Por Dora Barrancos*

(para La Tecl@ Eñe)

El acoso planetario del COVID19 ha dado lugar a una vorágine de reflexiones de todo tenor y espesura. Casi todas esas manifestaciones comparten un diagnóstico sombrío y subrayan la flagrante desigualdad que queda al descubierto, las abrumadoras diferencias que se exhiben, ya que justamente la partícula no repara en diferencias por enclave social –  es “universal” hasta para la gente de mayor edad, sin miramientos de clase -, ni en las jerarquías de género –aunque hay una leve mayor letalidad para los varones. No se puede ser tan original, voy a sumarme al diagnóstico. La partícula ha socializado absolutamente la exposición al riesgo y esa comunidad del ataque es lo que permite ver mejor la profundidad de las divergencias sociales. El virus es en cualquier caso politizable, como ocurre con todas los fenómenos de la naturaleza en interacción con la cultura. La asistencia médica pública puede reducirse a su mínima expresión en épocas normales, les pobres, les excluides,  pueden estar a merced de su buena suerte donde no hay organismos estatales suficientes en número, recursos y distribución geográfica, y pueden arreglarse como puedan con nosologías que refieren cierta constancia y hasta estratificación  – sí, hay una distribución social de las enfermedades, sin ir más lejos, nuestra población travesti  no sobrepasa los treinta y poco. En épocas normales, países de cierta tradición sanitaria pública – como el nuestro -, pueden sufrir la embestida de gobiernos a contra pelo de la intervención estatal en los resortes básicos para garantizar la existencia, y darse el lujo de reducir el costeo de la salud. La doctrina monocórdica y monovalente neo-liberal ha hecho un curso amplio desde el abandono del estado de bienestar – a veces se nos escapa que esa atribución de árbitro del Estado ancló en algunas concepciones de radicalidad liberal-, pero la factura neo-liberal es un producto de la recomposición más reciente del capitalismo devenido en centralmente financiero. Cansancio del Estado que debe olvidar el principio de cobijar a todes, sacramentación del mercado cuya mano invisible sabe qué hacer. Es cierto que la adaptación del dictatum neoliberal difiere según países con mayor o menor carga de tradición de estatalidad, pero sobre todo, con relación a algún sentido general preservado por la política por cierta justicia distributiva y no apenas como ariete de los grupos dominantes. En términos gramscianos clásicos, allí donde la política es más esmerada en producir el fenómeno de la  hegemonía aumenta la posibilidad de que haya intervención estatal para asistir en materia de educación, de salud, de servicios básicos.  Desde luego no es el caso de la peculiar adopción neo-liberal en los países de América Latina, y el ejemplo de nuestro país asoma como catástrofe del experimento, hipérbole del desatino ya que hay que ser muy desatinado para alcanzar tamaña escala de endeudamiento. Si en la mayoría de nuestras sociedades el contraste entre ricos y pobres resulta abrumador – debe pensarse que el 1% de la humanidad  posee el 80% de la riqueza -, es abismal en nuestras latitudes y de modo particular en la Argentina ¿Es necesario recordar que la pobreza aumentó al compás de la intemperie de las políticas de ajuste, que se extendió la impudicia del hambre? Coincidió – menos mal!- con un periodo libre de la amenaza de una epidemia infecto-contagiosa de vértigo, de modo que el experimento argentino no trepidó en liquidar el Ministerio de Salud, de limitarle recursos, de abandonar programas. Es bien sabido que faltaron vacunas, que la incidencia  del sarampión trepó peligrosamente, que el Estado nacional estuvo ausente de la epidemia localizada del hanta virus (casi ni se enteró la población fuera de Chubut), que fueron desfinanciadas las instituciones de investigación y que el dengue ha alcanzado una expansión gravísima – hay más muertes por dengue que por COVID19 al momento de estas líneas. Para colmo, la última medida importante de quien fuera Secretario de Salud al actualizar el protocolo de actuación ILE (interrupción legal del embarazo), fue vetada por el entonces presidente de la Nación. La pandemia nos encontró en una situación sanitaria averiada y que apenas se recomponía, con ingentes esfuerzos para resolver la crisis alimentaria, sin presupuesto y en la encrucijada de la renegociación de la deuda. No se alcanza tal vez a dimensionar el coraje y la convicción con que ha actuado la máxima autoridad de la Nación, pero seguramente sí por el grado de adhesión extraordinaria que concitó en la población la medida del aislamiento social. La enorme empatía que ha despertado el Presidente seguramente se parangona con la generalizada perspectiva- contra fáctica-, de lo que hubiera podido ocurrir de haber persistido el ciclo neo-liberal.

Operaciones disuasivas

Este fenómeno de la adhesión desespera a los sectores que no se resignan al cambio de giro en gobernanza. En estos días asistimos a una de las operaciones disuasivas más eficaces con el objetivo de infringir daños colaterales al gobierno en la coyuntura de la cuarentena. La hendija que permitió avanzar con ventaja comparativa, debido a las sensibilidades que hacen mella incontestable en el “sentido común”, ha sido la cuestión del  “Plan para la liberación masiva de presos” – tal el perturbador enunciado del género “fake news”. Permítaseme antes señalar que resulta evidente que la operación “abrir el Congreso”, con la insólita travesía interprovincial protagonizada por varias/os representantes, azuzando la presunción de un impedimento de sesionar, fue un fracaso. El círculo mediático no pudo lucrar con esa especie que tuvo una repercusión muy limitada. Pero la aventura de querer averiar la singular relación positiva entre el Presidente y la sociedad pudo abrirse paso por a la necesidad de atenuar la sobre población carcelaria frente al enorme riesgo de infección en las unidades de detención. Posibilidad catastrófica avizorada por todos los países en donde la pandemia ha venido haciendo estragos, por lo que desde China a Chile han venido morigerando el número de personas detenidas en ambientes propensos a una dramática contagiosidad. Se sabe muy bien que países como Irán o Turquía han retirado de las cárceles – es difícil conocer cuál es el mecanismo, si se trata de domiciliarias u otras formas –, a un número casi increíble de presos/as pues sobrepasan los cincuenta mil. Francia determinó la prisión domiciliaria a más de diez mil detenidos/as, y Brasil – en la era Bolosnaro! – permitió la prisión domiciliaria, o abrevió penas, a treinta mil, y en Colombia  – donde hubo más de 20 muertos en un motín carcelario – el número de personas a las que se ha permitido cumplir pena en sus casas se aproxima a esa cantidad.  El New York Times  señalaba el último 28 de abril que “las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión del coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una loca lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas”. El hacinamiento en nuestras cárceles es pavoroso, y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) hace varios años que viene analizando la condición casi medieval de la vida en las cárceles sobre todo por el hacinamiento. Subrayo especialmente la condición de las mujeres detenidas y de las personas “trans”, la sordidez de los espacios, la falta de recursos de higiene, las dificultades agravadas para aquellas que tienen niños conviviendo en el encierro. Por razones más estratégicas que humanitarias, en el seno de los sistemas penitenciarios y desde luego en la membresía del Poder Judicial con incumbencia penal, hubo manifiesta inquietud respecto del espectro de la muy posible infección en las cárceles y cundió la alarma. Es claro que los organismos de derechos humanos solicitaron particular consideración a los inminentes riesgos de contagio, riesgos que no son peregrinos sino de absoluta plausibilidad. La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires se expidió en respaldo de las decisiones que podrían tomar Jueces para aliviar de modo percatado el número de las/los encarcelados. Ese fallo, sobre todo –porque en otras jurisdicciones hubo acciones judiciales consonantes y no hubo escándalo – fue la chispa que encendió a los escudriñadores de las brechas de oportunidad. No puedo pasar por alto el antecedente precursor, el hecho de que pasara a prisión domiciliaria un grupo mínimo de detenidos que correspondían al malhadado kirchnerismo – Luis D´Elia, con serias dificultades de salud, Amado Boudou (que no tiene sentencia firma), y Ricardo Jaime. El elenco comunicacional “meta estable” -diría el gran Jean Paul Sartre- encontró exactamente el objeto. Desató la altisonante campaña que convenía a su horma, machacando con vértigo acerca del inminente riesgo de que la delincuencia quedara en absoluta libertad. La verdad es que no llegan a 800 las personas que han sido alcanzadas por el instituto de la “prisión domiciliaria”, o que han obtenido el adelantamiento del cumplimiento de la prisión por mediar muy poco tiempo para que esto ocurra. Desde luego, no puede admitirse que estas acciones de beneficio, tendientes a aliviar la demografía carcelaria en la doble perspectiva humanitaria y funcional preventiva, asistan a delincuentes de hechos graves, y subrayo absolutamente a quienes tienen condena por acciones de lesa humanidad, homicidas, femicidas, violadores y abusadores sexuales. Nos sorprende que al menos en algunos casos haya habido tan absoluta negligencia por parte de las/los operadores judiciales. Debe saberse que el violador consiste en la perpetuación de lo que podría equivaler a una “lógica sinergial de sistema”: la enorme experiencia acumulada indica que casi en la totalidad de los casos los violadores no se sustraen a la repetición. No hay ninguna condición de posibilidad – ni edad, ni comorbilidad – que pueda argumentarse. Deberán aislarse, en el mismo centro de detención, a quienes pueden estar más propensos a un contagio letal.

De cualquier modo, no es este el ángulo pernicioso el que ha movido a los estrategas de la disuasión del vínculo empático de la sociedad con el Presidente. Finalmente les importa poco el costado verdaderamente vituperable de lo que ha ocurrido con la decisión de algunos jueces. El asunto es el estruendo, lo insidioso, lo falsificado que puede minar el sortilegio de la empatía que los irrita. Desde luego, hay que hacerse de más dispositivos disuasivos y evitar así que se consolide el consentimiento para avanzar en decisiones transformadoras de este injusto orden social. Apostemos a que no puedan.

Buenos Aires, 2 de mayo de 2020

*Doctora en Historia. Investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina.​ Forma parte del equipo de académicos e intelectuales que fue nombrado por el Gobierno nacional como asesores del presidente Alberto Fernández.

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Por Dora Barrancos*

(para La Tecl@ Eñe)

Preocupa mucho el crecimiento de las derechas en todas las latitudes. Hay una renovación de estudios acerca del fenómeno con apreciación de sus caracterizaciones distintivas, especialmente en Europa, y no podría dejar de señalar al menos tres contribuciones recientes, las de la española Beatriz Acha Ugarte[1], del italiano Steven Forti[2] y del holandés Cas Mudde[3]. En América Latina hay una miríada de investigaciones y ensayos que se han centrado sobre todo en las experiencias neo liberales como configuraciones de derecha, y una parte de esos análisis se ha demorado en poner en evidencia los aspectos diferenciales de esas fuerzas políticas según países y coyunturas. En Europa ha habido varias tentativas de forjar un movimiento internacional de las ultraderechas, es cierto que con dificultades porque finalmente los desacuerdos abundan debido a que uno de sus tejidos distintivos es el propósito de una  vuelta de tuerca de los rancios nacionalismos. La última y tal vez menguada tentativa de internacionalismo – debido al limitado número de representaciones de partidos de ultra derecha asistentes -, ocurrió en la “Cumbre de Madrid”, en enero del presente año, y tuvo como anfitrión a “Vox” bajo la presidencia de su líder, Santiago Abascal. El documento final resultante de la “Cumbre” denunció a la Unión Europea como “mega Estado ideologizado; una corporación que desprecia la identidad y la soberanía nacional y, por tanto, la democracia, la pluralidad y los intereses de la ciudadanía de las naciones que conforman la Unión”. En esa declaración también se señala que “esta deriva pone en peligro a la propia Unión al alejarse de los ideales europeos cristianos sobre los que se fundó”, por lo que, sostiene, “haremos frente a las corrientes que propugnan una Unión Europea ajena a su historia y que, apartadas de la realidad, conducen al suicidio demográfico y a la transformación poblacional. Europa está en declive demográfico”. Hay alusiones a la necesidad de que cada Nación europea mantenga toda la libertad para disponer como quiera de energía, industria, economía primaria. Pero resulta evidente el énfasis colocado en la necesidad de mantener los valores históricos cristianos, en mostrar el enorme obstáculo que representan las masas de inmigrantes y sus tradiciones religiosas, en acentuar el lugar que ocupa la institución familiar, y muy especialmente en subrayar la urgencia de la “reproducción” europea “original”. Para Mudde es necesario distinguir dentro de las formaciones de extrema derecha actuales una cuestión que ha ganado creciente estatura, como lo es la inversión en materia de actuación “populista”. Algunos trabajos muestran que en buena parte de las sociedades, las ultraderechas penetran empleando semánticas arrolladoras de “sentido común” y explorando las sensibilidades epidérmicas de las poblaciones.  El Partido Alternativa  para Alemania, juega con los intereses más sensibles e incorpora una economía discursiva que resulta difícil refutar, debido también al empleo de escenificaciones que forman parte de su batería retórica. Hay algunas fórmulas bastante miméticas en nuestro medio, como las que emplea Javier Milei, el conocido líder del Partido La libertad avanza, que emplea términos como “casta” para fustigar a quienes se desempeñan en la arena política, y hace donación de sus estipendios como diputado mediante sorteos públicos.

Parecería adecuado diferenciar a las configuraciones neoliberales de América Latina como parte del universo categorial de las derechas, aunque no cabe ninguna duda acerca de la serie de sesgos que no pocas veces las incorporan, sin hesitación, al elenco de las ultraderechas – por caso las violentas dictaduras sufridas en la región cuyos principios organizadores, además de la persecución, la desaparición y la muerte, se han cifrado en la disminución del Estado como efector principal de los derechos fundamentales. No sólo en el pasado los golpes de Estado emergentes de la doctrina de la “seguridad nacional” y de la “guerra fría”, contaminaron las expresiones neoliberales con densas hebras fascistas. Asistimos recientemente al empinamiento de gobiernos neoliberales sólo con fachada liberal, aunque lo más perceptible sea el entonamiento del mercado y las  formas abrumadoras de concentración de la riqueza. Piénsese que América Latina es el territorio más desigual del planeta de acuerdo a los análisis más recientes de diversos organismos internacionales. Se calcula que sólo el 10% de la población de la región concentra más del 80% de la riqueza, y en buena medida se debe a la saga de gobernanzas neoliberales que han favorecido a poderosos agentes económicos, a menudo ausentistas de la propia región. Pero si se reconocen retrocesos en materia de derechos sociales, también ha habido regresiones en el orden de los derechos individuales, una desertización de los principios del liberalismo clásico en sus formulaciones.

En efecto, he discutido muchas veces el carácter menguado liberal que debe darse a buena parte de las manifestaciones neoliberales en nuestro continente. Pensemos apenas en los gobiernos de Jair Bolsonaro y de Mauricio Macri,  aunque hay diferencias entre ellos, no las hay tantas en materia de decisiones de cercenar los derechos individuales. Bolsonaro representa las fórmulas ideológicas probablemente más reaccionarias, se ha opuesto por la fuerza a numerosas iniciativas progresivas, ha perseguido manifiestamente a lideranzas de los cultos afro, ha inhibido la enseñanza de contenidos de educación sexual, ha puesto en el Ministerio dedicado a las mujeres a una adherente confesional evangélica que se opone a la “perspectiva de género” y que inculca la preservación del orden normativo sexual binario afrentando a las identidades ”trans”. Son abundantes las manifestaciones homofóbicas de Bolsonaro y no ha vacilado en las expresiones más aberrantes de destrato a las disidencias. Actúa en forma violenta y no sólo con exabruptos verbales, y ha sostenido impúdicos reconocimientos a la dictadura cívico-militar que se inició en 1964. Y cómo olvidar el feroz insulto a la Presidenta Dilma Roussef durante las sesiones que llevaron a su destitución cuando al momento de votar reivindicó a su torturador. Tampoco puede olvidarse la persecución al ex Presidente Lula, a quien una maniobra de lawfare -contando con una burilada maquinaria judicial-, lo puso en la cárcel por dos años, sin pruebas de lo que se le acusaba. El Juez Moro fue el autor material de ese atropello y fue consagrado Ministro de Justicia en gobierno de Bolsonaro. En 2019 finalmente la justicia brasileña reconoció la inexistencia del delito, pero Lula pasó dos años privado de libertad, ni al sepelio de su nieto querido le permitieron ir. Resulta muy difícil encasillar como neoliberal al gobierno de Jair Bolsonaro, suena a un apocamiento de las articulaciones neofascistas de su régimen.

Con relación al gobierno de Mauricio Macri, aunque claramente resalte su programa económico de achicamiento del Estado – menos en lo que concierne a sus intereses y a los grupos privilegiados de amigos y favorecedores -, y de temible endeudamiento externo– sin parangón en la historia de nuestro país -, no puede eximirse del análisis, junto con el retroceso en materia de derechos sociales, la limitación de los derechos individuales, las fórmulas y dispositivos judiciales empleadas para armar causas, perseguir especialmente a sindicalistas, y encarcelar a una gran cantidad de funcionarios que se habían desempeñado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  Y no sólo de funcionarios, empresarios que no se avinieron a las solicitudes del Presidente Macri, también fueron encarcelados. A poco de asumir, Milagro Sala se tornó prisionera del régimen para escarmentar su insolente bizarría y la de su organización, la Tupac, por haber hecho más que el estado jujeño para dignificar la vida de las comunidades relegadas.  El sistema de lawfare fue rigurosamente aceitado pues contó con la provisión del espionaje ilegal a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en una escala que sólo se parangona con lo que ocurrió bajo gobiernos dictatoriales. La persecución a  Cristina Fernández de Kirchner mediante varias decenas de causas inventadas, el atosigamiento judicial que vivió durante el periodo 2016-2019 que alcanzó a todos los miembros de su familia, aunque especialmente a su hija, exhiben nítidas formas anti republicanas. El Presidente Macri tenía una cierta obsesión con el control no sólo de ajenos, sino de propios, puesto que numerosas personas que ejercían funciones bajo su gobernanza fueron espiados a fin de controlar lo que pensaban y hacían. Un designio soez fue disponer de datos para la coacción y el chantaje, y tal como ha analizado Rocco Carbone[4], su etiología no puede ser otra que una suerte de internalización medular propio de la “razón mafiosa”.  Resulta evidente que no podría caracterizarse el ciclo neoliberal de Macri con el acento puesto en la semiología “liberal”. Las formas de negocio que se llevaron adelante dejaron mucho que desear en orden a los preceptos liberales, y las manifestaciones antidemocráticas de espionaje, persecución y prisión curvan notablemente el liberalismo que se pretendía ostentar.

Las fuerzas neoliberales de América Latina tienen ingredientes centralmente conservadores, reaccionarios, reductores de la división de poderes, apropiadores del Estado que es empleado para servir los intereses de determinados grupos, mientras exaltan ficcionalmente los presupuestos de la soberanía individual puesto que no han vacilado en meter en la cárcel a quienes por diversas razones han sentido amenazantes para sus propósitos. En materia de derechos de las mujeres y de las identidades sexo genéricas diversas, atrasan la agenda, circunstancia que comparten ampliamente con las ultraderechas planetarias que han inscripto en sus programas el combate a los feminismos.  No obstante, ganan terreno. Disponen de medios – de los medios -, y de fórmulas narrativas que suelen enceguecer, y sobre todo, taladran sobre percepciones que tienen mucho que ver con la fisonomía de la desigualdad – fenómeno aciago que han ayudado a promover  -,  de diversos órdenes de inseguridad, y del desencanto que puede producir la política.  Es desolador que las derechas lleguen al gobierno mediante actos eleccionarios, asegurados por el sistema democrático, pero tal vez sea más desolador que no reaccionemos a tiempo, que no seamos capaces de escudriñar las acechanzas. Necesitamos un reverbero de las conciencias, especialmente de las generaciones más jóvenes, para hacer inteligibles las señales del peligro. Hay que darse cuenta que las hienas están muy cerca, ocupando ya nuestro patio, y hay que impedir que alcancen nuestra morada colectiva.

Referencias:

[1] Beatriz Acha Ugarte Analizar el auge de la ultraderecha, Barcelona, Gedisa, 2021

[2]Steven Forti, Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, Madrid, Siglo XXI, 2021

[3] Cas Mudde, La ultraderecha hoy, Barcelona, Paidós, 2021

[4] Rocco Carbone,  Mafia argentina. Radiografía política del poder. Ediciones Luxemburg/CEFMA, Buenos Aires, 2021

Buenos Aires, 29 de marzo de 2022.

*Doctora en Historia. Investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina.​ Forma parte del equipo de académicos e intelectuales que fue nombrado por el Gobierno nacional como asesores del presidente Alberto Fernández.

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Por Dora Barrancos*

(para La Tecl@ Eñe)

Las páginas que siguen no pueden evitar los términos de la autorreferencia. El acontecimiento es demasiado nefasto como para esquivar las circunstancias de haberlo vivido, teniendo en cuenta su dimensión temporal, aunque desearía afirmar que medio siglo es una fecha exigua para una sociedad. Para quienes el 24 de marzo de 1976 nos despertamos con los sones de una marcha militar y el temible comunicado número uno, no estábamos desprevenidos por completo. Hacía tiempo que escuchábamos, y hasta leíamos cada vez con más ímpetu, que las fuerzas armadas estaban preparando el golpe que pondría fin al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Desde luego, no eran sólo las fuerzas armadas, sino la inveterada coalición que habían conseguido con una parte expresiva del poder económico y también contaban con la anuencia de un buen número de representantes eclesiásticos. El aire estaba muy enrarecido desde la muerte del General Perón, quien había asumido la tercera presidencia mediante una votación extraordinaria – de casi el 62% -, y no puede pasarse por alto el rápido interregno de Héctor Cámpora, triunfante en las elecciones históricas de 1973. La derecha había armado a la Triple A y expandido su firme determinación de acabar con los “zurdos”, y no sólo del propio peronismo. Su azote letal se incrementó con la muerte de Perón, fueron numerosos los asesinatos cometidos con toda impunidad y debe recordarse que una de las fuentes propiciadoras de víctimas fue la revista El Caudillo, que prodigaba los nombres con datos de domicilio y funciones de quienes estaban condenados. En una oportunidad, aparecimos escrachados junto con Pedro Krotsch – un querido compañero- que se había desempeñado como director de Educación Agrícola en el Ministerio de Agricultura durante el camporismo, y a quien acompañábamos en diferentes funciones. Aquel aviso temerario indicaba con lujo de detalles el domicilio de Pedro, pero no era tan conspicuo respecto de sus colaboradores. En poco tiempo, Pedro debió asilarse en México con su familia. Las hazañas devastadoras se sucedieron hasta que el jefe de la banda asesina, José López Rega, a cargo del Ministerio de Bienestar Social, cayó en desgracia y fue raleado en julio de 1975 con la crisis económica y política que se desató en aquel invierno. Vivió en España con un cargo diplomático virtual, pues todo indica que estuvo lejos de desempeñarlo, especialmente preocupado con la persecución por sus crímenes que lo hicieron mudarse a diversos países, hasta que fue apresado y juzgado con el regreso de la democracia.

Desde luego, en la coyuntura contaban las acciones de las organizaciones armadas, hegemonizadas por Montoneros y el ERP, pero todo indica que la acción de las fuerzas de seguridad, y especialmente de las fuerzas militares desplegadas para su combate, había diezmado el número de integrantes – sin duda importante hacia 1974 -, por lo que parece incontestable que en marzo de 1976 su ofensiva había declinado. Recuerdo las discusiones que se suscitaron en torno de la eventualidad del golpe, los innumerables intercambios de opinión sobre lo que sobrevendría. En mi caso había militado en la Juventud Peronista identificada como “la Tendencia” para significar la posición de radicalidad transformadora a la que aspirábamos, y hasta me desempeñé en el aparato educativo del Gobernador Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires a cargo de Alberto Baldrich. Pero con la dramática renuncia de Bidegain – a raíz del seguramente insensato operativo del ERP que asaltó el cuartel militar de Azul en enero de 1974–, se impuso la retirada de la enorme mayoría de los cuadros profesionales que lo habíamos acompañado.

De mi parte había interrumpido la militancia barrial que había hecho desde hacía años en Ezpeleta a fin de evitar conflictos severos entre los puntos de vista ya muy discordantes en nuestras filas. Había ingresado al PAMI en 1971 como socióloga formando parte de los primeros grupos de profesionales, invitada por el notable sanitarista Arnaldo Torrents – a quien me unía un parentesco político-, con decidida participación en el modelo prestacional médico-social diseñado para la institución. Evoco la circunstancia de que el molde original era el sistema inglés, una suerte de patrón de acciones médicas socializadas, ideado por los grupos sanitarios después de la Segunda Guerra que pensaban que se debían sortear las formas mercantiles de la medicina. La esencia del proyecto radicaba en que las acciones médicas eran hegemonizadas por el sector público, subrayando especialmente las intervenciones preventivas. En todo caso, se trataba de una ideología progresiva de las acciones de salud y para quienes adheríamos a las propuestas políticas redistributivas, aquel diseño del PAMI nos parecía una oportunidad de avanzada. Pero corrían los meses, se acumulaban los recursos aportados por la propia población – activos y pasivos según marca la Ley -, y las prestaciones no se concretaban. La propia masa de trabajadoras y trabajadores estábamos a merced de contratos muy precarios que se renovaban trimestralmente, por lo que nuestro malestar tenía un doble lazo: se burlaba a la población y se ponía en riesgo nuestra subsistencia. En junio de 1972, cuando tramitábamos nuestra sindicalización a UPCN, decidimos realizar un paro y en horas de la tarde hicimos un piquete que paró el tránsito por un rato en Córdoba y Cerrito, área de cercanía de la sede principal del PAMI. Cuando regresé a mi casa – a la sazón estaba separada y vivía con mis dos hijitas menores de edad-, ya había llegado el telegrama de despido y lo mismo ocurrió con otros diecisiete compañerxs.  Fueron días agitados en el que las negociaciones de readmisión recorrían las más disímiles propuestas, sobre todo en torno al número de los que se planteaba recuperar.  Fue notable el macizo de aquel grupo, al que se adjudicó el mote de “cabecillas”, que cerró filas en la única perspectiva digna: nos reincorporaban a todos o a ninguno. Corría una anécdota que probablemente sea verosímil. Se decía que el ministro Manrique – con claras aspiraciones políticas – había sido anoticiado de «la cesantía de los comunistas”, y que sorprendido había manifestado: “Pero si sacan a todos los comunistas ¡quien va a tener ideas en el Pami!”. Como fuere, luego de poco más de dos semanas fuimos todos reincorporados, y con una nueva intervención -de orientación sin duda progresiva-, se avanzó notablemente en prestaciones y nuestros contratos laborales consiguieron estabilidad.  Con los cambios políticos de 1973 la intervención recayó en Bruno Di Castelnuovo, una figura de enorme compromiso y apertura que confió en la capacidad de quienes ocupábamos cargos de responsabilidad, fueran o no peronistas. Durante algunos meses en mi caso además asesoré, como he señalado, a la Dirección de Educación Agrícola.

Insisto que en 1976 cruzábamos obsesivos pronósticos acerca del golpe que se anunciaba. La información de la prensa construía conjeturas con relación a la alta probabilidad de la asonada, y hasta un diario como La Opinión se permitía inferir acerca de la posibilidad de devolver sensatez y ordenamiento a la convulsión social y política, se imponía poner coto a la desmadrada realidad. Se trataba, como es bien sabido, del periódico de mayor aquiescencia entre los sectores progresistas de la sociedad. Dejo de lado las posiciones de los medios con clara hegemonía que dieron decisivo aliento a la extinguidora saga cívico-militar. Lo cierto es que en las incontables discusiones sobre la inminencia del golpe de las que participé desde fines de 1975, sin que pueda adjudicarme ninguna clarividencia, ningún derroche de fina inteligibilidad, solía esgrimir la certeza de que los militares “nos arrojarían a todos a la misma zanja”, probablemente como una reacción frente a ciertos cálculos que parecían erráticos respecto de lo que mi sensibilidad presentía peligroso, pero créaseme, estaba muy lejos de imaginar los alcances del horror. Y así nos encontró aquel aciago 24 de marzo de 1976. La ocupación militar del PAMI se demoró unos días, pues es bien conocido el hecho de que las tres fuerzas se disputaban el control de las diversas áreas del Estado, y desde luego tenía mucho que ver con los propósitos no tan ocultos de las respectivas jefaturas. La Marina disputó severamente los resortes del bienestar social pues al Almirante Emilio Massera lo seducía especialmente ser el continuador natural del emprendimiento del golpe mediante la construcción de un encuadramiento que sustituyera al peronismo, y pensaba que para esto era estratégico ser imperator de los nervios que constituían el conjunto de los beneficios sociales estatales. 

El arribo de los comandos al PAMI significó la cesantía primero de no más de veinte personas entre las que estaba, y en los días subsiguientes la nómina pasó más del centenar. Se podía concluir que en ese primer lote de despedidos abundábamos quienes habíamos constituido el grupo “cabecilla” de los idus de 1972. Fuimos obligados a desalojar de inmediato el lugar donde nos desempeñábamos – la mayoría concentrados en la Gerencia de Evaluación -, y contaré la temeraria anécdota una vez más: fuimos descendiendo las escaleras del edificio de Piedras y Avda. de Mayo acompañados por muchas y muchos compañeros mientras entonábamos “La marcha peronista”. Pudo haber sido fatal, pues estaba en plena ejecución el plan desaparecedor, lo que sería repetida práctica ominosa eso de chupar personas, torturarlas, violarlas, asesinarlas, cuya magnitud seguramente sobrepase las treinta mil, pues sólo en el ámbito del PAMI han sido contabilizadas una docena de compañerxs desaparecidxs. El sistema de exterminio alcanzó a mi propia familia en octubre de 1976 con la desaparición de Irene Torrents, que tenía veinte años y era hija del ya mencionado Arnaldo Torrents y de mi prima Sylvia Bermann.

En mayo de 1977 pude exilarme en Brasil, que fue un bálsamo de solidaridad, un verdadero enjambre de apoyo y empatía. Fueron muy duras las circunstancias de mi salida, pues no pude obtener la autorización del padre de mis dos hijas mayores, que a la sazón tenían 8 y 9 años, por lo que retrasé todo lo que pude el destierro forzado. Ah, la patria potestad patriarcal… Había formado nueva pareja con Eduardo, con quien tuvimos otra niña, y fue decisivo su empeño de que dejara el país hacia Brasil, donde efectivamente había una notable correa de apoyos. En su condición de médico hubo una cadena de adhesiones por parte de núcleos de profesionales que disputaban con el régimen de la dictadura, ya con signos de retroceso, la extensión de la salud pública. Yo misma fui alcanzada por esa cadena puesto que fui adoptada en la Secretaría de Estado de Saúde de Minas Gerais, dada mi experiencia en el PAMI, para trabajar especialmente en el Programa de Atención Primaria en Salud en la que ese estado era pionero en su implantación. En diciembre de 1977 pude encontrarme con mis hijas mayores, y re–existimos en el cóncavo protector de Brasil. ¡Salud querido país!

Estamos cursando un ciclo pavoroso de retroceso de derechos que no puede compararse con el Terrorismo de Estado, aunque pululan en el poder las figuras negacionistas. Debe entenderse que el negacionismo no es sólo un punto de vista que persevera en la ceguera cognitiva; en modo alguno es así, pues su verdadera semiología es la legitimación de lo execrable. Esa legitimación implica una reposición material y simbólica de la feroz dictadura. En este cincuentenario – muy poco tiempo en la historia humana -, nos concierne una propedéutica digna de la condición humana. La memoria no es una actualización del pasado, sino por el contrario, es la actualidad existencial, el presente, lo que nos obliga a una nueva significación de lo pretérito. Y no se trata de haberlo vivido, sino de la vida que experimentamos. Es en nombre de nuestras ineludibles responsabilidades actuales para asegurar sustancial jerarquía a la condición humana, con vistas al futuro, que rememoramos el horrendo ciclo inaugurado hace cincuenta años.

*Doctora en Historia. Investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina.​ Forma parte del equipo de académicos e intelectuales que fue nombrado por el Gobierno nacional como asesores del presidente Alberto Fernández.

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