Por Iván Ambroggio*

(para La Tecl@ Eñe)

La inclusión social es el pilar fundamental de toda política de seguridad verdadera: cuando se rompe el tejido social y las personas quedan a la intemperie, excluidas de la economía formal, la violencia crece en las calles. Esta premisa, elemental y reiteradamente ignorada, resulta ineludible al analizar el primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y su propuesta de seguridad de «mano dura».

Desde el Cantón Militar Pichincha en Cali, el 7 de agosto de 2026, de la Espriella proclamó el fin de la «resignación nacional» y el inicio de la «recuperación del orden, la autoridad y la libertad». Dio un ultimátum a los grupos armados: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública. Anunció la erradicación definitiva de cultivos ilícitos mediante fumigación con «herbicidas de última generación», la construcción de megacárceles, el listado de grupos narcoterroristas y la orden perentoria a las fuerzas militares y de policía de combatir sin tregua al «narcoterrorismo». «El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde», sentenció. El diálogo, afirmó, está agotado.

Esta retórica evoca, de manera inquietante, el Plan Colombia, el gran programa bilateral con Estados Unidos iniciado a finales de los años noventa y desplegado con fuerza en la primera década del siglo. Su eje central fue la erradicación forzosa de cultivos ilícitos —principalmente mediante aspersión aérea de glifosato—, acompañada de un robusto componente militar y de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Se invirtieron miles de millones de dólares con el objetivo de reducir a la mitad la producción de cocaína, debilitar a las guerrillas y restaurar la autoridad estatal.

Los resultados en materia de seguridad fueron, en el mejor de los casos, ambivalentes y, a medio y largo plazo, nulos en lo estructural. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la aspersión redujo temporalmente las hectáreas cultivadas —de alrededor de 160.000 en 2000 a cifras cercanas a la mitad a mediados de la década—, pero la producción potencial de cocaína no cayó en la misma proporción: los cultivadores se adaptaron con variedades más productivas, densidades mayores y desplazamiento hacia zonas de difícil acceso, incluidos parques naturales, como han documentado análisis de Insight Crime. La violencia asociada al conflicto se transformó más de lo que se eliminó; mientras algunos indicadores urbanos de homicidios y secuestros bajaron, las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales aumentaron, el desplazamiento forzado persistió y los grupos armados se reconfiguraron. La coca no desapareció; se desplazó y se modernizó. El Plan Colombia demostró que la erradicación forzada sin desarrollo rural genuino y sin inclusión económica, es un instrumento de efectos limitados y costos humanos elevados.

La guerra a las drogas implementada por diversos Estados en América Latina ha generado, de manera sistemática, efectos nocivos que las estadísticas confirman. En México, tras el lanzamiento de la ofensiva militar contra los cárteles en 2006, la tasa de homicidios se disparó desde niveles de 9,7 por 100.000 habitantes hasta picos cercanos a 27, según UNODC y reportes de Insight Crime. En Ecuador, país que pasó de ser relativamente tranquilo a epicentro del tráfico, la tasa saltó de menos de 8 por 100.000 en 2020 a más de 45 en 2023 y ha seguido escalando, de acuerdo con cifras de la UNODC e Insight Crime. La región concentra de manera desproporcionada los homicidios vinculados al crimen organizado a nivel mundial, según el Global Study on Homicide 2023 de UNODC. La militarización y la fragmentación de organizaciones criminales, lejos de erradicar el negocio, lo han hecho más violento, más diversificado (extorsión, minería ilegal, tráfico de personas) y más capaz de capturar instituciones locales. La evidencia empírica es contundente: la «guerra» no ha reducido de manera sostenida la oferta ni la demanda; ha multiplicado los muertos.

El ascenso de gobiernos de derecha en América Latina —de Nayib Bukele en El Salvador a Javier Milei en Argentina, pasando por figuras como José Antonio Kast y ahora de la Espriella— se explica, en buena medida, por la conexión directa con un electorado agotado por la inseguridad cotidiana y el estancamiento económico. Estos líderes ofrecen respuestas simples y espectaculares: mano dura, cárceles masivas, recortes del Estado, «batalla cultural». Conectan con el hartazgo legítimo de ciudadanos que viven el miedo en carne propia. Sin embargo, esa misma conexión comienza a erosionarse cuando las políticas de ajuste fiscal y la postergación de la agenda social generan nuevos descontentos. La austeridad sin red de protección, la reducción del Estado sin alternativas de inclusión y la priorización exclusiva de la represión, producen, a mediano plazo, crisis de legitimidad. Los votantes que demandaban orden descubren que el orden sin oportunidades reproduce la exclusión que alimenta la violencia.

La democracia moderna no puede sostenerse indefinidamente sobre la mera promesa de autoridad.

Como han señalado los politólogos contemporáneos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro «Cómo mueren las democracias» (2018), las democracias no mueren sólo por golpes de Estado, sino por la erosión gradual de las normas, la polarización extrema y la incapacidad de las instituciones para procesar conflictos sin excluir a amplios sectores de la ciudadanía.

Una política de seguridad que ignore la inclusión social corre el riesgo de convertirse en un círculo vicioso: más represión, más fragmentación social, más violencia, más demanda de mano dura. Colombia, y América Latina en su conjunto, enfrentan hoy la prueba de si la «era del Tigre» será capaz de aprender de los fracasos del Plan Colombia y de la guerra a las drogas, o si repetirá el mismo error estructural: combatir los síntomas mientras se profundiza la herida del tejido social.

12 de agosto de 2026.

*Analista internacional, especializado en Seguridad y Defensa en EE.UU., docente de Ciencia Política, Magíster en ciudades inteligentes, escritor.

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