado que lo criminal se manifiesta operando dentro del Estado, pues lxs nombradxs ocupaban cargos públicos y lxs que no ocupaban cargos públicos operaban por igual dentro del Estado, que marca los contornos de la ley. Lamentablemente, no es posible acudir a esa figura (asociación mafiosa), propia del derecho penal, porque el código procesal penal argentino carece de ella. Pese a esa carencia, Villena ha identificado su existencia cuando habla de organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, pero para perseguirla recurre a lo que tiene a mano: la asociación ilícita, útil pero deficitaria. En este sentido, sería más que deseable una reforma de ese código para perseguir operatorias evidentemente activas en la vida pública nacional. Dicho de otro modo, el sistema judicial argentino no está preparado para investigar los delitos que cometió el macrismo o en todo caso tiene herramientas frágiles a las cuales acudir.

Otro ejemplo contudente de que estamos frente a una asociación mafiosa, puesto que se manifiesta el principio estructurante de la legalidad incrustada en la legalidad, nos lo ofrece la relación entre Facundo Melo y el narcotraficante Sergio Cristian “Verdura” Rodríguez. Éste señaló a Melo como el hombre que lo reclutó para poner una bomba en el domicidio de José Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Al respecto en la causa que estuvo instruyendo el Juez Villena se declara que “Las presentes actuaciones reconocen su inicio en la declaración indagatoria y sus ampliaciones prestadas por Sergio Cristian Rodríguez en el marco de la causa nro. FLP 141.377/2018 del registro de este Juzgado. De ellas se extrae que el nombrado manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada “Jugador”, quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre otras cosas, declaró que Facundo Melo actuó de intermediario entre el nombrado y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra, por lo cual en el estudio jurídico del agente se habría realizado dicha operatoria. Por último, describió que en otra oportunidad acudió al mismo estudio sito en la localidad de Lanús, donde Facundo Melo le entregó un artefacto explosivo, para que a modo de “susto” lo colocara en la puerta de un edificio sito en la calle Callao de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (p. 3).

Síntesis. La derecha vernácula (ab)usa de la intervención y expropiación de Vicentín no para tapar la cuestión de las escuchas y los espionajes, sino para velar el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina en los años de su gobierno. Esto es: una organización criminal –Super Mario Bros– cuyos integrantes formaban parte de un aparato estatal y paraestatal, que extorsionaban, que llevaban a cabo tareas de inteligencia, que estaban vinculados con el Servicio Penitenciario Federal (particularmente con el penal de Ezeiza, Melchor Romero y posiblemente Marcos Paz) y que tenían vínculos con altas representaciones del Estado: el Ministerio de (in)Seguridad y, acaso (aún está por demostrarse), con la propia Presidencia de la Nación entre 2015 y 2019. La cuestión de las escuchas remite menos a las escuchas que a la existencia de un sistema criminal integrado. La mesa judicial de Macri[9], los espionajes, las persecuciones son parte de una misma operación mafiosa: de ese sistema criminal integrado. En este sentido, no sería irrisorio unificar las causas (existen 12 causas judiciales distintas sobre la cuestión de las escuchas, cosa que indica cierto grado de sistematicidad y responsabilidad política) para que avancen y para que no haya destrucción de pruebas. Y tener presente una reforma del código penal.

Referencias:

^[1]https://www.enredando.org.ar/2016/04/27/la-empresa-vicentin-y-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3muTKS_mEoHgzOJUQugz4d_BPpZSKkantH37ZqmDrj0IAbY72qIJ732kU (27/4/2016).

[2] Esta recostrucción fue posible gracias a los materiales que me proporcionó el diputado de la Provincia de Santa Fe –por el Frente Social y Popular– Carlos del Frade. Esos materiales fueron elaborados por el propio Del Frade y por la Comisión de Información y seguimiento de la Empresa Vicentín S.A.I.C. de la Cámara de diputados de Santa Fe.

[3] Según el Informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Vicentín S.A.I.C. Auditoría de corte como consecuencia de la Intervención dispuesta por el DNU no. 522/20, junio 2020.

^[4] https://www.pagina12.com.ar/274173-se-tocan-estructuras-se-afectan-intereses (24/6/2020).

[5]Raúl Kollmann e Irina Hauser, “Cómo funcionaba la red de espionaje macrista”, https://www.pagina12.com.ar/275289-como-funcionaba-la-red-de-espionaje-macrista (29/5/2020).

^[6] El 3 de julio el Juez Villena fue apartado de la causa. El camarista federal de La Plata Roberto Lemos Arias dio curso al planteo de varios espías imputados. Estos pusieron en duda la imparcialidad de Villena: “los ex espías […] elaboraron informes, con tareas que habrían sido habilitadas desde el juzgado de Lomas de Zamora. La otra causa es aquella en la que el propio juez Villena había ordenado la intervención de teléfonos públicos del penal de Ezeiza, cuando investigaba al narco Mario Segovia y a una organización que producía explosivos” (Irina Hauser, “El juez Federico Villena fue apartado de la causa por el espionaje ilegal macrista”, https://www.pagina12.com.ar/276241-el-juez-federico-villena-fue-apartado-de-la-causa-por-el-esp, 3/7).

[7] La nómina completa de lxs integrantes de la organización criminal “Super Mario Bros” se pueden encontrar en los excelentes trabajos de Sofia Caram en Página/12, especialmente en “Espionaje ilegal: uno a uno, quiénes son y qué hacían los detenidos”, https://www.pagina12.com.ar/275719-espionaje-ilegal-uno-por-uno-quienes-son-y-que-hacian-los-de (1/7/2020).

[8] “La super María Bros”, https://www.elcohetealaluna.com/la-super-maria-bros/ (28/6).

[9] “las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales. En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca”, Kollmann/Hauser (29/6/2020).

Buenos Aires, 5 de julio de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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