Por Ricardo Rouvier*

(para La Tecl@ Eñe)

“Los sistemas sociales están determinados por la forma de organización de la propiedad, la evolución histórica por el desarrollo del sistema productivo y el poder de la burguesía por su posesión de los medios de producción”

Eric Hobsbawm

Si uno repasa los conflictos que tuvo el gobierno desde que asumió, independientemente de la pandemia que no nace de ningún factor social o político, es interesante observar que los principales problemas tienen un núcleo común. Mencionamos el caso Vicentin; la ocupación de tierras por parte de sectores vulnerables, aquí habría que diferenciar entre lo ancestral y el complejo conflicto con pueblos originarios en el sur de la ocupación de tierras por parte de habitantes del conurbano; el proyecto de  contribución de las grandes fortunas a través de un impuesto denominado con beatitud: “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, que recorta su damnificación sobre un grupo minúsculo de ricos (diez mil  personas; 0,02% de la población);   y el decreto que congela las tarifas de telefonía e internet recategorizando al servicio como esencial; al definirlo así  se democratiza.

Todos estos problemas que acompañaron estos primeros meses de gobierno tienen un núcleo común, la propiedad privada; esa institución fundante de la hegemonía mundial capitalista, que se cruza con el individualismo y que sigue estando omnipresente en el mundo. Cuando el Presidente encendió el escenario con los términos “intervención” y, sobre todo, “expropiación” en referencia una empresa, que ha tenido conductas dolosas y además está en concurso de acreedores al borde del quebranto, puso a prueba la relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. En realidad hubo reacciones de vecinos de la empresa, identificados con ella que consideraron que estábamos ante la amenaza comunista. Por supuesto, no hay ninguna amenaza, solo un roce en la piel de la burguesía.

Para J.J. Rousseau, el establecimiento de la propiedad privada es la circunstancia que rompe la sociedad en estado natural e introduce la desigualdad moral y consagra la división entre ricos y pobres que el mismo filósofo propone resolver con la redistribución, cosa que Marx le critica como si hubiera quedado a mitad de camino en su análisis y la humanidad debiera ir a fondo con esta cuestión. Más al extremo se ubica el ícono del anarquismo, Proudhon, que sentenció en forma categórica: “la propiedad es un robo”.

La mirada crítica sobre la desigualdad se ha trasladado durante el siglo XX a los movimientos revolucionarios, reformistas y los progresistas con base en Marx. Ellas han cuestionado la legalidad de la propiedad privada de los medios de producción, a partir de una acumulación originaria que ha establecido las bases de la desigualdad; en realidad, la propiedad niega el derecho social de los que no son propietarios y generan con su trabajo la producción y apropiación de la riqueza.

Luego de caído el socialismo real, el ataque a la propiedad de los medios de producción ha quedado sin espaldas territoriales suficientes. Y lo que tenemos es una expansión de la propiedad privada de los medios de producción a nivel mundial, inclusive articulada con modelos políticos diferentes, como la paradoja china.

En la era capitalista surgieron los Estados nacionales que sostuvieron el derecho absoluto que provenía del Código Civil Napoleónico, (el artículo 544 dice: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos”). La institución de la propiedad como goce absoluto acompañó a Napoleón Bonaparte en su conquista europea, y la apropiación en nuestro continente por parte de las clases dominantes. El instituto se extendió a las constituciones americanas del siglo XVIII y XIX que lo convalidaron.

Esta discriminación entre propietarios y no propietarios alimentó la cultura hegemónica. Se naturalizaron las diferencias y se le otorgó patente de eternidad a la matriz productiva y social. La solidaridad emergió como una compensación para alivianar la vida de los asalariados. Las sociedades de beneficencia y las cooperadoras florecieron sobre esta operación de construcción de una subjetividad complaciente.

El Estado argentino fue fundado sobre las heridas de las luchas civiles, y en 1869 se aprueba el Código Civil de Vélez Sarsfield. El carácter de “absoluto” de la propiedad validado por esta norma, permite al propietario transferir su bien sin que el Estado pueda intervenir, pero esto fue “morigerado” en leyes y reformas posteriores. Dice el código: “Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer, de servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario”.

En 1949, por primera vez en nuestra historia, aparece el enfoque comunitario respecto de los bienes en general, y la tierra en particular, que trepó a la letra constitucional. La Constitución peronista otorgaría un nuevo significado a la propiedad privada, abandonando el esquema liberal individualista y articulando otro modelo que reconocía el sentido social de la propiedad. Luego, la voz de la Iglesia se hizo sentir con la Populorum Progessio de 1967 y otros documentos surgidos en el Vaticano, y el compromiso de sacerdotes o militantes católicos que participaron en las luchas sociales de la mitad del siglo pasado en adelante. No puede dejar de agregarse las alocuciones del Papa Francisco, que mantiene y profundiza su interpelación a un capitalismo deshumanizado y la oposición al egoísmo y al individualismo liberal.

Las experiencias mundiales y nacionales sobre el papel del cooperativismo y el mutualismo deben ser consideradas como posibilidades para cumplir la función social de la propiedad.

El peronismo no propone ninguna alternativa comunitaria como un sistema para repartir la propiedad o para dividirla, y además carece de una burguesía nacional en que apoyar su lucha; entonces le queda el Estado como la entidad destinada a intervenir en el circuito de las cadenas de valor que deriva hacia el apetito burgués de la tasa de ganancia. Y para alcanzar al Estado hay que contar con el gobierno. El gobierno actual de Alberto Fernández ha tomado la iniciativa, o en algunos casos, como en el de la ocupación de tierras, responde a los hechos que se le imponen y ante los cuales se bifurcan dos posiciones. Una consiste en restituir la propiedad violada a sus legítimos dueños y hacerlo con la resolución judicial en una mano y las fuerzas de seguridad en la otra. Y esta postura que defienden funcionarios como Berni (aplicación inmediata e irrestricta de la ley) difiere de otras como las de Frederic o Bielsa, que consideran la situación social de emergencia de los ocupantes y expresan diferencias ideológicas. Ambos discursos tienen sus huellas dentro de la anchura peronista, más allá de las especulaciones electorales alrededor de contar con una oferta por derecha en la provincia de Buenos Aires para capturar votos. En la evolución de la cuestión social en el capitalismo es que hoy es un derecho constitucional el acceso a la vivienda; por lo que si bien no anula el castigo a la usurpación, le otorga un marco de comprensión más amplio.

Por otro lado, la intervención del Estado en el mercado de internet y las telecomunicaciones tiende a desarmar la disponibilidad arbitraria de las mismas de parte de los grupos concentrados. La reacción etiquetó este accionar como un paso más para convertirnos en Venezuela. El gobierno atravesó estas disputas en soledad, en soledad de sí mismo. Y queda encerrado en su doble vía institucional: una, las herramientas de la democracia liberal; y la segunda, que es la presencia no violenta de la voluntad del colectivo en la calle. La primera, muchas veces, queda a tiro del poder judicial, y en la segunda hay una brecha entre las organizaciones populares y la gestión.

La pandemia permitió disimular la desmovilización, mientras en la otra vereda la reacción del establishment, incluida la prensa, hicieron sentir la preocupación por este ataque a la propiedad. Se encienden alarmas en el país; en una región y un mundo que gira a la derecha.

Si uno cuenta la composición del escenario según fuerzas, hay que contabilizar no solo a las minorías oligárquicas, sino también a los cientos de miles de subordinados que han internalizado los cánones del dominador. La ideología dominante, a fuego lento, se convierte en sentido común, y ahí se introduce en las víctimas los principios del victimario.

Es indudable que la propiedad privada seguirá existiendo en el mundo; también seguirá habiendo una tensión alrededor de dicho núcleo. Una tensión entre Sociedad, Estado y Mercado, que puede tener algún tipo de morigeración si hubiera una tregua económica y social. No hay duda que la burguesía mundial, en la pandemia, ha profundizado sus crisis, pero serán los primeros en recuperarse, justamente por la condición ventajosa de contar con el equipamiento preparado, mientras algunos  trabajadores podrán reinsertarse en el mercado laboral y muchos otros caerán en la pobreza y la desocupación.

Va quedando claro, luego de que el gobierno va atravesando los problemas que le plantea la realidad, que contar con el gobierno es muy importante, pero no es suficiente. Se mejora la política si se establecen los puentes entre la gestión con las organizaciones populares para convalidar, vigilar y consolidar posiciones de lucha por la igualdad. Se debería avanzar empoderando la economía social, como una manera de ampliar la producción nacional y de incorporar a ciudadanos a una experiencia colectiva que no anula la individualidad, sino que la expande, la perfecciona. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020.

*Lic. en Sociología. Dr. en Psicología Social. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.

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